ASTURIAS - REDUCE EL COPAGO

El Principado reduce el copago de la Dependencia

La consejería de Bienestar Social del Principado está elaborando una resolución que "minimizará el impacto de las reformas introducidas por el Gobierno de España en el copago de la Dependencia y beneficiará a los usuarios de residencias de Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA)".

En un comunicado difundido ayer, Bienestar Social señala que los acuerdos del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia han sido incorporados a la normativa autonómica, "aunque el ERA no hizo efectiva su aplicación a la vista de los perjuicios que implicarían para los usuarios de las residencias del organismo autónomo".

La aplicación de esta normativa "habría supuesto un incremento de la cuantía a abonar por el copago para las personas dependientes por el disfrute de su plaza residencial del ERA.

Esto comportaría una sensible disminución de la disponibilidad de dinero con el que contaban los residentes para cubrir sus necesidades", indica el Principado.

De otra parte, el consejo de administración del ERA acordó la elaboración de un informe jurídico "que valore los perjuicios que para el buen nombre del organismo público y de sus trabajadores suponen las manifestaciones vertidas por la autodenominada Oficina de Defensa del Anciano, así como por arrogación de funciones y la confusión que su denominación ocasiona en relación al Letrado del Anciano, órgano adscrito a la consejería de Bienestar social".

Fuente  :   lne.es/sociedad

CASTILLA Y LEÓN - UNIDADES DE CONVIVENCIA, MODELO RESIDENCIAL PARA COMBATIR DEPENDENCIA

SERVICIOS SOCIALES

Las Unidades de Convivencia, un modelo residencial para combatir la dependencia

Familia prevé cerrar el año con la puesta en marcha de otros 40 programas 

DATOS

Modelo. Las unidades de convivencia se basan en modelos europeos.

 

Extensión. Hay 25 unidades enCastilla y León y antes de que finalice el año se pondrán las bases para crear otras 40.

 

Ubicación actual. La distribución actual es de una unidad en Ávila, Salamanca y Segovia; dos en León y otras tantas en Palencia; seis en Burgos; siete en Soria; tres enValladolid y dos en Zamora.

 

 

Sistemas europeos, en particular suecos y alemanes, son la base del nuevo modelo de unidades de convivencia que la Junta quiere implantar en Castilla y León y bajo el ejemplo y tutela también de la experiencia en este sentido del País Vasco. 

Estos cambios persiguen, además de humanizar la atención, «favorecer la sostenibilidad de las residencias, especialmente en el medio rural, después de que la crisis económica esté dirigiendo a las familias hacia otros servicios para la atención a sus mayores y esté provocando que las residencias privadas tengan más de un 20% de plazas vacantes», según destacan fuentes de la Consejería de Familia. 

«A eso ha contribuido también el hecho de que Castilla y León disponga de más de 43.400 plazas residenciales y una ratio de 7,44 plazas por cada cien mayores de 65 años, frente al 4,43 de la media de España, y 2,4 puntos por encima de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (5%)», añade. 

Entre los objetivos de la Consejería figura garantizar la viabilidad económica actual y futura del sistema; así como la supervivencia de la red de Servicios Sociales, pero «también evitar la pérdida de puestos de trabajo en un sector que emplea en Castilla y León a 35.000 profesionales». 

 

En este momento, existen en la comunidad 25 unidades de convivencia abiertas. 

Está previsto que antes de finales de este año se pongan las bases para crear otras 40 unidades de convivencia.  

El Norte de Castilla publica en su edición en papel un reportaje sobre la experiencia piloto en la localidad vallisoletana de Viana de Cega en la residencia Lacort.

Fuente  :   elnortedecastilla.es

 

CATALUÑA - CAMPAÑA PARA PEDIR A LA GENERALITAT LAS AYUDAS

En Change.org

Campaña para pedir a la Generalitat las ayudas de la Dependencia

   

El colectivo Pendientes de la Ley de la Dependencia ha iniciado este lunes una campaña de recogida de firmas en Internet, a través del portal Change.org, para solicitar al Gobierno catalán el pago de las ayudas reconocidas y todavía no abonadas.

   El colectivo asegura que muchas familias catalanas tienen reconocida una prestación por ley pero a pesar de ello no la cobran, con diferentes casuísticas que incluyen personas con mayores a cargo, familias que deben pagar una plaza de residencia y viudos que no han cobrado las ayudas que tenían reconocidas sus parejas, entre otras.

   Por ello, la iniciativa pide a la consejera de Bienestar Social y Familia, Neus Munté, y a los partidos con representación en el Parlamento catalán que resuelvan esta situación y cumplan con sus compromisos.

   De este modo, confían en visualizar la situación actual de las familias con personas dependientes a cargo, reunir el apoyo social necesario para presionar a la Generalitat para que haga de esta reivindicación una prioridad y "agrupar a las familias para hacer una queja colectiva" al Portavoz de Greuges.

   Pendientes de la Ley de la Dependencia ha animado así a todas las familias afectadas a sumarse a su iniciativa y dar a conocer a través de las redes sociales cada situación concreta.

Fuente  :   europapress.es/epsocial/noticia

BALEARES - 5.000 PERSONAS SIGUEN ESPERANDO AYUDA

Unas 5.000 personas siguen esperando recibir la ayuda a la Dependencia en Balears

Cerca de 5.000 personas siguen esperando recibir una prestación de dependencia, lo que supone casi uno de cada tres dependientes que tienen reconocido el derecho a percibir esa ayuda. 

Aunque la cifra es importante, lo cierto es que también hay que destacar que este porcentaje ha ido descendiendo mes a mes desde principios de año (ver gráfico), y de enero a septiembre ha bajado once puntos porcentuales (1.649 personas).

Según los datos aportados por la Conselleria de Família i Serveis Socials, que dirige Sandra Fernández, en septiembre de este año, última cifra oficial, un total de 4.929 personas estaban a la espera de esa ayuda, mientras que otras 10.120 ya recibían la prestación. 

Esta cifra también ha ido creciendo paulatinamente desde enero de 2013, cuando había 9.369 beneficiarios.

Al final de 2013 se habrán destinado a la nómina de dependencia un total de 41 millones.

Por otro lado, la Conselleria de Família i Serveis Socials destinará el próximo año un total de 6.060.000 euros al Plan de Prestaciones Básicas (PPB) para personas en situación de necesidad. 

Se trata de una ayuda que se gestiona a través de los Servicios de Atención Primaria de los ayuntamientos de las Islas, que son los que se encargan de dar las ayudas económicas urgentes a los ciudadanos.


Programa piloto

Esta cantidad es inferior a la de 2013, cuando con 8.909.000 euros de presupuesto para este PPB se triplicó la dotación de 2012, que fue de 2.753.260 euros.

Desde la Conselleria se explica que este descenso de presupuesto para el año que viene se debe a que se ha sacado la parte destinada a poner en marcha el programa piloto del Servicio de Atención a Domicilio de alta intensidad, concretamente 1.779.621 euros, un nuevo servicio de dependencia que desde ahora asumirá la Comunitat. 

Este servicio podrá dar cobertura a entre 150 y 200 personas con una dependencia reconocida por la ley, según explica el director general de Serveis Socials, Rafael Romero.

A estas ayudas hay que sumar la partida de un millón de euros que se destinará a una nueva convocatoria de apoyo a las familias que padecen necesidades básicas. 

Por otra parte, la Conselleria lanzará una única convocatoria de inclusión social, abierta a todas las entidades sociales (hasta ahora se hacía a través de distintas convocatorias o líneas de subvención). 

Si este año se han destinado 2.078.000 euros, para el próximo ejercicio hay previstos 2.495.000 euros (un 20 por ciento más).

Fuente  :   http://ultimahora.es/mallorca/noticia

ANDALUCÍA LIBERA 200 MILLONES PARA ATRASOS

Andalucía libera más de 200 millones de euros para pagar atrasos en la Ley de la Dependencia

Más de 97 millones de euros corresponden a transferencias a entes locales para que hagan frente a estas deudas gracias al mecanismo extraordinario de pago a proveedores.

Otros 143 millones de euros son para liquidar 20.655 facturas pendientes, sobre todo de prestaciones económicas para dependientes que tenían comprometido su abono. 

La Junta de Andalucía tiene previsto liquidar en los próximos días los más de 2.200 millones de euros que debía a proveedores hasta el 31 de mayo de 2013.

La Junta de Andalucía confía en ponerse al día con sus proveedores en 2014.

Los pagos pendientes de la Junta de Andalucía para hacer frente a las prestaciones que implica la Ley de la Dependencia comenzarán a llegar en los próximos días. 

El Consejo de Gobierno ha autorizado este martes créditos por 143 millones de euros para la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia, con los que se podrá abonar 20.655 facturas pendientes, en su mayoría por prestaciones económicas que deben recibir 19.095 dependientes ya baremados. 

El resto son facturas que reclaman residencias, servicios de ayuda a domicilio, centros de día y demás. 

Hay que sumar otra cantidad importante, también aprobada este martes, dentro del endeudamiento que puede asumir la Junta de Andalucía en función del mecanismo extraordinario de pago a proveedores, un sistema por el que el Gobierno de la Nación presta -con intereses- un dinero al que las comunidades autónomas no pueden acceder por las restricciones en el crédito. 

De momento, llegan 632,32 millones de euros del primero de los dos tramos en los que se articula la tercera fase de este plan. 

De esa cantidad, 102,8 millones de euros van destinados a entes locales que se han sumado al plan, y en concreto, 97,02 millones de euros para pagos relacionados con la dependencia, y el resto, para educación. 

De hecho, en este primer tramo se liquidarán 70.174 facturas emitidas por 22.267 proveedores.  

De ellas, el 59,9%  están relacionadas con la salud; el el 6,6%, con la a educación; el 6,3% con los servicios sociales; y el 27,2% restante, con diversas materias. Se incluyen, por ejemplo, cerca de 90 millones de euros para las universidades. 

En el segundo tramo, todavía con datos provisionales, Andalucía dispondrá de 1.647,8 millones de euros para hacer frente a sus obligaciones con los proveedores. 

Cuando hayan concluido las tres fases, Andalucía habrá recibido 4.975,8 millones de euros por este mecanismo, lo que la coloca como la tercera comunidad audónoma, por dentrás de detrás de Valencia (7.596,6) y Cataluña (6.452,9), pese a tener más población. 

De todas maneras, 17 diputaciones y ayuntamientos no han aceptado en plazo los requerimientos para beneficiarse de estas partidas. 

Sí lo ha hecho el Ayuntamiento de Jaén, que había decidido suspender la atención a los dependientes si la Junta de Andalucía no le pagaba lo adeudado. En este sentido, el portavoz del Gobierno de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, le ha hecho un "llamamiento a la responsabilidad", porque "ya no le quedan excursas" para no cumplir con sus obligaciones y "jugar con el sufrimiento de las personas en situación de vulnerabilidad".

Por su parte, la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha explicado que Andalucía es una de las 14 comunidades autónomas que se acogió a este mecanismo extraordinario de pago a proveedores para ponerse al día con estos, lo que gracias a los 632,32 millones de euros de este martes y los 1.647,8 que se liberarán próximamente habrá conseguido, "a 31 de mayo de 2013", porque no puede todavía ofrecer datos sobre cuánto se debe desde entonces, es decir, lo acumulado en los últimos seis meses y que en algunos casos supone la asfixia de empresas que no saben cómo tirar para adelante con lo que le adeudan las administraciones. 

La consejera ha insistido en que los pagos que más atrasos sufren "son de grandes empresas, que tienen mayor músculo financiero" para afrontar los retrasos.

Ha recalcado igualmente que para la Junta de Andalucía este plan establecido "no es ningún regalo". 

De hecho, la comunidad autónoma paga un interés por "30 puntos básicos" por encima del que lo hace el Gobierno de España cuando emite sus Bonos del Tesoro. 

Es decir, si al Gobierno de España le cuesta 4,5% de intereses el préstamo, a la Junta de Andalucía le sale por 30 puntos básicos más (serían 100 si fuera al mercado libre), lo que le ha supuesto 78  millones de euros en intereses en 2012, otros 149 en 2013 y serán 228,6 en 2014.

Noticia completa en Fuente  :   eldiario.es/andalucia

GOBIERNO ASEGURA FINANCIACIÓN DE LA LEY

APORTARÁ EL DINERO NECESARIO 

 

El Gobierno asegura la financiación de la Ley de Dependencia 

 

El Ejecutivo ha señalado que si las partidas presupuestarias no fueran suficientes, se ampliarían con créditos

El Gobierno aportará los créditos necesarios para el funcionamiento del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) si las partidas incluidas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) no son suficientes.

Ana Mato, ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Así se desprende de una respuesta parlamentaria del Ejecutivo al diputado del PSOE, Miguel Ángel Heredia, recogida por Europa Press, en la que se asegura que, por parte del Gobierno, se han establecido toda una serie de medidas encaminadas a lograr una mejora en el sistema, racionalizando el gasto público en relación con esta materia, y asegurando la sostenibilidad presente y futura del mismo.

Eso sí, el Ejecutivo señala que, por parte de la Administración General del Estado (AGE) se consignan anualmente en los Presupuestos las cantidades necesarias para hacer frente a las obligaciones de financiación recogidas en la propia Ley de Dependencia. “En todo caso, si las cantidades inicialmente presupuestadas resultasen insuficientes, se procedería a tramitar las ampliaciones de crédito suficientes para contar en todo momento con los créditos necesarios”, confirma el Gobierno.

De esta manera, tanto para el presente ejercicio como para los ejercicios futuros, por parte de la AGE confirma que se consignarán las cantidades suficientes para poder cumplir con los compromisos asumidos en relación con la financiación de la Ley. “Por lo tanto, no existe ninguna previsión de recortes en esta materia”, sentencia el Ejecutivo.

Fuente  :   redaccionmedica.com/noticia

 

CONSELL BLINDA POR LEY LOS FONDOS PARA DEPENDENCIA

El Consell blinda por ley los fondos para la Dependencia, que no podrán desviarse a otro fin

La consellera de Bienestar Social peleó para incluir una cláusula que figura en los presupuestos de 2014

Las transferencias del Estado o de cualquier ente que reciba el Consell para financiar la Dependencia estarán blindadas el próximo año legalmente y no podrán destinarse a otros fines, según una cláusula introducida en la ley de Presupuestos de la Generalitat para 2014.

Es la principal novedad de las cuentas de la Conselleria de Bienestar Social que ayer presentó en la comisión de Economía de las Corts la titular del departamento, Asunción Sánchez Zaplana.

La citada cláusula establece de forma taxtativa que "durante 2014, todas las aportaciones, ya sean del Estado o de cualquier otro sujeto, público o privado, para financiar las prestaciones de la ley 39/2066 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, quedarán afectadas al cumplimiento de ésta".

Pero además añade: "En el supuesto de tratarse de ingresos superiores sobre los totales previstos, así como de ingresos no previstos, y que estén vinculados en origen a la materia, habrá de tramitarse la correspondiente generación de créditos con vistas a formalizar la mencionada afectación".

De este modo, se pretende impedir legalmente una práctica del pasado, que permitía gestionar temporalmente a lo largo del ejercicio transferencias recibidas para financiar la Dependencia con el fin de cubrir otros huecos.

Aunque a finales de año esos recursos se dedicaran finalmente a la Dependencia, la inversión se producía con un retraso de meses.

No obstante, como no eran fondos finalistas, podía desviarse una parte a otros objetivos.

La consellera Sánchez Zaplana ha peleado por la inclusión de esta cláusula que blinda por ley los recursos de que dispondrá para Dependencia.
En la comisión, Sánchez Zaplana defendió que su conselleria incrementa su presupuesto para 2014 en un 2,1 % para "mejorar la gestión y mantener los niveles de atención social a los colectivos más vulnerables".

Con 703,8 millones, centrará su actuación en discapacidad, menores, cooperación e integración. Admitió que le hubiera gustado que sus presupuestos de 2014 "subieran más" pero defendió que son "ajustados a la realidad social".
El socialista José Manuel Sánchez calificó las cuentas de "decepcionantes, ineficientes e injustas con los más débiles" y lamentó que la Cooperación suponga un "exiguo" 0,4 %, así como que no añadan "ni un euro más" para la violencia de género.

Según el socialista, pese a los "datos dramáticos" de paro y pobreza, el presupuesto es "más de lo mismo: lleno de recortes".

Fuente  :   levante-emv.com/comunitat-valenciana

200.000 DEPENDIENTES RECONOCIDOS NO RECIBEN ATENCIÓN

  

Denuncian que 200.000 dependientes reconocidos no reciben atención en España

Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/1979068/0/200000-dependientes/no-reciben-atencion/ley-dependencia/#xtor=AD-15&xts=467263

Denuncian que 200.000 dependientes reconocidos no reciben atención en España

Según datos del Imserso, existen 800.000 dependientes en España que reciben atención pero habría también 200.000 que no la reciben. 

El representante de la Coordinadora Estatal de Plataformas de Dependencia asegura que el Gobierno no ofrece servicios porque el sistema no es sostenible. 

Denuncia que la Dependencia está sufriendo un "desmontaje controlado" porque el Estado no cree en el sistema. 

Además, avisa de la pérdida de emplos en el sector, 27.000 en 2012, pese a la gran estimación de creación de puestos de trabajo cuando se aprobó la ley. 

El representante de la "Coordinadora Estatal de Plataformas de Dependencia", José Miguel Delgado, ha denunciado este sábado que unos 200.000 dependientes reconocidos no reciben atención pues, en su opinión, el Gobierno central no les ofrece "ningún servicio porque el sistema es insostenible". 

Delgado, que ha asiste al "XII Congreso Nacional del Trabajo Social" que se celebra en Marbella, donde se ha escenificado el entierro de los Servicios Sociales, ha denunciado el "escenario de desmontaje controlado" que atraviesa la dependencia porque, ha opinado, el Gobierno central "jamás ha creído en el sistema de dependencia". 

La plataforma ha leído un manifiesto en este evento en el que ha pedido la "derogación inmediata" del Decreto del 13 de julio que "ataca al sistema de Servicios Sociales y de Dependencia", así como que se liberen partidas para mantener los cursos de formación de atención sociosanitaria. 

Pérdida de empleo También ha defendido que el sector sociosanitario es un nicho generador de empleo y ha solicitado que las administraciones asuman que la dependencia es un "derecho subjetivo" que hay que defender y promocionar. 

Según los datos del Imserso expuestos en este congreso existen unos 800.000 dependientes que son atendidos en España, pero la cifra "más sangrante" es la de 200.000 que tienen su derecho reconocido, con una resolución oficial de una institución pública, pero que "el Gobierno ha decidido no atenderles". 

También se ha denunciado que de los 1,5 millones de empleos que se estimaban crear cuando se aprobó la Ley de Dependencia, sólo en 2012 se perdieron más de 27.000 con los recortes aplicados por el Gobierno y este año se estima que se podrán perder 25.000 más. 

Delgado, quien también es el coordinador de la Plataforma Andaluza para la defensa del Sistema Público de Servicios Sociales y Dependencia, ha destacado que Andalucía "está ejerciendo una resistencia desesperada" frente a los recortes del Gobierno central.

 

Fuente  :  20minutos.es/noticia

Cronología de la investigación sobre el ´caso Nóos´ Denuncian que 200.000 dependientes reconocidos no reciben atención en España Ley de Dependencia Dos afectadas por la Ley de Dependencia en Madrid. (JORGE PARÍS) Según datos del Imserso, existen 800.000 dependientes en España que reciben atención pero habría también 200.000 que no la reciben. El representante de la Coordinadora Estatal de Plataformas de Dependencia asegura que el Gobierno no ofrece servicios porque el sistema no es sostenible. Denuncia que la Dependencia está sufriendo un "desmontaje controlado" porque el Estado no cree en el sistema. Además, avisa de la pérdida de emplos en el sector, 27.000 en 2012, pese a la gran estimación de creación de puestos de trabajo cuando se aprobó la ley. ECO ® Actividad social ¿Qué es esto? 81% 25 Me gusta No me gusta -2 email Compartir EFE. 16.11.2013 - 18:41h El representante de la "Coordinadora Estatal de Plataformas de Dependencia", José Miguel Delgado, ha denunciado este sábado que unos 200.000 dependientes reconocidos no reciben atención pues, en su opinión, el Gobierno central no les ofrece "ningún servicio porque el sistema es insostenible". Delgado, que ha asiste al "XII Congreso Nacional del Trabajo Social" que se celebra en Marbella, donde se ha escenificado el entierro de los Servicios Sociales, ha denunciado el "escenario de desmontaje controlado" que atraviesa la dependencia porque, ha opinado, el Gobierno central "jamás ha creído en el sistema de dependencia". La plataforma ha leído un manifiesto en este evento en el que ha pedido la "derogación inmediata" del Decreto del 13 de julio que "ataca al sistema de Servicios Sociales y de Dependencia", así como que se liberen partidas para mantener los cursos de formación de atención sociosanitaria. Pérdida de empleo También ha defendido que el sector sociosanitario es un nicho generador de empleo y ha solicitado que las administraciones asuman que la dependencia es un "derecho subjetivo" que hay que defender y promocionar. Según los datos del Imserso expuestos en este congreso existen unos 800.000 dependientes que son atendidos en España, pero la cifra "más sangrante" es la de 200.000 que tienen su derecho reconocido, con una resolución oficial de una institución pública, pero que "el Gobierno ha decidido no atenderles". También se ha denunciado que de los 1,5 millones de empleos que se estimaban crear cuando se aprobó la Ley de Dependencia, sólo en 2012 se perdieron más de 27.000 con los recortes aplicados por el Gobierno y este año se estima que se podrán perder 25.000 más. Delgado, quien también es el coordinador de la Plataforma Andaluza para la defensa del Sistema Público de Servicios Sociales y Dependencia, ha destacado que Andalucía "está ejerciendo una resistencia desesperada" frente a los recortes del Gobierno central.

Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/1979068/0/200000-dependientes/no-reciben-atencion/ley-dependencia/#xtor=AD-15&xts=467263

Denuncian que 200.000 dependientes reconocidos no reciben atención en España Ley de Dependencia Dos afectadas por la Ley de Dependencia en Madrid. (JORGE PARÍS) Según datos del Imserso, existen 800.000 dependientes en España que reciben atención pero habría también 200.000 que no la reciben. El representante de la Coordinadora Estatal de Plataformas de Dependencia asegura que el Gobierno no ofrece servicios porque el sistema no es sostenible. Denuncia que la Dependencia está sufriendo un "desmontaje controlado" porque el Estado no cree en el sistema. Además, avisa de la pérdida de emplos en el sector, 27.000 en 2012, pese a la gran estimación de creación de puestos de trabajo cuando se aprobó la ley. ECO ® Actividad social ¿Qué es esto? 81% 25 Me gusta No me gusta -2 email Compartir EFE. 16.11.2013 - 18:41h El representante de la "Coordinadora Estatal de Plataformas de Dependencia", José Miguel Delgado, ha denunciado este sábado que unos 200.000 dependientes reconocidos no reciben atención pues, en su opinión, el Gobierno central no les ofrece "ningún servicio porque el sistema es insostenible". Delgado, que ha asiste al "XII Congreso Nacional del Trabajo Social" que se celebra en Marbella, donde se ha escenificado el entierro de los Servicios Sociales, ha denunciado el "escenario de desmontaje controlado" que atraviesa la dependencia porque, ha opinado, el Gobierno central "jamás ha creído en el sistema de dependencia". La plataforma ha leído un manifiesto en este evento en el que ha pedido la "derogación inmediata" del Decreto del 13 de julio que "ataca al sistema de Servicios Sociales y de Dependencia", así como que se liberen partidas para mantener los cursos de formación de atención sociosanitaria. Pérdida de empleo También ha defendido que el sector sociosanitario es un nicho generador de empleo y ha solicitado que las administraciones asuman que la dependencia es un "derecho subjetivo" que hay que defender y promocionar. Según los datos del Imserso expuestos en este congreso existen unos 800.000 dependientes que son atendidos en España, pero la cifra "más sangrante" es la de 200.000 que tienen su derecho reconocido, con una resolución oficial de una institución pública, pero que "el Gobierno ha decidido no atenderles". También se ha denunciado que de los 1,5 millones de empleos que se estimaban crear cuando se aprobó la Ley de Dependencia, sólo en 2012 se perdieron más de 27.000 con los recortes aplicados por el Gobierno y este año se estima que se podrán perder 25.000 más. Delgado, quien también es el coordinador de la Plataforma Andaluza para la defensa del Sistema Público de Servicios Sociales y Dependencia, ha destacado que Andalucía "está ejerciendo una resistencia desesperada" frente a los recortes del Gobierno central.

Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/1979068/0/200000-dependientes/no-reciben-atencion/ley-dependencia/#xtor=AD-15&xts=467263

LA POLÍTICA SOCIAL DE ANDALUCÍA

Jaén no prestará el servicio de dependencia por impagos de la Junta

El bipartito social-comunista andaluz debe más de 160 millones a los Ayuntamientos por el plan de Cooperación Municipal y de Ayuda a Domicilio.

La chispa ha saltado cuando la UGT de Jaén acusó al alcalde del PP, José Enrique Fernández de Moya, de insensibilidad respecto a los 800 beneficiarios de estos servicios y de sus 200 trabajadores. El secretario general del PP de Jaén, Miguel Ángel García Anguita, subrayó este miércoles que el servicio de dependencia es una "competencia exclusiva" de la Junta de Andalucía, a la que, por ello, le ha pedido "responsabilidad" ante un asunto "de tanta importancia".

No es sólo Jaén capital, sino el Ayuntamiento de Sevilla, al que la Junta debe 16 millones de euros por el mismo concepto, el que tiene que suplir lo que es responsabilidad de la Junta. En general, la Junta no paga la dependencia y carga el coste a los Ayuntamientos y Diputaciones. El paso de Jaén de dejar de prestar los servicios parece, desgraciadamente, el único camino posible si la Junta no cumple.

En una nota difundida este martes después de que el alcalde Fernández de Moya confirmara que el Ayuntamiento dejará de prestar este servicio a partir del próximo mes de diciembre, García Anguita ha recalcado que la Administración regional "debe al Consistorio dos millones de euros por impagos", en lo que constituye, según ha añadido, una situación que "se repite, por desgracia, en municipios de toda Andalucía, puesto que la Junta es una administración morosa".

Además, ha instado a la Junta a que "asuma sus competencias en materia de dependencia y pague el dinero que adeuda a los ayuntamientos por este concepto", y al PSOE "que abandone la confrontación y la demagogia y se sume a esta exigencia y sea capaz de reivindicar a sus jefes en la Junta que cumplan con la ley".

El representante popular ha culpado al portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, de "mentir descaradamente" en este asunto, ya que el Consistorio jiennense "denunció con más de dos meses de antelación el convenio de la Ley de Dependencia, que expira el próximo 3 de diciembre", de modo que esta decisión "se presentó en tiempo y forma, tal y como demuestra la jurisprudencia del Tribunal Supremo y se le ha hecho saber a la Junta en el escrito enviado este martes".

El Ejecutivo de Zapatero redujo en un diez por ciento el presupuesto para aplicar la ley de dependencia en el año 2011 y en realidad, un comité de expertos, en sede parlamentaria, explicó que no había un modelo de financiación suficiente y sostenible para las prestaciones de dependencia y que, por tanto, se hacía necesaria su revisión.

El caso Sevilla

De momento, Juan Ignacio Zoido ha asegurado el servicio aunque culpa a la Junta de la deuda de 16 millones de euros que asfixia al Ayuntamiento. La ayuda a la dependencia continuará prestándose en Sevilla. cuyos servicios sociales están en números rojos, color que sufren otros ayuntamientos que denuncian la situación estos días.

En la capital andaluza se mantendrá el servicio a dependientes "hasta que no se pueda hacer porque la Junta no colabore con nosotros de ninguna manera". La deuda contraída por la Administración regional con el Consistorio hispalense en este programa, que según fuentes municipales asciende a 16.456.352,92 euros.

De dicha cantidad, 7.083.016,71 euros se encuentran incluidos en el plan de pago a proveedores del propio Ejecutivo andaluz que tampoco han sido abonados.

El grupo Joly subraya que la Junta "está pagando mal y tarde", ya que la cuantía que abona la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales -una de las carteras que dirige IU- por la hora prestada en dicha ayuda es "insuficiente", lo que obliga al Ayuntamiento a sufragar el resto del gasto.

A ello se añade, según el gobierno local, el incumplimiento del convenio firmado para la puesta en marcha del programa mediante el cual la Junta se comprometía a abonar con anticipación dicho importe, que debería ingresar en las arcas municipales al inicio de cada semestre.

Los retrasos vienen produciéndose desde la segunda mitad de 2011, situación que se agravó en 2012 y ha llegado a ser alarmante en el presente ejercicio, puesto que en las actuales fechas aún no se han ingresado las cuantías correspondientes a los dos semestres del año.

El caso Granada

La Junta de Andalucía acumulaba en marzo de 2013 una deuda de 16 millones de euros con la Diputación de Granada por el servicio de ayuda a domicilio.

Tras trasladar a la Institución Provincial que abonaría los atrasos pendientes de anteriores ejercicios, la Junta de Andalucía procedió a pagar 3’5 millones de euros el pasado 28 de febrero correspondientes en su mayor parte a la liquidación de 2011, quedando pendiente la de 2012 y lo que se adeudaba por el primer semestre de 2013.

Estos impagos tienen al límite a numerosas empresas y ayuntamientos de la provincia en el servicio a personas dependientes, así como a los aproximadamente 1.800 trabajadoras que les atienden. Muchas de ellas llevan dos y tres meses sin cobrar.

La Diputación Provincial, entidad intermediaria en esta materia, no puede abonar las partidas de la Ley de la Dependencia a los ayuntamientos por los impagos del Gobierno andaluz.

La política social de la Junta, un desastre para el PP

Como siempre, la Junta se "escuda" en el objetivo de déficit acordado entre el gobierno y las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera pero es bien sabido que es potestad de cada comunidad decidir dónde debe ajustar, y en Andalucía, según el PP, PSOE e IU decidieron que había que recortar en política social antes que meter la tijera a la administración paralela.

Según los datos ofrecidos por el PP en agosto de este año, la Junta tiene una deuda de más de 30 millones de euros con la Federación de Personas con Discapacidad Intelectual; de 15 millones que se adeudan a los Centros Especiales de Empleo.

El recorte presupuestario que ha sufrido el programa de atención a la dependencia, envejecimiento activo y discapacidad ha sido de 78,2 millones de euros respecto al presupuesto anterior, pero que en el caso de la partidas destinadas a los trabajadores de refuerzo de la dependencia se ha recortado hasta un 50%, 10 millones de euros.

La subvención que recibe Cáritas de parte de la Junta, con la que da cobertura de primera necesidad a familias en riesgo de exclusión social, se ha recortado en un 90%, pasando de 1,8 millones de euros a 110.900 euros, mientras que el gobierno central y la Unión Europea han aumentado sus aportaciones en 743.700 euros y 1,3 millones respectivamente.

El recorte de la Junta al presupuesto del programa de Atención a la Infancia ha sido de 53,8 millones de euros; de 21 millones en el Plan Concertado o de 38,4 en el programa de Atención Social, con el agravante de que son partidas que se recortan a los ayuntamientos a través de transferencias corrientes para entidades locales y sociales.

La Junta hunde a los Ayuntamientos

En el caso de los Ayuntamientos la Junta les debía a final del verano más de 40 millones de ayuda a domicilio y más de 120 del Plan de Cooperación Municipal, así como el dinero para las Escuelas Infantiles desde el mes de abril, una deuda alarmante.

En el caso del Ayuntamiento de Valverde del Camino, Huelva, que tiene sólo una guardería, la deuda es de 97.000 euros, por lo que en el conjunto de la comunidad podría superar los 20 millones.

Tampoco se "ha dado ni un solo céntimo" a los ayuntamientos para los contratos del programa de exclusión social.

Fuente  :   libertaddigital.com/espana

NAVARRA - GASTO DISMINUYE Y PLAZO SE INCUMP'LE

El gasto en dependencia disminuye y el plazo para las ayudas se incumple

• El gasto en atención a la dependencia en Navarra bajó un 9% de 2011 a 2012, al pasar de 153 millones en 2011 a 138 millones
• La Cámara de Comptos constata que no se cumple el plazo de seis meses establecido para recibir la prestación

 

Trabajadoras de la residencia El Vergel con varios ancianos.. archivo 

El gasto estimado en atención a la dependencia en Navarra ha disminuido en un año en un 9%, al pasar de 153 millones en 2011 a 138 millones en 2012, según la Cámara de Comptos que constata que no se cumple el plazo de seis meses establecido para recibir la prestación.

Estos datos fueron facilitados por el presidente de la Cámara de Comptos, Helio Robleda, en una comparecencia parlamentaria, solicitada por PSN e I-E, en la que detalló el informe que el órgano fiscalizador ha realizado sobre la aplicación de la Ley de Dependencia en Navarra entre los años 2010 y 2012.

Según los datos que facilitó, el Gobierno de Navarra es el principal financiador de la atención a la dependencia y como mínimo aporta un 70% del total, seguido de los usuarios con un 21% y el Estado con un 9%.

Desde enero de 2008 hasta diciembre de 2012 se han presentado 33.980 solicitudes para su valoración de dependencia y en ese periodo ha habido 38.068 resoluciones, con una valoración de dependencia y 2.330 han sido archivadas, denegadas o con un recurso interpuesto que ha sido estimado.

Robleda ha precisado que el número de resoluciones excede al de solicitudes debido a que un número importante se realizan de oficio por la Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas ( ANAP).

De las resoluciones con valoración de dependencia, el 14% acaban calificadas como no dependientes, el 34% como dependientes moderados, el 29% como severos y el 23% como grandes dependientes.

En abril de 2013 existían 984 expedientes pendientes de valoración.

A 31 de diciembre de 2012, 8.862 personas recibían prestaciones garantizadas por aplicación de la dependencia para un total de 10.401 prestaciones o servicios, ya que algunas personas pueden contabilizar varias prestaciones o servicios.

El plazo medio para recibir esas prestaciones era de 9,8 meses, por lo que se supera el plazo de seis meses previsto por la ley, según Robleda, quien citó entre los factores que influyen en ese dato el hecho de que "ha habido que resolver más expedientes con mismo personal y en menor tiempo" (antes el plazo era de once meses).

En esa fecha un total de 868 personas que cuentan con valoración de dependencia estaban pendientes de recibir el servicio o ayuda.

El informe, según Robleda, refleja que existe una menor asignación de recursos mientras que crece la necesidad de atender a un sector de la población.

En él se recogen además recomendaciones como la de dotarse de un sistema de contabilidad analítica adecuado que soporte la cifra de coste por dependiente en sus centros, en razón de la intensidad del servicio y que permita su comparabilidad.

Asimismo considera preciso ampliar la memoria de la ANAP de forma que permita ayudas en la toma de decisiones y planificación estratégica de la atención a la dependencia.

En este sentido Robleda comentó que la falta de esas memorias y de una información a través de las herramienta de costes dificultaron el trabajo así como la estructura del departamento por su necesidad de adaptación al marco de la Ley de Dependencia.

Precisó que con el seguimiento del informe que se realizó en 2011 se ha mejorado "sustancialmente", aunque, en su opinión, es preciso seguir avanzando en ese sentido.

La portavoz del PSN, María Victoria Arraiza, remarcó la necesidad de establecer mecanismos de control y ha apuntado que algunas de las recomendaciones siguen vigentes, por lo que seguirán insistiendo en su cumplimiento.

Txema Mauleón (I-E) incidió en la necesidad de que este trabajo se actualice, teniendo en cuenta, ha apuntado, que "el próximo año puede haber 7 millones menos para la dependencia".

El portavoz de UPN, José Antonio Rapún, vio aspectos positivos en el informe como la mejora de los procedimientos de gestión y de los plazos, ya que según ha dicho actualmente la media es de 7,6 meses en Navarra y en el Estado de dos años y medio.

Por Bildu, Bikendi Barea, tras aludir a "la voluntad del Ejecutivo de concertar con terceros", afirmó que no creen que se esté dando una respuesta a la crisis, "la crisis no fue la causa fue la excusa", en el fondo ven una apuesta por un modelo determinado.

La portavoz de Aralar-NaBai, Asun Fernández de Garaialde, aunque reconoció que ha habido una "leve mejora", remarcó su preocupación porque hay una "mayor desprotección social y una menor cobertura de la dependencia".

Amaya Zarranz (PPN) , quien reconoció que ha habido recortes, ha resaltado el incremento en los Presupuestos del Estado en la partida destinada a la atención a la Dependencia. A continuación el parlamentario no adscrito de Geroa Bai Patxi Leuza ha opinado que muchas garantías que tenía la ley "ya no las tiene". 

Fuente  :   diariodenavarra.es/noticias/navarra

ASTURIAS RESTÓ 1.004 AYUDAS DESDE ENERO

Asturias restó 1.004 ayudas a la dependencia desde enero

El Imserso confirma que la espera bajó un 45%, pero cifra en 17.931 los asturianos con derecho a una prestación, frente a los 18.935 de diciembre

Mil asturianos menos con derecho a una ayuda a la dependencia y, paradójicamente casi la misma cifra de asturianos con ella. 

La última estadística presentada por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) da una de cal y otra de arena a la gestión que de la ley de la Dependencia está realizando la Consejería de Bienestar Social y Vivienda. 

Y lo hace porque el documento incluye la actualización de datos tras la revisión del Tribunal de Cuentas. 

Es decir, elimina del balance de 2012 los casos duplicados o de fallecidos -563 en el caso de Asturias -, con lo que, dice el Imserso, a 31 de diciembre eran 18.935 los asturianos con derecho a una ayuda por su situación de dependencia. 

Diez meses después, la cifra ha bajado a 17.931. Son 1.004 casos menos.

Una merma de candidatos a recibir una prestación por su falta de autonomía personal que el Observatorio de la Dependencia asegura que ocurre en todo el país tras las modificaciones aplicadas a la ley por el Gobierno central. 

Dice el ente, creado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que los retrasos en la atención hace que muchos beneficiarios fallezcan antes de recibir una ayuda, mientras que otros abandonan el sistema al no poder optar por los servicios que necesita.

De hecho, pese a los cambios llevados a cabo, con el argumento de garantizar la viabilidad de la ley, aún 4 de cada 10 ayudas en Asturias son para cuidadores familiares (7.965 casos), mientras que sólo 2.681 han optado por una plaza residencial y únicamente tres por disponer de asistente personal.

Esta figura, considerada la estrella antes de la aplicación de la ley, es hoy la menos demandada debido a las dificultades para acceder a ello. 

EL COMERCIO ha relatado casos como el de Rafa Funes, tetraparesio que necesita ayuda para cualquier actividad, pero que lleva esperando por ella desde 2007.

Menos limbo

 

La nuevaestadística sólo aporta como dato positivo el recorte del 45% en la lista de espera. Si en diciembre eran 4.727 los asturianos con derecho, pero sin ayuda, ahora son 2.594 los que aguardan para recibir la prestación a la que tienen derecho. 

La segunda cifra más baja del Norte, tras los 1.012 casos de Cantabria. 

El País Vasco tiene 5.355, mientras que Galicia llega a 18.539

Fuente  :   elcomercio.es

MADRID REALIZA 2.400 DICTAMENES EN CINCO MESES

Madrid realiza 2.400 dictámenes de la ley de dependencia en cinco meses

 

La atención a personas dependientes tendrá un presupuesto de 990 millones en 2014, 50 más que este año, según ha señalado el Consejero de Familia y Asuntos Sociales. 

 

Jesús Fermosel ha hecho balance en la Asamblea de los dictámenes y nuevos beneficiarios en los últimos cinco meses.

Ayuda a dependientes

En una comparencia en la Asamblea a petición del grupo socialista, el consejero ha informado de que entre mayo y septiembre, en la Comunidad, la teleasistencia llega a 52 personas más (se espera un crecimiento importante este mes), las prestaciones para servicios en centros externos han pasado de 5.400 a 6.200 y para cuidados en el entorno familiar de 13.832 a 23.555. 

 

Los dictámenes, por su parte, han subido en 2.412 personas hasta las 170.266. Fermosel ha explicado que el periodo elegido para dar los datos está relacionado con el informe del Tribunal de Cuentas que descubrió que había miles de prestaciones con irregularidades. 

 

En el caso de Madrid, 2.400 expedientes. "Esto signfica que nos creímos la ley. Mire las estadísticas y vea quién se cree la ley", ha asegurado Fermosel tras aportar datos también de Andalucía, donde desde mayo ha crecido en menor grado el número de nuevos evaluados y beneficiarios de la ley de dependencia.

El consejero también ha destacado que el presupuesto para 2014 será de 990 millones sumando todas las partidas destinadas a dependencia y que su departamento está trabajando en nuevos convenios marco que unifiquen los convenios con residencias o la teleasistencia, que antes se prestaba desde cada municipio y ahora la ha agrupado la Comunidad en un único contrato para toda la región.

En su turno, la oposición ha mostrado su preocupación por la aplicación del decreto de 2012 que modifica la ley de dependencia y por el recorte de más de 1.000 millones del Gobierno central para 2014, pues afectarán a la aplicación de la ley en las comunidades. 

 

Se ha rebajado la aportación a los cuidadores, se pasa de los seis meses a los dos años como plazo para el dictamen y sin derecho a retroactividad, y aumenta el copago, según ha detallado Mauricio Valiente, de IU.

El portavoz de UPyD, Alberto Reyero, ha criticado que, según los datos de los últimos años hay unas 30.000 personas que solicitan esta ayuda y "siguen a la espera". 

 

La portavoz del PSOE, Matilde Fernández, ha añadido que en Madrid hay 98.589 personas beneficiarias, pero 82.363 que reciben la ayuda.

Por otra parte, el parlamentario de UPyD ha llamado la atención sobre el aumento de las prestaciones para el servicio en el entorno familiar, frente a las residencias. 

 

"Hace dos años éramos la comunidad con más plazas residenciales y hoy nos superan Cataluña y Andalucía", ha dicho. 

 

 El PSOE también ha mostrado su preocupación por la congelación en las inversiones los centros de día y residencias. "En lo importante no va a haber crecimiento. No se quiere incorporar plantillas", ha indicado Fernández. 

 

La diputada socialista también ha asegurado que se hace crecer los beneficiarios de cuidados familiares porque la Administración tendrá que aportar menos a esta fórmula si se aplica el decreto del Gobierno central. 

 

Y también le ha recordado al responsable regional de Servicios Sociales que Andalucía tiene 171.013 personas beneficiarios y Madrid 82.363.

Fermosel ha explicado este aumento de ayudas en el entorno debido a que la Comunidad ofrece esta opción a quienes están esperando una residencia, algo que, según ha destacado, solo hace Madrid. 

 

En estos momentos, esta asistencia se le ofrece a un 23 por ciento de los solicitantes, frente a comunidades que llegan al 70.

 

Fuente  :   madridiario.es/canal-social