viernes, 21 de junio de 2013

ERA UNO DE LOS PILARES DEL ESTADO DEL BIENESTAR

El hachazo popular a la Ley de Dependencia

La Ley de Dependencia nace en 2006. 

Su objetivo: garantizar el bienestar de todas esas personas y de sus cuidadores. 

El entonces presidente del Gobierno es su principal impulsor. 

Pero él prefiere hablar de una conquista de toda la sociedad.

http://www.lasexta.com/programas/sexta-columna/hachazo-popular-ley-dependencia_2013062100235.html

Video: laSexta.com
El 30 de noviembre de 2006, el Congreso aprueba la ley de forma definitiva. 

Pero es una ley muy complicada de aplicar, porque no está muy claro quién lo financia. 

En teoría son el Estado y las Comunidades Autónomas, pero se culpan mutuamente de no aportar suficiente dinero.

Con los años, el Gobierno de Zapatero incrementa de manera muy clara el presupuesto del Estado para dependencia desde los 400 millones de 2007 hasta los más de 2.000 de 2009 y 2010.

Casi 750.000 personas son reconocidas como dependientes y empiezan a recibir una prestación en forma de paga mensual o de acceso a cuidados profesionales. 

Además, se reconoce el durísimo trabajo de 150.000 cuidadores no profesionales, la inmensa mayoría mujeres, que empiezan a cotizar a la Seguridad Social.

Hasta que ocurre esto, Zapatero recibe presiones de Europa por el objetivo de déficit. 

Le piden recortes, pero no los ejecuta directamente. Lo que hace es retrasar la entrada en vigor de nuevos beneficiarios.

La consecuencia se ve al año siguiente. 

 En 2011, el número de dependientes que entra en el sistema se reduce radicalmente. 

Pasa de 34.000 al mes en 2010 a menos de 10.000 en 2011.

En noviembre, el PP gana las elecciones. Y el PP no se anda con contemplaciones. 

Primer Consejo de Ministros como presidente y primer gran hachazo a la Dependencia: recorta 283 millones en el presupuesto y retrasa el pago de las ayudas a 400.000EL GO dependientes.

Luego vendría el decreto 20/2012 que recoge recortes de todos los colores. 

Para los afectados, se trata de una derogación encubierta de la ley. 

Pero los diputados populares acogen con júbilo las palabras del presidente. 

La ovación después de su intervención dura más de un minuto.

El decreto del Gobierno elimina la cotización social a casi 150.000 cuidadores no profesionales, les recorta un 15% las prestaciones, y reduce un 13% por ciento más la aportación que el Estado hace a las comunidades autónomas. 

En total, unos 1.000 millones de euros.

El futuro es aún más oscuro. 

En su plan de recortes para este año, Rajoy se ha comprometido ante Bruselas a recortar en dependencia más de 1.100 millones. 

Curiosamente, es una cantidad superior a los 1.087 millones que figuran en los presupuestos de 2013. 

Así que el dinero del Estado para dependencia será cero.

Fuente  :  La Sexta Columna

 

viernes, 14 de junio de 2013

MADRID - CERMI DENUNCIA QUE LA LEY ESTA PROVOCANDO EFECTO CONTRARIO AL DESEADO

El cermi denuncia que la ley de dependencia “está provocando un efecto contrario al deseado”

El presidente del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Madrid (CERMI-Comunidad de Madrid), Javier Font, dijo hoy que la Ley de Dependencia “está provocando un efecto contrario al deseado”, dado que “alimenta la dependencia de las personas y, por el contrario, no fomenta que puedan valerse por sí mismas, lo que se traduce en un fracaso rotundo del sistema, al contribuir a que se avance hacia un modelo social de personas no integradas en sociedad de forma plena y activa”.

Asimismo, reclamó “un cambio de rumbo” para fomentar la autonomía personal en detrimento de la dependencia, y aseguró que “no habrá avances mientras la administración siga pensando que los programas de autonomía personal son más caros que abocar a las personas a vivir en centros residenciales”.

A su juicio, la citada ley “genera más dependencia que autonomía y no ofrece soluciones a los problemas que pretendía solventar, dado que los agrava”.

Font, que compareció hoy en la Comisión Permanente de Políticas Integrales de Discapacidad de la Asamblea autonómica con el objetivo de analizar el grado de cumplimiento de la Ley para la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, y para exponer las reivindicaciones del colectivo con respecto a esta normativa, señaló que “desde que se aprobó es usada como un instrumento por parte de la Comunidad para obtener más financiación del Estado y reducir el gasto social en servicios primarios con arreglo a la Ley de Servicios Sociales de la Comunidad”.

También criticó con dureza que “se pida al colectivo de personas con discapacidad, que no ha tenido nada que ver con la crisis, que asuma enormes sacrificios y recortes presupuestarios que alimentan su exclusión y que dificulta a muchas personas llevar una vida digna y plena”.

A su juicio, este “sobreesfuerzo” lleva a muchas familias a una situación “insostenible” y remarcó que el colectivo está cansado de que la Administración “vea a los Servicios Sociales como los causantes de la crisis y de la deuda de nuestro país”.

El presidente de CERMI Madrid sostuvo que “la austeridad en el gasto social no debe recaer siempre en los más débiles” y criticó que la Comunidad de Madrid obligue en la actualidad a muchas personas con discapacidad a ser valoradas como “dependientes” para obtener subvenciones sociales y la supresión de las ayudas individuales que la Comunidad destinaba al fomento de Autonomía Personal de las personas del colectivo.

Por otra parte, también trasladó a los diputados distintas reivindicaciones del tejido asociativo y les pidió que sean los profesionales de los centros base quienes valoren, de forma exclusiva, a los dependientes, que se analice la situación de las personas con discapacidad en los centros penitenciarios y que se regule de forma adecuada la figura del asistente personal que contempla la citada ley , que carece de marco normativo que regule esta figura profesional. 
 
Además, se reclamó que las personas con discapacidad se puedan acoger a un régimen fiscal especial que facilite la contratación de asistencia personal.

Por último, durante la comparecencia ante la Asamblea de Madrid, el presidente de CERMI Madrid reiteró que “ser pionero en tener un mayor número de plazas en residencias, de lo que se jacta la Comunidad, no es más que una constatación del fracaso de las políticas autonómicas en materia de autonomía personal”. 
 
Fuente  :   lainformacion.com/asuntos-sociales
 
 

LOS POLITICOS HAN VACIADO DE CONTENIDO LA LEY

Los políticos han vaciado de contenido la Ley de Dependencia

“Cuando nació Álvaro, dijimos: ¿por qué nos toca a nosotros? 

Con el paso del tiempo nos preguntamos: ¿por qué no nos va a tocar a nosotros? 

 Por último nos hacemos una pregunta todos los días: ¿qué haríamos sin Álvaro? Se ha convertido en el centro de nuestras vidas”. 

Habla Vicente del Bosque, entrenador de la selección española de fútbol, de su hijo con Síndrome de Down. Se refiere a ellos como “niños con capacidades diferentes”.

Foto: olgaberrios

Del Bosque se confiesa sentirse “un privilegiado” y, desde esa posición, ha puesto en marcha organizaciones para personas con discapacidad y colabora en diversos proyectos. 

Pero además, propone que paguen más impuestos las personas que más tienen para que las personas con discapacidad no queden desprotegidas ante los recortes a programas para personas dependientes en nombre de la “reducción del déficit”. 

Los políticos han aprovechado esas recetas ante la crisis para vaciar de contenido la Ley de Dependencia, uno de los avances de los que más enorgullecía a muchos españoles por su dimensión de justicia con las personas dependientes.

Sin apoyos a las familias resulta imposible asumir compaginar el cuidado de las personas dependientes y un trabajo para afrontar los costos de vida y los cuidados especiales que muchos menores con discapacidad precisan.

Así lo recoge Naciones Unidas en su informe sobre el Estado de la Infancia 2013. 

Este trabajo alerta de la vulnerabilidad de niños que, como Álvaro, padecen algún tipo de discapacidad mental, pero también física: deformaciones de nacimiento, mutilaciones por minas anti-persona y, accidentes. Se calcula que unas 93 millones de niños padecen algún tipo de discapacidad.

La ONU profundiza en distintas propuestas para la mejora de la vida de estas personas. Considera primordial que todos los países ratifiquen y pongan en marcha la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención sobre los Derechos del Niño, pues sería una muestra de compromiso a niveles estatales hacia las personas con discapacidad.

A partir de ahí, propone luchar contra la discriminación y mejorar la concienciación sobre la discapacidad. 

Juegan un papel fundamental los medios de comunicación para llegar a la sociedad. Pero también hay que alcanzar a los responsables de tomar decisiones y las personas que proporcionan servicios esenciales para los niños y los adolescentes en sectores como la salud, la educación y la protección. 

En ese sentido trabajan ya muchas organizaciones sociales que hacen, al mismo tiempo, un trabajo de sensibilización y de incidencia política.

Se busca la eliminación de las barreras a la inclusión para que las escuelas, los centros de salud, el transporte público y otros servicios de la vida diaria. Facilitar este acceso contribuye al fin de la estigmatización social, al reconocimiento de la dignidad de los niños con discapacidad y a que participen, en la medida de sus posibilidades, en una vida social más normalizada con otros menores de su entorno.

Uno de los principales problemas que han detectado distintos investigadores es la institucionalización de los niños y niñas con discapacidad. 

Esto da pie a abusos físicos y mentales. 

Naciones Unidas propone una moratoria en las nuevas admisiones y apoyos basados en los entornos sociales más cercanos: la familia y las pequeñas comunidades juegan un papel fundamental en la creación de espacios propicios para el respeto de los derechos de las personas con discapacidad y al fomento del desarrollo de sus habilidades. 

Del Bosque recordaba que las personas con Síndrome de Down desarrollan habilidades y sensibilidades que muy pocas personas “normales” tienen.

La mejora de la vida de los menores con discapacidad depende de su participación y la de sus familias en el diseño de los apoyos y los servicios que necesitan. Tienen mucho que aportar en la toma de decisiones que les afectan no sólo como “beneficiarios”, sino también como agentes en favor del cambio.

Como objetivo prioritario a corto plazo, Naciones Unidas plantea la puesta en marcha de un programa de investigación global sobre la discapacidad. 

Unos datos fiables sobre los niños con discapacidad permitirán orientar recursos a sus necesidades además de idear políticas  que permitan su inclusión y el disfrute de sus derechos que les corresponden por ser personas.

Fuente  :   ellibrepensador.com


NO DEJAR NI EL RECUERDO DE LA LEY

Tribuna Abierta

No dejar ni el recuerdo de la Ley de Dependencia



Eso es lo que se propone el PP, y de qué forma lo está consiguiendo.

El 1 de mayo pasado se hizo público un recorte en la dotación de la Ley que supera al total presupuestado por el Gobierno de España para todo 2013 (1.108 millones de recorte frente a 1.087 consignados).

Ya sólo la forma de comunicar esta salvajada denota las intenciones y catadura de quienes la firma y promueven: el 1 de mayo, en festivo, colgado en la web del Gobierno en el Plan Nacional de Reformas 2013 que se envió el día anterior a la UE, sin una triste nota o rueda de prensa en la que dar la cara ante decenas de miles de dependientes.
 
Esta clandestinidad para anunciar un recorte de tanta trascendencia sólo tiene dos explicaciones posibles: o se avergüenzan de lo que están haciendo, o no son conscientes de lo que están haciendo.

La segunda es, sin duda, más probable que la primera.

Y sin embargo, y esto es lo más aterrador, seguramente sí son conscientes de lo que están haciendo, porque la destrucción del sistema de atención a la dependencia forma parte de una política premeditada que transforma derechos en productos de consumo, al alcance de quien pueda pagarlos. Para los demás, beneficencia, y con suerte.

Este brutal hachazo a la dotación económica de la Ley coloca a las autonomías, en su vertiente de gestoras y prestadoras del servicio, al borde del colapso.

Y por ende, en una cascada, a las Administraciones locales también en una situación caótica.

El Estado no aporta los recursos que debe aportar (el 50%, cuando en 2012 sólo transfirió el 21% a las Comunidades) y encima pretende disminuirlos.

Todo para que en Bruselas vean que somos gente seria, capaz de pasar por encima de los ciudadanos si con eso rebajamos una décima el déficit.

Al final de la cadena están los verdaderos perjudicados, los dependientes, las personas con discapacidad o que por edad ya no pueden valerse por sí mismas.

Para ellas, el golpe es doble, porque al recorte económico se suma un aumento del copago de los servicios (del 10% al 15%) y una revisión de las valoraciones de dependencia a fin de rebajar los pagos.

Parece que al PP le molesta que las personas en situación de dependencia tengan derecho a ser debidamente atendidas por los poderes públicos. Esta desarticulación, lenta, agónica y cruel, del primer instrumento legislativo que los dependientes han tenido a su favor en este país obedece a una idea preconcebida.

Habría que buscar, tal vez, en la lista de donantes del PP si hay algún generoso financiador, que acuda presto y solidario a cubrir el hueco de un servicio calificado como insostenible (si tan insostenible es todo, ¿por qué el sector privado se abalanza sobre él?).

Gestionar la dependencia ya es bastante complicado de por sí, una pelea constante entre Administraciones. Hacerlo con cantidades cada vez más míseras es una mezquindad sólo a la altura de un Gobierno como éste.

Fuente  :   laopinion.es/opinion

viernes, 7 de junio de 2013

MADRID - 62 MILLONES PARA PRESTACIONES A DEPENDIENTES



Acordado en Consejo de Gobierno 
 
La Comunidad destinará 62 millones a pagar las prestaciones a dependiente.
 
El gobierno regional atiende a 78.899 personas en esta situación.


El Consejo de Gobierno ha autorizado una ampliación del gasto para el pago de prestaciones económicas por dependencia durante 2013 por un importe de 62,6 millones de euros. 

Esta cifra se suma a otros 113,6 millones de euros que ya se aprobaron en meses anteriores para asegurar este año la atención a los madrileños dependientes.

Salvador Victoria.


En total, el Gobierno regional destina, a día de hoy, un total de 176 millones para contribuir a mejorar las condiciones de vida de las personas dependientes.

El consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno regional, Salvador Victoria, ha destacado que “gracias al esfuerzo y compromiso del Ejecutivo regional 78.899 personas en situación de dependencia son atendidas a través de prestaciones económicas, ayudas para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales, atención residencial, atención diurna en centros, servicio de teleasistencia, ayuda a domicilio y servicios de prevención de situaciones de dependencia y promoción de la autonomía personal”.

Fuente  :  redaccionmedica.com/autonomias/madrid

 

CASTILLA LA MANCHA - SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y DERECHO A PRESTACIONES

 

Situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia

 

Decreto 26/2013, de 23/05/2013, del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia en Castilla-La Mancha (DOCM de 28 de mayo de 2013). 

 

Texto completo.

  http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1113810

 

 

 

 

VALENCIA - BIENESTAR SOCIAL NIEGA RETRASOS EN PAGO NÓMINAS



TRAS UNA PROTESTA EN LAS CORTES
 
Bienestar Social niega retrasos en el pago de nóminas y prestaciones de dependencia 
 
El abono de la retroactividad se pagará en el segundo semestre
La consejera de Bienestar Social de la Comunidad Valenciana, Asunción Sánchez Zaplana, ha asegurado que “no hay retrasos” en el pago de las nóminas relacionadas con dependencia, al tiempo que ha comentado que el abono de la retroactividad se producirá “en el segundo semestre del año”.

Asunción Sánchez Zaplana.
Sánchez Zaplana se ha pronunciado en estos términos a preguntas de los periodistas después de que este miércoles una representante del colectivo de discapacitados protestara en el hemiciclo porque no reciben las ayudas a la ley de la dependencia, motivo por el cual fue expulsada del recinto.

La consejera ha recordado que se llegó a un acuerdo para el pago de las nóminas con las plataformas “hace ya algunos meses y con los representantes del Cermi”, que es el comité que representa al mundo de la discapacidad en toda en España, y “se ha ido cumpliendo el pago de la nómina de la dependencia y de las prestaciones vinculadas a ella”, ha añadido.

Sánchez Zaplana ha señalado que se acordó que todos los meses se abonaría la nómina “que viene a ser entre 6 y 7 millones de euros y se está cumpliendo con los pagos que se acordaron”. 
 
Además ha apuntado que a finales de mayo se produjo el pago del 30 por ciento para las subvenciones de todos los centros de discapacitados físicos, psíquicos e intelectuales, y de enfermedad mental. 
 
La titular de Bienestar Social ha resaltado que la Generalitat “siempre ha dado la cara” y al mismo tiempo “ha informado de las cuestiones que tienen que ver con la discapacidad a sus representantes legítimos”.
 
Fuente  :  redaccionmedica.com/autonomias/valencia
 
 

LA ONCE EXIGE AL GOBIERNO QUE NO RECORTE LA LEY



Nacional / Recortes sociales

La ONCE exige al Gobierno que no recorte la ley de dependencia en “época de vacas flacas”




El presidente de la ONCE, Miguel Carballeda, ha reconocido su preocupación por los recortes a la Ley de Dependencia. “El problema es que había personas que estaban recibiendo algo y ahora se les está quitando”, admitió.

Carballeda se ha referido a la Ley de Dependencia y lo ha hecho para reconocer que se “pusieron muchas esperanzas en el peor momento” y ha admitido las dificultades de la aplicación de la ley como consecuencia de la crisis.


Las preocupación de la Organización Nacional de Ciegos Españoles por la deriva de la Ley de Dependencia ya sido manifestada reiteradamente por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), del que la ONCE es miembro, que ha señalado que la normativa “ha tenido la mala suerte de ser muy deseada y diseñada en época de vacas gordas, para aplicarse en época de vacas flacas.


Además, el Cermi y la ONCE han alertado de que aplicar nuevos recortes a la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, como los que está aplicando el Gobierno de Mariano Rajoy, supondría "la defunción de la norma y un gran fracaso social".
   



















jueves, 6 de junio de 2013

VARAPALO A LA LEY

Nuevo varapalo a la Ley de Dependencia

Las reformas propuestas y puestas en marcha por el Partido Popular (PP) han eliminado de forma drástica la mayoría de las garantías sociales de la ciudadanía. 

Parecía que la Ley de Dependencia iba a sufrir su peor momento durante 2012, con la introducción del copago, la desaparición de las subvenciones en las cuotas de los cuidadores, los recortes de entre el 15% y el 90% en las prestaciones y la nueva regulación de grados de dependencia. 

Sin embargo, a menos de cinco meses del comienzo del nuevo año, la situación parece empeorar ya que, durante 2013, el PP pretende recortar 1.108 millones de euros sólo en materia de Dependencia.


1.100 millones 
A golpe de Real Decreto, la Ley de Dependencia sufre una estrategia por parte de los populares que, según la secretaria del Fórum de Política Feminista, Begoña San José, intenta “dinamitarla sistemáticamente”. 

El Programa Nacional de Reformas de 2013, publicado el pasado 30 de abril, prevé la puesta en vigor de nuevos decretos reales que, junto a los aprobados durante 2012, suponen la pérdida de la mayor parte de las garantías sociales ofrecidas a las personas dependientes. 

En el programa de reformas se propone el incremento de “en torno al 5%” de los costes que deben aportar los beneficiarios de los servicios de dependencia, así como dos nuevos decretos con los que, presuntamente, se ahorrarán casi 500 millones de euros más durante el próximo año 2014.

Desde el Partido Popular han intentado explicar que esos más de 1.100 millones de euros no forman parte de un nuevo recorte, sino que responden a las medidas acordadas con las comunidades autónomas, que se empezaron a aplicar durante el verano de 2012 y que continuarán hasta finales de 2014.  

El tijeretazo ha sido disfrazado por el Gobierno popular como una medida de ahorro prometida a Bruselas; no obstante, la desinformación provoca que los cálculos de los que habla el Ejecutivo de Mariano Rajoy no coincidan con la realidad: el aumento de alrededor del 5% que los beneficiarios deberán aportar a los costes de los servicios no es suficiente para alcanzar ese ahorro de 1.108 millones de euros.

El secretario de Estado para Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, también ha asegurado que el que se haya puesto en marcha un recorte de más de mil millones de euros en Dependencia “es rotundamente falso”, ya que es lo que prevén ahorrar hasta 2014. 

Casi la mitad de esa cantidad, 527 millones de euros, explica Moreno, “se lo ahorran las comunidades autónomas, y en especial la Junta de Andalucía”. 

Moreno afirma que esta reforma ya está empezando a dar frutos, ya que ha aumentado el número de beneficiarios y que, según explica, el Gobierno garantiza la asistencia “a aquel que más lo necesita, a ese gran dependiente que muchas veces está postrado en una cama las 24 horas del día”. 


Esta afirmación choca con la realidad, ya que no son pocas las situaciones que, desde que se iniciaron los recortes, han empeorado drásticamente: Dolors Carrasquilla, vecina del Port de Sagunt (Comunitat de València), lleva más de dos meses encadenada al Palau de la Generalitat tras haberse visto afectada por una reducción del grado de invalidez que sufre por causa de una enfermedad crónica y que la mantiene postrada en una silla de ruedas. 

La Sanidad valenciana también fue la encargada de retirar una prótesis a Adrián García, de 23 años, por no poder pagar los 152 euros que costaba. 

No sólo los valencianos sufren las consecuencias de los recortes en Dependencia: en Galicia, más de 14.000 cuidadores familiares perderán las prestaciones. 

La rebaja en las subvenciones por parte del Gobierno central, incrementada considerablemente por parte de las comunidades autónomas –y especialmente por las gobernadas por el PP, como Valencia o Galicia– es la culpable de que la aplicación de la Ley de Depen­dencia empiece a ser insostenible. 


Las mentiras 
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con Ana Mato al frente, ha asegurado que no endurecerá estas medidas “ni este año, ni el que viene, ni después”; sin embargo, en el Programa de Reformas ya se plantean tres nuevos decretos que se aplicarán a lo largo de 2013 y 2014 y que, al contrario de lo que prometen, sí empeorarán la situación de la Depen­dencia en el Estado. 

Este último gran recorte supone un enorme varapalo a la Dependencia, y ha sido recibido con sorpresa incluso por comunidades populares, como la de Castilla y León, donde recuerdan que no tienen previsto “ningún ajuste en dependencia para conseguir ahorro” y que las aportaciones de los usuarios, fijadas el pasado año, se mantendrán.

Desde el primer tijeretazo a la Ley de Dependencia en 2012, los populares no han dejado de intentar justificar sus reformas. La portavoz del Grupo Parlamentario Popular (GPP) en Asuntos Sociales, Susana Camarero, defendió el pasado mes de julio los recortes en Dependencia escudándose, como ya es habitual, en la mala gestión del Gobierno socialista e intentando promover la idea de que el objetivo de la reforma era “hacer la Dependencia más sostenible y perdurable en el tiempo, y garantizar la viabilidad de las prestaciones”. 

Sin embargo, Mariano Rajoy ya había puesto en duda la sostenibilidad de la Dependencia incluso antes de alcanzar la Presidencia del Gobierno “Realmente hoy no [es viable]. 

Lo que hay que hacer es ir haciendo lo que se pueda”; así contestaba en una entrevista publicada por el diario El País en noviembre de 2011. 

El Partido Popular incumple, una vez más, una de sus promesas y provoca que la insostenibilidad de la Ley de Dependencia de la que hablaba hace ahora un año y medio esté causada por sus constantes recortes en garantías sociales.


La Rioja recorta sobre el recorte en dependencia
El Gobierno de La Rioja “ha suavizado las incompatibilidades de Dependencia”, según el consejero de Servicios Sociales, José Ignacio Nieto. 

Esto se traduce en un recorte en Dependencia en esta Comunidad, dirigida por Pedro Sanz, del PP, que se une al recorte de diez millones en el presupuesto para 2013. 

Sin previo aviso, el Gobierno de Sanz publicó en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR), un recorte del 50% en partidas como la ayuda a domicilio y la prestación por cuidados en el entorno familiar, además de establecer criterios restrictivos como la imposibilidad de desempeñar un trabajo a tiempo completo si se solicita la prestación por dependencia.

Fuente  :  rebelion.org/noticia


EL PP RECHAZA INVESTIGAR LA DEUDA DE LA LEY DE DEPENDENCIA

PROTESTA: "A mí me echan... Y Blasco sigue sentado en su escaño" 

El PP rechaza investigar la deuda de la Ley de Dependencia y la venta  de preferentes en CAM y Bancaja

El presidente de las Cortes expulsa a una dependiente por denunciar los impagos y luego echa a un grupo de afectados por los abusos bancarios

 Protesta de la dependiente Elvira Murcia en las Corts Valencianes


Gritos, expulsiones y tensión.

Las Cortes fueron ayer testimonio del malestar ciudadano durante la votación de una propuesta para abrir sendas comisiones de investigación sobre la aplicación de la Ley de Dependencia en la Comunidad y la venta de preferentes por la CAM y Bancaja.

De hecho, el presidente del hemiciclo autonómico, Juan Cotino, actuó en dos ocasiones durante la sesión parlamentaria: primero para expulsar a una dependiente que denunció los impagos desde la tribuna de invitados; y después para echar a los afectados por el negocio de las preferentes.

En un tono duro, los ciudadanos mostraron su indignación cuando ninguna de esas dos comisiones de investigación que se votaban ayer en el parlamento autonómico salió adelante por culpa de los votos del PP.

Los populares volvieron a aplicar el rodillo haciendo uso de su mayoría absoluta en la Cámara.

El primer foco de conflicto se produjo durante el debate de una propuesta de los diputados de Compromís para crear un comisión de investigación sobre los impagos que el Consell acumula con los dependientes.

Fue entonces cuando Elvira Murcia, miembro de este colectivo, protestó entre los aplausos de la oposición a la vez que el enfado del presidente de las Cortes iba en aumento. Finalmente, Cotino agotó su paciencia y expulsó a la dependiente aunque, al menos eso dijo, lo hacía "con delicadeza".

En la misma línea, un grupo de afectados por las preferentes, tanto de la CAM como de Bancaja, protestaron durante el debate sobre la creación de una comisión en las Cortes que investigara las implicaciones de los miembros del consejo de dirección de ambas entidades financieras en la venta de instrumentos híbridos de capital y deuda subordinada.

La propuesta, también de Compromís y respaldada por los socialistas con una intervención del diputado Francisco Toledo, tampoco se aceptó lo que provocó, igualmente, las quejas de los invitados al pleno que, al observar como se pasaba a otro punto, lanzaron insultos contra la bancada popular.

Cotino también expulsó a los afectados por las preferentes.

Durante el pleno parlamentario también salió a relucir la trama Nóos.

El portavoz de Compromís en las Cortes, Enric Morera, preguntó en la sesión de control al Consell sobre la constancia, en las agendas oficiales de Presidencia, de que Francisco Camps acudiese el martes 6 de julio de 2004 a un desayuno de trabajo en el Palacio de la Zarzuela.

El vicepresidente de la Generalitat, José Ciscar, rechazó la existencia de pruebas y recordó que los datos de una agenda pública "se pueden conservar por operatividad, pero nunca por obligación legal".

Fuente  :   diarioinformacion.com/politica

ANDALUCÍA - CAMINO HACIA LA PRIVATIZACIÓN


Los números de la Ley de Dependencia: un derecho que camina hacia la privatización

Las aportaciones del Gobierno de la Nación se han reducido a la mitad con respecto a lo que invertía cuando se aprobó en 2007.

Los profesionales del sector hablan de "demolición encubierta" y auguran la pérdida de más de 5.000 empleos vinculados sólo en Andalucía.

La Ley de Dependencia se ha quedado coja y se sujeta apenas con la pierna que le queda de la Junta de Andalucía. 

La Administración Autonómica le ha destinado el último ejercicio más de 1.000 millones de euros, frente a los recortes del Gobierno de la Nación, que ha pasado de aportar la mitad del presupuesto, cuando entró en vigor en 2007, a apenas el 25%. 

Este último año, Andalucía ha recibido 345,8 millones de euros, lo mínimo obligatorio y cuya cuantía por comunidades autónomas se fija en función del número de usuarios.  

Desde la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad argumentan que "Andalucía ha experimento una bajada de 4.717 usuarios, y es una de las cuatro comunidades autónomas en las que ha menguado esta cifra".

En estos momentos hay en Andalucía 239.141 beneficiarios del sistema, lo que representa la cuarta parte del total en España. 

La Consejería de Salud y Bienestar Social reconoce una "cierta ralentización" a la hora de valorar a los solicitantes que todavía esperan, y lo vinculan a la asfixia que están sufriendo desde Madrid. 

Porque este año se están pagando las consecuencias de reformas como la retirada de cotizaciones a los cuidadores o la reducción de las horas de ayuda a domicilio, pero para este verano se esperan medidas más duras, como el establecimiento del copago para determinadas prestaciones.

Desde la Federación Andaluza de Atención a la Dependencia (FAAD) hablan de "voladura controlada del sistema por parte del PP". La caída ha sido incesante: frente a los 675 euros de gasto medio por dependiente y mes en 2009 se pasó a los 540 en 2012 y de ahí, a los 500 de 2013.  

"Recortar en lo que llamamos servicios a las personas es cometer un doble error: el del perjuicio ocasionado a quienes dejan de percibirlos y el de despreciar que aquí pueden encontrarse las bases de una economía diferente y puede generar empleo intensivo y convertirse en la mejor arma para combatir la crisis", apunta Javier Oyarzabal, presidente de la FAAD.

Dependencia, al Congreso

Precisamente, la FAAD participa en la recogida de firmas con la Federación Española de Dependencia para llegar a las 500.000 que permitan elevar una iniciativa al Congreso de los Diputados para que esta ley se reponga en su integridad. 

Igualmente, solicitarán al Parlamento de Andalucía que eleve una propuesta que, al tiempo que exija al Gobierno de la Nación la financiación necesaria, garantice a todos los andaluces el acceso. 

"En Andalucía, necesitamos recabar 40.000 firmas que estamos seguros de que se van a sobrepasar porque estamos teniendo muy buena acogida", señala.

Jesús Huerta, director de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, subraya: "El propio Gobierno de la Nación reconoce que las 'medidas de racionalización del sistema' adoptadas en 2012 y las que prevé para 2013 supondrán este año 1.936 millones de euros de ahorro en dependencia en Andalucía". 

En su opinión, hay un claro error de cálculo: "Dicen que ahorran pero indirectamente aumenta la exclusión social. 

Luego, si no hay ahorro real, y sí disminución de las prestaciones, ¿por qué lo hacen? 

Todo apunta a un ajuste ideológico o un intento de privatización excusándose en la coartada de la crisis".

En Andalucía, se han hecho estos años 360.189 valoraciones (casi el 90% del total de solicitudes). 

Sin embargo, desde el Consejo Andaluz de Trabajo Social sostienen que hasta hace prácticamente un año, las resoluciones llegaban en tres meses, salvo excepciones en las que podía ampliarse hasta los seis. 

Pero actualmente solo se realizan valoraciones por revisión de grado de oficio -para personas que ya tienen el servicio- o casos nuevos de extremada urgencia

Hay, según sus cálculos, más de 55.000 andaluces esperando, para lo que la ley fija un plazo por ley de dos años y medio. 

Ante estos plazos "¿cuánto margen hay por ejemplo para un dependiente de más de 80 años?", se preguntan.  

El director del Observatorio Estatal para la Dependencia, José Manuel Ramírez, es tajante: " Están dejando morir el sistema por inanición y esto es literal porque los que tienen derecho a esta prestación están falleciendo". 

El experto habla de una "demolición encubierta de la Ley de la Dependencia" mediante una serie de decretos del Gobierno de la Nación que expulsan a muchos del sistema.

Espera y frustración

"Claro que se ha reducido la lista de espera: si de golpe estableces criterios para eliminar a la gente que tiene derecho, expulsando a los dependientes moderados, y si además no cubres las vacantes que van quedando, sino que directamente suprimes esa plaza en centros de día por ejemplo, pues lógicamente desciende", asevera Ramírez.

Por eso, valora positivamente el decreto Decreto Ley de Medidas Extraordinarias y Urgentes para la Lucha contra la Exclusión Social de la Junta de Andalucía, porque vincula estos servicios a la generación de empleo. "No es un gasto, sino una inversión. 

Basta un dato: por cada millón de euros invertidos en servicios sociales, se crean 30 empleos estables, y este sector es de hecho el mayor generador de puestos de trabajo".

Confía en que medidas de este tipo sirvan para paliar recortes, que según la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales que él preside, supondrán la destrucción de unos 5.000 empleos en Andalucía, fundamentalmente en la ayuda a domicilio, donde ahora trabajan unas 15.000 personas. "No se privatiza un servicio, se está privatizando un derecho, y esto es lo más grave. 

El destrozo total del sistema es tan evidente que sólo caben ya la indignación por la crueldad con las personas dependientes y el estupor ante la falta de sentido común que denota la adopción de medidas que destruyen empleo sistemáticamente", sentencia.

La pérdida de empleo también preocupa a los sindicatos, que cifran en 3.000 los empleos perdidos entre 2011 y 2012 por la no incorporación de nuevos usuarios al sistema, además de que los retrasos en el pago de los servicios provocan conflictividad laboral. "Esta situación está generando que el empleo sea cada vez más precario en el sector y peligre la atención a los usuarios", argumenta Antonio Macías, secretario de Salud, Servicios Sociosanitarios y Dependencia de UGT en Andalucía.
 
Por su parte, la presidenta del Consejo Andaluz de Trabajo Social, Ana Muñoz Colera, asegura que la "frustración" que sufren los trabajadores es enorme ya que se encuentran que no pueden dar respuesta a las graves situaciones que se están produciendo. " No podemos dar respuesta ni por la vía de la ley ni por otras  con las que anteriormente contábamos ya que también se encuentran saturadas y colapsadas", remarca, al tiempo que exige que se unifiquen protocolos y criterios en todas las provincias garantizando los principios inspiradores de la ley, que se agilice la valoración y que se garantice al menos la tasa de reposición, cubriendo las bajas que se van produciendo en el sistema.
 
Fuente  :  eldiario.es/andalucia