¿Dependientes o rehenes políticos?
La decisión del Ayuntamiento de Jaén de renunciar a la ley de dependencia por los impagos de la Junta de Andalucía abre un camino a imitar por otros municipios
La cuidadora Ana María López atiende a Antonia Carrasco en su casa de Jaén.
La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia
está considerada el cuarto poder del Estado del Bienestar.
Una ley que
gozaba de un amplio consenso político y social aunque la actual crisis
económica la ha puesto en la picota.
Meter la tijera en las políticas
sociales parecía una línea roja infranqueable, pero la decisión del Ayuntamiento de Jaén (PP) de renunciar a prestar la dependencia acordada con la Junta de Andalucía parece que ha enseñado el camino a otros municipios.
El Ayuntamiento de Jaén denunció el pasado 1 de octubre el convenio
que le vinculaba con la Junta hasta el 3 de diciembre para la prestación
de la ayuda a domicilio, la más significativa incluida en el catálogo
de la ley de dependencia.
Según esta norma, la financiación de este
servicio corresponde a la Junta, que recibe a su vez parte de los fondos
del Estado, mientras que la prestación corresponde a los Ayuntamientos
(como es el caso de Jaén) o las Diputaciones en los municipios de menos
de 20.000 habitantes.
El Consistorio jiennense, sumido desde hace tiempo en una grave
crisis financiera —los empleados aún no han cobrado la nómina de
noviembre—, venía demorando, un mes sí y otro también, los pagos a la
empresa concesionaria, Multiservicios Jabalcuz. Sus 200 trabajadoras han
protagonizado en los últimos meses varias protestas por el impago de
sus salarios, la última de ellas con una sonora pitada al alcalde
durante el pregón de la feria de octubre.
El alcalde jiennense, el popular José Enrique Fernández de Moya,
justificó la denuncia del convenio en la deuda de dos millones de euros
que mantenía la Junta con la dependencia, deuda que la Consejería de
Igualdad, Salud y Políticas Sociales dice haber rebajado la última
semana a 400.000 euros.
“Hasta aquí hemos llegado”, espetó el regidor
jiennense para avalar una decisión que no tiene precedentes en el país.
El Consistorio jiennense ha presentado ante el TSJA un recurso
contencioso-administrativo para reclamar la deuda de la Junta, aunque el
conflicto tiene visos de enquistarse judicialmente. “Si hay que ir a
los tribunales se va”, avisa Fernández de Moya.
“Si quitan la ayuda me parten”
Antonia Carrasco Gómez vive sola en su piso de la avenida de Andalucía de Jaén.Tiene 73 años y padece numerosas dolencias físicas que le reducen su movilidad a lo más mínimo.
Por eso recibe cada día, durante dos horas, la ayuda domiciliaria de una trabajadora de la empresa concesionaria de la dependencia en Jaén.
“Por Dios, que no me quiten la ayuda porque si no me parten”, exclama esta anciana, a quien una cuidadora ayuda en las tareas básicas del hogar y la acompaña a realizar las compras.
Antonia, que también es usuaria de la teleasistencia, es una de las 422 personas dependientes que están amenazadas por la continuidad del servicio en Jaén. Detrás de cada una de ellas hay un drama familiar.
Alguno tan extremo como el de Manuel Ortega, de 86 años y que, pese a su menguada movilidad, tiene a su cargo a dos personas dependientes: su esposa, de 81 años y enferma de Alzheimer, y su hijo, de 43 años, con síndrome de Down.
“Que se lo piensen antes de quitar el servicio, para mucha gente la ayuda a domicilio es indispensable”, proclama Manuel.
Como vital resulta la ayuda a domicilio que recibe a diario Rafaela Castro, otra anciana jiennense considerada gran dependiente por su escasa movilidad. “A muchos usuarios del servicio este clima de inquietud e incertidumbre les está afectando a su salud”, indica María del Carmen García, una de las cuidadoras y presidenta del comité de empresa de la concesionaria.
Cada una de las 200 cuidadoras tiene a su cargo, al menos, dos familias dependientes.
Es el caso de Ana María López que, como el resto de compañeras, no oculta su nerviosismo por su incierto futuro laboral. “Nos deben dos nóminas pero seguimos acudiendo a nuestro trabajo porque no podemos abandonar a los usuarios”, comenta.
Las trabajadoras celebraron el pasado miércoles, primer día de inactividad municipal, una asamblea para valorar el nuevo escenario creado.
De entrada, indicaron que su prioridad es cobrar lo que se les adeuda y lograr una situación de estabilidad laboral. “Todo el mundo seguirá trabajando hasta nueva orden”, indicó la presidenta del comité de empresa.
A su juicio, entrar a valorar de quién es la competencia para prestar el servicio no es algo que incumba a la plantilla, cuyo único interlocutor no es otro que la empresa que las contrató, Multiservicios Jabalcuz.
La Junta de Andalucía, por su parte, ha cargado contra la “falta de sensibilidad” del alcalde jiennense
por haber traspasado una barrera que nadie creía que se atrevería a
cruzar.
La consejera de Salud, María José Sánchez Rubio, puso un ejemplo
muy gráfico para ilustrar la gravedad de la decisión del alcalde
jiennense: “Imaginen ustedes que nosotros nos desentendemos de los
enfermos de la UCI porque el Estado no nos paga”, dijo el pasado
miércoles durante una visita al hospital Virgen del Rocío de Sevilla.
La Administración andaluza ha admitido los retrasos en los pagos a
los Ayuntamientos, algo que achaca en buena medida al recorte en las
aportaciones que le corresponden al Estado.
Si hasta hace dos años, la
cofinanciación era del 50% entre las dos Administraciones, ahora la
Junta aporta el 78% frente al 22% del Gobierno de la nación. Con todo,
la consejería se ha comprometido a que antes de fin de año se reduzcan a
dos las mensualidades pendientes por la dependencia.
“Ahora mismo,
pagar por adelantado, como se hacía antes, es muy difícil”, indicó la
consejera sin ocultar los problemas de liquidez de la Junta.
Pero más allá del debate de los números y del pulso competencial, lo
que parece que subyace detrás de este conflicto es una cuestión
ideológica.
“El PP ha convertido al Ayuntamiento de Jaén en banco de
pruebas de la derecha radical de este país y en laboratorio de las
políticas antisociales”, ha declarado el presidente de la Diputación de
Jaén, el socialista Francisco Reyes.
Lejos de desmentir las críticas socialistas, el Partido Popular en Andalucía ha salido en tromba a apoyar al alcalde jiennense.
“Nos ha marcado el rumbo a seguir”, declaró el portavoz parlamentario
del PP, Carlos Rojas, en una frase que augura cuál puede ser la postura
de los municipios gobernados por los populares en esta materia.
Y el
alcalde jiennense, también presidente provincial del PP, vaticina una
“cascada de denuncias de convenios” por parte de otros Ayuntamientos a
los que la Junta adeuda dinero.
Los populares, que han presentado una iniciativa parlamentaria para
exigir los fondos de la dependencia, estiman que la Junta debe a los
Ayuntamientos más de 100 millones por este servicio y critican que el
gasto se haya recortado casi a la mitad en los dos últimos años.
En
torno a 20 millones es la deuda con el Ayuntamiento de Sevilla, cuyo
alcalde, el también presidente andaluz del PP Juan Ignacio Zoido, ha
indicado que sí seguirán prestando la dependencia.
“Cada Ayuntamiento,
según sus posibilidades económicas, tomará el rumbo que estime
oportuno”, precisó Carlos Rojas.
Pero el órdago del alcalde jiennense ha ido tan lejos que incluso ha
hecho caso omiso de las indicaciones de la Fiscalía de Jaén que, tras
abrir diligencias informativas, concluyó que el responsable de la prestación es el Ayuntamiento,
aunque también apremia a la Junta a pagar las cantidades que adeuda.
“El incumplimiento por parte de la Junta en el pago de las
transferencias no puede suponer en ningún caso la dejación del servicio
por la entidad responsable, sin perjuicio de que esta realice las
denuncias políticas y las acciones jurídicas que considere convenientes
para su cobro”, se dice en el decreto elaborado por el fiscal encargado
de la protección a las personas con discapacidad, Cristóbal Fábregas.
La fiscalía ha aclarado, no obstante, que solo actuará jurídicamente
en caso de tener constancia de que se vean conculcados derechos
fundamentales entre los beneficiarios de la ayuda a domicilio, algo que
todavía no ha sucedido porque las trabajadoras de la empresa
concesionaria siguen cuidando a los dependientes pese al limbo legal
generado.
Sorprendentemente, la interpretación que Fernández de Moya ha hecho
del decreto de la fiscalía no hace albergar demasiadas esperanzas para
atisbar una rápida solución al conflicto.
Tras congratularse de que el
fiscal “enmienda la plana” a la Junta al apremiarle a pagar, el alcalde
jiennense entiende que la indicación del Ministerio Público tan solo
vincula al Ayuntamiento con las 179 personas que reciben la ayuda a
domicilio que se presta a nivel municipal, pero no así con relación a
los 422 dependientes atendidos dentro del convenio suscrito con la Junta
de Andalucía. El PSOE de Jaén ha pedido la dimisión de Fernández de
Moya por desoír a la fiscalía.
También sorprende la posición un tanto ambigua que adoptará a partir
de ahora el Ayuntamiento jiennense. Por un lado, se desvincula de la
prestación del servicio acordado con la Junta pero, al mismo tiempo,
asegura que seguirá realizando la tramitación de nuevos expedientes y el
seguimiento y valoración de los dependientes.
“Lo que queremos es dejar
de actuar como meros intermediarios en el pago entre la Junta y la
empresa concesionaria”, ha indicado la concejala de Asuntos Sociales,
Reyes Chamorro.
Lo peor, en todo caso, es que el alcalde de Jaén ha sugerido que,
tras la dependencia, vendrán otros servicios sociales que el
Ayuntamiento no podrá seguir prestando.
Es el caso, por ejemplo, de las
cuatro guarderías o escuelas infantiles municipales, cuyas trabajadoras
han anunciado una huelga indefinida a partir del día 13 de este mes para
reclamar las cuatro nóminas que se les adeudan.
“A pesar de que el
Ayuntamiento culpa constantemente a la Junta, las escuelas infantiles
constituyen un servicio municipal desde hace 30 años, y están recogidas
en los presupuestos”, señaló María José Ortega, delegada de Personal de
Ceian, la cooperativa encargada de gestionar estas escuelas infantiles.
La amenaza pende también sobre el centro especial de empleo, con 85
trabajadores de los que 65 tienen algún tipo de discapacidad. El centro
se financia a medias por el Ayuntamiento y el Gobierno andaluz, que debe
su parte desde hace dos años. El alcalde ha dicho que el Ayuntamiento
ya no tiene dinero para pagar las nóminas de este centro, equivalentes
al 50% del Salario Mínimo Interprofesional en el caso de los
discapacitados.
En su espiral de enfrentamiento con las instituciones ajenas al PP,
Fernández de Moya ha desafiado a la Junta instándole a abonar el millón
de euros que debe al centro especial de empleo para así transferir él
las cantidades adeudadas a la empresa concesionaria de la dependencia.
En cualquier caso, son muchos los colectivos y las instituciones que
apremian al Ayuntamiento de Jaén y a la Junta de Andalucía a ponerse de
acuerdo. El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, se ha ofrecido
para mediar en el enconado conflicto. “El enfrentamiento político entre
dos Administraciones no debe afectar a los usuarios más desfavorecidos”,
comenta Miguel Ángel Cazalilla, de UGT.
Por su parte, el sindicato CC OO dice no haberse sorprendido por la
decisión del Ayuntamiento jiennense. “El PP lleva detrás de ello mucho
tiempo, como un objetivo que tiene que cumplir.
Y este alcalde ya lo ha
cumplido: empezó con la disminución de calidad de la atención en
domicilio, rebajando horas de atención a los usuarios, obligando de esta
manera a que las únicas personas que pudieran acceder a estos cuidados
fueran aquellas que lo puedan pagar”, indicó el sindicato en un
comunicado.
El incierto futuro laboral para 200 cuidadoras
El Ayuntamiento de Jaén adjudicó en 2011 el servicio de la
dependencia a la empresa Multiservicios Jabalcuz.
Lo hizo por un periodo
de cuatro años aunque renovables hasta los 24.
El alcalde jiennense,
José Enrique Fernández de Moya, presume de que la licitación y
adjudicación del servicio se hizo en un tiempo récord, en apenas dos
semanas, tras la renuncia unilateral de la anterior empresa, Macrosad,
también acuciada por los impagos.
Un tiempo que le sirve al regidor
jiennense para apremiar a la Junta de Andalucía a asumir la prestación
de la dependencia de manera directa.
“Ha tenido dos meses, desde que
denunciamos el convenio, para reestructurar el servicio”, indica De
Moya, convencido de que la futura Ley de Administración local que
prepara el Gobierno de la nación clarificará las competencias de cada
organismo en políticas sociales.
Sin embargo, el alcalde de Jaén sigue
sin definir en qué situación queda ahora la empresa concesionaria una
vez que el Ayuntamiento ha denunciado el convenio con la Junta.
Si no
hay prestación del servicio, no se entiende muy bien cuál es el papel
que desempeña la concesionaria. Un limbo legal que ha generado la lógica
zozobra entre las 200 trabajadoras de la empresa.
“Claro que hay mucha
inquietud por nuestro futuro laboral”, admite Mari Carmen García,
presidenta del comité de empresa.
Al igual que piensa la oposición municipal, las trabajadoras
sostienen que detrás de los impagos de sus nóminas se encuentra el
desvío de fondos que hace el equipo de gobierno para pagar otros gastos
con el dinero que le llega de la dependencia.
El alcalde niega la mayor y
dice que todo el dinero que reciben de la Junta lo transfieren a la
empresa concesionaria, pero lo cierto es que entre lo que el Consistorio
adeuda a Multiservicios Jabalcuz —en torno a dos millones y medio—, y
lo que la Junta adeuda a la ciudad —400.000 euros, según el último dato
ofrecido por la Administración autonómica— hay un desfase que supera los
dos millones.
“El PSOE también ocultó un desvío de fondos por más de
tres millones en el anterior mandato municipal”, se defiende Fernández
de Moya.
Mientras tanto, el sindicato Comisiones Obreras ha alertado que
la polvareda creada en torno a la dependencia en Jaén “está tapando
todos los despidos que la empresa Multiservicios Jabalcuz lleva
realizando desde hace dos meses y que ha ocasionado un cese del 10% de
la plantilla”.
El sindicato pide la readmisión de todos los despedidos,
muchos de ellos afiliados a CC OO.
Fuente : elpais.com/ccaa
