viernes, 30 de noviembre de 2012

SERVICIOS SOCIALES EN LA PICOTA


Servicios sociales en la picota


La Junta disminuye un 19,9% su aportación al plan concertado, que se suma al recorte de la partida estatal en un 40% · 

UGT alerta de la pérdida de programas y empleo · Ayuntamiento y Diputación, a la espera

Los servicios sociales de las corporaciones locales están inquietos.

Temen que el recorte recogido en los presupuestos autonómicos para determinadas partidas sociales provoque cambios (a peor) en su funcionamiento diario.

El reajuste presupuestario para hacer frente a una caída de ingresos y el aumento de los gastos financieros (pago de deuda) se ha traducido en un descenso del 17,4% de los recursos destinados a la seguridad, protección y promoción social dentro del proyecto de cuentas de la Junta de Andalucía (cuyo descenso conjunto es del 4,1%).

Y dentro de ese montante global, bajan partidas como las transferencias a las corporaciones locales en materia de servicios sociales, el denominado plan concertado para el que la Consejería de Salud y Bienestar Social reserva 34 millones de euros para toda la comunidad autónoma, un 19,9% menos que el año anterior.

El recorte se suma al ya practicado por el Gobierno central, de un 40%, por lo que el plan concertado se ve doblemente resentido. Frente a ello, la Junta asegura que la partida global de transferencia autonómica a los ayuntamientos (incluyendo todos los programas) se mantiene, pero UGT y los trabajadores sociales alertan de la pérdida de calidad del servicio.

Los servicios sociales comunitarios son una suerte de médico de familia de la atención social, el primer escalón de la Administración al que llegan aquellos ciudadanos que necesitan ayuda.

Orientan, atienden y derivan, gestionan los programas de intervención comunitaria para múltiples colectivos, organizan la cooperación social sobre los mayores o tramitan las ayudas económicas complementarias. Como muestra, el pasado año sólo los servicios sociales del Ayuntamiento de Huelva tramitaron 13.352 expedientes, con los que calcula que atendió a 40.000 personas.

La financiación procede del plan concertado, un acuerdo Gobierno-Junta-ayuntamientos para sufragar los gastos.

En sus inicios, cada administración aportaba un tercio al plan, pero ese porcentaje fue disminuyendo a lo largo de los años hasta que en 2012, según los datos del Consistorio onubense, la parte local fue del 82%, mientras que el resto lo financiaron Junta y Gobierno central.

Andalucía reservó en los presupuestos de 2012 más de 42,4 millones de euros para los planes concertados; el Gobierno aportó sólo 9, denunciaba recientemente la Junta. Para este año la situación es aún peor: la Consejería aportará 34 millones y el Gobierno, 5,5. La aportación autonómica baja ese 20% y el montante estatal ha caído un 67% en dos años (en 2012 era 17 millones de euros).

En total, los servicios sociales comunitarios quedarán con un presupuesto no municipal de 39,5 millones de euros (12 menos que en 2012). Una cifra que preocupa a todos los implicados: corporaciones, trabajadores y sindicatos, como UGT, que lanzaba la voz de alarma ante la disminución de determinadas partidas que, a su juicio, repercutirán en un empeoramiento de las prestaciones, pero también en la pérdida de empleo.

No sólo disminuye la partida del plan concertado; el programa de Bienestar Social ve reducido su presupuesto en un 33,67%, quedando en 67 millones de euros.

Según un estudio realizado por el Colegio Profesional de Trabajo Social de Málaga sobre el proyecto de presupuestos para 2013, ahí se incluye la reducción de transferencias para minorías étnicas (68,7%), el plan integral para la comunidad gitana (-68,3%) o la atención a migrantes y sus familias (-44,31%).

También bajan las transferencias para los programas de atención a la infancia y algo que preocupa especialmente a las corporaciones, desaparecen los 20,8 millones destinados en 2012 a una partida de refuerzo de los servicios sociales comunitarios.

También hay subidas (el servicio de ayuda a domicilio) y nuevas incorporaciones, como el plan extraordinario de acción social de 60 millones de euros, que gestionarán los ayuntamientos pero del que se desconocen las condiciones, ¿absorberá las prestaciones reducidas en otros capítulos?

Con estas cifras sobre la mesa, la Junta de Andalucía insistía ayer en que, en conjunto, las partidas destinadas a las corporaciones locales se mantienen. Según el presupuesto presentado por Salud y Bienestar Social, la inversión contemplada en los presupuestos andaluces para los ayuntamientos en el capítulo de servicios y prestaciones con carácter finalista es de 415 millones de euros "la misma que en 2012".

"El principal objetivo de estos presupuestos es el mantenimiento de los servicios públicos, a pesar de que la comunidad autónoma andaluza ha dejado de recibir más del 70% de las transferencias finalistas del Gobierno central", señalan fuentes autonómicas.

Sin embargo, las dudas existen.

Desde el Ayuntamiento de Huelva, la concejal de Servicios Sociales, Pilar Miranda, aseguraba que "aún no sabemos nada de los presupuestos, por lo que es pronto para pronunciarse, pero esperamos que no haya recortes, porque ahora el refuerzo de los servicios sociales es más necesario que nunca, cualquier descenso afectaría y mucho".

Miranda recuerda que el Ayuntamiento de Huelva ha mantenido su partida y confía en no tener que cambiar sus cuentas.

La Diputación Provincial, que gestiona los servicios sociales de los pueblos y está elaborando sus presupuestos, también consideraba ayer "prematuro" valorar lo que es todavía un proyecto.

No obstante, el diputado de Administración y Economía, José Martín, aseguró que "desde la Diputación garantizamos que los ciudadanos van a estar atendidos y no se van a cerrar las puertas a los colectivos con necesidades", ya que "garantizamos los servicios sociales".

Y de paso, Martín aprovechó para criticar la política social del Gobierno central: "Estamos trabajando para minimizar el impacto que los recortes del PP va a tener en nuestra tierra".

UGT, en cambio, calificó de "poda drástica y dramática" las cuentas presentadas por la Junta, un recorte que, alertó, obligará al Ayuntamiento de Huelva a "dar un giro en todos sus programas de actuación en los barrios con más necesidades de la capital.

Numerosas intervenciones de emergencia social verán socavados drásticamente, o totalmente, los fondos destinados para ello".

En el caso de la Diputación Provincial esto supondría, "además de la posible pérdida de un importante número de puestos de trabajo, el desmantelamiento de las Zonas de Trabajo Social que actúan desde hace décadas en los pueblos, así como de la red de asistencia a personas que en reciben tratamientos por consumo de sustancias tóxicas", advirtió el sindicato. Unos servicios que "ya están desbordados", añadió.

Fuente : huelvainformacion.es/article/huelva




AUTORIZADO FONDO CONTINGENCIA


117 millones de euros más para la ley de dependencia


El Consejo de Ministros autorizó este viernes la aplicación del Fondo de Contingencia para elevar en 117 millones de euros el nivel mínimo de financiación de la Ley de Dependencia estipulado para 2012.

Así, informó el Gobierno, "el crédito definitivo para el presente ejercicio ascenderá a 1.405 millones de euros, 119 millones más que el de 2011". Según indicó el Ejecutivo, la decisión se ha adoptado a raíz del aumento en el sistema de 21.252 personas dependientes con prestación reconocida.

A juicio del Gobierno, la reforma por parte del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del Sistema de Dependencia "está mostrando ya algunos resultados", como es el del ahorro para la Administración General del Estado, que se sitúa en 835 millones de euros.

La cantidad proviene de la supresión del nivel acordado de financiación (305 millones), de la suspensión de las cotizaciones a la Seguridad Social de la prestación económica para cuidados familiares (330 millones de gasto en 2011) y de la bajada de la prestación para los no profesionales que cuidan a personas dependientes (220 millones de ahorro sobre el nivel mínimo).

Pese a este ahorro, asegura el Ejecutivo, el número de beneficiarios del Sistema de Dependencia ha seguido aumentando y se ha ido ajustando la lista de espera. "Ahora", dice, "debido a estos dos factores, habrá 117 millones más para que las comunidades autónomas financien la dependencia".

Fuente  :  ecodiario.eleconomista.es

ASTURIAS - PALIAR LOS RECORTES


El Gobierno regional trata de paliar los recortes en dependencia "con recursos propios"



La consejera de Bienestar del Principado de Asturias, Esther Díaz, ha dicho este jueves que el proyecto de presupuestos regionales para 2013 recogerá cantidades para paliar los recortes nacionales en materia de la ley de dependencia "con recursos propios". 


"No paralizaremos la aplicación de la ley y la entrada de nuevos beneficiarios en 2013", ha comentado.

El Gobierno regional trata de paliar los recortes en dependencia "con recursos propios"



La consejera de Bienestar del Principado de Asturias, Esther Díaz, ha dicho este jueves que el proyecto de presupuestos regionales para 2013 recogerá cantidades para paliar los recortes nacionales en materia de la ley de dependencia "con recursos propios". 

"No paralizaremos la aplicación de la ley y la entrada de nuevos beneficiarios en 2013", ha comentado.

En la sesión plenaria de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), la dirigente regional ha respondido a una interpelación de la diputada de Foro Esther Landa. 
Según Díaz, Asturias "no podrá hacer frente a todos los recortes", pero sí intentará actuar donde pueda.

Ha criticado al gobierno central del PP, al que ha acusado de aplicar recortes a colectivos vulnerables como los dependientes, en cuestiones como la moratoria a incorporación del grado I, la reducción del servicio a domicilio, la teleasistencia o la desaparición de la gratuidad.

El Principado dejará de ingresar por parte del Estado en 2013 unos diez millones por traspasos para la ley de dependencia, según ha explicado Díaz. 

A juicio de la dirigente socialista lo que está haciendo el PP a nivel nacional es favorecer la iniciativa privada en el sector. "El PP utiliza la crisis para desmantelar el sistema público", ha señalado.

Tanto la dirigente del Gobierno asturiano como Esther Landa han criticado los recortes del ejecutivo central en esta materia. 

Landa ha instado al gobierno asturiano a "compensar" la cantidad económica que pierde de la aportación del estado. 

Noemí Martín (IU) también ha pedido esa compensación y ese esfuerzo para priorizar la ley, aunque ha añadido que habrá que buscar una fuente de ingresos para financiar ese gasto extra.

La diputada del PP Victoria Delgado ha reaccionado a las intervenciones señalando que la interpelación de Landa "escondía" el objetivo de "hacer oposición al gobierno de España". 

Ha explicado que el Principado tiene las competencias en materia de dependencia y ha señalado que las medidas del gobierno central sólo persiguen cumplir con el objetivo de estabilidad.

En este sentido, ha señalado que la reforma en dependencia vino avalada por el Consejo Interterritorial, donde están representadas todas las comunidades, incluida Asturias.

Fuente  :  que.es/asturias


jueves, 29 de noviembre de 2012

EL CONGRESO "TUMBA" INICIATIVA SOCIALISTA

El congreso tumba una iniciativa socialista para restaurar la ley de dependencia


El Congreso de los Diputados rechazó este miércoles, por 18 votos a favor y 23 en contra, una proposición no de ley (PNL) del Grupo Parlamentario Socialista que pedía al Gobierno que diera marcha atrás en todas las medidas relativas a la modificación de la Ley de Dependencia adoptadas hasta ahora.
 
La iniciativa, que se debatió en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales de la Cámara Baja, se modificó en el transcurso del debate con las aportaciones de varios grupos.

Pedía al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para garantizar el mantenimiento y desarrollo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, "con respeto a los principios inspiradores de la ley".

Más en concreto, instaba al Ejecutivo a "reponer y cumplir el calendario de implantación del Sistema que fijaba, en su redacción original, la Ley de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia".

Además, el texto abogaba por "reponer el nivel acordado de financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia".

Finalmente, la propuesta quería que todas las decisiones relacionadas con la viabilidad y mantenimiento del citado sistema se abordaran con las CCAA y contando siempre con los órganos consultivos de la Dependencia: Consejo Estatal de Personas Mayores, Consejo Nacional de la Discapacidad y Consejo Estatal de ONG de Acción Social.

En su defensa de la proposición, la diputada socialista Rosa Aguilar denunció que las CCAA gobernadas pòr el PP están complementando "el desmantelamiento" que lleva a cabo el Ejecutivo del Sistema de Dependencia.

En su opinión, el Gobierno central y las comunidades autónomas del PP "eStán cerrando el círculo para poner punto y final a la Ley de la Dependencia".

La iniciativa del PSOE contó con el apoyo expreso de CiU, Izquierda Plural y UPyD, que en boca de Carles Campuzano, Gaspar Llamazares y Rosa Díez manifestaron su coincidencia en las críticas vertidas por los socialistas a la gestión popular del Sistema de la Dependencia.

Así, Campuzano, de Convergencia i Unió, recordó que su grupo nunca compartió el enfoque de la norma de la dependencia, que ahora soporta gran presión financiera para que las comunidades autónomas cumplan con sus requerimientos.

Por su parte, Llamazares, de La Izquierda Plural, justificó su sí a la PNL del PSOE diciendo que "una ley que ha dado cobertura a 800.000 personas no merece el menosprecio con el que se la trata".

Finalmente, Rosa Díez, de UPyD, trasladó su apoyo a la medida ante la necesidad de "tomar decisiones que no se están tomando", pese al peligro que corren las personas en situación de dependencia.

"En este momento, cuando el sistema debiera haber alcanzado su madurez, está sufriendo un proceso de "deterioro y está siendo aniquilado a golpe de real decreto", sentenció Díez.

En el lado opuesto de los grupos que tomaron la palabra en el debate de esta iniciativa se situó el popular, que en boca de la diputada Susana Camarero calificó de "demagógica" la proposición no de ley y la postura socialista en el asunto de la dependencia.

"Es muy hipócrita decir que este Gobierno paraliza el calendario", cuando el mayor recorte sufrido por el Sistema de Dependencia llegó en 2011, de la mano, dijo, del Ejecutivo socialista, que eliminó la retroactividad del cobro de las ayudas destinadas a los beneficiarios de la ley, concluyó Camarero.
 
Fuente  :  noticias.lainformacion.com/politica
 
 

martes, 27 de noviembre de 2012

ARAGÓN - PRESUPUESTO 2013 PARA TELEASISTENCIA, CERO

Click!

LOS AJUSTES PRESUPUESTARIOS

El Gobierno pulveriza la teleasistencia al dejar a cero su partida para el 2013

 

La DGA trata de paliar el recorte con un millón de euros para el servicio, pero solo a los dependientes. 

 

Entidades locales, provinciales y comarcales deberán sufragar esta prestación o suprimirla

 

El Ministerio de Sanidad de Ana Mato ha puesto punto y final al programa de teleasistencia domiciliaria y deja a cargo de las entidades que lo ofertan, en el caso de Aragón, los ayuntamientos, las comarcas y las diputaciones, la prestación del servicio. 

El Imserso ya no aportará ni un euro a este programa, a pesar de que está incluido en las prestaciones del sistema de dependencia y así se lo ha comunicado la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a varias entidades locales, que han recibido misivas recordando el fin del programa ante la nula consignación presupuestaria.

Por el momento, el consistorio de la capital aragonesa, que aglutina al 50% de los beneficiarios, ya ha manifestado que seguirá dando el servicio. 

Pero, en todo Aragón hay unos 16.000 beneficiarios de la teleasistencia. 

No obstante, tras el hachazo del Ejecutivo central, el Gobierno de Aragón, por primera vez, ha incluido una partida presupuestaria de un millón de euros que, según fuentes del Ejecutivo autonómico, estarán destinados exclusivamente a sufragar esta prestación en el caso de los dependientes, además de la ayuda a domicilio. 

Es decir, lo que contempla la ley. 

En el resto de los casos --no todos los beneficiarios están clasificados como dependientes--, ayuntamientos, comarcas y diputaciones deberán asumir la totalidad del servicio.


COORDINACIÓN 

De hecho, indicaron las mismas fuentes, ya se ha producido una primera reunión de coordinación con las diputaciones para poner en común las bases de datos y establecer protocolos que unifiquen la prestación. 

La propia diputación oscense había expresado ya las dificultades para financiar el servicio sin el Imserso e incluso se presentó una moción en este sentido. La DGA citará también a las comarcas y a los ayuntamientos que prestan el servicio para "evitar duplicidades".

A pesar de que, según aseguran desde el Gobierno autonómico, su intención es paliar el hueco dejado por el Imserso, lo cierto es que desde algunos sectores esta postura --y la dotación presupuestaria para el servicio-- se califica como un brindis al sol. 

Porque, como asegura el portavoz de Marea Naranja y representante de la asociación de gestores de los servicios sociales en Aragón, Gustavo García, en estos momentos el sistema de atención a la dependencia solo reconoce prestaciones a los grandes dependientes y a los severos. 

Personas con un grado de invalidez tal elevada que no precisan la teleasistencia. "Solo sirve para los que tienen alguna validez. 

Por eso decir que se asumirá este servicio en el caso de los dependientes es una burla. O no entender nada", asegura García.

La pasada semana, el consejero de Sanidad y Acción Social, Ricardo Oliván, mantuvo ya una reunión con las diputaciones provinciales para explicarles la situación y manifestarles su intención de "complementar, de alguna manera, la aportación de estas instituciones para dar a las personas que lo necesiten el servicio que venían recibiendo". 

Y aseguró también que ese millón de euros es una cifra que podría modificarse en el caso de que las circunstancias lo requirieran porque la teleasistencia es una cuestión fundamental que hay que mantener".

Todo parece indicar que así será. Solo el convenio de colaboración entre el Imserso y el Ayuntamiento de Zaragoza para la prestación de este servicio ascendía a 3,2 millones de euros, de los cuales el Estado, a través de este instituto, aportaba 1,4 millones y el resto, 1,7 millones, eran sufragados por el propio consistorio. 

Con esta cuantía, se da este servicio a unos 8.900 zaragozanos, más de la mitad de los beneficiarios de la teleasistencia en toda la comunidad.

Ahora, el consistorio tendrá arreglárselas sin esta aportación gubernamental, discernir cuántos de sus beneficiarios son dependientes y están bajo el paraguas de la ley y asignar su coste al Gobierno aragonés. 

Por el momento, la voluntad del ayuntamiento es mantener este servicio sí o sí. 

 El teniente de alcalde de Acción Social del Ayuntamiento de Zaragoza, Roberto Fernández, así lo ratificó en la comisión de este área. 

A pesar, dijo, de que el Imserso ya no va a poner un euro.

Fuente  :   elperiodicodearagon.com/noticias/temadia


lunes, 26 de noviembre de 2012

ÁLAVA - MANTENDRÁ COMPLEMENTOS

Álava mantendrá los complementos a la dependencia

 

El diputado general anuncia en las Juntas que se mantiene la protección adicional, que otros territorios han recortado
 

El diputado general de Alava, Javier de Andrés, ha anunciado esta mañana en el pleno de las Juntas Generales que se mantendrán los niveles de protección adicional en todas las prestaciones de la ley de dependencia para los alaveses que lleven tres años empadronados en la provincia.
 
De este modo, los alaveses que cuenten con el Grado 3 (gran dependencia), cobrarán 468,83 euros, frente a los 387,64 euros que perciben en el resto de España. 
 
Los del Grado 2 (dependencia severa) recibirán 319,07 euros mientras que con la normativa del resto de España lo harían en la cantidad de 268,79 euros y en el caso, del Grado 1, a partir de 40 puntos de valoración de la dependencia (antiguo grado 1,2 correspondiente a la dependencia moderada) cobrarán 180 euros, frente a 153 euros del nivel mínimo de protección fijado para toda España.
 
Por otro lado, la Diputación ha decidido también mantener niveles de protección adicional en la prestación económica vinculada al servicio destinado al pago de residencias. 
 
Las cantidades percibidas serían en el Grado 3 de 1.000 euros frente a los 715 que se abonan como regla general en el resto de territorio nacional y los dependientes del Grado 2 cobrarán 805 euros en Álava , mientras que en resto reciben 426,12 euros. 
 
Los del Grado percibirán 508 euros, más de 200 euros que el resto de comunidades.
 
Asimismo, Javier De Andrés ha destacado como novedad la introducción también de niveles de protección adicional, y que no se había realizado hasta este momento, en la prestación económica de asistencia personal, siempre que se cumplan los tres años de empadronamiento en Álava. 
 
También se ha decidido ampliar este tipo de prestación a los dependientes de los Grados, 2 y 1 y no sólo para los dependientes de Grado 3, los únicos que lo percibían hasta la fecha.
 
Fuente  :  elcorreo.com/alava
 
 

CASTILLA LA MANCHA - TASAS

Un paso más para la Ley de Tasas

 

No tendrán que pagar quienes tengan una renta igual o inferior al 75% del Iprem


La Ley de Tasas de Castilla-La Mancha dio un paso más en su tramitación al aprobarse el dictamen en la Comisión de Economía y Presupuestos, al darse el visto bueno a las enmiendas del PP, que incluyen la exención en el pago de la revisión por el grado de dependencia a las rentas más bajas, según informó Efe.

Tras un receso de algo más de una hora, los grupos parlamentarios debbatieron y votaron las 111 enmiendas parciales presentadas a la Ley de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La Mancha, 95 del PSOE y 16 del PP. 

De las enmiendas, salieron adelante todas las del PP y se rechazaron todas las socialistas, que se mantienen vivas para el Pleno donde se debatirá finalmente la ley, previsiblemente, según fuentes parlamentarias, el próximo jueves 29 de noviembre. 

Tras la aprobación de las enmiendas del PP, la ley recoge que queden eximidos de pagar las tasas por revisar el grado de discapacidad y dependencia quienes tengan una renta igual o inferior al 75% del indicador público de renta de efectos múltiples (Iprem). 

De este modo, no tendrán que pagar la tasa por revisar el grado de dependencia o de discapacidad, que es de 40 euros en el primer caso y de 30 euros en el segundo, quienes tengan unos ingresos iguales o inferiores a 399 euros al mes. 

Esta exención también sirve para la tasa que se va a establecer a quienes pidan la revisión de los programas de atención individual (PIA) previstos en la ley de Dependencia, que será de 15 euros.

Fuente  :  abc.es/ciudad-real 


martes, 20 de noviembre de 2012

MURCIA - VALCARCEL, ALUMNO AVENTAJADO EN RECORTES


VALCÁRCEL "ALUMNO AVENTAJADO" EN LOS RECORTES

PSOE destaca "brutal hachazo" que ha sufrido la Ley de Dependencia y exige a Rajoy que retire los recortes impuestos


Teresa Rosique en rueda de prensa junto al secretario general del PSRM

Rosique dice que recortes en Dependencia "son una muestra del fraude electoral de Rajoy"


   
   El secretario general del PSRM, Rafael González Tovar, ha reclamado este martes al Gobierno de España que retire los recortes impuestos a la Ley de Dependencia, "que afectan a miles de ciudadanos de la Región de Murcia".


   En una rueda de prensa conjunta con la diputada regional, Teresa Rosiquehan profundizado en "el brutal hachazo" que ha sufrido esta Ley desde que Mariano Rajoy ganara las elecciones, "hace hoy un año que se cumple este triste aniversario para millones de españoles".

   González Tovar ha denunciado que el Gobierno de Rajoy y el Ejecutivo de Ramón Luis Valcárcel "quieren acabar con el modelo de la dependencia, tal como lo venimos conociendo, desde que esta Ley fue aprobada por un Gobierno socialista en 2006".

   A su juicio, "los recortes en dependencia desmantelan el sistema de protección establecido, suponen una mayor carga para los más débiles, producen más paro, y más daño y malestar a las familias".

   Tras lo que ha advertido que los recortes del PP se dirigen hacia la privatización del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y hará que los ciudadanos de la Región paguen más, "con lo que se castiga y perjudica a los más desfavorecidos".

   En este año de Gobierno del Partido Popular, "los españoles hemos comprobado atónitos" cómo se ha rebajado en un 15 por ciento las prestaciones económicas a los cuidadores familiares (unos 55 €/mes); disminución que puede llegar hasta el 85% a decisión de cada Comunidad Autónoma; los cuidadores familiares no profesionales han perdido las cotizaciones a la Seguridad Social que pagaba por ellos el Gobierno y se ha ampliado el plazo hasta 2 años para que las Comunidades atiendan a sus dependientes sin generar retroactividad.


   Además, ha explicado la diputada Teresa Rosique, se ha pospuesto hasta 2015 la incorporación de nuevos usuarios de Grado 1, que son los dependientes moderados, se han eliminado las compatibilidades entre servicios, como por ejemplo, tener acceso a un centro de día y recibir ayuda a domicilio de forma simultánea y se establece el copago de los servicios recibidos que podrá ser hasta del 90% del precio del coste total.

   También, ha continuado, se modifica el sistema de financiación de la Ley para el próximo año, aumentando lo que tendrá que ir pagando la Comunidad Autónoma y se establece la hipoteca inversa, de forma que los dependientes mayores que estén en residencias ingresados, si su pensión no da para cubrir el coste, usarán su vivienda como aval.

   El Gobierno central rebaja el importe a pagar por el 'nivel mínimo' (que es el dinero que reciben las comunidades autónomas por cada dependiente en función de su gravedad), de forma que las regiones recibieron 283 millones de euros menos en 2012 y 200 millones de euros menos en 2013 para atender a los dependientes con respecto al año pasado y se reducen en un 50 por ciento la partida presupuestaria para el Plan Concertado de desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales en los entes locales.

   La situación es especialmente grave en regiones como la nuestra en la que el presidente Valcárcel se ha caracterizado por ser un "alumno aventajado"de Rajoy en materia de recortes y, en especial, de la Ley de Dependencia.

MOCIÓN A DEFENDER ESTE MIÉRCOLES EN ASAMBLEA

   En este sentido, Teresa Rosique, que ha hablado de la moción que defenderá este miércoles en el Pleno de la Asamblea, ha señalado que los recortes en Dependencia "son una muestra del fraude electoral de Rajoy".

   Ha explicado que la Ley de Dependencia "es una ley que estaba corrigiendo una histórica injusticia social", que en la Región de Murcia, tienen reconocido grado de dependencia 55.920 personas y de ellas, 30.192 reciben prestación. Con grado reconocido de "gran dependencia" o"dependencia severa" pero sin prestación son unas 8.000; y con grado reconocido de "dependencia moderada" pero sin prestación cerca de 13.000.


   La diputada ha denunciado, al hilo, que "los nuevos recortes perjudican profundamente a 49.217 dependientes con grado reconocido en la Comunidad y, especialmente, a los dependientes mayores de 65 años, que son el 76,2 por ciento.

   Este castigo a las personas mayores se suma al copago farmacéutico, a la subida del IVA, a la del IRPF para muchos pensionistas y ahora se les amenaza con la duda de si se van a revalorizar o no las pensiones en 2013, ha agregado en rueda de prensa.

   A lo que se une, ha manifestado la diputada socialista, que muchas de las medidas de Rajoy las habían tomado con anterioridad Valcárcel y su gobierno con la Ley de recortes del 29 de junio. 

"Medidas que en algunos casos agravan las de Rajoy, como sucede con la ayuda económica en el entorno familiar, a la que suman un recorte adicional; o lo que sucede con el precio de referencia en los centros de día o residencias, que está provocando que muchas personas abandonen estos servicios porque no pueden hacer frente al copago", ha criticado. 
     
   Estos recortes, ha asegurado, están afectando mayoritariamente a los dependientes que reciben las prestaciones económicas en el entorno familiar,"que en nuestra Comunidad son más de 22.000", porque las cuantías de estas ayudas las reducen considerablemente.

   Asimismo, se retrasa hasta 2015 la incorporación de las personas con dependencia moderada, lo que afecta a unas 13.000 personas de nuestra Comunidad y se paraliza la Ley, pues se amplía el plazo de seis meses que la Administración tenía para resolver los expedientes y pasa a dos años; además, desaparece la retroactividad para aquellas personas que a la entrada en vigor del Real Decreto no estuviesen recibiendo la prestación económica.

   Otro problema, ha enfatizado Rosique, es que los atrasos en el pago de las prestaciones económicas "son una constante sin que se cumplan las promesas de hacer efectivas las deudas acumuladas".

   En la Región de Murcia, la incompatibilidad entre prestaciones afecta a unos 9.000 dependientes. Se establece incompatibilidad entre prestaciones salvo con la tele-asistencia. Las personas con gran dependencia podían acceder a una plaza en centro de día y a una ayuda económica del 25 por ciento de las ayudas económicas en el entorno familiar.

   "Son datos que demuestran con claridad el duro retroceso que sufre esta Ley tan necesaria para los más desfavorecidos, algo en lo que Rajoy y Valcárcel se han empleado a fondo y a lo que nos opondremos tajantemente", ha finalizado.


Fuente  :  europapress.es/murcia/noticia




DEMOLICIÓN CONTROLADA DE LA LEY


diRECTORES DE SERVICIOS SOCIALES

Denuncian una "demolición controlada" de la Ley de Dependencia


La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España ha denunciado que, desde la llegada del Mariano Rajoy al Gobierno hace un año, se ha producido una "demolición controlada" de la Ley de Dependencia, mediante su modificación "a través de reales decretos".


   Así, el presidente de la asociación, José Manuel Ramírez, ha indicado, en declaraciones a Europa Press, que esta "demolición" ha supuesto un "atentado" contra las personas dependientes, sus familias, los profesionales, las empresas del sector y las administraciones autonómicas.


   A su juicio, también ha acarreado un "destrozo" en la política social de España, que ha provocado "una involución a lo que sería la antigua beneficencia". "Este retroceso de derechos demuestra que este Gobierno ha tomado las medidas más desalmadas y crueles con las personas más vulnerables y a la vez que ha tomado unas medidas absolutamente antieconómicas", ha aseverado.


   En concreto, Ramírez ha señalado que el Ejecutivo ha recortado casi 1.000 millones de euros a través de diversas decisiones como el recorte del nivel conveniado, la retroactividad o el recorte de un 15 por ciento a los cuidadores familiares; así como al no pagar la seguridad social de esos cuidadores y al retrasar dos años la atención de estas personas en situación de dependencia, una medida que ha calificado como la más "desalmada".


"239.000 DEPENDIENTES MORIRÁN SIN HABER RECIBIDO NINGUNA ATENCIÓN"

   Estas medidas van a conseguir, en su opinión, que "decenas de miles de dependientes" mueran sin ninguna atención. 

"Si tenemos en cuenta que un 80 por ciento de las personas dependientes son mayores de 65 años y que un 54 por ciento son mayores de 80 años y la esperanza de vida de un dependiente de más de 80 años no supera los cuatro o cinco años de vida, significa que, más de la mitad de los 239.000 dependientes que hay, morirán sin haber recibido ninguna atención", ha explicado.


   De esta forma, según ha advertido Ramírez, se ha producido una"derogación encubierta" de la Ley de Dependencia y se ha conseguido que en España haya un "derecho efímero"

Este hecho, de acuerdo con él, se empieza a notar en las estadísticas mensuales, ya que, "prácticamente" desde septiembre "no se mantiene ni siquiera la tasa de reposición" y no se atiende a las personas que están en lista de espera a través de los servicios y prestaciones que dejan vacantes aquellos dependientes que han fallecido.


   Ante esta situación, el presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España ha concluido que solo cabe la continuación de la demolición "cruel y calculada" de la ley o la dimisión de la"máxima responsable ministerial", la ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, Ana Mato.

Fuente  :  europapress.es/sociedad/noticia



domingo, 11 de noviembre de 2012

C.VALENCIANA - PAGO DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE

El Consell adeuda agosto y septiembre a los dependientes

 

Bienestar Social asegura que dio la orden de pago hace quince días y que se abonarán ambos meses «de golpe»






Los dependientes con derecho a prestación que residen en sus casas aún no han cobrado la prestación correspondiente a los meses de agosto y septiembre, según han denunciado varios afectados a Levante-EMV y confirman desde los Servicios Sociales de algunos municipios de l´Horta Sud, quienes añaden que en algunos casos también se han retrasado en los ingresos del mes de julio. 

Desde la Conselleria de Bienestar Social confirmaron ayer este retraso en los pagos que achacan a «una falta de liquidez» de la Generalitat. 

«Hace quince días se aprobó el pago de los meses de agosto y septiembre, que se abonarán de una vez», explicaron fuentes de Bienestar Social, aunque no pudieron concretar la fecha exacta en la que se producirá este ingreso. 

Sí confiaron en que a finales de noviembre se pagará con normalidad la mensualidad de octubre (la prestación por dependencia se abona a mes vencido). 

A uno de los afectados le aseguraron en el teléfono de información que «a finales de noviembre cobrarán agosto y que no hay fecha para cobrar el resto».

Los dependientes particulares se unen así al problema de los impagos de los trabajadores del sector de la dependencia, que ayer volvieron a manifestarse en Valencia y Alicante en protesta por el impago de sus nóminas por la deuda de la Generalitat, que cifran en 150 millones de euros, según CC OO y UGT, convocantes de la protesta.

Según los sindicatos, son «más de 500 los centros y servicios afectados por los impagos» que atienden a la tercera edad y centros de mujeres maltratadas», mientras que cerca de 20.000 trabajadores tienen dificultades para cobrar sus nóminas. 


Tres plazos de pago a trabajadores

Para los trabajadores, es «un sinsentido» que la Generalitat «quiera acallar estas demandas de la población abonando sólo 30 millones de euros para todo el sector (procedentes del Fondo de Liquidez Autonómica [FLA] habilitado por el Gobierno) cuando en total debe 150 millones», según informaba la agencia Europa Press. 

CCOO y UGT piden «transparencia y claridad» al Consell sobre el «tan anunciado Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que llega con cuentagotas y produce situaciones injustas y denigrantes para los dependientes y los trabajadores que atienden a este colectivo tan necesitado». 

Desde la Conselleria de Bienestar Social admiten que con el primer pago a los dependientes a cargo del FLA «no se ha puesto el contador a cero». 

Aseguran que se han abonado 40 millones (y no 30, como aseguran los sindicatos) que se han destinado al sector de la discapacidad (20 millones) y a los centros de mayores (otros 20 millones). 

Desde el departamento que dirige Jorge Cabré, confían en que «en las próximas remesas del FLA se seguirá liquidando la atención social, porque habrá una segunda y tercera remesa del FLA. Con el tercer pago esperamos poner el contador a cero». 

Y para 2013 confían en que «con la reforma de la ley de dependencia aprobada por todas las comunidades y los recursos del FLA, que continuarán, no haya tantas dificultades como las que ha habido este año». 

Bienestar Social achaca este «colapso en la dependencia a la falta de financiación con la que el Gobierno de Zapatero comenzó a aplicar la ley. 

Previó 205.900 grandes dependientes cuando a finales de 2011 ya se contabilizaban 431.000 y se ha sobrepasado en 2.700 millones las previsiones del coste de aplicar la ley realizadas en 2007».

Fuente  :  levante-emv.com/comunitat-valenciana


sábado, 10 de noviembre de 2012

CASTILLA LA MANCHA - TASA REVISIÓN GRADO


CLM-LEY TASAS

No pagarán tasa para revisar el grado de dependencia las rentas más bajas

 

El PP ha presentado una serie de enmiendas al proyecto de ley de tasas de Castilla-La Mancha en las que propone que queden eximidos de pagar las tasas por revisar el grado de discapacidad y dependencia quienes tengan una renta igual o inferior al 75 % del indicador público de renta de efectos múltiples (Iprem).

Así consta en las enmiendas presentadas al proyecto de ley de tasas y precios públicos aprobado por el Gobierno, que incluye, entre otras tasas, una tasa de 40 euros por la revisión del grado de dependencia y otra de 30 euros por la revisión del grado de discapacidad.

Ahora, mediante estas enmiendas, el PP plantea que queden eximidas del pago de la tasa las personas con una "capacidad económica personal" inferior al Iprem, indicador que sustituyó en 2004 al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y que en 2012 es de 532,51 euros mensuales.

De este modo, no tendrán que pagar la tasa por revisar el grado de dependencia o de discapacidad quienes tengan unos ingresos iguales o inferiores a 399 euros al mes.

Esta exención también servirá para la tasa que se va a establecer para quienes pidan la revisión de los programas de atención individual (PIA) previstos en la ley de Dependencia, que será de 15 euros.

Fuente  :  finanzas.com/noticias/economia


SALAMANCA - RETRASO PAGO AYUDAS


El PSOE denuncia el retraso en el pago de las ayudas de la Ley de Dependencia


 
 
El retraso alcanza ya los diez días y supone que algunas de las cerca de 3.500 familias salmantinas afectadas estén viviendo situaciones graves. 
 
Familiares de personas dependientes que tienen reconocida una prestación por la Ley de Dependencia han puesto en conocimiento del PSOE de Salamanca que llevan más de diez días de retraso en recibir la ayuda que tienen reconocida para el cuidado y mantenimiento de estas personas.

A día de hoy todavía no han percibido la prestación correspondiente al mes de Octubre a pesar de que tenía que haber sido pagada el día 27 del mes pasado, lo que está llevando a situaciones dramáticas y en dificultades a un gran número de las cerca de 3.500 familias salmantinas que tienen reconocido el derecho a recibir estas ayudas.

Ante esta situación, y en respuesta a algunas de las demandas y petición de explicaciones sobre este hecho realizadas por las familias afectadas, la Junta de Castilla y León se ha limitado a contestar que desconocía el día exacto en el que procedería a ingresar las ayudas y que a partir de ahora el sistema de percepciones iba a ser modificado para que las prestaciones fuesen abonadas en la primera quincena del mes siguiente al que corresponden.

El PSOE considera que los gobiernos del PP, tanto en la Junta como en Madrid, vuelven a aplicar sus políticas de recortes sobre las personas más desfavorecidas y desprotegidas, dejando a los ciudadanos dependientes y a sus familias en una situación de vulnerabilidad y dificultad sin precedentes.

Es inadmisible que los recortes y los ajustes del PP sólo tengan en cuenta los números y el control del déficit público en detrimento de las personas. 

A los recortes y la paralización de la Ley de Dependencia impuesta por el PP, las ayudas se han reducido en un 30%, se añade ahora los retrasos en el pago de las prestaciones que ya están reconocidas, y de las que dependen muchos ciudadanos salmantinos, sus familias y la atención y los cuidados sanitarios que reciben.

Fuente  :  massalamanca.es/salamanca


DISCAPACITADOS CATALANES PIDEN LEY DEPENDENCIA PROPIA


Discapacitados catalanes piden una ley de dependencia propia para la próxima legislatura


La Federación Ecom de discapacitados físicos ha elaborado un documento con 45 propuestas a los partidos catalanes para la mejora de la calidad de vida e igualdad de oportunidades de este colectivo, entre las que destaca la elaboración de una ley de promoción de la autonomía personal propia para Cataluña en la próxima legislatura. 

También han pedido que se desarrolle la figura del asistente personas para personas dependientes y el establecimiento de un Servicio de Asistencia Personal sin limitaciones horarias y adaptado a las necesidades de cada persona, ha informado Ecom en un comunicado.

Las propuestas también incluyen que se reconozca el agravio económico comparativo de las personas con discapacidad, que se apueste por favorecer la igualdad de oportunidades de acceso al mundo laboral y garantizar el acceso gratuito a los servicios sanitarios necesarios, entre otras.

Fuente  :  noticias.lainformacion.com/economia

SEVILLA - DIPUTACIÓN AUMENTA UN 10% SU PRESUPUESTO

"Para la protección de las personas, olvidadas en PGE"

Diputación aumenta un 10% su presupuesto, un 54% más en dependencia, centrado en empleo y en gasto social


Villalobos presenta los presupuestos de la Diputación
   

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha anunciado que los presupuestos de la institución para 2013, que contarán con un incremento que rondará el diez por ciento, estará centrado en el empleo y en los servicios sociales, donde apunta a aumentos de alrededor del 54 por ciento para la atención de la dependencia, "intentando paliar así en lo posible la caída de las aportaciones del gobierno de Mariano Rajoy, que se ha olvidado de la provincia de Sevilla".

   En rueda de prensa, Villalobos ha apuntando al aumento del 1,7 por ciento del techo de gasto no financiero, el incremento máximo que asegura les permite la Ley de Estabilidad Presupuestaria, según explica, tras indicar que el Gobierno de Mariano Rajoy les "obliga a dar prioridad absoluta" a los bancos. 

"Creo que hay que cumplir con los bancos, pero nunca dándoles prioridad absoluta, ya que se nos está obligando a saldar las deudas con los bancos por adelantado por encima de la realización de inversiones o de cualquier otra acción que se quiera llevar a cabo", critica, tras indicar que habitualmente se destinaba a la amortización de la deuda unos 30 millones, mientras que este año tendrá que emplear alrededor de 60 millones.

   Así, afirma que hacer un presupuesto con la protección social y el empleo como pilares básicos exige "ajustes" de reorganización de las actividades de la Diputación y de sus números y, sobre todo, "de una nueva limitación del gasto interno, como ya llevamos haciendo hace años"

   Indica que estos reajustes van a hacer posible destinar cinco millones de euros a una nueva edición del Plan de Urgencia Municipal, que permite la realización de contratos de entre 15 días y tres meses a personas en riesgo de exclusión social por causa de la crisis. 

Este programa se ejecuta a través de los servicios sociales de los Ayuntamientos, una red en la que trabajan casi 1.200 personas en toda la provincia y que se verá reforzada en el presupuesto de 2013 con la aportación "necesaria y suficiente, tanto para sustentar estos puestos de trabajo como para seguir dando asistencia a la ciudadanía".

   Villalobos recuerda que la red de servicios sociales contará con una aportación de 11,4 millones, un montante en el que se incluyen transferencias de la Junta por parte de 4,6 millones y una aportación propia de la institución provincial de 6,1 millones, mientras que el Estado ha recortado hasta el 40 por ciento de sus transferencias hasta aportar 600.000 euros.

   Además, aumentará su presupuesto para la aplicación de la Ley de la Dependencia para cuyo mantenimiento la Junta de Andalucía ha subido de 13 a 20 millones la inversión con el fin de "blindar" el bienestar social, "muy al contrario de lo que hace el gobierno central del PP, que aporta sólo el 30 por ciento en vez del 50 por ciento, como obliga la Ley, y que ha bajado las transferencias a Andalucía en 200 millones de euros para el próximo ejercicio".

   Paralelamente, se apostará por incrementar la aportación para la seguridad ciudadana con el nuevo plan director de Bomberos; siete millones para la ejecución de los Planes Provinciales; además de 32,1 millones de euros para al Plan de Fomento del Empleo Agrario (Pfoea); y el mantenimiento, entre otros, de la prestación de servicios y la contratación de personal para los municipios, como es el caso de los monitores culturales, deportivos y de dinamización.

   Sobre los planes provinciales, el presidente de la Diputación de Sevilla ha recordado que con los siete millones de euros para 2013, se cumple el compromiso anunciado este verano, "justo cuando el Estado se retiró de estos planes al comunicarnos que bajarían 15 millones de euros de las transferencias que esperaba la Dipuación". 

"Este aviso llegaba a mediados de año, con el presupuesto de 2012 en marcha, y suponía el descenso de 15 millones, de los que tres millones estaban destinados a los planes provinciales, por lo que decidimos sacar a pulmón estos planes y comprometerno a mantener la inversión para 2013", sentencia.

Noticia completa en Fuente  :   europapress.es/andalucia/sevilla