CASTILLA LA MANCHA - DE 11.000 A 15 CUIDADORES QUE COTIZAN

Los cuidadores no profesionales que cotizan bajan de 11.000 a 15 en CLM

Los cuidadores no profesionales que están dados de alta y cotizan en la Seguridad Social en Castilla-La Mancha han bajado de 11.000 a fecha de 31 de agosto a 15 en la actualidad, según los datos aportados por la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia.

El portavoz de la plataforma, José Luis Gómez-Ocaña, ha explicado a los periodistas que esta es una de las consecuencias de la modificación, por parte del Gobierno central, de la Ley de Dependencia, pues desde el 31 de agosto, los cuidadores no profesionales deben pagar la cuota de la Seguridad Social, que son 165 euros al mes.

También ha recordado que el Gobierno central ha rebajado en un 15 por ciento las aportaciones a estos cuidadores, por lo que entre esta medida, el pago a la Seguridad Social y las "rebajas ilegales" en las prestaciones que según sus datos lleva haciendo el Gobierno regional desde hace un año, "al final, en vez de cobrar, los cuidadores y dependientes van a tener que pagar a la Junta".

En cambio, ha denunciado que la Junta, en catorce meses, "nunca ha pagado en plazo las prestaciones".

En cuanto a las "rebajas ilegales" en las prestaciones reconocidas, Gómez-Ocaña ha indicado que el Gobierno regional lleva seis meses rebajando ayudas aprobadas con anterioridad, por lo que ha anunciado que "la semana que viene o en quince días", la plataforma planteará la primera denuncia contra el Gobierno regional por "estas actuaciones ilegales".

Gómez-Ocaña también ha lamentado que la Junta ha dejado de contratar a los valoradores que venían analizando la situación de los dependientes y ha denunciado que hay 14.000 expedientes pendientes de terminar. 

Fuente  :  abc.es/agencias/noticia

SEVILLA - LA AYUDA A DOMICILIO PELIGRA

La ayuda a domicilio peligra en Sevilla por las condiciones marcadas por el Ayuntamiento

 

Las condiciones en las que el consistorio hispalense ha sacado a concurso este servicio ponen en peligro la asistencia a los dependientes y las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras.

Por un lado, se ha fragmentado el concurso, lo que hace que se reduzcan los usuarios y pueda haber despidos. 

Además, aumenta el número de dependientes que tiene que atender cada trabajador, y se pone en peligro la calidad del servicio al primar como condición para la adjudicación sólo el precio.

Según ha informado el sindicato provincial de Sanidad de CCOO de Sevilla, el Ayuntamiento de la capital hispalense está poniendo en peligro el futuro de la ayuda a domicilio con las normas del concurso para la adjudicación de este servicio, convocado el pasado 26 de septiembre. 

Las condiciones con las que se pretende cubrir la ayuda a domicilio perjudican tanto a las personas dependientes que demandan este servicio como a los propios trabajadores que ejercen esta profesión.

El Ayuntamiento de Sevilla ha convocado este concurso de forma fragmentada, es decir, que antes se hacía un solo concurso para toda la ciudad y ahora se convocan cinco adjudicaciones separadas. 

A esto se suman las reducciones de usuarios que está teniendo la ayuda a domicilio, debido principalmente a los recortes del Gobierno y a la paralización de las admisiones de personas a estos programas, lo que va a desembocar en bajadas de salarios para los trabajadores e incluso despidos.

Por otro lado, se ha ampliado la ratio de los coordinadores del servicio que antes de este cambio en las normas del concurso debían organizar la asistencia a 130 usuarios y ahora a 175. 

Por su parte, los ayudantes de coordinación pasan de ocuparse de 300 a 400 usuarios.

El criterio para la adjudicación del servicio también cambia. 

Si antes lo más importante para ganar el concurso era el proyecto técnico presentado, ahora la principal razón para la adjudicación es la oferta presentada, es decir, que los servicios de ayuda a domicilio sufrirán un deterioro adicional ya que éste es un servicio que difícilmente se puede abaratar más, porque el número de horas está fijado en el concurso y los salarios predefinidos por el convenio colectivo


Fuente  :  tercerainformacion.es

CANARIAS - 12.344 DEPENDIENTES A LAS PUERTAS DE RECIBIR SU AYUDA

Más de 12.000 dependientes se quedan a las puertas de recibir sus ayudas 

 

De los 24.252 usuarios reconocidos en las Islas, solo 11.908 personas reciben la asistencia por dependencia

 

 


Un total de 12.344 personas en Canarias se quedarán el próximo año a las puertas de obtener la prestación de la Ley de Dependencia, tras el cierre a la financiación de estas ayudas anunciado por el Estado para los próximos Presupuestos de 2013. 

De las 24.252 personas a las que se les ha reconocido como dependientes en las Islas, solo 11.908 se benefician actualmente de las prestaciones que otorga la ley, según el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

De enero de 2011 a septiembre de este año, Canarias ha registrado 39.459 solicitudes apelando a la Ley de Dependencia, de las cuales se han realizado dictámenes sobre 30.256. 

Con una población de más de dos millones de habitantes, el número de personas en lista de espera supera en el Archipiélago al de las que ya están siendo atendidas. 

"Canarias es la comunidad en la que menos personas se atienden por la Ley de Dependencia en relación con su volumen de población: un 0,56%, cuando la media española es de 1,64%. 

Esto significa que en las Islas una persona tiene un tercio de posibilidades menos de ser atendida en dependencia que el resto de España", explica José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.

Ramírez apunta a que una de las vías que utilizará el Estado para ahorrar gastos en dependencia está relacionada con la tasa de reposición.

"Lo que ahora va a ocurrir es que conforme van quedando vacantes en el sistema, esos servicios, en lugar de pasar a aquellas personas que tienen reconocida la dependencia y que están a la espera de ser atendidos, se quedarán sin cubrir para amortizar gastos". 

Prueba de ello, apunta, es que en Canarias se atendió en agosto a 11.926 personas dependientes y en septiembre a 11.908.

Sin embargo, desde la Consejería de Políticas Sociales del Ejecutivo regional se afirma que dichas vacantes se irán cubriendo dando prioridad a los grandes dependientes, es decir, a aquellos usuarios que por su pérdida total de autonomía mental o física necesitan la presencia indispensable y continúa de otra persona. 

"Canarias no cerrará centros y además los garantiza financieramente mediante la firma de convenios de colaboración con cada uno de los cabildos", señalan fuentes de la Consejería, que además añaden que las Islas cuentan con 12.850 plazas para atender a personas en situación de dependencia. 

Para la financiación y mantenimiento de estos recursos, el Gobierno canario destinó en 2012 más de 75,5 millones de euros. 

"A estas plazas hay que sumar otras 3.534, financiadas a través de subvenciones a entidades de carácter social así como a administraciones locales, y a las que el Ejecutivo regional destina más de 6,6 millones de euros", explican desde Políticas Sociales.

Este planteamiento no termina de convencer a la asociación de directores de servicios sociales , para la que "las promesas planteadas por el Gobierno canario en este tema pueden tener buena voluntad pero tienen que demostrarse".

Otros de los cambios que afectará a los que ya se benefician de la Ley de Dependencia es la reducción del 15% que sufrirán en las partidas económicas de cada mes. 

 "Esto supone un recorte medio de 55 euros menos de unas prestaciones económicas que suelen rondar los 400 euros", añade José Manuel Ramírez. 

A ello se suma que el dependiente tendrá que hacerse cargo del pago de la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales, un gasto que hasta ahora asumía el Estado. 

"Durante cinco el Gobierno central ha estado sin pagar las cuotas de la Seguridad Social de estos trabajadores y la subida de 1.034 millones que se realizó en el área de Dependencia en los presupuestos de este año se destinó a saldar esta deuda contraída no a mejorar la Ley", comenta el presidente de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.

Fuente  :   laprovincia.es/canarias

GOBIERNO Y OPOSICIÓN, ENZARZADOS CON LAS CUENTAS DE LA LEY

PRESUPUESTOS

Gobierno y oposición se enzarzan con las cuentas de la ley de la dependencia

 

Mientras Sanidad destaca que ocho de cada diez euros de su presupuesto van destinados a esta partida, PSOE e IU critican un recorte real

 

Los responsables del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad han pasado esta mañana por el Congreso de los Diputados para desgranar los presupuestos del departamento dirigido por Ana Mato, que para 2013 contará con 2.970 millones. 

 

Supone una subida del 28,6% con respecto al ejercicio anterior, como ha subrayado el secretario de Estado de Servicios Sociales, Juan Manuel Moreno. 

 

Sin embargo, si se descuentan las aportaciones a la Seguridad Social, al Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) y las obligaciones de ejercicios anteriores, las cuentas merman un 15,4%. Un descenso al que se ha agarrado la oposición para criticar los presupuestos.

 

 

En la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, Moreno ha señalado que la "consolidación" de la atención a los dependientes se ha convertido en una "política eje" de su departamento; y ha destacado que ocho de cada diez euros del ministerio están destinadas a cubrir las necesidades de las personas dependientes y de los mayores. 

 

Sin embargo, estos más de 2.000 millones se ven cercenados hasta la mitad porque 1.034 millones se destinan a armotizar la deuda contraída con la Seguridad Social "por cuotas sociales pendientes de liquidar de cuidadores no profesionales, que el anterior Gobierno dejó sin pagar y cuyas afectadas son, en su mayoría mujeres", ha señalado el secretario de Estado, quien también ha apuntado que se van a ahorrar unos 200 millones gracias al acuerdo que se llegó con las comunidades autónomas en el Consejo Territorial.

 

Unas cuentas que no han convencido en absoluto a los partidos de la oposición. "No hay racionalización ni austeridad, sino recorte y desmantelamiento. 

 

Dejan un ministerio agónica", ha señalado Gaspar Llamazares, quien ha criticado que algunas partidas se hayan reducido hasta el 30%. "Esta ley de la dependencia se parece más a una ley de beneficencia", ha argumentado. 

 

Por su parte, el socialista Luis Carlos Sahuquillo puesto en duda la capacidad del Gobierno para gestionar los recursos a los dependientes. Y a la memoria presupuestaria ha recurrido. "Dicen que este año habrá 800.000 beneficiados, pero ha presupuestado menos dinero. 

 

Solo para atenderles serían necesarios unos 300 millones más", ha comentado el diputado del PSOE. 

 

En su contestación, el secretario de Estado ha repetido los argumentos que viene espetando el Ministerio de Sanidad desde la llegada de Ana Mato: la ley de la dependencia era una maraña de normas y se incumplían todos los objetivos. 

 

"Si funciona mal ahora era porque antes ya funcionaba mal. Si no, no habría una lista de espera de 300.000 personas", ha apuntado Moreno.

 

 

Violencia de género

 

El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad también ha desgranado otras partidas, como los 114 millones que se destinarán al apoyo del envejecimiento activo y la prevención de la dependencia. 

 

En este apartado, se destinarán 68,2 millones al turismo social y otros 34,2 millones al termalismo social. 

 

En cuanto a las personas con discapacidad, el Gobierno prevé invertir 6,6 millones, con un crédito de 4 millones destinado a promover la autonomía personal, la accesibilidad universal o la erradicación de toda forma de discriminación; a la integración de estas personas en todos los ámbitos de la sociedad. 

 

También se destinarán 1,3 millones a dos programas del Injuve y el Consejo de la Juventud para la contratación de jóvenes desempleados.

En el carrusel de comparecencias, también ha explicado sus cuentas la delegada del Gobierno para la Violencia de Género. 

 

Blanca Hernández ha explicado que en 2013 contará con 22,2 millones de presupuesto para lograr cinco objetivos: la ruptura del silencio, la asistencia personalizada a mujeres y menores, la mejora del conocimiento, la coordinación y trabajo en red y la lucha contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual. 

 

Hernández ha detallado que 16,8 millones (79,3% del total) van a ir destinados "a la atención social integral, con especial referencia a los menores". 

 

De esta manera, ha detallado el programa Atenpro, el servicio telefónico de atención y protección para las víctimas, tendrá una partida de 5,5 millones; los pulseras para garantizar el alejamiento de los maltratadores ascienden a 5,2 millones, una cantidad un poco mayor que el año pasado; y las comunidades recibirán 4 millones. 

 

Fuente  :   elcorreo.com

ANDALUCÍA - DESARROLLO DE LA LEY PESE A OBSTÁCULOS

Junta desarrolla la Ley de Dependencia en Andalucía "gracias a su esfuerzo económico", pese a "obstáculos" del Gobierno

   

   

La Consejería de Salud y Bienestar Social ha aclarado este jueves que la Ley de la Dependencia en Andalucía se está desarrollando "gracias a un esfuerzo económico ímprobo por parte de la Administración autonómica y a la implicación de todos los profesionales que trabajan en este sector, pese a que continuamente se ven obligados a sortear los mil y un obstáculos que el Gobierno de Rajoy está poniendo en el camino".

   De esta manera responde el departamento de María Jesús Montero a las declaraciones realizadas este miércoles por la vicesecretaria de Políticas Sociales y Acción Sectorial del PP-A, Dolores López Gabarro, al asegurar que "Andalucía es la comunidad que más dinero va a recibir para este ámbito", cuando, según señala la Consejería en un comunicado remitido a Europa Press, "con una simple regla de tres se deduce que efectivamente a mayor número de personas beneficiarias, mayor es la necesidad de un presupuesto o inversión, por lo que el Gobierno de España no está regalando ni dando un trato de favor a Andalucía".

   En este sentido, precisa que se trata "de un ejercicio de matemáticas simple, de primaria, ya que nadie entendería que una comunidad uniprovincial obtuviera más dinero que Andalucía". 

Según la Consejería de Salud y Bienestar Social, "esta afirmación solo se puede entender como un reconocimiento implícito a la labor que la comunidad ha venido realizando en esta materia desde la entrada en vigor de la Ley de la Dependencia en el año 2007, lo que la ha convertido en la región que más ha desarrollado este modelo de apoyo y más a trabajado a conciencia en el reconocimiento de este derecho".
   

"El Gobierno del PP, en cambio, está aprovechando la difícil situación económica que atraviesa el país para iniciar una serie de reformas ideológicas que están desmantelando las políticas sociales, como la sanidad y la dependencia", ha rechazado. 

   Así, y sin desvelar aún la partida económica destinada a tal fin para el año próximo, a priori se dedujo en el Consejo Interterritorial celebrado este miércoles que el presupuesto social contempla una reducción del 20 por ciento, "ya que está inflado por partidas para pagar deudas a la Seguridad Social", precisa. 

   "Sí es una realidad, en cambio, que el Gobierno de Rajoy ha eliminado la cotización de las personas cuidadoras a la Seguridad Social, al tiempo que ha incrementado la aportación que los ciudadanos en situación de dependencia tienen que hacer para recibir los cuidados que necesitan", ha resaltado. 

   Además, ha elevado a tres años el tiempo máximo para ser reconocidos como beneficiarios de algunas de las prestaciones que se ofrecen en el ámbito de la Dependencia, según la Junta.


"BAJADA ENCUBIERTA DE PENSIONES"

   Sobre esto, la Consejería de Salud y Bienestar Social destaca que los ciudadanos pensionistas en situación de dependencia "han sufrido, con esta medida, una bajada encubierta de sus pensiones, por lo que habría que impactar esa presunta subida de las pensiones de la que alardea el PP con estas y otras medidas que están haciendo mella en la población más vulnerable, como el copago farmacéutico y de algunos servicios sanitarios".

   Asimismo, la Consejería de Salud y Bienestar Social, según informa, se ve obligada a recordar la disminución actual de la aportación del Gobierno a las políticas sociales, y que ha supuesto solo este año para Andalucía una pérdida de 70 millones de euros.
   
Por este motivo, subraya que son las comunidades las que están sustentando la Dependencia "con enorme dificultad y esfuerzo", dado el contexto económico actual y la falta de liquidez económica a la que está contribuyendo el Gobierno central. 

   Así, lamenta que López Gabarro cite a la ciudad de Sevilla como ejemplo de administración que anticipa dinero ante la falta de transferencia de dinero de la Junta, pues "en los últimos dos años -en 2011 y en el año en curso- la Administración autonómica ha abonado más de 18 millones de euros al Consistorio hispalense para el servicio de Ayuda a Domicilio".

Fuente  :  europapress.es/andalucia/sevilla

CATALUÑA - REDUCCIÓN DEL 16% EN PARTIDA SERVICIOS SOCIALES

Catalunya recibirá 29 millones de euros menos para la ley de dependencia en 2013

 

Cleries acusa al Gobierno español de "deslealtad" con los más desfavorecidos al reducir un 16,61% las partidas de servicios sociales

Catalunya recibirá, en 2013, 29 millones de euros menos a través del mínimo garantizado de la ley de dependencia, según ha explicado en una entrevista a ACN el conseller de Benestar, Josep Lluís Cleries. 

 

Cleries ha revelado que el proyecto de presupuestos del Gobierno español consta una reducción de un 15,54% de la partida presupuestaria destinada al mínimo garantizado, que es lo que se paga por cada Programa Individual de Atención elaborado. 

 

Además, el Fondo Estatal de Inmigración vuelve a quedar en cero y se reducen partidas como la del plan concertado de servicios sociales (39,69% menos) y la de asistencia a víctimas de violencia de género (20%). 

 

En general, el presupuesto destinado a servicios sociales será en 2013 un 16,61%

 

Después de analizar el proyecto de presupuestos que le ha hecho llegar el Ejecutivo estatal, Cleries ha asegurado que son unas cuentas "desleales con las personas, especialmente con los más necesitados". 

El conseller ha revelado que la reducción total de las aportaciones a los servicios sociales que recibe Catalunya es un 16,61% y añadió que lo más preocupante es que "ajustan el que ya estaba ajustado".

Una de las partidas con una reducción más importante vuelve a ser la de la ley de dependencia. 

El año pasado Catalunya dejó de recibir 48 millones de euros como consecuencia de la eliminación del mínimo acordado y para el próximo año el recorte será de 29 millones de euros, pero esta vez de la parte del mínimo garantizado, que es lo que el Estado paga por cada persona que entra al sistema y recibe atención. 

Esto supone una rebaja del 15,54% respecto al 2012.

Cleries ha criticado que el Gobierno español plantea esta reducción "como si ya hubieran cubierto todas las solicitudes" de dependencia y no entraran más personas al sistema, pero ha rebatido que esto no es así y que acabará el año con unas 45.000 nuevas solicitudes.

En términos generales, el conseller ha explicado que la partida estatal para dependencia pasa de los 1.287 millones de euros de 2012 a los 1.083 para 2013 para el conjunto del territorio.

Hasta ahora, la Generalitat ha aportado la diferencia de lo que no ha abonado al Estado para poder continuar desplegando la ley y ofreciendo un servicio o prestación a las personas que tienen derecho. 

Sin embargo, ha alertado de que llegará un momento en que la capacidad del Gobierno "tendrá un límite". Para ejemplificar, el conseller ha dicho que una plaza residencial para un dependiente de grado III tiene un coste de 1.860 euros, de los cuales el usuario aporta 500 euros, el Estado 177 y el resto lo paga la Generalitat.

Para paliar parcialmente esta situación, el conseller había planteado aumentar el copago de los usuarios del 10% al 13%. 

Sobre la posibilidad de ir más allá para afrontar la nueva reducción presupuestaria del Estado, Cleries lo descartó porque consideró que el nivel de ingresos de las personas afectadas también tiene un límite. "No iremos más allá del 13%", aseguró. 

La orden que regula este aumento de copago está parada a la espera de no entrar en contradicción con las medidas que podía tomar el Estado.


Nuevamente sin recursos para la acogida

Por otro lado y por segundo año consecutivo, el Estado deja a cero la partida destinada al fondo de acogida de inmigrantes. 

El conseller ha destacado también la incidencia que esto tiene para Catalunya teniendo en cuenta que el 20% de los inmigrantes empadronados en el Estado viven en Catalunya.

También se reduce la partida del plan concertado de servicios sociales, que es aquella a través de la cual se establecen los contratos programa con los ayuntamientos y los consejos comarcales para la prestación de los servicios sociales básicos. 

Esta partida pasa, según el proyecto estatal, de 6,9 millones de euros para Catalunya en 2012 a 4,2 millones de euros para 2013, lo que supone una rebaja de casi un 40%. 

Por último, Cleries también ha alertado de que el presupuesto para la asistencia integral a mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos se reducirá un 20%.

Estos recortes son para el conseller una muestra de "deslealtad" del Gobierno hacia las personas más necesitadas y le ha acusado de llevar la cohesión social "a un callejón sin salida". 

Cleries ha criticado que el gobierno español no permite a las comunidades flexibilizar los niveles de déficit y que ello conlleva afectaciones al Estado del Bienestar.

Fuente  :   lavanguardia.com/politica

 

SANTA CRUZ - LOS PGE CONDENAN A MUERTE A LA LEY

Trabajadores sociales: los PGE condenan a muerte la ley de Dependencia

El Colegio de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife ha denunciado hoy que los presupuestos elaborados por el Gobierno central para 2013 "condenan a muerte" la ley de Dependencia y dejan sin recursos la atención de prestaciones básicas cuando más las necesitan los ciudadanos.

Por esta razón, los trabajadores sociales exigen en un comunicado que los gobiernos central y autonómico busquen fórmulas para cambiarlos a lo largo del trámite parlamentario para impedir que sigan siendo los más débiles los que paguen la crisis.

Respecto a la ley de Dependencia, el Colegio considera "inadmisible" que la Administración central se limite a aportar sólo el 18 por ciento de su coste en 2013, cuando su aportación debería ser del 50 por ciento.

Esta merma en los dineros destinados a atender la dependencia "deja claramente en papel mojado" a los derechos que estipula la ley, afirman.

Recuerdan al respecto que la consejera autonómica de Cultura, Deportes y Bienestar Social, Inés Rojas, ha asegurado que las partidas asignadas en las cuentas estatales a los servicios sociales del Archipiélago se reducen un 39,8 por ciento lo que ocasionará, entre otras muchas carencia del servicios público de servicios sociales, que no se tramitará "ni una sola alta más" en el sistema de dependencia.

El Colegio provincial de Trabajo Social recuerda que en la actualidad más de 270.000 canarios tienen ya reconocidos sus derechos como dependientes y están en espera de recibir la prestación o servicio, por lo que exige que se dé respuesta a estos ciudadanos cuyo derecho no puede desaparecer por el recorte presupuestario.

Asimismo denuncia "el inexplicable recorte" del 40 por ciento en la partida destinada a financiar los servicios sociales que prestan los ayuntamientos y recuerda que son precisamente los servicios municipales los que atienden a la población más necesitada, la que ya no puede pagar el recibo de la luz, el agua, a los que ya no perciben prestaciones por desempleo y necesita ayuda para cubrir necesidades básicas como alimentos y ropa.

Los trabajadores sociales insisten en que las corporaciones locales ya están desbordados por el incremento del número de ciudadanos a los que la crisis ha llevado a la pobreza y que menguar la cuantía que se asigna a los ayuntamientos "supone condenar a miles de canarios a la marginalidad y la mendicidad".

Asimismo, advierte de que en una situación de emergencia social, la reducción de financiación para prestaciones que permiten sobrevivir a los más débiles y a los más perjudicados por la crisis no puede justificarse bajo ningún concepto, por lo que este recorte presupuestario deja a expensas de la caridad a miles de ciudadanos. 

Fuente :  abc.es/agencias/noticia

"LA MUERTE DEL SISTEMA"

El sector de la dependencia vaticina "la muerte del sistema" tras el tijeretazo en los presupuestos

 

Así lo ha señalado el presidente de la FED, José Alberto Echeverría, para incidir en que el recorte es "de todo punto impresentable", supone "auténticamente la puntilla, la muerte de la Ley de Dependencia" e implica que "tanto empresas como particulares lo van a pasar muy mal".

La Federación de Empresas de la Dependencia (FED) --patronal mayoritaria en el sector-- y la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales (DYGSS) consideran que la partida prevista en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para la financiación del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD), que reduce en 200 millones la dotación del nivel mínimo, supondrá de facto "la muerte del sistema".

Así lo ha señalado el presidente de la FED, José Alberto Echeverría, para incidir en que el recorte es "de todo punto impresentable", supone "auténticamente la puntilla, la muerte de la Ley de Dependencia" e implica que "tanto empresas como particulares lo van a pasar muy mal" porque es un sector de 5.000 compañías que da trabajo a 300.000 empleados y atiende a un millón de ciudadanos.

"Se está vendiendo que ha aumentado el presupuesto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en un 28% cuando la realidad es que se ha reducido para dependencia y sanidad en un 22,2%, que se suma a lo ya recortado para este año", ha denunciado.

Según ha dicho, sea "por mala planificación, mala financiación, por no haber aportado lo que se debía o por lo que sea", el caso es que la norma se muere y "lo van a pagar los ciudadanos que, teniendo un derecho, no lo van a percibir; y las empresas, que están ofreciendo un servicio por debajo del coste, que no lo van a cobrar".

El presidente de la FED dice entender "cada día menos" lo que el Gobierno está haciendo con este sector, "que tiene oferta, demanda, crea empleo y genera retornos positivos". "Sin embargo, todas, absolutamente todas las administraciones públicas prefieren apostar por sectores sin demanda como el del automóvil y a nosotros, que podríamos ser el motor de crecimiento el año que viene nos están hundiendo", ha asegurado.

Por su parte, el presidente de la asociación de DYGSS, José Manuel Ramírez, habla de "demolición controlada de la Ley de Dependencia" en forma dereducción del número de beneficiarios y de la calidad en intensidad de las atenciones; con un predominio de "la abaratada prestación de cuidadores familiares" y con "graves consecuencias" directas por la mayor destrucción de empleo que ocasiona el "desmantelamiento" de la red de centros y servicios.

La organización denuncia el recorte de 200 millones de euros en las transferencias a las comunidades autónomas en el nivel mínimo de protección, que pasa de 1,28 millones en 2012 a 1,08. Según explican, esto supondrá que en términos generales la aportación de la AGE al sistema alcance el 18% del total, de forma que los gobiernos regionales deban aportar el 68% y las personas atendidas el 14%.


"La política del actual Gobierno respecto a la atención a la dependencia ha sido recortar para destruir. La imposibilidad financiera para las comunidades autónomas de poner servicios a disposición de las personas dependientes abocará a las mismas a optar por las ya ridículas ayudas económicas para cuidados en el hogar, forzará a muchas personas cuidadoras (mujeres) a la exclusión laboral, desmantelará las redes de servicios públicos y una buena parte del tejido empresarial del sector y destruirá decenas miles de empleos: los de ahora y los del futuro", aseguran.

Los DYGSS recuerdan que el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado incluye una partida de 1.034 millones de euros que Sanidad habrá de transferir a la Seguridad Social para saldar la deuda de las cotizaciones de los familiares cuidadores, lo que "genera el espejismo de un aumento del gasto en dependencia, que es irreal y del que no disfrutarán las personas dependientes".


"Según nuestras estimaciones, sólo para atender en 2013 a las personas incorporadas actualmente en el sistema se necesitaría sumar unos 300 millones a la cifra presupuestada. El ministerio estima en su memoria que en 2013 el número de dependientes atendidos crecería hasta los 850.000. De ser así, se necesitarían otros 200 millones más, de lo que deducimos, bien una mala técnica presupuestaria; bien el triste preludio de nuevos recortes", explica Ramírez.

El CERMI: "Tendrá consecuencias electorales"

 

Por su parte, el presidente del Comité Español de Representantes de personas con discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, ha afirmado que el Gobierno "se equivoca profundamente al no atender a las personas con discapacidad" en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y ha advertido de que esto le traerá "consecuencias electorales". 

"España tiene la obligación moral, política y jurídica de dar una explicación a las personas con discapacidad y sus familias, que son las que más necesidades tienen", ha afirmado Pérez Bueno sobre los presupuestos, al tiempo que ha cuestionado que el Gobierno no sacrifique cosas "más superfluas" y recorte, en cambio, en el sistema de protección social que atiende a un colectivo con "enormes necesidades de apoyo".

Asimismo, ha sostenido que la reducción del presupuesto para discapacidad y dependencia "no va a resolver a Montoro sus cuentas públicas y su fiscalización por parte de Bruselas". En su opinión, "hace un gran daño social, que es casi irreparable". 

"Nos encontramos en una situación catastrófica, en emergencia y de guerra", ha asegurado para referirse a la actual situación del movimiento asociativo de la discapacidad como consecuencia de los recortes y la crisis. 

Según el presidente del CERMI, las asociaciones de la discapacidad no sólo reivindican y presionan para tener mejores leyes y mejores presupuestos, "sino queprestan y gestionan miles de servicios, al mismo tiempo que atienden dispositivos básicos que aseguren un mínimo de dignidad".

En esta línea, ha asegurado que el movimiento asociativo "está en peligro" porque las subvenciones no llegan, incluso aquéllas que ya están aprobadas. 

"Está en peligro la atención a todos los niveles de miles de personas con discapacidad y sus familias" y eso es, a su juicio, "muy grave" porque lo que se ha avanzado en estas últimas décadas "puede verse arruinado y verse caer en un abismo".

Asimismo, ha hecho referencia a la necesidad de que las entidades sociales de se movilicen antes esta "situación de emergencia" con su presencia en redes sociales, en la calle, en el diálogo con los políticos, en los medios de comunicación.

"La discapacidad viene de un déficit estructural y sistemático de la ciudadanía, ya que estamos condenados a no poder hacer, ser o elegir lo que nos hemos propuesto, en igualdad que el resto de los ciudadanos que no tienen una discapacidad", ha indicado. Además, ha denunciado que esta situación condiciona el empleo, la asistencia sanitaria, la educación y los derechos humanos básicos del colectivo de la discapacidad.

Por último, ha exigido al Ejecutivo que repare la "deuda histórica" con las entidades en términos económicos y, al mismo tiempo, adopte otras medidas que pueden ayudar a salir a las personas con discapacidad de esa situación de "exclusión de no normalidad cívica y ciudadana" en la que se encuentran.

Fuente  :   kaosenlared.net/component

ANDALUCÍA - LA DEPENDENCIA ENTRA EN LA UCI

La dependencia entra en la UCI

Los beneficiarios de la ley caen en septiembre a números de enero, iniciándose un declive que se agudizará en los próximos meses · 

Los recortes presupuestarios del Gobierno y la apatía de la Junta condenan al sistema.

En estado reservado. 

 

Esté es el pronóstico que administraciones, instituciones y agentes sociales y económicos del sector dan a ley de dependencia. 

 

Los recortes presupuestarios del Gobierno central y la apatía de la Junta de Andalucía, que no reacciona ni jurídica ni económicamente a diferencia de otros ámbitos, auguran una evolución crítica. Las ayudas se seguirán otorgando, pero en menor cuantía y calidad. Las prestaciones económicas (recortadas) prevalecerán sobre los servicios. 

 

Cinco años después del inicio de la ley, la crisis comienza a demoler lo que fue denominado como el cuarto pilar del Estado de bienestar.

Septiembre supone un punto de inflexión, la grieta que descubre el impacto. Los beneficiarios de las ayudas han descendido a niveles de enero. No existe tasa de reposición, es decir, los que fallecen no son sustituidos por nuevos dependientes, pese a la cuantiosa lista de espera de personas que tienen reconocido el derecho y aún no perciben la ayuda; éstos pertenecen al limbo de la dependencia.

En la comunidad, a 1 de septiembre, 258.198 andaluces tienen reconocido el derecho, de los 381.757 a los que los técnicos ya han valorado y dado un dictamen. De ellos, sólo 194.794 reciben una ayuda. El número es similar que a principios de año (194.877) y 1.200 menos que en junio.

¿Está el sistema en coma? José Luis Rocha, secretario general de Calidad y Modernización de la Consejería de Salud y Bienestar Social, admite una "ralentización" en la tramitación de ayudas por el "shock administrativo" que atribuye a los cambios normativos aprobados por el Gobierno desde diciembre. 

 

Reconoce otros factores "internos", provocados por el cambio de competencias tras las elecciones andaluzas, la tardanza en la elección de delegados provinciales o el verano para explicar lo que funcionarios de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia describen como un "atasco": los técnicos aprueban los PIA (Programas Individuales de Atención), pero éstos no pasan de las delegaciones provinciales. Los expedientes se guardan en un cajón. No entran dependientes nuevos desde hace meses. No hay dinero.

Rocha confía en que se normalice la situación, pero advierte: lo que viene no es favorable. El responsable en la Junta no sólo no prevé una recuperación, sino que espera una caída progresiva en el número de dependientes atendidos. "Estos números que vemos ahora irán disminuyendo, sin duda", repasa los últimos datos publicados por el Imserso.

¿Motivos? Como todo en la actualidad, de índole económico. En Andalucía la aplicación de esta ley en los últimos años rebasó de largo los mil millones de euros. La aportación del Gobierno apenas llegó a un tercio. El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha recortado en los fondos destinados a las comunidades sobre un 20% y a los usuarios (recorte de un 15% en la paga económica, baja en las cotizaciones a la Seguridad Social, incompatibilidad de tener más de una prestación,...).

La Junta, anuncia Rocha, no tiene intención de paliar esta merma, de sufragar casi en exclusiva la aplicación de la ley. No es cuestión única de Salud; no hay hasta el momento apuesta política de la Junta, pese a que la dependencia fue uno de los estandartes en campaña de los actuales dirigentes, la raya roja de las políticas sociales. Así que la consigna es mantenerse, sobrevivir, ya con eso sería un "milagro".

"No podemos, estamos atados de pies y manos, tenemos un objetivo de déficit que cumplir", subraya Rocha. Ahora toca la supervivencia a la espera de una reanimación sin fecha.

Las políticas de dependencia las gestiona la Consejería de Salud tras la desaparición de Igualdad y Bienestar Social. El objetivo de los nuevos gestores es implantar el modelo del Servicio Andaluz de Salud (SAS). 

 

Hablan de revisión y planificación, de "evaluación de la calidad", benchmarking (comparación y clasificación de los servicios) o "eliminación de la variabilidad", conceptos populares en la gestión sanitaria y que pasarían por aumentar la "eficiencia" para reducir los costes.

Habrá decisiones polémicas, sobre todo, por lo que respecta a los gestores de las residencias y centros concertados. "El coste-plaza con las aportaciones actuales es inviable. Van a tener que hacer ajustes muy notables", avanza Rocha.

Se mantiene la filosofía de la Junta de no "institucionalizar" a los dependientes ingresándolos en centros. "Hay pocos dependientes en residencias e intentaremos que sean menos", subraya Rocha.

¿Alternativa? Preferentemente, la prestación económica, la paga (entre 500 y 300 euros al mes). 

 

 Sin los complejos de los anteriores gestores, que pese a la mirada de soslayo la convirtieron en la ayuda favorita (110.841 de los 194.794 beneficiarios, el 56,9%), Rocha desafía a debatir por qué no es una opción adecuada, e incluso sugiere que presiones de las residencias provocaron que la paga se recogiese en la ley como una ayuda "excepcional".

El espíritu de la norma fue que los familiares (el 95%, mujeres) no fuesen dependientes del dependiente y, si no había posibilidad de darle un servicio (ayuda a domicilio, residencias, centros de día,..), tuviesen una paga cotizando a la Seguridad Social. 

 

Las administraciones se abonaron a esta fórmula cómoda y barata, aunque la fórmula tampoco desembocó en la agilidad de un sistema que se ha caracterizado por amplias demoras desde la solicitud de la ayuda.

La paga por lo tanto tomará carta de naturaleza en un nuevo modelo, de supervivencia, para un paciente maltrecho, con problemas de inanición presupuestaria y en riesgo de colapso.

 

Fuente  :  diariodesevilla.es/article/andalucia