CANTABRIA - PUBLICADOS NUEVOS PRECIOS PÚBLICOS RESIDENCIAS MAYORES

Publicados los nuevos precios públicos residencias de mayores y centros de dependencia, que bajan entre un 5,7 y un 3%

La nueva regulación supone una reducción media del 5 por ciento en la cantidad que la Administración paga a los centros

 

 

La nueva regulación supone una reducción media del 5 por ciento en la cantidad que la Administración paga a los centros
Los precios públicos para las residencias de mayores y los centros de día disminuirán un 5,7 por ciento de media, y para los centros de día vinculados a residencia experimentarán una reducción del 8,5, dado que su margen de viabilidad es mayor.

En el caso de los centros de dependencia que atienden a personas con discapacidad, el descenso del precio público será en torno al 3 por ciento.

Así figura en la orden que ha publicado este viernes la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, que fija los precios públicos de las prestaciones y servicios destinados a la atención de personas en situación de dependencia. Supone una reducción media del 5 por ciento en la cantidad que la administración paga a los centros de titularidad pública o privada concertada y tiene como objetivo fundamental hacer viable el servicio público de protección social.

Además, supone el que, por primera vez, se establezcan los precios por disposición normativa, ya que hasta ahora cada concierto establecía el suyo, y permite unificarlos para centros de las mismas características y que prestan los mismos servicios, esencial para homogeneizar, poner orden y ganar en equidad.

Según ha informado el Gobierno, esta medida, incluida dentro del Plan de Garantía de los Servicios Básicos, ha sido comunicada y debatida con el sector durante los últimos meses, en el marco de un grupo de trabajo específico formado por representantes del ICASS y de los centros.

La Administración ha recordado que la actualización de los precios públicos se concibe como una medida coyuntural que será revertida tan pronto como la situación económica y de las finanzas públicas lo permita. No obstante, en este momento se considera "fundamental" para poder garantizar la sostenibilidad del sistema público de protección social.

De hecho, se estima que en 2012 el déficit de financiación para el pago de estancias concertadas, sin concertar una sola plaza más, superaría los 10 millones de euros.
 

SERVICIOS Y PRESTACIONES 

La orden publicada este viernes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) determina, en concreto, el precio por día de los servicios de prestación económica vinculada al transporte, ayuda a domicilio y comida a domicilio, en el caso de personas mayores y de personas con discapacidad.

Además, concreta el precio por plaza y día en centros de día independientes, centros de día integrados en la estructura de otro centro asistencial y en residencias 24 horas, diferenciando en éste caso el precio en función de si la persona tiene una dependencia moderada, severa o gran dependencia.

En el caso de los servicios para personas con discapacidad, el ICASS ha fijado el precio público para las residencias 24 horas que atienden a discapacitados intelectuales, las que atienden enfermedades mentales, y las que prestan atención a personas discapacitadas físicas y/o cuidados de alta intensidad.

Igualmente, queda determinado el precio público para las residencias de atención básica a personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, a personas con discapacidad física y a centros de día para discapacitados intelectuales, para discapacitados físicos con cuidados de alta intensidad y en centros ocupacionales para discapacidades intelectuales o enfermedades mentales.

Los centros de rehabilitación psicosocial, viviendas tuteladas, alojamientos supervisados y centros de noche son otros servicios que se acogerán a los nuevos precios públicos.

Antes de adoptar esta medida, se ha constatado mediante un análisis económico financiero que existe margen de beneficio suficiente para que la reducción del precio de las estancias concertadas no ponga en riesgo la viabilidad del centro o de la explotación de la actividad y tampoco suponga una merma de calidad.

Se ha estrechado el margen de beneficio de las empresas, con un "impacto cero" sobre los usuarios, porque la regulación de los precios públicos no supone recortar ninguna ayuda, ha destacado el Ejecutivo.

La vicepresidenta y consejera de Sanidad y Servicios Sociales, María José Sáenz de Buruaga, ha subrayado que el Gobierno "tenía que actuar y elegir y lo ha hecho, descartando aumentar el copago a las personas dependientes".

Sáenz de Buruaga ha puesto en valor y agradecido el "altísimo nivel de responsabilidad" que han demostrado los representantes de las entidades afectadas, conscientes de que este es un momento en el que toca sumar esfuerzos.

Fuente  :  que.es/cantabria

MURCIA - PP: "LA LEY ES DEFICIENTE Y ESTÁ MAL ESTRUCTURADA"

PP dice Ley de Dependencia es "deficiente y está mal estructurada"

El diputado del PP Víctor Manuel Martínez ha señalado hoy la necesidad de modificar el sistema de ayudas de la ley de Dependencia porque, ha apuntado, el sistema actual "tiene serias deficiencias, está mal estructurado, mal financiado y mal planificado".

El diputado ha hecho estas declaraciones durante su intervención en el pleno en el que se ha aprobado, solo con el apoyo del PP, con mayoría absoluta en la Cámara, la Ley de Medidas Tributarias, Económicas, Sociales y Administrativas de la Región de Murcia.

Martínez ha insistido en la idea de que "ser dependiente no significa ser pobre", por lo que ha defendido que se introduzcan en las ayudas a este sector "medidas de progresividad" como las que plantea la norma para que los dependientes con rentas altas costeen su atención en residencias y centros de día o reduzcan las ayudas que reciben de la administración pública.

Según ha indicado, la previsión de personas que se podrían acoger a la ley hasta 2015 era de 1,1 millones de personas, pero a día de hoy el número de dependientes supera los 1,6 millones.

También hay un desajuste en cuanto a la financiación de la norma, que tenía un coste previsto de 4.700 millones de euros para el periodo 2007-2015, pero los costes superan ya los 7.400 millones de euros.

En cuanto a las tasas que incluye la norma, Martínez ha ironizado con las críticas de la oposición sobre que el PP "perjudica a los más necesitados", y ha recordado que estas tasas gravarán a los promotores inmobiliarios, a los propietarios de embarcaciones y a un reducido grupo de empresas de control medioambiental.

Además, ha considerado que los "desequilibrios económicos no se solucionan atiborrando a los ciudadanos con impuestos, que lastrarían la recuperación económica y no compensarían la merma recaudatoria de los últimos años".

El diputado del PSOE Alfonso Navarro ha lamentado que con esta norma es está "enmendado una vez más en los últimos seis meses el presupuesto regional planteado en diciembre", y ha expresado su temor a que esta reforma "no sea la última".

Navarro ha centrado sus críticas en los recortes planteados a la ley de Dependencia, a través de los que los dependientes tendrán que costear en mayor proporción servicios como la atención en residencias y centros de día, y ha lamentado que las plazas en estos últimos se hagan incompatibles con las ayudas económicas para los cuidados en el domicilio.

Mientras se producen grandes recortes en la partida presupuestaria para esta norma, ha lamentado, los ajustes en la administración son "meramente cosméticos".

Además, ha denunciado la "renuncia expresa a una mayor recaudación de los que más pueden" aplicando nuevos impuestos, como los de patrimonio, sucesiones y donaciones, depósitos bancarios o grandes superficies comerciales, entre otros.

En el mismo sentido, ha abogado por llevar a cabo una lucha efectiva contra el fraude fiscal, y ha insistido en que el rechazo del PP a las enmiendas socialistas en este sentido "ratifica su posición de recortar en todos los sectores sin buscar otras alternativas y soluciones".

De manera similar se ha manifestado el diputado de IU, José Antonio Pujante, que ha asegurado que con la aprobación de esta norma no se cumplirá con el objetivo de déficit ya que "todas las medidas de recorte en contextos de crisis se han demostrado incorrectas".

El diputado ha defendido que la actual "es una crisis fiscal, de ingresos, y no de gastos". "Se debe gastar mejor y adoptar medidas de austeridad, pero hay que garantizar más ingresos a la hacienda pública, ya que los ingresos fiscales de España están por debajo de la media europea, mientras que el fraude fiscal duplica al europeo", ha apuntado.

Además, ha reivindicado el pago de la denominada deuda histórica y ha asegurado que la aportación del estado de esa deuda en un plazo de diez años haría "innecesarios todos los recortes" que se están planteando actualmente.

También ha apostado por la creación de una banca pública regional que ayude a garantizar el crédito a las empresas para impulsar la creación de empleo y la reactivación económica.

Fuente  :  finanzas.com/noticias/economia

ÁRTICULO DE OPINIÓN - CAMBIOS EN DEPENDENCIA

Cambios en dependencia

José Ramón Amor Pan

No seré yo quien contradiga a Ana Mato cuando afirma que es necesaria la reforma de la ley de dependencia; una norma que, según la ministra, «se hizo sin prever sus consecuencias, de manera precipitada y un poco demagógica». 

Lo mismo consideraba alguno de los fontaneros que estuvieron tras el texto; y avisaron, sin éxito, a Jesús Caldera, a la sazón ministro del ramo. 

Para muestra, un botón: el Libro blanco de la dependencia, sobre el que se elaboró la ley, para el 2015 preveía un total de 1.373.248 personas dependientes en los tres grados de dependencia; el 1 de mayo último ya había reconocidas 1.516.324 personas dependientes solo en los dos grados actualmente con derecho a prestación, de las cuales recibían efectivamente la prestación 1.033.776. 

¿Y qué me dicen de los famosos coches del vicepresidente Anxo Quintana con el eslogan «in?dependencia»? (sí, el mismo señor que ahora anda por Brasil gestionando fondos de inversión de su familia).

Ahora bien, habría que recordarle a Ana Mato que el PP apoyó con su voto esta ley? Y le digo también que un desayuno informativo no es el mejor sitio para hacer afirmaciones tan serias (¿para qué queremos el Parlamento?). 

Tampoco julio y un real decreto me parecen ni el momento ni la forma para reformar un texto normativo en el que tantos españoles -fiándose de sus políticos- habían puesto sus confianzas. Creo que el asunto bien merece otras maneras.

Fuente  :  lavozdegalicia.es/noticia/opinion

"DE NO HACER REFORMA EN LA LEY, SERÁ INVIABLE"

Mato: "Si seguimos como ahora, será absolutamente inviable la Ley de Dependencia"

 

 

   La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha justificado  la reforma de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia que ha emprendido su departamento al afirmar que, de no hacerlo, será "absolutamente insostenible". "Si seguimos como hasta ahora, sería absolutamente inviable", ha asegurado.

   En un desayuno informativo con Europa Press, Mato ha insistido en la necesidad de emprender modificaciones, si bien no ha concretado si los cambios pasarán por dejar fuera del sistema a los dependientes menos graves, es decir, los diagnosticados como moderados o severos, aunque ha avanzado que la norma será sometida a un "plan de racionalización" para "garantizar la atención" que los dependientes "se merecen".

   Para la responsable de Sanidad, la norma "se hizo sin prever sus consecuencias, de manera precipitada y un poco demagógica", sin someterla a evaluaciones periódicas para conocer su desarrollo. Esto ha provocado, en su opinión, desviaciones como las diferencias en los servicios que prestan las comunidades autónomas o que los cuidados no profesionales, inicialmente previstos como una excepción, se hayan convertido en norma.

   "No está financieramente presupuestada, las comunidades autónomas no llegan, hay criterios distintos en cada una, las prestaciones son diferentes (...). Vamos a trabajar y buscar una fórmula para mantener su viabilidad, que en ningún caso pasa por dejar de prestar una magnifica atención a los dependientes sino por garantizar la sostenibilidad del sistema", ha añadido.

   Tal y como adelantó Europa Press, el Ministerio de Sanidad ha emprendido una serie de reuniones a "distintos niveles" con las comunidades autónomas para pactar una reforma de la Ley de Dependencia que se someterá a su consideración en el Consejo Territorial del ramo que tendrá lugar a principios de julio. El objetivo del departamento de Ana Mato es que la modificación se apruebe por Real Decreto ese mes, en el segundo Consejo de Ministros.

 Fuente  :  europapress.es/sociedad/noticia

EN DOS SEMANAS SE PRESENTARÁ LA REFORMA DE LA LEY

Será parte integrante del pacto sociosanitario

Mato confirma en el Congreso que en dos semanas presentará la reforma de la Ley de Dependencia

 

 

 

   La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha confirmado en el Congreso de los Diputados que, previsiblemente, presentará en un par de semanas la reforma de la Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, en el seno del Consejo Territorial de Dependencia.

   Así lo ha indicado la titular de Sanidad y Servicios Sociales en la Cámara Baja, en respuesta a una interpelación formulada por el portavoz de CiU en la materia, Carles Campuzano, asegurando que dicha modificación garantizará la sostenibilidad y la equidad del sistema de atención a la dependencia.

   "Las diferencias en la valoración, en el acceso, en la financiación y en la gestión, nos obligan a articular una reforma que logre una aplicación más coordinada en todo el territorio, con criterios comunes, que garantice la sostenibilidad de la dependencia y que permita seguir adelante a la hora de atender a estas personas con calidad", ha señalado.

   Mato ha defendido también que esta reforma se planteará ante el Consejo Territorial de Dependencia porque considera que debe ser una modificación normativa que tiene que estar compartida por "gran parte" de las comunidades autónomas, además de que formará parte del pacto sociosanitario sobre el que está trabajando el Ejecutivo en estos momentos.

   Con ello ha dicho que el Gobierno tiene sobre la mesa un acuerdo de reforma sanitaria que conseguirá ahorros, que va a permitir el mantenimiento de la calidad de la Sanidad en todas las comunidades autónomas, a la vez que espera lograr lo mismo con las comunidades en este aspecto social.

PROYECTO DE LEY DE SERVICIOS BÁSICOS CIUDADANOS

 

   "En base a esos dos grandes acuerdos traeremos a la Cámara un proyecto de ley de servicios básicos para los ciudadanos que será el punto clave de un pacto sociosanitario para España", ha insistido, al mismo tiempo que ha reiterado que se trata de reforzar la cohesión territorial, garantizar la igualdad de derechos de personas y apostar por la eficiencia en el uso de los recursos económicos de la dependencia y, buscando el máximo consenso posible con las comunidades autónomas.

   Entre otros aspectos, se ha comprometido a revisar y simplificar el procedimiento de valoración del Sistema de Dependencia, del que dice que es diferente según la comunidad autónoma, así como a adecuar la cartera de servicios para que el sistema dé la misma respuesta a la atención a los dependientes sea cual sea la comunidad, a establecer mecanismos que garanticen el cumplimiento de las condiciones para que los cuidadores familiares puedan atender si quieren a sus dependientes.

   Por otro lado, ha señalado que el espíritu de la ley de Dependencia incluía la creación de los puestos de trabajo y, lejos de crearse empleo en el sector en 2011, se han producido más de 8.300 bajas en la filiación de la Seguridad Social de profesionales de servicios sociales. Al mismo tiempo, ha puntualizado que en los cinco años de aplicación de la ley, el 63 por ciento de las altas han correspondido a cuidadores familiares.
  
Mientras, Carles Campuzano ha mantenido una visión "crítica" con la evolución en estos cinco años de la Ley de Dependencia, a la vez que ha criticado que el Gobierno del PP decidiera el pasado 30 de diciembre paralizar la entrada de nuevos dependientes al sistema.

 "Las dificultades de su aplicación se derivan de la burocracia, además de la invasión competencial que ésta supone. La Ley contemplaba un mecanismo de financiación que iba a ahogar a las comunidades autónomas y obligarlas a reducir otros gastos sociales", ha agregado.

   El diputado de CiU ha incidido en que esa misma fórmula de financiación ha debilitado el contrapunto de esta política en términos de generación de ocupación. "La Ley ha quedado lejos de las expectativas que había generado en materia de empleo y que no está sirviendo para resolver las necesidades de los dependientes", ha alarmado.

   Igualmente, ha advertido de que todas las medidas que se están emprendiendo están afectando al sector, que está "altamente preocupado que no están resolviendo la situación de las comunidades autónomas en la materia. "Hay que ser capaces de tener una política que responda a medio y largo plazo en este campo", ha solicitado a la ministra, ya que considera que esta normativa "era una buena oportunidad" para fomentar la vida de las personas dependientes.

   Como ya adelantó Europa Press, el Gobierno ha iniciado esta semana reuniones a distintos niveles con las comunidades autónomas para estudiar el modo de reformar la ley a fin de "priorizar la atención a los más dependientes" frente a los leves, ya que "más del 50%" de las personas en lista de espera son de los citados grados II y III .

   En un documento, el departamento de Mato expone seis razones por las que se proponen mejoras de la normativa actual, entre las que destaca el "desfase" entre las previsiones iniciales de la norma y sus resultados al cabo de un lustro, con 326.000 dependientes más de los previstos, y 2.700 millones más de coste sobre los presupuestados en 2007.

LOS RECORTES LOS EMPEZARON LOS SOCIALISTAS

 

   En la sesión de control al Gobierno de este miércoles, la ministra de Sanidad ha tenido que hacer frente a otra pregunta de la portavoz de Servicios Sociales del PSOE, Rosa Aguilar, sobre el desmantelamiento al sistema de Dependencia y en el que Mato ha insistido en que los recortes los inició el Gobierno del PSOE.
  
De hecho, ha insistido en que el desmantelamiento del sistema de Dependencia lo inició el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y ha afirmado que este Ejecutivo trabaja por reformarlo para garantizar la sostenibilidad de los dependientes.

   Así las cosas, ha advertido a la socialista de que desde la puesta en marcha de la ley comenzaron los problemas y "los recortes" en la materia. "Fue un auténtico caos su puesta en marcha y no pasó mucho tiempo hasta que empezaron los recortes y muchas personas que quisieron acogerse a las prestaciones fallecieron antes de recibirlas", ha agregado, además de señalar que también se complicaron los accesos al sistema.

   Rosa Aguilar, por su parte, ha reprochado a Mato que es "una vergüenza política" lo que está haciendo este Ejecutivo con la normativa, al recortar y negar el acceso a colectivos dependientes. "Ustedes lo que quieren es el repago y hacer un negocio privado", ha sentenciado.

 Fuente  :  europapress.es

REFORMA DE LA LEY

La ley de Dependencia se reformará este mes para proteger al gran dependiente y evitar fraudes

• El secretario de Estado dice en RNE que hay que hacerla sostenible
• Afirma que el Gobierno quiere que se mantengan estas políticas
• Pide la implicación de las empresas porque, dice, "no hay recursos"
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En días como hoy - Moreno adelanta que la reforma de la ley de dependencia se anunciará en una semana

 

Juan Manuel Moreno, secretario de Estado de Política Social e Igualdad, ha avanzado en 'En días como hoy' que están revisando la ley de Dependecia y que se reformará problamente en la siguiente semana, en busca de hacer sostenible un servicio social en el que afirma "el Gobierno cree y quiere mantener".

Moreno ha recordado que la normativa vio la luz con el apoyo de todos los partidos, pero cree que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero lo aplicó con "una gran imprevisión" hace cinco años y que se ha demostrado que se hizo sin financiación.

El secretario de Estado tratará la reforma con las comunidades autónomas, verdaderas responsables de la aplicación, para buscar una homogeinización de la cobertura y que se cumplan con los pagos, algo que el alto cargo ha reconocido ahora no se está haciendo.

Sostenibilidad y transparencia ha destacado como guías de la reforma, en la que se prioirizará el apoyo a los grandes dependientes, "a los que son dependientes 24 horas" y se tratará de combatir "bolsas de fraude".

 

Racionalización del gasto y lucha contra el fraude

Moreno ha denunciado que se dan situaciones de figurar como cuidadores personas que viven a 400 kilómetros del dependiente.

También ha querido destacar la necesidad de racionalización del gasto y ha puesto como ejemplo el casos de familias con rentas superiores a 100.000 e incluso 300.000 euros que reciben la ayuda, "algo que no tiene sentido".

El dirigente popular apuesta por la participación de la empresa privada, algo que, ha dicho, redundará en su Responsabilidad Social Corporativa y en la ayuda a la sociedad.

Moreno ha afirmado que el gobierno quiere apoyar a las personas dependiente, aunque reconoce que hay menos fondos y una mayor demanda.

El número dos del ministerio de Sanidad y Política Social aboga también por una mayor profesionalización de los cuidadores, porque asegura que los fondos va a parar a familiares y que en algunos casos se conoce ya como "paguilla".

Cree que la profesionalización generaría empleo, un mayor seguimiento del servicio, e incluso saber cuantos dependientes hay, una población que ha afirmado con los datos del IMSERSO "no sabemos cuantos son".

Fuente  :  rtve.es/noticias

REFORMA EN LA LEY

QUIERE LLEVARLA AL SEGUNDO CONSEJO DE MINISTROS DE JULIO

 

El Gobierno inicia esta semana la reforma de la Ley de Dependencia para "priorizar a los más dependientes"

Avisa de que las comunidades autónomas que más fondos han recibido del Estado no son las que mejor han atendido a sus dependientes

   El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad iniciará esta semana una reforma de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia siguiendo un argumentario según el cual, el sistema es ineficaz y hay que modificarlo para, entre otras medidas "priorizar la atención a los más dependientes". 

La intención es que el texto de la nueva ley llegue al Consejo de Ministros la segunda semana de julio, tras pasar por la Consejo Territorial del ramo --CC.AA y ministerio--, a primeros de mes. 

   El documento para la "reforma del Sistema de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia", al que ha tenido acceso Europa Press, expone seis razones por las que "se proponen mejoras" y que serán trasladadas a los responsables autonómicos en la materia en una serie de reuniones "a distinto nivel" que arrancarán esta semana, según fuentes de este departamento.  
 
 No serán los primeros encuentros sobre este asunto, ya que el pasado mes de mayo se produjo una reunión de directores generales del ramo en la que se expuso la necesidad de reformas, especialmente por problemas de financiación. En aquel encuentro, según fuentes consultadas por Europa Press, se llegó a poner sobre la mesa la posibilidad de reducir la atención a los casos más graves, es decir, los Grandes Dependientes (Grado III) y los Severos (Grado II).

   Esta cuestión aparece en el quinto punto del argumentario oficial, donde el departamento que dirige Ana Mato afirma que "debe priorizarse la atención de los más dependientes", ya que "es un principio recogido en la Ley de Dependencia" y "más del 50%" de las personas en lista de espera son de los citados grados II y III. Hasta ahora, la única medida que ha adoptado el Ejecutivo en este sentido ha sido posponer a 2014 la incorporación de nuevos dependientes moderados (Grado I) al sistema.

   En cuanto a la atención, Sanidad argumenta que si bien los cuidados en el entorno familiar, es decir, los no profesionales, eran la excepción, estos "se ha convertido en la regla general" y las ayudas para ellos no se utilizan como debieran. "El cambio en las condiciones socioeconómicas y el desempleo en los núcleos familiares ha generado que miembros de la unidad familiar decidan atender a los dependientes en el domicilio, a la vez que reciben una ayuda económica por realizarla.

La prestación pasa así a considerarse renta de la unidad familiar, complementando los ingresos o supliendo la falta de estos", asegura el ministerio.
  
Por otra parte, desde el primer Consejo Territorial de Dependencia del nuevo Gobierno, Sanidad ha venido hablando de la necesidad de simplificar la gestión. En esta línea va otra de las razones del argumentario, donde se expone que "no existen diferencias relevantes en el proceso de valoración" ni "en la forma de atender a los dependientes de diferente nivel dentro del mismo grado de dependencia", así como se da una "falta de adecuación entre las situaciones personales de dependencia y los servicios y prestaciones que reciben".

   Además, Sanidad considera que el dinero transferido por el Gobierno a las comunidades autónomas "no ha priorizado el mayor esfuerzo en servicios" ya que las que en estos cinco años, las que han desarrollado una mejor atención "no son las que más fondos han recibido" en relación a la población dependiente, y alega que se ha producido un "desfase" entre las previsiones iniciales de la norma y sus resultados al cabo de un lustro, con 326.000 dependientes más de los previstos, y 2.700 millones más de coste sobre los presupuestados en 2007.

   En cuanto al empleo, el Gobierno afirma en este documento que "no se han cumplido las expectativas de empleo que se anunciaron". Así, expone que las afiliaciones al Régimen de la Seguridad Social de profesionales en el sector de los Servicios Sociales han pasado de 70.546 altas en 2007 a 8.034 bajas en 2011. Por otro lado, apunta a que las altas de cuidadores familiares han sido entre 2007 y 2011 de 174.133. "Todas estas cuotas han sido abonadas con cargo a los PGE, habiendo generado un gasto total de 1.047 millones de euros", argumenta.

LA REFORMA "INTEGRAL" QUE ENVÍA A BRUSELAS

   El pasado 30 de abril, en el documento que el Ejecutivo envió a Bruselas, donde detallaba reformas en varias áreas, el Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD) no quedaba exento de futuras modificaciones.

Si bien planteaba un nuevo aplazamiento hasta 2014 de los dependientes 'moderados' o leves, también anunciaba una reforma "integral" del sistema con el objetivo de "garantizar su sostenibilidad".
   Asimismo, planteaba avanzar en la "aplicación efectiva de la contribución económica del usuario del sistema", es decir, el 'copago', mediante un desarrollo "coordinado" de la normativa de las distintas comunidades autónomas, que son las encargadas de aplicar la ley.

   El Gobierno señalaba su intención de revisar el sistema de altas en la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales --familiares de los dependientes, en su mayoría--, cuyas cuotas son abonadas por la Administración General del Estado (AGE), y avanzaba la posibilidad de examinar las cuantías de las ayudas económicas previstas en el sistema, superiores a la asignación de servicios.

   También confirmaba su intención de "potenciar" el papel del sector privado en la prestación de servicios de la ley, eliminando "trabas o preferencias" por el sistema público presentes en la norma y en los desarrollos autonómicos de la misma, y aludía a la revisión del calendario de aplicación de la ley a los dependientes para "acompasarlo a las capacidades financieras" de la AGE y las comunidades autónomas.

Fuente  :  europapress.es/sociedad/noticia

MADRID - RECORTES

Unos recortes directos al bolsillo

 

La presidenta, Esperanza Aguirre, se aferra a su promesa electoral tantas veces repetida en público: los impuestos no se tocan.

Pero sí las tasas, que técnicamente son otra cosa.

El caso es que muchas familias van a resentirse del recorte. El Gobierno regional prevé sacar de su bolsillo y meter en las arcas públicas más de 225 millones.

Es lo que recaudará mediante los cambios en las tasas y precios públicos. Crea de la nada 45 nuevos y sube otros 20 ya existentes. Aún no se sabe cuánto se incrementará la matrícula universitaria, aunque Educación ya ha indicado que cada crédito subirá como máximo nueve euros.

La reducción de becas de comedor y libros supone 26 millones. Unos 25.000 estudiantes de FP de grado superior pagarán 250 euros y la matrícula en escuelas de idiomas se dobla hasta 200 euros.

Estas son las principales medidas:

• La guardería, casi tres veces más cara. La mensualidad por la escuela infantil sube hasta un 175% para las familias más humildes con bebés menores de un año. Pagarán 140 euros en lugar de los 50,99 actuales. Hay más de 40.000 niños en la red de escuelas infantiles públicas.

• 80,5 euros a parejas de hecho. Es una tasa nueva. Afecta a unos 7.200 ciudadanos, según datos oficiales, entre los que se inscriban (3.840 personas que abonarán 80,5 euros) y los que se pagarán por otros conceptos como la cancelación (35 euros), certificados de inscripción (12) y otros “que surtan efectos en el extranjero” (21).

• Hasta 20 euros por discapacidad. Solicitar un documento que acredite que un ciudadano es discapacitado también tendrá precio. Casi 44.000 personas lo piden, entre solicitudes iniciales (10 euros) y los que quieren la revisión (20 euros). La memoria económica de este apartado prevé 960.590 euros de recaudación.

• Dependencia por 30 euros. Más de 71.000 peronas pidieron en Madrid en 2011 que les reconocieran y establecieran el grado de dependencia. A partir de la aprobación del nuevo presupuesto, pagarán 30 euros por ese certificado. Quedan exentos quienes ingresen hasta dos veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples): 1.065 euros.

• Recaudación por el carné de familia numerosa. Más de 92.000 personas reclaman en Madrid un título o una tarjeta individual de familia numerosa. La Comunidad espera recaudar 267.240 euros con esta nueva tasa.

Fuente  :  elpais.com

LAS FAMILIAS TENDRÁN QUE CUIDAR A LOS MAYORES, EL ESTADO NO PUEDE

La Ley de Dependencia, aprobada en 2006, iba a plantar el “cuarto pilar” del Estado del Bienestar en España (ver Aceprensa, 29-03-2006). 

Pero las dificultades de aplicación en sus primeros cinco años y la situación económica actual la hacen inviable, advierte The Family Watch (TFW) en su informe “La familia como agente de salud”. Solo las familias estables podrán hacerse cargo de los cuidados que la ley dejará sin cubrir.

La Ley de Dependencia se promulgó en plena euforia económica, y en los primeros cinco años de aplicación ya se ha superado con creces el gasto previsto

En España, hasta finales del siglo XX, las familias han asumido como algo natural el cuidado de las personas en situación de dependencia, algunas por enfermedad y la mayoría de ellas por edad avanzada. A lo largo de este siglo, se empezaron a desarrollar los sistemas públicos de pensiones, seguros de desempleo y sistemas sanitarios del llamado Estado de Bienestar. 

En los países desarrollados, los modelos para financiarlo varían, ya sea a través de impuestos, de ahorro individual o de cotizaciones sociales. Sin embargo, en los países mediterráneos como España e Italia, la familia sigue siendo el núcleo principal que proporciona estos servicios y, hasta hace unos años, sólo en casos extremos era necesaria la actuación de la administración pública.

Pero hoy la situación ha cambiado. Por un lado, la mayoría de las mujeres, que solían ser las que asumían esta labor, se han incorporado al mercado laboral, y, por otro, hay menos familias capaces de hacerse cargo de enfermos y ancianos: en España hay casi 2 millones de divorciados y casi 2,5 millones de personas viven solas, entre ellas 1,5 millones mayores de 65 años. En cambio, las necesidades han crecido. 

La mayor parte de las personas en situación de dependencia son mujeres y mayores de 80 años. El número de quienes no pueden valerse por sí mismas alcanza los 2,8 millones, el 6,7% de la población.

En los últimos 30 años se ha duplicado la población mayor de 65 años; la esperanza de vida en España es de casi 82 años y la esperanza de vida sin discapacidad es de 64 años. En 2050, España, estima el informe, será el país de la Unión Europea con mayor proporción de jubilados (35,6%) y menos personas en edad laboral (52,9%); uno de cada tres españoles será mayor de 65 años (por cada pensionista, habrá 2 personas en edad de trabajar).

Ahora mismo, el índice de fecundidad español es de 1,38 hijos por mujer, claramente inferior al umbral de reemplazo generacional (2,1). Nos enfrentamos, por tanto, a un fenómeno llamado “envejecimiento del envejecimiento”.

Una ley inviable

La actual Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia (SAAD) entró en vigor en enero de 2007 y establece grados de dependencia que se clasifican por puntos (de 0 a 100) y dos niveles, en función de la atención que requiera cada una de estas personas.

El calendario de aplicación del SAAD finaliza en 2013 y, a pesar de la evidencia de que es inviable, el gobierno ya ha anunciado que se aplicará a las personas en situación de dependencia de todas las comunidades autónomas. Aunque esa es la teoría, la práctica ha generado cierto caos: se supone que, a día de hoy, la ley ya se aplica casi en su totalidad, pero la realidad es que todavía no hay acuerdo económico entre el gobierno central y las comunidades autónomas.

Además, en la puesta en marcha han surgido ciertos problemas, como que se ha abusado en los pagos a cuidadores familiares –algo que la ley preveía como excepcional, se ha convertido en una norma–; no ha contribuido a generar empleo, pues el 63% de las altas en el régimen general de la Seguridad Social, en el sector servicios sociales, corresponde a cuidadores familiares; no se garantiza la calidad de la atención, por la insuficiencia de las prestaciones económicas; cada Comunidad lo ha aplicado de una manera, lo que genera desigualdades. Además, existe un desfase entre las previsiones en número de dependientes y su financiación, y la realidad.

Esta ley se promulgó en plena euforia económica, dos años antes de empezar la actual crisis. En estos primeros cinco años de aplicación ya se ha superado con creces el gasto previsto, tanto el del Estado como el de las comunidades autónomas, y no parece que pueda sostenerse en el tiempo si se consideran las políticas de austeridad impuestas y las dificultades para el pago de pensiones, seguros de desempleo, sanidad y educación. La familia estable es la única que puede y quiere desempeñar esta tarea en condiciones normales, por eso desempeña un papel predominante en España.

Soluciones

El informe de TFW propone varias soluciones. Por un lado, con respecto al sistema de pensiones, apuntan: reducir el consumo, retrasar la edad de jubilación –la edad media real de jubilación efectiva en España es de 61,2 años–, incrementar la tenencia de activos y ampliar la inversión en capital humano (1). Por otra parte, habrá que hacer políticas destinadas a aumentar la natalidad (ayudas económicas, conciliación de la vida laboral y familiar, fiscalidad favorable, etc.).

Con respecto a la Ley de Dependencia, parece difícil que pueda aplicarse tal y como se concibe hoy. Por eso sería importante planear políticas de “envejecimiento activo”, consideradas la mejor forma de prevenir las situaciones de dependencia. También habría que regularizar el mercado de trabajo y la formación de los cuidadores.

Fuente  :  noticiasjovenes.com

NAVARRA - REPERCUSIONES DE LOS RECORTES

La dependencia en Navarra sufre siete recortes y está pendiente del futuro de 16,5 millones

Torres advierte de que los cinco millones que resta el estado tendrán "repercusiones"

La consejera afirma que si el PP cambia la Ley de Dependencia, no hay recurso posible por tema competencial

Una mujer cuida de un hombre en silla de ruedas (persona dependiente), en el parque de la Ciudadela.

La dependencia en Navarra ha sufrido en lo que va de curso político hasta siete recortes escalonados en su financiación pública, tres imputables a medidas estatales y otros cuatro impulsados por el Ejecutivo foral más la incógnita de lo que ocurrirá con los 132 millones de "desajuste presupuestario" pendientes de negociación, de los que 16,5 millones corresponden a Política Social.

Lo cierto es que la última decisión del Gobierno estatal de suprimir una partida presupuestaria de cinco millones en el denominado "nivel acordado" es, según expuso ayer la consejera de Política Social, Elena Torres, "muy grave" y supone "un paso más del Gobierno del PP en su estrategia de desmantelamiento de esta ley".

 "Si el Gobierno de España sigue atacando la financiación de la ley, el Gobierno de Navarra no podrá asumir en solitario esa financiación, y en ese caso, habrá que hacer un replanteamiento" porque "no podemos cubrir los agujeros del Estado en materia de dependencia", un área que tiene, dijo, "tres patas".

"Está claro que repercusiones va a haber, aunque no queramos", y "habrá que estar atentos a decisiones futuras" del Gobierno central, porque el PP, dijo en la comparecencia solicitada por Bildu, quiere que "no entren más personas con dependencia al sistema", y para ello, añadió, aumentará las exigencias para el reconocimiento de la dependencia, reducirá las prestaciones y ampliará a 2013 la moratoria de la incorporación de los moderados II.

Las consecuencias de este "tajo presupuestario", agregó, se verán en el segundo semestre de este año, lo que provocará además que durante medio año se habrán aplicado unos parámetros de valoración y unos criterios de financiación que luego cambiarán en el segundo semestre.

Navarra recibe esa aportación vía convenio económico, por lo que dejará de ingresar entorno a cinco millones este año. En este sentido, el departamento ha solicitado a los servicios jurídicos un informe para conocer "cuál sería el cauce para reclamar".

No obstante, dejó claro que si el Estado reforma, vía presupuestos, el contenido de la Ley de Dependencia, Navarra no tendrá posibilidad "ni de recurso ni de vía jurídica", ya que el acuerdo bilateral con el Gobierno central establece "la fórmula" por la que la Comunidad Foral recibiría esos casi cinco millones de euros, pero no se recoge la obligación del Estado de hacer esa aportación.

 La obligatoriedad de financiar a las comunidades el nivel acordado se recoge en la propia Ley de Dependencia, que se reformará próximamente a través de la Ley de Presupuestos de 2012, por lo que Navarra no tendría, a su juicio, posibilidad de acudir a la vía jurídica.

"Es un segundo ataque a la sostenibilidad económica del sistema de dependencia que vulnera el espíritu de la propia ley del 2006 de dependencia que contempla el nivel acordado como uno de los tres niveles de financiación y, por tanto, como una obligación para el Estado", señaló Torres.

Los hechos demuestran, según la consejera, que "en el departamento vamos en una dirección a la hora de aplicar la ley, y el PP va en otra; llevamos caminos divergentes".

Su departamento, reiteró, está "plenamente comprometido con la ley y por eso estamos realizando numerosos esfuerzos para su financiación" como ha ocurrido, dijo, con los moderados II, donde "no hay moratoria establecida por el PP" y se está pagando a 1.590 personas. En total, valorados como moderados II hay 2.106, ya que 516 están en trámite.

Respecto al "principio de acuerdo" de UPN y PSN para aplicar el recorte de 132 millones de euros, destacó que "me gustaría decir que mi departamento no se va a ver afectado, pero no puedo decirlo", aunque en todo caso ha resaltado que hay "líneas rojas" que no está dispuesta a superar, referidas a los derechos sociales y prestaciones garantizadas. En el caso de Navarra, el bloqueo de todas las partidas no comprometidas afectaría a unos 16,5 millones.

Torres reiteró tras el turno de intervenciones que su departamento va a mantener los 152 millones de euros para dependencia.


siete tijeras

La dependencia ha sido objeto de un total de siete ajustes en apenas medio año, tal y como recordó ayer I-E. Está la Orden Foral de incompatibilidad de prestaciones, acordó a su vez la congelación de las cuantías en la Cartera de Servicios Sociales, la reducción de las cantidades que se pagan por ayuda en domicilio (entre un 11% y 39%) y otros recortes en materia de dependencia dentro de los ajustes del presupuesto 2012.

Asimismo, las ayudas económicas para las contrataciones en domicilio y la retroactividad en el cobro de los seis meses fueron condicionadas por el Estado, como los cinco millones que ahora se detraen.

Fuente  :  noticiasdenavarra.com

CASTILLA Y LEÓN - EL GOBIERNO DEJÓ DE PAGAR 189,5 MILLONES

La Junta asegura que el Gobierno dejó de pagar 189,5 millones en dependencia

La Administración autonómica destinó 468 millones a estas ayudas y la central 107 millones, cuando la norma establece que la financiación debe ser al 50%

El Gobierno aportó a la Comunidad el año pasado 107 millones de euros para pagar las prestaciones de la Ley de Dependencia en Castilla y León, mientras que la Junta destinó 486 millones de euros, lo que supone que, como la norma establece que la financiación debería hacerse al 50 por ciento entre ambas administraciones descontada la aportación de los usuarios, la central debería a la autonómica 189,5 millones, según los datos facilitados por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.

 Así, según los datos ofrecidos por el departamento de Milagros Marcos, el Gobierno central sólo financió el año pasado el 12 por ciento de los 593 millones de fondos públicos que se emplearon para sufragar las prestaciones por dependencia en la Comunidad, mientras que el 83 por ciento restante fue aportado por la Junta.

Desde este departamento se han quejado reiteras veces de que esta situación se repite todos los años desde la entrada en vigor de la ley en 2007 y su titular, Milagros Marcos, ha llegado a asegurar que el Estado no aporta ni el 20 por ciento, menos que el usuario en muchos casos, lo que ha generado un “déficit” importante.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades también ha pedido que se modifique la Ley de Dependencia para poder hacerla “más sostenible” porque las comunidades autónomas no pueden hacerse cargo de la mayor parte del presupuesto para esta cuestión, como ha pasado en los últimos años.


66.000 personas con prestación

Más de 66.000 personas reciben en la actualidad en Castilla y León prestaciones por dependencia de distintos tipos, como ayuda a domicilio, teleasistencia, una aportación económica para vivir en una residencia o disfrutar de un centro de día, o una cuantía económica los familiares que se ocupan de ellos y que no son cuidadores profesionales.

La Comunidad se encuentra a la cabeza de España en el número de personas que tienen reconocida esta prestación, con un alto porcentaje de prestaciones concedidas en los grupos de dependientes severos y grandes dependientes. Por lo que respecta a los dependientes moderados, el Consejo de Ministros aprobó en diciembre del año pasado una moratoria que pospone a 2013 la introducción de estas nuevas categorías de beneficiarios de la Ley de Dependencia.

Con la entrada en vigor de la Ley de Servicios Sociales de Castilla y León, aprobada en marzo de 2011, se han unificado los criterios de evaluación de las necesidades de estas personas y del resto de usuarios de los servicios sociales, con una ventanilla única de acceso a las ayudas y centros asistenciales.

Fuente  :  leonoticias.com

NECESARIO REFORMAR BAREMO Y COPAGO

Familiares de enfermos de alzhéimer piden reformas en el baremo y copago de la dependencia

La presidenta de la Asociación Nacional del Alzheimer (Afalcontigo), Blanca Clavijo, considera que es necesario reformar la Ley de Dependencia para mejorar, entre otros, aspectos tales como el baremo de evaluación, que no se adapta a las necesidades de los usuarios, y el copago.

Clavijo ha hecho estas declaraciones en el simposio 'Una Visión en 3D (Dolor, Demencias y Dependencia)', enmarcado en el contexto del 54 Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (Segg), que se está desarrollando estos días en Santiago de Compostela.

Para la presidenta de las familias de personas con alzhéimer, la norma de la Dependencia "no está bien planteada", pues depende de tres niveles administrativos (ayuntamientos, autonomías y Gobierno central) "y cuenta con una estructura demasiado compleja".

Además, considera Clavijo, la aplicación de la ley ha generado "cierta confusión" entre la ciudadanía, por lo que la normativa debe reformarse.

En esa reforma, opina la representante de Afalcontigo, es "imprescindible" que los colectivos de afectados puedan aportar su conocimiento.

Por su parte, Javier Gómez, del Hospital Cruz Roja (Madrid), ha disertado sobre 'Anciano y Dolor' y ha abogado por formar mejor a los profesionales que atienden a las personas mayores en el manejo del dolor, ya que se calcula que les afecta en más del 40% de los casos.

"Uno de los principales retos es la formación específica geriátrica del dolor de todos los profesionales sanitarios que atienden a las personas mayores en los diferentes ámbitos asistenciales (primaria, hospitales y residencias, fundamentalmente)", ha comentado.

Por último, Pedro Gil, presidente de la Segg, ha puesto sobre la mesa la importancia de sospechar y saber detectar el dolor en las personas con demencias graves, ya que no siempre pueden hacerlo patente ellas mismas.

Fuente  :  ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias

C.VALENCIANA - "LOS IMPAGOS SON POR LA DEUDA DE LOS SOCIALISTAS"

Fabra achaca los impagos a la dependencia por la deuda de más de 400 millones del Gobierno socialista a la Comunidad

El PSPV acusa al Consejo valenciano de "boicotear" la aplicación de la ley y asegura que es "falsa" la "excusa" de la financiación

   El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha justificado los impagos de la Administración valenciana a las prestaciones de las ayudas a la dependencia por la deuda que ha dejado a deber el Gobierno socialista a la Comunidad valenciana en esta materia, que ha cifrado en más de 400 millones de euros. "Si el Gobierno que hace la ley y que dice que va a sufragar el 50 por ciento de los gastos no paga, difícilmente se podrán hacer más cosas de las que estamos haciendo", ha agregado. 

   Con ese dinero, en la Comunidad se podría haber atendido a 20.000 personas, ha remarcado Fabra, quien ha señalado que la Generalitat ha destinado en 2011 más de 394 millones, frente a los 99 del Gobierno socialista, ha dicho. 

   Fabra, que se ha expresado de esta manera en la sesión de control en las Cortes, en relación a las preguntas formuladas por PSPV y EUPV sobre los pagos pendientes del Consejo para las ayudas a la dependencia, ha afirmado que el Gobierno valenciano "cumple". 

   En esta materia, el portavoz del PSPV, Antonio Torres, ha ofrecido al jefe del Consejo una propuesta: destinar 19 millones de euros del plan de pagos a proveedores para atender a 14.000 de los 26.000 dependientes que hay en lista de espera.

   Por su parte, el jefe del Consejo ha informado de que la Generalitat ha incluido las ayudas de la dependencia en el plan de pagos a proveedores y ha apuntado que este año ha satisfecho pagos pendientes por valor de más de 85 millones de euros, incluyendo 16 millones con efectos de retroactividad.
   Fabra ha reconocido las dificultades económicas pero ha afirmado que se están tomando iniciativa como simplificar los trámites para la evaluación de la dependencia, al tiempo que ha destacado que la Comunidad valenciana es la autonomía que "más esfuerzos" está haciendo en la atención residencial.

   De enero a mayo, la Generalitat ha satisfecho pagos por más de 5.160 millones, de los cuales, el 70 por ciento --más de 3.500-- han sido destinados a gasto social, entre ellos la dependencia, ha dicho. Por ello, Fabra ha apuntado que desde la oposición "no pueden decir que estamos desatendiendo a las personas". En este punto ha indicado que el Consejo está "intentando ajustar la dimensión de la administración para poder atender a las personas".

5.000 RECLAMACIONES AL SÍNDIC DE GREUGES

   Desde la oposición, el portavoz del PSPV, Antonio Torres, ha acusado al Consejo de "boicotear" la aplicación de la Ley de Dependencia ya que cinco años después de su aprobación, "las cosas están peor". De hecho, ha acusado al Gobierno 'popular' valenciano de "humillar" a los dependientes que han presentado más de 5.000 reclamaciones al Síndic de Greuges, ha dicho.

   Torres, además, ha señalado que la "excusa" de la financiación que esgrime el Consejo es "falsa" porque en 2007 la Consejería de Bienestar Social atendía 26.000 valencianos dependientes y en la actualidad son cerca de 40.000. "Sólo el 40 por ciento de las prestaciones de las ayudas a la dependencia son nuevas, el resto son antiguas y las quieren dar como nuevas", ha manifestado. El síndic socialista, además, ha destacado que desde la llegada de Fabra al Consejo se asiste a cerca de 1.000 dependientes menos.

   Asimismo, ha dicho que con Mariano Rajoy al frente del Gobierno central "uno de cada dos valencianos con derecho a prestación no la está recibiendo" y "se mueren más dependientes de los que realmente están accediendo a las ayudas". Torres, en esta línea, ha lamentado que el Gobierno central haya recortado 30 millones para la dependencia en la Comunidad y el Consejo está "callado".

"NO HA CONTESTADO"

   Por su parte, la portavoz de EUPV, Marga Sanz, ha preguntado a Fabra por la "cantidad exacta" que debe el Consejo a los servicios sociales y personas con derecho a prestaciones de la Consejería de Bienestar Social. En su respuesta, el presidente de la Generalitat ha destacado que se destina el 85 por ciento del presupuesto autonómico a atención a las personas, por lo que Marga Sanz ha lamentado que no le hayan contestado a su cuestión.

   Sanz ha citado al escritor José Saramago para señalar que Fabra preside "un Consell de ciegos que pueden ver pero no miran". Así, ha asegurado que "las colas de la pobreza son cada vez más largas" pero "duda de que las vean" y por ello ha dicho que le cuesta creer la "insensibilidad" del Gobierno valenciano para con los más necesitados.

   La sindica de EUPV ha lamentado que "mientras la pobreza se extiende, el Consejo precariza los servicios de atención" y la consecuencia de los "ajustes" y de los "impagos" es que numerosas entidades de servicio social están "al borde de la desaparición".

FUNDAR

   Por su parte, la diputada de EUPV Esther López ha preguntado a Fabra por el ERE en la entidad Fundar que, en su opinión ha servido para "parasitar a gente puesta a dedo". El que ha contestado ha sido el consejero de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré, quien ha recordado que Fundar es una entidad privada que se ha visto afectada por el descenso de las aportaciones externas. Sin embargo, desde el Consejo "vamos a adoptar las medidas necesarias para que Fundar vuelva a funcionar adecuadamente", ha aseverado.

   La diputada de EUPV Marina Albiol también ha aprovechado para preguntar por el proyecto Eurovegas, sin embargo el consejero Jorge Cabré, que ha tomado la palabra de nuevo, ha dicho que no iba a contestar a esta cuestión "que no viene a cuento" en esta sesión de control.

Fuente  :  europapress.es/nacional/noticia

CATALUÑA - AUMENTO DEL COPAGO

Cataluña aumentará el copago en prestaciones de dependencia

 

La Generalitat llevará al Gobierno a los tribunales por falta de financiación en este ámbito

El conseller de Bienestar Social y Familia de la Generalitat de Cataluña, Josep Lluís Cleries, ha anunciado que planea llevar al Gobierno a los tribunales por incumplir sus aportaciones por la ley de la dependencia. 

De igual modo, ha adelantado que el Ejecutivo catalán va a aumentar un 3% el copago en este ámbito tras las vacaciones de verano.

El conseller ha precisado que este incremento no afectará a quien tenga menos dinero, sino que se tendrán en cuenta los «ingresos de la persona beneficiaria». 

La Generalitat ya está tramitando la orden y «pasado el verano» podría empezar a aplicarse la medida, ha dicho Cleries, que calcula que si Generalitat y Gobierno fuesen «a medias» con los costes de la ley de la dependencia Cataluña se ahorraría 250 millones de euros.

En declaraciones a TV3 recogidas por Efe, Cleries ha precisado que, pese a que la ley prevé unas aportaciones de fondos equivalentes entre Generalitat y Gobierno, a día de hoy la administración catalana carga con el 70% de los gastos, la estatal con un 20% y otro 10% se financia a través del copago. 

 Cleries ha denunciado que los presupuestos estatales para este año prevén 48 millones de euros menos para Cataluña por la ley de la dependencia, por lo que si la aportación del Estado cae de esta manera el Govern deberá «reaccionar».

Fuente  :  abc.es

C.VALENCIANA - UNO DE CADA TRES, NO COBRA

Hay 32.000 personas en el «limbo», casi 300 más que el año pasado. Los centros de atención se plantean iniciar movilizaciones por la deuda del Consell

Uno de cada tres dependientes reconocidos no cobra la prestación

 

En la imagen, un grupo de personas se manifiestan en defensa de la Ley de Dependencia 

Los últimos datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad respecto al cumplimiento de la Ley de Dependencia no traen buenas noticias para la Comunitat.

Únicamente el 69 por ciento de las personas que están reconocidas por los inspectores sociales como beneficiarias, cobran la ayuda. Se quedan fuera del sistema, en el llamado «limbo de la dependencia», el 29 por ciento, lo que se traduce en cerca de 32.000 personas, 300 más que en el mismo periodo de 2011.

Estas cifras convierten a la valenciana en la quinta autonomía con más personas en esta situación, sólo por encima de Canarias, Baleares, Extremadura y Galicia. En el ámbito estatal, perciben las ayudas el 85 por ciento de los reconocidos.

De ahí que uno de los objetivos principales de las organizaciones en defensa de los servicios sociales sea que estos ciudadanos que cumplen todos los requisitos empiecen a ingresar lo que les corresponde por ley. «Hay dependientes que pueden estar hasta dos años sin cobrar. Desde marzo de 2011 no se firma otra tanda de PIA (Programa individual de atención), sin el cual el beneficiario no recibe las prestaciones». Palmira Castellano, presidenta de la Asociación Valenciana de Dependientes y Cuidadores (Avadec), explicó además que los que sí ingresan el dinero, todavía no han percibido la ayuda del mes de abril.

En esta línea, denunció la subida de los precios de algunos de los centros de atención. «Se ha pasado de cobrar, por ejemplo, 80 euros al día en una residencia pública a casi 200». Y es que estos centros también están sufriendo dificultades.

Tal y como explicó ayer a LA RAZÓN la gerente de la patronal de la red sociosanitaria, María José Mira, estudiarán si iniciar una campaña de movilizaciones la semana próxima para denunciar la deuda de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, ya que les debe todas las mensualidades de 2012 y no prevén acordar un plan de pagos a corto plazo.

En este sentido, fuentes del Departamento que dirige Jorge Cabré, anunciaron que ayer mismo ejecutaron un pago de 3,7 millones a residencias y de 10,4 para nóminas del sector. Explicaron que estas facturas tienen prioridad frente a otras.

Fuente  :   larazon.es

C.VALENCIANA - PLATAFORMA PIDE CORRECTA APLICACIÓN DE LA LEY

La Plataforma de la Dependencia pide una "correcta" aplicación de la Ley

Miembros de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia se han concentrado esta tarde en Elche para exigir a la Generalitat la "correcta" aplicación de los servicios y prestaciones, la resolución de expedientes en un plazo máximo de seis meses y el pago de la retroactividad.

Este colectivo lleva cuatro años exponiendo sus demandas y dos concentrándose los últimos jueves de cada mes en la ciudad ilicitana para protestar por lo que considera "una mala aplicación" de la Ley de Dependencia en la Comunitat "desde el principio".

 

Una integrante de la plataforma y familiar de un dependiente ha opinado, en declaraciones a Efe, que esa Ley se encuentra "muy paralizada".

 

Según esta persona, en la mayoría de casos se tarda alrededor de "dos años" en comenzar a recibir la ayuda al dependiente, cuando, a su juicio, "lo normal" sería hacerlo en seis meses.

 

Fuentes de la plataforma han denunciado también los "retrasos de dos meses" en el pago a los cuidadores de los dependientes y han alegado que, de acuerdo con la Ley, ese abono se debe hacer efectivo durante los cinco primeros días de cada mes.

 

También han solicitado, una vez más, que la Generalitat "reconozca" la retroactividad de la Ley.

 

Según la plataforma, en la Comunitat son atendidos en la actualidad unos "40.000 ciudadanos dependientes, muchos de ellos personas mayores, con unas ayudas que oscilan entre los 300 y los 500 euros, mientras que cerca de 36.000 siguen sin ser atendidos".

 

El colectivo ha instalado una mesa informativa en la que se detalla a los ciudadanos la forma de presentar una queja ante el Gobierno valenciano o el Síndic de Greuges si creen que la Ley de Dependencia no se aplica "correctamente".

 

Fuente  :   elcorreo.com

ASTURIAS - PARCHES PARA LA LEY

Parches para la ley de Dependencia 

 

La Asociación Asturiana de Centros y Servicios de Mayores, recién mudada  a La Curtidora, cuestiona la aplicación de la norma que regula la actividad

Ana Gil, presidenta de Asacesema, en el centro de empresas La Curtidora.

La Asociación Asturiana de Centros y Servicios de Mayores (Asacesema), colectivo fundado en 2004 en Oviedo, se ha mudado a la comarca avilesina. Esta agrupación independiente de profesionales y empresarios del sector socio sanitario, muy crítica con la aplicación de la ley de Dependencia, se ha instalado recientemente en una oficina del centro de empresas La Curtidora. El colectivo se presentará de forma oficial en Avilés el próximo jueves, en un acto que tendrá como escenario el Centro Cultural Internacional Avilés.


Más de ochenta empresas privadas asturianas forman parte de Asacesema, colectivo que nació para defender los intereses del sector bajo el paraguas de la Federación Nacional de Atención a la Dependencia (FNM). «No vemos nuestros intereses defendidos en Asturias y por eso nos asociamos en torno a una entidad donde sentirnos protegidos, buscar apoyo y compartir vivencias», explicó la presidente de Asacesema, Ana Gil. En Asturias existen más de trescientas residencias de mayores y centros de día dedicados a la atención de mayores y un centenar más para otro tipo de dependencias.


Uno de los principales obstáculos de este colectivo, según Gil, es la propia Administración, especialmente en todo aquello relacionado con la ley de la Dependencia, su desarrollo y aplicación. «Las condiciones para conseguir una acreditación son mucho más duras para las empresas privadas que para los centros públicos. Los centros privados se tienen que acreditar y cumplir con la normativa para poder tratar a personas dependientes, unas condiciones que, en cambio, no se exigen en los centros públicos», añadió Gil.


La presidenta de Asacesema considera que «la ley de Dependencia está muy mal aplicada», lamenta la falta de profesionalización del sector («hay que priorizar la concesión de servicios profesionales frente a la prestación económica de cuidados en el entorno familiar») y considera necesaria la revisión de los requisitos de acreditación.


«Si un centro no está acreditado, está fuera del mercado. Y los requisitos para que un centro privado pueda acreditarse son muy duros. Las empresas privadas tuvieron que hacer frente a inversiones muy importantes para cumplir la normativa de acreditación de 2009. Se han adaptado pero no han recibido nada a cambio», añadió.


Ana Gil suma a todas estas circunstancias que «las tarifas son ahora más bajas, cada vez hay más plazas vacías, prácticamente no hay plazas concertadas y en los últimos años han proliferado los centros públicos». «La ley de la Dependencia creó muchas expectativas en el sector privado, que luego se esfumaron con su aplicación. Se crearon 300.000 puestos de trabajo, residencias, centros de día, empresas para atender a personas dependientes, pero casi el 60 por ciento de las ayudas han ido a los cuidadores familiares. La ayuda a domicilio es necesaria, pero con unas normas, con un servicios de inspección. Y esas empresas que nacieron con aquellas expectativas se han quedado sin esos ingresos», argumentó.


Según Asacesema, el coste de una plaza en una residencia o centro privado es de unos 2.000 euros al mes (las tarifas oscilan entre los 1.600 y 1.800 euros). La pública viene a costar unos 5.000 (el coste de la plaza ronda los 1.400 euros, aunque se aplica el copago, por lo que varía en función de la capacidad económica del paciente). «La Administración se ahorraría muchísimo dinero con la concertación de plazas en las empresas privadas», concluyó Ana Gil.

Fuente :  lne.es/aviles