La Junta asegura que el Gobierno dejó de pagar 189,5 millones en dependencia
La
Administración autonómica destinó 468 millones a estas ayudas y la
central 107 millones, cuando la norma establece que la financiación debe
ser al 50%
El Gobierno
aportó a la Comunidad el año pasado 107 millones de euros para pagar las
prestaciones de la Ley de Dependencia en Castilla y León, mientras que
la Junta destinó 486 millones de euros, lo que supone que, como la norma
establece que la financiación debería hacerse al 50 por ciento entre
ambas administraciones descontada la aportación de los usuarios, la
central debería a la autonómica 189,5 millones, según los datos
facilitados por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.
Así,
según los datos ofrecidos por el departamento de Milagros Marcos, el
Gobierno central sólo financió el año pasado el 12 por ciento de los 593
millones de fondos públicos que se emplearon para sufragar las
prestaciones por dependencia en la Comunidad, mientras que el 83 por
ciento restante fue aportado por la Junta.
Desde este departamento se han quejado reiteras veces de que esta situación se repite todos los años desde la entrada en vigor de la ley en 2007 y su titular, Milagros Marcos, ha llegado a asegurar que el Estado no aporta ni el 20 por ciento, menos que el usuario en muchos casos, lo que ha generado un “déficit” importante.
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades también ha pedido que se modifique la Ley de Dependencia para poder hacerla “más sostenible” porque las comunidades autónomas no pueden hacerse cargo de la mayor parte del presupuesto para esta cuestión, como ha pasado en los últimos años.
66.000 personas con prestación
Más de 66.000 personas reciben en la actualidad en Castilla y León prestaciones por dependencia de distintos tipos, como ayuda a domicilio, teleasistencia, una aportación económica para vivir en una residencia o disfrutar de un centro de día, o una cuantía económica los familiares que se ocupan de ellos y que no son cuidadores profesionales.
La Comunidad se encuentra a la cabeza de España en el número de personas que tienen reconocida esta prestación, con un alto porcentaje de prestaciones concedidas en los grupos de dependientes severos y grandes dependientes. Por lo que respecta a los dependientes moderados, el Consejo de Ministros aprobó en diciembre del año pasado una moratoria que pospone a 2013 la introducción de estas nuevas categorías de beneficiarios de la Ley de Dependencia.
Con la entrada en vigor de la Ley de Servicios Sociales de Castilla y León, aprobada en marzo de 2011, se han unificado los criterios de evaluación de las necesidades de estas personas y del resto de usuarios de los servicios sociales, con una ventanilla única de acceso a las ayudas y centros asistenciales.
Fuente : leonoticias.com
Desde este departamento se han quejado reiteras veces de que esta situación se repite todos los años desde la entrada en vigor de la ley en 2007 y su titular, Milagros Marcos, ha llegado a asegurar que el Estado no aporta ni el 20 por ciento, menos que el usuario en muchos casos, lo que ha generado un “déficit” importante.
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades también ha pedido que se modifique la Ley de Dependencia para poder hacerla “más sostenible” porque las comunidades autónomas no pueden hacerse cargo de la mayor parte del presupuesto para esta cuestión, como ha pasado en los últimos años.
66.000 personas con prestación
Más de 66.000 personas reciben en la actualidad en Castilla y León prestaciones por dependencia de distintos tipos, como ayuda a domicilio, teleasistencia, una aportación económica para vivir en una residencia o disfrutar de un centro de día, o una cuantía económica los familiares que se ocupan de ellos y que no son cuidadores profesionales.
La Comunidad se encuentra a la cabeza de España en el número de personas que tienen reconocida esta prestación, con un alto porcentaje de prestaciones concedidas en los grupos de dependientes severos y grandes dependientes. Por lo que respecta a los dependientes moderados, el Consejo de Ministros aprobó en diciembre del año pasado una moratoria que pospone a 2013 la introducción de estas nuevas categorías de beneficiarios de la Ley de Dependencia.
Con la entrada en vigor de la Ley de Servicios Sociales de Castilla y León, aprobada en marzo de 2011, se han unificado los criterios de evaluación de las necesidades de estas personas y del resto de usuarios de los servicios sociales, con una ventanilla única de acceso a las ayudas y centros asistenciales.
Fuente : leonoticias.com
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