ASTURIAS - PARCHES PARA LA LEY

Parches para la ley de Dependencia 

 

La Asociación Asturiana de Centros y Servicios de Mayores, recién mudada  a La Curtidora, cuestiona la aplicación de la norma que regula la actividad

Ana Gil, presidenta de Asacesema, en el centro de empresas La Curtidora.

La Asociación Asturiana de Centros y Servicios de Mayores (Asacesema), colectivo fundado en 2004 en Oviedo, se ha mudado a la comarca avilesina. Esta agrupación independiente de profesionales y empresarios del sector socio sanitario, muy crítica con la aplicación de la ley de Dependencia, se ha instalado recientemente en una oficina del centro de empresas La Curtidora. El colectivo se presentará de forma oficial en Avilés el próximo jueves, en un acto que tendrá como escenario el Centro Cultural Internacional Avilés.


Más de ochenta empresas privadas asturianas forman parte de Asacesema, colectivo que nació para defender los intereses del sector bajo el paraguas de la Federación Nacional de Atención a la Dependencia (FNM). «No vemos nuestros intereses defendidos en Asturias y por eso nos asociamos en torno a una entidad donde sentirnos protegidos, buscar apoyo y compartir vivencias», explicó la presidente de Asacesema, Ana Gil. En Asturias existen más de trescientas residencias de mayores y centros de día dedicados a la atención de mayores y un centenar más para otro tipo de dependencias.


Uno de los principales obstáculos de este colectivo, según Gil, es la propia Administración, especialmente en todo aquello relacionado con la ley de la Dependencia, su desarrollo y aplicación. «Las condiciones para conseguir una acreditación son mucho más duras para las empresas privadas que para los centros públicos. Los centros privados se tienen que acreditar y cumplir con la normativa para poder tratar a personas dependientes, unas condiciones que, en cambio, no se exigen en los centros públicos», añadió Gil.


La presidenta de Asacesema considera que «la ley de Dependencia está muy mal aplicada», lamenta la falta de profesionalización del sector («hay que priorizar la concesión de servicios profesionales frente a la prestación económica de cuidados en el entorno familiar») y considera necesaria la revisión de los requisitos de acreditación.


«Si un centro no está acreditado, está fuera del mercado. Y los requisitos para que un centro privado pueda acreditarse son muy duros. Las empresas privadas tuvieron que hacer frente a inversiones muy importantes para cumplir la normativa de acreditación de 2009. Se han adaptado pero no han recibido nada a cambio», añadió.


Ana Gil suma a todas estas circunstancias que «las tarifas son ahora más bajas, cada vez hay más plazas vacías, prácticamente no hay plazas concertadas y en los últimos años han proliferado los centros públicos». «La ley de la Dependencia creó muchas expectativas en el sector privado, que luego se esfumaron con su aplicación. Se crearon 300.000 puestos de trabajo, residencias, centros de día, empresas para atender a personas dependientes, pero casi el 60 por ciento de las ayudas han ido a los cuidadores familiares. La ayuda a domicilio es necesaria, pero con unas normas, con un servicios de inspección. Y esas empresas que nacieron con aquellas expectativas se han quedado sin esos ingresos», argumentó.


Según Asacesema, el coste de una plaza en una residencia o centro privado es de unos 2.000 euros al mes (las tarifas oscilan entre los 1.600 y 1.800 euros). La pública viene a costar unos 5.000 (el coste de la plaza ronda los 1.400 euros, aunque se aplica el copago, por lo que varía en función de la capacidad económica del paciente). «La Administración se ahorraría muchísimo dinero con la concertación de plazas en las empresas privadas», concluyó Ana Gil.

Fuente :  lne.es/aviles