miércoles, 18 de enero de 2012

ALMERÍA - PSOE CULPA AL PP DE ABANDONAR A UN MILLAR DE DEPENDIENTES

El PSOE culpa al PP de «abandonar» a un millar de personas dependientes en Almería
Los socialistas piden al equipo de gobierno que reactive la ayuda a domicilio en la capital que, denuncian, está «congelada» desde diciembre de 2009


El Partido Socialista ha acusado al Partido Popular -en los gobiernos central y municipal- de «abandonar a su suerte» a casi un millar de personas dependientes de la capital, al haber decidido el nuevo Ejecutivo de Mariano Rajoy congelar la aplicación de la Ley de Dependencia.

Una decisión que, en Almería, según han informado desde el Grupo municipal Socialista, afectará a 981 personas dependientes, «muchas ancianas y viviendo solas, que se van a quedar sin ayuda de ningún tipo» a pesar, ha incidido la concejala Inés Plaza, de que «todas ellas habían sido ya valoradas por la Junta de Andalucía para ser beneficiarias este año de una asistencia que ya no tendrán por decisión del Gobierno de Rajoy».

Personas que, abunda el portavoz municipal del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Almería, Juan Carlos Usero, tienen «una discapacidad moderada» y que «ya tenían concedido ese derecho para disfrutarlo a partir de 2012».

Además, remarca Usero, la iniciativa social tenía una doble función puesto que «cualquier gasto social que se realice en Ley de Dependencia siempre es una inversión por lo que supone en creación de puestos de trabajo».

Sin embargo, la medida, calificada por el representante municipal del PSOE de «injusta, antisocial e insensible», tendrá en la capital una especial incidencia, apostilló Plaza, debido a la paralización, desde diciembre de 2009, de la ayuda a domicilio que el Ayuntamiento de Almería llevaba a cabo a través de los planes concertados con la Junta de Andalucía.

«Hoy la derecha deja a casi mil personas tiradas, sin ayuda. Son nuestros dependientes, que se verán solos y ahora abandonados por sus gobernantes», expuso Usero, al tiempo que lamenta que «para ellas, la vida va a ser más difícil a partir de ahora».

Y es que, acusa la concejala al equipo de gobierno, «desde 2009, no ha habido ninguna nueva alta en el plan concertado y, por tanto, muchos mayores se han quedado sin recibir la ayuda porque no llegaban al nivel exigido para recibir la Ley de Dependencia» que, ahora, ya no se ampliará.

Una situación que ha dado origen a que, a fecha de julio de 2011 -los últimos datos de los que disponen a pesar de haberlos solicitado al equipo de gobierno-, el número de personas en lista de espera fuera de 128.

No obstante, denuncia Plaza, a pesar de la demanda existente, el Ayuntamiento de Almería no ha dado ni un solo alta nueva desde hace dos años lo que, además, ha provocado que la plantilla de trabajadoras del plan concertado también se haya visto reducido hasta llegar a apenas medio centenar.

Fuente : ideal.es/almeria

"ILÓGICO COBRAR POR EVALUACIÓN"

Empresarios de Dependencia ven "ilógico" cobrar por la evaluación porque el 80% de solicitantes tienen derecho a ello

El presidente de la Federación de Empresarios de la Dependencia (FED), José Alberto Echevarría, considera "no es lógico" que Castilla-La Mancha, como ya hace Murcia, quiera cobrar 20 euros por cabeza a quienes se sometan a la evaluación para saber si son o no dependientes y de qué nivel, porque "el 80% de los evaluados resultan tener derecho" a la ayuda.

En declaraciones a Europa Press, Echevarría ha explicado que si el porcentaje fuese el contrario "parecería lógico poner coto" pero "la sensatez de la ciudadanía ha quedado demostrada" porque la mayor parte de los solicitantes de evaluación son en realidad sujetos de derecho a recibir un servicio o prestación por dependencia.

"¿No habíamos quedado en que por ley cualquier persona susceptible de ser dependiente podía pedir una evaluación?", ha apuntado, para cuestionar además que en Castilla-La Mancha y en Murcia se esté respetando el espíritu de la ley, que fija la atención a la dependencia como un derecho de los ciudadanos. "¿No estábamos hablando de que es un derecho universal y subjetivo, el cuarto pilar del Estado del Bienestar?", ha apuntado.

En cuanto a la intención del Gobierno manchego de no pagar las plazas concertadas en las residencias mientras estén vacantes y reservadas a su nombre, el representante de la patronal ha incidido en que "no tiene sentido" y ha afirmado que si sale adelante esta medida, el sector "reclamará" para que se permita ocupar las plazas libres por la vía privada o se pague "al menos un porcentaje sensato" por tenerlas reservadas.

Según ha explicado, las residencias firman contratos con la administración pública para garantizarle un número determinado de plazas al cabo del año que no se pueden ofrecer al público que acude por la vía privada. "Para el empresario es como si estuvieran ocupada porque los costes son exactamente los mismos", ha señalado.

Por eso, en su opinión, "si no se ocupan no es responsabilidad de la empresa, sino de la administración pública que no ha sido diligente" para buscarles ocupación. "Que tengamos que tenerlas a su disposición pero mientras estén vacantes no se pague, no es ni oportuno ni procedente, porque el coste es el mismo para la empresa, estén ocupadas o no", ha señalado.

En este sentido, ha apuntado que lo único que podría ahorrarse la administración, en este caso, manchega, es la manutención del dependiente que va asociada al coste de la plaza, aunque eso, según ha dicho, no supone "ni el cinco por ciento del importe" de mantener una plaza en una residencia a su completa disposición

Fuente : noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/

NAVARRA PONE A CERO LA LEY DE DEPENDENCIA

Navarra pone a cero la Ley de Dependencia


El Govern de Navarra, a través de la Agencia Navarra para la Dependencia, ha abonado 3,5 millones de euros a 849 personas con derecho reconocido a percibir prestaciones vinculadas al servicio por dependencia, a las que se les debía, en algunos casos, desde el año 2009.

En cambio, el Govern de la Generalitat tiene 70.000 peticiones pendientes de resolver.


Mientras Navarra ha puesto el contador a cero con la Ley de Dependencia, en Catalunya un total de 140.491 catalanes reciben actualmente alguna prestación de la ley de Dependencia, lo que supone un 40% más de los beneficiarios del 2010, aunque hay otros 70.000 valoradas con dependencias moderadas que no reciben ninguna prestación, de las cuales 45.000 no lo harán al menos hasta el 2014, según los datos hechas públicas por el Departamento de Bienestar Social y Familia.

La Generalitat no ha podido incorporar este mes de enero a nuevos beneficiarios de servicios y prestaciones que ya están valorados por problemas de tesorería que le han obligado a aplazar los pagos de los atrasos por la retroactividad de la ley.

El consejero Josep Lluís Cleries reconoce que los problemas económicos de los ayuntamientos, que son los encargados de realizar los Programas Individualizados de Atención, los PIA de los casos más moderados están dilatando. Durante la comparecencia que hizo el pasar día 11 en el Parlamento explicó que "mientras los PIA de grados 1 y 2 se hacen en un plazo aproximado de 4 meses, los PIA de grado 1 nivel 2 están sufriendo importantes retrasos en los ayuntamientos".

La crisis está provocando que no se estén haciendo los PIA pendientes, por lo que el departamento está celebrando reuniones con la Federación Catalana de Municipios y la Asociación Catalana de Municipios para buscar soluciones.

Actualmente hay 24.816 personas en Catalunya valoradas con el grado 1 nivel 2 antes de 31 de diciembre de 2011 y pendientes del PIA. También hay 45.877 personas valoradas con grado 1 nivel 1 que, según la Ley de la Dependencia, debería empezar a ser atendidas a partir del 1 de enero de 2013 y que, según Cleries, ahora el nuevo Gobierno ha pospuesto su entrada en vigor hasta el 1 de enero de 2014.

Fuente : sociedad.e-noticies.es/navarra

CASTILLA LA MANCHA - RECORTES

También suprime el 6% del PIB a Educación y deroga la Ley de Garantías de Vivienda

Cospedal cobrará a todos los discapacitados que quieran conocer su nivel de dependencia

Desaparece el derecho de los ciudadanos a la valoración gratuita de su nivel de dependencia, se suprime la gratuidad de los libros de texto y el 6% del PIB a Educación, se deroga la Ley de Garantías de Acceso a la Vivienda para jóvenes, se recorta las pensiones complementarias a las viudas, se reduce la compensación por las bajas médicas y se suprimen los acuerdos con los sindicatos.

Estas son, entre otras, algunas de las medidas del plan de recortes que se debate esta semana en las Cortes de Castilla-La Mancha.

También suprime el 6% del PIB a Educación y deroga la Ley de Garantías de Vivienda
De cuando Cospedal no era presidenta y prometía que jamás privatizaría la sanidad ni recortaría "prestaciones sociales"

También suprime el 6% del PIB a Educación y deroga la Ley de Garantías de Vivienda

¿Se puede recortar de donde no hay?

Sí, se puede.

María Dolores Cospedal ha demostrado que su “tijeretazo” no conoce límites ni distingue entre pudientes y necesitados; entre pobres y ricos. La obsesión por reducir el déficit, sin subir los impuestos como ha hecho el Gobierno central y otras comunidades autónomas gobernadas por el PP, está llevando a la presidenta de Castilla-La Mancha a cebarse con las capas sociales más desfavorecidas, que son las que “pagan los platos rotos de la política neoliberal” aplicada por la todavía secretaria general de la derecha española, señalan fuentes del PSOE.

Duro golpe a los dependientes

Y como muestra, el “botón” de la dependencia. Es pública la tensa relación que mantienen los dependientes con Cospedal, a los que adeuda más de 11 millones de euros. Pero de negarse a pagar sus ayudas a cobrarles por realizar los obligados expedientes de discapacidad o dependencia va un trecho de difícil recorrido, que solo busca disuadir a aquellas personas que pretendan usar su derecho legal a solicitar una valoración gratuita de su nivel de dependencia, para solicitar posteriormente las ayudas que recogen la ley.

Penaliza a la juventud


Pero si a los dependientes les quiere cobrar, a los jóvenes les penaliza y retira cualquier ayuda a su emancipación, o decide abolir las leyes que buscaban allanar el camino a un colectivo con escaso poder adquisitivo que vive fundamentalmente del apoyo económico de los padres. Así las cosas, Cospedal deroga la Ley de Garantías de Acceso a la Vivienda y suprime el carnet de descuentos en el transporte para los estudiantes, trabajadores y pensionistas.

Menos Educación, menos ayudas


Otro de los sectores que sufren el “tijeretazo” de Cospedal es la Educación. La presidenta deja sin efecto la obligatoriedad por ley de destinar el 6% del PIB regional a la Educación, a la vez que elimina la gratuidad de los libros de texto y excluye el compromiso de la Junta de mantener un centro educativo en cada localidad con al menos cuatro alumnos en Infantil y Primaria. Del mismo modo, pretende controlar los presupuestos de la Universidad, cuya privatización tampoco se descarta.

Más trabajo, menos sueldo


Un tanto de lo mismo les sucede a los funcionarios, que además de ver recortado su sueldo un 3% y ampliada su jornada laboral en 2,5 horas semanales, también congela la oferta de empleo público, reduce en un 15% las guardias de los médicos y disminuye la compensación por las bajas médicas entre el undécimo y el vigésimo día. Eso sí, la bajada del salario es igual para un consejero (60.000 euros) que para un celador (16.000). Finalmente, rompe los compromisos laborales y salariales adquiridos con los sindicatos, que han convocado una huelga general en la función pública para el 29 de febrero.

Fuente : elplural.com

"HAY MARGEN PARA CONSOLIDAR LA LEY"

El director del Imserso dice hay margen para consolidar La ley de Dependencia

El nuevo director general del Imserso, el exconsejero de Castilla y León César Antón Beltrán, ha asegurado hoy que en materia de dependencia "hay margen para ordenar y consolidar lo que hay" y ha destacado su compromiso con las personas y las familias que más lo necesitan.

Así lo ha manifestado Antón en declaraciones a los medios tras tomar posesión de su cargo, junto a otros altos cargos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en un acto presidido por la titular del Departamento, Ana Mato.

El exconsejero de Sanidad y Familia e Igualdad de Oportundiades de Castilla y León ha recalcado su "compromiso prioritario" con los mayores, las personas en situación de dependencia y las familias que más lo necesitan y ha pedido la colaboración de las comunidades autónomas.

"Hay camino por recorrer, pero con la colaboración y el esfuerzo conjunto de todas las administraciones tenemos que hacerlo sostenible y conservar lo que ya tenemos, que ha sido con el esfuerzo de toda la sociedad española", ha asegurado Antón.

El nuevo director general del Imserso ha señalado que se encuentra "subido en el barco de un Gobierno que va a liderar la cohesión social" y ha agradecido la confianza del Ejecutivo de Mariano Rajoy y de Ana Mato.

Además, ha mostrado su agradecimiento a Castilla y León en su conjunto, comunidad de la que ha sido consejero en las citadas carteras, y que, según ha subrayado, ha puesto en marcha políticas sociales, que "han sido avanzadilla en el territorio nacional".

Como representantes de la Comunidad han acudido hoy a la toma de posesión de Antón su sustituta en la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, y el titular de Sanidad, Antonio Sáez Aguado.

Junto a Antón han jurado también sus cargos la directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación, María Mercedes Vinuesa Sebastián; el director general del Instituto de la Juventud, Rubén Urosa Sánchez; el director general de Ordenación Profesional y ex responsable de Planificación de Innovación de la Junta de Castilla y León, Javier Castrodeza Sanz, y el secretario general técnico del Ministerio, Sergio Caravajal Álvarez.

Fuente : abc.es/agencias/noticia

CASTILLA LA MANCHA - NO VA A COBRAR POR VALORAR A LOS DEPENDIENTES

Junta asegura que no va a cobrar por valorar dependientes

La Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha ha aclarado este martes que "ni se ha planteado ni se va a cobrar tasa alguna" por realizar una valoración de las posibles personas dependientes en la Comunidad Autónoma.

"No se ha planteado en ningún momento por parte de esta Administración ninguna modificación de la Ley de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, incluida en el proyecto de Ley de Medidas Complementarias para la aplicación del Plan de Garantías de Servicios Sociales Básicos, que implique cobrar tasa alguna a ningún ciudadano por realizar su valoración dentro de la Ley de Dependencia", ha señalado el Ejecutivo, en nota de prensa.

En concreto, en el proyecto de Ley de Medidas Complementarias publicado este lunes se recoge la supresión del artículo que establece la gratuidad en la valoración del grado de discapacidad, cuyo objetivo es evaluar el impacto que las deficiencias permanentes tienen en la vida de la persona formulando un dictamen técnico sobre el grado de discapacidad, así como valorar y orientar, sobre las prestaciones más idóneas para esa persona y su familia.

No obstante lo anterior, fuentes del Ejecutivo autonómico han explicado a Europa Press que de la supresión de este artículo no hay que inferir que se vaya a cobrar por este servicio.

De otro lado, en lo que se refiere a las estancias diurnas para dependientes, la Junta ha señalado que el artículo 14.4 de la Orden de 9 de marzo de 2011 --que regula el sistema de acceso a esos servicios-- señala que cada persona abonará un tanto por ciento de sus ingresos sobre la base anual de cálculo. Asimismo, "y según lo indicado en la norma aprobada también por el último Gobierno de José María Barreda", cuando el usuario necesite de un transporte, su aportación se incrementará en los términos que se determinen.

La Consejería de Sanidad también ha aclarado, respecto al servicio de estancias nocturnas, que actualmente no tiene ningún beneficiario en Castilla-La Mancha "ni nunca lo ha tenido en la región", aunque ha advertido que el régimen aplicable "sería el mismo que para las estancias diurnas".

PARTICIPACIÓN EN LA FINANCIACIÓN
La Administración ha recordado que, con carácter general, en los años 80 del pasado siglo, el IMSERSO ya dejó regulada la aportación de los usuarios en las estancias y servicios prestados en centros, estableciendo claramente en el artículo 50 de la Circular de 2 de enero de 1988, de 23 de febrero, que los beneficiarios o sus representantes participarán en la financiación.

También se refiere desde el Gobierno regional que el artículo 33.1 de la Ley de Dependencia establece que "los beneficiarios de las prestaciones de Dependencia participarán en la financiación de las mismas, según el tipo y coste del servicio y su capacidad económica personal" y prevé la aportación del usuario en todos los servicios del catálogo, aunque su implementación depende de cada Comunidad Autónoma.

En el caso concreto de la ayuda a domicilio en Castilla-La Mancha, la Consejería ha precisado que fue el Gobierno de José María Barreda el que estableció la norma que permite regular esa aportación--mediante el Decreto 181/2009, de 1 de Diciembre, sobre los convenios de colaboración con las entidades locales para el desarrollo de las Prestaciones Sociales Básicas-- y desde entonces los usuarios han estado pagando parte del coste de la ayuda a domicilio al Ayuntamiento que les presta el servicio.

Finalmente la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha se reafirma en su criterio de que es "una medida responsable y eficiente no pagar más que por los servicios efectivamente prestados".

Fuente : europapress.es/castilla-lamancha/noticia

GRANADA - AYUNTAMIENTO CULPA A LA JUNTA DE LA NO APLICACIÓN DE LA LEY

El Ayuntamiento de Granada culpa a la Junta de la no aplicación de la Ley de Dependencia

El Consistorio asegura que soporta un sobrecoste por la paralización y los retrasos de la administración autonómica con esta normativa


El Ayuntamiento de Granada ha denunciado que la no aplicación de la Ley de Dependencia en la capital es “responsabilidad de la administración autonómica”, debido al retraso y la paralización en la resolución de expedientes y en los pagos.

Es por eso que el Consistorio asegura soportar “un sobrecoste” cercano a los dos millones de euros para atender a personas que no están reconocidas por la Ley de Dependencia andaluza y que, a pesar de ello, “no se les puede dejar desatendidos”, asegura el concejal de Bienestar Social en Granada, Fernando Egea.

Egea ha explicado en rueda de prensa que, en los casos de dependencia moderada (grado I nivel 2), la Junta ya acumula un retraso de un año en la puesta en marcha de la Ley. Según el edil de Bienestar, sólo lo ha hecho en la concesión de unidades de estancia diurna a personas dependientes y únicamente en los casos en los que los usuarios ya venían disfrutando con anterioridad de este servicio.

Por este motivo, mantiene que la Junta sólo ha puesto en marcha la Ley “parcialmente”, pues esas plazas de estancia diurna “ya las estaba pagando y sí le interesaba incluirlas en la Dependencia”.

No obstante, Egea asegura que existen casos sin valorar que “ya podrían estar gozando” de las prestaciones de la Ley, de haber sido resueltas por la administración andaluza.

El edil ‘popular’ añade que esta paralización supone para el Ayuntamiento “un sobrecoste” por tener que atender a muchos dependientes “que debería cubrir la Junta”, asegura.

Según el concejal de Bienestar Social, unas 300 personas necesitan de asistencia en la capital y aún no tienen reconocida su dependencia por la administración autonómica, por lo que, mientras se resuelven sus casos, es el Consistorio el que tiene que asumir este servicio.

Los datos aportados por Egea arrojan un coste medio anual por la atención a esas 300 personas de un millón cuatrocientos mil euros aunque, para Egea, el principal problema es que entre esos casos “hay personas afectadas con dependencia severa” cuya asistencia se ve demorada.

UN SOBRECOSTE DE DOS MILLONES, ENTRE ASISTENCIA Y TRAMITACIÓN

Asimismo, el Ayuntamiento critica que la Junta se retrasa una media de cinco meses en conceder el recurso de personas dependientes -cuando antes este período era de un mes- y que, por este motivo, el Consistorio debe hacerse cargo de ese gasto durante ese tiempo. En total, Bienestar Social estima un coste extra de dos millones de euros anuales que “deberían ser soportados por la Junta de Andalucía” a través de la Ley de Dependencia.

En 2011, el Ayuntamiento de Granada ha remitido a la Junta 1.858 expedientes para obtener prestaciones de la Ley de Dependencia, de los que se han resuelto 1.103. De los 755 casos no resueltos aún, el Consistorio se hace cargo de unos 300 dependientes “a los que no se les puede dejar desatendidos”, asevera Egea. Además, el concejal ‘popular’ asegura que la administración andaluza ha resuelto en Granada a lo largo del año pasado un 30% menos de expedientes que en 2010, alcanzando un total de 323.

Para hacer frente a las demandas de estas personas dependientes que están a expensas de la resolución de sus casos por parte de la Junta, es el Consistorio el que sufraga al personal que se ocupa de tramitar estos expedientes en la capital. En total, son 13 personas más las que asume el Ayuntamiento -aparte de las 16 que ya contrata la administración regional para este servicio-, con un coste aproximado de 590.000 euros.

En ese sentido, para llevar a cabo la labor administrativa de esta Ley, son ocho los auxiliares de apoyo que trabajan los casos de Granada. Sin embargo, Egea asegura que no se han cubierto dos bajas de larga duración por parte de la Junta durante el 2011 -una de ellas aún no está cubierta-, lo que retrasa aún más la resolución de expedientes.

“En todos los aspectos que atañen a la Ley de Dependencia, la Junta de Andalucía está incumpliendo o no dotando adecuadamente” de los medios necesarios para aplicarla, ha insistido el concejal de Bienestar Social. Además, Egea afirma que, aunque el número de casos de personas dependientes aumenta cada año, la partida dedicada a este servicio “no se ha incrementado” desde el año 2006 por parte de la administración autonómica.

RETRASOS EN LOS PAGOS

A todo eso hay que sumar, según Egea, que la Junta está retrasando los pagos de la ayuda a domicilio de la Dependencia pues, cuando antes lo abonaba con un semestre de anticipación, ahora lo hace con un abono bimensual y “con el plazo vencido”.

“El Ayuntamiento soporta una carga muy superior porque estas personas no pueden quedar desatendidas. La Junta no está resolviendo la Ley de Dependencia en casos de nivel moderado, excepto los de estancia diurna, porque le interesa. Hay personas desatendidas y me temo que en 2012 vaya a peor”, asegura Egea.

Este año, el coste de la Ley de Dependencia en Granada está fijado en un presupuesto de 15 millones de euros, de los que el Ayuntamiento debe asumir 4,1 millones, sin contar el sobrecoste que denuncia el área de Bienestar Social. Se atenderá a un total de 6.993 personas dependientes de distintos niveles de necesidad

Fuente : granadadigital.com

LAS RESIDENCIAS CULPAN A LA LEY DE LA PÉRDIDA DE UN 6% DE PLAZAS EN CUATRO AÑOS

Dependencia. Las residencias culpan a la ley de la pérdida de un 6% de plazas en cuatro años

La Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED) asegura que desde 2007, cuando entró en vigor la Ley de Autonomía Personal, el sector ha perdido un 6% de plazas, ya que si ese año las vacantes suponían un 16% del total, a finales de 2011 ascendían al 22%.

Según ha declarado a Servimedia José Alberto Echevarría, presidente de la FED, el incremento de plazas vacías en las residencias privadas se debe a la crisis, "que está incidiendo en gran medida", y a la figura del cuidador informal recogida en la Ley de Dependencia.

Esta figura, recordó el presidente de la patronal de las residencias, está contemplada en la norma como una medida "excepcional", pero a su juicio se ha abusado de ella.

Concretamente, la ley establece en el apartado 4 de su artículo 14 que "el beneficiario podrá, excepcionalmente, recibir una prestación económica para ser atendido por cuidadores no profesionales, siempre que se den condiciones adecuadas de convivencia y de habitabilidad de la vivienda y así lo establezca su Programa Individual de Atención".

Pese a esto, señaló Echevarría, alrededor del 60% de las prestaciones concedidas por el Sistema de Dependencia son ayudas para la atención de los beneficiarios en el entorno familiar a cargo de cuidadores no profesionales.

Este hecho, unido a la crisis económica, que está haciendo que algunas familias saquen a los ancianos de las residencias, y a los retrasos en el pago de las administraciones, está poniendo al sector en una situación "muy delicada".

Tanto es así, aseguró, que en los últimos cuatro años han caído entre un 8 y un 10% de las residencias privadas que atienden a personas mayores en España, a lo que hay que unir la pérdida de horas de ayuda a domicilio prestadas, que, según Echevarría, son muchas.

Las administraciones públicas acumulan de media, dijo, un retraso de unos seis u ocho meses en el pago de las plazas concertadas al sector, cuya creación, además, se ha paralizado o ha retrocedido también en algunas autonomías.

Ante esta situación, la FED pide al nuevo Gobierno que tome cartas en el asunto y vele por la correcta aplicación de la Ley de Dependencia y por la coordinación de las administraciones central y autonómica, cuya falta de entendimiento genera a veces muchos problemas

Fuente : noticias.lainformacion.com

CASTILLA LA MANCHA - RECHAZAN QUE QUITEN LA GRATUIDAD EN EL DICTAMEN DE GRADO

Rechazan que quiten la gratuidad en el dictamen de grado

La Plataforma Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha ha mostrado su rechazo a la eliminación, en el proyecto de Ley de Medidas Complementarias para la aplicación del Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos de Castilla-La Mancha, de la gratuidad para el dictamen del reconocimiento de grado y nivel de dependencia.

En nota de prensa, la Plataforma ha mostrado igualmente su "estupor y rechazo" a los recortes por parte del Gobierno central en relación al aplazamiento de la entrada en el sistema de dependencia de los valorados con nivel moderado.

Según afirma, con estas medidas, se sigue comprobando como se hace "culpable y responsable" de una situación al colectivo que tiene, como única responsabilidad, el haber nacido o haber sufrido durante su vida alguna circunstancia que le ha llevado a estar en situación de dependencia.

Del mismo modo, apunta que "resulta sangrante" como se pretende cobrar por adelantado a personas en "situaciones dramáticas" por un dictamen de su propia situación y que, en vista de la actuación de los ejecutivos actuales "tendrían, en el mejor de los casos, entrada en el catalogo de prestaciones pasado mas de un año".

La Plataforma entiende que la verdadera intención del Gobierno regional con el cobro de tasas por el reconocimiento del grado y nivel de dependencia, "es la voluntad torticera de vencer la voluntad de solicitud del derecho que les pueda asistir por Ley a los futuros beneficiarios".

"No es justificable en forma alguna por cuestión del volumen económico el cobro de dichas tasas, tasas que rondarían entre los diez y treinta euros y que, en función de las incorporaciones anuales que se van produciendo, estarían sobre los 15.000 euros anuales", ha argumentado.

Una cantidad que ha calificado de "irrisoria" y que muestra el "transfundo político", el "desprecio" y la "falta de sensibilidad" tanto de carácter personal como político del Gobierno de María Dolores de Cospedal.

Por ello, ha exigido la rectificación de esta medida y ha propuesto una solución alternativa "si de lo que se trata es de recaudar y salir de la crisis que padecemos", como sería la reducción en dos euros mensuales de las retribuciones de la presidenta de la región, los consejeros y los altos cargos de libre designación.

Finalmente, ha recordado la deuda del Gobierno regional del mes de diciembre a pesar de la respuesta recibida en el día de ayer desde la Junta "en la que se nos espetaba que no había deudas con los dependientes y que de que nos quejábamos si han pagado octubre y noviembre en dos días", añade.

"Seguramente desde la Junta de comunidades no entiendan que todas estas personas deben comer y vivir todos los días", han concluido desde la Plataforma

Fuente : europapress.es/castilla-lamancha/noticia

domingo, 15 de enero de 2012

MÁLAGA - IU PIDE DESBLOQUEO ENTRADA NUEVOS BENEFICIARIOS

IU en Diputación pide que se desbloquee la entrada de nuevos beneficiarios a la Ley de Dependencia

El grupo de IU en la Diputación de Málaga solicitará al equipo de gobierno, en el pleno de este martes, que inste al Ejecutivo central a "dar marcha atrás en su proyecto de bloquear durante 2012 la entrada de nuevos beneficiarios en ciertos grados" de la Ley de Dependencia y a que aporte "la financiación necesaria" para que ésta pueda desarrollarse "plenamente".

Según se concreta en la moción, a la que ha tenido acceso Europa Press, la aplicación de esta medida supone que "40.000 dependientes andaluces y 7.300 malagueños, cuya dependencia ya está reconocida y están a la espera de la validación, se queden sin recibir la ayuda que por derecho les corresponde".

La coalición de izquierdas pone de manifiesto "el enorme impacto para el bienestar de las personas dependientes y sus familiares que ha tenido esta ley", tanto en España como en la provincia de Málaga, donde el Sistema de Atención a la Dependencia ofrece actualmente 37.840 prestaciones a 29.126 personas beneficiarias.

Además, ha supuesto la creación de 10.000 puestos de trabajo en la provincia, ocupados en su mayoría --el 86 por ciento-- por mujeres, que cobran en torno a 500 euros mensuales. En el 69 por ciento de los casos, estas personas no realizan ninguna otra actividad laboral más.

Por tanto, desde IU sostienen que la ayuda a la dependencia se ha convertido en "un pilar del Estado de Bienestar en España y, por tanto, en un derecho irrenunciable", aún conscientes de que la aplicación de esta ley "no está exenta de criticas", como "la falta de universalidad, la feminización y precarización de los cuidados, la privatización de la gestión, etcétera".

Fuente : noticias.lainformacion.com/politica/privatizacion

OBSERVATORIO DEPENDENCIA EN MADRID CONSIDERA QUE LA DEMORA TRAERÁ MÁS PARO

El observatorio de la dependencia de madrid considera que la demora en la aplicación de la ley traerá más paro

El Observatorio Social de la Dependencia en Madrid considera que la demora en la aplicación del calendario de la Ley de Autonomía Personal anunciada por el Gobierno de Mariano Rajoy supondrá un aumento del paro y un "ahogo económico" para el sector, ya "en situación crítica" por el retraso en los pagos que le adeuda la Administración.

Según el observatorio, el ahorro que generará la demora en la aplicación del calendario de la Ley de Dependencia "es insignificante", pues el coste de la atención de los dependientes moderados, a los que afectará la moratoria de un año, supone el 0,6% del total de los dependientes.

Estos dependientes, los que tendrán que esperar 12 meses para recibir sus ayudas o prestaciones, son, en función de los cálculos de este observatorio, el 2,3% de todos los beneficiarios del sistema.

Además, según la entidad, las prestaciones para estas personas (ayuda a domicilio, Centros de Día, teleasistencia, etc.) "son las más baratas del sistema y alcanzarían unos 40 millones al año", tal y como apuntan los datos aportados por la Asociación de Directores y Gerentes de los Servicios Sociales.

El Observatorio Social de la Dependencia en Madrid calcula que la medida, "injustificada" en su opinión, afecta a nivel estatal a la mayoría de los 166.413 ciudadanos cuya dependencia moderada está reconocida ya en los dictámenes oficiales, el paso previo para recibir la ayuda, y a más de 16.100 en la región madrileña.

El observatorio señaló que la entrada al sistema de los dependientes leves (grado I, nivel I) también sufrirá un retraso de un año, hasta enero de 2014, lo que afectará a unas 250.000 personas en todo el territorio nacional y no generará tampoco un gran ahorro

Fuente : noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales

C.VALENCIANA - LA GENERALITAT ATENTA CONTRA LOS DERECHOS DE LOS DEPENDIENTES

EU: la Generalitat atenta contra los derechos sociales de los dependientes

La diputada del grupo parlamentario Esquerra Unida (EU) Esther López ha acusado hoy a la Generalitat de "atentar cada día contra los derechos sociales de miles de dependientes" y ha asegurado que la gestión del PP en esta materia conduce a una "situación insostenible".

López ha realizado estas manifestaciones, a través de un comunicado, coincidiendo con el aniversario de la Ley de la Dependencia y ha recriminado al PP que "continúa desarrollando una nefasta gestión de la Ley para así justificar su inviabilidad".

La diputada ha señalado que el PP ha situado a la Comunitat Valenciana como "la segunda posición de las comunidades autónomas del Estado que peor gestionan las transferencias en materia de dependencia".

López ha lamentado que el PP quiera "dinamitar el sector de la dependencia, como demuestra la gestión que ha hecho en el País Valenciano" y ha asegurado que, de hecho, "difícilmente podría haberse hecho peor".

La parlamentaria autonómica, López Barceló ha añadido que el grupo parlamentario de izquierdas continuará denunciando este atentado contra los derechos sociales a través de iniciativas parlamentarias y preguntas al respeto.

Fuente : abc.es/agencias

VIGO - LA MORATORIA EN LA LEY DEJA SIN AYUDA A 1.200 PERSONAS

La moratoria en la Ley de Dependencia deja sin ayuda este año a 1.200 personas

Los 7.739 dependientes moderados en lista de espera cobrarán la prestación en 2012

Al menos 1.200 dependientes moderados se verán afectados este año en Galicia por los cambios aplicados en el calendario de la Ley de Dependencia por el Gobierno central.

Uno de los ajustes incluidos por el equipo de Rajoy en el primer paquete de medidas de ahorro para frenar el déficit fue una moratoria para retrasar un año la atención a nuevos dependientes. La Consellería de Traballo e Benestar calcula que en Galicia serán unos 1.200 los perjudicados por la paralización de las ayudas en este ejercicio, que pasarían a percibirlas a partir de enero de 2013.

Serán, en todo caso, los dependientes que sean valorados a lo largo de este año como "moderados, es decir, grado I nivel 2", según especifica Traballo. La atención a este colectivo se pospone un ejercicio. La paralización de las prestaciones planteada en el real decreto 20/2011 de 30 de diciembre no afecta, sin embargo, a los dependientes que ya tengan en sus manos la valoración (realizada antes de fin de año), es decir, que tengan derecho a la prestación pero que todavía no empezaron a cobrarla.

"Se garantiza la atención de los solicitantes ya valorados con grado 1 de dependencia moderada, nivel 2. En Galicia son en la actualidad un total de 7.739 personas", según concreta el departamento que dirige Beatriz Mato.

También el colectivo de dependientes leves acumulará un retraso en el cobro de las prestaciones. Mientras que según el calendario inicial de la ley tendrían que empezar a percibir las ayudas en 2013 (una vez incorporados todos los severos y moderados, por nivel de gravedad), con los cambios del Gobierno lo harán a partir de enero de 2014. "Con respecto al grado 1 nivel 1 (dependientes leves), que ahora entrarían en el calendario de atención en 2014, actualmente están valoradas en Galicia 9.204 personas.

Hay que recordar que la atención de este grupo tampoco estaba prevista para este año", explican desde Traballo. En definitiva, a los 35.100 dependientes que en Galicia ya perciben la prestación (la gran mayoría grado tres y dos) se sumarán a lo largo de este año los 7.739 que poseen la valoración para cobrarla y al ser anterior a diciembre de 2012 no les afecta la moratoria, según explica Traballo.

Sí les afecta a los 1.200 moderados que podrían ser valorados este año y que en el conjunto de España ascendería a 30.000 dependientes moderados, según la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

El calendario también retrasa las prestaciones de los más de 9.000 leves hasta 2014.

Fuente : farodevigo.es/galicia