Los recortes de la Ley de Dependencia arrinconan a los 62.104 discapacitados
El Gobierno central ha eliminado una partida de 22 millones y reducido otra el 13,24%
Y llegaron los recortes.
Apenas se había estrenado y la
Ley de Dependencia que había comenzado a reconocer derechos y
prestaciones en 2007 –ese año se contaron con los dedos– no ha podido
celebrar su quinto cumpleaños sin dejar de ser lo que era y disfrazada
de la palabra ajuste y enmascarada bajo los conceptos de mejora,
profesionalización o, incluso, del de un mayor respeto al espíritu de la
ley, llegó la tijera.
Se llame como se llame, disminuyeron, y no poco,
los recursos.
Los recortes y la reforma los impusieron el Estado y la
Junta, para poder disimular lo indisimulable, que son muchos, muchos
millones menos y más, más beneficiarios y rebuscaron la forma de adaptar
el sistema a la falta de ingresos.
El Ministerio de Sanidad y Servicios
Sociales congeló la incorporación al sistema de nuevos grados de
dependencia; pero insuficiente esta contención de la demanda, eliminó
una de sus dos vías de financiación, la del llamado nivel concertado, y
Castilla y León perdió 22 millones, y redujo el otro, el del mínimo
garantizado que es la financiación, al 50% con las comunidades, en
función del número y la gravedad de cada dependiente, y lo bajó otro
13,24%.
La evolución de esta cuantía ha sido, lógicamente por el aumento
de beneficiarios, al alza y muy progresiva.
Así, en 2008 la Consejería
de Familia recibía 32,5 millones del Estado; 99,8 en 2009; 111,8 al año
siguiente y 105,7 el pasado ejercicio.
Sobre este último dato cabe
esperar 13 millones menos de euros.
A estas reducciones hay que añadir
las que la propia Junta suma, un cálculo difícil porque desde 2011 no
desglosa del global de Servicios Sociales las cuentas de la
dependencia; pero fuentes del sector lo sitúan en al menos 6,6 millones
de descuento.
Para 2013, la Junta recortará en 21 millones su capital
para gestionar toda su acción social, además de los 22 que reducirá el
Gobierno central.
Moción socialista
Esta situación ha llevado al Grupo Parlamentario
Socialista a presentar una moción en las Cortes para reclamar la
retirada de los recortes, garantías en la intensidad perdida de la
Atención a Domicilio y la revisión y el reconocimiento suficiente de los
cuidados en el entorno familiar.
La apuesta de Familia para compensar los recortes ha
sido la de bajar aún más la reducción estatal del 15% de las pagas al
cuidador –que por cierto tampoco tienen ya Seguridad Social–.
Así, en
Castilla y León son ya de un 30% y seguirán bajando en una apuesta por
potenciar la contratación de servicios cualificados, de profesionalizar
el sector y, además, crear empleo a través de la ayuda vinculada.
Supone que de los 62.104 dependientes ya con prestaciones de la región,
24.988 que reciben la ayuda por atención en el entorno familiar ven
drásticamente reducida su prestación y no siempre la opción de la
vinculada –un dinero para pagar un servicio– permite cubrir la atención y
no siempre es posible optar por el ingreso en una residencia o apostar
por un asistente personal.
Si bien esta opción suele adaptarse bastante
bien a los ancianos, evitando además que la atención recaiga sobre la
pareja también mayor, en los casos de hijos menores discapacitados,
ningún padre quiere renunciar a sus cuidados en su hogar y, en cambio,
necesita ayuda para fisioterapia, logopedia...
Tampoco la vinculada
llega en muchos casos para la contratación de una plaza o el desahogo de
un centro de día y la reducción de horas de ayuda a domicilio deja
abandonados a muchos usuarios.
Muchos dependientes no encuentran su
lugar en las nuevas soluciones.
Fuente : elnortedecastilla.es
