Esperanza Aguirre evita hablar sobre Dependencia con un invidente
La presidenta de la Comunidad de Madrid no quiso saber nada de un hombre ciego que quería explicarle su situación familiar en un reportaje de 'El intermedio'
El programa El Intermedio ha vuelto a dejar en evidencia a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.
En este caso, la lideresa, ayudada por sus guardaespaldas y simpatizantes, ha evitado a un invidente que quería reclamar ayudas de la Ley de Dependencia para su familia.
"Mi madre, de 76 años, padece alzhéimer desde hace tres años. Su marido, de 81, también. Tiene tres hijos: dos invidentes y uno con fibromalgia".
Es la historia que cuenta Eugenio Martín, uno de los hijos invidentes, que acompaña al reportero Gonzo con el objetivo de que la presidenta de la Comunidad de Madrid escuche sus reclamaciones.
Actualmente, su madre solo tiene derecho a una ayuda de menos de una hora al día y necesita mucho más. Lleva luchando tres años contra todas las administraciones.
"Ya solo nos queda demandar", asegura Eugenio, pues la Comunidad de Madrid valoró el nivel de dependendia de su madre sin siquiera verla.
"La valoraron en un despacho", afirma Eugenio. Además, esa valoración es del año 2009 y hay que tener en cuenta que la enfermedad de su madre es neurodegenerativa.
Cada año empeora. "Tan solo le pedimos que vuelvan a valorarla".
Después de contar su historia, Eugenio y Gonzo intentan encontrarse con Esperanza en el acto de presentación de sus candidatos en un parque de Madrid.
Nada más acercarse, se observa como varios simpatizantes -o guardaespaldas- intentan a toda costa impedir que puedan llevar a cabo su objetivo: se colocan delante de la cámara, los agarran, empujan.
Y ello a pesar de que en el acto sí había otros medios de comunicación.
Lo curioso de la historia es que, tal y como explica el reportero del programa de La Sexta al final del reportaje, avisaron a la responsable de prensa y le explicaron que querían hablar con Aguirre sobre la situación de Eugenio y su familia.
Posteriormente, enseñan unas imágenes en las que se ve a la misma mujer de prensa con la que hablaron charlando con la presidenta de la Comunidad justo cuando ambos llegaban a su encuentro.
¿Evitó Aguirre conscientemente hablar con Eugenio?
El vídeo parece demostrar que sí. "No me sorprende", concluye Eugenio, "los políticos solo saben esconderse"
Fuente : publico.es/televisionygente
jueves, 28 de abril de 2011
MADRID - 10 PUNTOS POR ENCIMA DE LA MEDIA
Comunidad: Madrid, 10 puntos por encima de la media en dependientes atendidos
La Comunidad ha recordado hoy a la directora general del Imserso, Purificación Causapié, que "Madrid está diez puntos por encima de la media en personas dependientes atendidas".
En la inauguración en Parla de una jornada sobre "La Ley de Dependencia y el empleo", Causapié ha recalcado hoy la diferente aplicación e implicación en la Ley de Dependencia según las Comunidades Autónomas.
Así, Causapié ha destacado que en algunas regiones "su desarrollo y aplicación es más rápido, como Andalucía y La Rioja (entorno al 2,2 por ciento), y en otras, como Madrid y Valencia, hablamos de un porcentaje de población atendida del 0,8 por ciento, dato que sitúa a Madrid a la cola de España".
A este respecto, el director general de Coordinación de Dependencia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, asegura que debe tratarse de un error las cifra del 0,8% de personas atendidas en la región, puesto que según sus propios datos el 77% de las personas dependientes con derecho a prestación de la región ya la están recibiendo.
Esta cifra sitúa a Madrid, según García, diez puntos por encima de la media nacional en personas dependientes atendidas con respecto a los beneficiarios, superada sólo por Cantabria, Castilla y León y La Rioja.
Asimismo, según los mismos datos oficiales que aporta mensualmente el Imserso sobre el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, la Comunidad de Madrid es también la primera autonomía en número de plazas residenciales y la primera en plazas de centro de día para la atención de personas dependientes, con 34.498 plazas.
De hecho, casi el 20% de las plazas públicas o concertadas del Sistema Nacional de Atención a la Dependencia se encuentra en Madrid, lo que supone que de los 70.000 madrileños en situación de dependencia atendidos, el 50% lo hace en una residencia o centro de día, ha destacado Miguel Ángel García.
El director general añade que la Comunidad de Madrid ha invertido en estos últimos cuatro años más de 3.400 millones de euros en atender y prevenir situaciones de dependencia.
Según los mismos datos, la Comunidad de Madrid está ofreciendo 78.565 servicios y prestaciones a las personas dependientes de la región, lo que significa que el 15% de los beneficiarios reciben dos o más servicios.
En ese sentido, Madrid también se sitúa como la primera comunidad en programas de prevención de la dependencia y la promoción de la autonomía personas y la segunda comunidad autónoma con mayor número de servicios de atención domiciliaria profesional, con 17.556 personas en situación de dependencia que están recibiendo este recurso.
En cuanto a las prestaciones económicas, cerca de 16.000 madrileños ya están cobrando esta ayuda por dependencia que han solicitado, lo que representa un 23% del total de las ayudas que otorga la Comunidad, concluye el director general madrileño de Coordinación de Dependencia.
Fuente : abc.es
La Comunidad ha recordado hoy a la directora general del Imserso, Purificación Causapié, que "Madrid está diez puntos por encima de la media en personas dependientes atendidas".
En la inauguración en Parla de una jornada sobre "La Ley de Dependencia y el empleo", Causapié ha recalcado hoy la diferente aplicación e implicación en la Ley de Dependencia según las Comunidades Autónomas.
Así, Causapié ha destacado que en algunas regiones "su desarrollo y aplicación es más rápido, como Andalucía y La Rioja (entorno al 2,2 por ciento), y en otras, como Madrid y Valencia, hablamos de un porcentaje de población atendida del 0,8 por ciento, dato que sitúa a Madrid a la cola de España".
A este respecto, el director general de Coordinación de Dependencia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, asegura que debe tratarse de un error las cifra del 0,8% de personas atendidas en la región, puesto que según sus propios datos el 77% de las personas dependientes con derecho a prestación de la región ya la están recibiendo.
Esta cifra sitúa a Madrid, según García, diez puntos por encima de la media nacional en personas dependientes atendidas con respecto a los beneficiarios, superada sólo por Cantabria, Castilla y León y La Rioja.
Asimismo, según los mismos datos oficiales que aporta mensualmente el Imserso sobre el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, la Comunidad de Madrid es también la primera autonomía en número de plazas residenciales y la primera en plazas de centro de día para la atención de personas dependientes, con 34.498 plazas.
De hecho, casi el 20% de las plazas públicas o concertadas del Sistema Nacional de Atención a la Dependencia se encuentra en Madrid, lo que supone que de los 70.000 madrileños en situación de dependencia atendidos, el 50% lo hace en una residencia o centro de día, ha destacado Miguel Ángel García.
El director general añade que la Comunidad de Madrid ha invertido en estos últimos cuatro años más de 3.400 millones de euros en atender y prevenir situaciones de dependencia.
Según los mismos datos, la Comunidad de Madrid está ofreciendo 78.565 servicios y prestaciones a las personas dependientes de la región, lo que significa que el 15% de los beneficiarios reciben dos o más servicios.
En ese sentido, Madrid también se sitúa como la primera comunidad en programas de prevención de la dependencia y la promoción de la autonomía personas y la segunda comunidad autónoma con mayor número de servicios de atención domiciliaria profesional, con 17.556 personas en situación de dependencia que están recibiendo este recurso.
En cuanto a las prestaciones económicas, cerca de 16.000 madrileños ya están cobrando esta ayuda por dependencia que han solicitado, lo que representa un 23% del total de las ayudas que otorga la Comunidad, concluye el director general madrileño de Coordinación de Dependencia.
Fuente : abc.es
MADRID - 20.400 DEPENDIENTES RECONOCIDOS NO RECIBEN LA PRESTACIÓN
Valcarce asegura que 20.400 dependientes reconocidos no reciben la prestación
Más de 20.000 personas están esperando recibir las prestaciones de la Ley de Dependencia en Madrid pese a tener ya reconocido este derecho, según datos aportados por el Gobierno regional al Sistema de Información Centralizado del Sistema de Dependencia (SISAAD) y que han sido dados a conocer hoy por el PSM.
Tras dar a conocer estos datos, la número dos en la lista del PSM a la Asamblea de Madrid, Amparo Valcarce, ha exigido hoy a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que explique qué hace con el dinero que cobra la Administración madrileña por la Ley de Dependencia.
Según Valcarce, la Comunidad de Madrid es una de las regiones que menos gasta en política social y en el caso de la dependencia, Madrid está a la cola de España.
La Comunidad de Madrid reconoce, según el PSM, la existencia de 135.000 madrileños que han solicitado las ayudas de dependencia, pero sólo 68.000 atendidos.
Además, hay personas a las que ya se les ha reconocido el grado de dependencia pero todavía, siendo dependientes, no reciben sus prestaciones.
"En esta situación están 20.400 familias. Esta es una lista de espera especialmente grave porque la propia Comunidad reconoce que son dependientes y necesitan ayuda", ha denunciado Valcarce.
"Hay personas que llevan esperando dos años a ser reconocidas como dependientes", ha denunciado la "número dos" de la candidatura socialista a la Comunidad de Madrid.
La socialista ha exigido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que explique qué hace con el dinero de la Ley de Dependencia, porque la propia Comunidad de Madrid reconoce que ha recibido del Estado 700 millones de euros.
A esta cantidad se suman cerca de 38 millones de euros del Plan E para inversiones necesarias en residencias o centros de día, ha explicado la ex delegada del Gobierno.
Valcarce ha dicho que los informes independientes sobre gasto social y ayuda a la dependencia de las Comunidad Autónomas sitúan a Madrid siempre en la cola, "lo mires por donde lo mires".
"Queremos que haya una gestión transparente de los recursos dedicados a la dependencia y, sobre todo, que la financiación que se recibe se dedique íntegramente a la dependencia", ha dicho Valcarce.
La información estadística reunida por el Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia, (SAAD), cuenta con datos hasta el uno de abril de este año que muestran que Madrid tiene un total de 135.490 solicitudes registradas frente a las 262.455 de Cataluña.
La "número dos" de los socialistas a la Asamblea de Madrid ha calificado esta diferencia de "extrañísima", ya que son dos comunidades con casi la misma población.
Valcarce ha destacado la falta de asignación de prestaciones económicas para Asistentes Personales, ya que mientras que en la Rioja se han concedido 554 ayudas de este tipo en Madrid han sido 24.
Que se asignen más recursos para Asistentes Personales o para Cuidados Familiares es una de las grandes reivindicaciones según Amparo Valcarce, porque es lo más solicitado por los madrileños, ya que la mayoría de personas dependientes lo que piden es poder "normalizar" su vida y ser asistidos en su casa.
La "número dos" socialista ha recordado el compromiso de su partido de cumplir en un plazo de seis meses con las personas dependientes que soliciten ayuda, y la intención de crear la figura del Defensor del Dependiente.
Valcarce ha destacado que en Madrid apenas se aplica el Convenio Especial de Cuidadores No Profesionales de personas en situación de dependencia, ya que hay 4.547 cuidadores dados de alta en la Seguridad Social en la Comunidad de Madrid, casi lo mismo que la provincia de Granada que cuenta con 4.658 y mucha menos población.
"No es normal que en Madrid sólo haya cuatro mil cuidadores no profesionales cuando Cataluña cuenta con más de 21.000", ha señalado.
"A pesar de Aguirre y a pesar de los palos en las ruedas, la buena noticia es que se ha aplicado la Ley y al menos ya hay 68.000 madrileños atendidos", ha concluido Valcarce.
Fuente : abc.es
Más de 20.000 personas están esperando recibir las prestaciones de la Ley de Dependencia en Madrid pese a tener ya reconocido este derecho, según datos aportados por el Gobierno regional al Sistema de Información Centralizado del Sistema de Dependencia (SISAAD) y que han sido dados a conocer hoy por el PSM.
Tras dar a conocer estos datos, la número dos en la lista del PSM a la Asamblea de Madrid, Amparo Valcarce, ha exigido hoy a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que explique qué hace con el dinero que cobra la Administración madrileña por la Ley de Dependencia.
Según Valcarce, la Comunidad de Madrid es una de las regiones que menos gasta en política social y en el caso de la dependencia, Madrid está a la cola de España.
La Comunidad de Madrid reconoce, según el PSM, la existencia de 135.000 madrileños que han solicitado las ayudas de dependencia, pero sólo 68.000 atendidos.
Además, hay personas a las que ya se les ha reconocido el grado de dependencia pero todavía, siendo dependientes, no reciben sus prestaciones.
"En esta situación están 20.400 familias. Esta es una lista de espera especialmente grave porque la propia Comunidad reconoce que son dependientes y necesitan ayuda", ha denunciado Valcarce.
"Hay personas que llevan esperando dos años a ser reconocidas como dependientes", ha denunciado la "número dos" de la candidatura socialista a la Comunidad de Madrid.
La socialista ha exigido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que explique qué hace con el dinero de la Ley de Dependencia, porque la propia Comunidad de Madrid reconoce que ha recibido del Estado 700 millones de euros.
A esta cantidad se suman cerca de 38 millones de euros del Plan E para inversiones necesarias en residencias o centros de día, ha explicado la ex delegada del Gobierno.
Valcarce ha dicho que los informes independientes sobre gasto social y ayuda a la dependencia de las Comunidad Autónomas sitúan a Madrid siempre en la cola, "lo mires por donde lo mires".
"Queremos que haya una gestión transparente de los recursos dedicados a la dependencia y, sobre todo, que la financiación que se recibe se dedique íntegramente a la dependencia", ha dicho Valcarce.
La información estadística reunida por el Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia, (SAAD), cuenta con datos hasta el uno de abril de este año que muestran que Madrid tiene un total de 135.490 solicitudes registradas frente a las 262.455 de Cataluña.
La "número dos" de los socialistas a la Asamblea de Madrid ha calificado esta diferencia de "extrañísima", ya que son dos comunidades con casi la misma población.
Valcarce ha destacado la falta de asignación de prestaciones económicas para Asistentes Personales, ya que mientras que en la Rioja se han concedido 554 ayudas de este tipo en Madrid han sido 24.
Que se asignen más recursos para Asistentes Personales o para Cuidados Familiares es una de las grandes reivindicaciones según Amparo Valcarce, porque es lo más solicitado por los madrileños, ya que la mayoría de personas dependientes lo que piden es poder "normalizar" su vida y ser asistidos en su casa.
La "número dos" socialista ha recordado el compromiso de su partido de cumplir en un plazo de seis meses con las personas dependientes que soliciten ayuda, y la intención de crear la figura del Defensor del Dependiente.
Valcarce ha destacado que en Madrid apenas se aplica el Convenio Especial de Cuidadores No Profesionales de personas en situación de dependencia, ya que hay 4.547 cuidadores dados de alta en la Seguridad Social en la Comunidad de Madrid, casi lo mismo que la provincia de Granada que cuenta con 4.658 y mucha menos población.
"No es normal que en Madrid sólo haya cuatro mil cuidadores no profesionales cuando Cataluña cuenta con más de 21.000", ha señalado.
"A pesar de Aguirre y a pesar de los palos en las ruedas, la buena noticia es que se ha aplicado la Ley y al menos ya hay 68.000 madrileños atendidos", ha concluido Valcarce.
Fuente : abc.es
PIDO JUSTICIA GATUITA PARA MI HIJA
Pido justicia gratuita para mi hija
Tengo una hija de 45 años con una minusvalía severa: tetraplejia y parálisis cerebral.
Llevo cuidándola toda la vida, de día y de noche.
La Ley de Dependencia hubiera supuesto un desahogo, pero la resolución de la Consejería de Igualdad no ha sido la esperada, por lo que he solicitado abogado al Servicio de Orientación Jurídica del Colegio de Abogados de Cáceres, aportando copia de la resolución de reconocimiento de discapacidad.
Su respuesta es sorprendente.
Telefónicamente se me dijo que tiene que ser mi hija la que solicite la justicia gratuita; al responderle que no sabe leer ni escribir y que carecer de autonomía intelectual, se me sugirió que lo haga yo en su nombre y firme como que es ella.
Es decir, se trata de fingir.
Es cierto que no se ha instado la incapacidad judicial; no lo he necesitado para cuidarla durante 45 años.
Estoy segura de que si hubiera dejado de hacerlo, hubiera tenido consecuencias judiciales.
Es un contrasentido que, ahora que necesito defender a mi hija ante una resolución injusta, se la relegue a ser ciudadana de segunda, dejándola sin protección, perdiendo el derecho al recurso administrativo y posiblemente judicial, porque el título de madre, que he ejercido hasta ahora, no es válido.
Para optar a la justicia gratuita hay que hacer muchas gestiones; si no cumples los requisitos del sistema sus puertas se cierran.
Nunca he pretendido incumplir la ley y mi hija necesita la justicia gratuita ahora, ¿Como madre, no puedo defender a mi hija porque un juez no lo ha reconocido? ¿Qué hará contra mí la sociedad y ese juez si la abandono? ¿Me reclamarían el título de madre o el de tutora judicial?
Fuente : hoy.es
Tengo una hija de 45 años con una minusvalía severa: tetraplejia y parálisis cerebral.
Llevo cuidándola toda la vida, de día y de noche.
La Ley de Dependencia hubiera supuesto un desahogo, pero la resolución de la Consejería de Igualdad no ha sido la esperada, por lo que he solicitado abogado al Servicio de Orientación Jurídica del Colegio de Abogados de Cáceres, aportando copia de la resolución de reconocimiento de discapacidad.
Su respuesta es sorprendente.
Telefónicamente se me dijo que tiene que ser mi hija la que solicite la justicia gratuita; al responderle que no sabe leer ni escribir y que carecer de autonomía intelectual, se me sugirió que lo haga yo en su nombre y firme como que es ella.
Es decir, se trata de fingir.
Es cierto que no se ha instado la incapacidad judicial; no lo he necesitado para cuidarla durante 45 años.
Estoy segura de que si hubiera dejado de hacerlo, hubiera tenido consecuencias judiciales.
Es un contrasentido que, ahora que necesito defender a mi hija ante una resolución injusta, se la relegue a ser ciudadana de segunda, dejándola sin protección, perdiendo el derecho al recurso administrativo y posiblemente judicial, porque el título de madre, que he ejercido hasta ahora, no es válido.
Para optar a la justicia gratuita hay que hacer muchas gestiones; si no cumples los requisitos del sistema sus puertas se cierran.
Nunca he pretendido incumplir la ley y mi hija necesita la justicia gratuita ahora, ¿Como madre, no puedo defender a mi hija porque un juez no lo ha reconocido? ¿Qué hará contra mí la sociedad y ese juez si la abandono? ¿Me reclamarían el título de madre o el de tutora judicial?
Fuente : hoy.es
CANARIAS - GOBIERNO APRUEBA 30,1 MILLONES PARA DEPENDIENTES
El Gobierno aprueba 30,1 millones para dependientes, con tres meses de retraso.
Los centros para mayores tendrán este año 60 millones una vez se firmen los convenios con los siete cabildos
El Gobierno de Canarias acordó ayer destinar 30,1 millones de euros a la prestación de servicios para personas mayores dependientes.
La finalidad es dotar, junto con una cuantía similar que deben aportar los siete cabildos, el Sistema Canario de Atención a la Dependencia (Sicad) del que se benefician, según apuntó ayer el portavoz del Ejecutivo, Martín Marrero, unas 30.000 personas en todo el Archipiélago. El acuerdo del Consejo de Gobierno llega, sin embargo, con tres meses de retraso.
Desde el Cabildo de Gran Canaria se denuncia, además, que pese a que la decisión del Gobierno conlleva la firma de convenios de colaboración con las corporaciones insulares -responsables de la gestión de los centros sociosanitarios en donde se ofrecen las prestaciones a los dependientes-, esta "se ha tomado de forma unilateral".
El responsable de Política Sociosanitaria de Gran Canaria, Pedro Quevedo, asegura que "llevamos más de un año pidiendo que se reúna la comisión de seguimiento de la dependencia y ha sido imposible".
"Han aplicado", señala Quevedo, "la política de hechos consumados". Una afirmación rotundamente desmentida por Marrero.
Este señaló que, precisamente, el retraso en la aprobación del gasto, cuando los convenios tienen vigencia desde el 1 de enero pasado, responde a la necesidad "no solo de poner de acuerdo a las siete administraciones insulares sino a dos departamentos distintos del propio Ejecutivo", en referencia a que las aportaciones para los servicios sociosanitarios se reparten entre las consejerías de Bienestar Social y de Sanidad.
Desde su punto de vista no debe buscarse más intención que esa al hecho de que el Ejecutivo no aprobara antes este gasto.
El viceconsejero portavoz insistió en que la finalidad de estos convenios es integrar el Sicad en la Ley de atención a las personas en situación de dependencia, en lo que se refiere a la prestación de servicios sociosanitarios de centros de día, de noche o de atención a personas mayores dependientes.
Una red, subrayó, que estaba en funcionamiento de forma óptima por parte de los cabildos antes de la aprobación de la norma estatal y que no debe ser confundida "pese a que muchos se empeñen en hacerlo".
Marrero insistió en que con la integración del Sicad en la ley "Canarias seguirá aplicando las buenas prácticas adquiridas en estos años, en el marco de los planes socioasanitarios, y en el que a través de los 54 centros para personas mayores dependientes se ofrece no solo atención social sino también de carácter sanitario.
De ahí la incorporación del Servicio Canario de Salud al sistema", apuntó
Fuente : laprovincia.es/canarias
Los centros para mayores tendrán este año 60 millones una vez se firmen los convenios con los siete cabildos
El Gobierno de Canarias acordó ayer destinar 30,1 millones de euros a la prestación de servicios para personas mayores dependientes.
La finalidad es dotar, junto con una cuantía similar que deben aportar los siete cabildos, el Sistema Canario de Atención a la Dependencia (Sicad) del que se benefician, según apuntó ayer el portavoz del Ejecutivo, Martín Marrero, unas 30.000 personas en todo el Archipiélago. El acuerdo del Consejo de Gobierno llega, sin embargo, con tres meses de retraso.
Desde el Cabildo de Gran Canaria se denuncia, además, que pese a que la decisión del Gobierno conlleva la firma de convenios de colaboración con las corporaciones insulares -responsables de la gestión de los centros sociosanitarios en donde se ofrecen las prestaciones a los dependientes-, esta "se ha tomado de forma unilateral".
El responsable de Política Sociosanitaria de Gran Canaria, Pedro Quevedo, asegura que "llevamos más de un año pidiendo que se reúna la comisión de seguimiento de la dependencia y ha sido imposible".
"Han aplicado", señala Quevedo, "la política de hechos consumados". Una afirmación rotundamente desmentida por Marrero.
Este señaló que, precisamente, el retraso en la aprobación del gasto, cuando los convenios tienen vigencia desde el 1 de enero pasado, responde a la necesidad "no solo de poner de acuerdo a las siete administraciones insulares sino a dos departamentos distintos del propio Ejecutivo", en referencia a que las aportaciones para los servicios sociosanitarios se reparten entre las consejerías de Bienestar Social y de Sanidad.
Desde su punto de vista no debe buscarse más intención que esa al hecho de que el Ejecutivo no aprobara antes este gasto.
El viceconsejero portavoz insistió en que la finalidad de estos convenios es integrar el Sicad en la Ley de atención a las personas en situación de dependencia, en lo que se refiere a la prestación de servicios sociosanitarios de centros de día, de noche o de atención a personas mayores dependientes.
Una red, subrayó, que estaba en funcionamiento de forma óptima por parte de los cabildos antes de la aprobación de la norma estatal y que no debe ser confundida "pese a que muchos se empeñen en hacerlo".
Marrero insistió en que con la integración del Sicad en la ley "Canarias seguirá aplicando las buenas prácticas adquiridas en estos años, en el marco de los planes socioasanitarios, y en el que a través de los 54 centros para personas mayores dependientes se ofrece no solo atención social sino también de carácter sanitario.
De ahí la incorporación del Servicio Canario de Salud al sistema", apuntó
Fuente : laprovincia.es/canarias
ANDALUCÍA - LÍDER EN EL DESARROLLO DE LA LEY
Micaela Navarro: Andalucía es líder en el desarrollo de la Ley de Dependencia
La consejera para la Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, ha señalado hoy que Andalucía es la Comunidad Autónoma que lidera la aplicación de la Ley de Dependencia, y ha destacado la inversión diaria de 2,5 millones de euros que realiza el gobierno andaluz para tal fin.
Antes de la presentación hoy en Sevilla del libro 'Un tiempo para la igualdad' del exministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, Navarro ha declarado que la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia ha marcado "un antes y un después", y que desde su puesta en marcha más de 186.000 personas han sido atendidas.
Fuente : ideal.es/agencias
La consejera para la Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, ha señalado hoy que Andalucía es la Comunidad Autónoma que lidera la aplicación de la Ley de Dependencia, y ha destacado la inversión diaria de 2,5 millones de euros que realiza el gobierno andaluz para tal fin.
Antes de la presentación hoy en Sevilla del libro 'Un tiempo para la igualdad' del exministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, Navarro ha declarado que la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia ha marcado "un antes y un después", y que desde su puesta en marcha más de 186.000 personas han sido atendidas.
Fuente : ideal.es/agencias
CASTILLA LA MANCHA - ELOGIAN DESARROLLO Y COORDINACIÓN DE LA LEY
Elogian el desarrollo de la Ley de Dependencia y la coordinación sociosanitaria en Castilla-La Mancha
Cerca de un centenar de profesionales asisten al III Seminario Formando Redes
La directora general del IMSERSO, Purificación Causapié1, ha destacado durante la presentación en Albacete del III Seminario Formando Redes que la región es una Comunidad Autónoma pionera en la aplicación y desarrollo de la Ley de Dependencia y en la integración y coordinación de la atención social y sanitaria.
Castilla-la Mancha es la Comunidad Autónoma pionera en el desarrollo de la Ley de Dependencia y es una de las primeras que ha integrado y coordinado la atención social y sanitaria, una experiencia en la que tiene mucho que aportar.
En estos términos se ha expresado hoy la directora general del IMSERSO, Purificación Causapié, quien acompañada del director general de Atención a Personas Mayores2, Personas Discapacitadas y Personas en Situación de Dependencia, Javier Pérez3, ha participado en el III Seminario Formando Redes celebrado en Albacete.
Un proyecto para el seguimiento, apoyo y mejora de los centros de día de personas mayores de Castilla-La Mancha promovido por la Consejería de Salud y Bienestar Social y la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en la región (EAPN-CLM).
Durante su intervención, Purificación Causapié ha elogiado el trabajo que desarrolla Castilla-La Mancha en atención a las personas mayores y ha puesto de manifiesto que para afrontar los nuevos retos y cambios en el perfil de los mayores se debe trabajar desde el consenso, la participación y el intercambio de experiencias tanto de las personas que trabajan con mayores como de los propios usuarios.
En base a ello ha agradecido la realización de este seminario puesto que permite debatir desde distintos ámbitos las nuevas líneas de actuación que se deben llevar a cabo, no sólo para ayudar a aquellos mayores que más lo necesiten, destacando el logro que ha supuesto la Ley de Dependencia, sino para promover un envejecimiento activo ya que, tal y como ha destacado la directora general, la mayoría de las personas mayores no viven en situación de dependencia y cada vez nos reclaman una mayor participación, tiempo de ocio, actividades, etc.
Más actividades
Por su parte, Javier Pérez ha afirmado que conscientes del cambio que está experimentando el perfil de las personas mayores, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha4 se trabaja para adaptar tanto los centros como las actuaciones e inversiones a las nuevas necesidades.
En este sentido ha explicado que para el presente año hay más de 1.500 actividades programadas en la Red de Centros Propios del Gobierno regional de turismo social, termalismo, ejercicio físico, senderismo, entre otras muchas opciones.
El director general ha comentado también que los nuevos perfiles de mayores son cada vez más evidentes en los centros, por una parte, mayores más envejecidos que necesitan que se atiendan sus situaciones de dependencia y por otra, mayores más activos que reclaman más y nuevas actividades.
Esta situación lleva a plantearse la necesidad de formar redes y de abordar contenidos como los que se plantean en el Seminario como son las nuevas tendencias de envejecimiento, el empoderamiento y la integración de los mayores, el aprendizaje a lo largo de la vida o las relaciones intergeneracionales.
Finalmente, Pérez ha apostado por la prevención y la promoción de la autonomía personal para luchar contra la dependencia, ha agradecido a todos los profesionales el trabajo que realizan día a día para y con las personas mayores y les ha instado a observar para detectar las nuevas necesidades, con el prisma del año 2012, cuando se celebrará el Año Europeo del Envejecimiento Activo.
A la presentación del Seminario también han asistido la concejal del Ayuntamiento de Albacete, Llanos Caulín5, y el secretario de EAPN-CLM, Carlos Susías6, quienes han coincidido en resaltar la necesidad de fomentar las actividades e iniciativas que luchen contra la exclusión social, en este caso, de las personas mayores.
El III Seminario Formando Redes reúne en Albacete a cerca de un centenar de profesionales de los Servicios de Mayores de toda Castilla-La Mancha
Fuente : lacerca.com/noticias
Cerca de un centenar de profesionales asisten al III Seminario Formando Redes
La directora general del IMSERSO, Purificación Causapié1, ha destacado durante la presentación en Albacete del III Seminario Formando Redes que la región es una Comunidad Autónoma pionera en la aplicación y desarrollo de la Ley de Dependencia y en la integración y coordinación de la atención social y sanitaria.
Castilla-la Mancha es la Comunidad Autónoma pionera en el desarrollo de la Ley de Dependencia y es una de las primeras que ha integrado y coordinado la atención social y sanitaria, una experiencia en la que tiene mucho que aportar.
En estos términos se ha expresado hoy la directora general del IMSERSO, Purificación Causapié, quien acompañada del director general de Atención a Personas Mayores2, Personas Discapacitadas y Personas en Situación de Dependencia, Javier Pérez3, ha participado en el III Seminario Formando Redes celebrado en Albacete.
Un proyecto para el seguimiento, apoyo y mejora de los centros de día de personas mayores de Castilla-La Mancha promovido por la Consejería de Salud y Bienestar Social y la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en la región (EAPN-CLM).
Durante su intervención, Purificación Causapié ha elogiado el trabajo que desarrolla Castilla-La Mancha en atención a las personas mayores y ha puesto de manifiesto que para afrontar los nuevos retos y cambios en el perfil de los mayores se debe trabajar desde el consenso, la participación y el intercambio de experiencias tanto de las personas que trabajan con mayores como de los propios usuarios.
En base a ello ha agradecido la realización de este seminario puesto que permite debatir desde distintos ámbitos las nuevas líneas de actuación que se deben llevar a cabo, no sólo para ayudar a aquellos mayores que más lo necesiten, destacando el logro que ha supuesto la Ley de Dependencia, sino para promover un envejecimiento activo ya que, tal y como ha destacado la directora general, la mayoría de las personas mayores no viven en situación de dependencia y cada vez nos reclaman una mayor participación, tiempo de ocio, actividades, etc.
Más actividades
Por su parte, Javier Pérez ha afirmado que conscientes del cambio que está experimentando el perfil de las personas mayores, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha4 se trabaja para adaptar tanto los centros como las actuaciones e inversiones a las nuevas necesidades.
En este sentido ha explicado que para el presente año hay más de 1.500 actividades programadas en la Red de Centros Propios del Gobierno regional de turismo social, termalismo, ejercicio físico, senderismo, entre otras muchas opciones.
El director general ha comentado también que los nuevos perfiles de mayores son cada vez más evidentes en los centros, por una parte, mayores más envejecidos que necesitan que se atiendan sus situaciones de dependencia y por otra, mayores más activos que reclaman más y nuevas actividades.
Esta situación lleva a plantearse la necesidad de formar redes y de abordar contenidos como los que se plantean en el Seminario como son las nuevas tendencias de envejecimiento, el empoderamiento y la integración de los mayores, el aprendizaje a lo largo de la vida o las relaciones intergeneracionales.
Finalmente, Pérez ha apostado por la prevención y la promoción de la autonomía personal para luchar contra la dependencia, ha agradecido a todos los profesionales el trabajo que realizan día a día para y con las personas mayores y les ha instado a observar para detectar las nuevas necesidades, con el prisma del año 2012, cuando se celebrará el Año Europeo del Envejecimiento Activo.
A la presentación del Seminario también han asistido la concejal del Ayuntamiento de Albacete, Llanos Caulín5, y el secretario de EAPN-CLM, Carlos Susías6, quienes han coincidido en resaltar la necesidad de fomentar las actividades e iniciativas que luchen contra la exclusión social, en este caso, de las personas mayores.
El III Seminario Formando Redes reúne en Albacete a cerca de un centenar de profesionales de los Servicios de Mayores de toda Castilla-La Mancha
Fuente : lacerca.com/noticias
miércoles, 27 de abril de 2011
LEY DE DEPENDENCIA, UN DERECHO SIN RECURSOS
Ley de Dependencia: un derecho sin recursos
"Eso exige revisar la Ley y su financiación, buscar nuevos recursos: establecer una cotización para la dependencia, fijar un recargo del IVA, establecer un copago de los medicamentos a jubilados o promover seguros privados para la dependencia, propuestas planteadas por una Comisión de expertos..."
Es el cuarto pilar del Estado de Bienestar: educación, sanidad, pensiones y ayuda a los que no se pueden valer por sí mismos. La Ley de Dependencia se aprobó en 2006, en pleno boom económico, pero ahora no se puede pagar y asfixia a las autonomías, que se defienden retrasando las prestaciones y rebajando los servicios y ayudas que reciben de momento 720.000 españoles.
Y algunas, como Canarias, Madrid y la Comunidad Valenciana, torpedeando su aplicación. La ayuda a los dependientes (ancianos y discapacitados) es un derecho reconocido por Ley, pero habrá que revisarla y buscar cómo financiarla, ya que costará 20.000 millones en 2015. Y hay que poner orden en un sistema descoordinado, con 17 gestiones diferentes.
La Ley de Dependencia echó a andar el 1 de enero de 2007 para ayudar a los 3 millones de españoles (personas mayores y discapacitadas) que no pueden valerse por sí mismos. O mejor, a sus familias, sobre todo mujeres de más de 50 años, que viven dedicadas a cuidar a sus padres, maridos o hijos.
La Ley contempla ofrecerles servicios (residencias, centros de día o noche, teleasistencia, ayuda a domicilio) o una ayuda económica (de 300 a 520 euros al mes, o entre 625 y 850 euros para pagar a un cuidador), así como bonificaciones para que el familiar pueda darse de alta en la Seguridad Social como cuidador no profesional.
A 1 de abril, 1.585.427 españoles habían solicitado ayuda para la dependencia, en su mayoría mujeres (65%), ancianas (53% con más de 80 años), aunque también hay menores de 45 años (10%).
De ellos, a 1.071.603 se les ha reconocido el derecho a recibir ayudas (hay 142.100 pendientes de dictamen y el resto tienen un grado de dependencia bajo), aunque sólo las reciben 720.769 dependientes, mientras otros 350.834 están a la espera de servicios o ayuda.
Y eso, porque no hay dinero y las autonomías, que financian más de la mitad de la Ley, buscan ahorrar retrasando dictámenes y ayudas.
Teóricamente, la Ley iba a financiarse a tercios entre el Estado, las autonomías y los dependientes (copago).
Pero en el cuarto año de aplicación, 2010, los dependientes sólo han aportado un 14% (448 millones), debido sobre todo a sus bajos ingresos (el 90% de los mayores de 65 años declaran a Hacienda rentas inferiores a 12.000 euros anuales).
Y en consecuencia, las autonomías, que gestionan la Ley, han tenido que cubrir la diferencia y aportan el 54% (unos 3.000 millones en 2010) y el Estado un 34% (1.777 millones).
Pero hay autonomías que aportan menos y lo suplen reconociendo menos dependientes y retrasándoles el pago o servicio.
Así, las que menos aportan son Canarias (8,85 euros por habitante, frente a 61 euros de media), Baleares (29,66 euros), Murcia (31,08 euros), Ceuta y Melilla (37,25 euros), Galicia (34,53 euros) Comunidad Valenciana (41,08 euros) y Madrid (54,06 euros). En el otro extremo, las que dedican más recursos son La Rioja (120 euros/hab.), Cantabria (114,69) y el País Vasco (112,66 euros).
La penuria de fondos está detrás de los retrasos en recibir los servicios o ayudas, retrasos que en muchos casos están denunciados en los Tribunales y que a veces se "resuelven" con la muerte del beneficiario: así, en Cataluña, han muerto 17.374 solicitantes sin recibir las ayudas y la cifra podría ascender a 100.000 muertos en toda España, un 15% de los dependientes con derecho reconocido.
Pero no sólo falta dinero.
La Ley se está aplicando de forma muy desigual por las autonomías, cada una con sus criterios, que en la práctica dejan fuera a los enfermos mentales.
Al final, algunas cargan las tintas en los grados de dependencia, para recibir más dinero del Estado.
Otras, como Andalucía, echan mano de la teleasistencia, porque sale más barata.
Y todas optan por las ayudas (54%) más que por los servicios, porque les resulta más barato dar 300 euros a una familia que buscarle un centro de día o una residencia, que son caras y escasas.
Al final, las diferencias entre autonomías son abismales. En personas beneficiadas: menos del 1% de la población total en Canarias (0,48%), Comunidad Valenciana (0,73%), Madrid (0,90%) y Baleares (0,92%), frente al 1,48% de media en España y un mayor porcentaje en La Rioja (2,45%), Cantabria (2,42%), Andalucía (2,22%), Castilla León y Aragón (1,95%).
En personas con derecho reconocido en espera de servicios: 60% en Canarias, 42% en la Comunidad Valenciana o cerca del 35% en Galicia, Baleares y Madrid. Al final, el Observatorio de la Dependencia da buena nota a cinco autonomías: Castilla-La Mancha y Castilla y León (9), País Vasco y Aragón (8,5) y La Rioja (8).
Y suspende a otras seis: Asturias y Baleares (4), Ceuta y Melilla (3), y, sobre todo, Madrid (2), Comunidad Valenciana (2) y Canarias (0,5), tres autonomías a las que denuncian por "el empecinamiento en no aplicar la Ley de Dependencia".
Tras las elecciones del 22-M, las autonomías van a tener que recortar gastos y es posible que lo paguen también los dependientes (Cataluña ya ha pedido una moratoria).
En cualquier caso, aplicar la Ley va a ser cada año más costoso y harán falta 20.000 millones de euros para 2015, frente a los 5.225 actuales. Y más después, ya que para 2050 se duplicarán los mayores de 65 años (de 7,6 a 15,3 millones, uno de cada tres con más de 80 años).
Eso exige revisar la Ley y su financiación, buscar nuevos recursos: establecer una cotización para la dependencia, fijar un recargo del IVA, establecer un copago de los medicamentos a jubilados o promover seguros privados para la dependencia, propuestas planteadas por una Comisión de expertos. Y habrá que ligar sanidad, pensiones y dependencia, buscando soluciones conjuntas.
Todo menos seguir haciendo demagogia con los ancianos.
No valen derechos sin recursos. Hay que consolidar la Ley.
Se lo debemos a nuestros padres y a nosotros mismos, para el día de mañana.
(*) Javier Gilsanz es periodista y autor del blog 'Economía a lo claro'
Fuente : valenciaplaza.com
"Eso exige revisar la Ley y su financiación, buscar nuevos recursos: establecer una cotización para la dependencia, fijar un recargo del IVA, establecer un copago de los medicamentos a jubilados o promover seguros privados para la dependencia, propuestas planteadas por una Comisión de expertos..."
Es el cuarto pilar del Estado de Bienestar: educación, sanidad, pensiones y ayuda a los que no se pueden valer por sí mismos. La Ley de Dependencia se aprobó en 2006, en pleno boom económico, pero ahora no se puede pagar y asfixia a las autonomías, que se defienden retrasando las prestaciones y rebajando los servicios y ayudas que reciben de momento 720.000 españoles.
Y algunas, como Canarias, Madrid y la Comunidad Valenciana, torpedeando su aplicación. La ayuda a los dependientes (ancianos y discapacitados) es un derecho reconocido por Ley, pero habrá que revisarla y buscar cómo financiarla, ya que costará 20.000 millones en 2015. Y hay que poner orden en un sistema descoordinado, con 17 gestiones diferentes.
La Ley de Dependencia echó a andar el 1 de enero de 2007 para ayudar a los 3 millones de españoles (personas mayores y discapacitadas) que no pueden valerse por sí mismos. O mejor, a sus familias, sobre todo mujeres de más de 50 años, que viven dedicadas a cuidar a sus padres, maridos o hijos.
La Ley contempla ofrecerles servicios (residencias, centros de día o noche, teleasistencia, ayuda a domicilio) o una ayuda económica (de 300 a 520 euros al mes, o entre 625 y 850 euros para pagar a un cuidador), así como bonificaciones para que el familiar pueda darse de alta en la Seguridad Social como cuidador no profesional.
A 1 de abril, 1.585.427 españoles habían solicitado ayuda para la dependencia, en su mayoría mujeres (65%), ancianas (53% con más de 80 años), aunque también hay menores de 45 años (10%).
De ellos, a 1.071.603 se les ha reconocido el derecho a recibir ayudas (hay 142.100 pendientes de dictamen y el resto tienen un grado de dependencia bajo), aunque sólo las reciben 720.769 dependientes, mientras otros 350.834 están a la espera de servicios o ayuda.
Y eso, porque no hay dinero y las autonomías, que financian más de la mitad de la Ley, buscan ahorrar retrasando dictámenes y ayudas.
Teóricamente, la Ley iba a financiarse a tercios entre el Estado, las autonomías y los dependientes (copago).
Pero en el cuarto año de aplicación, 2010, los dependientes sólo han aportado un 14% (448 millones), debido sobre todo a sus bajos ingresos (el 90% de los mayores de 65 años declaran a Hacienda rentas inferiores a 12.000 euros anuales).
Y en consecuencia, las autonomías, que gestionan la Ley, han tenido que cubrir la diferencia y aportan el 54% (unos 3.000 millones en 2010) y el Estado un 34% (1.777 millones).
Pero hay autonomías que aportan menos y lo suplen reconociendo menos dependientes y retrasándoles el pago o servicio.
Así, las que menos aportan son Canarias (8,85 euros por habitante, frente a 61 euros de media), Baleares (29,66 euros), Murcia (31,08 euros), Ceuta y Melilla (37,25 euros), Galicia (34,53 euros) Comunidad Valenciana (41,08 euros) y Madrid (54,06 euros). En el otro extremo, las que dedican más recursos son La Rioja (120 euros/hab.), Cantabria (114,69) y el País Vasco (112,66 euros).
La penuria de fondos está detrás de los retrasos en recibir los servicios o ayudas, retrasos que en muchos casos están denunciados en los Tribunales y que a veces se "resuelven" con la muerte del beneficiario: así, en Cataluña, han muerto 17.374 solicitantes sin recibir las ayudas y la cifra podría ascender a 100.000 muertos en toda España, un 15% de los dependientes con derecho reconocido.
Pero no sólo falta dinero.
La Ley se está aplicando de forma muy desigual por las autonomías, cada una con sus criterios, que en la práctica dejan fuera a los enfermos mentales.
Al final, algunas cargan las tintas en los grados de dependencia, para recibir más dinero del Estado.
Otras, como Andalucía, echan mano de la teleasistencia, porque sale más barata.
Y todas optan por las ayudas (54%) más que por los servicios, porque les resulta más barato dar 300 euros a una familia que buscarle un centro de día o una residencia, que son caras y escasas.
Al final, las diferencias entre autonomías son abismales. En personas beneficiadas: menos del 1% de la población total en Canarias (0,48%), Comunidad Valenciana (0,73%), Madrid (0,90%) y Baleares (0,92%), frente al 1,48% de media en España y un mayor porcentaje en La Rioja (2,45%), Cantabria (2,42%), Andalucía (2,22%), Castilla León y Aragón (1,95%).
En personas con derecho reconocido en espera de servicios: 60% en Canarias, 42% en la Comunidad Valenciana o cerca del 35% en Galicia, Baleares y Madrid. Al final, el Observatorio de la Dependencia da buena nota a cinco autonomías: Castilla-La Mancha y Castilla y León (9), País Vasco y Aragón (8,5) y La Rioja (8).
Y suspende a otras seis: Asturias y Baleares (4), Ceuta y Melilla (3), y, sobre todo, Madrid (2), Comunidad Valenciana (2) y Canarias (0,5), tres autonomías a las que denuncian por "el empecinamiento en no aplicar la Ley de Dependencia".
Tras las elecciones del 22-M, las autonomías van a tener que recortar gastos y es posible que lo paguen también los dependientes (Cataluña ya ha pedido una moratoria).
En cualquier caso, aplicar la Ley va a ser cada año más costoso y harán falta 20.000 millones de euros para 2015, frente a los 5.225 actuales. Y más después, ya que para 2050 se duplicarán los mayores de 65 años (de 7,6 a 15,3 millones, uno de cada tres con más de 80 años).
Eso exige revisar la Ley y su financiación, buscar nuevos recursos: establecer una cotización para la dependencia, fijar un recargo del IVA, establecer un copago de los medicamentos a jubilados o promover seguros privados para la dependencia, propuestas planteadas por una Comisión de expertos. Y habrá que ligar sanidad, pensiones y dependencia, buscando soluciones conjuntas.
Todo menos seguir haciendo demagogia con los ancianos.
No valen derechos sin recursos. Hay que consolidar la Ley.
Se lo debemos a nuestros padres y a nosotros mismos, para el día de mañana.
(*) Javier Gilsanz es periodista y autor del blog 'Economía a lo claro'
Fuente : valenciaplaza.com
martes, 26 de abril de 2011
ARAGÓN - CATÁLOGO PRESTACIONES DEPENDENCIA MODERADA
Aragón publica catálogo prestaciones para personas con dependencia moderada
El Gobierno de Aragón ha publicado un catálogo de servicios para personas con dependencia moderada, que regula el régimen de acceso a estas prestaciones de tipo asistencial y económico incluidas en la Ley de Atención a la Dependencia.
Según informa el Ejecutivo aragonés en un comunicado, con la publicación de este catálogo se cumplen las previsiones de la normativa legal de establecer un listado de servicios transcurridos tres años desde la puesta en marcha de la norma.
Las personas con dependencia moderada que se beneficiarán de esta iniciativa, alrededor de 4.500 en Aragón, son aquellas que necesitan ayuda para realizar una o varias actividades cotidianas, al menos una vez al día.
En concreto, el catálogo establece los servicios de promoción de la autonomía personal, de teleasistencia, de ayuda a domicilio y de centro de día y de centro de noche.
En cuanto a los servicios de promoción de la autonomía personal, el listado establece medidas de habilitación y terapia ocupacional, atención temprana, estimulación cognitiva, mantenimiento y recuperación de la autonomía funcional o de atención para personas con discapacidad intelectual.
La intensidad de estos servicios será de forma generalizada de 20 a 30 horas mensuales, en función de las necesidades del usuario.
El servicio de teleasistencia atenderá a personas en su domicilio con tecnologías de la comunicación que permitirán responder de forma inmediata a situaciones de emergencia.
La ayuda de domicilio es un servicio que comprende la atención personal en las actividades cotidianas y la cobertura de las necesidades domésticas de las personas con dependencia moderada, con una intensidad que oscilará entre 21 y 30 horas al mes.
Fuente : abc.es
El Gobierno de Aragón ha publicado un catálogo de servicios para personas con dependencia moderada, que regula el régimen de acceso a estas prestaciones de tipo asistencial y económico incluidas en la Ley de Atención a la Dependencia.
Según informa el Ejecutivo aragonés en un comunicado, con la publicación de este catálogo se cumplen las previsiones de la normativa legal de establecer un listado de servicios transcurridos tres años desde la puesta en marcha de la norma.
Las personas con dependencia moderada que se beneficiarán de esta iniciativa, alrededor de 4.500 en Aragón, son aquellas que necesitan ayuda para realizar una o varias actividades cotidianas, al menos una vez al día.
En concreto, el catálogo establece los servicios de promoción de la autonomía personal, de teleasistencia, de ayuda a domicilio y de centro de día y de centro de noche.
En cuanto a los servicios de promoción de la autonomía personal, el listado establece medidas de habilitación y terapia ocupacional, atención temprana, estimulación cognitiva, mantenimiento y recuperación de la autonomía funcional o de atención para personas con discapacidad intelectual.
La intensidad de estos servicios será de forma generalizada de 20 a 30 horas mensuales, en función de las necesidades del usuario.
El servicio de teleasistencia atenderá a personas en su domicilio con tecnologías de la comunicación que permitirán responder de forma inmediata a situaciones de emergencia.
La ayuda de domicilio es un servicio que comprende la atención personal en las actividades cotidianas y la cobertura de las necesidades domésticas de las personas con dependencia moderada, con una intensidad que oscilará entre 21 y 30 horas al mes.
Fuente : abc.es
APROBADOS R.DECRETOS CUANTÍAS MÁXIMAS PRESTACIONES
El Gobierno aprueba las cuantías máximas de las prestaciones económicas para los dependientes en 2011
El Consejo de Ministros ha aprobado dos reales decretos relacionados con la aplicación de la Ley de Dependencia que establecen, por un lado, las cuantías máximas de las prestaciones económicas para las personas en situación de dependencia para el ejercicio 2011 y, por otro, el nivel mínimo de protección garantizado a los beneficiarios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).
En ambos casos se recoge la incorporación al Sistema de las personas con 'dependencia moderada' (grado I, nivel 2).
Así, la cuantía económica máxima vinculada a un servicio en 2011 para un 'gran dependiente' es de 833,9 euros mensuales (grado III, nivel 2) y de 625,4 euros (grado III nivel 1); para el 'dependiente severo', 462,1 euros (grado II nivel 2) y 401,2 euros (grado II nivel 1); para el 'dependiente moderado', 300 euros (grado I nivel 2).
La cuantía máxima para cuidados en el entorno familiar para un 'gran dependiente' es de 520,6 euros mensuales (nivel 2) y 416 euros (nivel 1); para un 'dependiente severo', 462,1 euros (nivel 2) y 401,2 (nivel 1); para 'dependientes moderados', 180 euros.
La cuantía para la prestación económica de asistencia personal, que sólo se da a los 'grandes dependientes' asciende a 833,9 euros al mes (nivel 2) y 625,4 euros (nivel 1).
En cuanto al nivel mínimo de protección garantizado, la cuantía para un 'gran dependiente' es de 266,5 euros (nivel 2) y de 181,2 euros (nivel 1); para un 'dependiente severo', 103 euros (nivel 2) y 70,7 euros (nivel 1); para un 'dependiente moderado', 60 euros.
La Ley de Dependencia establece que la protección de las personas en situación de dependencia se realizará mediante tres niveles: un nivel mínimo de protección garantizado por la Administración General del Estado, un nivel de protección acordado entre esta Administración y cada comunidad autónoma, y un nivel adicional que podrá establecer cada comunidad con cargo a sus presupuestos.
Fuente : europapress.es
El Consejo de Ministros ha aprobado dos reales decretos relacionados con la aplicación de la Ley de Dependencia que establecen, por un lado, las cuantías máximas de las prestaciones económicas para las personas en situación de dependencia para el ejercicio 2011 y, por otro, el nivel mínimo de protección garantizado a los beneficiarios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).
En ambos casos se recoge la incorporación al Sistema de las personas con 'dependencia moderada' (grado I, nivel 2).
Así, la cuantía económica máxima vinculada a un servicio en 2011 para un 'gran dependiente' es de 833,9 euros mensuales (grado III, nivel 2) y de 625,4 euros (grado III nivel 1); para el 'dependiente severo', 462,1 euros (grado II nivel 2) y 401,2 euros (grado II nivel 1); para el 'dependiente moderado', 300 euros (grado I nivel 2).
La cuantía máxima para cuidados en el entorno familiar para un 'gran dependiente' es de 520,6 euros mensuales (nivel 2) y 416 euros (nivel 1); para un 'dependiente severo', 462,1 euros (nivel 2) y 401,2 (nivel 1); para 'dependientes moderados', 180 euros.
La cuantía para la prestación económica de asistencia personal, que sólo se da a los 'grandes dependientes' asciende a 833,9 euros al mes (nivel 2) y 625,4 euros (nivel 1).
En cuanto al nivel mínimo de protección garantizado, la cuantía para un 'gran dependiente' es de 266,5 euros (nivel 2) y de 181,2 euros (nivel 1); para un 'dependiente severo', 103 euros (nivel 2) y 70,7 euros (nivel 1); para un 'dependiente moderado', 60 euros.
La Ley de Dependencia establece que la protección de las personas en situación de dependencia se realizará mediante tres niveles: un nivel mínimo de protección garantizado por la Administración General del Estado, un nivel de protección acordado entre esta Administración y cada comunidad autónoma, y un nivel adicional que podrá establecer cada comunidad con cargo a sus presupuestos.
Fuente : europapress.es
lunes, 25 de abril de 2011
RESPETAR LA LIBERTAD DE OPCIÓN DE LOS DISCAPACITADOS
Para recibir prestaciones de dependencia, Cermi recuerda que se debe respetar la libertad de opción de los discapacitados
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha recordado que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad obliga a respetar la libertad de opción de este colectivo para recibir prestaciones de autonomía personal y dependencia.
Así, el Cermi ha apuntado que "estas prestaciones están dirigidas a la promoción de la autonomía personal y la inclusión en la comunidad de las personas con discapacidad en situación de dependencia" y que sus preferencias "deben constituir el criterio preferencial en el momento de asignar los servicios y prestaciones disponibles en el catálogo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, establecido en la Ley 39/2006".
En este sentido, ha concretado que el dictamen técnico-administrativo que determina el Programa Individual de Atención (PIA) de los servicios y prestaciones de autonomía personal y dependencia "debe acomodarse lo máximo posible a la voluntad libremente expresada de la persona beneficiada o de sus representantes legales".
De hecho, ha precisado que esta situación tiene que darse "en especial, cuando el PIA puede implicar la decisión sobre dónde debe residir la persona, como en su propio domicilio o en un establecimiento colectivo", al tiempo que ha apuntado que el respeto a la voluntad del individuo "ha de ser absoluto".
"El artículo 19 de la Convención obliga a los Estados parte a garantizar que las personas con discapacidad han de tener la oportunidad de elegir su lugar de residencia sin que puedan ser forzadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico por razón de su discapacidad", ha explicado.
De esta manera, ha abogado por la modificación de la Ley 39/2006 "para que la decisión recaiga siempre en la persona que recibe la prestación o el servicio y no en la instancia administrativa que la proporciona o dispensa, ya que la regulación legal vigente en España entra en conflicto con los mandatos de la Convención", que fue aprobada por la Organización de las Naciones Unidas en 2006 y ratificada por España en 2008.
Fuente : europapress.es
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha recordado que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad obliga a respetar la libertad de opción de este colectivo para recibir prestaciones de autonomía personal y dependencia.
Así, el Cermi ha apuntado que "estas prestaciones están dirigidas a la promoción de la autonomía personal y la inclusión en la comunidad de las personas con discapacidad en situación de dependencia" y que sus preferencias "deben constituir el criterio preferencial en el momento de asignar los servicios y prestaciones disponibles en el catálogo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, establecido en la Ley 39/2006".
En este sentido, ha concretado que el dictamen técnico-administrativo que determina el Programa Individual de Atención (PIA) de los servicios y prestaciones de autonomía personal y dependencia "debe acomodarse lo máximo posible a la voluntad libremente expresada de la persona beneficiada o de sus representantes legales".
De hecho, ha precisado que esta situación tiene que darse "en especial, cuando el PIA puede implicar la decisión sobre dónde debe residir la persona, como en su propio domicilio o en un establecimiento colectivo", al tiempo que ha apuntado que el respeto a la voluntad del individuo "ha de ser absoluto".
"El artículo 19 de la Convención obliga a los Estados parte a garantizar que las personas con discapacidad han de tener la oportunidad de elegir su lugar de residencia sin que puedan ser forzadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico por razón de su discapacidad", ha explicado.
De esta manera, ha abogado por la modificación de la Ley 39/2006 "para que la decisión recaiga siempre en la persona que recibe la prestación o el servicio y no en la instancia administrativa que la proporciona o dispensa, ya que la regulación legal vigente en España entra en conflicto con los mandatos de la Convención", que fue aprobada por la Organización de las Naciones Unidas en 2006 y ratificada por España en 2008.
Fuente : europapress.es
ASTURIAS - "LOS DISCAPACITADOS SON LOS ÚLTIMOS PARA TODO, MENOS PARA PAGAR"
«Los discapacitados son los últimos para todo, menos para pagar»
«Estoy cansada de oír que la Ley de la Dependencia va de maravilla en Asturias. Lo que yo digo es que no funciona. Mi hijo sólo recibe 20 horas de ayuda a domicilio»
Pili Velasco, madre de un lesionado cerebral de 37 años.
«Hoy es la primera vez que salimos a la calle desde diciembre. Juan Andrés ha estado muy malín, realmente, yo sé que está de prestado, pero esta la salvamos».
Pili Velasco es pura energía: «No se puede perder el sentido del humor», dice esta sierense que ha cuidado a su madre dependiente hasta su fallecimiento, que ahora empieza a pelear con el alzheimer de su padre y que lleva 37 años cuidando de un hijo «con problemas neurológicos de origen genético».
Eso no lo supo hasta tres años después de que naciera Juan Andrés, cuando vino otro bebé «también varón, pero que falleció al nacer, porque los problemas, como digo, eran de tipo genético».
Juan Andrés se ha convertido en el centro neurálgico de la vida de Pili y su marido, Juan Cachero, hasta el punto de que «hace más de un año que no salimos los dos a tomar un café juntos». Porque su hijo necesita «atención continuada, intensa, no te puedes despistar, porque como tiene problemas respiratorios, cualquier tos se puede complicar».
Ahora está recibiendo cuidados paliativos «porque con la última neumonía estuvo muy malín», pero Pili no pierde el ánimo «porque cada día es una batalla ganada».
El único momento en el que su discurso flaquea es cuando sale a la palestra la Ley de la Dependencia y, con ella, el copago.
«Los discapacitados son los últimos para todo, menos para pagar. No hay derecho». No entiende Pili Velasco cómo «se rasgan las vestiduras cuando se empieza a hablar del copago sanitario, pero a todos les parece normal el copago de la discapacidad, cuando es el colectivo que menos tiene».
Como ejemplo, su hijo, que no tiene «ninguna paga ni pensión. Sólo cobra mi marido una ayuda por hijo a cargo, pero Juan Andrés no tiene ningún ingreso».
Como dependiente de máximo grado, se supone que debería tener a su servicio toda una cartera de servicios, «pero mi hijo sólo recibe 20 horas de ayuda a domicilio al mes.
De verdad, estoy cansada de oír que la Ley de la Dependencia va de maravilla en Asturias, pero no es verdad. No funciona».
Para peor
Pili repite lo que le dijo a la técnica que, en 2007, vino a casa a valorar el grado de dependencia de su hijo «virgencita, que nos dejen como estamos. Porque ya advertí que esto sería malo para ellos y, al final, estamos viendo que sí. Ahora que si hay que pagar. A mi, de momento, no me han dicho nada, pero si mi hijo no tiene nada, ¿qué va a aportar?»
Recuerda los gastos en pañales, silla de ruedas, medicación «de mi hijo, por los que nadie pregunta. Realmente, yo tampoco pido nada. Sé que tiene derecho a más horas de ayuda, pero ya me apaño con las 20 horas. Lo que no quiero es que nos digan ahora que tenemos que pagar».
Fuente : elcomercio.es
«Estoy cansada de oír que la Ley de la Dependencia va de maravilla en Asturias. Lo que yo digo es que no funciona. Mi hijo sólo recibe 20 horas de ayuda a domicilio»
Pili Velasco, madre de un lesionado cerebral de 37 años.
«Hoy es la primera vez que salimos a la calle desde diciembre. Juan Andrés ha estado muy malín, realmente, yo sé que está de prestado, pero esta la salvamos».
Pili Velasco es pura energía: «No se puede perder el sentido del humor», dice esta sierense que ha cuidado a su madre dependiente hasta su fallecimiento, que ahora empieza a pelear con el alzheimer de su padre y que lleva 37 años cuidando de un hijo «con problemas neurológicos de origen genético».
Eso no lo supo hasta tres años después de que naciera Juan Andrés, cuando vino otro bebé «también varón, pero que falleció al nacer, porque los problemas, como digo, eran de tipo genético».
Juan Andrés se ha convertido en el centro neurálgico de la vida de Pili y su marido, Juan Cachero, hasta el punto de que «hace más de un año que no salimos los dos a tomar un café juntos». Porque su hijo necesita «atención continuada, intensa, no te puedes despistar, porque como tiene problemas respiratorios, cualquier tos se puede complicar».
Ahora está recibiendo cuidados paliativos «porque con la última neumonía estuvo muy malín», pero Pili no pierde el ánimo «porque cada día es una batalla ganada».
El único momento en el que su discurso flaquea es cuando sale a la palestra la Ley de la Dependencia y, con ella, el copago.
«Los discapacitados son los últimos para todo, menos para pagar. No hay derecho». No entiende Pili Velasco cómo «se rasgan las vestiduras cuando se empieza a hablar del copago sanitario, pero a todos les parece normal el copago de la discapacidad, cuando es el colectivo que menos tiene».
Como ejemplo, su hijo, que no tiene «ninguna paga ni pensión. Sólo cobra mi marido una ayuda por hijo a cargo, pero Juan Andrés no tiene ningún ingreso».
Como dependiente de máximo grado, se supone que debería tener a su servicio toda una cartera de servicios, «pero mi hijo sólo recibe 20 horas de ayuda a domicilio al mes.
De verdad, estoy cansada de oír que la Ley de la Dependencia va de maravilla en Asturias, pero no es verdad. No funciona».
Para peor
Pili repite lo que le dijo a la técnica que, en 2007, vino a casa a valorar el grado de dependencia de su hijo «virgencita, que nos dejen como estamos. Porque ya advertí que esto sería malo para ellos y, al final, estamos viendo que sí. Ahora que si hay que pagar. A mi, de momento, no me han dicho nada, pero si mi hijo no tiene nada, ¿qué va a aportar?»
Recuerda los gastos en pañales, silla de ruedas, medicación «de mi hijo, por los que nadie pregunta. Realmente, yo tampoco pido nada. Sé que tiene derecho a más horas de ayuda, pero ya me apaño con las 20 horas. Lo que no quiero es que nos digan ahora que tenemos que pagar».
Fuente : elcomercio.es
domingo, 24 de abril de 2011
SANTANDER - LA CUANTIA MEDIA CUIDADOS ENTORNO FAMILIAR ES DE 366,48 EUROS
La cuantía media de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar es de 366,48 euros
La cuantía media de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar a las personas acogidas a la Ley de Dependencia en Cantabria es de 366,48 euros mensuales, según datos del último informe del Imserso.
Según el informe, al que ha tenido acceso Europa Press, en el caso de personas que perciben dicha prestación y también la del Servicio de Teleasistencia la media es de 333,60 euros, con lo que la cuantía media global se sitúa en 364,28 euros.
El informe se refiere a las personas que cuentan en la comunidad autónoma con un Plan de Atención Individualizada (PIA), es decir, que reciben prestación o servicio, e indica que el número de los que perciben la prestación económica para cuidados en el entorno familiar asciende a 7.653 usuarios (incluye a personas en activo), con una edad media de 74,8 años.
A su vez, el número de personas que perciben esa prestación y que también son usuarios del Servicio de Teleasistencia, es de 548, y su edad media es de 79,2 años.
Además en Cantabria otras 3.283 personas son usuarias de los servicios de residencia de 24 horas, en este caso, con una edad media de 80,3 años, y con una aportación media en concepto de copago de 526 euros.
A su vez, el Servicio de Centro de Día cuenta con 569 usuarios de una edad media de 59,3, años, y la aportación media mensual al copago del servcio no llega a 107 euros.
En cuanto al Servicio de Ayuda en el Domicilio, hay 581 usuarios, cuya edad media es de 81,4 años y la aportación media es de 60 euros, mientras hay 387 usuarios del Servicio de Ayuda a Domicilio junto con el de Centro de Día, que tienen una edad media de 71,1 años, y cuya aportación es de unos 146 euros.
Otros servicios son el de sólo Teleasistencia, con 7 usuarios de una edad media de 67,3 años; el de Servicio de Ayuda a Domicilio más Teleasistencia, con 118 usuarios y una media de edad de casi 82 años; el de Ayuda a Domicilio más centro de día (8 usuarios); ayuda a domicilio junto con teleasistencia y centro de día (14 usuarios), y centro de día más residencia de atención básica (91 usuarios).
Fuente : 20minutos.es/noticia
La cuantía media de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar a las personas acogidas a la Ley de Dependencia en Cantabria es de 366,48 euros mensuales, según datos del último informe del Imserso.
Según el informe, al que ha tenido acceso Europa Press, en el caso de personas que perciben dicha prestación y también la del Servicio de Teleasistencia la media es de 333,60 euros, con lo que la cuantía media global se sitúa en 364,28 euros.
El informe se refiere a las personas que cuentan en la comunidad autónoma con un Plan de Atención Individualizada (PIA), es decir, que reciben prestación o servicio, e indica que el número de los que perciben la prestación económica para cuidados en el entorno familiar asciende a 7.653 usuarios (incluye a personas en activo), con una edad media de 74,8 años.
A su vez, el número de personas que perciben esa prestación y que también son usuarios del Servicio de Teleasistencia, es de 548, y su edad media es de 79,2 años.
Además en Cantabria otras 3.283 personas son usuarias de los servicios de residencia de 24 horas, en este caso, con una edad media de 80,3 años, y con una aportación media en concepto de copago de 526 euros.
A su vez, el Servicio de Centro de Día cuenta con 569 usuarios de una edad media de 59,3, años, y la aportación media mensual al copago del servcio no llega a 107 euros.
En cuanto al Servicio de Ayuda en el Domicilio, hay 581 usuarios, cuya edad media es de 81,4 años y la aportación media es de 60 euros, mientras hay 387 usuarios del Servicio de Ayuda a Domicilio junto con el de Centro de Día, que tienen una edad media de 71,1 años, y cuya aportación es de unos 146 euros.
Otros servicios son el de sólo Teleasistencia, con 7 usuarios de una edad media de 67,3 años; el de Servicio de Ayuda a Domicilio más Teleasistencia, con 118 usuarios y una media de edad de casi 82 años; el de Ayuda a Domicilio más centro de día (8 usuarios); ayuda a domicilio junto con teleasistencia y centro de día (14 usuarios), y centro de día más residencia de atención básica (91 usuarios).
Fuente : 20minutos.es/noticia
ASTURIAS PAGA CARA LA ATENCIÓN SOCIAL
Asturias paga cara la atención social
Las leyes de la Dependencia y del Salario Social han costado 1.300 millones desde 2007
Asturias paga la atención social. Y muy cara.
Hasta superar los 1.300 millones de euros de desembolso en esta legislatura. Cifra a la que se debe añadir la mayor parte del montante manejado por la Consejería de Bienestar Social y Vivienda.
Ésta llegó en 2011 a la cifra récord de un presupuesto superior a los 421 millones de euros.
Y no sólo le resulta especialmente costosa a Asturias la atención social porque la región lidere las estadísticas españolas en cuanto a habitantes mayores de 65 años -2 de cada 10 asturianos ya peinan canas-, o en lo que a personas con discapacidad se refiere, ya que con 140.931 afectados no hay otra comunidad del país con más alto porcentaje de habitantes con discapacidad: el 13%.
Tampoco influye en la carestía el hecho de que en los últimos años se hayan puesto en marcha dos leyes que convierten en obligatoria la atención a los que menos tienen, ya sea recursos -garantizados con la asturiana Ley del Salario Social, desde 2005-, ya autonomía, con la estatal Ley de la Dependencia, que entró en vigor en abril de 2007.
Si Asturias paga cara la atención social no es por esa combinación de lastres demográficos -a los que hay que sumar la más baja tasa de natalidad del país- y entrada en vigor de leyes ambiciosas, sino porque es el Principado el que aborda, casi en solitario, el coste que requiere.
De los presupuestos regionales han salido los 123 millones destinados, desde 2007, al salario social. Como los casi 1.200 millones a los que, en el mismo periodo, obligó la entrada en vigor la Ley de la Dependencia. En ese mismo periodo, el Estado ha aportado 116 millones de euros.
A tal punto ha llegado el esfuerzo regional que 2 de cada 10 euros necesarios para cumplir con esta última norma -llamada a ser histórica, pero marcada por los atascos y los retrasos- salen de las arcas regionales.
Y lo hacen aunque la tercera parte del coste debería aportarla el Ministerio de Sanidad y Política Social.
Sin embargo, los fuegos artificiales que acompañaron al nacimiento de esta ley, con la que se daba un paso de gigante en la atención a las personas con dependencia, imposibilitadas para realizar hasta las tareas más básicas de la vida diaria, pronto se desvanecieron en el aire.
La crisis económica global, que germinó en 2008 y explotó en todo su esplendor al año siguiente, obligó a recortar gastos, proceso que el Estado ejecutó sin tener demasiado en cuenta que había una ley que cumplir.
Como ejemplo práctico de que al Principado la atención social le resulta cara es lo ocurrido en 2009, año en el que mientras cada asturiano aportó 93 euros al año para la Ley de la Dependencia, los madrileños se limitaron a poner sobre la mesa 49.
266,5 euros de 1.927
Y es que las cuentas no salen desde el momento en el que el Gobierno central decide que su máxima aportación por cada persona dependiente serán 266,57 euros al mes. Una novena parte de lo que, realmente, cuesta atender a esa persona, ya que sólo el coste oficial de una plaza residencial se eleva a 1.927 euros mensuales. El real supera, según todos los expertos, los 2.000.
La situación se agrava porque el coste se mantiene si la persona con dependencia tiene un grado inferior-por ejemplo un grado II, nivel 2-, pero, en ese caso, la aportación estatal disminuye. No llega a los 71 euros mensuales.
Estos desfases entre el gasto real y la aportación estatal son el origen de las sombras que cubren a la Ley de la Dependencia, con casi 4 de cada 100 asturianos solicitándola en los últimos cuatro años, pero de la que, a 1 de abril, según los datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) sólo se beneficiaban realmente 15.047.
Casi 6.000 más esperan a llegar a un acuerdo con la Consejería de Bienestar Social y Vivienda para poder disfrutar de su derecho.
La sombra de los retrasos se agranda ahora con la amenaza del copago, una decisión que vuelve a colocar a Asturias entre las regiones que primero ponen en aplicación la ley. Ya lo hizo el 23 de abril de 2007 y, desde el 1 de enero pasado, es una de las pocas comunidades españolas que ha decidido cobrar a los usuarios de los servicios de dependencia, discapacidad y mayores.
La medida no ha gustado a familiares y usuarios, hasta el punto de que aún hoy nadie sabe qué va a pagar ni cuándo, porque Bienestar ha aceptado el reto de reformar un decreto que entró en vigor con el año y que computaba como ingresos la pensión de orfandad, la paga de hijo a cargo o, por ejemplo, obliga a una joven perceptora de una pensión de 339 euros mensuales a pagar un total de 285 por ocupar una residencia para discapacitados.
Asalariados de por vida
Por su parte, la del Salario Social también es una ley con claroscuros. Si bien su puesta en marcha ha sido reconocida por todos los colectivos que trabajan con personas en riesgo de exclusión como «imprescindible», lo cierto es que la falta de desarrollo normativo la ha convertido en una paga casi eterna con 30.000 nóminas desde 2007.
Nacida para erradicar la pobreza extrema, en la que se encuentran quienes no llegan a los 300 euros de ingresos mensuales, la Ley del Salario Social ha supuesto la ayuda para muchas personas expulsadas de por vida del mercado laboral, ya sea por edad o por estado de salud.
Sin embargo, la prestación acumula también retrasos, de hasta siete meses, y carece del denominado Plan Individual de Atención, el que vincula esa paga a un compromiso formativo o laboral. Su coste, como el de la dependencia, también sale de las arcas regionales.
Acaba ahora una legislatura marcada por el coste social y por dos maneras de entenderlo. Bienestar comenzó siendo gestionada por el PSOE y, desde diciembre de 2008, lo es por IU, su socio en el Gobierno regional.
No obstante, los recortes parecen indicar que la gestión real la marca la Consejería de Economía.
Fuente : elcomercio.es
Las leyes de la Dependencia y del Salario Social han costado 1.300 millones desde 2007
Asturias paga la atención social. Y muy cara.
Hasta superar los 1.300 millones de euros de desembolso en esta legislatura. Cifra a la que se debe añadir la mayor parte del montante manejado por la Consejería de Bienestar Social y Vivienda.
Ésta llegó en 2011 a la cifra récord de un presupuesto superior a los 421 millones de euros.
Y no sólo le resulta especialmente costosa a Asturias la atención social porque la región lidere las estadísticas españolas en cuanto a habitantes mayores de 65 años -2 de cada 10 asturianos ya peinan canas-, o en lo que a personas con discapacidad se refiere, ya que con 140.931 afectados no hay otra comunidad del país con más alto porcentaje de habitantes con discapacidad: el 13%.
Tampoco influye en la carestía el hecho de que en los últimos años se hayan puesto en marcha dos leyes que convierten en obligatoria la atención a los que menos tienen, ya sea recursos -garantizados con la asturiana Ley del Salario Social, desde 2005-, ya autonomía, con la estatal Ley de la Dependencia, que entró en vigor en abril de 2007.
Si Asturias paga cara la atención social no es por esa combinación de lastres demográficos -a los que hay que sumar la más baja tasa de natalidad del país- y entrada en vigor de leyes ambiciosas, sino porque es el Principado el que aborda, casi en solitario, el coste que requiere.
De los presupuestos regionales han salido los 123 millones destinados, desde 2007, al salario social. Como los casi 1.200 millones a los que, en el mismo periodo, obligó la entrada en vigor la Ley de la Dependencia. En ese mismo periodo, el Estado ha aportado 116 millones de euros.
A tal punto ha llegado el esfuerzo regional que 2 de cada 10 euros necesarios para cumplir con esta última norma -llamada a ser histórica, pero marcada por los atascos y los retrasos- salen de las arcas regionales.
Y lo hacen aunque la tercera parte del coste debería aportarla el Ministerio de Sanidad y Política Social.
Sin embargo, los fuegos artificiales que acompañaron al nacimiento de esta ley, con la que se daba un paso de gigante en la atención a las personas con dependencia, imposibilitadas para realizar hasta las tareas más básicas de la vida diaria, pronto se desvanecieron en el aire.
La crisis económica global, que germinó en 2008 y explotó en todo su esplendor al año siguiente, obligó a recortar gastos, proceso que el Estado ejecutó sin tener demasiado en cuenta que había una ley que cumplir.
Como ejemplo práctico de que al Principado la atención social le resulta cara es lo ocurrido en 2009, año en el que mientras cada asturiano aportó 93 euros al año para la Ley de la Dependencia, los madrileños se limitaron a poner sobre la mesa 49.
266,5 euros de 1.927
Y es que las cuentas no salen desde el momento en el que el Gobierno central decide que su máxima aportación por cada persona dependiente serán 266,57 euros al mes. Una novena parte de lo que, realmente, cuesta atender a esa persona, ya que sólo el coste oficial de una plaza residencial se eleva a 1.927 euros mensuales. El real supera, según todos los expertos, los 2.000.
La situación se agrava porque el coste se mantiene si la persona con dependencia tiene un grado inferior-por ejemplo un grado II, nivel 2-, pero, en ese caso, la aportación estatal disminuye. No llega a los 71 euros mensuales.
Estos desfases entre el gasto real y la aportación estatal son el origen de las sombras que cubren a la Ley de la Dependencia, con casi 4 de cada 100 asturianos solicitándola en los últimos cuatro años, pero de la que, a 1 de abril, según los datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) sólo se beneficiaban realmente 15.047.
Casi 6.000 más esperan a llegar a un acuerdo con la Consejería de Bienestar Social y Vivienda para poder disfrutar de su derecho.
La sombra de los retrasos se agranda ahora con la amenaza del copago, una decisión que vuelve a colocar a Asturias entre las regiones que primero ponen en aplicación la ley. Ya lo hizo el 23 de abril de 2007 y, desde el 1 de enero pasado, es una de las pocas comunidades españolas que ha decidido cobrar a los usuarios de los servicios de dependencia, discapacidad y mayores.
La medida no ha gustado a familiares y usuarios, hasta el punto de que aún hoy nadie sabe qué va a pagar ni cuándo, porque Bienestar ha aceptado el reto de reformar un decreto que entró en vigor con el año y que computaba como ingresos la pensión de orfandad, la paga de hijo a cargo o, por ejemplo, obliga a una joven perceptora de una pensión de 339 euros mensuales a pagar un total de 285 por ocupar una residencia para discapacitados.
Asalariados de por vida
Por su parte, la del Salario Social también es una ley con claroscuros. Si bien su puesta en marcha ha sido reconocida por todos los colectivos que trabajan con personas en riesgo de exclusión como «imprescindible», lo cierto es que la falta de desarrollo normativo la ha convertido en una paga casi eterna con 30.000 nóminas desde 2007.
Nacida para erradicar la pobreza extrema, en la que se encuentran quienes no llegan a los 300 euros de ingresos mensuales, la Ley del Salario Social ha supuesto la ayuda para muchas personas expulsadas de por vida del mercado laboral, ya sea por edad o por estado de salud.
Sin embargo, la prestación acumula también retrasos, de hasta siete meses, y carece del denominado Plan Individual de Atención, el que vincula esa paga a un compromiso formativo o laboral. Su coste, como el de la dependencia, también sale de las arcas regionales.
Acaba ahora una legislatura marcada por el coste social y por dos maneras de entenderlo. Bienestar comenzó siendo gestionada por el PSOE y, desde diciembre de 2008, lo es por IU, su socio en el Gobierno regional.
No obstante, los recortes parecen indicar que la gestión real la marca la Consejería de Economía.
Fuente : elcomercio.es
QUE CUATRO AÑOS NO ES NADA
Que cuatro años no es nada
El 23 de abril se cumplieron cuatro años desde la entrada en vigor de la Ley de Dependencia que sitúa a España en el inicio del camino hacia la mejora del bienestar y la cohesión social, algo en lo que tienen un peso especial las pensiones y las políticas activas de empleo.
Desde 2007 hasta hoy han sido más de 700.000 las personas atendidas en nuestro país, con lo que se confirma la idea inicial de que es un derecho necesario para todos los ciudadanos, en especial para las clases sociales más necesitadas.
Pese a todo, el gasto social se sitúa en España cinco puntos por debajo de la media de la Unión Europea en relación con el Producto Interior Bruto.
La ayuda a la dependencia lleva implícita en nuestra comunidad autónoma un baile de cifras entre las que ha hecho públicas la Administración regional y las que tiene recogidas el Instituto de Mayores y Servicios Sociales. Lo cierto es que en la actualidad, 5.803 asturianos se encuentran a la espera de recibir una prestación conforme a la Ley.
El camino que se ha seguido desde la aprobación de esta Ley cuenta, cómo no, con sus luces y sus sombras. Hay un hecho cierto, y es que son muchas las personas que tienen todo el derecho a beneficiarse de esta Ley.
Pero también son muchas las que, a día de hoy, tienen derecho a una prestación, pero aún no la reciben.
Conviene tener presente que el nuevo campo que se ha abierto con la entrada en vigor de la Ley de Dependencia supone, sin duda, un importante motor económico y de creación de empleo al que hay que atender debidamente, siempre con un cierto equilibrio y control para que ello no suponga un desequilibrio en las cuentas públicas.
Sólo en Asturias la entrada en vigor de esta norma ha generado la creación de más de 5.000 nuevos puestos de trabajo.
Nuestro país ha de continuar avanzando en la línea que le permita apostar y consolidar un modelo productivo competitivo y sostenible para dar así una acertada respuesta al modelo de protección social.
Es un deber y una obligación ser solidarios con los que menos tienen y más en estos momentos en que la crisis ha hecho aumentar de forma escandalosa los hogares que necesitan una ayuda para cubrir las necesidades más básicas, pero este modelo de protección social debemos amoldarlo a nuestras circunstancias particulares y recursos económicos.
Apostemos por ello.
Fuente : elcomercio.es
BALEARES - PP RECLAMA MÁS DINERO AL GOBIERNO PARA DEPENDENCIA
El PP reclama más dinero al Gobierno para la Ley de Dependencia
El presidente del Partido Popular de Baleares y candidato a las Presidencias de las Islas, José Ramón Bauzá, reclama más dinero al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para la Ley de Dependencia, ya que considera que la aportación anual del Estado es insuficiente para atender a todas las personas que solicitan ayuda.
En una entrevista a Servimedia, Bauzá afirmó que "no hay dinero suficiente" para cumplir con la Ley de Dependencia, que el Ejecutivo de Zapatero aprobó la pasada legislatura pero cuyo desarrollo es competencia de las comunidades autónomas.
Bauzá denunció que "si no hay dinero no se pueden ejecutar" las ayudas sociales contempladas en la Ley de Dependencia, por lo que reclamó una "mayor dotación" presupuestaria que permita prestar servicio a más ciudadanos.
Advirtió de que, en estos momentos de crisis económica, hay "dramas familiares" que la falta de dinero en la Ley de Dependencia no ayuda a solucionar.
Bauzá explicó hay mucha gente que "no tiene oportunidad" de recibir una prestación social por falta de recursos, a pesar de que los ayuntamientos están asumiendo competencias que no les corresponden en esta materia.
Indicó que muchas instituciones locales están realizando "competencias impropias de servicios sociales" porque las comunidades autónomas no llegan al que debería ser su cometido.
Asimismo, el candidato del PP a la Presidencia de Baleares confió en que el desarrollo en los próximos años de más políticas de atención a las personas con discapacidad o dependencia sirvan para lograr una igualdad real de estas personas con el conjunto de la sociedad y, de ese modo, no sea necesario hablar de discapacidad.
Fuente : diariosigloxxi.com
El presidente del Partido Popular de Baleares y candidato a las Presidencias de las Islas, José Ramón Bauzá, reclama más dinero al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para la Ley de Dependencia, ya que considera que la aportación anual del Estado es insuficiente para atender a todas las personas que solicitan ayuda.
En una entrevista a Servimedia, Bauzá afirmó que "no hay dinero suficiente" para cumplir con la Ley de Dependencia, que el Ejecutivo de Zapatero aprobó la pasada legislatura pero cuyo desarrollo es competencia de las comunidades autónomas.
Bauzá denunció que "si no hay dinero no se pueden ejecutar" las ayudas sociales contempladas en la Ley de Dependencia, por lo que reclamó una "mayor dotación" presupuestaria que permita prestar servicio a más ciudadanos.
Advirtió de que, en estos momentos de crisis económica, hay "dramas familiares" que la falta de dinero en la Ley de Dependencia no ayuda a solucionar.
Bauzá explicó hay mucha gente que "no tiene oportunidad" de recibir una prestación social por falta de recursos, a pesar de que los ayuntamientos están asumiendo competencias que no les corresponden en esta materia.
Indicó que muchas instituciones locales están realizando "competencias impropias de servicios sociales" porque las comunidades autónomas no llegan al que debería ser su cometido.
Asimismo, el candidato del PP a la Presidencia de Baleares confió en que el desarrollo en los próximos años de más políticas de atención a las personas con discapacidad o dependencia sirvan para lograr una igualdad real de estas personas con el conjunto de la sociedad y, de ese modo, no sea necesario hablar de discapacidad.
Fuente : diariosigloxxi.com
LA RIOJA - LA LEY EXIGE EXISTENCIA PROFESIONAL EN TERAPIA OCUPACIONAL
La Ley de Dependencia exige esta figura profesional
La Ley de Dependencia exige que haya un profesional en Terapia Ocupacional en centros de día y en residencias de ancianos.
A partir de ahora, también se va a exigir la incorporación de estos profesionales en el servicio de ayuda a domicilio», explica Rosa Uyá, presidenta del colectivo de terapeutas ocupacionales en La Rioja.
Los resultados de su trabajo se pueden ver ya en diferentes áreas de servicios sociales en esta región, donde su figura del terapeuta ocupacional ya se está extendiendo.
No obstante, Uyá asegura que este tipo de profesionales pueden ejercer un importante trabajo en otros ámbitos como «la sanidad y la educación, como ya ocurre en otras comunidades autónomas», reivindica.
Rosa Uyá hace referencia al único caso que hay en La Rioja en este sentido y que se refiere a la sanidad.
«La Fundación Hospital de Calahorra tiene una terapeuta que trabaja en el centro sanitario y también con colegios, donde ayuda a niños con problemas para que sean más independientes y mejoren su currículo», detalla.
La Asociación Riojana de Terapeutas Ocupacionales agrupa en la actualidad a unos cuarenta profesionales.
El colectivo empezó a dar sus primeros pasos en el año 2000, aunque la asociación no se constituyó hasta el 2004.
Sus objetivos a corto plazo se centran en «luchar contra el intrusismo, iniciar el proceso de colegiación y fomentar la creación de puestos de trabajo», dice Uyá.
Fuente : elcorreo.com
La Ley de Dependencia exige que haya un profesional en Terapia Ocupacional en centros de día y en residencias de ancianos.
A partir de ahora, también se va a exigir la incorporación de estos profesionales en el servicio de ayuda a domicilio», explica Rosa Uyá, presidenta del colectivo de terapeutas ocupacionales en La Rioja.
Los resultados de su trabajo se pueden ver ya en diferentes áreas de servicios sociales en esta región, donde su figura del terapeuta ocupacional ya se está extendiendo.
No obstante, Uyá asegura que este tipo de profesionales pueden ejercer un importante trabajo en otros ámbitos como «la sanidad y la educación, como ya ocurre en otras comunidades autónomas», reivindica.
Rosa Uyá hace referencia al único caso que hay en La Rioja en este sentido y que se refiere a la sanidad.
«La Fundación Hospital de Calahorra tiene una terapeuta que trabaja en el centro sanitario y también con colegios, donde ayuda a niños con problemas para que sean más independientes y mejoren su currículo», detalla.
La Asociación Riojana de Terapeutas Ocupacionales agrupa en la actualidad a unos cuarenta profesionales.
El colectivo empezó a dar sus primeros pasos en el año 2000, aunque la asociación no se constituyó hasta el 2004.
Sus objetivos a corto plazo se centran en «luchar contra el intrusismo, iniciar el proceso de colegiación y fomentar la creación de puestos de trabajo», dice Uyá.
Fuente : elcorreo.com
MADRID - "79 PERSONAS HAN MUERTO ESPERANDO LA AYUDA"
Valcarce denuncia que 79 personas han muerto esperando la ayuda de dependencia
La 'número dos' del PSM a la Asamblea señala al Gobierno de Aguirre por retrasos "dramáticos" y la Comunidad replica asegurando que el plazo de valoración a los dependientes en Madrid es de tres meses.
La "falta de aplicación por parte del gobierno de Esperanza Aguirre" de la Ley de Dependencia ha permitido que "al menos 79 personas han muerto esperando los recursos para obtener la ayuda", según Amparo Valcarce.
La número dos de la candidatura socialista a la Presidencia ha subrayado que para estos dependientes "todos los recursos administrativos y legales han llegado tarde".
La Ley de Dependencia ha costado al Gobierno estos cuatro años 5.300 millones de euros
Más de 20.000 madrileños tienen reconocido su derecho a la ayuda que debe ofrecer la Comunidad de Madrid, pero están en lista de espera. Los retrasos, calificados de "dramáticos" por Valcarce, tienen "consecuencias gravísimas para las familias que cuidan a personas mayores y con discapacidad".
La Comunidad de Madrid ha respondido a estas declaraciones negando el retraso. En Madrid el plazo para las valoraciones de los pacientes de dependencia es de tres meses a tres y medio, ha informado un portavoz de la Consejería de Asuntos sociales.Esto sitúa a la región nueve puntos por encima de la media nacional, que prevé un plazo máximo de seis meses.
La Comunidad pide a Valcarce que deje de utilizar con "fines partidistas" el tema de la dependencia porque en la región se atienden a más de 70.000 dependientes, según los datos que manjejan del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
La Consejería de Familia ha señalado además a las Comunidades Autonómas gobernadas por el PSOE de liderar el cómputo del número de pacientes sin asistencia por dependencia, con un 60%. La muerte de las 79 personas se explica, según su versión, porque el 60% de los pacientes que han solicitado la ayuda tiene más de 80 años.
Ha llamado la Gobierno central a "arrimar el hombro" en la materia ya que las 34.000 plazas en residencias de mayores y centros de día para personas dependientes "se financian al 80% por el Gobierno regional y el 20% por el Ejecutivo central, cuando la normativa establece que sea al 50% cada uno".
El PSM ha reaccionado ante esta situación ofreciendo su departamento jurídico a los ciudadanos, que teniendo derecho a las ayudas no las estuvieran recibiendo, para que puedan recurrir ante la Administración autonómica.
Según las cifras comunicadas por la exdelegada del Gobierno, su partido ha prestado asistencia jurídica gratuita a 927 personas desde enero de 2010. El Tribunal Superior de Justicia ha recibido los recursos de 199 de ellas ante la ausencia de respuesta del Gobierno regional en el plazo de seis meses establecido por la norma.
Esto no impide que "los afectados que tienen que recurrir a los tribunales", vean "cómo fallecen sus familiares sin ser atendido". Valcarce ha afirmado que la Comunidad está "a la cola de la aplicación de la Ley de Dependencia", pero "esto no parece inquietar al Gobierno de Esperanza Aguirre", que es el encargado de repartir las ayudas entre las personas mayores y con discapacidad.
Valcarce se ha comprometido a cumplir los seis meses de plazo que da la ley para atender a los dependientes. "Pondremos en marcha un plan urgente para la atención inmediata de los casos más graves", ha anunciado.
Fuente : elpais.com/articulo/sociedad
La 'número dos' del PSM a la Asamblea señala al Gobierno de Aguirre por retrasos "dramáticos" y la Comunidad replica asegurando que el plazo de valoración a los dependientes en Madrid es de tres meses.
La "falta de aplicación por parte del gobierno de Esperanza Aguirre" de la Ley de Dependencia ha permitido que "al menos 79 personas han muerto esperando los recursos para obtener la ayuda", según Amparo Valcarce.
La número dos de la candidatura socialista a la Presidencia ha subrayado que para estos dependientes "todos los recursos administrativos y legales han llegado tarde".
La Ley de Dependencia ha costado al Gobierno estos cuatro años 5.300 millones de euros
Más de 20.000 madrileños tienen reconocido su derecho a la ayuda que debe ofrecer la Comunidad de Madrid, pero están en lista de espera. Los retrasos, calificados de "dramáticos" por Valcarce, tienen "consecuencias gravísimas para las familias que cuidan a personas mayores y con discapacidad".
La Comunidad de Madrid ha respondido a estas declaraciones negando el retraso. En Madrid el plazo para las valoraciones de los pacientes de dependencia es de tres meses a tres y medio, ha informado un portavoz de la Consejería de Asuntos sociales.Esto sitúa a la región nueve puntos por encima de la media nacional, que prevé un plazo máximo de seis meses.
La Comunidad pide a Valcarce que deje de utilizar con "fines partidistas" el tema de la dependencia porque en la región se atienden a más de 70.000 dependientes, según los datos que manjejan del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
La Consejería de Familia ha señalado además a las Comunidades Autonómas gobernadas por el PSOE de liderar el cómputo del número de pacientes sin asistencia por dependencia, con un 60%. La muerte de las 79 personas se explica, según su versión, porque el 60% de los pacientes que han solicitado la ayuda tiene más de 80 años.
Ha llamado la Gobierno central a "arrimar el hombro" en la materia ya que las 34.000 plazas en residencias de mayores y centros de día para personas dependientes "se financian al 80% por el Gobierno regional y el 20% por el Ejecutivo central, cuando la normativa establece que sea al 50% cada uno".
El PSM ha reaccionado ante esta situación ofreciendo su departamento jurídico a los ciudadanos, que teniendo derecho a las ayudas no las estuvieran recibiendo, para que puedan recurrir ante la Administración autonómica.
Según las cifras comunicadas por la exdelegada del Gobierno, su partido ha prestado asistencia jurídica gratuita a 927 personas desde enero de 2010. El Tribunal Superior de Justicia ha recibido los recursos de 199 de ellas ante la ausencia de respuesta del Gobierno regional en el plazo de seis meses establecido por la norma.
Esto no impide que "los afectados que tienen que recurrir a los tribunales", vean "cómo fallecen sus familiares sin ser atendido". Valcarce ha afirmado que la Comunidad está "a la cola de la aplicación de la Ley de Dependencia", pero "esto no parece inquietar al Gobierno de Esperanza Aguirre", que es el encargado de repartir las ayudas entre las personas mayores y con discapacidad.
Valcarce se ha comprometido a cumplir los seis meses de plazo que da la ley para atender a los dependientes. "Pondremos en marcha un plan urgente para la atención inmediata de los casos más graves", ha anunciado.
Fuente : elpais.com/articulo/sociedad
CANARIAS - "A LA CABEZA EN ATENCIÓN A DEPENDIENTES"
Inés Rojas - Consejera de Bienestar Social y Vivienda
´Canarias está a la cabeza en la atención a dependientes´
La responsable de los servicios sociales en el Ejecutivo regional defiende el sistema canario de atención a mayores y dependientes gestionado con cabildos y ayuntamientos como el mejor de España al incluir la sanidad entre sus prestaciones
-El Imserso ha publicado el estado de la Ley de Dependencia. Para Canarias, fija 36.000 solicitudes, de las que 25.457 están reconocidas con derecho a prestación pero de las que sólo están cobrando prestación 10.330. ¿Que valoración hace de estos datos?
- Canarias presenta una situación diferente que le hemos ido reiterado varias veces a Madrid, ya que la propia Ley de Dependencia ha pasado por varios ministerios. No cabe duda de que los datos únicos y exclusivos que van apareciendo bajo el paraguas de la Ley de Dependencia son en su mayoría los correspondientes a las prestaciones económicas y no aparecen las personas dependientes que atendemos en Canarias.
- ¿Qué es lo que está sucediendo?
- Cuando se pone en marcha la Ley de Dependencia, Canarias ya tiene su propio sistema de atención a personas dependientes. Un sistema que es mucho mejor que la propia Ley y que además nos coloca a la cabeza del Estado y no al revés. Lo que es injusto, ya que Madrid sólo mide las prestaciones económicas concedidas.
- ¿Explique por qué estamos a la cabeza en la atención a mayores y discapacitados?
- Yo siempre pongo el ejemplo del País Vasco por poner una región similar a la nuestra y, por lo tanto, con una población de dependientes bastante similar. Pues el País Vasco atiende a casi 40.000 y Canarias está en las 38.000. En los datos del Imserso aparecen los del País Vasco, pero los de Canarias no.
- ¿Por qué?
- Porque en Canarias el servicio de atención a los dependientes estaba descentralizado en cabildos y ayuntamientos. El Gobierno estatal dice que la Ley de Dependencia la tienen que aplicar los gobiernos autonómicos y nosotros, desde luego, no vamos a volver atrás y más cuando es mucho mejor que el resto. En el último Consejo de Gobierno tuvimos que habilitar una partida de 16 millones para contemplar la atención sanitaria de los dependientes, cosa que no recoge la Ley.
- ¿A quiénes corresponden los 10.300 canarios que se están beneficiando de la ayuda?
- Ese número corresponde en su mayoría a los que reciben prestaciones económicas, que es la única novedad que presenta la Ley y que forman parte de las 38.000 personas que atendemos en Canarias. Entre ellos mayores y discapacitados en residencias, centros de día y otros servicios.
- Según el Imserso, en las Islas hay unas 15.000 personas con derecho a la prestación pero que todavía no reciben la ayuda.
- Hay un porcentaje muy alto de solicitantes que en el momento de solicitar la Ley no le correspondía ayuda. Esta norma se pone en marcha por fases según el grado de dependencia. Hubo mucha gente que la solicitó en 2007, 2008 y 2009, pero le corresponde recibirla en 2012, 2013, 2014 y hasta 2015.
- ¿Canarias se va a adaptar a la ley estatal?
- En Canarias se ha hecho un trabajo intensísimo con los cabildos y en vez de llamarlo el Plan Sociosanitario de Personas Dependientes le vamos a cambiar de nombre para denominarlo Sistema Canario de Atención a la Dependencia. Nos adaptaremos a la Ley pero vamos a mantener nuestro sistema ya que, tal como reconoce el Consejo Territorial de la Dependencia, es el mejor pues contempla la parte sanitaria que la Ley no contempla. Además, a lo largo de esta legislatura hemos creado 2.000 plazas sociosanitarias nuevas y no sólo sociales, que es como la Ley lo quiere.
- ¿Tantos elogios recibe en Madrid la atención a mayores y discapacitados que se da en el Archipiélago?
- De hecho, la propia Ley está elaborando el Libro Blanco Sociosanitario de España y nos ha pedido a las comunidades autónomas que expongamos nuestra experiencia. La mejor que hay en España es la canaria, que lleva siete años. Nos han preguntado cómo lo hemos hecho y cómo lo financiamos.
- Una de las mayores críticas que ha recibido la ayuda a la dependencia es el retraso en su aprobación. ¿Cuánto tiempo se está tardando?
- La media que se estaba tardando era 18 meses. A principios de 2010 se acordó cambiar los procedimientos para que no fueran tan engorrosos y no dilataran tanto la situación de espera. Se dispuso un nuevo sistema para que se terminara en seis meses. En este tiempo hemos mejorado muchísimo esa situación y hoy tardamos 10 meses y 19 días, y no vamos a parar hasta estar en los seis o siete meses desde que una persona lo solicita hasta que se le aprueba.
- Pero otra queja es el tiempo que pasa en empezarse a recibir la prestación económica concedida.
- Después de la aprobación hay que ponerse de acuerdo con la familia para resolver qué servicio se quiere, cómo y dónde. En la mayoría de los casos se trata de una prestación económica y la gente tiene que demostrar su capacidad económica.
- ¿Qué se va a hacer para solucionar ese último proceso y se agilice la ayuda?
- En eso se está tardando muchísimo porque depende del Catastro o la Seguridad Social, y cuesta mucho tiempo en dirimir ese papeleo. Lo que queremos ahora en el Gobierno canario es establecer acuerdos con esos organismos para que no sean los beneficiarios los que tengan que pedir los documentos sino nosotros. De esa manera seremos nosotros los que nos pondremos en contacto con estas instituciones con la preceptiva autorización del interesado. Así será el Gobierno quien se comunique con esos organismos, vía telemática, que es mucho más rápido y nos va a permitir agilizar mucho este difícil trámite.
- Los solicitantes de la ayuda a la dependencia también se quejan en algunos casos de que pierden algún servicio que ya recibían cuando se les concede la nueva ayuda.
- Desde el Gobierno de Canarias vamos a dar más de un servicio, pero no vamos a conceder un servicio y una prestación económica conjuntamente.
Fuente : aprovincia.es/canarias
´Canarias está a la cabeza en la atención a dependientes´
La responsable de los servicios sociales en el Ejecutivo regional defiende el sistema canario de atención a mayores y dependientes gestionado con cabildos y ayuntamientos como el mejor de España al incluir la sanidad entre sus prestaciones
-El Imserso ha publicado el estado de la Ley de Dependencia. Para Canarias, fija 36.000 solicitudes, de las que 25.457 están reconocidas con derecho a prestación pero de las que sólo están cobrando prestación 10.330. ¿Que valoración hace de estos datos?
- Canarias presenta una situación diferente que le hemos ido reiterado varias veces a Madrid, ya que la propia Ley de Dependencia ha pasado por varios ministerios. No cabe duda de que los datos únicos y exclusivos que van apareciendo bajo el paraguas de la Ley de Dependencia son en su mayoría los correspondientes a las prestaciones económicas y no aparecen las personas dependientes que atendemos en Canarias.
- ¿Qué es lo que está sucediendo?
- Cuando se pone en marcha la Ley de Dependencia, Canarias ya tiene su propio sistema de atención a personas dependientes. Un sistema que es mucho mejor que la propia Ley y que además nos coloca a la cabeza del Estado y no al revés. Lo que es injusto, ya que Madrid sólo mide las prestaciones económicas concedidas.
- ¿Explique por qué estamos a la cabeza en la atención a mayores y discapacitados?
- Yo siempre pongo el ejemplo del País Vasco por poner una región similar a la nuestra y, por lo tanto, con una población de dependientes bastante similar. Pues el País Vasco atiende a casi 40.000 y Canarias está en las 38.000. En los datos del Imserso aparecen los del País Vasco, pero los de Canarias no.
- ¿Por qué?
- Porque en Canarias el servicio de atención a los dependientes estaba descentralizado en cabildos y ayuntamientos. El Gobierno estatal dice que la Ley de Dependencia la tienen que aplicar los gobiernos autonómicos y nosotros, desde luego, no vamos a volver atrás y más cuando es mucho mejor que el resto. En el último Consejo de Gobierno tuvimos que habilitar una partida de 16 millones para contemplar la atención sanitaria de los dependientes, cosa que no recoge la Ley.
- ¿A quiénes corresponden los 10.300 canarios que se están beneficiando de la ayuda?
- Ese número corresponde en su mayoría a los que reciben prestaciones económicas, que es la única novedad que presenta la Ley y que forman parte de las 38.000 personas que atendemos en Canarias. Entre ellos mayores y discapacitados en residencias, centros de día y otros servicios.
- Según el Imserso, en las Islas hay unas 15.000 personas con derecho a la prestación pero que todavía no reciben la ayuda.
- Hay un porcentaje muy alto de solicitantes que en el momento de solicitar la Ley no le correspondía ayuda. Esta norma se pone en marcha por fases según el grado de dependencia. Hubo mucha gente que la solicitó en 2007, 2008 y 2009, pero le corresponde recibirla en 2012, 2013, 2014 y hasta 2015.
- ¿Canarias se va a adaptar a la ley estatal?
- En Canarias se ha hecho un trabajo intensísimo con los cabildos y en vez de llamarlo el Plan Sociosanitario de Personas Dependientes le vamos a cambiar de nombre para denominarlo Sistema Canario de Atención a la Dependencia. Nos adaptaremos a la Ley pero vamos a mantener nuestro sistema ya que, tal como reconoce el Consejo Territorial de la Dependencia, es el mejor pues contempla la parte sanitaria que la Ley no contempla. Además, a lo largo de esta legislatura hemos creado 2.000 plazas sociosanitarias nuevas y no sólo sociales, que es como la Ley lo quiere.
- ¿Tantos elogios recibe en Madrid la atención a mayores y discapacitados que se da en el Archipiélago?
- De hecho, la propia Ley está elaborando el Libro Blanco Sociosanitario de España y nos ha pedido a las comunidades autónomas que expongamos nuestra experiencia. La mejor que hay en España es la canaria, que lleva siete años. Nos han preguntado cómo lo hemos hecho y cómo lo financiamos.
- Una de las mayores críticas que ha recibido la ayuda a la dependencia es el retraso en su aprobación. ¿Cuánto tiempo se está tardando?
- La media que se estaba tardando era 18 meses. A principios de 2010 se acordó cambiar los procedimientos para que no fueran tan engorrosos y no dilataran tanto la situación de espera. Se dispuso un nuevo sistema para que se terminara en seis meses. En este tiempo hemos mejorado muchísimo esa situación y hoy tardamos 10 meses y 19 días, y no vamos a parar hasta estar en los seis o siete meses desde que una persona lo solicita hasta que se le aprueba.
- Pero otra queja es el tiempo que pasa en empezarse a recibir la prestación económica concedida.
- Después de la aprobación hay que ponerse de acuerdo con la familia para resolver qué servicio se quiere, cómo y dónde. En la mayoría de los casos se trata de una prestación económica y la gente tiene que demostrar su capacidad económica.
- ¿Qué se va a hacer para solucionar ese último proceso y se agilice la ayuda?
- En eso se está tardando muchísimo porque depende del Catastro o la Seguridad Social, y cuesta mucho tiempo en dirimir ese papeleo. Lo que queremos ahora en el Gobierno canario es establecer acuerdos con esos organismos para que no sean los beneficiarios los que tengan que pedir los documentos sino nosotros. De esa manera seremos nosotros los que nos pondremos en contacto con estas instituciones con la preceptiva autorización del interesado. Así será el Gobierno quien se comunique con esos organismos, vía telemática, que es mucho más rápido y nos va a permitir agilizar mucho este difícil trámite.
- Los solicitantes de la ayuda a la dependencia también se quejan en algunos casos de que pierden algún servicio que ya recibían cuando se les concede la nueva ayuda.
- Desde el Gobierno de Canarias vamos a dar más de un servicio, pero no vamos a conceder un servicio y una prestación económica conjuntamente.
Fuente : aprovincia.es/canarias
ASTURIAS - LA DEPENDENCIA, UNA LEY "LOW-COST"
Sólo 15.047 de los más de 40.000 asturianos que solicitaron ayuda desde 2007 la reciben.
La mayoría son pagas al cuidador familiar
BALANCE OFICIAL
44.617
Cifra de asturianos que solicitaron ayudas a la dependencia desde el 23 de abril de 2007.
20.880
Cifra de asturianos que, a 1 de abril, tenían derecho a recibir una ayuda a la dependencia.
5.803
Cifra de asturianos que, a 1 de abril, tenían derecho a una ayuda, pero no la recibían.
11.813
Beneficiarios de más de 65 años. Hasta 64 años, 2.898. Menores sólo hay 40.
7.701
Cifra de beneficiarios que optaron por pagar a un familiar para que les cuide en casa.
Cumple cuatro años, pero es una ley geriátrica.
Nació para promocionar la autonomía personal, pero se ha centrado en la dependencia.
Se gestó como el motor de los servicios especializados, pero se ha convertido en un mero reparto de pagas a cuidadores familiares.
Se la suponía dotada de millones de euros, pero ha resultado 'low-cost'.
Es la Ley para la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas con Dependencia.
Es la Ley de la Dependencia y este sábado, día 23, celebra su cuarto aniversario.
Ese día, pero de 2007, Asturias era la primera comunidad autónoma en poner en marcha real una ley que, de forma oficial, había entrado en vigor el 1 de enero. Las expectativas de los colectivos de discapacidad eran enormes, ya que la norma se presentó como la clave para convertir en derecho de obligado cumplimiento una atención que, hasta ese momento, era fruto del esfuerzo de las familias y la voluntad de las instituciones.
Decía (y dice) la ley que las personas con dependencia, en cualquiera de sus tres grados, accederían de forma escalonada al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), un sistema equiparado al sanitario y al educativo. Es decir, que los servicios serían universales, la autonomía sería la prioridad y los beneficiarios no pagarían más de un tercio del coste de la atención.
Por no hablar de que multiplicaría los puestos de trabajo dentro de la atención especializada: ayuda a domicilio, centros de día y residencias. Sin olvidar al asistente personal. De hecho, en la norma se dice claramente que la paga para que un familiar cuide del dependiente será algo «excepcional».
Con esa tarjeta de presentación, 44.617 asturianos, 4 de cada 100 habitantes del Principado, solicitaron ser valorados. Sin embargo, la mosca tras la oreja que tenían muchos de los aspirantes -la ley se ponía en marcha con cuatro meses de retraso- pronto se confirmó.
Las previsiones hablaban de que en Asturias había 6.000 grandes dependientes. En cuatro años son 10.525 los que ya tienen ese certificado, a los que se suman otros 7.241 con dependencia severa. Es decir, los que entrarían en el SAAD.
Cuatro años después, los servicios son, realmente, lo «excepcional». En Asturias hay 7.701 familiares que cobran por atender, en su casa, a un pariente con dependencia. De acuerdo a los datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), la media recibe entre 477 y 287 euros al mes, una cantidad muy lejana de los 733 que, de media, debe pagar el Principado a los que optan por un servicio.
Falta de financiación
Porque si el colapso en la atención fue la primera señala de alarma, la falta de financiación de la ley fue rápidamente protagonista. Desde el Principado, como otras comunidades, se acusó al Estado de no aportar lo que debe, ya que es Asturias la que soporta 8 de cada 10 euros que supone la atención a las personas dependientes. En estos cuatro años, la inversión regional superó los 1.200 millones. La estatal no llegó a 130.
Mientras las administraciones se pelean, los beneficiarios son llamados a pagar. A ellos se les recuerda que la ley decía (y dice) que deben aportar la tercera parte de los servicios y, aunque el Principado reconoce que de los 2.000 euros que cuesta una plaza residencial para un gran dependiente, el Estado sólo aporta 260, al usuario le reclama el 84% de sus ingresos.
Por ese motivo, desde la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales -el 'pepito grillo' de la ley, el ente que la evalúa cada semestre- se califica a la norma de «low-cost», porque las comunidades, entre ellas Asturias, «han apostado por las pagas a familiares, que son mucho más económicas y, cuando dan servicios, no nos dicen con qué intensidad lo hacen». Es decir, que salvo a los usuarios de residencias, casi 3.400, de los demás no se sabe «cuántas horas de ayuda a domicilio reciben, pero sabemos que la media es de dos al día, algo absolutamente insuficiente», asegura el presidente de la entidad, José Manuel Ramírez.
«Una ley que no se cumple»
El resumen de estos cuatro años es que estamos ante una ley «que no se cumple». El Principado mantiene a «5.803 asturianos en el limbo», en referencia a los que ya tienen derecho a una prestación, pero aún no la reciben.
Tampoco se respetan los plazos, fijados en seis meses, pero hoy aún se tarda más de un año en obtener respuesta y, sobre todo, «está cundiendo la desesperanza entre los beneficiarios», lamenta Ramírez quien destaca que, incluso, «el Principado es de las comunidades que mejor se están portando».
El 23 de abril, la Ley de la Dependencia cumple años en Asturias. Pero no habrá celebración.
Fuente : elcomercio.es
La mayoría son pagas al cuidador familiar
BALANCE OFICIAL
44.617
Cifra de asturianos que solicitaron ayudas a la dependencia desde el 23 de abril de 2007.
20.880
Cifra de asturianos que, a 1 de abril, tenían derecho a recibir una ayuda a la dependencia.
5.803
Cifra de asturianos que, a 1 de abril, tenían derecho a una ayuda, pero no la recibían.
11.813
Beneficiarios de más de 65 años. Hasta 64 años, 2.898. Menores sólo hay 40.
7.701
Cifra de beneficiarios que optaron por pagar a un familiar para que les cuide en casa.
Cumple cuatro años, pero es una ley geriátrica.
Nació para promocionar la autonomía personal, pero se ha centrado en la dependencia.
Se gestó como el motor de los servicios especializados, pero se ha convertido en un mero reparto de pagas a cuidadores familiares.
Se la suponía dotada de millones de euros, pero ha resultado 'low-cost'.
Es la Ley para la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas con Dependencia.
Es la Ley de la Dependencia y este sábado, día 23, celebra su cuarto aniversario.
Ese día, pero de 2007, Asturias era la primera comunidad autónoma en poner en marcha real una ley que, de forma oficial, había entrado en vigor el 1 de enero. Las expectativas de los colectivos de discapacidad eran enormes, ya que la norma se presentó como la clave para convertir en derecho de obligado cumplimiento una atención que, hasta ese momento, era fruto del esfuerzo de las familias y la voluntad de las instituciones.
Decía (y dice) la ley que las personas con dependencia, en cualquiera de sus tres grados, accederían de forma escalonada al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), un sistema equiparado al sanitario y al educativo. Es decir, que los servicios serían universales, la autonomía sería la prioridad y los beneficiarios no pagarían más de un tercio del coste de la atención.
Por no hablar de que multiplicaría los puestos de trabajo dentro de la atención especializada: ayuda a domicilio, centros de día y residencias. Sin olvidar al asistente personal. De hecho, en la norma se dice claramente que la paga para que un familiar cuide del dependiente será algo «excepcional».
Con esa tarjeta de presentación, 44.617 asturianos, 4 de cada 100 habitantes del Principado, solicitaron ser valorados. Sin embargo, la mosca tras la oreja que tenían muchos de los aspirantes -la ley se ponía en marcha con cuatro meses de retraso- pronto se confirmó.
Las previsiones hablaban de que en Asturias había 6.000 grandes dependientes. En cuatro años son 10.525 los que ya tienen ese certificado, a los que se suman otros 7.241 con dependencia severa. Es decir, los que entrarían en el SAAD.
Cuatro años después, los servicios son, realmente, lo «excepcional». En Asturias hay 7.701 familiares que cobran por atender, en su casa, a un pariente con dependencia. De acuerdo a los datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), la media recibe entre 477 y 287 euros al mes, una cantidad muy lejana de los 733 que, de media, debe pagar el Principado a los que optan por un servicio.
Falta de financiación
Porque si el colapso en la atención fue la primera señala de alarma, la falta de financiación de la ley fue rápidamente protagonista. Desde el Principado, como otras comunidades, se acusó al Estado de no aportar lo que debe, ya que es Asturias la que soporta 8 de cada 10 euros que supone la atención a las personas dependientes. En estos cuatro años, la inversión regional superó los 1.200 millones. La estatal no llegó a 130.
Mientras las administraciones se pelean, los beneficiarios son llamados a pagar. A ellos se les recuerda que la ley decía (y dice) que deben aportar la tercera parte de los servicios y, aunque el Principado reconoce que de los 2.000 euros que cuesta una plaza residencial para un gran dependiente, el Estado sólo aporta 260, al usuario le reclama el 84% de sus ingresos.
Por ese motivo, desde la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales -el 'pepito grillo' de la ley, el ente que la evalúa cada semestre- se califica a la norma de «low-cost», porque las comunidades, entre ellas Asturias, «han apostado por las pagas a familiares, que son mucho más económicas y, cuando dan servicios, no nos dicen con qué intensidad lo hacen». Es decir, que salvo a los usuarios de residencias, casi 3.400, de los demás no se sabe «cuántas horas de ayuda a domicilio reciben, pero sabemos que la media es de dos al día, algo absolutamente insuficiente», asegura el presidente de la entidad, José Manuel Ramírez.
«Una ley que no se cumple»
El resumen de estos cuatro años es que estamos ante una ley «que no se cumple». El Principado mantiene a «5.803 asturianos en el limbo», en referencia a los que ya tienen derecho a una prestación, pero aún no la reciben.
Tampoco se respetan los plazos, fijados en seis meses, pero hoy aún se tarda más de un año en obtener respuesta y, sobre todo, «está cundiendo la desesperanza entre los beneficiarios», lamenta Ramírez quien destaca que, incluso, «el Principado es de las comunidades que mejor se están portando».
El 23 de abril, la Ley de la Dependencia cumple años en Asturias. Pero no habrá celebración.
Fuente : elcomercio.es
miércoles, 13 de abril de 2011
CÓMO FINANCIAR LA DEPENDENCIA
Cómo financiar la dependencia
La ley costó 5,5 millones en 2010.- Hay que aclarar los importe y quién debe aportarlos
A nadie se le escapa la preocupación que genera en ciudadanos y poderes públicos cómo podremos seguir haciendo frente, desde unos presupuestos públicos cada vez más ajustados, a los altos costes que genera la aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas con Dependencia, un derecho reconocido al que nadie quiere renunciar.
Según el informe del Observatorio Estatal para la Dependencia publicado en diciembre del 2010, el gasto total que ha generado la aplicación de la Ley en el año 2010 ha sido de más de 5,5millones de euros y el incremento absoluto del mismo con respecto al 2009 de más de 1,6millones de euros.
La cuestión no es fácil, desde luego, pero como no hay otra salida posible, tampoco podremos pasar mucho más tiempo sin tomar decisiones valientes que influyan, bien en la reducción del coste, bien en el incremento de los presupuestos que destinemos al sistema.
Es una opinión general que hace unos días quedó patente en la Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo del Congreso de los Diputados, donde los grupos políticos coincidían en la necesidad de alcanzar un pacto para "repensar" la Ley.
La Ley nació con una estimación de costes para su aplicación muy por debajo de la realidad que ha generado la demanda (mucha más de la prevista), obviando los costes de gestión que la puesta en marcha que todo sistema genera y fijando bajos costes de producción de los servicios que deben atender a quienes se les reconoce el derecho.
Además, han imperado altas dosis de discrecionalidad en las aportaciones de las diversas administraciones implicadas (Estado, autonomías, Ayuntamientos), fruto del modelo de financiación adoptado que reparte la responsabilidad de asumir los costes entre todos, sin activar mecanismos de transparencia y control suficientes entre ellos y para con ellos.
En este contexto, todo parece apuntar a que es imprescindible resolver dos urgencias. Por una parte, conocer con precisión los costes que está generando el desarrollo del sistema y controlarlos.
Tanto los costes de atención (qué cuesta atender a cada perfil de persona en función de los servicios que recibe o debería recibir) como los costes de gestión (qué nos están costando los servicios de valoración -por cierto, en muchas autonomías duplicando a los equipos existentes- qué nos cuestan los sistemas de información, etcétera).
Por otra parte, buscar un sistema de financiación que asegure la sostenibilidad, tanto coyuntural para este momento de crisis, como estructural pensando, como mínimo, a medio plazo. Y una cosa detrás de otra, porqué la lógica del coste debe impregnar el diseño del esquema financiero.
Para ambas acciones hace falta decisión y valentía, algo que no es fácil pero que resulta absolutamente ineludible tal como están las cosas.
¿Qué hacer, pues? En primer lugar fijar los costes reales que genera el sistema, suma de los costes de producción, gestión e inversión, para saber de verdad de qué , o mejor dicho de cuánto, estamos hablando. En segundo lugar, clarificar quién va a financiar qué.
Y en tercer lugar, decidir cómo se financiará, es decir, encontrar vías para el incremento de ingresos afectados destinados a hacer posible el desarrollo completo del sistema.
Para cada uno de estos pasos será necesario encontrar acciones innovadoras que seguro que modificarán la dinámica actual y será necesaria también la toma de decisión, que en un sistema en el que intervienen tantos agentes, debería ser compartida por todos quienes tienen responsabilidades en él.
Podemos hacerlo. Para conocer los costes de atención es preciso definir con detalle los perfiles de personas que atiende la Ley y acordar qué se va a ofrecer a cada uno de ellos, sean servicios o prestaciones.
Ello implica poder definir los grupos de personas incluidas en cada grado y nivel, para tener en cuenta de manera real la multicausalidad de las situaciones de dependencia que hacen que debamos atender a cada situación de distinta forma y, por tanto, componer opciones de servicios para cada perfil.
Solo así podremos fijar cuánto cuesta la atención y por tanto, decidir sobre si el sistema público tiene capacidad para asumirla al completo o no.
Y aquí viene la otra gran decisión: acordar quién va a financiar qué. Requiere de un compromiso entre los diversos niveles de la administración, cerrado con transparencia y claridad, en función de responsabilidades y competencias de cada uno: el Estado, la comunidad autónoma y la Administración local.
También de un compromiso real y valiente de los sistemas implicados en función de los ámbitos que componen la atención, es decir del sistema de servicios sociales y del sistema de salud. Y, finalmente, un compromiso de las personas beneficiarias que participen a través de sistemas de copago que afecten a los servicios complementarios.
Un intento de ajustar los costes para hacer sostenible la prestación del core de servicios requeridos que consolide la equidad entre ciudadanos.
En mi opinión, en el contexto actual, el sistema público -desde lo social y desde lo sanitario- debería hacerse cargo exclusivamente de lo que va a ser el núcleo de los servicios de atención a la dependencia, el core, dejando la financiación de los servicios complementarios en manos de los propios ciudadanos afectados a los que los poderes públicos -servicios sociales- deberán suplir en caso de falta de capacidad económica para hacerlo.
Finalmente ¿de dónde van a venir los ingresos? Más allá de las medidas habituales para conseguirlos por parte de la administración, habría que poder ser creativo y pensar en fórmulas que combinadas, consigan nuevos efectos.
Pondré un ejemplo. En Inglaterra, el International Longevity Centre, ha publicado un informe que describe las principales actuaciones necesarias para reformar el sistema sociosanitario y propone una revisión de un amplio abanico de modelos de financiación.
Uno de ellos, el más complejo, combina un fondo de seguro social al que contribuye obligatoriamente todo trabajador, el copago de parte de los servicios que se reciben de modo proporcional a la renta de cada uno, la aportación del Estado, entendida como un cheque de ayuda a la contratación de un seguro privado, un fondo de seguro social para personas jubiladas al que estas pueden aportar voluntariamente una cantidad a cambio de recibir más servicios, y finalmente, un seguro privado.
¿Esta es la fórmula aplicable aquí? Seguro que no, pero podemos encontrar la nuestra. Es cuestión de ponerse a ello. Ya en el informe del grupo de expertos para la evaluación del desarrollo y efectiva aplicación de la Ley 39/2006 realizado por encargo del Congreso, que se publicó en septiembre del 2009, se apuntaban posibilidades a estudiar, que no creo que hayan trascendido hasta ahora el papel en el que fueron escritas.
En definitiva, poder, podemos. Y no podemos pasar más tiempo sin abordar con rigor una realidad: la mejora de la protección social, asegurando la viabilidad de los nuevos derechos de ciudadanía y asumiendo el crecimiento del gasto social que ello conlleva.
Solo hace falta que la voluntad cuente con la valentía necesaria para decidir y trasladar a la realidad las posibilidades y las ideas con el que contamos.
MONTESERRAT CERVERA
Montserrat Cervera es directora de la Unidad Social y Sociosanitaria de Antares Consulting.
Fuente : elpais.com/articulo/sociedad
La ley costó 5,5 millones en 2010.- Hay que aclarar los importe y quién debe aportarlos
A nadie se le escapa la preocupación que genera en ciudadanos y poderes públicos cómo podremos seguir haciendo frente, desde unos presupuestos públicos cada vez más ajustados, a los altos costes que genera la aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas con Dependencia, un derecho reconocido al que nadie quiere renunciar.
Según el informe del Observatorio Estatal para la Dependencia publicado en diciembre del 2010, el gasto total que ha generado la aplicación de la Ley en el año 2010 ha sido de más de 5,5millones de euros y el incremento absoluto del mismo con respecto al 2009 de más de 1,6millones de euros.
La cuestión no es fácil, desde luego, pero como no hay otra salida posible, tampoco podremos pasar mucho más tiempo sin tomar decisiones valientes que influyan, bien en la reducción del coste, bien en el incremento de los presupuestos que destinemos al sistema.
Es una opinión general que hace unos días quedó patente en la Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo del Congreso de los Diputados, donde los grupos políticos coincidían en la necesidad de alcanzar un pacto para "repensar" la Ley.
La Ley nació con una estimación de costes para su aplicación muy por debajo de la realidad que ha generado la demanda (mucha más de la prevista), obviando los costes de gestión que la puesta en marcha que todo sistema genera y fijando bajos costes de producción de los servicios que deben atender a quienes se les reconoce el derecho.
Además, han imperado altas dosis de discrecionalidad en las aportaciones de las diversas administraciones implicadas (Estado, autonomías, Ayuntamientos), fruto del modelo de financiación adoptado que reparte la responsabilidad de asumir los costes entre todos, sin activar mecanismos de transparencia y control suficientes entre ellos y para con ellos.
En este contexto, todo parece apuntar a que es imprescindible resolver dos urgencias. Por una parte, conocer con precisión los costes que está generando el desarrollo del sistema y controlarlos.
Tanto los costes de atención (qué cuesta atender a cada perfil de persona en función de los servicios que recibe o debería recibir) como los costes de gestión (qué nos están costando los servicios de valoración -por cierto, en muchas autonomías duplicando a los equipos existentes- qué nos cuestan los sistemas de información, etcétera).
Por otra parte, buscar un sistema de financiación que asegure la sostenibilidad, tanto coyuntural para este momento de crisis, como estructural pensando, como mínimo, a medio plazo. Y una cosa detrás de otra, porqué la lógica del coste debe impregnar el diseño del esquema financiero.
Para ambas acciones hace falta decisión y valentía, algo que no es fácil pero que resulta absolutamente ineludible tal como están las cosas.
¿Qué hacer, pues? En primer lugar fijar los costes reales que genera el sistema, suma de los costes de producción, gestión e inversión, para saber de verdad de qué , o mejor dicho de cuánto, estamos hablando. En segundo lugar, clarificar quién va a financiar qué.
Y en tercer lugar, decidir cómo se financiará, es decir, encontrar vías para el incremento de ingresos afectados destinados a hacer posible el desarrollo completo del sistema.
Para cada uno de estos pasos será necesario encontrar acciones innovadoras que seguro que modificarán la dinámica actual y será necesaria también la toma de decisión, que en un sistema en el que intervienen tantos agentes, debería ser compartida por todos quienes tienen responsabilidades en él.
Podemos hacerlo. Para conocer los costes de atención es preciso definir con detalle los perfiles de personas que atiende la Ley y acordar qué se va a ofrecer a cada uno de ellos, sean servicios o prestaciones.
Ello implica poder definir los grupos de personas incluidas en cada grado y nivel, para tener en cuenta de manera real la multicausalidad de las situaciones de dependencia que hacen que debamos atender a cada situación de distinta forma y, por tanto, componer opciones de servicios para cada perfil.
Solo así podremos fijar cuánto cuesta la atención y por tanto, decidir sobre si el sistema público tiene capacidad para asumirla al completo o no.
Y aquí viene la otra gran decisión: acordar quién va a financiar qué. Requiere de un compromiso entre los diversos niveles de la administración, cerrado con transparencia y claridad, en función de responsabilidades y competencias de cada uno: el Estado, la comunidad autónoma y la Administración local.
También de un compromiso real y valiente de los sistemas implicados en función de los ámbitos que componen la atención, es decir del sistema de servicios sociales y del sistema de salud. Y, finalmente, un compromiso de las personas beneficiarias que participen a través de sistemas de copago que afecten a los servicios complementarios.
Un intento de ajustar los costes para hacer sostenible la prestación del core de servicios requeridos que consolide la equidad entre ciudadanos.
En mi opinión, en el contexto actual, el sistema público -desde lo social y desde lo sanitario- debería hacerse cargo exclusivamente de lo que va a ser el núcleo de los servicios de atención a la dependencia, el core, dejando la financiación de los servicios complementarios en manos de los propios ciudadanos afectados a los que los poderes públicos -servicios sociales- deberán suplir en caso de falta de capacidad económica para hacerlo.
Finalmente ¿de dónde van a venir los ingresos? Más allá de las medidas habituales para conseguirlos por parte de la administración, habría que poder ser creativo y pensar en fórmulas que combinadas, consigan nuevos efectos.
Pondré un ejemplo. En Inglaterra, el International Longevity Centre, ha publicado un informe que describe las principales actuaciones necesarias para reformar el sistema sociosanitario y propone una revisión de un amplio abanico de modelos de financiación.
Uno de ellos, el más complejo, combina un fondo de seguro social al que contribuye obligatoriamente todo trabajador, el copago de parte de los servicios que se reciben de modo proporcional a la renta de cada uno, la aportación del Estado, entendida como un cheque de ayuda a la contratación de un seguro privado, un fondo de seguro social para personas jubiladas al que estas pueden aportar voluntariamente una cantidad a cambio de recibir más servicios, y finalmente, un seguro privado.
¿Esta es la fórmula aplicable aquí? Seguro que no, pero podemos encontrar la nuestra. Es cuestión de ponerse a ello. Ya en el informe del grupo de expertos para la evaluación del desarrollo y efectiva aplicación de la Ley 39/2006 realizado por encargo del Congreso, que se publicó en septiembre del 2009, se apuntaban posibilidades a estudiar, que no creo que hayan trascendido hasta ahora el papel en el que fueron escritas.
En definitiva, poder, podemos. Y no podemos pasar más tiempo sin abordar con rigor una realidad: la mejora de la protección social, asegurando la viabilidad de los nuevos derechos de ciudadanía y asumiendo el crecimiento del gasto social que ello conlleva.
Solo hace falta que la voluntad cuente con la valentía necesaria para decidir y trasladar a la realidad las posibilidades y las ideas con el que contamos.
MONTESERRAT CERVERA
Montserrat Cervera es directora de la Unidad Social y Sociosanitaria de Antares Consulting.
Fuente : elpais.com/articulo/sociedad
CASTILLA LA MANCHA - SANIDAD RECONOCE EL ESFUERZO POR APLICACIÓN LEY
Sanidad reconoce el esfuerzo por aplicar la Ley de Dependencia
La secretaria general de Política Social y Consumo del Ministerio de Sanidad, Isabel Martínez, destacó el «gran esfuerzo» del Gobierno regional por priorizar la gestión de de las ayudas a las personas dependientes frente a otras políticas.
Martínez hizo estas declaraciones en la inauguración del X Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores, que se celebra en Albacete desde ayer hasta mañana con la asistencia de más de medio millar de participantes.
En el evento, organizado por la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma), estuvo también el presidente regional, José María Barreda; la alcaldesa de la ciudad, Carmen Oliver, y el presidente de Ceoma, José Luis Méler.
La secretaria general de Política Social y Consumo resaltó los avances de la ley de dependencia y la «apuesta decidida por las políticas sociales y atención a los mayores» de Castilla-La Mancha.
Martínez indicó que comunidades como ésta «han hecho un gran esfuerzo por aplicar la ley, y la han priorizado frente a otras políticas». Defendió también la reforma del sistema de pensiones y argumentó que en España la esperanza de vida —81 años— supera la media europea y «hoy los mayores son un 18% de la población, pero en menos de 20 años representarán más del 30%.
Ello supone, dijo, «un nuevo escenario y nuevos desafíos», y se refirió a la promoción del envejecimiento activo como otra línea de trabajo. Martínez señaló que su Ministerio trabaja en el Libro Blanco del Envejecimiento Activo, y en ese libro se incorporarán las reflexiones y conclusiones del congreso de Albacete y apostó por «vivir más pero vivir mejor, con plenitud y calidad».
El presidente Barreda defendió también que se adopten medidas que aseguren la protección social de los mayores y dijo que «sería poco responsable que las Administraciones Públicas» no lo haga.
Barreda agradeció el reconocimiento a la gestión de la Junta en políticas sociales, educativas y sanitarias y manifestó que en Castilla-La Mancha estas políticas «son lo primero, porque el objetivo es una sociedad que trate con dignidad a todos los seres humanos». El presidente regional añadió que una sociedad mide su desarrollo «por la forma en que trata a los más débiles» y, por eso, «en la región dedicamos 80 euros de cada 100 a educación y sanidad».
Fuente : abc.es
La secretaria general de Política Social y Consumo del Ministerio de Sanidad, Isabel Martínez, destacó el «gran esfuerzo» del Gobierno regional por priorizar la gestión de de las ayudas a las personas dependientes frente a otras políticas.
Martínez hizo estas declaraciones en la inauguración del X Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores, que se celebra en Albacete desde ayer hasta mañana con la asistencia de más de medio millar de participantes.
En el evento, organizado por la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma), estuvo también el presidente regional, José María Barreda; la alcaldesa de la ciudad, Carmen Oliver, y el presidente de Ceoma, José Luis Méler.
La secretaria general de Política Social y Consumo resaltó los avances de la ley de dependencia y la «apuesta decidida por las políticas sociales y atención a los mayores» de Castilla-La Mancha.
Martínez indicó que comunidades como ésta «han hecho un gran esfuerzo por aplicar la ley, y la han priorizado frente a otras políticas». Defendió también la reforma del sistema de pensiones y argumentó que en España la esperanza de vida —81 años— supera la media europea y «hoy los mayores son un 18% de la población, pero en menos de 20 años representarán más del 30%.
Ello supone, dijo, «un nuevo escenario y nuevos desafíos», y se refirió a la promoción del envejecimiento activo como otra línea de trabajo. Martínez señaló que su Ministerio trabaja en el Libro Blanco del Envejecimiento Activo, y en ese libro se incorporarán las reflexiones y conclusiones del congreso de Albacete y apostó por «vivir más pero vivir mejor, con plenitud y calidad».
El presidente Barreda defendió también que se adopten medidas que aseguren la protección social de los mayores y dijo que «sería poco responsable que las Administraciones Públicas» no lo haga.
Barreda agradeció el reconocimiento a la gestión de la Junta en políticas sociales, educativas y sanitarias y manifestó que en Castilla-La Mancha estas políticas «son lo primero, porque el objetivo es una sociedad que trate con dignidad a todos los seres humanos». El presidente regional añadió que una sociedad mide su desarrollo «por la forma en que trata a los más débiles» y, por eso, «en la región dedicamos 80 euros de cada 100 a educación y sanidad».
Fuente : abc.es
martes, 12 de abril de 2011
MADRID ENCABEZA EL NÚMERO DE QUEJAS EN DEPENDENCIA
Madrid encabeza el número de quejas en Dependencia
UGT exige al Gobierno de Esperanza Aguirre que resuelva un problema que afecta a más de 20.000 personas.
Madrid y Valencia continúan siendo las dos comunidades autónomas donde los dependientes y sus familias plantean más quejas y reclamaciones en toda España, según el sindicato UGT, que cita los resultados del informe del Defensor del Pueblo sobre la aplicación de la Ley de Dependencia en todo el Estado.
El sindicato destaca que, en 2010, la mayor parte de estas quejas siguen afectando a las comunidades de Madrid y Valencia. En concreto, 134 corresponden a Madrid y 88 a la Comunidad Valenciana. En su mayoría, hacen referencia a las demoras en recibir las prestaciones o servicios correspondientes.
En la Comunidad de Madrid, UGT denuncia además un “maquillaje perverso de los datos”, así como “falta de transparencia”. Según el sindicato, y a pesar de la celeridad en practicar valoraciones -a 40 días de las elecciones autonómicas y municipales-, la Comunidad que preside Esperanza Aguirre sigue atendiendo sólo al 2.10% de la población, mientras que otras comunidades, como La Rioja y Andalucía, atienden al 4.59% y al 4.93%, respectivamente.
UGT denuncia además que, según los últimos datos del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), hay cerca de 21.000 personas dependientes que tienen el derecho reconocido a la espera de recibir la ayuda.
“Cuando resulta necesario acceder a una plaza de atención residencial, parece inadecuado que esa persona –en una situación insostenible- tenga que esperar en muchos casos más de un año a que se valore su grado de dependencia”, afirma Ana Sánchez de la Coba, responsable del ramo de UGT-Madrid. Tras esta valoración, “se inicia el programa individual de atención, con lo que el acceso al centro se demora aún más”, añade.
Fricciones con el Gobierno central
UGT asegura que el Ministerio de Sanidad y Políticas Sociales se ha mostrado recientemente “indignado” con el Gobierno de Aguirre al hacer éste públicos los datos económicos sobre el coste de la gestión de la Dependencia en Madrid, “cuando el IMSERSO lleva años solicitándoselos”.
El sindicato asegura que la directora General del Imserso, Purificación Causapié, ha declarado que los criterios de reparto del dinero son los mismos para todas las comunidades autónomas y, prosigue UGT, dio a entender que hay unas que son más eficientes que otras.
“Nosotros hemos aportado en 2010 a la Comunidad de Madrid 157 millones de euros y estamos esperando que nos dé los datos desglosados como hacen el resto de Comunidades”, afirmó.
UGT exigió además a la Comunidad de Madrid “transparencia” en la gestión e insistió en la necesidad de crear un Comité Consultivo compuesto por la Administración y los agentes sociales que informe de forma rigurosa sobre la situación real de las personas dependientes en Madrid.
Fuente : nuevatribuna.es/articulo/economia
UGT exige al Gobierno de Esperanza Aguirre que resuelva un problema que afecta a más de 20.000 personas.
Madrid y Valencia continúan siendo las dos comunidades autónomas donde los dependientes y sus familias plantean más quejas y reclamaciones en toda España, según el sindicato UGT, que cita los resultados del informe del Defensor del Pueblo sobre la aplicación de la Ley de Dependencia en todo el Estado.
El sindicato destaca que, en 2010, la mayor parte de estas quejas siguen afectando a las comunidades de Madrid y Valencia. En concreto, 134 corresponden a Madrid y 88 a la Comunidad Valenciana. En su mayoría, hacen referencia a las demoras en recibir las prestaciones o servicios correspondientes.
En la Comunidad de Madrid, UGT denuncia además un “maquillaje perverso de los datos”, así como “falta de transparencia”. Según el sindicato, y a pesar de la celeridad en practicar valoraciones -a 40 días de las elecciones autonómicas y municipales-, la Comunidad que preside Esperanza Aguirre sigue atendiendo sólo al 2.10% de la población, mientras que otras comunidades, como La Rioja y Andalucía, atienden al 4.59% y al 4.93%, respectivamente.
UGT denuncia además que, según los últimos datos del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), hay cerca de 21.000 personas dependientes que tienen el derecho reconocido a la espera de recibir la ayuda.
“Cuando resulta necesario acceder a una plaza de atención residencial, parece inadecuado que esa persona –en una situación insostenible- tenga que esperar en muchos casos más de un año a que se valore su grado de dependencia”, afirma Ana Sánchez de la Coba, responsable del ramo de UGT-Madrid. Tras esta valoración, “se inicia el programa individual de atención, con lo que el acceso al centro se demora aún más”, añade.
Fricciones con el Gobierno central
UGT asegura que el Ministerio de Sanidad y Políticas Sociales se ha mostrado recientemente “indignado” con el Gobierno de Aguirre al hacer éste públicos los datos económicos sobre el coste de la gestión de la Dependencia en Madrid, “cuando el IMSERSO lleva años solicitándoselos”.
El sindicato asegura que la directora General del Imserso, Purificación Causapié, ha declarado que los criterios de reparto del dinero son los mismos para todas las comunidades autónomas y, prosigue UGT, dio a entender que hay unas que son más eficientes que otras.
“Nosotros hemos aportado en 2010 a la Comunidad de Madrid 157 millones de euros y estamos esperando que nos dé los datos desglosados como hacen el resto de Comunidades”, afirmó.
UGT exigió además a la Comunidad de Madrid “transparencia” en la gestión e insistió en la necesidad de crear un Comité Consultivo compuesto por la Administración y los agentes sociales que informe de forma rigurosa sobre la situación real de las personas dependientes en Madrid.
Fuente : nuevatribuna.es/articulo/economia
NAVARRA - CCOO ABOGA POR IMPULSAR SERVICIOS FRENTE A PRESTACIONES ECONÓMICAS
CCOO aboga por impulsar los servicios frente a las prestaciones económicas entre los recursos de atención a mayores
El sindicato ha organizado este martes en Pamplona unas jornadas para analizar los recursos residenciales para personas mayores
CCOO de Navarra ha abogado por impulsar los servicios frente a las prestaciones económicas entre los recursos de atención a mayores y ha valorado la "oportunidad" de creación de puestos de trabajo "en este nuevo pilar del estado de bienestar".
El sindicato ha celebrado este martes unas jornadas en su sede de Pamplona con el objetivo de conocer mejor y analizar los recursos residenciales para personas mayores en la Comunidad foral, según ha explicado CCOO de Navarra en un comunicado.
En la jornada ha participado el responsable de Política Institucional de la Federación Estatal, Juan Antonio Sánchez Espín, quien ha destacado los "logros" que la ley de promoción de la autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia ha supuesto para las familias cuidadoras.
Sin embargo, ha lamentado que "la aplicación de la Ley no está siendo de igual aplicación en las distintas comunidades autónomas". En todo caso, ha defendido que "la crisis económico actual no debe incidir en el presupuesto para la dependencia porque cada vez el porcentaje de personas mayores es mayor".
En este sentido, Espin ha destacado que "CCOO sigue apostando por servicios frente a prestaciones económicas, así como la oportunidad de creación de puestos de trabajo en este nuevo pilar del estado de bienestar".
Por su parte, María Arbona, subdirectora de prestaciones para la Dependencia de la Agencia Navarra de la Dependencia, ha hecho un repaso sobre las prestaciones y servicios que recoge la Ley de Promoción de la autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia en la Comunidad foral.
Entre ellas, ha puesto de relieve la existencia de 74 centros residenciales para personas mayores operativos en Navarra. Tras analizar los procedimientos para solicitar plaza y los requisitos para optar a ellas, los participantes han debatido sobre la situación de las residencias en la Comunidad foral.
En las jornadas también han intervenido Maite Díaz, trabajadora social de la residencia AMMA Oblatas, quien ha hecho un repaso sobre la historia y la actividad que desarrolla el Grupo AMMA; y Jesús Mari Aranguren, responsable de Formación de la Federación de pensionistas y jubilados de CCOO Navarra, que ha puesto en valor el trabajo que desarrolla el sindicato entre el colectivo de personas mayores.
Fuente : que.es/navarra
El sindicato ha organizado este martes en Pamplona unas jornadas para analizar los recursos residenciales para personas mayores
CCOO de Navarra ha abogado por impulsar los servicios frente a las prestaciones económicas entre los recursos de atención a mayores y ha valorado la "oportunidad" de creación de puestos de trabajo "en este nuevo pilar del estado de bienestar".
El sindicato ha celebrado este martes unas jornadas en su sede de Pamplona con el objetivo de conocer mejor y analizar los recursos residenciales para personas mayores en la Comunidad foral, según ha explicado CCOO de Navarra en un comunicado.
En la jornada ha participado el responsable de Política Institucional de la Federación Estatal, Juan Antonio Sánchez Espín, quien ha destacado los "logros" que la ley de promoción de la autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia ha supuesto para las familias cuidadoras.
Sin embargo, ha lamentado que "la aplicación de la Ley no está siendo de igual aplicación en las distintas comunidades autónomas". En todo caso, ha defendido que "la crisis económico actual no debe incidir en el presupuesto para la dependencia porque cada vez el porcentaje de personas mayores es mayor".
En este sentido, Espin ha destacado que "CCOO sigue apostando por servicios frente a prestaciones económicas, así como la oportunidad de creación de puestos de trabajo en este nuevo pilar del estado de bienestar".
Por su parte, María Arbona, subdirectora de prestaciones para la Dependencia de la Agencia Navarra de la Dependencia, ha hecho un repaso sobre las prestaciones y servicios que recoge la Ley de Promoción de la autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia en la Comunidad foral.
Entre ellas, ha puesto de relieve la existencia de 74 centros residenciales para personas mayores operativos en Navarra. Tras analizar los procedimientos para solicitar plaza y los requisitos para optar a ellas, los participantes han debatido sobre la situación de las residencias en la Comunidad foral.
En las jornadas también han intervenido Maite Díaz, trabajadora social de la residencia AMMA Oblatas, quien ha hecho un repaso sobre la historia y la actividad que desarrolla el Grupo AMMA; y Jesús Mari Aranguren, responsable de Formación de la Federación de pensionistas y jubilados de CCOO Navarra, que ha puesto en valor el trabajo que desarrolla el sindicato entre el colectivo de personas mayores.
Fuente : que.es/navarra
EL PP PIDE FINANCIACIÓN VINCULADA A SERVICIO PRESTADO
El PP pide que la financiación estatal se vincule al servicio que se presta(Galicia)
Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han reclamado que la financiación que el Gobierno central les transfiere para atender la Ley de Dependencia se vincule al servicio asistencial que se presta.
Esta petición ha sido formulada por la titular de Trabajo y Bienestar de la Xunta de Galicia, Beatriz Mato, que hoy ha hecho de anfitriona en Santiago de Compostela de los consejeros en materia de asuntos sociales de las comunidades gobernadas por el Partido Popular.
"Si la financiación del Gobierno va en función del servicio que se presta, será mucho más fácil garantizar la calidad de atención que necesitan los dependientes", ha asegurado Mato, y anunció que esta petición será planteada en el próximo Consejo Interterritorial de Dependencia.
Además, sostuvo que este procedimiento tendría una repercusión directa en la calidad del servicio al dependiente y en la creación de puestos de trabajo y en su mantenimiento.
"No es lo mismo una prestación económica que un servicio en una plaza de residencia o centro de día", dijo la conselleira, que incidió en que la ayuda procedente del Gobierno debe estar vinculada al servicio que se prestado desde la comunidad autónoma, "bien sea una libranza económica al cuidador o una plaza en una residencia", dijo.
Asimismo, aludió al compromiso de las comunidades autónomas con la Ley de Dependencia, y en este sentido afirmó que son estas "las que estamos atendiendo las necesidades de nuestros dependientes".
Según la cifra aportada por Beatriz Mato, las comunidades autónomas financian entre el 70 y el 80 por ciento del gasto que supone la prestación de los servicios a personas dependientes.
En esta línea, subrayó el compromiso de las comunidades autónomas desde la entrada en vigor de la Ley de Dependencia. "Un compromiso que se evidencia -dijo- en una clarísima voluntad política en el desarrollo de la Ley y, lo más importante, en la atención con calidad a los dependientes".
También se refirió al esfuerzo financiero que tienen que realizar las comunidades autónomas para poder dar respuesta a los servicios que demandan las personas dependientes.
Otro de los temas tratados hoy por los consejeros de asuntos sociales de comunidades gobernadas por el PP ha sido la importancia de incidir en la promoción de la autonomía personal y en la prevención.
A la reunión han asistido, además de la titular de Trabajo y Bienestar de la Xunta, los consejeros de Murcia, Joaquín Bascuñana; de Madrid, Engracia Hidalgo; de La Rioja, Sagrario Loza, y de Castilla y León, César Antón.
La conselleira Beatriz Mató disculpó, por motivos de agenda, la no presencia en la reunión de la consejera de la Comunidad de Valencia, Angélica Such.
Fuente : abc.es
Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han reclamado que la financiación que el Gobierno central les transfiere para atender la Ley de Dependencia se vincule al servicio asistencial que se presta.
Esta petición ha sido formulada por la titular de Trabajo y Bienestar de la Xunta de Galicia, Beatriz Mato, que hoy ha hecho de anfitriona en Santiago de Compostela de los consejeros en materia de asuntos sociales de las comunidades gobernadas por el Partido Popular.
"Si la financiación del Gobierno va en función del servicio que se presta, será mucho más fácil garantizar la calidad de atención que necesitan los dependientes", ha asegurado Mato, y anunció que esta petición será planteada en el próximo Consejo Interterritorial de Dependencia.
Además, sostuvo que este procedimiento tendría una repercusión directa en la calidad del servicio al dependiente y en la creación de puestos de trabajo y en su mantenimiento.
"No es lo mismo una prestación económica que un servicio en una plaza de residencia o centro de día", dijo la conselleira, que incidió en que la ayuda procedente del Gobierno debe estar vinculada al servicio que se prestado desde la comunidad autónoma, "bien sea una libranza económica al cuidador o una plaza en una residencia", dijo.
Asimismo, aludió al compromiso de las comunidades autónomas con la Ley de Dependencia, y en este sentido afirmó que son estas "las que estamos atendiendo las necesidades de nuestros dependientes".
Según la cifra aportada por Beatriz Mato, las comunidades autónomas financian entre el 70 y el 80 por ciento del gasto que supone la prestación de los servicios a personas dependientes.
En esta línea, subrayó el compromiso de las comunidades autónomas desde la entrada en vigor de la Ley de Dependencia. "Un compromiso que se evidencia -dijo- en una clarísima voluntad política en el desarrollo de la Ley y, lo más importante, en la atención con calidad a los dependientes".
También se refirió al esfuerzo financiero que tienen que realizar las comunidades autónomas para poder dar respuesta a los servicios que demandan las personas dependientes.
Otro de los temas tratados hoy por los consejeros de asuntos sociales de comunidades gobernadas por el PP ha sido la importancia de incidir en la promoción de la autonomía personal y en la prevención.
A la reunión han asistido, además de la titular de Trabajo y Bienestar de la Xunta, los consejeros de Murcia, Joaquín Bascuñana; de Madrid, Engracia Hidalgo; de La Rioja, Sagrario Loza, y de Castilla y León, César Antón.
La conselleira Beatriz Mató disculpó, por motivos de agenda, la no presencia en la reunión de la consejera de la Comunidad de Valencia, Angélica Such.
Fuente : abc.es
C.VALENCIANA - CONSELL INCOMPETENTE, SEGÚN FAMILIA DE FALLECIDA
La familia de la dependiente fallecida en l´Alcora tilda al Consell de incompetente
Los familiares denuncian que el Gobierno valenciano «no se preocupa por las personas mayores»
Consolación Jiménez Justicia, vecina de l´Alcora, ya no podrá ver cómo la Generalitat Valenciana le concede la ayuda que legalmente le correspondía por la ley de la dependencia.
Y no lo podrá ver porque la mujer falleció el pasado 3 de febrero de 2011, un día antes de que el Consell, tras un largo proceso burocrático, le remitiera la notificación.
La ansiada carta que por fin llegó de la administración valenciana reconoce que «en fecha 4 de febrero de 2011 el secretario autonómico de Familia ha dictado resolución estimatoria del recurso de alzada por la ley de dependencia».
El problema es que la paga de Consolación llegó demasiado tarde, ya que la mujer había fallecido ya.
El caso de esta vecina de l´Alcora no es el único que se ha registrado en los últimos dos años. La lentitud con la que el Consell tramita las ayudas provoca que algunas personas que solicitan la paga mueran antes de recibirla.
«Aquí se ve los políticos tan incompetentes que tenemos, y que no nos merecemos», aseguran fuentes de la familia de Consolación.
Según los familiares de la mujer, la Conselleria de Bienestar Social ha contestado al recurso un año después de la fecha de su interposición el 5 de febrero de 2010.
Al final, la resolución resultó estimatoria para Consolación, impedida de 44 años, con carácter «permanente», pero «lo que no sabían estos políticos sin alma y sin vergüenza es que Consuelo falleció, también con carácter permanente, el 3 de febrero de 2011. Para que luego digan que se ocupan y preocupan de las personas y familias de la Comunitat Valenciana», se lamentan los familiares.
La resolución dictada por la Conselleria de Bienestar Social está firmada por José Luis Orduña Lara, jefe de área de Atención a la Dependencia.
Fuente : levante-emv.com
Los familiares denuncian que el Gobierno valenciano «no se preocupa por las personas mayores»
Consolación Jiménez Justicia, vecina de l´Alcora, ya no podrá ver cómo la Generalitat Valenciana le concede la ayuda que legalmente le correspondía por la ley de la dependencia.
Y no lo podrá ver porque la mujer falleció el pasado 3 de febrero de 2011, un día antes de que el Consell, tras un largo proceso burocrático, le remitiera la notificación.
La ansiada carta que por fin llegó de la administración valenciana reconoce que «en fecha 4 de febrero de 2011 el secretario autonómico de Familia ha dictado resolución estimatoria del recurso de alzada por la ley de dependencia».
El problema es que la paga de Consolación llegó demasiado tarde, ya que la mujer había fallecido ya.
El caso de esta vecina de l´Alcora no es el único que se ha registrado en los últimos dos años. La lentitud con la que el Consell tramita las ayudas provoca que algunas personas que solicitan la paga mueran antes de recibirla.
«Aquí se ve los políticos tan incompetentes que tenemos, y que no nos merecemos», aseguran fuentes de la familia de Consolación.
Según los familiares de la mujer, la Conselleria de Bienestar Social ha contestado al recurso un año después de la fecha de su interposición el 5 de febrero de 2010.
Al final, la resolución resultó estimatoria para Consolación, impedida de 44 años, con carácter «permanente», pero «lo que no sabían estos políticos sin alma y sin vergüenza es que Consuelo falleció, también con carácter permanente, el 3 de febrero de 2011. Para que luego digan que se ocupan y preocupan de las personas y familias de la Comunitat Valenciana», se lamentan los familiares.
La resolución dictada por la Conselleria de Bienestar Social está firmada por José Luis Orduña Lara, jefe de área de Atención a la Dependencia.
Fuente : levante-emv.com
lunes, 11 de abril de 2011
PAIS VASCO - UN RECONOCIMIENTO CUESTA ARRIBA
Un reconocimiento cuesta arriba
Parece mentira, pero los esfuerzos solidarios en esta sociedad tan competitiva pueden tener premio.
Incluso en periodo preelectoral y aunque el galardón se lo lleve una institución política que, como todo el mundo no recuerda, es una actividad al servicio del ciudadano, incluso si se encuentra en el grupo de los más desvalidos.
Me refiero a la noticia de alcance de la agencia Efe, que nos cuenta como en Euskadi, los servicios de Dependencia que gestionan las Diputaciones Forales han sido premiados con un sobresaliente en el Informe elaborado por el Observatorio Estatal de la Ley de Dependencia.
Precisamente la gestión del servicio por parte de las Diputaciones Forales es una de las ventajas expresamente mencionadas en el éxito del sistema vasco a la hora de aplicar la ley, lo que además agiliza los procesos por su mayor proximidad.
Gracias a esta eficiencia, el tiempo de espera desde que un dependiente solicita algún tipo de ayuda hasta que la recibe es la mitad de la media del conjunto del Estado.
Las tres Diputaciones Forales destacan además por ser los territorios en los que la Ley ha conseguido un mayor efecto sobre el empleo porque se han creado casi 10.000 puestos de trabajo estables, además de otros 9.000 cuidadores no profesionales que cotizan en el convenio especial de la Seguridad Social.
Los resultados de este estudio han sido dados a conocer por el presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de los Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, durante una jornada de trabajo social titulada Más allá de la dependencia, que se celebra en Vitoria, a la que asisten cerca de 300 personas, en su mayoría profesionales del sector además de representantes institucionales, en donde se analiza la aplicación de la Ley de Dependencia, su relación con el Trabajo Social y la previsible mayor incidencia que tendrá este fenómeno en el futuro por el aumento paulatino de la esperanza de vida.
Dicho reconocimiento me parece muy oportuno más allá del premio en sí, porque no son tiempos en los que se valoran determinadas apuestas sociales.
En pleno acoso -y derribo- de todo lo que no sea economía productiva que genere beneficios está siendo cuestionado en aras a una mejora del sistema, estamos ante un ejemplo de optimización de recursos públicos con los más desvalidos, como son los dependientes, pero con visión estratégica de futuro, pues no en vano una gran mayoría estamos abocados estadísticamente a ser beneficiarios de este servicio.
Mientras algunos se descomponen en su codicia por los recursos destinados a este tipo de mejoras en lugar de destinarlos a "economías productivas", otros estamos satisfechos de que haya personas competentes y honestas que trabajen por un Estado del Bienestar real que alcance también a los más débiles, muchos de los cuales no tienen influencias ni honores que otorgar, al tiempo que ponen en cuestión si todo lo que huele a política es indefectiblemente un olor a podrido.
Cuando la crisis aprieta, es más difícil contentar políticamente con el reparto de recursos; y resulta mucho más complicado recibir un reconocimiento como este viendo como arrecian las campañas honestas e interesadas por laminar todo lo que huela a servicios sociales, especialmente si se trata de inmigrantes, a la hora de otorgarle sus derechos sociales, aunque la propia comunidad vasca ha otorgado esos derechos en sede parlamentaria.
Valoremos en lo que vale este premio, pues nuestros mayores, y nosotros dentro de poco, vamos a tener que demandar un servicio de ayuda como dependientes.
Gracias a unas políticas solidarias bien orientadas, tenemos la suerte de contar con un servicio público de garantía que vela adecuadamente por una dependencia digna, humanizada y adecuada a las necesidades siguiendo la máxima de eliminar todo sufrimiento innecesario y luchar contra todo sufrimiento inevitable.
Y nos lo dicen desde Madrid.
Noticias así no se encuentran todos los días. Zorionak!
Fuente : noticiasdegipuzkoa.com
Parece mentira, pero los esfuerzos solidarios en esta sociedad tan competitiva pueden tener premio.
Incluso en periodo preelectoral y aunque el galardón se lo lleve una institución política que, como todo el mundo no recuerda, es una actividad al servicio del ciudadano, incluso si se encuentra en el grupo de los más desvalidos.
Me refiero a la noticia de alcance de la agencia Efe, que nos cuenta como en Euskadi, los servicios de Dependencia que gestionan las Diputaciones Forales han sido premiados con un sobresaliente en el Informe elaborado por el Observatorio Estatal de la Ley de Dependencia.
Precisamente la gestión del servicio por parte de las Diputaciones Forales es una de las ventajas expresamente mencionadas en el éxito del sistema vasco a la hora de aplicar la ley, lo que además agiliza los procesos por su mayor proximidad.
Gracias a esta eficiencia, el tiempo de espera desde que un dependiente solicita algún tipo de ayuda hasta que la recibe es la mitad de la media del conjunto del Estado.
Las tres Diputaciones Forales destacan además por ser los territorios en los que la Ley ha conseguido un mayor efecto sobre el empleo porque se han creado casi 10.000 puestos de trabajo estables, además de otros 9.000 cuidadores no profesionales que cotizan en el convenio especial de la Seguridad Social.
Los resultados de este estudio han sido dados a conocer por el presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de los Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, durante una jornada de trabajo social titulada Más allá de la dependencia, que se celebra en Vitoria, a la que asisten cerca de 300 personas, en su mayoría profesionales del sector además de representantes institucionales, en donde se analiza la aplicación de la Ley de Dependencia, su relación con el Trabajo Social y la previsible mayor incidencia que tendrá este fenómeno en el futuro por el aumento paulatino de la esperanza de vida.
Dicho reconocimiento me parece muy oportuno más allá del premio en sí, porque no son tiempos en los que se valoran determinadas apuestas sociales.
En pleno acoso -y derribo- de todo lo que no sea economía productiva que genere beneficios está siendo cuestionado en aras a una mejora del sistema, estamos ante un ejemplo de optimización de recursos públicos con los más desvalidos, como son los dependientes, pero con visión estratégica de futuro, pues no en vano una gran mayoría estamos abocados estadísticamente a ser beneficiarios de este servicio.
Mientras algunos se descomponen en su codicia por los recursos destinados a este tipo de mejoras en lugar de destinarlos a "economías productivas", otros estamos satisfechos de que haya personas competentes y honestas que trabajen por un Estado del Bienestar real que alcance también a los más débiles, muchos de los cuales no tienen influencias ni honores que otorgar, al tiempo que ponen en cuestión si todo lo que huele a política es indefectiblemente un olor a podrido.
Cuando la crisis aprieta, es más difícil contentar políticamente con el reparto de recursos; y resulta mucho más complicado recibir un reconocimiento como este viendo como arrecian las campañas honestas e interesadas por laminar todo lo que huela a servicios sociales, especialmente si se trata de inmigrantes, a la hora de otorgarle sus derechos sociales, aunque la propia comunidad vasca ha otorgado esos derechos en sede parlamentaria.
Valoremos en lo que vale este premio, pues nuestros mayores, y nosotros dentro de poco, vamos a tener que demandar un servicio de ayuda como dependientes.
Gracias a unas políticas solidarias bien orientadas, tenemos la suerte de contar con un servicio público de garantía que vela adecuadamente por una dependencia digna, humanizada y adecuada a las necesidades siguiendo la máxima de eliminar todo sufrimiento innecesario y luchar contra todo sufrimiento inevitable.
Y nos lo dicen desde Madrid.
Noticias así no se encuentran todos los días. Zorionak!
Fuente : noticiasdegipuzkoa.com
CASTELLÓN - MAS DE 7.000 DEPENDIENTES SIGUEN SIN RECIBIR AYUDAS
Más de siete mil dependientes de Castelló siguen sin recibir las ayudas de la Generalitat
El Síndic de Greuges critica el archivo de las peticiones sin avisar cuando el dependiente fallece
El caso de la vecina de l´Alcora que recibió la ayuda a la dependencia al día siguiente de fallecer ha avivado la polémica sobre la tramitación de las subvenciones.
Se trata de una ley aprobada por el Gobierno central pero cuya tramitación es competencia de la Generalitat Valenciana.
Quizá sea por motivos políticos, o quizá por que el dinero se destina a otros asuntos, lo cierto es que no se llegan a resolver ni la mitad de las solicitudes. Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, a 1 de abril, más del 50 por ciento de los castellonenses que solicitaron la ayuda, todavía está esperando una respuesta.
En concreto, durante los cuatro años que lleva vigente la Ley de la Dependencia, en Castelló se han efectuado 12.594 peticiones y solo se han resuelto 5.548,56, esto es, que 7.045,44 dependientes aún no han podido recibir las ayudas, ni saben si las van a recibir.
El Consell no ha facilitado datos al respecto pero, según la estadística del ministerio, la Comunitat Valenciana es la región donde más desatendida esta la Ley de la Dependencia, solo la supera Canarias. El desenlace del atasco se ha vivido estos días en la provincia de Castelló con el caso de Consolación Jiménez, vecina de l´Alcora, a quien le llegó el reconocimiento de la dependencia al día siguiente de fallecer.
Consolación trabajaba de camarera y, en 2009, le practicaron la amputación de una pierna después de que se le detectara un cáncer. La enfermedad le dejó en silla de ruedos y fue su marido quien entonces estaba en paro quien cuidó de ella hasta agotar la prestación por desempleo. Consolación sufrió un empeoramiento y fue entonces cuando solicitaron la ayuda a la dependencia.
Un año de espera
Lo cierto es que en unos meses le reconocieron un Grado 1 pero la familia, asesorada por abogados, recurrieron para obtener el Grado 2.
El recurso se presentó en el verano de 2010 y hasta casi un año después, es decir, esta misma semana pasada, no llegó la misiva de Bienestar Social en la que se le reconocía el Grado 2 requerido por la familia
Fuente : levante-emv.com/portada-castello
El Síndic de Greuges critica el archivo de las peticiones sin avisar cuando el dependiente fallece
El caso de la vecina de l´Alcora que recibió la ayuda a la dependencia al día siguiente de fallecer ha avivado la polémica sobre la tramitación de las subvenciones.
Se trata de una ley aprobada por el Gobierno central pero cuya tramitación es competencia de la Generalitat Valenciana.
Quizá sea por motivos políticos, o quizá por que el dinero se destina a otros asuntos, lo cierto es que no se llegan a resolver ni la mitad de las solicitudes. Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, a 1 de abril, más del 50 por ciento de los castellonenses que solicitaron la ayuda, todavía está esperando una respuesta.
En concreto, durante los cuatro años que lleva vigente la Ley de la Dependencia, en Castelló se han efectuado 12.594 peticiones y solo se han resuelto 5.548,56, esto es, que 7.045,44 dependientes aún no han podido recibir las ayudas, ni saben si las van a recibir.
El Consell no ha facilitado datos al respecto pero, según la estadística del ministerio, la Comunitat Valenciana es la región donde más desatendida esta la Ley de la Dependencia, solo la supera Canarias. El desenlace del atasco se ha vivido estos días en la provincia de Castelló con el caso de Consolación Jiménez, vecina de l´Alcora, a quien le llegó el reconocimiento de la dependencia al día siguiente de fallecer.
Consolación trabajaba de camarera y, en 2009, le practicaron la amputación de una pierna después de que se le detectara un cáncer. La enfermedad le dejó en silla de ruedos y fue su marido quien entonces estaba en paro quien cuidó de ella hasta agotar la prestación por desempleo. Consolación sufrió un empeoramiento y fue entonces cuando solicitaron la ayuda a la dependencia.
Un año de espera
Lo cierto es que en unos meses le reconocieron un Grado 1 pero la familia, asesorada por abogados, recurrieron para obtener el Grado 2.
El recurso se presentó en el verano de 2010 y hasta casi un año después, es decir, esta misma semana pasada, no llegó la misiva de Bienestar Social en la que se le reconocía el Grado 2 requerido por la familia
Fuente : levante-emv.com/portada-castello
LA INSÓLITA DEPENDENCIA DE VALENCIA
Ayudas Sociales: estrategias en víspera electoral
La insólita dependencia de Valencia
La Comunidad Valenciana maquilla sus datos sobre dependientes con la sorpresiva incorporación de 8.500 pagas en un mes, una operación que da nuevo material a la Junta para su contienda política
Ni sus propios responsables aciertan a justificar el acontecimiento.
De un único salto, la Comunidad Valenciana, a la cola permanente en la aplicación de la ley de Dependencia, se sitúa en abril un poco más cerca de la media.
El 1 de marzo contaba con 37.293 dependientes atendidos; el 1 de abril con 46.238.
Una progresión sin símil en la trayectoria de esta normativa vigente desde 2007 y más aún en Valencia, la más rezagada sólo por detrás de Canarias, también gobernada por el PP. La tendencia en los últimos meses era de unas 200 incorporaciones e incluso descensos.
De los nuevos dependientes valencianos, el 94% se incorporaron al sistema gracias a una paga, una opción ideada como excepcional, pero que todas las comunidades autónomas han abrazado como solución, algunas en menor grado que otras.
En Andalucía el 44,5% de las prestaciones de la ley son económicas, sobre unos 450 euros al mes.
La crisis ha llevado a muchas familias a solicitar que sus dependientes reciban esta ayuda en preferencia a un servicio (plaza en una residencia, ayuda a domicilio, centros de día...), como ha expuesto el Defensor del Pueblo andaluz en su último informe.
En Valencia, según los datos del sistema integrado para la autonomía y atención y dependencia del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, la variación más importante se produjo en julio del año pasado, con el acceso de 4.589 nuevos beneficiarios.
Fuentes de la Consejería de Bienestar Social de la Generalidad de Valencia restaron importancia a este notable aumento y expusieron que en otras comunidades se ha venido resaltando como un logro la consecución del mayor número de dependientes incorporados en un mes, una suerte de competición entre comunidades.
Sobre el acelerón de los datos en un mes, las mismas fuentes achacaron el incremento a cuestiones de procedimiento.
Sin embargo, voces de la Junta de Andalucía sí entienden que hay un marcado tiene electoral en una comunidad que nunca se habían preocupado, bien por falta de competencia o bien como boicot hacia una ley aprobada por el Gobierno central del PSOE.
¿Y qué más le da a la Junta? Hay otro factor, más impreciso que el criterio político, que pasa por la afección que este incremento puede ocasionar en el reparto de los fondos que otorga el Ministerio de Sanidad a las comunidades.
El año pasado, la Junta presionó y logró que se distribuyera el mayor volumen de dinero en función de los dependientes atendidos.
La pirueta de Valencia también ha sorprendido al presidente de la asociación de directores y gerentes de servicios sociales de España, el malagueño José Manuel Ramírez, que conoce la lucha de asociaciones en esta comunidad contra "políticos sin alma".
"Un dependientes valenciano tiene menos posibilidades que cualquier otro, con un retraso en que le otorguen la prestación de dos años", denunció. Ramírez relacionó el incremento con el handicap electoral y señaló que Madrid, que en los primeros tiempos también se abandonó, ha ido incorporando dependientes de forma menos abrupta desde el mes de enero.
En su último informe anual, el Defensor del Pueblo nacional valora el esfuerzo de Madrid, aunque expone que la tasa de atendidos por cada mil habitantes es de las más bajas (7,7) junto a Valencia (4,3) y Canarias (4,3).
Fuente : diariodesevilla.es/article
La insólita dependencia de Valencia
La Comunidad Valenciana maquilla sus datos sobre dependientes con la sorpresiva incorporación de 8.500 pagas en un mes, una operación que da nuevo material a la Junta para su contienda política
Ni sus propios responsables aciertan a justificar el acontecimiento.
De un único salto, la Comunidad Valenciana, a la cola permanente en la aplicación de la ley de Dependencia, se sitúa en abril un poco más cerca de la media.
El 1 de marzo contaba con 37.293 dependientes atendidos; el 1 de abril con 46.238.
Una progresión sin símil en la trayectoria de esta normativa vigente desde 2007 y más aún en Valencia, la más rezagada sólo por detrás de Canarias, también gobernada por el PP. La tendencia en los últimos meses era de unas 200 incorporaciones e incluso descensos.
De los nuevos dependientes valencianos, el 94% se incorporaron al sistema gracias a una paga, una opción ideada como excepcional, pero que todas las comunidades autónomas han abrazado como solución, algunas en menor grado que otras.
En Andalucía el 44,5% de las prestaciones de la ley son económicas, sobre unos 450 euros al mes.
La crisis ha llevado a muchas familias a solicitar que sus dependientes reciban esta ayuda en preferencia a un servicio (plaza en una residencia, ayuda a domicilio, centros de día...), como ha expuesto el Defensor del Pueblo andaluz en su último informe.
En Valencia, según los datos del sistema integrado para la autonomía y atención y dependencia del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, la variación más importante se produjo en julio del año pasado, con el acceso de 4.589 nuevos beneficiarios.
Fuentes de la Consejería de Bienestar Social de la Generalidad de Valencia restaron importancia a este notable aumento y expusieron que en otras comunidades se ha venido resaltando como un logro la consecución del mayor número de dependientes incorporados en un mes, una suerte de competición entre comunidades.
Sobre el acelerón de los datos en un mes, las mismas fuentes achacaron el incremento a cuestiones de procedimiento.
Sin embargo, voces de la Junta de Andalucía sí entienden que hay un marcado tiene electoral en una comunidad que nunca se habían preocupado, bien por falta de competencia o bien como boicot hacia una ley aprobada por el Gobierno central del PSOE.
¿Y qué más le da a la Junta? Hay otro factor, más impreciso que el criterio político, que pasa por la afección que este incremento puede ocasionar en el reparto de los fondos que otorga el Ministerio de Sanidad a las comunidades.
El año pasado, la Junta presionó y logró que se distribuyera el mayor volumen de dinero en función de los dependientes atendidos.
La pirueta de Valencia también ha sorprendido al presidente de la asociación de directores y gerentes de servicios sociales de España, el malagueño José Manuel Ramírez, que conoce la lucha de asociaciones en esta comunidad contra "políticos sin alma".
"Un dependientes valenciano tiene menos posibilidades que cualquier otro, con un retraso en que le otorguen la prestación de dos años", denunció. Ramírez relacionó el incremento con el handicap electoral y señaló que Madrid, que en los primeros tiempos también se abandonó, ha ido incorporando dependientes de forma menos abrupta desde el mes de enero.
En su último informe anual, el Defensor del Pueblo nacional valora el esfuerzo de Madrid, aunque expone que la tasa de atendidos por cada mil habitantes es de las más bajas (7,7) junto a Valencia (4,3) y Canarias (4,3).
Fuente : diariodesevilla.es/article
domingo, 10 de abril de 2011
LA LEY APENAS LLEGA A UN 4% DE LOS ENFERMOS MENTALES
La ley de dependencia apenas llega a un 4% de los enfermos mentales
La mayoría no pide ayuda pública por desconocimiento y temor al rechazo social
La ley de dependencia no se pensó para los enfermos mentales, por eso, aunque en última instancia se les incluyó bajo el paraguas que daría cobertura a todas las discapacidades, el sistema está acusando deficiencias en la protección de estas personas.
No hay un solo escalón para acceder a las ayudas en el que no tropiece la enfermedad mental. Quizá por eso apenas están en el sistema de dependencia entre un 1% y un 4% (dependiendo del tipo y gravedad de enfermedad mental que se considere) del total de las personas que padecen estas enfermedades en España.
Los expertos piden coordinación sociosanitaria para estos casos
No llegan al sistema, no reciben las prestaciones, y lo que es más grave: no las solicitan. Las reclamaciones de ayuda de estos enfermos solo representan el 1% del total de las recibidas por dependencia, según los datos que conoce Feafes, (confederación de familiares y personas con enfermedad mental), y que aún no se han publicado oficialmente.
Efectivamente, la solicitud es el primer (y quizá el más grave) obstáculo para estas personas. Los enfermos mentales (esquizofrenia, bipolares, patologías duales, entre otros) "no acceden al sistema de dependencia por desconocimiento o por estigma", reconoce José María Sánchez Monge, presidente de Feafes.
Por eso, Feafes-Andalucía tiene en marcha una campaña para formar y comunicar a las familias y los técnicos de las asociaciones cómo sortear este primer obstáculo.
Una vez pasado ese trámite llega la valoración del solicitante, su diagnóstico. El
baremo que se usa actualmente no calibra con corrección la dependencia de estas personas. Se diseñó para medir la discapacidad física, si un anciano, por ejemplo, puede comer sin ayuda, levantarse de la cama, ir al baño.
"Con los enfermos mentales esto no sirve, porque ellos no tienen carencias anatómicas, pero sí ejecutivas, que les impiden desempeñar funciones básicas para la vida diaria a pesar de estar dotados físicamente para ello", explica Julio Boves, catedrático de Psiquiatría de la Universidad de Oviedo y miembro del consorcio de investigación Cibersam, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Boves está convencido de que esto se solucionará con el nuevo baremo que se está diseñando y que estará listo, dice, para 2012. "Determinantes serán también los cursos de 60 horas que recibirán los evaluadores y el manual que se está redactando para mejorar y unificar los criterios de diagnóstico", a juicio de Boves, que coincide con el presidente de Feafes en este extremo.
Pero, por ahora, solo hay 17.000 enfermos mentales en el sistema de la dependencia (de un total de 720.000) y, a decir de los expertos, nada garantiza que estén bien valorados. "También hay enormes diferencias por comunidades a la hora de evaluarlos", añade Boves. "La realidad, por ahora, es que hay una insuficiente captación del grado de dependencia", dice este psiquiatra.
Los datos que conocen en Feafes indican que a unos 6.000 se les habría otorgado el grado máximo de dependencia mientras que 5.600 quedan un escalón por debajo, en dependencia severa. Otros 4.000 solo han sido calificados como dependientes moderados.
"El grado II (dependencia severa) puede ser adecuado, pero no creemos que estén siendo bien valorados estos enfermos", insiste Sánchez Monge. "El trastorno mental grave siempre necesita apoyo, unas veces más y otras menos, pero siempre necesita apoyo", dice. "Estos enfermos son dependientes, si no salen en la foto es por el foco de la cámara", ejemplifica Boves.
La prueba irrefutable de que el baremo actual no es eficaz con estas personas es que se está reformando, entre otras cosas, como reconoció el Gobierno en su día, para ajustar la cobertura que merecen estos usuarios.
Pasado el (mal) trago de la valoración, siguen los problemas. "No hay muchos recursos para estas personas, y cuando los hay tampoco son siempre los adecuados. Muchas veces necesitan periodos de internamiento, pero los recursos existentes y la ley no facilitan la entrada y salida de las residencias.
Esa es la razón de que algunos de ellos acaben, en ocasiones, abandonados en la calle, o en la cárcel, cuando tienen conductas violentas", explica José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
Los responsables políticos de la dependencia y los expertos están debatiendo métodos de coordinación sociosanitaria que pudieran ajustarse a las necesidades de estos usuarios. "Se precisa además, un seguimiento de la situación de estas personas, que no se está haciendo, precisamente para evitar que puedan abandonar las ayudas recibidas y perderlas", señala Ramírez.
Desde Feafes solicitan también que los valoradores de la dependencia "tengan en cuenta las declaraciones de los familiares respecto a estas personas, porque ellos dirán lo que el dependiente no quiere o no puede decir", explica Sánchez Monge. La presidenta de Feafes-Andalucía, Concha Cuevas, critica que los enfermos mentales "son los excluidos de la ley de dependencia".
Con residencia concedida y en la calle
Patricia Visedo, la directora de los Servicios Sociales de Ceutí (Murcia), encontró a la mujer por la calle, a pleno sol. Caminaba medio perdida, con su andador, completamente desorientada, apenas sin pronunciar palabra.
La llevó a su casa. Visedo se encarga de este caso desde hace años, antes de aprobarse la Ley de la Dependencia. Una mujer de unos 48 años maltratada por la vida: un marido agresor, alcoholismo, pérdida de la custodia de las hijas...
Y luego la enfermedad: siringomielia, escoliosis, psicosis, síndrome de Guillain-Barre, trastorno paranoide de la personalidad. Con ese cuadro solicitaron para ella el ingreso en un centro, ahora sí, por la Ley de Dependencia, y al cabo de un tiempo consiguieron que viviera en una residencia para enfermos mentales en Jumilla.
Pero la hija mayor fue a verla por Navidad y se la llevó a casa. "No tienen buenas relaciones, pero la vio medicada, estabilizada y le dio pena. Querían cambiar la residencia por la paga familiar", explica Visedo. "Se encabezonaron con eso, pero las condiciones de la familia no eran las adecuadas para cuidar de nadie".
Mucho antes de recibir esa paga la situación, como se esperaba, se deterioró, así que las trabajadoras sociales volvieron a solicitar una residencia. La mujer ya había perdido su plaza en la anterior. "Después de doscientos mil informes y un último avisando de que la situación era ya de emergencia, conseguimos que le concedieran una plaza para discapacitados físicos en el pueblo, en Ceutí", asegura Visedo.
No era más que un espejismo.
Lo que se había conseguido en la Oficina de la Dependencia se fue por el sumidero en el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), que es donde se hacen efectivos los recursos concedidos. "Nos dijeron que había sido un error conceder esa plaza y nos volvimos a la Oficina de la Dependencia para solucionarlo", sigue Visedo. La residencia de Ceutí no era para enfermos mentales, dijeron.
"Pero ella también es discapacitada física, además de mental, porque su conducta no es disruptiva, ni mucho menos, si casi ni habla. Y ahora tienen plazas de sobra, nos lo han dicho allí", se queja Visedo.
La mujer está, pues, reconocida como dependiente y tiene un centro concedido para ingresar, pero no puede. Es como si tienes una apendicitis y nadie te opera. O una plaza concedida en un colegio pero se niegan a escolarizar al alumno.
En la oficina pusieron la palabra 'anulado' en el expediente de la mujer y sugirieron a Visedo que rompiera su copia con la resolución favorable. Ella contestó que nanay.
Volvieron al IMAS. "Allí nos preguntaron, como enfadados, que cuántas veces la íbamos a ingresar. 'Las que hagan falta', les dije". Las trabajadoras sociales se prestaron incluso a hacer de guardadoras en este caso, sin éxito. "Me dijeron que en septiembre ya verían y que enviara más informes. Yo no mando más notas, si no nos dan ese centro, que nos den otro, pero ¿cómo vamos a esperar a septiembre? Es una urgencia".
El asunto lo han llevado al Defensor del Pueblo en Murcia, que lo está tramitando.
Para que la enfermedad no domine la voluntad de la mujer y permanezca ingresada había que incapacitarla, pero tras varios intentos, no se ha conseguido. "Ahora está abandonada, la vemos por la calle cada dos por tres. La hija está harta y acabará por echarla de casa. Este asunto me genera una impotencia...", confiesa Visedo.
Primeros datos
La escasez de datos sobre el sistema de dependencia es clamorosa, pero hay algunos en alguna comunidad.
- Andalucía. Un 10% de los enfermos mentales graves ha solicitado ayuda y 3.247 están atendidos. Representan el 1,7% del total. Las solicitudes representan, a su vez, un 1,2%.
- Castilla y León. Los enfermos mentales suponen el 2,5% del total de atendidos. Cuentan con un proyecto de coordinación sociosanitaria en Zamora que se extenderá a toda la región.
Fuente : elpais.com/articulo/sociedad
La mayoría no pide ayuda pública por desconocimiento y temor al rechazo social
La ley de dependencia no se pensó para los enfermos mentales, por eso, aunque en última instancia se les incluyó bajo el paraguas que daría cobertura a todas las discapacidades, el sistema está acusando deficiencias en la protección de estas personas.
No hay un solo escalón para acceder a las ayudas en el que no tropiece la enfermedad mental. Quizá por eso apenas están en el sistema de dependencia entre un 1% y un 4% (dependiendo del tipo y gravedad de enfermedad mental que se considere) del total de las personas que padecen estas enfermedades en España.
Los expertos piden coordinación sociosanitaria para estos casos
No llegan al sistema, no reciben las prestaciones, y lo que es más grave: no las solicitan. Las reclamaciones de ayuda de estos enfermos solo representan el 1% del total de las recibidas por dependencia, según los datos que conoce Feafes, (confederación de familiares y personas con enfermedad mental), y que aún no se han publicado oficialmente.
Efectivamente, la solicitud es el primer (y quizá el más grave) obstáculo para estas personas. Los enfermos mentales (esquizofrenia, bipolares, patologías duales, entre otros) "no acceden al sistema de dependencia por desconocimiento o por estigma", reconoce José María Sánchez Monge, presidente de Feafes.
Por eso, Feafes-Andalucía tiene en marcha una campaña para formar y comunicar a las familias y los técnicos de las asociaciones cómo sortear este primer obstáculo.
Una vez pasado ese trámite llega la valoración del solicitante, su diagnóstico. El
baremo que se usa actualmente no calibra con corrección la dependencia de estas personas. Se diseñó para medir la discapacidad física, si un anciano, por ejemplo, puede comer sin ayuda, levantarse de la cama, ir al baño.
"Con los enfermos mentales esto no sirve, porque ellos no tienen carencias anatómicas, pero sí ejecutivas, que les impiden desempeñar funciones básicas para la vida diaria a pesar de estar dotados físicamente para ello", explica Julio Boves, catedrático de Psiquiatría de la Universidad de Oviedo y miembro del consorcio de investigación Cibersam, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Boves está convencido de que esto se solucionará con el nuevo baremo que se está diseñando y que estará listo, dice, para 2012. "Determinantes serán también los cursos de 60 horas que recibirán los evaluadores y el manual que se está redactando para mejorar y unificar los criterios de diagnóstico", a juicio de Boves, que coincide con el presidente de Feafes en este extremo.
Pero, por ahora, solo hay 17.000 enfermos mentales en el sistema de la dependencia (de un total de 720.000) y, a decir de los expertos, nada garantiza que estén bien valorados. "También hay enormes diferencias por comunidades a la hora de evaluarlos", añade Boves. "La realidad, por ahora, es que hay una insuficiente captación del grado de dependencia", dice este psiquiatra.
Los datos que conocen en Feafes indican que a unos 6.000 se les habría otorgado el grado máximo de dependencia mientras que 5.600 quedan un escalón por debajo, en dependencia severa. Otros 4.000 solo han sido calificados como dependientes moderados.
"El grado II (dependencia severa) puede ser adecuado, pero no creemos que estén siendo bien valorados estos enfermos", insiste Sánchez Monge. "El trastorno mental grave siempre necesita apoyo, unas veces más y otras menos, pero siempre necesita apoyo", dice. "Estos enfermos son dependientes, si no salen en la foto es por el foco de la cámara", ejemplifica Boves.
La prueba irrefutable de que el baremo actual no es eficaz con estas personas es que se está reformando, entre otras cosas, como reconoció el Gobierno en su día, para ajustar la cobertura que merecen estos usuarios.
Pasado el (mal) trago de la valoración, siguen los problemas. "No hay muchos recursos para estas personas, y cuando los hay tampoco son siempre los adecuados. Muchas veces necesitan periodos de internamiento, pero los recursos existentes y la ley no facilitan la entrada y salida de las residencias.
Esa es la razón de que algunos de ellos acaben, en ocasiones, abandonados en la calle, o en la cárcel, cuando tienen conductas violentas", explica José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
Los responsables políticos de la dependencia y los expertos están debatiendo métodos de coordinación sociosanitaria que pudieran ajustarse a las necesidades de estos usuarios. "Se precisa además, un seguimiento de la situación de estas personas, que no se está haciendo, precisamente para evitar que puedan abandonar las ayudas recibidas y perderlas", señala Ramírez.
Desde Feafes solicitan también que los valoradores de la dependencia "tengan en cuenta las declaraciones de los familiares respecto a estas personas, porque ellos dirán lo que el dependiente no quiere o no puede decir", explica Sánchez Monge. La presidenta de Feafes-Andalucía, Concha Cuevas, critica que los enfermos mentales "son los excluidos de la ley de dependencia".
Con residencia concedida y en la calle
Patricia Visedo, la directora de los Servicios Sociales de Ceutí (Murcia), encontró a la mujer por la calle, a pleno sol. Caminaba medio perdida, con su andador, completamente desorientada, apenas sin pronunciar palabra.
La llevó a su casa. Visedo se encarga de este caso desde hace años, antes de aprobarse la Ley de la Dependencia. Una mujer de unos 48 años maltratada por la vida: un marido agresor, alcoholismo, pérdida de la custodia de las hijas...
Y luego la enfermedad: siringomielia, escoliosis, psicosis, síndrome de Guillain-Barre, trastorno paranoide de la personalidad. Con ese cuadro solicitaron para ella el ingreso en un centro, ahora sí, por la Ley de Dependencia, y al cabo de un tiempo consiguieron que viviera en una residencia para enfermos mentales en Jumilla.
Pero la hija mayor fue a verla por Navidad y se la llevó a casa. "No tienen buenas relaciones, pero la vio medicada, estabilizada y le dio pena. Querían cambiar la residencia por la paga familiar", explica Visedo. "Se encabezonaron con eso, pero las condiciones de la familia no eran las adecuadas para cuidar de nadie".
Mucho antes de recibir esa paga la situación, como se esperaba, se deterioró, así que las trabajadoras sociales volvieron a solicitar una residencia. La mujer ya había perdido su plaza en la anterior. "Después de doscientos mil informes y un último avisando de que la situación era ya de emergencia, conseguimos que le concedieran una plaza para discapacitados físicos en el pueblo, en Ceutí", asegura Visedo.
No era más que un espejismo.
Lo que se había conseguido en la Oficina de la Dependencia se fue por el sumidero en el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), que es donde se hacen efectivos los recursos concedidos. "Nos dijeron que había sido un error conceder esa plaza y nos volvimos a la Oficina de la Dependencia para solucionarlo", sigue Visedo. La residencia de Ceutí no era para enfermos mentales, dijeron.
"Pero ella también es discapacitada física, además de mental, porque su conducta no es disruptiva, ni mucho menos, si casi ni habla. Y ahora tienen plazas de sobra, nos lo han dicho allí", se queja Visedo.
La mujer está, pues, reconocida como dependiente y tiene un centro concedido para ingresar, pero no puede. Es como si tienes una apendicitis y nadie te opera. O una plaza concedida en un colegio pero se niegan a escolarizar al alumno.
En la oficina pusieron la palabra 'anulado' en el expediente de la mujer y sugirieron a Visedo que rompiera su copia con la resolución favorable. Ella contestó que nanay.
Volvieron al IMAS. "Allí nos preguntaron, como enfadados, que cuántas veces la íbamos a ingresar. 'Las que hagan falta', les dije". Las trabajadoras sociales se prestaron incluso a hacer de guardadoras en este caso, sin éxito. "Me dijeron que en septiembre ya verían y que enviara más informes. Yo no mando más notas, si no nos dan ese centro, que nos den otro, pero ¿cómo vamos a esperar a septiembre? Es una urgencia".
El asunto lo han llevado al Defensor del Pueblo en Murcia, que lo está tramitando.
Para que la enfermedad no domine la voluntad de la mujer y permanezca ingresada había que incapacitarla, pero tras varios intentos, no se ha conseguido. "Ahora está abandonada, la vemos por la calle cada dos por tres. La hija está harta y acabará por echarla de casa. Este asunto me genera una impotencia...", confiesa Visedo.
Primeros datos
La escasez de datos sobre el sistema de dependencia es clamorosa, pero hay algunos en alguna comunidad.
- Andalucía. Un 10% de los enfermos mentales graves ha solicitado ayuda y 3.247 están atendidos. Representan el 1,7% del total. Las solicitudes representan, a su vez, un 1,2%.
- Castilla y León. Los enfermos mentales suponen el 2,5% del total de atendidos. Cuentan con un proyecto de coordinación sociosanitaria en Zamora que se extenderá a toda la región.
Fuente : elpais.com/articulo/sociedad
Suscribirse a:
Entradas (Atom)