Ceuta recibirá dos millones para realizar programas sociales .
El Gobierno ha aprobado a propuesta de la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, un real decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones a las ciudades de Ceuta y Melilla para la realización de programas y actividades en materia social, mayores y personas en situación de dependencia.
El importe total de la subvención será de 2.079.784’43 euros para cada una de las dos ciudades, con cargo al presupuesto del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) del año 2010.
Las ciudades de Ceuta y Melilla tienen competencias para el desarrollo de políticas sociales y la finalidad de la concesión recogida en este real decreto es la ejecución, en dichas ciudades, de programas y actuaciones para dar respuesta inmediata a las necesidades en materia de asistencia social, mayores y personas en situación de dependencia. Ambas ciudades cuentan con un amplio colectivo de personas con un alto grado de vulnerabilidad, fundamentalmente personas mayores y en situación de dependencia, que precisan de una asistencia social inmediata por parte de los poderes públicos.
Gasto farmacéutico
De otra parte, el Sistema Nacional de Salud (SNS) ha registrado un gasto farmacéutico de 966.885.410 euros en el pasado mes de octubre, lo que sitúa el crecimiento interanual en el -0,03%.
Así lo reflejan los datos sobre gasto a través de receta oficial remitidos a la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad por las Comunidades Autónomas.
El gasto farmacéutico del mes de octubre supone un descenso de un 9,86% respecto a 2009, con un crecimiento interanual del -0,03%, lo que refleja que continúa la tendencia descendente como fruto de las medidas adoptadas por el Gobierno para reducir el gasto público en materia farmacéutica.
El pasado 1 de junio entraron en vigor las deducciones del 7,5% (el 4% en el caso de los medicamentos huérfanos) aplicadas a los medicamentos que se han dispensado con cargo a fondos públicos no siendo genéricos ni estando afectados por el sistema de precios de referencia.
Igualmente, el pasado 1 de julio han entrado en vigor los nuevos precios de los medicamentos genéricos acordados por el Real Decreto-ley 4/2010 de 26 de marzo. El 1 de agosto también han entrado en vigor los nuevos precios de los productos sanitarios con una rebaja del 7,5% con carácter general y del 20% en el caso de los absorbentes para la incontinencia de orina.
En lo referente al gasto medio por receta, el dato del pasado mes de octubre reflejó un descenso del 9,27% respecto al mismo periodo del año anterior, lo que deja el crecimiento interanual del gasto medio por receta en un -3,23%.
Fuente : elfarodigital.es/ceuta/economia
martes, 30 de noviembre de 2010
MURCIA - COCEMFE MUESTRA PREOCUPACIÓN POR RECORTES
COCEMFE muestra su preocupación por los recortes de subvenciones en Murcia
La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) muestra su preocupación ante la próxima aprobación de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el próximo año, en la que se recorta en un 82% la cantidad a recibir por su entidad en dicha región, FAMDIF COCEMFE Murcia.
El presidente de COCEMFE, Mario García, ha remitido un escrito al presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, en el que le transmite la postura de la Confederación. "De aprobarse esta Ley, significaría la desaparición inmediata de una organización pionera en Murcia, con más de 150 trabajadores y que presta servicio a más de 26.000 personas con discapacidad física y orgánica", explica Mario García.
Este recorte presupuestario conllevará la supresión de servicios, el despido de profesionales y el cierre de distintas asociaciones. Además, según esta Ley de Presupuestos se suprimen las ayudas periódicas e individuales para las personas con discapacidad. "Ayudas a las que hasta ahora se venían destinando más de 1.600.000 euros", destaca el presidente de la Confederación.
Asimismo, COCEMFE quiere reiterar su preocupación puesto que la situación que está viviendo el movimiento asociativo de la discapacidad en Murcia no es un hecho aislado. Numerosas comunidades autónomas han comenzado a realizar recortes presupuestarios en los servicios destinados a personas con discapacidad.
Las Comunidades Autónomas se amparan en la Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia para justificar estos recortes, sin embargo, según expone el presidente de COCEMFE, "no podemos establecer que la discapacidad y la dependencia sean lo mismo. Un ejemplo claro es que en nuestro país existen tres millones de personas con una discapacidad física y orgánica de las que aproximadamente un millón son dependientes".
"Si la Administración sólo atendiese a las personas dependientes quedarían fuera del sistema de atención dos millones de personas con discapacidad", concluye Mario García.
Fuente : cocemfe.es
La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) muestra su preocupación ante la próxima aprobación de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el próximo año, en la que se recorta en un 82% la cantidad a recibir por su entidad en dicha región, FAMDIF COCEMFE Murcia.
El presidente de COCEMFE, Mario García, ha remitido un escrito al presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, en el que le transmite la postura de la Confederación. "De aprobarse esta Ley, significaría la desaparición inmediata de una organización pionera en Murcia, con más de 150 trabajadores y que presta servicio a más de 26.000 personas con discapacidad física y orgánica", explica Mario García.
Este recorte presupuestario conllevará la supresión de servicios, el despido de profesionales y el cierre de distintas asociaciones. Además, según esta Ley de Presupuestos se suprimen las ayudas periódicas e individuales para las personas con discapacidad. "Ayudas a las que hasta ahora se venían destinando más de 1.600.000 euros", destaca el presidente de la Confederación.
Asimismo, COCEMFE quiere reiterar su preocupación puesto que la situación que está viviendo el movimiento asociativo de la discapacidad en Murcia no es un hecho aislado. Numerosas comunidades autónomas han comenzado a realizar recortes presupuestarios en los servicios destinados a personas con discapacidad.
Las Comunidades Autónomas se amparan en la Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia para justificar estos recortes, sin embargo, según expone el presidente de COCEMFE, "no podemos establecer que la discapacidad y la dependencia sean lo mismo. Un ejemplo claro es que en nuestro país existen tres millones de personas con una discapacidad física y orgánica de las que aproximadamente un millón son dependientes".
"Si la Administración sólo atendiese a las personas dependientes quedarían fuera del sistema de atención dos millones de personas con discapacidad", concluye Mario García.
Fuente : cocemfe.es
CANARIAS - EL RETRASO CANARIO EN DEPENDENCIA ES SIDERAL
El retraso canario en dependencia es sideral
El desarrollo de la Ley de la Dependencia en Canarias está «a años luz» del resto de las comunidades autónomas.
La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales achaca el retraso a la «falta de voluntad» política y al caos organizativo y apunta que, de pararse el sistema, Canarias tardaría dos años en solucionar los casos que tiene pendientes.
El Archipiélago sigue por cuarto año consecutivo a la cola del Estado en el desarrollo de la Ley de la Dependencia, en todos los parámetros analizados por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, poniendo de relieve la ineficacia de los gestores. «Canarias está a años luz del resto de comunidades autónomas.
Tenemos una honda preocupación por la situación en las Islas. A diferencia del resto de comunidades, en estos casi cuatro años no hemos visto ni un atisbo de mejora en la gestión. Es la única que no mejora», afirmó ayer Luís A. Barriga, autor del Quinto Dictamen del Observatorio de la Dependencia.
Para analizar el porqué de esta situación, los trabajadores sociales y expertos apuntan a dos claves.
Por un lado a la «falta de voluntad política» por parte del Gobierno de Canarias y a las dificultades de tipo organizativo que lastra el desarrollo de la ley. «Es la única región donde no hay un pacto entre las diferentes administraciones encaminado a agilizar los trámites y la puesta en marcha de la ley.
Sin acuerdos entre todos, poco se podrá avanzar. Aun así, mantenemos la esperanza de que cambie», comenta Barriga, autor del Quinto Dictamen del Observatorio de la Dependencia.
Fuente : canarias7.es
El desarrollo de la Ley de la Dependencia en Canarias está «a años luz» del resto de las comunidades autónomas.
La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales achaca el retraso a la «falta de voluntad» política y al caos organizativo y apunta que, de pararse el sistema, Canarias tardaría dos años en solucionar los casos que tiene pendientes.
El Archipiélago sigue por cuarto año consecutivo a la cola del Estado en el desarrollo de la Ley de la Dependencia, en todos los parámetros analizados por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, poniendo de relieve la ineficacia de los gestores. «Canarias está a años luz del resto de comunidades autónomas.
Tenemos una honda preocupación por la situación en las Islas. A diferencia del resto de comunidades, en estos casi cuatro años no hemos visto ni un atisbo de mejora en la gestión. Es la única que no mejora», afirmó ayer Luís A. Barriga, autor del Quinto Dictamen del Observatorio de la Dependencia.
Para analizar el porqué de esta situación, los trabajadores sociales y expertos apuntan a dos claves.
Por un lado a la «falta de voluntad política» por parte del Gobierno de Canarias y a las dificultades de tipo organizativo que lastra el desarrollo de la ley. «Es la única región donde no hay un pacto entre las diferentes administraciones encaminado a agilizar los trámites y la puesta en marcha de la ley.
Sin acuerdos entre todos, poco se podrá avanzar. Aun así, mantenemos la esperanza de que cambie», comenta Barriga, autor del Quinto Dictamen del Observatorio de la Dependencia.
Fuente : canarias7.es
CANARIAS - LAS PLAZAS PÚBLICAS MÁS CARAS DEL ESTADO
Canarias tiene las plazas públicas para dependientes más caras del Estado
Los servicios sociales en las islas están transferidos a los cabildos y Canarias es la única comunidad donde cohabitan dos sistemas, el anterior, financiado exclusivamente por el Gobierno canario a través de los planes sociosanitarios, y la conocida como Ley de Dependencia. Una plaza residencial ronda los 2.200 euros al mes.
Canarias tiene las plazas públicas residenciales para dependientes más caras de todo el Estado, con un coste real que ronda los 2.200 euros por persona al mes, mientras que, por ejemplo, Asturias las valora en un máximo de 1.400 euros y es la comunidad con el precio más bajo de país.
Los servicios sociales en las islas están transferidos a los cabildos y Canarias es la única comunidad donde cohabitan dos sistemas, el anterior, financiado exclusivamente por el Gobierno canario a través de los planes sociosanitarios, y la conocida como Ley de Dependencia, que lleva el nombre de Ley de Promoción de la Autonomía Personal.
Esto implica que los ciudadanos canarios se revelen contra la Ley de Dependencia, porque ahora se les pide el copago, mientras con el sistema propio tenían a su disposición un recurso más barato.
Los últimos datos facilitados por la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias precisan que son más de 30.000 las personas con algún grado de dependencia que están siendo atendidas a través de la red de recursos y servicios que incluyen los servicios de prevención, programa de teleasistencia, ayuda a domicilio, servicios de día, servicios residenciales y prestaciones económicas.
Precisamente ayer, la ministra de Sanidad y Política Social, Leire Pajín, aseguró que las prestaciones por dependencia "se están garantizando" y recordó que el calendario de implantación de la Ley de Dependencia "no ha sufrido retrasos a pesar de la crisis". Subrayó "el compromiso del Gobierno para que los dependientes puedan acceder a las prestaciones antes de los seis meses".
Según el calendario marcado por el Gobierno central, las personas dependientes de grado I y grado II deben estar incorporadas al derecho de prestación a partir de enero de 2011. La implantación de la nueva ley se hará de forma progresiva y no acabará hasta 2015.
Ayer, la diputada en el Congreso Lourdes Méndez Monasterio (PP) reprochó a Leire Pajín que, con la reducción del 10% del presupuesto que plantea su cartera con respecto a lo aprobado en 2009, si se dividen las partidas de este año de 1.498 millones de euros, entre las cerca de 1,2 millones de personas que hay que atender, le da "un resultado de tres euros al día para cada dependiente".
El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, criticó ayer el recorte "desmedido" del presupuesto regional para atender a los dependientes y aseguró que son muchas las partidas a las que no se destina ni un solo euro, como sucede con la construcción de centros de mayores. Añadió que tampoco hay dinero "para discapacitados y drogodependientes".
La bajada en la partida de menores engorda la de Dependencia
Los presupuestos de la Consejería de Bienestar Social del Gobierno canario destinan 108.301.621 euros al Sistema de Atención a la Dependencia, una cifra importante, teniendo en cuenta que la totalidad del dinero que manejará este departamento se eleva a 310.387.975 euros.
El capítulo de la dependencia es una de las partida que sube respeto al año pasado, gracias a que han bajado considerablemente los apartados de menores, tanto con medidas judiciales como el de los menores extranjeros no acompañados.
Sin embargo, el Grupo Socialista en el Parlamento regional criticó que las cuentas de la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda suponen una bajada del 15,71% respecto a los 368 millones de 2010.
En la presentación del presupuesto, la consejera Inés Rojas aseguró que con este presupuesto se pretende llegar a 35.000 personas en el marco de las políticas de vivienda, a 30.000 en la atención a personas con algún grado de dependencia, intervendrá en 300.000 personas a través del Plan concertado de Prestaciones Básicas y ofrecerá ayuda 16.000 mujeres víctimas de violencia de género, además de atender de forma directa a 8.000 menores en riesgo, protección o reinserción.
Fuente : eldia.es
Los servicios sociales en las islas están transferidos a los cabildos y Canarias es la única comunidad donde cohabitan dos sistemas, el anterior, financiado exclusivamente por el Gobierno canario a través de los planes sociosanitarios, y la conocida como Ley de Dependencia. Una plaza residencial ronda los 2.200 euros al mes.
Canarias tiene las plazas públicas residenciales para dependientes más caras de todo el Estado, con un coste real que ronda los 2.200 euros por persona al mes, mientras que, por ejemplo, Asturias las valora en un máximo de 1.400 euros y es la comunidad con el precio más bajo de país.
Los servicios sociales en las islas están transferidos a los cabildos y Canarias es la única comunidad donde cohabitan dos sistemas, el anterior, financiado exclusivamente por el Gobierno canario a través de los planes sociosanitarios, y la conocida como Ley de Dependencia, que lleva el nombre de Ley de Promoción de la Autonomía Personal.
Esto implica que los ciudadanos canarios se revelen contra la Ley de Dependencia, porque ahora se les pide el copago, mientras con el sistema propio tenían a su disposición un recurso más barato.
Los últimos datos facilitados por la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias precisan que son más de 30.000 las personas con algún grado de dependencia que están siendo atendidas a través de la red de recursos y servicios que incluyen los servicios de prevención, programa de teleasistencia, ayuda a domicilio, servicios de día, servicios residenciales y prestaciones económicas.
Precisamente ayer, la ministra de Sanidad y Política Social, Leire Pajín, aseguró que las prestaciones por dependencia "se están garantizando" y recordó que el calendario de implantación de la Ley de Dependencia "no ha sufrido retrasos a pesar de la crisis". Subrayó "el compromiso del Gobierno para que los dependientes puedan acceder a las prestaciones antes de los seis meses".
Según el calendario marcado por el Gobierno central, las personas dependientes de grado I y grado II deben estar incorporadas al derecho de prestación a partir de enero de 2011. La implantación de la nueva ley se hará de forma progresiva y no acabará hasta 2015.
Ayer, la diputada en el Congreso Lourdes Méndez Monasterio (PP) reprochó a Leire Pajín que, con la reducción del 10% del presupuesto que plantea su cartera con respecto a lo aprobado en 2009, si se dividen las partidas de este año de 1.498 millones de euros, entre las cerca de 1,2 millones de personas que hay que atender, le da "un resultado de tres euros al día para cada dependiente".
El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, criticó ayer el recorte "desmedido" del presupuesto regional para atender a los dependientes y aseguró que son muchas las partidas a las que no se destina ni un solo euro, como sucede con la construcción de centros de mayores. Añadió que tampoco hay dinero "para discapacitados y drogodependientes".
La bajada en la partida de menores engorda la de Dependencia
Los presupuestos de la Consejería de Bienestar Social del Gobierno canario destinan 108.301.621 euros al Sistema de Atención a la Dependencia, una cifra importante, teniendo en cuenta que la totalidad del dinero que manejará este departamento se eleva a 310.387.975 euros.
El capítulo de la dependencia es una de las partida que sube respeto al año pasado, gracias a que han bajado considerablemente los apartados de menores, tanto con medidas judiciales como el de los menores extranjeros no acompañados.
Sin embargo, el Grupo Socialista en el Parlamento regional criticó que las cuentas de la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda suponen una bajada del 15,71% respecto a los 368 millones de 2010.
En la presentación del presupuesto, la consejera Inés Rojas aseguró que con este presupuesto se pretende llegar a 35.000 personas en el marco de las políticas de vivienda, a 30.000 en la atención a personas con algún grado de dependencia, intervendrá en 300.000 personas a través del Plan concertado de Prestaciones Básicas y ofrecerá ayuda 16.000 mujeres víctimas de violencia de género, además de atender de forma directa a 8.000 menores en riesgo, protección o reinserción.
Fuente : eldia.es
CATALUÑA - LAS AYUDAS, CRÓNICA DE UN FRACASO ANUNCIADO
Unos 20.000 ciudadanos están a la espera de recibir las prestaciones de una ley que estuvo a punto de suspenderse
Las ayudas a las personas dependientes crónica de un fracaso anunciado
La aplicación de la Ley de Dependencia en Cataluña ha sido la crónica de un fracaso anunciado.
Previsiones inexactas, largas listas de espera y un total incumplimiento de los plazos prometidos han marcado la puesta en marcha de la ley, aprobada en 2006
El pasado año, una tercera parte de los dependientes reconocidos por la norma estaba a la espera de recibir un servicio o una prestación. Actualmente, aún más de 20.000 personas están desesperadas porque no reciben sus prestaciones. La mayoría presentaron la solicitud hace tres años. En caso de respuesta de la administración, se han dado episodios para todos los gustos.
En algunos casos, las ayudas llegan cuando el dependiente ha fallecido, y, en otros, la Generalitat otorga la prestación más barata o recorta las ayudas para reducir costes.
Durante toda la Legislatura, la consejera de Acción Social y Ciudadanía, Carme Capdevila, se ha escudado en la «complejidad» de la norma para justificar los retrasos de muchos casos estancados en el engranaje burocrático. Tras las múltiples tardanzas, incluidos los cinco meses que tardó en ponerse en marcha la ley, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña llegó a obligar a la Generalitat a pagar a un dependiente por la demora.
La gestión ha sido difícil y, además, ha provocado un enfrentamiento con el Gobierno. Capdevila se ha hartado de denunciar el incumplimiento por parte del Ejecutivo a otorgar los 18 millones de euros que le corresponden a Cataluña para el desarrollo de la ley. Al final, lo que se presentó como uno de los buques insignias en el campo del bienestar del Ejecutivo de Zapatero, ha tenido un efecto bumerán en la Generalitat. En octubre de 2008, el tripartito se llegó a plantear dar marcha atrás o reducir el número de beneficiarios porque no había dinero para cubrir a todos los dependientes.
La mayoría de las personas dependientes atendidas, un 53 por ciento, recibe la ayuda de una persona cuidadora, que es la prestación más barata, y el resto recibe un servicio.
Fuente : larazon.es
Las ayudas a las personas dependientes crónica de un fracaso anunciado
La aplicación de la Ley de Dependencia en Cataluña ha sido la crónica de un fracaso anunciado.
Previsiones inexactas, largas listas de espera y un total incumplimiento de los plazos prometidos han marcado la puesta en marcha de la ley, aprobada en 2006
El pasado año, una tercera parte de los dependientes reconocidos por la norma estaba a la espera de recibir un servicio o una prestación. Actualmente, aún más de 20.000 personas están desesperadas porque no reciben sus prestaciones. La mayoría presentaron la solicitud hace tres años. En caso de respuesta de la administración, se han dado episodios para todos los gustos.
En algunos casos, las ayudas llegan cuando el dependiente ha fallecido, y, en otros, la Generalitat otorga la prestación más barata o recorta las ayudas para reducir costes.
Durante toda la Legislatura, la consejera de Acción Social y Ciudadanía, Carme Capdevila, se ha escudado en la «complejidad» de la norma para justificar los retrasos de muchos casos estancados en el engranaje burocrático. Tras las múltiples tardanzas, incluidos los cinco meses que tardó en ponerse en marcha la ley, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña llegó a obligar a la Generalitat a pagar a un dependiente por la demora.
La gestión ha sido difícil y, además, ha provocado un enfrentamiento con el Gobierno. Capdevila se ha hartado de denunciar el incumplimiento por parte del Ejecutivo a otorgar los 18 millones de euros que le corresponden a Cataluña para el desarrollo de la ley. Al final, lo que se presentó como uno de los buques insignias en el campo del bienestar del Ejecutivo de Zapatero, ha tenido un efecto bumerán en la Generalitat. En octubre de 2008, el tripartito se llegó a plantear dar marcha atrás o reducir el número de beneficiarios porque no había dinero para cubrir a todos los dependientes.
La mayoría de las personas dependientes atendidas, un 53 por ciento, recibe la ayuda de una persona cuidadora, que es la prestación más barata, y el resto recibe un servicio.
Fuente : larazon.es
A CORUÑA - EL AYUNTAMIENTO ELEVARÁ A 13 MILLONES EL GASTO SOCIAL PARA 2011
El Ayuntamiento eleve a 13 millones en gasto social para 2011
El Ayuntamiento de A Coruña elevará el gasto en las políticas sociales en 2001 con una partida presupuestaria de casi 13 millones de euros, lo que supone duplicar el gasto con respecto a 2008.
Por medio de un comunicado, el Consistorio ha informado hoy de que el equipo de gobierno local ha diseñado sus presupuestos para 2011 con una "visión social" que se corresponde con las políticas "progresista" que ha mantenido en los últimos años.
Asimismo, destaca que los presupuestos de 2011 definen el "compromiso de un gobierno dispuesto a trabajar con mayor determinación por los más desfavorecidos en un momento de crisis global".
"Se trata de unos presupuestos que refuerzan y mantienen los principales programas sociales y que están preparados para dar respuesta a las demandas de los ciudadanos ante la administración local, la más cercana y sensible a sus problemas", afirma el Ayuntamiento .
Con un presupuesto de 12.921.000, que supone un incremento del 92 por ciento con respecto al de 2008, A Coruña "se mantiene a la cabeza de Galicia en programas de servicios sociales e incrementa el gasto de algunos de los programas".
El presupuesto mantiene prácticamente todos los convenios y subvenciones con las distintas asociaciones y entidades de la ciudad que realizan una labor social, desde las que se centran en la atención a discapacitados o enfermos a las que trabajan contra la pobreza y la exclusión social.
Se mantienen también las actividades de los centros cívicos municipales, que constituyen la mayor red de Galicia.
Los servicios de atención domiciliaria atienden actualmente a 3.500 mayores y se espera llegar a atender a alrededor de 3.850 personas en 2011.
La inversión para el año 2011 en atención domiciliaria es de 5.438.567 euros para sus dos modalidades: básico y derivado de la aplicación de la ley de dependencia.
Fuente : abc.es
El Ayuntamiento de A Coruña elevará el gasto en las políticas sociales en 2001 con una partida presupuestaria de casi 13 millones de euros, lo que supone duplicar el gasto con respecto a 2008.
Por medio de un comunicado, el Consistorio ha informado hoy de que el equipo de gobierno local ha diseñado sus presupuestos para 2011 con una "visión social" que se corresponde con las políticas "progresista" que ha mantenido en los últimos años.
Asimismo, destaca que los presupuestos de 2011 definen el "compromiso de un gobierno dispuesto a trabajar con mayor determinación por los más desfavorecidos en un momento de crisis global".
"Se trata de unos presupuestos que refuerzan y mantienen los principales programas sociales y que están preparados para dar respuesta a las demandas de los ciudadanos ante la administración local, la más cercana y sensible a sus problemas", afirma el Ayuntamiento .
Con un presupuesto de 12.921.000, que supone un incremento del 92 por ciento con respecto al de 2008, A Coruña "se mantiene a la cabeza de Galicia en programas de servicios sociales e incrementa el gasto de algunos de los programas".
El presupuesto mantiene prácticamente todos los convenios y subvenciones con las distintas asociaciones y entidades de la ciudad que realizan una labor social, desde las que se centran en la atención a discapacitados o enfermos a las que trabajan contra la pobreza y la exclusión social.
Se mantienen también las actividades de los centros cívicos municipales, que constituyen la mayor red de Galicia.
Los servicios de atención domiciliaria atienden actualmente a 3.500 mayores y se espera llegar a atender a alrededor de 3.850 personas en 2011.
La inversión para el año 2011 en atención domiciliaria es de 5.438.567 euros para sus dos modalidades: básico y derivado de la aplicación de la ley de dependencia.
Fuente : abc.es
MÁLAGA - EL PSOE PRESUME DE POLÍTICA SOCIAL
El PSOE presume de política social
Dirigentes del partido se reúnen en el Foro del Litoral para debatir sobre igualdad
La consejera del ramo subraya la inversión de 24 millones en la residencia de ancianos de Isdabe, que se inaugurará «en breve»
El Foro Socialista del Litoral malagueño, organizado por el PSOE, recaló ayer en Estepona.
Las políticas de igualdad y bienestar social centraron el debate de este espacio de participación creado por los socialistas de Málaga para elaborar un programa marco para las próximas elecciones municipales de 2011.
La consejera de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, Micaela Navarro, puso el punto final a esta jornada de debate. La responsable andaluza destacó la «apuesta» y la inversión realizada por los gobiernos socialistas para «no renunciar» a las políticas sociales.
«Cuando se ve la voluntad política de un partido es en momentos económicos difíciles y habrá infraestructuras que tardarán seis meses en terminarse pero todos los proyectos que tienen que ver con la Ley de Dependencia y la atención a las personas mayores se van a seguir desarrollando», dijo la consejera.
En el caso de Estepona, Navarro anunció que «en breve» se va a inaugurar la residencia de ancianos ubicada en la barriada de Isdabe, en la que la administración andaluza ha invertido 24 millones de euros, según dijo el alcalde de Estepona, David Valadez.
La consejera destacó además el «esfuerzo» del gobierno de la Junta de Andalucía en la implantación de la Ley de Dependencia y la atención a los mayores. En este sentido, afirmó que en Andalucía se está atendiendo a más ciudadanos que en once comunidades autónomas juntas, y que en las poblaciones del litoral de Málaga se prestan servicios relacionados con dependientes a más población que en algunas regiones autónomas enteras.
«Lo que les diría a todos es que cada vez que escuchan hablar de recortes sociales piensen en la residencia de Isdabe, en la ayuda a domicilio y en la apuesta por el desarrollo de la Ley de Dependencia», agregó la responsable andaluza de Bienestar Social, que hizo referencia además a que los presupuestos de la Junta no han recortado las partidas destinadas al estado del bienestar.
Así, destacó el incremento de los complementos para pensiones mínimas, la gratuidad de los libros de texto y la subvención del transporte escolar, entre otros aspectos.
El Foro Socialista del Litoral malagueño contó además con la presencia del secretario general de los socialistas malagueños, Miguel Ángel Heredia, que se refirió a los presupuestos del Estado para el próximo ejercicio. Al respecto, recordó que el 58% de estas cuentas irá a políticas sociales.
«En la Costa, las únicas políticas sociales las hacen los ayuntamientos del PSOE. Apostamos por mejorar los hospitales y crear nuevos centros sanitarios; mientras que hay otros ayuntamientos como el de Torremolinos donde se niegan a desarrollar la Ley de Dependencia», manifestó Heredia.
Fuente : diariosur.es
Dirigentes del partido se reúnen en el Foro del Litoral para debatir sobre igualdad
La consejera del ramo subraya la inversión de 24 millones en la residencia de ancianos de Isdabe, que se inaugurará «en breve»
El Foro Socialista del Litoral malagueño, organizado por el PSOE, recaló ayer en Estepona.
Las políticas de igualdad y bienestar social centraron el debate de este espacio de participación creado por los socialistas de Málaga para elaborar un programa marco para las próximas elecciones municipales de 2011.
La consejera de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, Micaela Navarro, puso el punto final a esta jornada de debate. La responsable andaluza destacó la «apuesta» y la inversión realizada por los gobiernos socialistas para «no renunciar» a las políticas sociales.
«Cuando se ve la voluntad política de un partido es en momentos económicos difíciles y habrá infraestructuras que tardarán seis meses en terminarse pero todos los proyectos que tienen que ver con la Ley de Dependencia y la atención a las personas mayores se van a seguir desarrollando», dijo la consejera.
En el caso de Estepona, Navarro anunció que «en breve» se va a inaugurar la residencia de ancianos ubicada en la barriada de Isdabe, en la que la administración andaluza ha invertido 24 millones de euros, según dijo el alcalde de Estepona, David Valadez.
La consejera destacó además el «esfuerzo» del gobierno de la Junta de Andalucía en la implantación de la Ley de Dependencia y la atención a los mayores. En este sentido, afirmó que en Andalucía se está atendiendo a más ciudadanos que en once comunidades autónomas juntas, y que en las poblaciones del litoral de Málaga se prestan servicios relacionados con dependientes a más población que en algunas regiones autónomas enteras.
«Lo que les diría a todos es que cada vez que escuchan hablar de recortes sociales piensen en la residencia de Isdabe, en la ayuda a domicilio y en la apuesta por el desarrollo de la Ley de Dependencia», agregó la responsable andaluza de Bienestar Social, que hizo referencia además a que los presupuestos de la Junta no han recortado las partidas destinadas al estado del bienestar.
Así, destacó el incremento de los complementos para pensiones mínimas, la gratuidad de los libros de texto y la subvención del transporte escolar, entre otros aspectos.
El Foro Socialista del Litoral malagueño contó además con la presencia del secretario general de los socialistas malagueños, Miguel Ángel Heredia, que se refirió a los presupuestos del Estado para el próximo ejercicio. Al respecto, recordó que el 58% de estas cuentas irá a políticas sociales.
«En la Costa, las únicas políticas sociales las hacen los ayuntamientos del PSOE. Apostamos por mejorar los hospitales y crear nuevos centros sanitarios; mientras que hay otros ayuntamientos como el de Torremolinos donde se niegan a desarrollar la Ley de Dependencia», manifestó Heredia.
Fuente : diariosur.es
ELCHE - EDIL CONSIDERA INSULTANTE LA VALORACIÓN DEL CONSELL SOBRE LA LEY
Edil considera "insultante" la valoración del Consell sobre Ley Dependencia
La concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Elche, Vicenta Pérez, ha calificado hoy de "insultante" que el director general de la Dependencia de la Generalitat, Pedro Hidalgo, haya asegurado que la Ley en esta materia funciona "de forma razonable" en la Comunitat.
Pérez se ha referido así a las declaraciones realizadas ayer por Hidalgo en la jornada técnico formativa sobre personas con discapacidad, organizada por el Instituto Valenciano de Atención al Discapacitado (IVADIS), en la que anunció también que "el Consell aprobará en unos meses un decreto para agilizar los trámites de la resolución de los expedientes".
Para la edil, la afirmación de Hidalgo supone "un insulto para los enfermos y sus familias", ya que "hay gente que lleva más de tres años esperando para cobrar la prestación y otros que han fallecido en la espera".
Por ello, Pérez ha opinado que las manifestaciones de Hidalgo reflejan "un absoluto desprecio hacia los dependientes y hacia todos los valencianos".
La concejala ha expuesto que la Generalitat "atraviesa un momento económico complicado como resultado del derroche continuado durante los últimos años", por lo que ha exigido que "se deje de gastos superfluos, como los parques temáticos de Ferrari, y se dedique a pagar a los dependientes".
"Es una tomadura de pelo que diga (Hidalgo) que en los próximos meses se aprobará un decreto para agilizar los trámites de la resolución de expedientes, pues llevan más de tres años anunciándolo", ha indicado
Fuente : abc.es
La concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Elche, Vicenta Pérez, ha calificado hoy de "insultante" que el director general de la Dependencia de la Generalitat, Pedro Hidalgo, haya asegurado que la Ley en esta materia funciona "de forma razonable" en la Comunitat.
Pérez se ha referido así a las declaraciones realizadas ayer por Hidalgo en la jornada técnico formativa sobre personas con discapacidad, organizada por el Instituto Valenciano de Atención al Discapacitado (IVADIS), en la que anunció también que "el Consell aprobará en unos meses un decreto para agilizar los trámites de la resolución de los expedientes".
Para la edil, la afirmación de Hidalgo supone "un insulto para los enfermos y sus familias", ya que "hay gente que lleva más de tres años esperando para cobrar la prestación y otros que han fallecido en la espera".
Por ello, Pérez ha opinado que las manifestaciones de Hidalgo reflejan "un absoluto desprecio hacia los dependientes y hacia todos los valencianos".
La concejala ha expuesto que la Generalitat "atraviesa un momento económico complicado como resultado del derroche continuado durante los últimos años", por lo que ha exigido que "se deje de gastos superfluos, como los parques temáticos de Ferrari, y se dedique a pagar a los dependientes".
"Es una tomadura de pelo que diga (Hidalgo) que en los próximos meses se aprobará un decreto para agilizar los trámites de la resolución de expedientes, pues llevan más de tres años anunciándolo", ha indicado
Fuente : abc.es
MÁLAGA - UNA AYUDA QUE NO LLEGA CUANDO MÁS SE NECESITA
Una ayuda que no llega cuando más se necesita
Leticia, con 14 años, está en una silla de ruedas especial y depende totalmente de sus padres a causa de su artritis idiopática juvenil
Leticia Ramos tiene 14 años y una artritis idiopática juvenil (AIJ) con diagnóstico grave. No puede valerse por sí misma y va en una silla de ruedas especial, pero le han denegado la ayuda de la Ley de Dependencia dos veces.
Según su informe clínico padece, además, osteoporosis grave, una cardiopatía, tiene la rótula izquierda desplazada, disimetría en los miembros inferiores y cambios degenerativos en la cadera. Desde septiembre está cursando un nuevo brote de su enfermedad con afectación poliarticular (hasta en nueve articulaciones), afectado al tobillo izquierdo, a ambas rodillas, cadera, muñecas y hombros, algo que ha obligado a su hospitalización para realizarle una infiltración múltiple y administrarle corticoides sistémicos.
Además, presenta un retraso grave del crecimiento, encontrándose muy por debajo de lo recomendable para su edad (talla actual: 125,5 cm), por lo que también recibe un tratamiento diario mediante inyecciones subcutáneas de hormonas de crecimiento. Sin embargo, parece ser que a ojos del Sistema Público Sanitario, Leticia no merece ser valorada como una persona dependiente.
El problema, según explica Nieves Rodríguez, madre de la pequeña, es que en el Centro de Valoración y Orientación de personas con discapacidad le dicen que tiene que esperar entre seis y diez meses para recibir esa valoración, y esto a pesar de que la delegada de Igualdad y Bienestar Social en Málaga, Ana Navarro, haya puesto en marcha un protocolo de actuación para agilizar los trámites que valoren lo antes posible a la menor y pueda obtener la ayuda, después de que la presidenta de la Asociación Malagueña de Artritis Reumatoide Amare, Remedios Gómez, se pusiera en contacto con ella para pedirle su colaboración.
Operación
El motivo de tal espera es una operación a la que Leticia se someterá, el día 10 de diciembre en el Hospital San Joan de Deu de Barcelona, por tener la rótula de su rodilla izquierda desplazada, ya que estos expertos creen que «tras la operación la niña podrá valerse por sí misma». Pero no es así, porque ella está gravemente enferma y el problema de su pierna solo es un añadido más a la enfermedad, explica su madre. «Me dicen que esta valoración no tiene nada que ver con la Ley de Dependencia, porque esto depende de los grados de minusvalía que tenga la niña y la ley es otra cosa, algo que no puedo llegar a entender», explica Nieves, que junto con su marido Antonio están recibiendo atención psicológica porque «se le viene grande» esta situación.
Además, lamenta que «existan personas a las que se le ha aprobado la ayuda y que realmente no la necesitan tanto como mi hija».
Por su parte, la presidenta de Amare considera que «el problema es que no hay dinero, pero por ley se le tiene que dar la ayuda a esta niña, y eso sin hablar de los derechos del menor, que están perdidos y se los están vulnerando a Leticia».
La pequeña, que ayer observaba atenta las caras desconsoladas de sus padres, les plantaba cara con una sonrisa, a la espera aún de poder comer algo tras los análisis.
Fuente : laopiniondemalaga.es/malaga
Leticia, con 14 años, está en una silla de ruedas especial y depende totalmente de sus padres a causa de su artritis idiopática juvenil
Leticia Ramos tiene 14 años y una artritis idiopática juvenil (AIJ) con diagnóstico grave. No puede valerse por sí misma y va en una silla de ruedas especial, pero le han denegado la ayuda de la Ley de Dependencia dos veces.
Según su informe clínico padece, además, osteoporosis grave, una cardiopatía, tiene la rótula izquierda desplazada, disimetría en los miembros inferiores y cambios degenerativos en la cadera. Desde septiembre está cursando un nuevo brote de su enfermedad con afectación poliarticular (hasta en nueve articulaciones), afectado al tobillo izquierdo, a ambas rodillas, cadera, muñecas y hombros, algo que ha obligado a su hospitalización para realizarle una infiltración múltiple y administrarle corticoides sistémicos.
Además, presenta un retraso grave del crecimiento, encontrándose muy por debajo de lo recomendable para su edad (talla actual: 125,5 cm), por lo que también recibe un tratamiento diario mediante inyecciones subcutáneas de hormonas de crecimiento. Sin embargo, parece ser que a ojos del Sistema Público Sanitario, Leticia no merece ser valorada como una persona dependiente.
El problema, según explica Nieves Rodríguez, madre de la pequeña, es que en el Centro de Valoración y Orientación de personas con discapacidad le dicen que tiene que esperar entre seis y diez meses para recibir esa valoración, y esto a pesar de que la delegada de Igualdad y Bienestar Social en Málaga, Ana Navarro, haya puesto en marcha un protocolo de actuación para agilizar los trámites que valoren lo antes posible a la menor y pueda obtener la ayuda, después de que la presidenta de la Asociación Malagueña de Artritis Reumatoide Amare, Remedios Gómez, se pusiera en contacto con ella para pedirle su colaboración.
Operación
El motivo de tal espera es una operación a la que Leticia se someterá, el día 10 de diciembre en el Hospital San Joan de Deu de Barcelona, por tener la rótula de su rodilla izquierda desplazada, ya que estos expertos creen que «tras la operación la niña podrá valerse por sí misma». Pero no es así, porque ella está gravemente enferma y el problema de su pierna solo es un añadido más a la enfermedad, explica su madre. «Me dicen que esta valoración no tiene nada que ver con la Ley de Dependencia, porque esto depende de los grados de minusvalía que tenga la niña y la ley es otra cosa, algo que no puedo llegar a entender», explica Nieves, que junto con su marido Antonio están recibiendo atención psicológica porque «se le viene grande» esta situación.
Además, lamenta que «existan personas a las que se le ha aprobado la ayuda y que realmente no la necesitan tanto como mi hija».
Por su parte, la presidenta de Amare considera que «el problema es que no hay dinero, pero por ley se le tiene que dar la ayuda a esta niña, y eso sin hablar de los derechos del menor, que están perdidos y se los están vulnerando a Leticia».
La pequeña, que ayer observaba atenta las caras desconsoladas de sus padres, les plantaba cara con una sonrisa, a la espera aún de poder comer algo tras los análisis.
Fuente : laopiniondemalaga.es/malaga
A CORUÑA - LA UNED PASARÁ REVISTA JORNADAS APLICACIÓN LEY
La UNED pasará revista en unas jornadas a la aplicación de la ley de la dependencia
El jueves y el viernes próximos, la sede de la UNED acogerá el seminario El ejercicio profesional de los trabajadores sociales en el ámbito de la aplicación de la ley de dependencia , en la que se debatirá y reflexionará sobre los casi cuatro años de vigencia de uno de los instrumentos legislativos más importantes de las para el desarrollo de las políticas sociales.
El curso será impartido por Alfredo Hidalgo, profesor de Trabajo Social de la UNED, y Ana Lima, presidenta del Consejo General de Trabajadores Sociales. Los interesados en participar pueden inscribirse en el centro de Pepín Rivero, de 9 a 13 y de 16 a 19 horas.
Fuente : lavozdegalicia.es/coruna
El jueves y el viernes próximos, la sede de la UNED acogerá el seminario El ejercicio profesional de los trabajadores sociales en el ámbito de la aplicación de la ley de dependencia , en la que se debatirá y reflexionará sobre los casi cuatro años de vigencia de uno de los instrumentos legislativos más importantes de las para el desarrollo de las políticas sociales.
El curso será impartido por Alfredo Hidalgo, profesor de Trabajo Social de la UNED, y Ana Lima, presidenta del Consejo General de Trabajadores Sociales. Los interesados en participar pueden inscribirse en el centro de Pepín Rivero, de 9 a 13 y de 16 a 19 horas.
Fuente : lavozdegalicia.es/coruna
ELCHE - COMPROMISO PARA AGILIZAR LAS AYUDAS
Compromiso para agilizar las ayudas a la dependencia
El director general admite que se tarda más de lo debido en conceder las ayudas, pero aseguró que no hay mucho retraso en las valoraciones
El director general de la Dependencia, Pedro Hidalgo, fue ayer el encargado de inaugurar la jornada técnica formativa sobre personas con discapacidad organizada por el IVADIS en el Colegio de Abogados de Elche.
El responsable autonómico explicó que la Ley de la Dependencia está funcionando de forma razonable y anunció que en unos meses se aprobará un decreto que el Gobierno Valenciano ha consensuado con los colectivos y asociaciones, para agilizar los trámites de la resolución de los expedientes de ayudas que se solicitan.
Según Hidalgo, además, de este decreto será necesaria la aportación de más dinero del Gobierno Central para responder a la demanda.
El responsable autonómico ha reconocido que se tarda más de lo deseado en conceder las ayudas a los dependientes que las solicitan, pero señaló que en las valoraciones no hay mucho retraso.
Por otro lado, el Colegio de Abogados de Elche ha proclamados los cargos electos a la Junta de Gobierno al haberse presentado una única candidatura a las elecciones convocadas para el próximo día 18 de diciembre y reuniendo todos los candidatos los requisitos estatutarios para ello.
Por ello, la junta queda compuesta por la decana Mª del Carmen Pérez Cascales, secretario Vicente Pascual, tesorero Luis Antón, bibliotecario Vicente Serna, diputado 1º Antonio Vicente, diputado 2º Jaume Sempere, diputado 3º Antonio Prats, diputada 4ª María Gómez, diputado 5º Carlos Felipe Ros, diputada 6ª Mª Pilar Peña, diputada 7ª Rosana Poveda y diputado 8º Salvador Reyes.
Fuente : diarioinformacion.com/elche
El director general admite que se tarda más de lo debido en conceder las ayudas, pero aseguró que no hay mucho retraso en las valoraciones
El director general de la Dependencia, Pedro Hidalgo, fue ayer el encargado de inaugurar la jornada técnica formativa sobre personas con discapacidad organizada por el IVADIS en el Colegio de Abogados de Elche.
El responsable autonómico explicó que la Ley de la Dependencia está funcionando de forma razonable y anunció que en unos meses se aprobará un decreto que el Gobierno Valenciano ha consensuado con los colectivos y asociaciones, para agilizar los trámites de la resolución de los expedientes de ayudas que se solicitan.
Según Hidalgo, además, de este decreto será necesaria la aportación de más dinero del Gobierno Central para responder a la demanda.
El responsable autonómico ha reconocido que se tarda más de lo deseado en conceder las ayudas a los dependientes que las solicitan, pero señaló que en las valoraciones no hay mucho retraso.
Por otro lado, el Colegio de Abogados de Elche ha proclamados los cargos electos a la Junta de Gobierno al haberse presentado una única candidatura a las elecciones convocadas para el próximo día 18 de diciembre y reuniendo todos los candidatos los requisitos estatutarios para ello.
Por ello, la junta queda compuesta por la decana Mª del Carmen Pérez Cascales, secretario Vicente Pascual, tesorero Luis Antón, bibliotecario Vicente Serna, diputado 1º Antonio Vicente, diputado 2º Jaume Sempere, diputado 3º Antonio Prats, diputada 4ª María Gómez, diputado 5º Carlos Felipe Ros, diputada 6ª Mª Pilar Peña, diputada 7ª Rosana Poveda y diputado 8º Salvador Reyes.
Fuente : diarioinformacion.com/elche
ASTURIAS - PRESTACIONES DEPENDENCIA LEVE
Más de la mitad de los asturianos con dependencia leve reciben ya prestaciones
El Principado se ha adelantado al desarrollo de la ley y dispone de 1.684 plazas en centros donde se les presta atención y se fomenta su autonomía
La Consejería de Bienestar Social ha creado en estos dos últimos años 213 plazas para personas con dependencia leve en centros de atención social y formación.
A estas alturas ya dispone de 1.684 plazas de esas características y con ellas quedan cubiertas las necesidades de más de la mitad -alrededor del 65 por ciento- de los 2.626 asturianos que ya tienen reconocido ese grado de dependencia -el 1, II- y que han de recibir atención por ley a partir del próximo 1 de enero.
La Administración regional ha dedicado este año 6,4 millones de euros a la ampliación de estos servicios y sigue adelante con esas inversiones con la próxima apertura en Oviedo de un centro de día para personas mayores de 50 años y con discapacidad intelectual.
Asturias se ha adelantado a la entrada en vigor del nuevo grado de dependencia -el 1, nivel II-. Existen tres grados reconocidos por ley: gran dependencia (pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, lo que requiere una persona dedicada por entero a su cuidado); dependencia severa (cuando esa persona necesita ayuda varias veces al día para realizar actividades básicas de la vida diaria, como hacer los recados), aunque no requiere el apoyo permanente de un cuidador, y dependencia moderada (sí necesita ayuda para alguna rutina diaria, por ejemplo, lavarse, pero en general puede desenvolverse por sí solo).
Cada uno de esos niveles tiene además dos grados, II -el más intenso- y I -el más leve-. Dentro de un mes entrará en vigor el penúltimo grado previsto en el desarrollo de la ley y en un par de años culminará su aplicación con el grado 1 nivel I. Ahora mismo la red asturiana de Dependencia, según sus responsables, «ofrece una atención de mayor intensidad y calidad que lo previsto para el nuevo nivel de dependencia», por encima de las 25 horas semanales de atención directa y las 30 horas mensuales de terapia para mejorar su autonomía y evitar el avance de la dependencia.
Impotente y perdido en un laberinto de papeles. Así se sentía Ezequiel Sanzo buscando plaza para sus padres en una residencia pública. Cuando la consiguió, su madre sólo pudo ocuparla durante mes y medio. Sanzo cuenta que la tramitación de la ley de Dependencia «fue una tramitación espantosa, lenta, lentísima», en la que tropezó una y otra vez con la impasibilidad de los burócratas.
Sanzo solicitó en abril de 2007 dos plazas a través del ERA, el organismo que gestiona las residencias y centros de día del Principado. Una era para su madre Concepción, de 77 años, que no podía caminar y acumulaba enfermedades; la otra para su padre, Ezequiel, de 82, que arrastraba las secuelas de un ictus. En mayo de aquel año obtuvieron la calificación de «personas asistidas», él con una discapacidad del 84 por ciento y ella del 85, y, según Sanzo, entraron en lista de espera porque no había plaza en ninguna de las residencias que la familia había pedido, las tres en Oviedo.
La ley de Dependencia complicó el proceso. Sanzo está convencido. «En febrero de 2008, en los servicios sociales municipales me dijeron que iniciara los trámites de la Dependencia, que de lo contrario no tendría plaza porque ahora la Dependencia era prioridad», relata. Lo hizo. Presentó el papeleo para sus padres el 4 de julio, la valoración tardó 10 meses y pasó un año antes de obtener la declaración de dependencia: Concepción, el grado III, nivel 2; su marido, el máximo (III, nivel 1).
Ahí no acabó la espera. Quedaba firmar el plan individualizado de atención, el PIA. «Me decían que sí, que el expediente estaba allí, y me señalaban un armario lleno de papeles», recuerda, y cada vez que iba a pedir información le daban una fecha más lejana de resolución. Así que Sanzo echó mano de todos los recursos a su alcance, inútilmente. Dice que habló, informalmente, con la consejera de Bienestar Social, que entregó un escrito a la Dirección General de Servicios Sociales y recurrió a la diputada del PP Inmaculada González, a quien dice estar muy agradecido.
Tres años después del inicio de este relato, el pasado 1 de marzo los padres de Ezequiel ingresaron en la residencia San Pancracio, en Albandi, la más próxima a Oviedo que se pudo encontrar. La situación en casa era insostenible. Ambos requerían atención constante, sólo podían desplazarse en silla de ruedas, necesitaban ayuda para comer y las visitas médicas eran continuas. Su madre falleció mes y medio después.
Fuente : lne.es
El Principado se ha adelantado al desarrollo de la ley y dispone de 1.684 plazas en centros donde se les presta atención y se fomenta su autonomía
La Consejería de Bienestar Social ha creado en estos dos últimos años 213 plazas para personas con dependencia leve en centros de atención social y formación.
A estas alturas ya dispone de 1.684 plazas de esas características y con ellas quedan cubiertas las necesidades de más de la mitad -alrededor del 65 por ciento- de los 2.626 asturianos que ya tienen reconocido ese grado de dependencia -el 1, II- y que han de recibir atención por ley a partir del próximo 1 de enero.
La Administración regional ha dedicado este año 6,4 millones de euros a la ampliación de estos servicios y sigue adelante con esas inversiones con la próxima apertura en Oviedo de un centro de día para personas mayores de 50 años y con discapacidad intelectual.
Asturias se ha adelantado a la entrada en vigor del nuevo grado de dependencia -el 1, nivel II-. Existen tres grados reconocidos por ley: gran dependencia (pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, lo que requiere una persona dedicada por entero a su cuidado); dependencia severa (cuando esa persona necesita ayuda varias veces al día para realizar actividades básicas de la vida diaria, como hacer los recados), aunque no requiere el apoyo permanente de un cuidador, y dependencia moderada (sí necesita ayuda para alguna rutina diaria, por ejemplo, lavarse, pero en general puede desenvolverse por sí solo).
Cada uno de esos niveles tiene además dos grados, II -el más intenso- y I -el más leve-. Dentro de un mes entrará en vigor el penúltimo grado previsto en el desarrollo de la ley y en un par de años culminará su aplicación con el grado 1 nivel I. Ahora mismo la red asturiana de Dependencia, según sus responsables, «ofrece una atención de mayor intensidad y calidad que lo previsto para el nuevo nivel de dependencia», por encima de las 25 horas semanales de atención directa y las 30 horas mensuales de terapia para mejorar su autonomía y evitar el avance de la dependencia.
Impotente y perdido en un laberinto de papeles. Así se sentía Ezequiel Sanzo buscando plaza para sus padres en una residencia pública. Cuando la consiguió, su madre sólo pudo ocuparla durante mes y medio. Sanzo cuenta que la tramitación de la ley de Dependencia «fue una tramitación espantosa, lenta, lentísima», en la que tropezó una y otra vez con la impasibilidad de los burócratas.
Sanzo solicitó en abril de 2007 dos plazas a través del ERA, el organismo que gestiona las residencias y centros de día del Principado. Una era para su madre Concepción, de 77 años, que no podía caminar y acumulaba enfermedades; la otra para su padre, Ezequiel, de 82, que arrastraba las secuelas de un ictus. En mayo de aquel año obtuvieron la calificación de «personas asistidas», él con una discapacidad del 84 por ciento y ella del 85, y, según Sanzo, entraron en lista de espera porque no había plaza en ninguna de las residencias que la familia había pedido, las tres en Oviedo.
La ley de Dependencia complicó el proceso. Sanzo está convencido. «En febrero de 2008, en los servicios sociales municipales me dijeron que iniciara los trámites de la Dependencia, que de lo contrario no tendría plaza porque ahora la Dependencia era prioridad», relata. Lo hizo. Presentó el papeleo para sus padres el 4 de julio, la valoración tardó 10 meses y pasó un año antes de obtener la declaración de dependencia: Concepción, el grado III, nivel 2; su marido, el máximo (III, nivel 1).
Ahí no acabó la espera. Quedaba firmar el plan individualizado de atención, el PIA. «Me decían que sí, que el expediente estaba allí, y me señalaban un armario lleno de papeles», recuerda, y cada vez que iba a pedir información le daban una fecha más lejana de resolución. Así que Sanzo echó mano de todos los recursos a su alcance, inútilmente. Dice que habló, informalmente, con la consejera de Bienestar Social, que entregó un escrito a la Dirección General de Servicios Sociales y recurrió a la diputada del PP Inmaculada González, a quien dice estar muy agradecido.
Tres años después del inicio de este relato, el pasado 1 de marzo los padres de Ezequiel ingresaron en la residencia San Pancracio, en Albandi, la más próxima a Oviedo que se pudo encontrar. La situación en casa era insostenible. Ambos requerían atención constante, sólo podían desplazarse en silla de ruedas, necesitaban ayuda para comer y las visitas médicas eran continuas. Su madre falleció mes y medio después.
Fuente : lne.es
lunes, 29 de noviembre de 2010
MADRID - LA COMUNIDAD FORMA A 90 TRABAJADORES SOCIALES
La Comunidad de Madrid forma a 90 trabajadores sociales de atención social primaria en materia de dependencia
La Comunidad de Madrid, en colaboración con el Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Madrid, organizó unas jornadas los días 16 y 22 de noviembre, en las que 90 trabajadores sociales, principalmente, de los servicios sociales de Atención Primaria, han recibido formación en materia de dependencia.
Los asistentes abordaron los procedimientos para la solicitud de la Ley de Dependencia y el catálogo de recursos que ofrece el Ejecutivo regional.
Miguel Ángel García Martín , director general de Coordinación de Dependencia, señaló que esta acción formativa se ha impartido con el objetivo de preparar a los profesionales para que “puedan ofrecer el mejor cuidado directo al colectivo dependiente y a sus familias”.
Los asistentes abordaron los procedimientos para la solicitud de la Ley de Dependencia y el catálogo de recursos que ofrece el Ejecutivo regional –residencias, centros de día, teleasistencia, ayuda a domicilio, prestaciones económicas–.
Además, conocieron los trámites que sigue la Dirección General de Coordinación de Dependencia de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, así como el trabajo que realizan los técnicos de la Comunidad de Madrid en cuanto a la aplicación de la norma se refiere.
García Martín subrayó que “contar con una adecuada formación resulta la mejor garantía para ofrecer un servicio de calidad”. En ese sentido, indicó que han querido potenciar más las habilidades de los trabajadores “a los que les ofrecemos nuevas herramientas para que puedan prestar una asistencia lo más especializada posible”.
También apuntó que, al disponer de un equipo de profesionales con un perfil sociosanitario, capaz de atender todas las circunstancias y patologías de los dependientes, “garantizamos que el ciudadano recibe el mejor cuidado posible y, además, nos permite saber el recurso o la prestación que más se adapta a sus necesidades”.
Por último, García Martín recordó que, según datos del Ministerio de Sanidad, Igualdad y Política Social , el Ejecutivo regional ya ha valorado el 92% de las solicitudes de dependencia y que ocho de cada diez personas ya reciben las ayudas.
Fuente : gestionresidencial.com
La Comunidad de Madrid, en colaboración con el Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Madrid, organizó unas jornadas los días 16 y 22 de noviembre, en las que 90 trabajadores sociales, principalmente, de los servicios sociales de Atención Primaria, han recibido formación en materia de dependencia.
Los asistentes abordaron los procedimientos para la solicitud de la Ley de Dependencia y el catálogo de recursos que ofrece el Ejecutivo regional.
Miguel Ángel García Martín , director general de Coordinación de Dependencia, señaló que esta acción formativa se ha impartido con el objetivo de preparar a los profesionales para que “puedan ofrecer el mejor cuidado directo al colectivo dependiente y a sus familias”.
Los asistentes abordaron los procedimientos para la solicitud de la Ley de Dependencia y el catálogo de recursos que ofrece el Ejecutivo regional –residencias, centros de día, teleasistencia, ayuda a domicilio, prestaciones económicas–.
Además, conocieron los trámites que sigue la Dirección General de Coordinación de Dependencia de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, así como el trabajo que realizan los técnicos de la Comunidad de Madrid en cuanto a la aplicación de la norma se refiere.
García Martín subrayó que “contar con una adecuada formación resulta la mejor garantía para ofrecer un servicio de calidad”. En ese sentido, indicó que han querido potenciar más las habilidades de los trabajadores “a los que les ofrecemos nuevas herramientas para que puedan prestar una asistencia lo más especializada posible”.
También apuntó que, al disponer de un equipo de profesionales con un perfil sociosanitario, capaz de atender todas las circunstancias y patologías de los dependientes, “garantizamos que el ciudadano recibe el mejor cuidado posible y, además, nos permite saber el recurso o la prestación que más se adapta a sus necesidades”.
Por último, García Martín recordó que, según datos del Ministerio de Sanidad, Igualdad y Política Social , el Ejecutivo regional ya ha valorado el 92% de las solicitudes de dependencia y que ocho de cada diez personas ya reciben las ayudas.
Fuente : gestionresidencial.com
PAJÍN - "LOS DEPENDIENTES SIN ATENDER SON SU MEJOR ACICATE PARA IMPULSAR LA LEY"
Pajín asegura que los dependientes sin atender son su mejor "acicate" para impulsar la ley de dependencia
La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, aseguró este lunes que todas las personas dependientes que aún no reciben atención son su mejor "acicate" para impulsar la Ley de Dependencia.
Pajín destacó, en un encuentro informativo con Servimedia, que no se olvida de las personas que aún no han podido beneficiarse de la Ley de Dependencia, que lleva tres años en marcha, porque ellas son "mi mejor acicate. Pero también es verdad que ya hay atendidas 650.000 personas".
Asimismo, la titular de Sanidad, Política Social e Igualdad reveló que el próximo Consejo de Ministros, que se celebrará el viernes 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, aprobará un informe que repasará "algunas de las iniciativas que afectan a las personas con discapacidad, que se aprobarán en los próximos meses".
SERVICIOS SOCIALES Y DE EMPLEO
El informe propondrá, entre otras cuestiones, coordinar mejor las prestaciones de los servicios sociales y de los servicios de empleo para la inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, ajustes normativos para adecuar la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, e impulsar la plena participación política de las personas con discapacidad en las próximas elecciones municipales.
Pajín señaló que la agenda social del Gobierno también tendrá muy en cuenta la inserción laboral de los discapacitados. "Pretendemos ajustar mejor los servicios públicos de empleo para desempleados con el objetivo de que la búsqueda de empleo sea más eficaz", explicó. El Gobierno también busca mejorar la formación de los trabajadores en paro.
Por último, la titular de Sanidad, Política Social e Igualdad manifestó que también pondrá sobre la mesa "la cláusula social de la compra pública con responsabilidad social, algo muy demandadado por el Tercer Sector".
Fuente : diariosigloxxi.com
La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, aseguró este lunes que todas las personas dependientes que aún no reciben atención son su mejor "acicate" para impulsar la Ley de Dependencia.
Pajín destacó, en un encuentro informativo con Servimedia, que no se olvida de las personas que aún no han podido beneficiarse de la Ley de Dependencia, que lleva tres años en marcha, porque ellas son "mi mejor acicate. Pero también es verdad que ya hay atendidas 650.000 personas".
Asimismo, la titular de Sanidad, Política Social e Igualdad reveló que el próximo Consejo de Ministros, que se celebrará el viernes 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, aprobará un informe que repasará "algunas de las iniciativas que afectan a las personas con discapacidad, que se aprobarán en los próximos meses".
SERVICIOS SOCIALES Y DE EMPLEO
El informe propondrá, entre otras cuestiones, coordinar mejor las prestaciones de los servicios sociales y de los servicios de empleo para la inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, ajustes normativos para adecuar la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, e impulsar la plena participación política de las personas con discapacidad en las próximas elecciones municipales.
Pajín señaló que la agenda social del Gobierno también tendrá muy en cuenta la inserción laboral de los discapacitados. "Pretendemos ajustar mejor los servicios públicos de empleo para desempleados con el objetivo de que la búsqueda de empleo sea más eficaz", explicó. El Gobierno también busca mejorar la formación de los trabajadores en paro.
Por último, la titular de Sanidad, Política Social e Igualdad manifestó que también pondrá sobre la mesa "la cláusula social de la compra pública con responsabilidad social, algo muy demandadado por el Tercer Sector".
Fuente : diariosigloxxi.com
domingo, 28 de noviembre de 2010
MADRID - GÓMEZ CRITICA A AGUIRRE POR RECLAMAR UN RETRASO EN EL AVE
Critica a Aguirre por reclamar 460 euros por un retraso del AVE
Gómez: "¿Os imagináis que todos los que sufren lista de espera pidiesen indemnización a la Comunidad de Madrid?"
El secretario general del PSM y candidato a la Comunidad de Madrid, Tomás Gómez, ha criticado este domingo a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, por reclamar 460 euros a Renfe por el retraso que sufrió su AVE cuando iba de camino a Lleida, y ha instado a los madrileños a preguntarse qué pasaría si todos los que están en lista de espera o no tienen plaza en las escuelas infantiles pidieran indemnización al Gobierno autonómico.
"¿Os imagináis que todos los madrileños que sufren lista de espera, o que no tienen escuelas infantiles, o que no tienen plaza para residencia pidiesen indemnización a la Comunidad de Madrid?", ha lanzado Gómez ante un auditorio de cerca de 600 personas congregadas en el centro de convenciones del Hotel Meliá Castilla para asistir a la presentación de Jaime Lissavetzky como candidato a la Alcaldía de la capital.
Para Gómez, la política "no es frivolidad", ni una foto, ni "un corte de 20 segundos", sino coherencia, algo que, a su juicio, "falta mucho en los gobernantes" que hay en la región, momento en que ha sacado a colación la reclamación que Aguirre ha hecho a Renfe. "Renfe indemniza a los pasajeros y a los viajeros cuando sufren un retraso. Esperanza Aguirre, la primera reclamando una indemnización", ha apuntado.
El líder de los socialistas madrileños, que ha recalcado ante el vicepresidente y ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba, que el partido está "unido, cohesionado, con ganas y con ilusión", ha insistido en que en la Comunidad de Madrid se va a producir un cambio de ciclo, y ha subrayado que el periodo del PP "se está acabando" porque su proyecto "está agotado".
"El PP habrá hechos cosas en Madrid. Mentiríamos si dijésemos que todo lo que han hecho lo han hecho mal, pero todo lo que podían aportar ya lo han hecho. Ya nada nuevo ni bueno pueden aportar" ha apostillado, al tiempo que ha contrapuesto el modelo "agotado" del PP al programa "sólido y emergente del PSOE".
Tras manifestar que en las instituciones hace falta "gente seria, capaz de gobernar con dificultades", se ha mostrado convencido de que los socialistas gobernarán en Madrid a partir del 22 de mayo. "Será un proceso electoral de mucha intensidad", ha agregado.
UN MODELO DE QUE HA QUEBRADO
Gómez ha empleado parte de su discurso en describir lo que, a su modo de ver, es el modelo que defiende Aguirre: "neoliberalismo en lo económico, integrismo religioso en lo ideológico y un concepto de nacionalismo que no se corresponde con la realidad".
Desde su punto de vista, el modelo que defiende la derecha "ha quebrado" y está "equivocado", por lo que ha ofrecido a los madrileños su proyecto socialdemócrata con el que trabajarán para salir de la crisis. "Esta crisis no es diferente. Podrá ser más intensa, la más dura e intensa de últimos 70 años, pero como el modelo siga siendo el mismo, habrá más crisis como esta dentro de un año, de dos o de cinco", ha sentenciado.
El candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid ha abogado por unos impuestos justos -que pague más el que más tiene-- y la idea de que la corrupción no es inherente a las instituciones como, ha dicho, defiende Aguirre. "La corrupción es inherente a las instituciones... ¡Será a las que gobierna el PP en esta Comunidad!", ha exclamado.
También ha avanzado que los socialistas harán, de cara a las elecciones autonómicas, una campaña de valores y principios en la que apostarán por un modelo educativo "que tiene que ver con un modelo laico para esta sociedad" y por una Sanidad que sea "patrimonio de todos".
"Vamos a hablar a la gente de estas cosas, de nuestro modelo de servicios públicos, vamos a decir que es posible otro modelo económico, que la política es el instrumento de la mayoría. De aquí al 22 de mayo vamos a dejarnos la piel en Madrid para que haya un gobierno socialista en la Comunidad y para que Jaime sea el alcalde de una ciudad que, no sólo es la capital de España, sino que tiene que ser referencia en Europa y en el mundo", ha concluido.
"CUALQUIER NOCHE PUEDE SALIR EL SOL"
Por su parte, la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Maru Menéndez, encargada de abrir el acto, ha asegurado ante el auditorio que los socialistas están preparados para gobernar y ha recordado que hace poco han demostrado que "cualquier noche puede salir el sol".
La diputada ha apuntado que quedan 175 días para "que se hagan realidad" los sueños de "millones de madrileños que luchan por sacar adelante a su familia, por mantener su empleo, por buscar un puesto de trabajo y por formarse". "Son millones de ciudadanos los que quieren confiar en nosotros, que no quieren un gobierno autoritario, fuerte con los débiles y débil con los poderosos, entregado a los especuladores", ha apostillado.
Menéndez ha criticado a lo largo de su intervención que el Gobierno regional no aplica la Ley de Dependencia y "deja de gestionar cada año 200 millones de euros en políticas activas de empleo en Madrid mientras despilfarra en publicidad, propaganda, autobombo y altos cargos".
Por razones como esta, la portavoz socialista considera que la región necesita "un cambio" y ha aseverado que los socialistas "están dispuestos" a encabezarlo". "Estamos dispuestos a asumir la responsabilidad de Gobierno, estamos preparados para gobernar, sabemos lo que queremos . Nunca vais a escuchar falsas promesas, pero sí compromisos", ha garantizado.
Tras echar en cara a la derecha que solo invocan la crisis "para llegar al poder", ha prometido que los socialistas llegarán al Gobierno con un solo objetivo: "trabajar, trabajar, trabajar".
Gómez: "¿Os imagináis que todos los que sufren lista de espera pidiesen indemnización a la Comunidad de Madrid?"
El secretario general del PSM y candidato a la Comunidad de Madrid, Tomás Gómez, ha criticado este domingo a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, por reclamar 460 euros a Renfe por el retraso que sufrió su AVE cuando iba de camino a Lleida, y ha instado a los madrileños a preguntarse qué pasaría si todos los que están en lista de espera o no tienen plaza en las escuelas infantiles pidieran indemnización al Gobierno autonómico.
"¿Os imagináis que todos los madrileños que sufren lista de espera, o que no tienen escuelas infantiles, o que no tienen plaza para residencia pidiesen indemnización a la Comunidad de Madrid?", ha lanzado Gómez ante un auditorio de cerca de 600 personas congregadas en el centro de convenciones del Hotel Meliá Castilla para asistir a la presentación de Jaime Lissavetzky como candidato a la Alcaldía de la capital.
Para Gómez, la política "no es frivolidad", ni una foto, ni "un corte de 20 segundos", sino coherencia, algo que, a su juicio, "falta mucho en los gobernantes" que hay en la región, momento en que ha sacado a colación la reclamación que Aguirre ha hecho a Renfe. "Renfe indemniza a los pasajeros y a los viajeros cuando sufren un retraso. Esperanza Aguirre, la primera reclamando una indemnización", ha apuntado.
El líder de los socialistas madrileños, que ha recalcado ante el vicepresidente y ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba, que el partido está "unido, cohesionado, con ganas y con ilusión", ha insistido en que en la Comunidad de Madrid se va a producir un cambio de ciclo, y ha subrayado que el periodo del PP "se está acabando" porque su proyecto "está agotado".
"El PP habrá hechos cosas en Madrid. Mentiríamos si dijésemos que todo lo que han hecho lo han hecho mal, pero todo lo que podían aportar ya lo han hecho. Ya nada nuevo ni bueno pueden aportar" ha apostillado, al tiempo que ha contrapuesto el modelo "agotado" del PP al programa "sólido y emergente del PSOE".
Tras manifestar que en las instituciones hace falta "gente seria, capaz de gobernar con dificultades", se ha mostrado convencido de que los socialistas gobernarán en Madrid a partir del 22 de mayo. "Será un proceso electoral de mucha intensidad", ha agregado.
UN MODELO DE QUE HA QUEBRADO
Gómez ha empleado parte de su discurso en describir lo que, a su modo de ver, es el modelo que defiende Aguirre: "neoliberalismo en lo económico, integrismo religioso en lo ideológico y un concepto de nacionalismo que no se corresponde con la realidad".
Desde su punto de vista, el modelo que defiende la derecha "ha quebrado" y está "equivocado", por lo que ha ofrecido a los madrileños su proyecto socialdemócrata con el que trabajarán para salir de la crisis. "Esta crisis no es diferente. Podrá ser más intensa, la más dura e intensa de últimos 70 años, pero como el modelo siga siendo el mismo, habrá más crisis como esta dentro de un año, de dos o de cinco", ha sentenciado.
El candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid ha abogado por unos impuestos justos -que pague más el que más tiene-- y la idea de que la corrupción no es inherente a las instituciones como, ha dicho, defiende Aguirre. "La corrupción es inherente a las instituciones... ¡Será a las que gobierna el PP en esta Comunidad!", ha exclamado.
También ha avanzado que los socialistas harán, de cara a las elecciones autonómicas, una campaña de valores y principios en la que apostarán por un modelo educativo "que tiene que ver con un modelo laico para esta sociedad" y por una Sanidad que sea "patrimonio de todos".
"Vamos a hablar a la gente de estas cosas, de nuestro modelo de servicios públicos, vamos a decir que es posible otro modelo económico, que la política es el instrumento de la mayoría. De aquí al 22 de mayo vamos a dejarnos la piel en Madrid para que haya un gobierno socialista en la Comunidad y para que Jaime sea el alcalde de una ciudad que, no sólo es la capital de España, sino que tiene que ser referencia en Europa y en el mundo", ha concluido.
"CUALQUIER NOCHE PUEDE SALIR EL SOL"
Por su parte, la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Maru Menéndez, encargada de abrir el acto, ha asegurado ante el auditorio que los socialistas están preparados para gobernar y ha recordado que hace poco han demostrado que "cualquier noche puede salir el sol".
La diputada ha apuntado que quedan 175 días para "que se hagan realidad" los sueños de "millones de madrileños que luchan por sacar adelante a su familia, por mantener su empleo, por buscar un puesto de trabajo y por formarse". "Son millones de ciudadanos los que quieren confiar en nosotros, que no quieren un gobierno autoritario, fuerte con los débiles y débil con los poderosos, entregado a los especuladores", ha apostillado.
Menéndez ha criticado a lo largo de su intervención que el Gobierno regional no aplica la Ley de Dependencia y "deja de gestionar cada año 200 millones de euros en políticas activas de empleo en Madrid mientras despilfarra en publicidad, propaganda, autobombo y altos cargos".
Por razones como esta, la portavoz socialista considera que la región necesita "un cambio" y ha aseverado que los socialistas "están dispuestos" a encabezarlo". "Estamos dispuestos a asumir la responsabilidad de Gobierno, estamos preparados para gobernar, sabemos lo que queremos . Nunca vais a escuchar falsas promesas, pero sí compromisos", ha garantizado.
Tras echar en cara a la derecha que solo invocan la crisis "para llegar al poder", ha prometido que los socialistas llegarán al Gobierno con un solo objetivo: "trabajar, trabajar, trabajar".
CIUDADANO C.V. - LA LEY DE LA DEPENDENCIA NO ES UN JUEGO
La Ley de Depencia no es un juego
Después de mucho penar para obtener las ayudas de la Ley de Dependencia, la Conselleria de Bienestar Social mediante un decreto, se va a comprometer con los ciudadanos, a resolver los expedientes en un plazo máximo de seis meses.
Se va a acabar eso de ver cómo pasan los años sin que las ayudas lleguen y los expedientes van cogiendo polvo mientras la situación social y física del enfermo se va deteriorando. Eso es más o menos lo que se propone la consellera de Bienestar Social, Angélica Such.
Pero la procesión va por dentro. Y una vez más sospecho, a partir de mi experiencia personal, que estamos ante una operación donde lo que prima es la estadística por encima de las necesidades de los afectados. Pues a la hora de la verdad, las cosas se siguen haciendo con tan poco rigor que cabe poca esperanza de mejora.
Les cuento mi caso. Por segunda vez en menos de tres meses y cuando ya debería estar tramitándose el informe presentado ante la Conselleria, ha habido que repetir la evaluación del caso de mi hermana que es esquizofrénica con una incapacidad laboral absoluta y cuadro de drogodependencia.
Nadie ha sabido aclararnos los motivos de esta pérdida de tiempo en un trámite ya cumplimentado, pero lo cierto es que ya tenemos a la funcionaria con su ordenador y su cuestionario en nuestra casa y a la paciente contestando nuevamente esta mañana las preguntas que se le hicieron en su momento.
Mi hermana tiene 50 años, es fumadora compulsiva y aparte de alguna incursión en el mundo de las drogas que hemos conseguido que dejara con un esfuerzo titánico entre toda la familia, sobrelleva su salud sin grandes quebrantos. Vive sola, hace sus tareas mal que puede, o se las hacemos los demás robando tiempo a nuestros quehaceres.
Pero su problema, diagnosticado y en tratamiento hace más de 20 años, es que siente un miedo incurable y fobias que le generan constantes problemas. Y le impiden hacer una vida normal con momentos de autoabandono en el que imagina que la persiguen diablos o la acosan presencias extrañas, o que corre peligros por los cuales no sale de casa, o se desorienta o se pierde cuando se aventura a hacer una compra o realizar una gestión si va sola.
Depende de los demás en este permanente estado de sobrecogimiento y hermetismo en el que vive. Y precisa por sus circunstancias de una persona que la acompañe o atienda para que tome su medicación y no ingiera otras sustancias, la oriente en las principales tareas del día a día o avise a su familia o a los especialistas si se produce un brote de empeoramiento.
Éste es el cuadro. Claramente Psiquiátrico. Y no su capacidad de movimientos, que hoy por hoy no le impiden levantarse o acostarse, lavarse, o peinarse, que es sobre lo que le han preguntado en la entrevista a fin de valorar su situación esta mañana.
Así lo hemos hecho saber a la funcionaria encargada de elaborar el test, esperando que hubiera preguntas capaces de evaluar su cuadro mental y el grado de dependencia que ello conlleva. Pero la señora sin inmutarse, le ha preguntado si era capaz de hacerse una tortilla, lavarse la cabeza, cruzar una calle o tomar su medicación.
Cuando mi hermana bastante sobresaltada empezó a decir, mientras le leían el cuestionario, que el diablo le teñía de rojo las pastillas, (porque un día se le mojaron y se destiñeron), la buena señora con flema británica ni se dio por aludida.
Al mostrar nuestra extrañeza ante el hecho de que no incluyera esta sorprendente observación en el test, (definitiva por si sola para entender que los problemas de la enferma no son de tipo físico sino psiquicos), nos respondió la funcionaria que su cuestionario no incluía asuntos como ese... Que no había donde introducir ninguna observación al respecto. ¿Entonces que sentido tiene esta prueba, que se supone crucial para determinar su grado de dependencia?
La señora nos ha dejado sobre la mesa un número de teléfono y una dirección de Internet por si queremos ampliar la información. Y una gran sensación de desvalimiento y pérdida de tiempo. ¿Son estas las grandes mejoras que pretende introducir la Conselleria de Bienestar Social para aplicar y acelerar las prestaciones de la Ley de Dependencia?
A este paso se va a lograr la reducción de los tiempos de espera, no lo dudamos. Pero si los procedimientos son tan poco rigurosos y tan poco atinados como el que les narro, poco cabe esperar de este proceso. Más seriedad, por favor. Con la Ley de Dependencia no se juega.
Fuente : elmundo.es/blogs/elmundo/ciudadanovalencia
Después de mucho penar para obtener las ayudas de la Ley de Dependencia, la Conselleria de Bienestar Social mediante un decreto, se va a comprometer con los ciudadanos, a resolver los expedientes en un plazo máximo de seis meses.
Se va a acabar eso de ver cómo pasan los años sin que las ayudas lleguen y los expedientes van cogiendo polvo mientras la situación social y física del enfermo se va deteriorando. Eso es más o menos lo que se propone la consellera de Bienestar Social, Angélica Such.
Pero la procesión va por dentro. Y una vez más sospecho, a partir de mi experiencia personal, que estamos ante una operación donde lo que prima es la estadística por encima de las necesidades de los afectados. Pues a la hora de la verdad, las cosas se siguen haciendo con tan poco rigor que cabe poca esperanza de mejora.
Les cuento mi caso. Por segunda vez en menos de tres meses y cuando ya debería estar tramitándose el informe presentado ante la Conselleria, ha habido que repetir la evaluación del caso de mi hermana que es esquizofrénica con una incapacidad laboral absoluta y cuadro de drogodependencia.
Nadie ha sabido aclararnos los motivos de esta pérdida de tiempo en un trámite ya cumplimentado, pero lo cierto es que ya tenemos a la funcionaria con su ordenador y su cuestionario en nuestra casa y a la paciente contestando nuevamente esta mañana las preguntas que se le hicieron en su momento.
Mi hermana tiene 50 años, es fumadora compulsiva y aparte de alguna incursión en el mundo de las drogas que hemos conseguido que dejara con un esfuerzo titánico entre toda la familia, sobrelleva su salud sin grandes quebrantos. Vive sola, hace sus tareas mal que puede, o se las hacemos los demás robando tiempo a nuestros quehaceres.
Pero su problema, diagnosticado y en tratamiento hace más de 20 años, es que siente un miedo incurable y fobias que le generan constantes problemas. Y le impiden hacer una vida normal con momentos de autoabandono en el que imagina que la persiguen diablos o la acosan presencias extrañas, o que corre peligros por los cuales no sale de casa, o se desorienta o se pierde cuando se aventura a hacer una compra o realizar una gestión si va sola.
Depende de los demás en este permanente estado de sobrecogimiento y hermetismo en el que vive. Y precisa por sus circunstancias de una persona que la acompañe o atienda para que tome su medicación y no ingiera otras sustancias, la oriente en las principales tareas del día a día o avise a su familia o a los especialistas si se produce un brote de empeoramiento.
Éste es el cuadro. Claramente Psiquiátrico. Y no su capacidad de movimientos, que hoy por hoy no le impiden levantarse o acostarse, lavarse, o peinarse, que es sobre lo que le han preguntado en la entrevista a fin de valorar su situación esta mañana.
Así lo hemos hecho saber a la funcionaria encargada de elaborar el test, esperando que hubiera preguntas capaces de evaluar su cuadro mental y el grado de dependencia que ello conlleva. Pero la señora sin inmutarse, le ha preguntado si era capaz de hacerse una tortilla, lavarse la cabeza, cruzar una calle o tomar su medicación.
Cuando mi hermana bastante sobresaltada empezó a decir, mientras le leían el cuestionario, que el diablo le teñía de rojo las pastillas, (porque un día se le mojaron y se destiñeron), la buena señora con flema británica ni se dio por aludida.
Al mostrar nuestra extrañeza ante el hecho de que no incluyera esta sorprendente observación en el test, (definitiva por si sola para entender que los problemas de la enferma no son de tipo físico sino psiquicos), nos respondió la funcionaria que su cuestionario no incluía asuntos como ese... Que no había donde introducir ninguna observación al respecto. ¿Entonces que sentido tiene esta prueba, que se supone crucial para determinar su grado de dependencia?
La señora nos ha dejado sobre la mesa un número de teléfono y una dirección de Internet por si queremos ampliar la información. Y una gran sensación de desvalimiento y pérdida de tiempo. ¿Son estas las grandes mejoras que pretende introducir la Conselleria de Bienestar Social para aplicar y acelerar las prestaciones de la Ley de Dependencia?
A este paso se va a lograr la reducción de los tiempos de espera, no lo dudamos. Pero si los procedimientos son tan poco rigurosos y tan poco atinados como el que les narro, poco cabe esperar de este proceso. Más seriedad, por favor. Con la Ley de Dependencia no se juega.
Fuente : elmundo.es/blogs/elmundo/ciudadanovalencia
ALMERIA - SERVICIO DIFERENCIADO AYUDA DOMICILIO Y LEY DEPENDENCIA
Dos años más de vida a la Ayuda a Domicilio sin integrarla a la ley nacional
Hasta el próximo 17 de diciembre está abierto el plazo de presentación de ofertas para el servicio de Atención Social
El Ayuntamiento de Almería mantendrá, como mínimo, durante un periodo de dos años más y dos prórrogas prosibles, un servicio diferenciado entre la Ayuda a Domicilio, y la Ley de Dependencia.
Tras años de movilizaciones por parte de las trabajadoras vinculadas al Ayuntamiento, la imposibilidad detectada por parte de la capital de equiparar los sueldos de las trabajadoras, y la decisión firme del alcalde de no intervenir en los problemas laborales de las empresas concesionarias han derivado a un concurso público, pese a una moción entre los grupos políticos, en mayo de 2009, en la que se preveía la integración de los servicios.
Con unos ingresos previstos superiores a 5,1 millones de euros, las empresas interesadas en presentar una oferta económica (que primará sobre los proyectos de trabajo a la hora de la decisión de la mesa de contratación), tienen hasta el 17 de diciembre para hacer la entrega de la documentación en los distintos registros del Ayuntamiento de Almería.
El servicio, aunque vinculado a Atención Social, ha pasado a ser negociado por parte del área de Presidencia que dirige Javier Aureliano García. Así, según se anunció ayer, ante la presencia de Javier Arenas en la provincia, se explicarán los pormenores del servicio el próximo lunes, también para evitar que nuevas movilizaciones como las que se han protagonizado por parte de las trabajadoras de la Ayuda a Domicilio que han visto reducido el número de contratos en casi una veintena desde que se pusiera en marcha la Ley de Dependencia y se derivaran buena parte de los servicios asistenciales.
Inicialmente criticaban la posibilidad de quedarse en paro y finalmente la falta de cumplimiento de la integración prevista, debido a la diferencia económica entre los dos servicios, lo que deja en desventaja a las trabajadoras vinculadas a la Ayuda a Domicilio, puesto que la Ley de Dependencia acoge a la mayoría de altas en materia asistencia, por ser un derecho vinculado a una ley nacional y por contar con un menor coste para las arcas municipales.
Fuente : elalmeria.es/article/almeria
Hasta el próximo 17 de diciembre está abierto el plazo de presentación de ofertas para el servicio de Atención Social
El Ayuntamiento de Almería mantendrá, como mínimo, durante un periodo de dos años más y dos prórrogas prosibles, un servicio diferenciado entre la Ayuda a Domicilio, y la Ley de Dependencia.
Tras años de movilizaciones por parte de las trabajadoras vinculadas al Ayuntamiento, la imposibilidad detectada por parte de la capital de equiparar los sueldos de las trabajadoras, y la decisión firme del alcalde de no intervenir en los problemas laborales de las empresas concesionarias han derivado a un concurso público, pese a una moción entre los grupos políticos, en mayo de 2009, en la que se preveía la integración de los servicios.
Con unos ingresos previstos superiores a 5,1 millones de euros, las empresas interesadas en presentar una oferta económica (que primará sobre los proyectos de trabajo a la hora de la decisión de la mesa de contratación), tienen hasta el 17 de diciembre para hacer la entrega de la documentación en los distintos registros del Ayuntamiento de Almería.
El servicio, aunque vinculado a Atención Social, ha pasado a ser negociado por parte del área de Presidencia que dirige Javier Aureliano García. Así, según se anunció ayer, ante la presencia de Javier Arenas en la provincia, se explicarán los pormenores del servicio el próximo lunes, también para evitar que nuevas movilizaciones como las que se han protagonizado por parte de las trabajadoras de la Ayuda a Domicilio que han visto reducido el número de contratos en casi una veintena desde que se pusiera en marcha la Ley de Dependencia y se derivaran buena parte de los servicios asistenciales.
Inicialmente criticaban la posibilidad de quedarse en paro y finalmente la falta de cumplimiento de la integración prevista, debido a la diferencia económica entre los dos servicios, lo que deja en desventaja a las trabajadoras vinculadas a la Ayuda a Domicilio, puesto que la Ley de Dependencia acoge a la mayoría de altas en materia asistencia, por ser un derecho vinculado a una ley nacional y por contar con un menor coste para las arcas municipales.
Fuente : elalmeria.es/article/almeria
viernes, 26 de noviembre de 2010
EXPERTOS INSTAN A RECLAMAR LAS PRESTACIONES
Expertos instan a las familias de personas con enfermedad mental que reclamen las prestaciones a las que tienen derecho
Expertos reunidos este viernes en Sevilla, en el marco de una jornada organizada por la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental (Fepsm), han instado a las familias de personas con enfermedad mental que reclamen los servicios y prestaciones socio-sanitarias a las que tienen derecho, dentro de la Ley de Dependencia.
El coordinador de esta jornada y miembro de Fepsm, José Giner, se ha referido así a las necesidad de "reclamar" que la Ley de Dependencia "contemple que no sólo existe el impedimento físico sino también el psicológico".
Por su parte, el presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica (SEPB), Julio Bobes, ha recordado que los enfermos con esquizofrenia, trastorno bipolar y patología dual "presentan un elevado grado de discapacidad y dependencia", por lo que ha confiado en que "el nuevo baremo" de la Ley de Dependencia en los enfermos mentales graves "capte mejor el grado de nivel de dependencia, dado que hasta ahora es una de las asignaturas pendientes de la Ley".
Según estos expertos, la citada norma entiende como dependencia "el estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad y ligadas a la falta o pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria, como el cuidado personal o las actividades domésticas básicas".
La inclusión de las personas con enfermedad mental en la Ley, se hizo casi en el momento final de su tramitación en el Congreso. Según José Manuel Ramírez, representante de la Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (FEAFES)ello supone un "importante incremento de los potenciales beneficiarios de la Ley", al determinar que "no sólo serán aquellas personas que no puedan realizar por si mismas algunas de las actividades básicas de la vida diaria, sino también quienes, aun pudiendo hacerlo, necesiten apoyo y supervisión por su discapacidad intelectual o enfermedad mental".
Además, ha agregado que a partir de enero de 2011 entrará en vigor el reconocimiento de derecho a prestación o servicio de la Ley de Dependencia de los dependientes moderados, "en los que seguramente se encuentren miles de personas con enfermedad mental que deben acudir desde ya a los servicios sociales municipales a solicitar la valoración de la dependencia que es independiente y compatible con el reconocimiento de grado de discapacidad".
"Las personas con enfermedad mental y sus familias acarrean el lastre del estigma que hace que sea la discapacidad silenciosa", ha proseguido este experto, para quien es necesario "informar, orientar y reclamar los servicios y prestaciones sociales y sanitarias a las que tienen derecho las personas con enfermedad mental".
Fuente : europapress.es/sociedad
Expertos reunidos este viernes en Sevilla, en el marco de una jornada organizada por la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental (Fepsm), han instado a las familias de personas con enfermedad mental que reclamen los servicios y prestaciones socio-sanitarias a las que tienen derecho, dentro de la Ley de Dependencia.
El coordinador de esta jornada y miembro de Fepsm, José Giner, se ha referido así a las necesidad de "reclamar" que la Ley de Dependencia "contemple que no sólo existe el impedimento físico sino también el psicológico".
Por su parte, el presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica (SEPB), Julio Bobes, ha recordado que los enfermos con esquizofrenia, trastorno bipolar y patología dual "presentan un elevado grado de discapacidad y dependencia", por lo que ha confiado en que "el nuevo baremo" de la Ley de Dependencia en los enfermos mentales graves "capte mejor el grado de nivel de dependencia, dado que hasta ahora es una de las asignaturas pendientes de la Ley".
Según estos expertos, la citada norma entiende como dependencia "el estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad y ligadas a la falta o pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria, como el cuidado personal o las actividades domésticas básicas".
La inclusión de las personas con enfermedad mental en la Ley, se hizo casi en el momento final de su tramitación en el Congreso. Según José Manuel Ramírez, representante de la Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (FEAFES)ello supone un "importante incremento de los potenciales beneficiarios de la Ley", al determinar que "no sólo serán aquellas personas que no puedan realizar por si mismas algunas de las actividades básicas de la vida diaria, sino también quienes, aun pudiendo hacerlo, necesiten apoyo y supervisión por su discapacidad intelectual o enfermedad mental".
Además, ha agregado que a partir de enero de 2011 entrará en vigor el reconocimiento de derecho a prestación o servicio de la Ley de Dependencia de los dependientes moderados, "en los que seguramente se encuentren miles de personas con enfermedad mental que deben acudir desde ya a los servicios sociales municipales a solicitar la valoración de la dependencia que es independiente y compatible con el reconocimiento de grado de discapacidad".
"Las personas con enfermedad mental y sus familias acarrean el lastre del estigma que hace que sea la discapacidad silenciosa", ha proseguido este experto, para quien es necesario "informar, orientar y reclamar los servicios y prestaciones sociales y sanitarias a las que tienen derecho las personas con enfermedad mental".
Fuente : europapress.es/sociedad
COMUNICAR, SI; PERO ¿QUÉ?
Comunicar, sí; pero ¿qué?
Zapatero remozó el 20 de octubre el decorado del teatro político y puso en escena un nuevo reparto de actores, pero sigue sin conocerse el libreto con el que pretende volver a granjearse el favor del público. El impacto publicitario del cambio de actores y de la reasignación de papeles ha sido notable, como prueba el aturdimiento que provocó en la competencia, pero se trata de un revulsivo cuyo efecto tiene una duración limitada en el tiempo, más bien corta por larga que sea.
El Gobierno necesitaba desesperadamente mejorar su coordinación interna y su comunicación externa. Y, según explicó el presidente, puede incluso que con demasiada insistencia, esta fue la guía por la que se movió. Pero coordinación y comunicación son un binomio insuficiente. Coordinar y comunicar, sí; pero ¿qué? Además de coordinar y comunicar, hace falta decidir y actuar. Las políticas son el sustento de toda coordinación y comunicación. Sin ellas, todo quedará en una puesta en escena y en un reparto interno de poder.
La recuperación económica no lloverá del cielo cual maná electoral y el tiempo corre cada vez más deprisa en contra de los intereses del Gobierno, que no puede limitarse a ejercer de oposición a la oposición. El programa oculto del PP es inquietante, pero el programa vigente es el del PSOE.
Tras el calafateado, la nave socialista da la sensación de seguir en el muelle, por más que sus “15 portavoces” hagan sonar la sirena y multipliquen los anuncios de que está en disposición de proseguir la travesía, con un programa que incluye función de estreno: “Una nueva agenda social”, según el rotulado hecho por el presidente del Gobierno ante la cúpula dirigente del PSOE tres días después de la reorganización ministerial.
La eutanasia del bienestar
Desde la Moncloa se asegura que los guionistas están trabajando a destajo en el libreto, que consta de dos partes principales.
La primera tiene como nudo argumental que el Estado del bienestar ha de ganar en eficiencia si quiere sobrevivir a la crisis, y esa adaptación, que se planteará con la coral de renovarse o morir, la hará la izquierda o no la hará nadie. La alternativa sería asistir a su languidecimiento, según qué tesis se impongan dentro del PP: las que se atribuyen a Mariano Rajoy, que parece más proclive a la eutanasia pasiva, o las que encarna Esperanza Aguirre, que ha dado pruebas fehacientes en Madrid de ser partidaria de la eutanasia activa.
Los guionistas del Gobierno sostienen que, si no se consigue una economía más competitiva y eficiente, la defensa del Estado de bienestar será imposible por la sencilla razón de que no se podrá financiar. Ya hay indicios alarmantes. El deterioro de la sanidad pública es cada vez más notorio, hasta el extremo de que son ya varios los presidentes autonómicos que han acudido a asesorías privadas en busca de soluciones a su abultado déficit. El desarrollo de la Ley de Ayuda a la Dependencia como un cuarto pilar del Estado del bienestar es un fiasco, acentuado en su dimensión por las desmesuradas expectativas que se crearon. Y los pensionistas, además de trabajar como voluntariado social sustituyendo o complementando la insuficiente red de guarderías, han visto congeladas sus prestaciones económicas. Tan cierto como que casi mil millones de personas pasan hambre en el mundo y otros mil millones padecen obesidad. Tan cierto como que el 80% de los recursos del mundo son consumidos por el 20% de la humanidad.
La segunda parte de la nueva función que se anuncia sitúa como protagonistas a los jóvenes y a los parados de larga duración. Los jóvenes, que históricamente han sido la clave de todos los cambios políticos, están en España “resignados” y todavía no movilizados activamente contra el Gobierno, como ocurre en Francia, según el diagnóstico de Sergio Gutiérrez, secretario general de las Juventudes Socialistas, pero la resignación es un estado anímico de transición.
En cuanto a los parados de larga duración, ya hay dos millones de españoles que acumulan un año o más buscando empleo sin éxito –834.000 cumplen dos años o más–, lo que los convierte en firmes candidatos para convertirse en excluidos sociales.
Así, si hay dos reformas urgentes son: la de la educación, “el PIB de mañana”, en palabras del andaluz José Antonio Griñán; y la de las políticas activas de empleo, que aunque están transferidas a las comunidades autónomas pueden ser orientadas a través de las normas básicas por el Gobierno, que todavía dispone para esas actuaciones de la nada desdeñable cantidad de 7.320 millones de euros –1,2 billones de las antiguas pesetas–.
Ahora que la izquierda gobernante ha concluido que la política redistributiva ya no puede hacerse vía ingresos –impuestos–, tiene una ocasión histórica para demostrar que sí es posible hacerlo a través del gasto público y que la igualdad empieza por los sacrificios –los salarios ya suben por debajo del IPC, pero nadie pone límite a los beneficios–.
Una agenda de esperanza
La intensidad y complejidad de la crisis, que tiene uno de sus rasgos característicos en el abatimiento social que genera, reclama una agenda que sea de esperanza y no de miedo frente al pertinaz tsunami de los mercados. Una agenda que no puede ignorar la realidad de que la mayoría ya vive peor que antes de la crisis, pero que ha de procurar una expectativa fundada de que eso será sólo un imprescindible paréntesis.
Como ha comentado en alguna ocasión Zapatero, no es fácil subir a una tribuna y decir a los ciudadanos: “Vais a vivir peor”. Pero los políticos sólo recuperarán la confianza pérdida con políticas capaces de generar confianza. Y la confianza es una planta que tiene su raíz en la verdad.
Fuente : blogs.publico.es
Zapatero remozó el 20 de octubre el decorado del teatro político y puso en escena un nuevo reparto de actores, pero sigue sin conocerse el libreto con el que pretende volver a granjearse el favor del público. El impacto publicitario del cambio de actores y de la reasignación de papeles ha sido notable, como prueba el aturdimiento que provocó en la competencia, pero se trata de un revulsivo cuyo efecto tiene una duración limitada en el tiempo, más bien corta por larga que sea.
El Gobierno necesitaba desesperadamente mejorar su coordinación interna y su comunicación externa. Y, según explicó el presidente, puede incluso que con demasiada insistencia, esta fue la guía por la que se movió. Pero coordinación y comunicación son un binomio insuficiente. Coordinar y comunicar, sí; pero ¿qué? Además de coordinar y comunicar, hace falta decidir y actuar. Las políticas son el sustento de toda coordinación y comunicación. Sin ellas, todo quedará en una puesta en escena y en un reparto interno de poder.
La recuperación económica no lloverá del cielo cual maná electoral y el tiempo corre cada vez más deprisa en contra de los intereses del Gobierno, que no puede limitarse a ejercer de oposición a la oposición. El programa oculto del PP es inquietante, pero el programa vigente es el del PSOE.
Tras el calafateado, la nave socialista da la sensación de seguir en el muelle, por más que sus “15 portavoces” hagan sonar la sirena y multipliquen los anuncios de que está en disposición de proseguir la travesía, con un programa que incluye función de estreno: “Una nueva agenda social”, según el rotulado hecho por el presidente del Gobierno ante la cúpula dirigente del PSOE tres días después de la reorganización ministerial.
La eutanasia del bienestar
Desde la Moncloa se asegura que los guionistas están trabajando a destajo en el libreto, que consta de dos partes principales.
La primera tiene como nudo argumental que el Estado del bienestar ha de ganar en eficiencia si quiere sobrevivir a la crisis, y esa adaptación, que se planteará con la coral de renovarse o morir, la hará la izquierda o no la hará nadie. La alternativa sería asistir a su languidecimiento, según qué tesis se impongan dentro del PP: las que se atribuyen a Mariano Rajoy, que parece más proclive a la eutanasia pasiva, o las que encarna Esperanza Aguirre, que ha dado pruebas fehacientes en Madrid de ser partidaria de la eutanasia activa.
Los guionistas del Gobierno sostienen que, si no se consigue una economía más competitiva y eficiente, la defensa del Estado de bienestar será imposible por la sencilla razón de que no se podrá financiar. Ya hay indicios alarmantes. El deterioro de la sanidad pública es cada vez más notorio, hasta el extremo de que son ya varios los presidentes autonómicos que han acudido a asesorías privadas en busca de soluciones a su abultado déficit. El desarrollo de la Ley de Ayuda a la Dependencia como un cuarto pilar del Estado del bienestar es un fiasco, acentuado en su dimensión por las desmesuradas expectativas que se crearon. Y los pensionistas, además de trabajar como voluntariado social sustituyendo o complementando la insuficiente red de guarderías, han visto congeladas sus prestaciones económicas. Tan cierto como que casi mil millones de personas pasan hambre en el mundo y otros mil millones padecen obesidad. Tan cierto como que el 80% de los recursos del mundo son consumidos por el 20% de la humanidad.
La segunda parte de la nueva función que se anuncia sitúa como protagonistas a los jóvenes y a los parados de larga duración. Los jóvenes, que históricamente han sido la clave de todos los cambios políticos, están en España “resignados” y todavía no movilizados activamente contra el Gobierno, como ocurre en Francia, según el diagnóstico de Sergio Gutiérrez, secretario general de las Juventudes Socialistas, pero la resignación es un estado anímico de transición.
En cuanto a los parados de larga duración, ya hay dos millones de españoles que acumulan un año o más buscando empleo sin éxito –834.000 cumplen dos años o más–, lo que los convierte en firmes candidatos para convertirse en excluidos sociales.
Así, si hay dos reformas urgentes son: la de la educación, “el PIB de mañana”, en palabras del andaluz José Antonio Griñán; y la de las políticas activas de empleo, que aunque están transferidas a las comunidades autónomas pueden ser orientadas a través de las normas básicas por el Gobierno, que todavía dispone para esas actuaciones de la nada desdeñable cantidad de 7.320 millones de euros –1,2 billones de las antiguas pesetas–.
Ahora que la izquierda gobernante ha concluido que la política redistributiva ya no puede hacerse vía ingresos –impuestos–, tiene una ocasión histórica para demostrar que sí es posible hacerlo a través del gasto público y que la igualdad empieza por los sacrificios –los salarios ya suben por debajo del IPC, pero nadie pone límite a los beneficios–.
Una agenda de esperanza
La intensidad y complejidad de la crisis, que tiene uno de sus rasgos característicos en el abatimiento social que genera, reclama una agenda que sea de esperanza y no de miedo frente al pertinaz tsunami de los mercados. Una agenda que no puede ignorar la realidad de que la mayoría ya vive peor que antes de la crisis, pero que ha de procurar una expectativa fundada de que eso será sólo un imprescindible paréntesis.
Como ha comentado en alguna ocasión Zapatero, no es fácil subir a una tribuna y decir a los ciudadanos: “Vais a vivir peor”. Pero los políticos sólo recuperarán la confianza pérdida con políticas capaces de generar confianza. Y la confianza es una planta que tiene su raíz en la verdad.
Fuente : blogs.publico.es
JAÉN - ALCALÁ LA REAL - CENTRO DE DÍA
El nuevo centro de día más cerca con la licitación y la inversión de 2,3 millones
El convenio se firmó en febrero, en la misma Alcalá, con el consejero de Economía el alcalaíno Antonio Ávila
Ayer se dio un nuevo paso para la construcción del nuevo centro de día que la Consejería de Igualdad de la Junta de Andalucía financiará en el municipio alcalaíno, con la licitación del proyecto.
Se prevé que en unos 12 meses el mismo pueda estar edificado en el paraje del Camino de la Magdalena.
En apenas 9 meses, se han ido sucediendo las diversas vicisitudes para la construcción del mismo.
Así, el 6 de febrero de 2010, el consejero de la Presidencia, el alcalaíno Antonio Ávila, presidió el acto de la firma de un convenio entre la consejera para la Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, y la alcaldesa de Alcalá la Real, Elena Víboras, para la construcción de este nuevo Centro de Día para personas mayores en la localidad.
En el acto estuvo presente el entonces presidente de la Diputación, Felipe López, y una representación de ediles de la Corporación Municipal, así como diversos miembros de la sociedad alcalaína, especialmente mayores.
Igualdad destinará un millón de euros y el Ayuntamiento 1,2 millones de euros para dicha infraestructura que se levantará en un sitio céntrico, el parque Pablo Rojas, un terreno de titularidad municipal que permitirá desarrollar con grandes mejoras las actividades de las personas mayores que son unas 5.600 en la localidad.
Este nuevo centro de día será un equipamiento de uso polivalente, con una superficie total de 2.000 metros cuadrados, de dos plantas y situado en pleno casco urbano, junto al parque de Pablo de Rojas. Se construirá sobre una superficie de 1.600 metros cuadrados y vendrá a satisfacer las demandas del colectivo de mayores.
El Ayuntamiento de Alcalá la Real lleva a cabo numerosos programas especialmente dirigidos a los mayores, con la implicación del Gobierno de España, de la Junta de Andalucía y de la Diputación Provincial de Jaén.
Entre estos se pueden citar, la Ley de Dependencia- con la atención de más de 450 personas- con más de 1.200 solicitudes de evaluación- y la creación de unos 120 puestos de trabajo directos. Por otra parte, las dos Unidades de Día existentes en nuestro municipio- una pública y otra privada- concertada- y los diversos centros sociales de las aldeas, que también hacen la función de centros de día para mayores de las 16 pedanías del municipio. También, la creación de otro centro social polivalente, esta vez situado en La Tejuela, que se levantará en el marco del programa europeo 'Iniciativa Urbana'.
Por otro lado, la creación de la nueva escuela infantil también ha sido licitada por el Ayuntamiento y se espera que en otros 12 meses pueda estar terminada, para el próximo curso escolar.
Fuente : ideal.es/jaen
El convenio se firmó en febrero, en la misma Alcalá, con el consejero de Economía el alcalaíno Antonio Ávila
Ayer se dio un nuevo paso para la construcción del nuevo centro de día que la Consejería de Igualdad de la Junta de Andalucía financiará en el municipio alcalaíno, con la licitación del proyecto.
Se prevé que en unos 12 meses el mismo pueda estar edificado en el paraje del Camino de la Magdalena.
En apenas 9 meses, se han ido sucediendo las diversas vicisitudes para la construcción del mismo.
Así, el 6 de febrero de 2010, el consejero de la Presidencia, el alcalaíno Antonio Ávila, presidió el acto de la firma de un convenio entre la consejera para la Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, y la alcaldesa de Alcalá la Real, Elena Víboras, para la construcción de este nuevo Centro de Día para personas mayores en la localidad.
En el acto estuvo presente el entonces presidente de la Diputación, Felipe López, y una representación de ediles de la Corporación Municipal, así como diversos miembros de la sociedad alcalaína, especialmente mayores.
Igualdad destinará un millón de euros y el Ayuntamiento 1,2 millones de euros para dicha infraestructura que se levantará en un sitio céntrico, el parque Pablo Rojas, un terreno de titularidad municipal que permitirá desarrollar con grandes mejoras las actividades de las personas mayores que son unas 5.600 en la localidad.
Este nuevo centro de día será un equipamiento de uso polivalente, con una superficie total de 2.000 metros cuadrados, de dos plantas y situado en pleno casco urbano, junto al parque de Pablo de Rojas. Se construirá sobre una superficie de 1.600 metros cuadrados y vendrá a satisfacer las demandas del colectivo de mayores.
El Ayuntamiento de Alcalá la Real lleva a cabo numerosos programas especialmente dirigidos a los mayores, con la implicación del Gobierno de España, de la Junta de Andalucía y de la Diputación Provincial de Jaén.
Entre estos se pueden citar, la Ley de Dependencia- con la atención de más de 450 personas- con más de 1.200 solicitudes de evaluación- y la creación de unos 120 puestos de trabajo directos. Por otra parte, las dos Unidades de Día existentes en nuestro municipio- una pública y otra privada- concertada- y los diversos centros sociales de las aldeas, que también hacen la función de centros de día para mayores de las 16 pedanías del municipio. También, la creación de otro centro social polivalente, esta vez situado en La Tejuela, que se levantará en el marco del programa europeo 'Iniciativa Urbana'.
Por otro lado, la creación de la nueva escuela infantil también ha sido licitada por el Ayuntamiento y se espera que en otros 12 meses pueda estar terminada, para el próximo curso escolar.
Fuente : ideal.es/jaen
MENORCA - GERIÁTRICO SANT LLUIS ABRIRÁ 15 DICIEMBRE
El geriátrico de Sant Lluís abrirá sus puertas el 15 de diciembre
El centro acogerá a sus primeros usuarios de forma escalonada aunque se prevé que en 2011 la ocupación de la nueva instalación sea del 90 por ciento
El centro, que será gestionado por la empresa Centre Secretari Coloma, se inaugurará el sábado día 11 y, tal y como anunció ayer el alcalde, Llorenç Carretero, está previsto que los inquilinos comiencen a instalarse durante la semana siguiente.
La residencia, que cuenta con 26 plazas geriátricas y veinte de centro de día, acogerá a los usuarios de manera escalonada aunque se prevé que en 2011 la ocupación de la nueva instalación sea ya del 90 por ciento, según señaló la teniente de alcalde de Economía, Carolina Marqués.
En este punto, Carretero recordó que el edificio dispone de una segunda planta inacabada que, aunque en un primer momento no se utilizará, podría ampliar la capacidad del centro asistencial en caso de que sea necesario.
Plazas
El alcalde insistió ayer en la necesidad de que el Govern balear asuma la financiación de veinte plazas geriátricas y no de quince, tal y como estipula el convenio de colaboración firmado el pasado mes de octubre entre el Ayuntamiento y la Conselleria de Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración.
“Continuaremos luchando para que el Ejecutivo autonómico financie cinco plazas residenciales más de cara a 2011”, espetó Carretero. El acuerdo incluye también la financiación por parte del Govern de 10 de las veinte plazas de centro de día de la nueva residencia.
Las 46 plazas del nuevo centro asistencial de Sant Lluís amplían el mapa de servicios asistenciales en la Isla. En concreto, Menorca dispone de 386 plazas residenciales (212 financiadas por la institución autonómica en aplicación de la Ley de Dependencia y 174 financiadas por los ayuntamientos y el Consell) y 184 plazas de centros de día, entre las que se incluyen las quince plazas del próximo centro de alzheimer de Ciutadella (98 costeadas por el Govern y 71 financiadas por las entidades locales e insular).
De este modo, la consellera remarcó que la ratio de Menorca se sitúa en alrededor de tres plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, una cifra superior a la de otras Islas.
Fuente : menorca.info/menorca
El centro acogerá a sus primeros usuarios de forma escalonada aunque se prevé que en 2011 la ocupación de la nueva instalación sea del 90 por ciento
El centro, que será gestionado por la empresa Centre Secretari Coloma, se inaugurará el sábado día 11 y, tal y como anunció ayer el alcalde, Llorenç Carretero, está previsto que los inquilinos comiencen a instalarse durante la semana siguiente.
La residencia, que cuenta con 26 plazas geriátricas y veinte de centro de día, acogerá a los usuarios de manera escalonada aunque se prevé que en 2011 la ocupación de la nueva instalación sea ya del 90 por ciento, según señaló la teniente de alcalde de Economía, Carolina Marqués.
En este punto, Carretero recordó que el edificio dispone de una segunda planta inacabada que, aunque en un primer momento no se utilizará, podría ampliar la capacidad del centro asistencial en caso de que sea necesario.
Plazas
El alcalde insistió ayer en la necesidad de que el Govern balear asuma la financiación de veinte plazas geriátricas y no de quince, tal y como estipula el convenio de colaboración firmado el pasado mes de octubre entre el Ayuntamiento y la Conselleria de Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración.
“Continuaremos luchando para que el Ejecutivo autonómico financie cinco plazas residenciales más de cara a 2011”, espetó Carretero. El acuerdo incluye también la financiación por parte del Govern de 10 de las veinte plazas de centro de día de la nueva residencia.
Las 46 plazas del nuevo centro asistencial de Sant Lluís amplían el mapa de servicios asistenciales en la Isla. En concreto, Menorca dispone de 386 plazas residenciales (212 financiadas por la institución autonómica en aplicación de la Ley de Dependencia y 174 financiadas por los ayuntamientos y el Consell) y 184 plazas de centros de día, entre las que se incluyen las quince plazas del próximo centro de alzheimer de Ciutadella (98 costeadas por el Govern y 71 financiadas por las entidades locales e insular).
De este modo, la consellera remarcó que la ratio de Menorca se sitúa en alrededor de tres plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, una cifra superior a la de otras Islas.
Fuente : menorca.info/menorca
MURCIA - DISCAPACITADOS DENUNCIAN RETROCESO EN SERVICIOS SOCIALES
Los discapacitados denuncian un «retroceso» en los servicios sociales
La plataforma que une a todas las asociaciones afirma que los servicios que se prestan a miles de ciudadanos pueden desaparecer, aunque ve a la Consejería «en disposición de negociar»
El Comité Español de Representantes de la Discapacidad (Cermi) en la Región advirtió ayer de que los presupuestos de la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración para 2011 suponen, tal y como están concebidos en este momento, «un retroceso» en la oferta de servicios sociales de sus asociaciones, algunas de los cuales podrían incluso desaparecer.
El Cermi, compuesto por las asociaciones de discapacitados Acime, Aspaym, Aspace, Fadis, Famdif-Cocemfe, Fasen, Feafes, Feaps, Fesormu, Fundown y Once, considera «inadmisible» esta posibilidad, cuando la labor de estas asociaciones «es fundamental para mejorar la vida de miles de ciudadanos» desde hace más de 30 años.
Tras mostrar su disposición al diálogo con la Consejería «para encontrar una solución al peligro que amenaza» a varias de sus organizaciones, califica de «inconcebible tratar toda la discapacidad como dependencia», pues los servicios de estas asociaciones van más allá de los derechos que reconoce la ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.
Por ello, la plataforma de los discapacitados insta a que se promueva una nueva ley de servicios sociales para la próxima legislatura, y se opone «a cualquier tipo de retroceso en los logros alcanzados en la cobertura de servicios sociales para cualquier persona con discapacidad».
El presidente de Cermi, Joaquín Barberá, aseguró más tarde que «existe presupuesto suficiente para atender la dependencia y no hay menos dinero que otros años, aunque creo que tendríamos que sentarnos a negociar para que asociaciones que no tratan la dependencia no se queden sin ayudas. Creo que se puede llegar a una solución aceptable para todos y me consta que hay buena disposición en la Consejería para negociar».
El posicionamiento de Cermi coincidió ayer con una protesta convocada por Famdif-Cocemfe ante la Consejería de Obras Públicas. El acto pretendía mostrar la oposición de las personas con discapacidad y sus familias a la aprobación de las partidas destinadas a Famdif -Cocemfe y sus asociaciones, que recogen un recorte del 82%.
«La importante reducción prevista para el mantenimiento de las entidades de la discapacidad física y orgánica, si llegara a aprobarse, supondría la supresión de los servicios que se prestan a las personas con discapacidad física y orgánica, el despido de más de 90 profesionales, el cierre de nuestras asociaciones y la desaparición del movimiento asociativo».
Fuente : laverdad.es/murcia
La plataforma que une a todas las asociaciones afirma que los servicios que se prestan a miles de ciudadanos pueden desaparecer, aunque ve a la Consejería «en disposición de negociar»
El Comité Español de Representantes de la Discapacidad (Cermi) en la Región advirtió ayer de que los presupuestos de la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración para 2011 suponen, tal y como están concebidos en este momento, «un retroceso» en la oferta de servicios sociales de sus asociaciones, algunas de los cuales podrían incluso desaparecer.
El Cermi, compuesto por las asociaciones de discapacitados Acime, Aspaym, Aspace, Fadis, Famdif-Cocemfe, Fasen, Feafes, Feaps, Fesormu, Fundown y Once, considera «inadmisible» esta posibilidad, cuando la labor de estas asociaciones «es fundamental para mejorar la vida de miles de ciudadanos» desde hace más de 30 años.
Tras mostrar su disposición al diálogo con la Consejería «para encontrar una solución al peligro que amenaza» a varias de sus organizaciones, califica de «inconcebible tratar toda la discapacidad como dependencia», pues los servicios de estas asociaciones van más allá de los derechos que reconoce la ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.
Por ello, la plataforma de los discapacitados insta a que se promueva una nueva ley de servicios sociales para la próxima legislatura, y se opone «a cualquier tipo de retroceso en los logros alcanzados en la cobertura de servicios sociales para cualquier persona con discapacidad».
El presidente de Cermi, Joaquín Barberá, aseguró más tarde que «existe presupuesto suficiente para atender la dependencia y no hay menos dinero que otros años, aunque creo que tendríamos que sentarnos a negociar para que asociaciones que no tratan la dependencia no se queden sin ayudas. Creo que se puede llegar a una solución aceptable para todos y me consta que hay buena disposición en la Consejería para negociar».
El posicionamiento de Cermi coincidió ayer con una protesta convocada por Famdif-Cocemfe ante la Consejería de Obras Públicas. El acto pretendía mostrar la oposición de las personas con discapacidad y sus familias a la aprobación de las partidas destinadas a Famdif -Cocemfe y sus asociaciones, que recogen un recorte del 82%.
«La importante reducción prevista para el mantenimiento de las entidades de la discapacidad física y orgánica, si llegara a aprobarse, supondría la supresión de los servicios que se prestan a las personas con discapacidad física y orgánica, el despido de más de 90 profesionales, el cierre de nuestras asociaciones y la desaparición del movimiento asociativo».
Fuente : laverdad.es/murcia
UNA PREGUNTA INCÓMODA
El Periódico, al rescate de ‘Súper Montilla’: intenta desacreditar a la joven tetrapléjica que le hizo una pregunta incómoda.
Nuria Gómez puso varias veces contra las cuerdas al candidato socialista en el programa ‘Tengo una pregunta para usted’. Él le pidió los papeles para solucionar su problema, “yo no iba a mendigar por mi expediente”, responde ella.
Montilla no dejó satisfecha con su respuesta a la joven tetrapléjica
El candidato a renovar la presidencia de la Generalitat de Cataluña en las inminentes elecciones catalanas, José Montilla, se ha visto envuelto en una polémica provocada por una pregunta que le realizó una chica tetrapléjica de 35 años y a la que no supo responder consistentemente en el programa ‘Tinc una pregunta per a vostè’ de TVE de Cataluña, versión catalana del ‘Tengo una pregunta para usted’.
El dato significativo es que haya tenido que acudir al rescate de ‘Súper Montilla’ –rebautizado así por los suyos para estos comicios- uno de los voceros ideológicos que en forma de diario hacen su particular y a menudo manipulada versión de los hechos sobre la realidad, El Periódico de Cataluña.
Los hechos sucedieron de la siguiente forma: Núria Gómez, una joven tetrapléjica de 25 años, interrogó a José Montilla sobre la Ley de la Dependencia y de servicios sociales: “generó muchas expectativas –explica Gómez-, expectativas frustradas porque la realidad de la vida cotidiana no nos ha cambiado a la gente”, y prosigue: “para dar un ejemplo concreto: en mi caso la ley de la dependencia me da una hora y cuarto de asistencia personal al día, con eso no tengo ni para levantarme de la cama, entonces no me queda otra opción que la de encerrarme en una residencia”.
Núria Gómez, miembro del Foro de Vida Independiente y Divertad continúa con la pregunta al líder de los socialistas catalanes: “No sé si sabe usted lo que le cuesta a la Generalitat esta plaza residencial, son 3.200 euros al mes. Con esto yo tendría para ocho horas de asistencia diaria, entonces mi pregunta es: ¿Por qué la Generalitat se gasta más en encerrar a la gente en la residencia que en dar asistencia personalizada para que la gente pueda vivir en su casa?”, y, finalmente, insta a Montilla a comprometerse en la próxima legislatura “a que al menos se equipare la misma cantidad, que se pueda escoger entre una prestación y otra”.
La respuesta de Montilla –que no abordó su pregunta- no dejó satisfecha a la joven que instó al todavía presidente de la Generalitat a aclarar exactamente la cuestión que ella le había formulado: si se comprometía a que las personas que se encontraban en su situación pudieran escoger entre las dos opciones recibiendo la misma prestación.
Las palabras del socialista siguieron sin cumplir las expectativas de la joven que le interpeló por tercera vez: “Vuelvo a insistirle: ¿Por qué la Generalitat quiere privilegiar una opción por encima de otra?, ¿cuál es el interés?, yo hablo de la misma cantidad, del mismo coste”, subrayó.
Montilla argumentó que “la residencia siempre debe de ser el último recurso si la persona no quiere ir”, además, reconoció que lo que decía la joven “le parece sensato” y agregó: “no entiendo lo que ha pasado en su caso concreto” por ello le pidie que después “si me da usted los papeles podré ver qué ha sucedido”. Ella le respondió resignada “no es el mío [en referencia a su expediente], es el de todas las personas”.
El Periódico al rescate de ‘Súper Montilla’
En su edición del sábado de esa misma semana, El Periódico de Cataluña publicó un artículo en el que supuestamente se intentaba desacreditar a la chica tetrapléjica que había dejado en evidencia a un Montilla falto de argumentos en el programa de la televisión pública.
El argumento de El Periódico –y a raíz de una investigación que realizó el propio diario- era que la joven percibía 4.170 euros en ayudas gracias, según afirmó la propia joven, que explicó formar parte desde hace cuatro años y “junto a otras ocho personas” de “un proyecto piloto del Govern y del Ayuntamiento de Barcelona por el que recibo 320 horas de asistente personal al mes, por un valor de 4.170 euros”.
Al parecer, fuera de los focos Montilla se interesó por el caso de Gómez que se negó, “Es que yo no iba a mendigar por mi expediente”. La joven tetrapléjica, y en representación también de la asociación que representaba, quiso interpelar a Montilla sobre la situación en la que se encuentran la inmensa mayoría de dependientes.
Que Gómez haya podido acceder a unas ayudas excepcionales no deslegitima, como pretende El Periódico de Cataluña, la pregunta que formuló la joven en representación de las personas que necesitan prestaciones para recibir servicios de ayuda. Porque, cabe recordarlo, el formato del programa de TVE pretende presentar una representación de la ciudadanía. Por lo tanto Gómez no se representaba sólo a sí misma, sino a todo el colectivo de ciudadanos españoles que precisan de ayudas sociales a la dependencia.
Además, una cosa es bien cierta, si Gómez no estuviera en ese programa “piloto” del que sólo se benefician nueve personas en Cataluña (en España 150.000 personas necesitan ayudas a la dependencia) tendría, como ella misma explica, que estar internada en una residencia porque la Ley de Dependencia, con la que el Gobierno pretendía dar respuesta a la necesidad de todas esas personas, sólo le proporcionaría 1 hora y cuarto de asistencia personal al día.
“El programa piloto en el que estoy está en prórrogas y si mañana se acaba a lo único que tengo derecho por ley es a una hora de la Ley de Dependencia”, explicó Gómez en declaraciones fuera de cámara que, además aclara: “¿Qué no dije toda mi vida? Es que tienes la oportunidad de hacer una pregunta y el tiempo es limitado. Mucha gente no puede, y no perderé la oportunidad porque represento a mucha gente”.
El Periódico relata que la chica “lamenta enrabietada” que se cuestione su intervención “en lugar de cuestionar el papel del Govern con la Ley de Dependencia”.
La situación de “miles de personas”
La asociación Foro de Vida Independiente y Divertad lanzó un comunicado tras las acusaciones de El Periódico en el que sale en la defensa de Gómez. El texto afirma que es evidente que Gómez “hizo referencias personales en aras de la simplicidad imprescindible para los pocos minutos disponibles, y no para buscar una solución personal a su caso concreto”. De hecho, la asociación tilda de “incomprensible” que “ante un problema de derechos humanos de todo el colectivo, el presidente de la Generalitat intentara llevar la solución a un caso personal”.
El Foro se sorprende de que “un medio de comunicación que recibe 2'72 millones de euros en subvenciones dedique estos recursos públicos a investigar y publicar datos confidenciales de ciudadanos que plantan cara al poder político reivindicando los derechos humanos de un colectivo sistemáticamente discriminado”.
“El periodista –prosigue- miente al afirmar que Nuria “ocultó una parte sustancial de su vivencia”, o al decir que presentó “falso testimonio ante las cámaras”. Es absolutamente cierto que la Ley de promoción de la dependencia sólo le otorgaría 1 hora y 15 minutos de asistencia, y eso nada tiene que ver con su participación en un programa experimental y graciable”. En este sentido destaca la “estupefacción” que produce que se señale la participación de Nuria en un proyecto piloto “como un privilegio”, en lugar de “como parte de la lucha para conseguir el respeto por los derechos humanos y la libertad del grupo humano que históricamente más ha sufrido la discriminación y la exclusión social”.
La mujer tetrapléjica y la pregunta incómoda
Uno de los miembros de Foro de Vida Independiente y Divertad, José Antonio Nóvoa, salió en defensa de “la mujer tetrapléjica que hizo una pregunta incómoda” en un artículo que ha cobrado especial difusión.
El texto constata que el “pecado” de Gómez es “ponerse en la situación de miles de personas para exponer la contradicción existente entre una retórica política que alimenta expectativas de ciudadanía y la realidad palpable, explicando el divorcio entre los derechos formales y la realidad existencial de las personas en situación de dependencia”.
“Los medios de comunicación, son su imaginería, a menudo contribuyen a la legitimación de estereotipos orientados a desvalorizarnos o significarnos como seres impropios de la sociedad humana, hasta puntos indignantes, como el traído en el tendencioso artículo que refrenda en el rancio estereotipo del ‘minusválido perverso’”.
El Periódico respondió a la iniciativa de la asociación, en el contexto de su defensa a ultranza de Montilla, insistiendo en que “las palabras de Gómez en televisión iban encaminadas a buscar una solución para su caso”, una afirmación que queda desactivada en el mismo momento en que la joven se niega a que Montilla se interese por su expediente ya que, tal y como afirmó, ella “no iba a mendigar por mi expediente” sino que representaba a ese segmento de la sociedad.
Fuente : forumlibertas.com/frontend/forumlibertas/noticia
Nuria Gómez puso varias veces contra las cuerdas al candidato socialista en el programa ‘Tengo una pregunta para usted’. Él le pidió los papeles para solucionar su problema, “yo no iba a mendigar por mi expediente”, responde ella.
Montilla no dejó satisfecha con su respuesta a la joven tetrapléjica
El candidato a renovar la presidencia de la Generalitat de Cataluña en las inminentes elecciones catalanas, José Montilla, se ha visto envuelto en una polémica provocada por una pregunta que le realizó una chica tetrapléjica de 35 años y a la que no supo responder consistentemente en el programa ‘Tinc una pregunta per a vostè’ de TVE de Cataluña, versión catalana del ‘Tengo una pregunta para usted’.
El dato significativo es que haya tenido que acudir al rescate de ‘Súper Montilla’ –rebautizado así por los suyos para estos comicios- uno de los voceros ideológicos que en forma de diario hacen su particular y a menudo manipulada versión de los hechos sobre la realidad, El Periódico de Cataluña.
Los hechos sucedieron de la siguiente forma: Núria Gómez, una joven tetrapléjica de 25 años, interrogó a José Montilla sobre la Ley de la Dependencia y de servicios sociales: “generó muchas expectativas –explica Gómez-, expectativas frustradas porque la realidad de la vida cotidiana no nos ha cambiado a la gente”, y prosigue: “para dar un ejemplo concreto: en mi caso la ley de la dependencia me da una hora y cuarto de asistencia personal al día, con eso no tengo ni para levantarme de la cama, entonces no me queda otra opción que la de encerrarme en una residencia”.
Núria Gómez, miembro del Foro de Vida Independiente y Divertad continúa con la pregunta al líder de los socialistas catalanes: “No sé si sabe usted lo que le cuesta a la Generalitat esta plaza residencial, son 3.200 euros al mes. Con esto yo tendría para ocho horas de asistencia diaria, entonces mi pregunta es: ¿Por qué la Generalitat se gasta más en encerrar a la gente en la residencia que en dar asistencia personalizada para que la gente pueda vivir en su casa?”, y, finalmente, insta a Montilla a comprometerse en la próxima legislatura “a que al menos se equipare la misma cantidad, que se pueda escoger entre una prestación y otra”.
La respuesta de Montilla –que no abordó su pregunta- no dejó satisfecha a la joven que instó al todavía presidente de la Generalitat a aclarar exactamente la cuestión que ella le había formulado: si se comprometía a que las personas que se encontraban en su situación pudieran escoger entre las dos opciones recibiendo la misma prestación.
Las palabras del socialista siguieron sin cumplir las expectativas de la joven que le interpeló por tercera vez: “Vuelvo a insistirle: ¿Por qué la Generalitat quiere privilegiar una opción por encima de otra?, ¿cuál es el interés?, yo hablo de la misma cantidad, del mismo coste”, subrayó.
Montilla argumentó que “la residencia siempre debe de ser el último recurso si la persona no quiere ir”, además, reconoció que lo que decía la joven “le parece sensato” y agregó: “no entiendo lo que ha pasado en su caso concreto” por ello le pidie que después “si me da usted los papeles podré ver qué ha sucedido”. Ella le respondió resignada “no es el mío [en referencia a su expediente], es el de todas las personas”.
El Periódico al rescate de ‘Súper Montilla’
En su edición del sábado de esa misma semana, El Periódico de Cataluña publicó un artículo en el que supuestamente se intentaba desacreditar a la chica tetrapléjica que había dejado en evidencia a un Montilla falto de argumentos en el programa de la televisión pública.
El argumento de El Periódico –y a raíz de una investigación que realizó el propio diario- era que la joven percibía 4.170 euros en ayudas gracias, según afirmó la propia joven, que explicó formar parte desde hace cuatro años y “junto a otras ocho personas” de “un proyecto piloto del Govern y del Ayuntamiento de Barcelona por el que recibo 320 horas de asistente personal al mes, por un valor de 4.170 euros”.
Al parecer, fuera de los focos Montilla se interesó por el caso de Gómez que se negó, “Es que yo no iba a mendigar por mi expediente”. La joven tetrapléjica, y en representación también de la asociación que representaba, quiso interpelar a Montilla sobre la situación en la que se encuentran la inmensa mayoría de dependientes.
Que Gómez haya podido acceder a unas ayudas excepcionales no deslegitima, como pretende El Periódico de Cataluña, la pregunta que formuló la joven en representación de las personas que necesitan prestaciones para recibir servicios de ayuda. Porque, cabe recordarlo, el formato del programa de TVE pretende presentar una representación de la ciudadanía. Por lo tanto Gómez no se representaba sólo a sí misma, sino a todo el colectivo de ciudadanos españoles que precisan de ayudas sociales a la dependencia.
Además, una cosa es bien cierta, si Gómez no estuviera en ese programa “piloto” del que sólo se benefician nueve personas en Cataluña (en España 150.000 personas necesitan ayudas a la dependencia) tendría, como ella misma explica, que estar internada en una residencia porque la Ley de Dependencia, con la que el Gobierno pretendía dar respuesta a la necesidad de todas esas personas, sólo le proporcionaría 1 hora y cuarto de asistencia personal al día.
“El programa piloto en el que estoy está en prórrogas y si mañana se acaba a lo único que tengo derecho por ley es a una hora de la Ley de Dependencia”, explicó Gómez en declaraciones fuera de cámara que, además aclara: “¿Qué no dije toda mi vida? Es que tienes la oportunidad de hacer una pregunta y el tiempo es limitado. Mucha gente no puede, y no perderé la oportunidad porque represento a mucha gente”.
El Periódico relata que la chica “lamenta enrabietada” que se cuestione su intervención “en lugar de cuestionar el papel del Govern con la Ley de Dependencia”.
La situación de “miles de personas”
La asociación Foro de Vida Independiente y Divertad lanzó un comunicado tras las acusaciones de El Periódico en el que sale en la defensa de Gómez. El texto afirma que es evidente que Gómez “hizo referencias personales en aras de la simplicidad imprescindible para los pocos minutos disponibles, y no para buscar una solución personal a su caso concreto”. De hecho, la asociación tilda de “incomprensible” que “ante un problema de derechos humanos de todo el colectivo, el presidente de la Generalitat intentara llevar la solución a un caso personal”.
El Foro se sorprende de que “un medio de comunicación que recibe 2'72 millones de euros en subvenciones dedique estos recursos públicos a investigar y publicar datos confidenciales de ciudadanos que plantan cara al poder político reivindicando los derechos humanos de un colectivo sistemáticamente discriminado”.
“El periodista –prosigue- miente al afirmar que Nuria “ocultó una parte sustancial de su vivencia”, o al decir que presentó “falso testimonio ante las cámaras”. Es absolutamente cierto que la Ley de promoción de la dependencia sólo le otorgaría 1 hora y 15 minutos de asistencia, y eso nada tiene que ver con su participación en un programa experimental y graciable”. En este sentido destaca la “estupefacción” que produce que se señale la participación de Nuria en un proyecto piloto “como un privilegio”, en lugar de “como parte de la lucha para conseguir el respeto por los derechos humanos y la libertad del grupo humano que históricamente más ha sufrido la discriminación y la exclusión social”.
La mujer tetrapléjica y la pregunta incómoda
Uno de los miembros de Foro de Vida Independiente y Divertad, José Antonio Nóvoa, salió en defensa de “la mujer tetrapléjica que hizo una pregunta incómoda” en un artículo que ha cobrado especial difusión.
El texto constata que el “pecado” de Gómez es “ponerse en la situación de miles de personas para exponer la contradicción existente entre una retórica política que alimenta expectativas de ciudadanía y la realidad palpable, explicando el divorcio entre los derechos formales y la realidad existencial de las personas en situación de dependencia”.
“Los medios de comunicación, son su imaginería, a menudo contribuyen a la legitimación de estereotipos orientados a desvalorizarnos o significarnos como seres impropios de la sociedad humana, hasta puntos indignantes, como el traído en el tendencioso artículo que refrenda en el rancio estereotipo del ‘minusválido perverso’”.
El Periódico respondió a la iniciativa de la asociación, en el contexto de su defensa a ultranza de Montilla, insistiendo en que “las palabras de Gómez en televisión iban encaminadas a buscar una solución para su caso”, una afirmación que queda desactivada en el mismo momento en que la joven se niega a que Montilla se interese por su expediente ya que, tal y como afirmó, ella “no iba a mendigar por mi expediente” sino que representaba a ese segmento de la sociedad.
Fuente : forumlibertas.com/frontend/forumlibertas/noticia
ESTEPONA - AYUNTAMIENTO ASUME COMPETENCIAS SERVICIO AYUDA DOMICILIO
El Ayuntamiento asume las competencias de organización del Servicio de Ayuda a Domicilio
El Ayuntamiento de Estepona, a través de la delegación municipal de Bienestar Social, informa que el alcalde, David Valadez, y la consejera para la Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, han suscrito una adenda al convenio de colaboración vigente desde 2007, que tiene por objeto articular la colaboración entre ambas partes para la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio a las personas que tengan reconocida la situación de dependencia y se les haya prescrito dicho servicio en el Programa Individual de Atención.
Con esta adenda se modifican diversas claúsulas del anterior convenio, recogido en la Orden por la que se regula el servicio de ayuda a domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía, con motivo de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia.
Así, a partir de la fecha, la organización del Servicio de Ayuda a Domicilio pasa a ser competencia de la Corporación Local, que podrá gestionarlo de forma directa e indirecta. En todo caso, le corresponden las funciones de coordinación, seguimiento, supervisión y evaluación del servicio, sin perjuicio de las funciones de evaluación y seguimiento atribuidas a la Consejería competente en materia de servicios sociales, en el artículo 25 de la Orden de 15 de noviembre de 2007.
Asimismo, los medios humanos y materiales que se deriven de la prestación del servicio son de responsabilidad exclusiva de la Corporación Local, quien asume las obligaciones que establecen las disposiciones vigentes.
En cuanto al sistema de financiación, denominado ahora “Entregas a cuenta y regularización”, las fuentes de financiación son las aportaciones de la Administración General del Estado y de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como de las personas usuarias, en los términos establecidos en los artículos 22 y 23 de la Orden de 15 de noviembre de 2007.
Los restantes extremos recogidos en el convenio de colaboración que no han sido modificados quedan tal cual, y rigen a todos los efectos.
Además de las citadas, la Ley atribuye importantes competencias a los Ayuntamientos, ya que se asignó a los Servicios Sociales Comunitarios correspondientes al municipio de residencia de las personas solicitantes iniciar la tramitación del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y, en su caso, del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, así como la elaboración de la propuesta de Programa Individual de Atención.
En lo que va de año se han resuelto de forma positiva más de 260 propuestas del Programa Individual de Atención de personas en situación de dependencia.
Precisamente, y al objeto de financiar la atención a las personas en situación de dependencia, la Junta de Andalucía ha aportado para este eño, al Ayuntamiento de Estepona, un total de 137.345 €, por medio de los créditos habilitados por la Consejería de Asuntos Sociales y los fondos habilitados para la Ley de Dependencia.
El Consistorio dedica esta cantidad al mantenimiento del refuerzo de personal de los Servicios Sociales Comunitarios con la finalidad de que los mismos puedan asumir de forma conveniente las competencias que les atribuye el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, así como los órganos competentes para su valoración.
Con esta aportación se financia la contratación, por parte de la Corporación Local, tanto de Asistentes Sociales o Diplomados en Trabajos Sociales, como del personal administrivo hasta el 31 de diciembre de 2010.
Fuente : teleprensa.es/malaga-noticia
El Ayuntamiento de Estepona, a través de la delegación municipal de Bienestar Social, informa que el alcalde, David Valadez, y la consejera para la Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, han suscrito una adenda al convenio de colaboración vigente desde 2007, que tiene por objeto articular la colaboración entre ambas partes para la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio a las personas que tengan reconocida la situación de dependencia y se les haya prescrito dicho servicio en el Programa Individual de Atención.
Con esta adenda se modifican diversas claúsulas del anterior convenio, recogido en la Orden por la que se regula el servicio de ayuda a domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía, con motivo de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia.
Así, a partir de la fecha, la organización del Servicio de Ayuda a Domicilio pasa a ser competencia de la Corporación Local, que podrá gestionarlo de forma directa e indirecta. En todo caso, le corresponden las funciones de coordinación, seguimiento, supervisión y evaluación del servicio, sin perjuicio de las funciones de evaluación y seguimiento atribuidas a la Consejería competente en materia de servicios sociales, en el artículo 25 de la Orden de 15 de noviembre de 2007.
Asimismo, los medios humanos y materiales que se deriven de la prestación del servicio son de responsabilidad exclusiva de la Corporación Local, quien asume las obligaciones que establecen las disposiciones vigentes.
En cuanto al sistema de financiación, denominado ahora “Entregas a cuenta y regularización”, las fuentes de financiación son las aportaciones de la Administración General del Estado y de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como de las personas usuarias, en los términos establecidos en los artículos 22 y 23 de la Orden de 15 de noviembre de 2007.
Los restantes extremos recogidos en el convenio de colaboración que no han sido modificados quedan tal cual, y rigen a todos los efectos.
Además de las citadas, la Ley atribuye importantes competencias a los Ayuntamientos, ya que se asignó a los Servicios Sociales Comunitarios correspondientes al municipio de residencia de las personas solicitantes iniciar la tramitación del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y, en su caso, del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, así como la elaboración de la propuesta de Programa Individual de Atención.
En lo que va de año se han resuelto de forma positiva más de 260 propuestas del Programa Individual de Atención de personas en situación de dependencia.
Precisamente, y al objeto de financiar la atención a las personas en situación de dependencia, la Junta de Andalucía ha aportado para este eño, al Ayuntamiento de Estepona, un total de 137.345 €, por medio de los créditos habilitados por la Consejería de Asuntos Sociales y los fondos habilitados para la Ley de Dependencia.
El Consistorio dedica esta cantidad al mantenimiento del refuerzo de personal de los Servicios Sociales Comunitarios con la finalidad de que los mismos puedan asumir de forma conveniente las competencias que les atribuye el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, así como los órganos competentes para su valoración.
Con esta aportación se financia la contratación, por parte de la Corporación Local, tanto de Asistentes Sociales o Diplomados en Trabajos Sociales, como del personal administrivo hasta el 31 de diciembre de 2010.
Fuente : teleprensa.es/malaga-noticia
ANDALUCÍA - NUEVO DECRETO LEY REORDENACIÓN SECTOR PÚBLICO
Este sábado entra en vigor el nuevo decreto ley de reordenación del sector público
En ese decreto ley se crea la Agencia de Servicios Sociales y dependencia de Andalucía
El decreto ley de reordenación del sector público de la Junta ha salido publicado este viernes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), y entrará en vigor este sábado, tras haber sido aprobado en Consejo de Gobierno el pasado martes y que incluye las modificaciones acordadas con los sindicatos CCOO-A y UGT-A.
Según dicho decreto ley, consultado por Europa Press, la Junta hace referencia al acuerdo alcanzado el pasado 29 de noviembre "en el marco del diálogo social permanente", dentro de la reunión de la Mesa General de Negociación del Empleado Público de la Administración de la Junta de Andalucía, donde se contempla la propuesta de modificación de ciertos aspectos del anterior decreto-ley, el 5/2010 de 27 de julio, con objeto de "concretar los procedimientos de integración del personal funcionario y laboral que pudiera verse afectado por la aplicación de las medidas contempladas en esta norma".
La Junta destacó que las cuestiones más importantes de dicho acuerdo están relacionadas con "las garantías de salvaguarda de los derechos de los empleados públicos, reforzando la voluntariedad del proceso de integración". Asimismo, queda "garantizada" la aplicación del acuerdo de condiciones de trabajo del personal funcionario y la aplicación del convenio colectivo de la Administración de la Junta de Andalucía al personal laboral de dicha Administración hasta que exista un nuevo convenio colectivo.
De igual forma, se indica que se mantiene la condición de personal funcionario o laboral, con independencia de su integración en alguna de las nuevas agencias y se alude al carácter voluntario de integración del personal en una agencia pública empresarial.
La integración del personal en las agencias públicas empresariales o de régimen especial se realizará de acuerdo con un protocolo que se adoptará por la Consejería de Hacienda y Administración Pública, donde se aplicarán las reglas anteriores.
Asimismo, según el texto, "queda reforzada la garantía de los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad para el acceso a la condición de personal funcionario o laboral de la Administración General de la Junta", de manera que se establece expresamente que "no existirá ningún procedimiento de acceso a dicha condición distinto al establecido para la ciudadanía en general, para el personal laboral que se integra en las nuevas agencias, procedente de entidades instrumentales que se extinguen o se transforman".
Ante esto, con este nuevo decreto ley se modifica la disposición adicional cuarta del decreto-ley 5/2010 y se da nueva redacción a un apartado de la Ley 9/2007 de la Administración de la Junta de Andalucía (LAJA), en lo que se refiere al personal funcionario y laboral que se integre en las agencias públicas empresariales.
En el texto se justifica el empleo de la fórmula de decreto ley, ya que "en el conjunto en cada una de las medidas que se adoptan concurren, por la naturaleza y finalidad de las mismas, las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el Estatuto de Autonomía" para ello.
El texto publicado en BOJA reproduce íntegramente el decreto-ley 5/2010, integrando en el mismo las modificaciones que se realizan, procedentes del acuerdo alcanzado con CCOO y UGT.
En este decreto ley se contemplan modificaciones de la LAJA, donde, entre otras se establece que la creación de las agencias administrativas y públicas empresariales se efectuará por ley, los estatutos de las agencias administrativas y públicas empresariales se aprobarán por decreto del Consejo de Gobierno y la adscripción de las agencias administrativas y públicas empresariales a una o varias Consejerías o a una agencia se efectuará por decreto del Consejo de Gobierno.
Asimismo, la modificación o refundición de las agencias deberá producirse por ley "cuando suponga alteración de sus fines, del tipo de entidad o de las peculiaridades relativas a los recursos económicos, al régimen del personal, patrimonial o fiscal", mientras que la modificación o refundición de las agencias "por razones de eficacia, eficiencia y de economía del gasto público en la aplicación de los recursos del sector público, aun cuando suponga alteración de sus fines o del tipo de entidad", se llevará a cabo por decreto del Consejo de Gobierno, y el resto de las modificaciones o refundiciones se llevarán a cabo por decreto del Consejo de Gobierno.
Se contempla que las administraciones públicas empresariales sólo ejercerán las potestades administrativas que expresamente se les atribuyan y en el caso de que se trate de funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguarda de los intereses generales, que deban corresponder exclusivamente a personal funcionario, podrá llevarlas a cabo, bajo la dirección funcional de la agencia pública empresarial, el personal funcionario perteneciente a la Consejería o la agencia administrativa a la que esté adscrita.
MODIFICACIONES LEGISLATIVAS Y NUEVAS AGENCIAS
Este decreto ley contempla también la modificación de la ley de Patrimonio de la Comunidad, donde se contempla la posibilidad de efectuar enajenaciones de bienes inmuebles del patrimonio de la Comunidad, donde se exigirá autorización por norma con rango de ley cuando el importe del bien sea superior a 20 millones de euros.
También se modifica la Ley andaluza de la Ciencia y el Conocimiento, se contempla la adaptación y transformación de Ferrocarriles de la Junta, se modifica la Ley de Ordenación de Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía, se contempla la adaptación del Servicio Andaluz de Empleo, que adoptará la figura de agencia de régimen especial y cuyos bienes se incorporarán al patrimonio de la Comunidad.
Asimismo, se contempla la conformación como agencia pública empresarial a la empresa pública de Hospital de la Costa del Sol, agencia empresarial a la que se adscribirá la empresa pública hospital de Poniente de Almería, la empresa pública hospital Alto Guadalquivir y la empresa pública sanitaria Bajo Guadalquivir.
En ese decreto ley se alude a la creación de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucia, se crea la Agencia de Servicios Sociales y dependencia de Andalucía, se crea la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, mientras que queda extinguido el Instituto Andaluz de las Artes y las Letras y la Agencia Andaluza del Agua.
Además, se hace mención expresa a la supresión del Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA), cuyos bienes se incorporarán al patrimonio de la Junta y sobre la que se alude expresamente en cuando a la posibilidad de acceso a la propiedad para aquellas personas adjudicatarias de explotaciones que cumplan ciertos requisitos. También se aluden a la extinción de las cámaras agrarias de la Comunidad.
Fuente : europapress.es/andalucia
En ese decreto ley se crea la Agencia de Servicios Sociales y dependencia de Andalucía
El decreto ley de reordenación del sector público de la Junta ha salido publicado este viernes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), y entrará en vigor este sábado, tras haber sido aprobado en Consejo de Gobierno el pasado martes y que incluye las modificaciones acordadas con los sindicatos CCOO-A y UGT-A.
Según dicho decreto ley, consultado por Europa Press, la Junta hace referencia al acuerdo alcanzado el pasado 29 de noviembre "en el marco del diálogo social permanente", dentro de la reunión de la Mesa General de Negociación del Empleado Público de la Administración de la Junta de Andalucía, donde se contempla la propuesta de modificación de ciertos aspectos del anterior decreto-ley, el 5/2010 de 27 de julio, con objeto de "concretar los procedimientos de integración del personal funcionario y laboral que pudiera verse afectado por la aplicación de las medidas contempladas en esta norma".
La Junta destacó que las cuestiones más importantes de dicho acuerdo están relacionadas con "las garantías de salvaguarda de los derechos de los empleados públicos, reforzando la voluntariedad del proceso de integración". Asimismo, queda "garantizada" la aplicación del acuerdo de condiciones de trabajo del personal funcionario y la aplicación del convenio colectivo de la Administración de la Junta de Andalucía al personal laboral de dicha Administración hasta que exista un nuevo convenio colectivo.
De igual forma, se indica que se mantiene la condición de personal funcionario o laboral, con independencia de su integración en alguna de las nuevas agencias y se alude al carácter voluntario de integración del personal en una agencia pública empresarial.
La integración del personal en las agencias públicas empresariales o de régimen especial se realizará de acuerdo con un protocolo que se adoptará por la Consejería de Hacienda y Administración Pública, donde se aplicarán las reglas anteriores.
Asimismo, según el texto, "queda reforzada la garantía de los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad para el acceso a la condición de personal funcionario o laboral de la Administración General de la Junta", de manera que se establece expresamente que "no existirá ningún procedimiento de acceso a dicha condición distinto al establecido para la ciudadanía en general, para el personal laboral que se integra en las nuevas agencias, procedente de entidades instrumentales que se extinguen o se transforman".
Ante esto, con este nuevo decreto ley se modifica la disposición adicional cuarta del decreto-ley 5/2010 y se da nueva redacción a un apartado de la Ley 9/2007 de la Administración de la Junta de Andalucía (LAJA), en lo que se refiere al personal funcionario y laboral que se integre en las agencias públicas empresariales.
En el texto se justifica el empleo de la fórmula de decreto ley, ya que "en el conjunto en cada una de las medidas que se adoptan concurren, por la naturaleza y finalidad de las mismas, las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el Estatuto de Autonomía" para ello.
El texto publicado en BOJA reproduce íntegramente el decreto-ley 5/2010, integrando en el mismo las modificaciones que se realizan, procedentes del acuerdo alcanzado con CCOO y UGT.
En este decreto ley se contemplan modificaciones de la LAJA, donde, entre otras se establece que la creación de las agencias administrativas y públicas empresariales se efectuará por ley, los estatutos de las agencias administrativas y públicas empresariales se aprobarán por decreto del Consejo de Gobierno y la adscripción de las agencias administrativas y públicas empresariales a una o varias Consejerías o a una agencia se efectuará por decreto del Consejo de Gobierno.
Asimismo, la modificación o refundición de las agencias deberá producirse por ley "cuando suponga alteración de sus fines, del tipo de entidad o de las peculiaridades relativas a los recursos económicos, al régimen del personal, patrimonial o fiscal", mientras que la modificación o refundición de las agencias "por razones de eficacia, eficiencia y de economía del gasto público en la aplicación de los recursos del sector público, aun cuando suponga alteración de sus fines o del tipo de entidad", se llevará a cabo por decreto del Consejo de Gobierno, y el resto de las modificaciones o refundiciones se llevarán a cabo por decreto del Consejo de Gobierno.
Se contempla que las administraciones públicas empresariales sólo ejercerán las potestades administrativas que expresamente se les atribuyan y en el caso de que se trate de funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguarda de los intereses generales, que deban corresponder exclusivamente a personal funcionario, podrá llevarlas a cabo, bajo la dirección funcional de la agencia pública empresarial, el personal funcionario perteneciente a la Consejería o la agencia administrativa a la que esté adscrita.
MODIFICACIONES LEGISLATIVAS Y NUEVAS AGENCIAS
Este decreto ley contempla también la modificación de la ley de Patrimonio de la Comunidad, donde se contempla la posibilidad de efectuar enajenaciones de bienes inmuebles del patrimonio de la Comunidad, donde se exigirá autorización por norma con rango de ley cuando el importe del bien sea superior a 20 millones de euros.
También se modifica la Ley andaluza de la Ciencia y el Conocimiento, se contempla la adaptación y transformación de Ferrocarriles de la Junta, se modifica la Ley de Ordenación de Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía, se contempla la adaptación del Servicio Andaluz de Empleo, que adoptará la figura de agencia de régimen especial y cuyos bienes se incorporarán al patrimonio de la Comunidad.
Asimismo, se contempla la conformación como agencia pública empresarial a la empresa pública de Hospital de la Costa del Sol, agencia empresarial a la que se adscribirá la empresa pública hospital de Poniente de Almería, la empresa pública hospital Alto Guadalquivir y la empresa pública sanitaria Bajo Guadalquivir.
En ese decreto ley se alude a la creación de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucia, se crea la Agencia de Servicios Sociales y dependencia de Andalucía, se crea la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, mientras que queda extinguido el Instituto Andaluz de las Artes y las Letras y la Agencia Andaluza del Agua.
Además, se hace mención expresa a la supresión del Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA), cuyos bienes se incorporarán al patrimonio de la Junta y sobre la que se alude expresamente en cuando a la posibilidad de acceso a la propiedad para aquellas personas adjudicatarias de explotaciones que cumplan ciertos requisitos. También se aluden a la extinción de las cámaras agrarias de la Comunidad.
Fuente : europapress.es/andalucia
jueves, 25 de noviembre de 2010
C.VALENCIANA - "EL CONSELL YA ESTÁ OBLIGADO A RESOLVER EN SEIS MESES"
Responde al anuncio de Such
El PSPV dice que Consell ya está "obligado" a resolver las ayudas en seis meses y "lo incumple sistemáticamente"
El portavoz de Bienestar Social del grupo socialista en Las Corts, Antonio Torres, ha indicado que la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas del Procedimiento Administrativo Común "obliga a la Administración a resolver las solicitudes a la Ley de la Dependencia en el plazo de seis meses".
Por ello, ha explicado que "lo que ahora dice la consellera de Bienestar Social, Angélica Such, que va a poner en marcha, el plazo de seis meses, es algo a lo que ya estaba obligada anteriormente y que ha estado incumpliendo sistemáticamente".
Torres se ha expresado en estos términos en un comunicado en respuesta a las declaraciones realizadas este miércoles por Such, quien ha anunciado que el nuevo decreto de reconocimiento de la situación de dependencia que prepara la Conselleria de Bienestar Social fija un plazo máximo de seis meses para resolver el expediente y en el caso de que se excediera este periodo por una causa imputable a la Administración el beneficiario obtendrá de forma automática el derecho a la retroactividad en las prestaciones.
"Es insultante para los dependientes valencianos que haga ese anuncio en estos momentos, después de estar boicoteando durante tres años la aplicación de la Ley de la Dependencia", ha denunciado el parlamentario del PSPV.
El dirigente socialista ha declarado que, además de ese plazo, la propia Ley de la Dependencia también recoge "la obligatoriedad de que la Administración pague con efecto retroactivo desde el día en que se presenta la solicitud". "No va a poner en marcha nada nuevo ni va a hacerse ninguna concesión", ha aseverado.
Según Torres, Such "lanza proclamas como si la Conselleria fuera a hacer avances en el área, cuando lo único que hace con esta propuesta que ha realizado es ajustarse al cumplimiento de la Ley de Procedimiento Administrativo y la Ley de la Dependencia que hasta ahora han estado violando flagrantemente".
El responsable de Bienestar Social ha recalcado que es "insultante", porque, de este modo, Such "reconoce que la tramitación de las ayudas es larga, que hay esperas indebidas, que no se da carácter retroactivo a las ayudas y que existe un régimen de incompatibilidades".
Antonio Torres ha recordado que "ya el año pasado, a la vista de las protestas y de que las plataformas y las entidades que están relacionadas con la dependencia le denunciaran el trámite administrativo tan largo que seguían las ayudas, la cantidad de recursos que tenían que hacerse por parte de los afectados y sobre todo que no se estaban cumpliendo los plazos que establecía la propia norma, la consellera se comprometió a que para enero del año 2010 se modificaría ese decreto". "Ha pasado un año y ahora de nuevo vuelve a prometer que a primeros del año 2011 se modificará ese decreto", ha subrayado.
Para el diputado en las Corts, la Conselleria de Bienestar Social "está maltratando a los dependientes de la Comunitat Valenciana". "Hay más de 30.000 personas que están ya valoradas y están pendientes de que la Administración Autonómica les conceda las ayudas y se sigue manteniendo una actitud total y absolutamente insultante para con las personas dependientes de nuestra Comunidad", ha manifestado.
Asimismo, ha destacado que "hay personas en la Comunitat Valenciana que llevan tres años esperando a que se resuelva su ayuda, cuando la Ley de Procedimiento Administrativo señala taxativamente que el plazo máximo son seis meses".
Fuente : europapress.es/comunitat-valenciana
El PSPV dice que Consell ya está "obligado" a resolver las ayudas en seis meses y "lo incumple sistemáticamente"
El portavoz de Bienestar Social del grupo socialista en Las Corts, Antonio Torres, ha indicado que la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas del Procedimiento Administrativo Común "obliga a la Administración a resolver las solicitudes a la Ley de la Dependencia en el plazo de seis meses".
Por ello, ha explicado que "lo que ahora dice la consellera de Bienestar Social, Angélica Such, que va a poner en marcha, el plazo de seis meses, es algo a lo que ya estaba obligada anteriormente y que ha estado incumpliendo sistemáticamente".
Torres se ha expresado en estos términos en un comunicado en respuesta a las declaraciones realizadas este miércoles por Such, quien ha anunciado que el nuevo decreto de reconocimiento de la situación de dependencia que prepara la Conselleria de Bienestar Social fija un plazo máximo de seis meses para resolver el expediente y en el caso de que se excediera este periodo por una causa imputable a la Administración el beneficiario obtendrá de forma automática el derecho a la retroactividad en las prestaciones.
"Es insultante para los dependientes valencianos que haga ese anuncio en estos momentos, después de estar boicoteando durante tres años la aplicación de la Ley de la Dependencia", ha denunciado el parlamentario del PSPV.
El dirigente socialista ha declarado que, además de ese plazo, la propia Ley de la Dependencia también recoge "la obligatoriedad de que la Administración pague con efecto retroactivo desde el día en que se presenta la solicitud". "No va a poner en marcha nada nuevo ni va a hacerse ninguna concesión", ha aseverado.
Según Torres, Such "lanza proclamas como si la Conselleria fuera a hacer avances en el área, cuando lo único que hace con esta propuesta que ha realizado es ajustarse al cumplimiento de la Ley de Procedimiento Administrativo y la Ley de la Dependencia que hasta ahora han estado violando flagrantemente".
El responsable de Bienestar Social ha recalcado que es "insultante", porque, de este modo, Such "reconoce que la tramitación de las ayudas es larga, que hay esperas indebidas, que no se da carácter retroactivo a las ayudas y que existe un régimen de incompatibilidades".
Antonio Torres ha recordado que "ya el año pasado, a la vista de las protestas y de que las plataformas y las entidades que están relacionadas con la dependencia le denunciaran el trámite administrativo tan largo que seguían las ayudas, la cantidad de recursos que tenían que hacerse por parte de los afectados y sobre todo que no se estaban cumpliendo los plazos que establecía la propia norma, la consellera se comprometió a que para enero del año 2010 se modificaría ese decreto". "Ha pasado un año y ahora de nuevo vuelve a prometer que a primeros del año 2011 se modificará ese decreto", ha subrayado.
Para el diputado en las Corts, la Conselleria de Bienestar Social "está maltratando a los dependientes de la Comunitat Valenciana". "Hay más de 30.000 personas que están ya valoradas y están pendientes de que la Administración Autonómica les conceda las ayudas y se sigue manteniendo una actitud total y absolutamente insultante para con las personas dependientes de nuestra Comunidad", ha manifestado.
Asimismo, ha destacado que "hay personas en la Comunitat Valenciana que llevan tres años esperando a que se resuelva su ayuda, cuando la Ley de Procedimiento Administrativo señala taxativamente que el plazo máximo son seis meses".
Fuente : europapress.es/comunitat-valenciana
GALICIA - ARTEIXO - DENUNCIA EN LOS JUZGADOS
Una vecina de Arteixo denuncia en los juzgados a los servicios de dependencia por «mentir»
Mangano Passot dice que «no hay vergüenza, ni sentimientos» porque «la única respuesta es esperar y hace tres años que estoy esperando».
Adriana Mangano Passot presentó una denuncia el 19 de noviembre ante el Juzgado de Instrucción número 5 de A Coruña contra los servicios de dependencia de la Xunta en A Coruña. Esta vecina de Arteixo acusó al personal de este departamento de «mentir», al no haber recibido todavía la ayuda por su madre dependiente.
En la denuncia, Mangano Passot dice que «no hay vergüenza, ni sentimientos» porque «la única respuesta es esperar y hace tres años que estoy esperando».
Adriana Mangano solicitó en el 2007 la ayuda para su madre dependiente. La valoración que hizo la Xunta confirmó que la madre de Adriana presentaba un grado 2 nivel 1 de dependencia, valoración que fue modificada hace quince días a grado 3 nivel 2, el mayor índice de dependencia que contempla la ley.
Mangano dice que estuvo esperando dos años por el grado 2 y que no está dispuesta a esperar el mismo período de tiempo por el grado 3. Asegura que su situación económica es crítica porque su marido está sin trabajo, ella no puede emplearse al tener que cuidar de su madre y tiene un niño de ocho años. «¿Y me dicen que tengo que esperar dos años más?», se indignó.
Por su parte, la Xunta informó de que la madre de Adriana no tenía derecho a prestación hasta este año y que el grado máximo de dependencia lo obtuvo hace quince días.
También explicó que se le dará prioridad, aunque no anunció cuándo se podrá resolver su expediente.
Fuente : lavozdegalicia.es
Mangano Passot dice que «no hay vergüenza, ni sentimientos» porque «la única respuesta es esperar y hace tres años que estoy esperando».
Adriana Mangano Passot presentó una denuncia el 19 de noviembre ante el Juzgado de Instrucción número 5 de A Coruña contra los servicios de dependencia de la Xunta en A Coruña. Esta vecina de Arteixo acusó al personal de este departamento de «mentir», al no haber recibido todavía la ayuda por su madre dependiente.
En la denuncia, Mangano Passot dice que «no hay vergüenza, ni sentimientos» porque «la única respuesta es esperar y hace tres años que estoy esperando».
Adriana Mangano solicitó en el 2007 la ayuda para su madre dependiente. La valoración que hizo la Xunta confirmó que la madre de Adriana presentaba un grado 2 nivel 1 de dependencia, valoración que fue modificada hace quince días a grado 3 nivel 2, el mayor índice de dependencia que contempla la ley.
Mangano dice que estuvo esperando dos años por el grado 2 y que no está dispuesta a esperar el mismo período de tiempo por el grado 3. Asegura que su situación económica es crítica porque su marido está sin trabajo, ella no puede emplearse al tener que cuidar de su madre y tiene un niño de ocho años. «¿Y me dicen que tengo que esperar dos años más?», se indignó.
Por su parte, la Xunta informó de que la madre de Adriana no tenía derecho a prestación hasta este año y que el grado máximo de dependencia lo obtuvo hace quince días.
También explicó que se le dará prioridad, aunque no anunció cuándo se podrá resolver su expediente.
Fuente : lavozdegalicia.es
MADRID - LA CRISIS DEBILITA LOS PRESUPUESTOS
Un año sin nuevas obras
Las cuentas que presenta hoy el alcalde no contemplan iniciar ningún proyecto - Las inversiones caen un 39% respecto a 2010
Después del espíritu modernizador que invadió durante años una ciudad partida por las obras, Madrid se olvidará de nuevas zanjas, calles cortadas y grandes proyectos. Al menos, en lo que corresponde al Ayuntamiento. La crisis obliga.
Los presupuestos para 2011 que el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, presenta hoy vienen con un recorte del 39% en el capítulo de inversiones. La fórmula para alcanzar el ajuste es meridiana: no se iniciará una sola obra nueva. Los 279 millones de esta partida se dedicarán a finalizar proyectos prometidos en el programa electoral.
Las principales inversiones se destinarán a completar la rehabilitación del palacio de Cibeles y organizar su primera exposición que se celebrará previsiblemente en abril (15,7 millones de euros); se acondicionará el centro cultural Matadero (9,8 millones); se culminará el proyecto Madrid Río para que esté listo antes de las próximas elecciones municipales (37,3 millones) o se emprenderá la construcción de un polideportivo y una biblioteca en la plaza de Barceló (25,7 millones).
No se alcanzará, por ejemplo, la construcción de los 32 centros de día prometidos para esta legislatura. En un momento tan ajustado como el actual, el Ayuntamiento ha dado prioridad a las escuelas infantiles porque considera que los centros para mayores son un recurso de la Ley de Dependencia para el que la Comunidad de Madrid tiene que aportar una financiación que está por llegar.
Con la resaca del encuentro frustrado con José Luis Rodríguez Zapatero reciente, el alcalde presenta los que son, probablemente, los presupuestos más duros de su mandato. Tras la negativa del Gobierno central a refinanciar la deuda que le vence este año y el que viene, la caída del 30% de los ingresos en los últimos tres años y el compromiso de ahorrar 1.041 millones de euros, cuadrar las cuentas de 2011 ha sido un quebradero de cabeza para los responsables municipales.
Después de varios meses haciendo cálculos, el presupuesto con el que contará el Ayuntamiento el año que viene sufrirá la tercera y mayor rebaja -un 9% aproximadamente- desde que Gallardón es alcalde. El recorte era de esperar.
El terreno ha ido abonándose desde que finalizaron las obras de soterramiento de parte de la M-30. En tan solo tres ejercicios las inversiones se han desplomado un 65% y los 279 millones previstos en los próximos presupuestos quedan ya muy lejos de los 802 millones dedicados en 2008. El ajuste es considerable y generalizado en todas las áreas de Gobierno.
El alcalde se encuentra además con una dificultad añadida y es que en 2011 ya no habrá proeyctos para el fomento de la inversión local, los llamados Plan E.
Gracias a la inversión estatal Gallardón ha ido tachando desde el año pasado compromisos electorales a pesar de contar con un 25% menor de los 590 millones que utilizó en 2009. Pero el año que viene, sin los 800 millones que aportaron los planes a las arcas municipales los dos últimos años, no hay dinero más que para intentar finalizar lo prometido.
Los concejales de todas las áreas de Gobierno, que "ya no mandan cartas a los Reyes Magos", como bromeaba el edil de Hacienda, Juan Bravo, han visto como sus inversiones han caído drásticamente.
El mayor recorte lo sufrirá Miguel Ángel Villanueva en Economía. Una vez finalizada la construcción de los viveros de empresas, que absorbían prácticamente todo el dinero, la inversión se ha reducido más de un 93%. Ahora, con una partida de 427.000 euros solo podrá permitirse la reforma y equipamiento de los centros de la agencia para el empleo o la adaptación de un edificio para acoger el vivero de empresas de Moratalaz, que se lleva más de la mitad del gasto.
Ana Botella, en Medio Ambiente, también contará con poco margen el año que viene. Los 114,9 millones que ha podido gastar en 2010 se rebajan en 2011 a 44,5 millones. Las inversiones se concentrarán, básicamente, en construir dos colectores de agua (21,8 millones); completar la ampliación de la red sureste de reutilización de aguas residuales (5,2 millones); o el saneamiento de las márgenes del río Manzanares (2,5 millones).
La Concejalía de Hacienda y Administración Pública perderá el año que viene la mitad de sus inversiones. Los 48,3 millones con los que cuenta el concejal Juan Bravo pagarán la última partida de la rehabilitación del Palacio de Cibeles (14,6 millones) ya incluida en los 124, 5 millones de gasto total o la conservación y mantenimiento de edificios municipales (7,8 millones)
Las inversiones de la Concejalía de Urbanismo que dirige Pilar Martínez apenas disminuirán un 16%, pero más de la mitad de los recursos se destinarán a completar Madrid Río (37,3 millones).
Pedro Calvo, el concejal de Seguridad y Movilidad, capeará la crisis con un 34,5% menos de inversión. De los 10,7 millones previstos el cuerpo de bomberos, que se desgañita a diario pidiendo la renovación de su material de trabajo, se llevará una buena parte de la inversión -2,4 millones- en nuevas herramientas, vehículos y equipamientos. El grueso del gasto (6,7 millones) se destinará a la instalación de semáforos y señalizaciones.
La crisis debilita la inversión:
- Gallardón destinará el año que viene 279,6 millones de euros en inversiones, dedicadas a completar proyectos ya iniciados.
- El gasto es un 39% menos que el de 2010.
- Desde 2008, el capítulo de inversiones, debilitado desde que se finalizaron las obras de soterramiento de la M-30, ha sufrido una rebaja del 65%.
- Todas las concejalías sufren el recorte en este capítulo. El más castigado en los presupuestos que se presentan hoy.
Fuente : elpais.com/articulo/madrid
Las cuentas que presenta hoy el alcalde no contemplan iniciar ningún proyecto - Las inversiones caen un 39% respecto a 2010
Después del espíritu modernizador que invadió durante años una ciudad partida por las obras, Madrid se olvidará de nuevas zanjas, calles cortadas y grandes proyectos. Al menos, en lo que corresponde al Ayuntamiento. La crisis obliga.
Los presupuestos para 2011 que el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, presenta hoy vienen con un recorte del 39% en el capítulo de inversiones. La fórmula para alcanzar el ajuste es meridiana: no se iniciará una sola obra nueva. Los 279 millones de esta partida se dedicarán a finalizar proyectos prometidos en el programa electoral.
Las principales inversiones se destinarán a completar la rehabilitación del palacio de Cibeles y organizar su primera exposición que se celebrará previsiblemente en abril (15,7 millones de euros); se acondicionará el centro cultural Matadero (9,8 millones); se culminará el proyecto Madrid Río para que esté listo antes de las próximas elecciones municipales (37,3 millones) o se emprenderá la construcción de un polideportivo y una biblioteca en la plaza de Barceló (25,7 millones).
No se alcanzará, por ejemplo, la construcción de los 32 centros de día prometidos para esta legislatura. En un momento tan ajustado como el actual, el Ayuntamiento ha dado prioridad a las escuelas infantiles porque considera que los centros para mayores son un recurso de la Ley de Dependencia para el que la Comunidad de Madrid tiene que aportar una financiación que está por llegar.
Con la resaca del encuentro frustrado con José Luis Rodríguez Zapatero reciente, el alcalde presenta los que son, probablemente, los presupuestos más duros de su mandato. Tras la negativa del Gobierno central a refinanciar la deuda que le vence este año y el que viene, la caída del 30% de los ingresos en los últimos tres años y el compromiso de ahorrar 1.041 millones de euros, cuadrar las cuentas de 2011 ha sido un quebradero de cabeza para los responsables municipales.
Después de varios meses haciendo cálculos, el presupuesto con el que contará el Ayuntamiento el año que viene sufrirá la tercera y mayor rebaja -un 9% aproximadamente- desde que Gallardón es alcalde. El recorte era de esperar.
El terreno ha ido abonándose desde que finalizaron las obras de soterramiento de parte de la M-30. En tan solo tres ejercicios las inversiones se han desplomado un 65% y los 279 millones previstos en los próximos presupuestos quedan ya muy lejos de los 802 millones dedicados en 2008. El ajuste es considerable y generalizado en todas las áreas de Gobierno.
El alcalde se encuentra además con una dificultad añadida y es que en 2011 ya no habrá proeyctos para el fomento de la inversión local, los llamados Plan E.
Gracias a la inversión estatal Gallardón ha ido tachando desde el año pasado compromisos electorales a pesar de contar con un 25% menor de los 590 millones que utilizó en 2009. Pero el año que viene, sin los 800 millones que aportaron los planes a las arcas municipales los dos últimos años, no hay dinero más que para intentar finalizar lo prometido.
Los concejales de todas las áreas de Gobierno, que "ya no mandan cartas a los Reyes Magos", como bromeaba el edil de Hacienda, Juan Bravo, han visto como sus inversiones han caído drásticamente.
El mayor recorte lo sufrirá Miguel Ángel Villanueva en Economía. Una vez finalizada la construcción de los viveros de empresas, que absorbían prácticamente todo el dinero, la inversión se ha reducido más de un 93%. Ahora, con una partida de 427.000 euros solo podrá permitirse la reforma y equipamiento de los centros de la agencia para el empleo o la adaptación de un edificio para acoger el vivero de empresas de Moratalaz, que se lleva más de la mitad del gasto.
Ana Botella, en Medio Ambiente, también contará con poco margen el año que viene. Los 114,9 millones que ha podido gastar en 2010 se rebajan en 2011 a 44,5 millones. Las inversiones se concentrarán, básicamente, en construir dos colectores de agua (21,8 millones); completar la ampliación de la red sureste de reutilización de aguas residuales (5,2 millones); o el saneamiento de las márgenes del río Manzanares (2,5 millones).
La Concejalía de Hacienda y Administración Pública perderá el año que viene la mitad de sus inversiones. Los 48,3 millones con los que cuenta el concejal Juan Bravo pagarán la última partida de la rehabilitación del Palacio de Cibeles (14,6 millones) ya incluida en los 124, 5 millones de gasto total o la conservación y mantenimiento de edificios municipales (7,8 millones)
Las inversiones de la Concejalía de Urbanismo que dirige Pilar Martínez apenas disminuirán un 16%, pero más de la mitad de los recursos se destinarán a completar Madrid Río (37,3 millones).
Pedro Calvo, el concejal de Seguridad y Movilidad, capeará la crisis con un 34,5% menos de inversión. De los 10,7 millones previstos el cuerpo de bomberos, que se desgañita a diario pidiendo la renovación de su material de trabajo, se llevará una buena parte de la inversión -2,4 millones- en nuevas herramientas, vehículos y equipamientos. El grueso del gasto (6,7 millones) se destinará a la instalación de semáforos y señalizaciones.
La crisis debilita la inversión:
- Gallardón destinará el año que viene 279,6 millones de euros en inversiones, dedicadas a completar proyectos ya iniciados.
- El gasto es un 39% menos que el de 2010.
- Desde 2008, el capítulo de inversiones, debilitado desde que se finalizaron las obras de soterramiento de la M-30, ha sufrido una rebaja del 65%.
- Todas las concejalías sufren el recorte en este capítulo. El más castigado en los presupuestos que se presentan hoy.
Fuente : elpais.com/articulo/madrid
MADRID - FUENLABRADA - APLICACIÓN LEY ENFRENTA A GOBIERNO LOCAL Y OPOSICIÓN
La aplicación de la Ley de Dependencia en Fuenlabrada enfrenta a Gobierno local y oposición
El alcalde de Fuenlabrada ha afirmado que al PP local “le molesta” que se trabaje por el cumplimiento de la Ley de Dependencia con la participación vecinal, después de que los populares denunciaran un supuesto “uso partidista” del Observatorio Municipal de la Dependencia para atacar a la Comunidad de Madrid.
El PP ha criticado la presencia de un en enlace en la web municipal a una plataforma del Partido Socialista madrileño, así como un correo electrónico del PSM.
Después de la última reunión del Observatorio de la Dependencia fuenlabreño, el PP local ha vuelto a insistir en lo que califican como “uso partidista” de este organismo municipal contra la Comunidad de Madrid.
El PP fuenlabreño afirma que el Ejecutivo regional ha tramitado 2.650 solicitudes de valoración de dependencia en el municipio, de las cuales ya se han realizado un 90%, y 8 de cada 10 admitidas ya están recibiendo su servicio o ayuda económica. Los populares añaden que la Comunidad financia el 62% de la ayuda a domicilio y teleasistencia en Fuenlabrada, y el total de la atención domiciliaria a personas dependientes.
El PP local considera que el Observatorio pretende dar publicidad a una plataforma del Partido Socialista madrileño sobre la dependencia con un correo electrónico presente en la web del Consistorio.
Desde el Gobierno local se ha defendido el Observatorio municipal de la Dependencia como organismo de “participación”, integrado por vecinos afectados y entidades ciudadanas, y mantienen que esto es lo que “molesta al Partido Popular”. El alcalde fuenlabreño ha destacado que desde hace más de un año, el Ayuntamiento se ha visto obligado a hacerse cargo de la ayuda a domicilio de 170 personas que no recibían la ayuda regional después de su valoración. Manuel Robles ha hablado de “dejación de funciones” en este campo por parte del Ejecutivo autonómico.
Robles ha insistido finalmente en que a los populares les molesta que se trabaje para el cumplimiento de la Ley de Dependencia, una norma estatal de cuyo desarrollo deben ocuparse las Comunidades Autónomas.
Fuente : sermadridsur.com/noticias
El alcalde de Fuenlabrada ha afirmado que al PP local “le molesta” que se trabaje por el cumplimiento de la Ley de Dependencia con la participación vecinal, después de que los populares denunciaran un supuesto “uso partidista” del Observatorio Municipal de la Dependencia para atacar a la Comunidad de Madrid.
El PP ha criticado la presencia de un en enlace en la web municipal a una plataforma del Partido Socialista madrileño, así como un correo electrónico del PSM.
Después de la última reunión del Observatorio de la Dependencia fuenlabreño, el PP local ha vuelto a insistir en lo que califican como “uso partidista” de este organismo municipal contra la Comunidad de Madrid.
El PP fuenlabreño afirma que el Ejecutivo regional ha tramitado 2.650 solicitudes de valoración de dependencia en el municipio, de las cuales ya se han realizado un 90%, y 8 de cada 10 admitidas ya están recibiendo su servicio o ayuda económica. Los populares añaden que la Comunidad financia el 62% de la ayuda a domicilio y teleasistencia en Fuenlabrada, y el total de la atención domiciliaria a personas dependientes.
El PP local considera que el Observatorio pretende dar publicidad a una plataforma del Partido Socialista madrileño sobre la dependencia con un correo electrónico presente en la web del Consistorio.
Desde el Gobierno local se ha defendido el Observatorio municipal de la Dependencia como organismo de “participación”, integrado por vecinos afectados y entidades ciudadanas, y mantienen que esto es lo que “molesta al Partido Popular”. El alcalde fuenlabreño ha destacado que desde hace más de un año, el Ayuntamiento se ha visto obligado a hacerse cargo de la ayuda a domicilio de 170 personas que no recibían la ayuda regional después de su valoración. Manuel Robles ha hablado de “dejación de funciones” en este campo por parte del Ejecutivo autonómico.
Robles ha insistido finalmente en que a los populares les molesta que se trabaje para el cumplimiento de la Ley de Dependencia, una norma estatal de cuyo desarrollo deben ocuparse las Comunidades Autónomas.
Fuente : sermadridsur.com/noticias
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