Desde mayo del año 2009, hemos estado a su lado, acompañándoles en cada uno de los pasos y trámites del Procedimiento, proporcionándoles información tanto estatal como autonómica, asistencia y ayuda en la redacción de los diferentes escritos necesarios para que pudieran tener la efectividad de sus derechos, reconocidos por la Ley 39/2006.
Para contribuir con el mantenimiento de estas páginas y sus servicios, que se ofrecían de forma desinteresada a todas las personas dependientes y sus familiares, el equipo dispuso un espacio para la Publicidad de Google Adsense, cuyo importe, junto al de las donaciones que algunos usuarios tenían a bien realizar, se destinaba íntegramente para el mantenimiento de estas páginas y sus servicios.
Google Adsense, llegado fin de mes, debería haber ingresado en nuestra cuenta la totalidad de la cuantía recogida por los clicks en dicha publicidad que los visitantes y usuarios de estas páginas habían realizado.
Hoy, día 28 de Octubre de 2010, Google Adsense, de forma unilateral, ha procedido a suprimir la publicidad y la cuantía generada sin dar explicación alguna, importe que se hubiera destinado íntegramente al mantenimiento de estas páginas, sus servicios y alquiler de dominios.
Por lo que El Equipo de www.laleydeladependencia.es y www.laleydeladependencia.com , a partir de esta fecha, ante la imposibilidad de seguir afrontando los costes que suponen este mantenimiento, se ve obligado a dejar de prestar sus servicios.
La existencia de las páginas, así como toda la información en ellas recogida, en beneficio de todos los que precisen de ella, se mantendrá los meses cuyo alquiler de dominios han sido abonados por este equipo anteriormente.
Para todos aquellos usuarios que han contactado con nosotros hasta la fecha y que estén pendientes de resolución, deben saber que estaremos con ellos hasta el final, tienen nuestro firme compromiso.
Dar sinceras gracias a todos aquellos que han colaborado en el mantenimiento de estas páginas hasta la fecha, dejar constancia que con su gesto han ayudado a que muchas personas dependientes tengan su Procedimiento resuelto y la modalidad solicitada sea efectiva.
A todos nuestros usuarios gracias por la confianza depositada en este equipo.
A todos, GRACIAS.
jueves, 28 de octubre de 2010
ASTURIAS - A NOELIA NO LE PASAN LOS APUNTES
A Noelia no le pasan los apuntes
Los padres de los alumnos discapacitados del Instituto de La Ería denuncian que el centro no cumple los programas de atención a sus hijos
Noelia tiene quince años, estudia tercero de la ESO en el Instituto de La Ería y tiene un expediente escolar intachable, plagado de sobresalientes y notables.
Pero Noelia no puede caminar, utiliza sus manos con enormes dificultades y no puede escribir.
Le cuesta hablar, pero lo hace.
Según la Ley de Dependencia en Asturias, sólo hay tres estudiantes en el nivel de máxima dependencia: Noelia, su compañero Javi y un niño de Avilés.
Son grandes discapacitados.
La joven vive con sus padres, Puri de Jesús y Francisco Raúl Echevarría, en un piso en La Monxina. Estudia en La Ería porque es el centro de referencia para alumnos discapacitados. Lo ha decidido la Consejería de Educación. Noelia lleva dos años estudiando en este centro junto a otros dos alumnos, pero este curso han llegado otros cuatro discapacitados y la cosa se ha complicado.
En el centro hay una cuidadora para los siete chavales y tres profesoras de apoyo, una de ellas a tiempo parcial, que según los padres no cumplen con lo que deberían. Estos estudiantes necesitan a alguien a su lado que les tome los apuntes en las clases y les acompañe en los exámenes. Las profesoras de apoyo no lo hacen porque dicen que no es su cometido, según denuncian los padres.
La cuidadora «hace más de lo que puede», afirma José Manuel Muñiz, padre de Alba, otra chica discapacitada. Pero no es suficiente. En dos recreos de 15 y 20 minutos es imposible llevar al baño a siete chavales discapacitados y ayudarles a comer el pincho.
Además, en el Instituto sólo hay un ascensor, que una vez ya se estropeó y dejó a los chicos aislados con su cuidadora. Muñiz denuncia otro aspecto: «Alba es sorda y el profesor tiene que utilizar un micrófono que emite en FM y sólo lo escucha ella, pero se niega a hacerlo».
Los padres no piden nada más que lo que dice la ley, que sus niños tengan los cuidados y los apoyos necesarios para poder seguir sacando sobresalientes.
Fuente : lne.es/oviedo
Los padres de los alumnos discapacitados del Instituto de La Ería denuncian que el centro no cumple los programas de atención a sus hijos
Noelia tiene quince años, estudia tercero de la ESO en el Instituto de La Ería y tiene un expediente escolar intachable, plagado de sobresalientes y notables.
Pero Noelia no puede caminar, utiliza sus manos con enormes dificultades y no puede escribir.
Le cuesta hablar, pero lo hace.
Según la Ley de Dependencia en Asturias, sólo hay tres estudiantes en el nivel de máxima dependencia: Noelia, su compañero Javi y un niño de Avilés.
Son grandes discapacitados.
La joven vive con sus padres, Puri de Jesús y Francisco Raúl Echevarría, en un piso en La Monxina. Estudia en La Ería porque es el centro de referencia para alumnos discapacitados. Lo ha decidido la Consejería de Educación. Noelia lleva dos años estudiando en este centro junto a otros dos alumnos, pero este curso han llegado otros cuatro discapacitados y la cosa se ha complicado.
En el centro hay una cuidadora para los siete chavales y tres profesoras de apoyo, una de ellas a tiempo parcial, que según los padres no cumplen con lo que deberían. Estos estudiantes necesitan a alguien a su lado que les tome los apuntes en las clases y les acompañe en los exámenes. Las profesoras de apoyo no lo hacen porque dicen que no es su cometido, según denuncian los padres.
La cuidadora «hace más de lo que puede», afirma José Manuel Muñiz, padre de Alba, otra chica discapacitada. Pero no es suficiente. En dos recreos de 15 y 20 minutos es imposible llevar al baño a siete chavales discapacitados y ayudarles a comer el pincho.
Además, en el Instituto sólo hay un ascensor, que una vez ya se estropeó y dejó a los chicos aislados con su cuidadora. Muñiz denuncia otro aspecto: «Alba es sorda y el profesor tiene que utilizar un micrófono que emite en FM y sólo lo escucha ella, pero se niega a hacerlo».
Los padres no piden nada más que lo que dice la ley, que sus niños tengan los cuidados y los apoyos necesarios para poder seguir sacando sobresalientes.
Fuente : lne.es/oviedo
CASTILLA LA MANCHA - APUESTA POR ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DEPENDENCIA
El Gobierno regional apuesta por el envejecimiento activo y la prevención de la dependencia
El director general de Atención a Mayores, Discapacidad y Dependencia, Javier Pérez, ha asistido hoy a la inauguración en Toledo de las II Jornadas de Protección de las Personas Mayores.
El director general de Atención a las Personas Mayores, Personas con Discapacidad y Personas en Situación de Dependencia, Javier Pérez, ha asegurado hoy en Toledo que el Gobierno de Castilla-La Mancha apuesta por reforzar las políticas orientadas hacia el envejecimiento activo y la prevención de la dependencia para continuar mejorando su calidad de vida.
Pérez ha inaugurado hoy en la capital regional la II Jornadas de Protección a las Personas Mayores organizada por la Fundación Mayores dirigida a los profesionales que trabajan con este segmento de la población para analizar e identificar las dificultades, amenazas, fortalezas y oportunidades en su labor diaria ante el envejecimiento progresivo de la sociedad, los cambios de forma de vida, la necesidad de protección de las personas mayores más vulnerables y la puesta en marcha del Sistema Nacional de Dependencia.
En su intervención, el director general ha señalado que el Gobierno regional en colaboración con el movimiento asociativo ha conseguido situar a Castilla-La Mancha como referencia nacional en envejecimiento activo y en dependencia y que es necesario continuar avanzando en esa línea para incrementar la calidad y la excelencia de la atención prestada a las personas mayores y reforzar la garantía y protección de sus derechos.
A las políticas de envejecimiento activo que promueve el Gobierno de Castilla-La Mancha (turismo y termalismo social, acceso a las nuevas tecnologías, senderismo, actividades de ocio y tiempo libre, universidad de mayores) acceden cada año unos 100.000 beneficiarios. Por otro lado, la aplicación de la Ley de Dependencia beneficia a más de 35.000 familias castellano-manchegas.
Para Pérez, la elaboración por parte del Gobierno del presidente Barreda de la nueva Ley de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, que garantiza como derechos ciudadanos un total de 23 prestaciones sociales, y la buena aplicación de la Ley de Dependencia consolidan esa posición privilegiada de la región en la atención a las personas mayores.
Por último, ha señalado que el envejecimiento paulatino de la población, con un mayor grado de deterioro cognitivo hace necesario estar vigilantes en la garantía y protección de los derechos de las personas mayores y que en esa labor entidades como la Fundación de Mayores desempeñan un papel fundamental para el Gobierno regional.
En la mesa presidencial, Pérez ha estado acompañado por el presidente de la Fundación Mayores, Antonio Rodríguez, y la concejala de Servicios Sociales, Ana Saavedra.
En las jornadas se ha debatido de los problemas del envejecimiento, la educación y el aprendizaje de las personas mayores, el maltrato hacia estas personas o los mecanismos de protección de este grupo de la población.
Fuente : lacerca.com/noticias
El director general de Atención a Mayores, Discapacidad y Dependencia, Javier Pérez, ha asistido hoy a la inauguración en Toledo de las II Jornadas de Protección de las Personas Mayores.
El director general de Atención a las Personas Mayores, Personas con Discapacidad y Personas en Situación de Dependencia, Javier Pérez, ha asegurado hoy en Toledo que el Gobierno de Castilla-La Mancha apuesta por reforzar las políticas orientadas hacia el envejecimiento activo y la prevención de la dependencia para continuar mejorando su calidad de vida.
Pérez ha inaugurado hoy en la capital regional la II Jornadas de Protección a las Personas Mayores organizada por la Fundación Mayores dirigida a los profesionales que trabajan con este segmento de la población para analizar e identificar las dificultades, amenazas, fortalezas y oportunidades en su labor diaria ante el envejecimiento progresivo de la sociedad, los cambios de forma de vida, la necesidad de protección de las personas mayores más vulnerables y la puesta en marcha del Sistema Nacional de Dependencia.
En su intervención, el director general ha señalado que el Gobierno regional en colaboración con el movimiento asociativo ha conseguido situar a Castilla-La Mancha como referencia nacional en envejecimiento activo y en dependencia y que es necesario continuar avanzando en esa línea para incrementar la calidad y la excelencia de la atención prestada a las personas mayores y reforzar la garantía y protección de sus derechos.
A las políticas de envejecimiento activo que promueve el Gobierno de Castilla-La Mancha (turismo y termalismo social, acceso a las nuevas tecnologías, senderismo, actividades de ocio y tiempo libre, universidad de mayores) acceden cada año unos 100.000 beneficiarios. Por otro lado, la aplicación de la Ley de Dependencia beneficia a más de 35.000 familias castellano-manchegas.
Para Pérez, la elaboración por parte del Gobierno del presidente Barreda de la nueva Ley de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, que garantiza como derechos ciudadanos un total de 23 prestaciones sociales, y la buena aplicación de la Ley de Dependencia consolidan esa posición privilegiada de la región en la atención a las personas mayores.
Por último, ha señalado que el envejecimiento paulatino de la población, con un mayor grado de deterioro cognitivo hace necesario estar vigilantes en la garantía y protección de los derechos de las personas mayores y que en esa labor entidades como la Fundación de Mayores desempeñan un papel fundamental para el Gobierno regional.
En la mesa presidencial, Pérez ha estado acompañado por el presidente de la Fundación Mayores, Antonio Rodríguez, y la concejala de Servicios Sociales, Ana Saavedra.
En las jornadas se ha debatido de los problemas del envejecimiento, la educación y el aprendizaje de las personas mayores, el maltrato hacia estas personas o los mecanismos de protección de este grupo de la población.
Fuente : lacerca.com/noticias
HACIA ALLÁ VAMOS...
Hacia allá vamos
España superará a Japón como la sociedad más envejecida del mundo dentro de pocos años.
El gobierno español ha intentado garantizar los derechos de esa población con medidas como la Ley de Dependencia, considerada "el cuarto pilar del Estado de bienestar".
El resto descansa en las pensiones, la educación gratuita, universal y obligatoria, y la sanidad.
Algunos gobiernos regionales han escatimado recursos para hacer efectivos derechos de las personas dependientes, muchas de ellas mayores, con la excusa de la crisis económica y la falta de fondos.
Además, el gobierno propone retrasar la edad de la jubilación a 67 años de los 65 actuales. Se dedican grandes esfuerzos a garantizar la sostenibilidad económica del sistema de pensiones.
Sin embargo, algunas organizaciones de la sociedad civil y los mismos gobiernos se ocupan también de otros aspectos fundamentales del envejecimiento.
No se trata sólo de cubrir servicios médicos y de reducir los gastos en medicinas. Las sociedades industrializadas se han empeñado en añadir vida a los años con sus avances en el campo de la medicina, pero se han olvidado de llenar de contenido esos años que, muchas veces, van quedándose vacíos conforme se acerca el final.
El voluntariado social aporta ese plus humanidad en sociedades como la española.
El Ayuntamiento de Madrid realizó un estudio con personas mayores atendidas por voluntarios que trabajan para organizaciones de la sociedad civil.
La mayor parte de los ancianos encuestados tiene entre 70 y 84 años de edad, y el 90% son mujeres. De estas personas, el 88% viven solas por circunstancias sobrevenidas, como la viudedad. El resto lo hace por decisión propia.
Dos terceras partes de los ancianos encuestados llevan más de un año recibiendo visitas de voluntarios sociales. Estos "arañan" dos horas de su tiempo a la semana para acompañar a los mayores. Hablan con respeto y con ternura, pero sin paternalismos ni asistencialismos que puedan generar dependencias que podrían ser tan peligrosas para el anciano como para el voluntario social.
De ahí la importancia de la formación que las organizaciones ofrecen y exigen a sus voluntarios.
Después de la familia, las personas mayores señalaron que el segundo círculo social más importante para ellos lo componen los voluntarios que los visitan, por encima de los amigos y de los vecinos. La "modernización" del mundo pone cada vez más obstáculos entre las personas.
La despersonalización de la vida urbana desemboca en el abandono de personas mayores, un fenómeno que crece en las grandes ciudades de países obsesionadas en imitar el modelo de consumo de los países ricos.
La diferencia radica en el grado de protección social: los ancianos que viven en grandes ciudades de muchos países empobrecidos no tienen una cobertura que les garantice unas pensiones mínimas y beneficios por dependencias, como sucede en los Estados de bienestar de varios países ricos.
Por eso, la desestructuración de las "grandes" familias supondría un grave problema social para países emergentes como México.
El 60% de los ancianos encuestados en Madrid recibe una visita por semana como mínimo. Valoran tanto la compañía como la disponibilidad para hablar durante paseos, durante visitas al médico, para hacer la compra juntos o cualquier otra gestión que sirva como excusa. Muchos reconocen que no harían estas actividades sin la seguridad física y anímica que les aporta la presencia de una persona más joven, que está ahí porque quiere.
Los voluntarios sociales les aportan un importante apoyo emocional y la posibilidad de compartir tiempo y experiencias, según han manifestado los mayores. En muchos casos se habla de un nuevo sentido a la vida.
Los familiares han reconocido cómo, con el paso de las semanas, los ancianos que cuentan con el apoyo de voluntarios empiezan a arreglarse y a cuidarse más. Se recupera el sentido del vivir.
Pero además de la estimulación de la autoestima, la presencia de un voluntario social comprometido como referente supone para ellos un pilar de apoyo para que permanezcan en su hogar si así lo desean.
Distintas experiencias de voluntariado social en España, que aportan compañía y actividades diversas para un envejecimiento saludable, ayudan a recomponer un tejido social que precisa de la experiencia de los mayores y del reconocimiento por lo que aportan a la sociedad.
Carlos Miguélez Monroy
Periodista
ccs@solidarios.org.es
Fuente : mercuriomanta.com
España superará a Japón como la sociedad más envejecida del mundo dentro de pocos años.
El gobierno español ha intentado garantizar los derechos de esa población con medidas como la Ley de Dependencia, considerada "el cuarto pilar del Estado de bienestar".
El resto descansa en las pensiones, la educación gratuita, universal y obligatoria, y la sanidad.
Algunos gobiernos regionales han escatimado recursos para hacer efectivos derechos de las personas dependientes, muchas de ellas mayores, con la excusa de la crisis económica y la falta de fondos.
Además, el gobierno propone retrasar la edad de la jubilación a 67 años de los 65 actuales. Se dedican grandes esfuerzos a garantizar la sostenibilidad económica del sistema de pensiones.
Sin embargo, algunas organizaciones de la sociedad civil y los mismos gobiernos se ocupan también de otros aspectos fundamentales del envejecimiento.
No se trata sólo de cubrir servicios médicos y de reducir los gastos en medicinas. Las sociedades industrializadas se han empeñado en añadir vida a los años con sus avances en el campo de la medicina, pero se han olvidado de llenar de contenido esos años que, muchas veces, van quedándose vacíos conforme se acerca el final.
El voluntariado social aporta ese plus humanidad en sociedades como la española.
El Ayuntamiento de Madrid realizó un estudio con personas mayores atendidas por voluntarios que trabajan para organizaciones de la sociedad civil.
La mayor parte de los ancianos encuestados tiene entre 70 y 84 años de edad, y el 90% son mujeres. De estas personas, el 88% viven solas por circunstancias sobrevenidas, como la viudedad. El resto lo hace por decisión propia.
Dos terceras partes de los ancianos encuestados llevan más de un año recibiendo visitas de voluntarios sociales. Estos "arañan" dos horas de su tiempo a la semana para acompañar a los mayores. Hablan con respeto y con ternura, pero sin paternalismos ni asistencialismos que puedan generar dependencias que podrían ser tan peligrosas para el anciano como para el voluntario social.
De ahí la importancia de la formación que las organizaciones ofrecen y exigen a sus voluntarios.
Después de la familia, las personas mayores señalaron que el segundo círculo social más importante para ellos lo componen los voluntarios que los visitan, por encima de los amigos y de los vecinos. La "modernización" del mundo pone cada vez más obstáculos entre las personas.
La despersonalización de la vida urbana desemboca en el abandono de personas mayores, un fenómeno que crece en las grandes ciudades de países obsesionadas en imitar el modelo de consumo de los países ricos.
La diferencia radica en el grado de protección social: los ancianos que viven en grandes ciudades de muchos países empobrecidos no tienen una cobertura que les garantice unas pensiones mínimas y beneficios por dependencias, como sucede en los Estados de bienestar de varios países ricos.
Por eso, la desestructuración de las "grandes" familias supondría un grave problema social para países emergentes como México.
El 60% de los ancianos encuestados en Madrid recibe una visita por semana como mínimo. Valoran tanto la compañía como la disponibilidad para hablar durante paseos, durante visitas al médico, para hacer la compra juntos o cualquier otra gestión que sirva como excusa. Muchos reconocen que no harían estas actividades sin la seguridad física y anímica que les aporta la presencia de una persona más joven, que está ahí porque quiere.
Los voluntarios sociales les aportan un importante apoyo emocional y la posibilidad de compartir tiempo y experiencias, según han manifestado los mayores. En muchos casos se habla de un nuevo sentido a la vida.
Los familiares han reconocido cómo, con el paso de las semanas, los ancianos que cuentan con el apoyo de voluntarios empiezan a arreglarse y a cuidarse más. Se recupera el sentido del vivir.
Pero además de la estimulación de la autoestima, la presencia de un voluntario social comprometido como referente supone para ellos un pilar de apoyo para que permanezcan en su hogar si así lo desean.
Distintas experiencias de voluntariado social en España, que aportan compañía y actividades diversas para un envejecimiento saludable, ayudan a recomponer un tejido social que precisa de la experiencia de los mayores y del reconocimiento por lo que aportan a la sociedad.
Carlos Miguélez Monroy
Periodista
ccs@solidarios.org.es
Fuente : mercuriomanta.com
BALEARES - NECESITA 46 MILLONES PARA CREAR 290 PLAZAS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Baleares necesita 46 millones de euros para crear 290 nuevas plazas de atención a personas con discapacidad, según Feaps
Baleares necesita una inversión mínima de 46 millones de euros en nuevas infraestructuras, con el fin de crear nuevas plazas para la atención a las personas con discapacidad, teniendo en cuenta que hay 290 ciudadanos que integran este colectivo y que se encuentran en la "incertidumbre" de saber si podrán recibir los servicios que precisan en 2011, según ha señalado Feaps y FoQua, que son la Federación y la Asociación Empresarial de entidades que trabajan a favor de las personas con discapacidad intelectual de las islas.
En un comunicado, ambas entidades han indicado que, a pesar de que en los últimos años se ha hecho un "esfuerzo considerable" en la mejora, creación e inversión en nuevas plazas para personas con discapacidad en Baleares, este esfuerzo "no es suficiente".
Así, han criticado que el archipiélago vive en la actualidad una situación "no sostenible en cuanto a los servicios sociales" y, en este sentido, han recordado que "reiteradamente", han manifestado su "preocupación" por las listas de espera existentes y la "falta de nuevos centros e infraestructuras para poder atender las necesidades de todas las personas con discapacidad intelectual de Baleares".
En esta línea, Feaps Balears y FoQua han censurado que Baleares se encuentra "a la cola del resto de Comunidades Autónomas tanto en financiación de la Ley de Dependencia, como en inversión en servicios sociales".
"Los datos relacionados con la Ley de Dependencia son alarmantes, ya que mientras que la media nacional se sitúa en 146 euros por habitante, en Baleares la cifra es de 71 euros", han subrayado, al tiempo que han asegurado que "si nos atenemos a los gastos que las Comunidades dedican a los servicios sociales, nos encontramos que, mientras Baleares dedica un 3 por ciento de su presupuesto, la media nacional es un 6 por ciento".
Por ello, estiman que en las islas falta una inversión mínima para mejorar esta situación, que asciende a 46 millones de euros, con el fin de crear 290 nuevas plazas para el 2011 y crear nuevos centros e infraestructuras "tan necesarios a día de hoy".
Feaps y FoQua han recalcado que esta inversión supone solamente el 1,5 por ciento del presupuesto total de Baleares y "solucionaría el problema con el que actualmente se encuentran las entidades que trabajan para las personas con discapacidad".
De este modo, han recalcado que no se debe olvidar que estos servicios son "indispensables para un buen funcionamiento de la sociedad y que aún muchas familias ven cómo sus familiares se encuentran al margen de la Ley, sin gozar de una serie de prestaciones sociales que les pertenecen por derecho y que, a día de hoy, no reciben".
Fuente : 20minutos.es/noticia
Baleares necesita una inversión mínima de 46 millones de euros en nuevas infraestructuras, con el fin de crear nuevas plazas para la atención a las personas con discapacidad, teniendo en cuenta que hay 290 ciudadanos que integran este colectivo y que se encuentran en la "incertidumbre" de saber si podrán recibir los servicios que precisan en 2011, según ha señalado Feaps y FoQua, que son la Federación y la Asociación Empresarial de entidades que trabajan a favor de las personas con discapacidad intelectual de las islas.
En un comunicado, ambas entidades han indicado que, a pesar de que en los últimos años se ha hecho un "esfuerzo considerable" en la mejora, creación e inversión en nuevas plazas para personas con discapacidad en Baleares, este esfuerzo "no es suficiente".
Así, han criticado que el archipiélago vive en la actualidad una situación "no sostenible en cuanto a los servicios sociales" y, en este sentido, han recordado que "reiteradamente", han manifestado su "preocupación" por las listas de espera existentes y la "falta de nuevos centros e infraestructuras para poder atender las necesidades de todas las personas con discapacidad intelectual de Baleares".
En esta línea, Feaps Balears y FoQua han censurado que Baleares se encuentra "a la cola del resto de Comunidades Autónomas tanto en financiación de la Ley de Dependencia, como en inversión en servicios sociales".
"Los datos relacionados con la Ley de Dependencia son alarmantes, ya que mientras que la media nacional se sitúa en 146 euros por habitante, en Baleares la cifra es de 71 euros", han subrayado, al tiempo que han asegurado que "si nos atenemos a los gastos que las Comunidades dedican a los servicios sociales, nos encontramos que, mientras Baleares dedica un 3 por ciento de su presupuesto, la media nacional es un 6 por ciento".
Por ello, estiman que en las islas falta una inversión mínima para mejorar esta situación, que asciende a 46 millones de euros, con el fin de crear 290 nuevas plazas para el 2011 y crear nuevos centros e infraestructuras "tan necesarios a día de hoy".
Feaps y FoQua han recalcado que esta inversión supone solamente el 1,5 por ciento del presupuesto total de Baleares y "solucionaría el problema con el que actualmente se encuentran las entidades que trabajan para las personas con discapacidad".
De este modo, han recalcado que no se debe olvidar que estos servicios son "indispensables para un buen funcionamiento de la sociedad y que aún muchas familias ven cómo sus familiares se encuentran al margen de la Ley, sin gozar de una serie de prestaciones sociales que les pertenecen por derecho y que, a día de hoy, no reciben".
Fuente : 20minutos.es/noticia
MADRID - CONSEJERÍA FAMILIA Y ASUNTOS SOCIALES DESTINA 30 MILLONES A FINANCIAR S.S. LEGANÉS
La consejería de familia y asuntos sociales destina 30 millones a financiar los servicios sociales en leganés
El director general de Coordinación de la Dependencia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, afirmó hoy que el Gobierno regional atiende a más de 3.500 personas en situación de dependencia o con otro tipo de necesidades sociales en el municipio de Leganés, gracias al presupuesto de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, que en 2010 supera los 30 millones de euros en atención directa, además de los más de 1.800 hogares que son atendidos con un servicio de teleasistencia.
De forma específica, agregó, casi 1.500 personas con reconocimiento de dependencia en calendario de aplicación de la ley (grados III y II) ya tienen el servicio o prestación que han solicitado.
“La Comunidad de Madrid está garantizando la atención de todas las personas dependientes de Leganés a través de los recursos públicos con los que cuenta”, destacó ante los responsables de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (Fravm).
La Comunidad, según los datos facilitados hoy, destina más de 8.400 euros per cápita para la atención de los ciudadanos del municipio de Leganés que se encuentran en situación de dependencia o con algún tipo de necesidad social.
El director general aseguró que “la Comunidad de Madrid se encuentra totalmente comprometida con la aplicación de la Ley de Dependencia y ya ha valorado al 95% de los solicitantes y ha otorgado un recurso o prestación a casi ocho de cada diez beneficiarios con su documentación completa”.
En concreto, la Comunidad de Madrid ha reconocido a 630 personas un servicio de atención residencia, a 244 un centro de día, a 280 personas un servicio de atención domiciliaria y a 450 personas la prestación económica que habían solicitado.
Fuente : noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales
El director general de Coordinación de la Dependencia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, afirmó hoy que el Gobierno regional atiende a más de 3.500 personas en situación de dependencia o con otro tipo de necesidades sociales en el municipio de Leganés, gracias al presupuesto de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, que en 2010 supera los 30 millones de euros en atención directa, además de los más de 1.800 hogares que son atendidos con un servicio de teleasistencia.
De forma específica, agregó, casi 1.500 personas con reconocimiento de dependencia en calendario de aplicación de la ley (grados III y II) ya tienen el servicio o prestación que han solicitado.
“La Comunidad de Madrid está garantizando la atención de todas las personas dependientes de Leganés a través de los recursos públicos con los que cuenta”, destacó ante los responsables de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (Fravm).
La Comunidad, según los datos facilitados hoy, destina más de 8.400 euros per cápita para la atención de los ciudadanos del municipio de Leganés que se encuentran en situación de dependencia o con algún tipo de necesidad social.
El director general aseguró que “la Comunidad de Madrid se encuentra totalmente comprometida con la aplicación de la Ley de Dependencia y ya ha valorado al 95% de los solicitantes y ha otorgado un recurso o prestación a casi ocho de cada diez beneficiarios con su documentación completa”.
En concreto, la Comunidad de Madrid ha reconocido a 630 personas un servicio de atención residencia, a 244 un centro de día, a 280 personas un servicio de atención domiciliaria y a 450 personas la prestación económica que habían solicitado.
Fuente : noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales
MADRID - PRESUPUESTOS 2011
El 40,8% a Sanidad y el 26% a Educación
Los presupuestos regionales ascienden a 16.724 millones y caen un 9%
El anteproyecto de Presupuestos regionales de la Comunidad de Madrid para el año 2011 asciende a 16.724 millones de euros, un 9,36 por ciento menos que el de 2010, según ha afirmado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.
En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la presidenta ha destacado que Sanidad es la cartera que recibe más fondos en las nuevas cuentas públicas con 7.125,41 millones de euros, y representa el 40,80 por ciento del total del presupuesto; Educación se lleva 4.548,25 millones, un 26,04 por ciento del total; le sigue Transportes, con 1.523,75 millones, un 8,72 por ciento.
Familia y Asuntos Sociales obtiene 1.257,19 millones; Presidencia, Justicia e Interior, 855 millones; Empleo, Mujer e Inmigración contará con 647,09 millones de euros; Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, 484;Vicepresidencia, Cultura, Deportes y Portavocía de Gobierno, 289; y Economía y Hacienda, 188 millones.
En el presupuesto de ingresos, que baja un 3,4 por ciento respecto a las cuentas públicas de 2010, por impuestos indirectos la Comunidad recauda 9.095 millones de euros; por indirectos, 8.345, tasas y otros ingresos, 373 millones, y destacan las transferencias corrientes con un saldo negativo de 1.536 millones. Dentro de este capítulo es reseñable la cifra negativa de -3.319 millones en concepto de fondo de garantía.
Por último, la recaudación por ingresos patrimoniales asciende a 39 millones; enajenaciones inversiones reales, es de 112 millones y transferencias de capital, 54 millones.
Durante su intervención, Aguirre ha destacado que "ocho de cada diez euros de este presupuesto se destinan a gasto social" y ha recalcado que la cuenta pública para 2011 se basa en tres ejes; el "cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria impuesto por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que a pesar de que permite que el déficit sea de un 0,75 por ciento del PIB, la Comunidad lo ha limitado al 0,70.
Ya dentro del sistema de financiación autonómica, Aguirre ha criticado que el nuevo sistema ha creado el fondo de garantía de los servicios públicos fundamentales, que desvela que Madrid aportará 3.319 millones de euros, de manera que cada madrileño aportará 515 euros a otras regiones para financiar sus políticas sociales.
Además, ha indicado que por la creación del 'Usuario equivalente de servicios públicos' la Comunidad recibe financiación por 600.000 madrileños menos en Sanidad y 450.000 ciudadanos menos en el resto de servicios, lo cual se deriva de un sistema " arbitrario y profundamente injusto con la Comunidad de Madrid".
"Si no nos quitaran de lo que nos corresponde 3.300 millones de euros con este inventado fondo de garantía no tendríamos siquiera que tener en absoluto déficit. habríamos podido financiar el presupuesto", ha aseverado.
Fuente : europapress.es/madrid
Los presupuestos regionales ascienden a 16.724 millones y caen un 9%
El anteproyecto de Presupuestos regionales de la Comunidad de Madrid para el año 2011 asciende a 16.724 millones de euros, un 9,36 por ciento menos que el de 2010, según ha afirmado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.
En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la presidenta ha destacado que Sanidad es la cartera que recibe más fondos en las nuevas cuentas públicas con 7.125,41 millones de euros, y representa el 40,80 por ciento del total del presupuesto; Educación se lleva 4.548,25 millones, un 26,04 por ciento del total; le sigue Transportes, con 1.523,75 millones, un 8,72 por ciento.
Familia y Asuntos Sociales obtiene 1.257,19 millones; Presidencia, Justicia e Interior, 855 millones; Empleo, Mujer e Inmigración contará con 647,09 millones de euros; Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, 484;Vicepresidencia, Cultura, Deportes y Portavocía de Gobierno, 289; y Economía y Hacienda, 188 millones.
En el presupuesto de ingresos, que baja un 3,4 por ciento respecto a las cuentas públicas de 2010, por impuestos indirectos la Comunidad recauda 9.095 millones de euros; por indirectos, 8.345, tasas y otros ingresos, 373 millones, y destacan las transferencias corrientes con un saldo negativo de 1.536 millones. Dentro de este capítulo es reseñable la cifra negativa de -3.319 millones en concepto de fondo de garantía.
Por último, la recaudación por ingresos patrimoniales asciende a 39 millones; enajenaciones inversiones reales, es de 112 millones y transferencias de capital, 54 millones.
Durante su intervención, Aguirre ha destacado que "ocho de cada diez euros de este presupuesto se destinan a gasto social" y ha recalcado que la cuenta pública para 2011 se basa en tres ejes; el "cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria impuesto por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que a pesar de que permite que el déficit sea de un 0,75 por ciento del PIB, la Comunidad lo ha limitado al 0,70.
Ya dentro del sistema de financiación autonómica, Aguirre ha criticado que el nuevo sistema ha creado el fondo de garantía de los servicios públicos fundamentales, que desvela que Madrid aportará 3.319 millones de euros, de manera que cada madrileño aportará 515 euros a otras regiones para financiar sus políticas sociales.
Además, ha indicado que por la creación del 'Usuario equivalente de servicios públicos' la Comunidad recibe financiación por 600.000 madrileños menos en Sanidad y 450.000 ciudadanos menos en el resto de servicios, lo cual se deriva de un sistema " arbitrario y profundamente injusto con la Comunidad de Madrid".
"Si no nos quitaran de lo que nos corresponde 3.300 millones de euros con este inventado fondo de garantía no tendríamos siquiera que tener en absoluto déficit. habríamos podido financiar el presupuesto", ha aseverado.
Fuente : europapress.es/madrid
CASTILLA LA MANCHA - VER LA LEY COMO APUESTA DE FUTURO, NO COMO UN COSTE
Lamata: Hay que ver Ley Dependencia como apuesta de futuro y no por su coste
El consejero de Salud y Bienestar Social, Fernando Lamata, ha afirmado que la Ley de Dependencia, cuyo grado de aplicación, entre otros asuntos, se analizará en el pleno que el Consejo Territorial celebra esta tarde en Madrid, hay que verla como una apuesta de futuro y no por su coste.
Lamata ha reseñado que leyes como la de Dependencia "no hay que verla como un gasto, un coste, sino como una apuesta de futuro, como una inversión que genera solidaridad, cohesión, fortaleza en la estructura familiar y permite trabajar a muchas personas".
En el pleno del Consejo Territorial, que presidirá por primera vez la nueva ministra de Sanidad, Igualdad y Política Social, Leire Pajín, se evaluará la aplicación de la Ley y se aprobarán un nuevo reglamento y el decreto que incorpora nuevos grados de discapacidad.
A preguntas de los periodistas, tras inaugurar en Toledo las II Jornadas sobre 'Servicios Sociales con Calidad', que ha organizado la Federación de Entidades Pro-Personas con discapacidad Intelectual (Feaps), Lamata ha creído que "la ministra respaldará los trabajos que se han hecho y liderará el reto de seguir desarrollando la Ley, sus resultados y sí hay que modificar, corregir, algunos aspectos".
En este sentido ha hablado de las prestaciones económicas, que es el tema más demandado "y debemos seguir impulsando", caso de las residencias o centros de día, y que en Castilla-La Mancha beneficia a más de 35.000 personas, de las que un 75 por ciento son personas mayores, ha explicado el consejero.
Unos datos, según Lamata, que sitúan a Castilla-La Mancha entre las tres primeras Comunidades en el grado de aplicación de la Ley de Dependencia, "con una nota de 8,5 puntos, la más alta".
Sobre una reducción del presupuesto para el próximo ejercicio, Lamata ha puntualizado que la Ley de Dependencia "pese a ser joven" debe garantizarse tanto como "las viejas" y se tendrá que "apretar el cinturón" al mismo nivel que el resto.
"Habrá que hacer un esfuerzo importante para llegar a final de mes, pero el Gobierno regional no aceptará que se deje de aplicar esta Ley en beneficio de otras", ha mantenido.
Según el consejero "esta es la gran ventaja de aprobar la ley".
"El nuevo tramo que se va a aprobar debe entrar en vigor el 1 de enero", ha defendido Lamata, "tendrá un coste, pero ese esfuerzo debemos llevarlo a cabo entre todos, apretando los salarios y reduciendo precios de algunos servicios, como la farmacia u otros sectores negociando con otros proveedores".
Fuente : abc.es
El consejero de Salud y Bienestar Social, Fernando Lamata, ha afirmado que la Ley de Dependencia, cuyo grado de aplicación, entre otros asuntos, se analizará en el pleno que el Consejo Territorial celebra esta tarde en Madrid, hay que verla como una apuesta de futuro y no por su coste.
Lamata ha reseñado que leyes como la de Dependencia "no hay que verla como un gasto, un coste, sino como una apuesta de futuro, como una inversión que genera solidaridad, cohesión, fortaleza en la estructura familiar y permite trabajar a muchas personas".
En el pleno del Consejo Territorial, que presidirá por primera vez la nueva ministra de Sanidad, Igualdad y Política Social, Leire Pajín, se evaluará la aplicación de la Ley y se aprobarán un nuevo reglamento y el decreto que incorpora nuevos grados de discapacidad.
A preguntas de los periodistas, tras inaugurar en Toledo las II Jornadas sobre 'Servicios Sociales con Calidad', que ha organizado la Federación de Entidades Pro-Personas con discapacidad Intelectual (Feaps), Lamata ha creído que "la ministra respaldará los trabajos que se han hecho y liderará el reto de seguir desarrollando la Ley, sus resultados y sí hay que modificar, corregir, algunos aspectos".
En este sentido ha hablado de las prestaciones económicas, que es el tema más demandado "y debemos seguir impulsando", caso de las residencias o centros de día, y que en Castilla-La Mancha beneficia a más de 35.000 personas, de las que un 75 por ciento son personas mayores, ha explicado el consejero.
Unos datos, según Lamata, que sitúan a Castilla-La Mancha entre las tres primeras Comunidades en el grado de aplicación de la Ley de Dependencia, "con una nota de 8,5 puntos, la más alta".
Sobre una reducción del presupuesto para el próximo ejercicio, Lamata ha puntualizado que la Ley de Dependencia "pese a ser joven" debe garantizarse tanto como "las viejas" y se tendrá que "apretar el cinturón" al mismo nivel que el resto.
"Habrá que hacer un esfuerzo importante para llegar a final de mes, pero el Gobierno regional no aceptará que se deje de aplicar esta Ley en beneficio de otras", ha mantenido.
Según el consejero "esta es la gran ventaja de aprobar la ley".
"El nuevo tramo que se va a aprobar debe entrar en vigor el 1 de enero", ha defendido Lamata, "tendrá un coste, pero ese esfuerzo debemos llevarlo a cabo entre todos, apretando los salarios y reduciendo precios de algunos servicios, como la farmacia u otros sectores negociando con otros proveedores".
Fuente : abc.es
PONTEVEDRA - MIL PONTEVEDRESES SOLICITARON EN TRES AÑOS LAS AYUDAS DE LA LEY
Mil pontevedreses solicitaron en tres años las ayudas de la Ley de Dependencia
El Concello tiene constancia de que 419 personas ya cuentan con alguna prestación
Mil pontevedreses han solicitado en estos tres años de vigencia de la Ley de Dependencia, desde noviembre de 2007, algún tipo de ayuda o prestación vinculada a esta norma, según los datos que maneja el Concello y que ayer hizo públicos la concejala de Benestar Social, Margarita Castejón.
El concello es el único organismo en el municipio que tramita directamente los informes en los que se basa la Consellería de Traballo e Benestar para otorgar posteriormente las ayudas. Cerca de la mitad de esos mil peticionarios cuentan ya con algún tipo de prestación.
En concreto, el Concello tiene constancia de que hay 419 expedientes totalmente resueltos, aunque aclara que podrían ser más puesto que no todos los casos se comunican a las oficinas municipales.
De esos 419 beneficiarios, la inmensa mayoría son familiares de los dependientes que perciben un “salario” por cuidar de esa persona. En este situación hay 334 pontevedreses. En otros 34 casos se decretó el ingreso del paciente en una residencia, otros 28 son atendidos en un centro de día, 18 más reciben ayuda a domicilio y cinco reciben fondos para contratar estos servicios.
Castejón, acompañada de la directora xeral municipal de Servizos Sociais, Carmen Santos, explicó ayer que los fondos del segundo Plan E permitieron crear (con un presupuesto de 175.000 euros) durante 2010 un equipo específico de evaluación de estas solicitudes que llevó a tener prácticamente al día todos los expedientes.
Este equipo se disolverá a final de año, al desaparecer el Plan E, pero la concejala confía en que la gestión ya adelantada en estos meses y la “estabilización” de las demandas permita solventar la situación en el futuro.
Según los datos aportados ayer, este equipo sacó adelante 450 expedientes y prestó atención inmediata a los nuevos solicitantes, un proceso que incluye una visita personal a cada domicilio, la elaboración de un informe de valoración y la redacción de un Plan Individualizado de Atención (PIA).
Desde la entrada en vigor de la ley el Concello realizó 1.344 intervenciones relacionadas con la Dependencia que corresponden a unas novecientas personas, en su mayoría a lo largo de este año 2010, gracias a este equipo específico.
Informes de valoración
De las 1.344 actuaciones municipales, 1.090 corresponden a la elaboración de informes de valoración, de los que 892 están ya finalizados, y otros seis pendientes, mientras que los 192 restantes son imposibles de atender por corresponder a personas que residen en otros municipios o fallecieron recientemente.
Se elaboraron también 205 PIA y 43 de ellos quedaron anulados por los mismos motivos.
Margarita Castejón recalcó que el Concello sólo tramita las solicitudes, mientras que la competencia para resolver y reconocer la valoración de los dependientes y la concesión, en su caso, de una prestación económica, corresponde a la Consellería de Traballo e Benestar Social de la Xunta.
Al respecto, los servicios municipales tienen constancia de oficial de 419 resoluciones favorables.
La concejala, a la vista de que esta equipo se disuelve este año, confía en que a partir de 2011 la avalancha de demandas se frene y se estabilice, con lo que podría ser atendida con cierta normalidad por el personal habitual de Servicios Sociales, que contará con una ligera ampliación en los próximos meses.
Fuente : farodevigo.es
El Concello tiene constancia de que 419 personas ya cuentan con alguna prestación
Mil pontevedreses han solicitado en estos tres años de vigencia de la Ley de Dependencia, desde noviembre de 2007, algún tipo de ayuda o prestación vinculada a esta norma, según los datos que maneja el Concello y que ayer hizo públicos la concejala de Benestar Social, Margarita Castejón.
El concello es el único organismo en el municipio que tramita directamente los informes en los que se basa la Consellería de Traballo e Benestar para otorgar posteriormente las ayudas. Cerca de la mitad de esos mil peticionarios cuentan ya con algún tipo de prestación.
En concreto, el Concello tiene constancia de que hay 419 expedientes totalmente resueltos, aunque aclara que podrían ser más puesto que no todos los casos se comunican a las oficinas municipales.
De esos 419 beneficiarios, la inmensa mayoría son familiares de los dependientes que perciben un “salario” por cuidar de esa persona. En este situación hay 334 pontevedreses. En otros 34 casos se decretó el ingreso del paciente en una residencia, otros 28 son atendidos en un centro de día, 18 más reciben ayuda a domicilio y cinco reciben fondos para contratar estos servicios.
Castejón, acompañada de la directora xeral municipal de Servizos Sociais, Carmen Santos, explicó ayer que los fondos del segundo Plan E permitieron crear (con un presupuesto de 175.000 euros) durante 2010 un equipo específico de evaluación de estas solicitudes que llevó a tener prácticamente al día todos los expedientes.
Este equipo se disolverá a final de año, al desaparecer el Plan E, pero la concejala confía en que la gestión ya adelantada en estos meses y la “estabilización” de las demandas permita solventar la situación en el futuro.
Según los datos aportados ayer, este equipo sacó adelante 450 expedientes y prestó atención inmediata a los nuevos solicitantes, un proceso que incluye una visita personal a cada domicilio, la elaboración de un informe de valoración y la redacción de un Plan Individualizado de Atención (PIA).
Desde la entrada en vigor de la ley el Concello realizó 1.344 intervenciones relacionadas con la Dependencia que corresponden a unas novecientas personas, en su mayoría a lo largo de este año 2010, gracias a este equipo específico.
Informes de valoración
De las 1.344 actuaciones municipales, 1.090 corresponden a la elaboración de informes de valoración, de los que 892 están ya finalizados, y otros seis pendientes, mientras que los 192 restantes son imposibles de atender por corresponder a personas que residen en otros municipios o fallecieron recientemente.
Se elaboraron también 205 PIA y 43 de ellos quedaron anulados por los mismos motivos.
Margarita Castejón recalcó que el Concello sólo tramita las solicitudes, mientras que la competencia para resolver y reconocer la valoración de los dependientes y la concesión, en su caso, de una prestación económica, corresponde a la Consellería de Traballo e Benestar Social de la Xunta.
Al respecto, los servicios municipales tienen constancia de oficial de 419 resoluciones favorables.
La concejala, a la vista de que esta equipo se disuelve este año, confía en que a partir de 2011 la avalancha de demandas se frene y se estabilice, con lo que podría ser atendida con cierta normalidad por el personal habitual de Servicios Sociales, que contará con una ligera ampliación en los próximos meses.
Fuente : farodevigo.es
CANARIAS - LA MÁS LENTA EN DEPENDENCIA
Canarias, la más lenta en dependencia
Madrid y Valencia ocultan información al sistema para maquillar su lentitud
Las personas dependientes de Canarias son las que más sufren los retrasos en la aplicación de la Ley de Dependencia. De media, esperan dos años y dos meses desde que solicitan la ayuda hasta que la reciben. Le sigue Balears, con 25 meses de trámites, según un informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que estima la espera media estatal en año y medio.
El estudio, que parte de los datos que las autonomías vuelcan en el sistema informático unificado del Imserso, destapa que Madrid y el País Valencià ocultan datos para maquillar la mala gestión: sólo informan de las solicitudes ya evaluadas. De este modo, ocultan la espera para obtener el dictamen de grado de dependencia, que de media estatal es de cuatro meses.
Por su parte, Murcia, desde febrero, sólo informa de las personas evaluadas que cumplen los requisitos para recibir las ayudas. Y Euskadi tiene un sistema propio no comparable al del resto.
Extremadura y Galicia también salen mal paradas, con 21 meses de espera. Les sigue Andalucía, con 19 meses, si bien la asociación destaca que la situación se debe al gran volumen de solicitudes que registra.
En Castilla-La Mancha, Aragón y Catalunya, la espera es de 16 meses. Los dependientes de Ceuta y Melilla esperan 11 meses, los castellano-leoneses, nueve y los riojanos, siete. Cantabria y Navarra sí cumplen con los seis meses de espera a los que se comprometieron las autonomías.
Fuente : publico.es
Madrid y Valencia ocultan información al sistema para maquillar su lentitud
Las personas dependientes de Canarias son las que más sufren los retrasos en la aplicación de la Ley de Dependencia. De media, esperan dos años y dos meses desde que solicitan la ayuda hasta que la reciben. Le sigue Balears, con 25 meses de trámites, según un informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que estima la espera media estatal en año y medio.
El estudio, que parte de los datos que las autonomías vuelcan en el sistema informático unificado del Imserso, destapa que Madrid y el País Valencià ocultan datos para maquillar la mala gestión: sólo informan de las solicitudes ya evaluadas. De este modo, ocultan la espera para obtener el dictamen de grado de dependencia, que de media estatal es de cuatro meses.
Por su parte, Murcia, desde febrero, sólo informa de las personas evaluadas que cumplen los requisitos para recibir las ayudas. Y Euskadi tiene un sistema propio no comparable al del resto.
Extremadura y Galicia también salen mal paradas, con 21 meses de espera. Les sigue Andalucía, con 19 meses, si bien la asociación destaca que la situación se debe al gran volumen de solicitudes que registra.
En Castilla-La Mancha, Aragón y Catalunya, la espera es de 16 meses. Los dependientes de Ceuta y Melilla esperan 11 meses, los castellano-leoneses, nueve y los riojanos, siete. Cantabria y Navarra sí cumplen con los seis meses de espera a los que se comprometieron las autonomías.
Fuente : publico.es
LA LEY SE ESTANCA ENTRE ACUERDOS QUE NO SE CUMPLEN
La Ley de Dependencia se estanca entre acuerdos que no se cumplen
Los plazos sobrepasan lo pactado y la nueva estadística aún no es pública
La nueva ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, se encontrará con varios frentes abiertos entre su ministerio y las comunidades por la Ley de Dependencia, además de acuerdos que no se cumplen, como los plazos de espera para recibir una ayuda o la puesta en marcha del nuevo sistema de información estadística, que ya debía ser público. La ministra se enfrenta hoy a su primer Consejo Territorial con los responsables de asuntos sociales de las comunidades.
En el caso de la teleasistencia, ese dispositivo electrónico que llevan los ancianos para avisar si sufren algún percance, el ministerio no quiere pagar a las comunidades por los dependientes severos y graves a los que solo se les atienda con ese dispositivo. Consideran que "son personas que requieren cuidados y recursos durante muchas horas al día, y el servicio de teleasistencia que se presta en la actualidad es insuficiente".
Pero esta batalla le ha costado al ministerio un recurso judicial presentado por La Rioja, que dejó de percibir dinero por esta circunstancia. En esta comunidad dicen que su teleasistencia es más avanzada, "los ciudadanos la piden y la ley lo permite". Otras, como Andalucía, tienen miles de ayudas de teleasistencia concedidas, pero si van o no acompañadas de otros servicios son datos que no se publican.
Lo que no se ha conseguido con los dependientes graves se quiere regular ahora con los moderados.
El documento que el Gobierno lleva hoy al Consejo Territorial sobre los dependientes moderados, que entrarán en el sistema en enero, solo permite conceder teleasistencia si se acompaña de otros servicios para los graves, pero no para los moderados. Tampoco habrá residencias para estos últimos, pero sí paga para el familiar cuidador, aunque condicionada a requisitos más estrictos.
Otro de los asuntos que no acaban de cerrarse es el sistema de información, cuyas modificaciones aprobaron los consejeros el año pasado y debían haber entrado en vigor este verano.
El ministerio dice que "el trabajo está muy avanzado y será publicado en breve".
Tratan de recabar datos que hasta ahora no prestaban las comunidades autónomas: no se conocen los motivos de las bajas, ni la diferencia entre solicitudes nuevas o de revisión, cuántas prestaciones y de qué tipo tiene cada persona, el tiempo que se emplea en cada trámite y muchos otros que permitirían establecer comparaciones entre comunidades, y, lo más importante, impedirían a las Administraciones hacer trampas con la estadística:
por ejemplo, que no se vuelquen las solicitudes de los ciudadanos cuando ya se les ha valorado, porque impide saber qué tiempo se empleó en ese trámite.
Y los tiempos en esta ley son importantes.
Importantes, porque los consejeros y el Gobierno se comprometieron a que no pasaran más de seis meses en conceder la ayuda al ciudadano, pero no se cumple en muchas regiones. La media es de 18 meses.
El Gobierno eliminó los pagos con retroactividad para los nuevos dependientes que entraran al sistema después del mes de julio, pero las comunidades tienen que pagar por los retrasos de los anteriores a esa fecha.
Pues bien, todavía no hay acuerdo aunque se negocia un modelo común desde la primavera de 2009.
Unas comunidades pagan los atrasos desde la solicitud del ciudadano, otras, desde que se concede la ayuda. "Las comunidades autónomas son las competentes, así que se ha optado, por consenso, por mantener la situación actual", dicen en el ministerio.
Los decretos o acuerdos que no se cumplen y la información que no se hace pública hacen pensar a la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales en un "un pacto de silencio que impide que la ley avance". "Desde junio parece metida en la nevera", asegura el presidente, José Manuel Ramírez.
Fuente : elpais.com/articulo/sociedad
Los plazos sobrepasan lo pactado y la nueva estadística aún no es pública
La nueva ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, se encontrará con varios frentes abiertos entre su ministerio y las comunidades por la Ley de Dependencia, además de acuerdos que no se cumplen, como los plazos de espera para recibir una ayuda o la puesta en marcha del nuevo sistema de información estadística, que ya debía ser público. La ministra se enfrenta hoy a su primer Consejo Territorial con los responsables de asuntos sociales de las comunidades.
En el caso de la teleasistencia, ese dispositivo electrónico que llevan los ancianos para avisar si sufren algún percance, el ministerio no quiere pagar a las comunidades por los dependientes severos y graves a los que solo se les atienda con ese dispositivo. Consideran que "son personas que requieren cuidados y recursos durante muchas horas al día, y el servicio de teleasistencia que se presta en la actualidad es insuficiente".
Pero esta batalla le ha costado al ministerio un recurso judicial presentado por La Rioja, que dejó de percibir dinero por esta circunstancia. En esta comunidad dicen que su teleasistencia es más avanzada, "los ciudadanos la piden y la ley lo permite". Otras, como Andalucía, tienen miles de ayudas de teleasistencia concedidas, pero si van o no acompañadas de otros servicios son datos que no se publican.
Lo que no se ha conseguido con los dependientes graves se quiere regular ahora con los moderados.
El documento que el Gobierno lleva hoy al Consejo Territorial sobre los dependientes moderados, que entrarán en el sistema en enero, solo permite conceder teleasistencia si se acompaña de otros servicios para los graves, pero no para los moderados. Tampoco habrá residencias para estos últimos, pero sí paga para el familiar cuidador, aunque condicionada a requisitos más estrictos.
Otro de los asuntos que no acaban de cerrarse es el sistema de información, cuyas modificaciones aprobaron los consejeros el año pasado y debían haber entrado en vigor este verano.
El ministerio dice que "el trabajo está muy avanzado y será publicado en breve".
Tratan de recabar datos que hasta ahora no prestaban las comunidades autónomas: no se conocen los motivos de las bajas, ni la diferencia entre solicitudes nuevas o de revisión, cuántas prestaciones y de qué tipo tiene cada persona, el tiempo que se emplea en cada trámite y muchos otros que permitirían establecer comparaciones entre comunidades, y, lo más importante, impedirían a las Administraciones hacer trampas con la estadística:
por ejemplo, que no se vuelquen las solicitudes de los ciudadanos cuando ya se les ha valorado, porque impide saber qué tiempo se empleó en ese trámite.
Y los tiempos en esta ley son importantes.
Importantes, porque los consejeros y el Gobierno se comprometieron a que no pasaran más de seis meses en conceder la ayuda al ciudadano, pero no se cumple en muchas regiones. La media es de 18 meses.
El Gobierno eliminó los pagos con retroactividad para los nuevos dependientes que entraran al sistema después del mes de julio, pero las comunidades tienen que pagar por los retrasos de los anteriores a esa fecha.
Pues bien, todavía no hay acuerdo aunque se negocia un modelo común desde la primavera de 2009.
Unas comunidades pagan los atrasos desde la solicitud del ciudadano, otras, desde que se concede la ayuda. "Las comunidades autónomas son las competentes, así que se ha optado, por consenso, por mantener la situación actual", dicen en el ministerio.
Los decretos o acuerdos que no se cumplen y la información que no se hace pública hacen pensar a la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales en un "un pacto de silencio que impide que la ley avance". "Desde junio parece metida en la nevera", asegura el presidente, José Manuel Ramírez.
Fuente : elpais.com/articulo/sociedad
miércoles, 27 de octubre de 2010
CASTILLA LA MANCHA - NUEVA LEY SERVICIOS SOCIALES
Godoy explica la nueva ley de Servicios Sociales a los trabajadores sociales de Cuenca
El proyecto que ya ha sido remitido a las cortes pretende reconocer como derechos de los ciudadanos un total de 23 prestaciones
La nueva Ley de Servicios Sociales va a permitir consolidar la red de servicios y prestaciones sociales de Castilla-La Mancha, que en la actualidad ya es una de las más completas de España, según ha informado el delegado provincial de Salud y Bienestar Social, Ángel Tomás Godoy, durante la reunión que ha mantenido con los trabajadores sociales que desarrollan su labor en la provincia de Cuenca.
Según una nota de prensa remitida por el Sescam, Godoy ha indicado que este proyecto de Ley, que ya ha tenido el visto bueno del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha y se ha elevado a las Cortes regionales para su tramitación, va a establecer que la protección social es un derecho de la ciudadanía para lo que se recoge un catálogo de 23 prestaciones sociales garantizadas, es decir, que no son graciables por la administración sino que constituyen un derecho.
Prestaciones como la teleasistencia domiciliaria a los mayores de 70 años que vivan solos o tengan reconocida la situación de dependencia; la ayuda a domicilio a personas dependientes; el alojamiento temporal para las situaciones de urgencia social, la atención temprana hasta los 6 años de edad; la atención a menores en situaciones de desprotección, riesgo o desamparo, o la renta básica para personas en situación de exclusión social son algunas de las prestaciones que quedarán garantizadas como derechos de los ciudadanos.
Además, ha dicho que el desarrollo de esta nueva normativa va a permitir poner en marcha nuevas herramientas en la gestión como la tarjeta social para el acceso a los servicios, la historia social electrónica o sistemas de información homogéneos que permitirán avanzar hacia la excelencia, ya que en la actualidad Castilla-La Mancha está a la vanguardia en el desarrollo de la red de servicios sociales.
Durante la reunión del plenario de trabajadores sociales también se han analizado las ayudas técnicas a la Dependencia. En este sentido el delegado provincial ha querido agradecer el trabajo que realizan estos profesionales ya que, según ha dicho, el que Castilla-La Mancha y Cuenca sean unas de las comunidades autónomas mejor valoradas en cuanto a la aplicación y desarrollo de esta ley, que ya cuenta con más de 35.000 beneficiarios, es también gracias a su aportación en valoración social de los dependientes.
En la actualidad son más de 150 los profesionales de los Servicios Sociales de Cuenca que dependen de la Consejería de Salud y Bienestar Social, entre trabajadores sociales, educadores sociales, animadores socioculturales y auxiliares administrativos.
En el encuentro mantenido con los trabajadores sociales de la provincia de Cuenca también se han abordado asuntos relacionados con los convenios de los planes concertados y de ayuda a domicilio y se ha presentado el nuevo número de la línea de atención a la infancia (el 116111), un dispositivo de atención personalizada y continua, único y gratuito en toda Europa.
Fuente : vocesdecuenca.com
El proyecto que ya ha sido remitido a las cortes pretende reconocer como derechos de los ciudadanos un total de 23 prestaciones
La nueva Ley de Servicios Sociales va a permitir consolidar la red de servicios y prestaciones sociales de Castilla-La Mancha, que en la actualidad ya es una de las más completas de España, según ha informado el delegado provincial de Salud y Bienestar Social, Ángel Tomás Godoy, durante la reunión que ha mantenido con los trabajadores sociales que desarrollan su labor en la provincia de Cuenca.
Según una nota de prensa remitida por el Sescam, Godoy ha indicado que este proyecto de Ley, que ya ha tenido el visto bueno del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha y se ha elevado a las Cortes regionales para su tramitación, va a establecer que la protección social es un derecho de la ciudadanía para lo que se recoge un catálogo de 23 prestaciones sociales garantizadas, es decir, que no son graciables por la administración sino que constituyen un derecho.
Prestaciones como la teleasistencia domiciliaria a los mayores de 70 años que vivan solos o tengan reconocida la situación de dependencia; la ayuda a domicilio a personas dependientes; el alojamiento temporal para las situaciones de urgencia social, la atención temprana hasta los 6 años de edad; la atención a menores en situaciones de desprotección, riesgo o desamparo, o la renta básica para personas en situación de exclusión social son algunas de las prestaciones que quedarán garantizadas como derechos de los ciudadanos.
Además, ha dicho que el desarrollo de esta nueva normativa va a permitir poner en marcha nuevas herramientas en la gestión como la tarjeta social para el acceso a los servicios, la historia social electrónica o sistemas de información homogéneos que permitirán avanzar hacia la excelencia, ya que en la actualidad Castilla-La Mancha está a la vanguardia en el desarrollo de la red de servicios sociales.
Durante la reunión del plenario de trabajadores sociales también se han analizado las ayudas técnicas a la Dependencia. En este sentido el delegado provincial ha querido agradecer el trabajo que realizan estos profesionales ya que, según ha dicho, el que Castilla-La Mancha y Cuenca sean unas de las comunidades autónomas mejor valoradas en cuanto a la aplicación y desarrollo de esta ley, que ya cuenta con más de 35.000 beneficiarios, es también gracias a su aportación en valoración social de los dependientes.
En la actualidad son más de 150 los profesionales de los Servicios Sociales de Cuenca que dependen de la Consejería de Salud y Bienestar Social, entre trabajadores sociales, educadores sociales, animadores socioculturales y auxiliares administrativos.
En el encuentro mantenido con los trabajadores sociales de la provincia de Cuenca también se han abordado asuntos relacionados con los convenios de los planes concertados y de ayuda a domicilio y se ha presentado el nuevo número de la línea de atención a la infancia (el 116111), un dispositivo de atención personalizada y continua, único y gratuito en toda Europa.
Fuente : vocesdecuenca.com
PONTEVEDRA - AYUNTAMIENTO DICE ESTAR AL DÍA EN GESTIÓN DE LEY
Ayuntamiento de Pontevedra dice estar al día en gestión de Ley de Dependencia
La concejala de Bienestar Social de Pontevedra, la socialista Margarita Castejón, explicó hoy en rueda de prensa que el ayuntamiento capitalino está al día en la gestión de los expedientes de la Ley de Dependencia gracias a los fondos estatales del Plan E.
"Estos fondos estatales permitieron dedicar a los servicios sociales hasta un 20% del dinero correspondiente a cada municipio y así poner en marcha un programa específico de atención que permitió agilizar la tramitación de los expedientes y dar salida la todos los atrasados, con lo que, hoy por hoy, no hay listado de espera", explicó Castejón.
En Pontevedra, 175.000 euros del total de 325.000 que fueron a parar a la Concejalía de Bienestar Social, se asignaron específicamente al Programa de atención a la Dependencia, que consistió en la contratación de tres trabajadores sociales, un fisioterapeuta y un auxiliar administrativo.
Este equipo, creado este año y que continuará trabajando incluso hasta finales del ejercicio, permitió sacar adelante 450 expedientes y dar una atención inmediata a los jóvenes solicitantes a lo largo de una tramitación administrativa que es compleja porque incluye una visita preliminar al propio domicilio, seguida de la elaboración de un informe de valoración y de la elaboración de un Plan Individualizado de Atención (PIA).
La concejal explicó que, sumando todos los datos desde la entrada en vigor de la ley, en noviembre de 2007, el Ayuntamiento realizó 1.344 intervenciones relacionadas con la Dependencia. El ritmo de trabajo se aceleró notablemente este año como consecuencia de los refuerzos del Plan E.
Margarita Castejón recalcó que el Ayuntamiento sólo tramita las solicitudes, mientras que la competencia para resolver y reconocer la valoración de los dependientes y, en su caso, de una prestación económica corresponde a la Consellería de Traballo e Benestar Social de la Xunta de Galicia.
A día de hoy, en el Ayuntamiento sólo tiene constancia oficial de 419 resoluciones favorables.
Fuente : abc.es
La concejala de Bienestar Social de Pontevedra, la socialista Margarita Castejón, explicó hoy en rueda de prensa que el ayuntamiento capitalino está al día en la gestión de los expedientes de la Ley de Dependencia gracias a los fondos estatales del Plan E.
"Estos fondos estatales permitieron dedicar a los servicios sociales hasta un 20% del dinero correspondiente a cada municipio y así poner en marcha un programa específico de atención que permitió agilizar la tramitación de los expedientes y dar salida la todos los atrasados, con lo que, hoy por hoy, no hay listado de espera", explicó Castejón.
En Pontevedra, 175.000 euros del total de 325.000 que fueron a parar a la Concejalía de Bienestar Social, se asignaron específicamente al Programa de atención a la Dependencia, que consistió en la contratación de tres trabajadores sociales, un fisioterapeuta y un auxiliar administrativo.
Este equipo, creado este año y que continuará trabajando incluso hasta finales del ejercicio, permitió sacar adelante 450 expedientes y dar una atención inmediata a los jóvenes solicitantes a lo largo de una tramitación administrativa que es compleja porque incluye una visita preliminar al propio domicilio, seguida de la elaboración de un informe de valoración y de la elaboración de un Plan Individualizado de Atención (PIA).
La concejal explicó que, sumando todos los datos desde la entrada en vigor de la ley, en noviembre de 2007, el Ayuntamiento realizó 1.344 intervenciones relacionadas con la Dependencia. El ritmo de trabajo se aceleró notablemente este año como consecuencia de los refuerzos del Plan E.
Margarita Castejón recalcó que el Ayuntamiento sólo tramita las solicitudes, mientras que la competencia para resolver y reconocer la valoración de los dependientes y, en su caso, de una prestación económica corresponde a la Consellería de Traballo e Benestar Social de la Xunta de Galicia.
A día de hoy, en el Ayuntamiento sólo tiene constancia oficial de 419 resoluciones favorables.
Fuente : abc.es
MADRID - LEGANÉS - MÁS DE 13.000 VECINOS FIMAN PARA EXIGIR CUMPLIMIENTO DE LEY
Más de 13.000 vecinos de leganés firman para exigir que se cumpla la ley de dependencia
Representantes de la Federación Local de Asociaciones de Vecinos de Leganés registrarán mañana, jueves, en la sede de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, en la calle de Alcalá, un total de 13.356 firmas para exigir la correcta y puntual aplicación de la Ley de Dependencia en la región.
Además, según informó la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (Fravm), con esta iniciativa quieren demandar también la construcción de residencias públicas en el municipio de Leganés "que estén al alcance de los recursos económicos de los pensionistas".
"En Leganés", indicó Juan Antonio Sánchez, presidente de la Federación Local, "se está produciendo un envejecimiento de la población que hace necesaria la construcción de residencias públicas asequibles para una población que, en estos momentos, lo está pasando mal".
Según Sánchez, en el municipio la mayoría de las plazas ofertadas son de gestión privada, con unas tarifas que oscilan entre los 1.600 y los 2.000 euros, "y en este municipio, como en el resto, hay muchas familias que viven por debajo del umbral de la pobreza".
La Federación Local de Asociaciones de Vecinos de Leganés reivindica también la construcción de cuatro centros de día públicos para garantizar la existencia de una dotación en cada uno de los barrios municipales.
"En la actualidad hay dos centros públicos municipales y otro de la Comunidad de Madrid, pero serían necesarios otros cuatro para ofrecer la necesaria cobertura", aseguró Sánchez.
Fuente : diariosigloxxi.com
Representantes de la Federación Local de Asociaciones de Vecinos de Leganés registrarán mañana, jueves, en la sede de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, en la calle de Alcalá, un total de 13.356 firmas para exigir la correcta y puntual aplicación de la Ley de Dependencia en la región.
Además, según informó la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (Fravm), con esta iniciativa quieren demandar también la construcción de residencias públicas en el municipio de Leganés "que estén al alcance de los recursos económicos de los pensionistas".
"En Leganés", indicó Juan Antonio Sánchez, presidente de la Federación Local, "se está produciendo un envejecimiento de la población que hace necesaria la construcción de residencias públicas asequibles para una población que, en estos momentos, lo está pasando mal".
Según Sánchez, en el municipio la mayoría de las plazas ofertadas son de gestión privada, con unas tarifas que oscilan entre los 1.600 y los 2.000 euros, "y en este municipio, como en el resto, hay muchas familias que viven por debajo del umbral de la pobreza".
La Federación Local de Asociaciones de Vecinos de Leganés reivindica también la construcción de cuatro centros de día públicos para garantizar la existencia de una dotación en cada uno de los barrios municipales.
"En la actualidad hay dos centros públicos municipales y otro de la Comunidad de Madrid, pero serían necesarios otros cuatro para ofrecer la necesaria cobertura", aseguró Sánchez.
Fuente : diariosigloxxi.com
ANDALUCÍA - CONSEJO DE GOBIERNO HA APROBADO DE FORMA DEFINITIVA PROYECTO LEY PRESUPUESTOS
El Consejo de Gobierno ha aprobado de forma definitiva el proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad para 2011
Ascienden a 31.700 millones y destinan casi 8 de cada diez euros a políticas sociales, tres puntos más que en el actual ejercicio. Destacan los incrementos del gasto en educación, en atención a la dependencia y en políticas de promoción del empleo. Eso sí, las cuentas andaluzas se ven afectadas por la reducción de ingresos en más de un 6 por ciento.
Según el Ejecutivo, los presupuestos del año que viene tienen como principales objetivos combatir el desempleo y generar confianza. Además, garantiza un compromiso firme con las políticas sociales, de igualdad de oportunidades y con la voluntad de seguir ahondando en el cambio del modelo productivo. El Gobierno andaluz está seguro de que van a ser las cuentas de la recuperación económica y el inicio de una nueva etapa de creación de empleo.
Las partidas sometidas al plan de austeridad experimentan este año un ajuste de 90 millones de euros. Hay menos gasto en protocolo, conferencias, publicaciones, dietas y coches oficiales. Con estas medidas, el ahorro acumulado desde 2008 alcanza ya los 400 millones.
La consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, recuerda el compromiso con la estabilidad presupuestaria. Andalucía asume el año que viene el déficit máximo autorizado por el Estado: el 1,3 por ciento.
Por otro lado, la inversión directa registra una caída del 25 por ciento. Se queda en los 5.000 millones. Los recursos destinados a las empresas públicas suman 850 millones y se van a movilizar 500 más en fórmulas de colaboración público-privadas. Martínez Aguayo asegura que, al final, es un volumen elevado en comparación con el resto de comunidades autónomas
La consejera destaca el compromiso de los presupuestos con el Estado del Bienestar. El impulso a las políticas de futuro se plasma en ampliar el Programa de la Beca 6.000 y la oferta de Educación Infantil en 11.000 plazas adicionales.
En materia de empleo, destaca la puesta en marcha del nuevo Plan Proyecta, dotado con 500 millones de euros. Sustituye al actual Proteja
La sanidad absorbe uno de cada tres euros del presupuesto y alcanza 9.300 millones. En cuanto a la aplicación de la Ley de Dependencia, los recursos se incrementan para atender a más de 173.000 beneficiarios reconocidos. Lo mismo ocurre con la política de servicios y prestaciones sociales.
En materia de financiación municipal, con la entrada en vigor de las nueves leyes locales, las partidas incondicionadas se incrementa se duplican, hasta llegar a los 420 millones de euros. El viernes, Martínez Aguayo presenta el proyecto de Ley de Presupuestos en el Parlamento. A principios de noviembre, los consejeros pasarán por comisión para informar de las partidas destinadas a sus respectivos departamentos.
La presentación de los presupuestos ya tiene reacciones. El secretario general del PP regional, Antonio Sanz, asegura que las cuentas de la Junta de Andalucía para 2011 son equivocadas y dañinas para la Comunidad. Dice que van a ahondar más en la crisis, por plantear lo contrario de lo que hay que hacer. Critica que el presupuesto se base en menos inversiones y más impuestos y recortes sociales.
Por su parte, IU asegura que los presupuestos para el 2011 son los del sufrimiento. El coordinador regional de la formación critica que se hayan elaborado sin diálogo. Según Diego Valderas en estas cuentas no se fortalece la financiación municipal y caminan en dirección contraria a la potenciación del sector público.
Fuente : emartv.com
Ascienden a 31.700 millones y destinan casi 8 de cada diez euros a políticas sociales, tres puntos más que en el actual ejercicio. Destacan los incrementos del gasto en educación, en atención a la dependencia y en políticas de promoción del empleo. Eso sí, las cuentas andaluzas se ven afectadas por la reducción de ingresos en más de un 6 por ciento.
Según el Ejecutivo, los presupuestos del año que viene tienen como principales objetivos combatir el desempleo y generar confianza. Además, garantiza un compromiso firme con las políticas sociales, de igualdad de oportunidades y con la voluntad de seguir ahondando en el cambio del modelo productivo. El Gobierno andaluz está seguro de que van a ser las cuentas de la recuperación económica y el inicio de una nueva etapa de creación de empleo.
Las partidas sometidas al plan de austeridad experimentan este año un ajuste de 90 millones de euros. Hay menos gasto en protocolo, conferencias, publicaciones, dietas y coches oficiales. Con estas medidas, el ahorro acumulado desde 2008 alcanza ya los 400 millones.
La consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, recuerda el compromiso con la estabilidad presupuestaria. Andalucía asume el año que viene el déficit máximo autorizado por el Estado: el 1,3 por ciento.
Por otro lado, la inversión directa registra una caída del 25 por ciento. Se queda en los 5.000 millones. Los recursos destinados a las empresas públicas suman 850 millones y se van a movilizar 500 más en fórmulas de colaboración público-privadas. Martínez Aguayo asegura que, al final, es un volumen elevado en comparación con el resto de comunidades autónomas
La consejera destaca el compromiso de los presupuestos con el Estado del Bienestar. El impulso a las políticas de futuro se plasma en ampliar el Programa de la Beca 6.000 y la oferta de Educación Infantil en 11.000 plazas adicionales.
En materia de empleo, destaca la puesta en marcha del nuevo Plan Proyecta, dotado con 500 millones de euros. Sustituye al actual Proteja
La sanidad absorbe uno de cada tres euros del presupuesto y alcanza 9.300 millones. En cuanto a la aplicación de la Ley de Dependencia, los recursos se incrementan para atender a más de 173.000 beneficiarios reconocidos. Lo mismo ocurre con la política de servicios y prestaciones sociales.
En materia de financiación municipal, con la entrada en vigor de las nueves leyes locales, las partidas incondicionadas se incrementa se duplican, hasta llegar a los 420 millones de euros. El viernes, Martínez Aguayo presenta el proyecto de Ley de Presupuestos en el Parlamento. A principios de noviembre, los consejeros pasarán por comisión para informar de las partidas destinadas a sus respectivos departamentos.
La presentación de los presupuestos ya tiene reacciones. El secretario general del PP regional, Antonio Sanz, asegura que las cuentas de la Junta de Andalucía para 2011 son equivocadas y dañinas para la Comunidad. Dice que van a ahondar más en la crisis, por plantear lo contrario de lo que hay que hacer. Critica que el presupuesto se base en menos inversiones y más impuestos y recortes sociales.
Por su parte, IU asegura que los presupuestos para el 2011 son los del sufrimiento. El coordinador regional de la formación critica que se hayan elaborado sin diálogo. Según Diego Valderas en estas cuentas no se fortalece la financiación municipal y caminan en dirección contraria a la potenciación del sector público.
Fuente : emartv.com
CANARIAS - PADRES DE NIÑOS AUTISTAS, DOS AÑOS SIN AYUDAS
Padres de niños autistas en Gran Canaria llevan dos años sin ayuda de dependencia
Padres de niños autistas en Gran Canaria denuncian que llevan dos años y medio sin cobrar la ayuda que aseguran que el Gobierno regional les debe abonar en virtud de la Ley de Dependencia.
"No nos ha pagado absolutamente nada", aseguró a Europa Press la madre de un joven de 19 años afectado de autismo, Isabel Ramírez García, que destacó que esta situación afecta a al menos cuatro familias de Gran Canaria y reclamó una reunión urgente con la consejera regional de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, Inés Rojas, para solucionar este problema.
Explicó que tanto ella como otras tres madres presentaron las solicitudes de ayudas el 14 de abril de 2008 y resultaron aprobadas. Sin embargo, no han cobrado "nada".
"SE ESTÁN RIENDO DE NOSOTROS"
"Me da rabia cuando veo lo que ganan los políticos y que nosotros estemos pendientes de una cantidad irrisoria de 500 euros mensuales y que nadie haga nada por estos niños, grandes dependientes, que necesitan ese dinero para ser atendidos", subrayó la perjudicada, que indicó que el pasado mes de enero un trabajador social se desplazó hasta su domicilio para pedir su número de cuenta corriente a fin de efectuar los ingresos, pero no se han realizado.
Ramírez confiesa que está "cansada de ser buena gente". "Parece que se están riendo de nosotros", lamentó. Igualmente, criticó "amiguismo" en la concesión de estas subvenciones a "personas que han presentado" la documentación después de estas familias afectadas.
Por otro lado, denunció la falta de cumplimiento del "compromiso verbal" de la consejera de Bienestar Social y del Colegio de Odontólogos para el tratamiento bucodental de los niños autistas. "Parece que nuestros niños no tienen derecho a nada", protestó Ramírez, que dijo que a su hijo "no se le ha mirado la boca nunca porque no se deja", por lo que, al igual que los afectados por este trastorno del desarrollo, requiere un trato especial.
La mujer aludió al drama familiar que vive, ya que ella tiene una invalidez del cien por cien al sufrir fibrosis pulmonar, por lo que lleva "una bombona de oxígeno portátil" cuando sale a la calle. Su marido cobra alrededor de 700 euros de paro y deben hacer frente a una hipoteca y a un préstamo personal por una operación urgente de otra hija.
Fuente : europapress.es/islas-canarias
Padres de niños autistas en Gran Canaria denuncian que llevan dos años y medio sin cobrar la ayuda que aseguran que el Gobierno regional les debe abonar en virtud de la Ley de Dependencia.
"No nos ha pagado absolutamente nada", aseguró a Europa Press la madre de un joven de 19 años afectado de autismo, Isabel Ramírez García, que destacó que esta situación afecta a al menos cuatro familias de Gran Canaria y reclamó una reunión urgente con la consejera regional de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, Inés Rojas, para solucionar este problema.
Explicó que tanto ella como otras tres madres presentaron las solicitudes de ayudas el 14 de abril de 2008 y resultaron aprobadas. Sin embargo, no han cobrado "nada".
"SE ESTÁN RIENDO DE NOSOTROS"
"Me da rabia cuando veo lo que ganan los políticos y que nosotros estemos pendientes de una cantidad irrisoria de 500 euros mensuales y que nadie haga nada por estos niños, grandes dependientes, que necesitan ese dinero para ser atendidos", subrayó la perjudicada, que indicó que el pasado mes de enero un trabajador social se desplazó hasta su domicilio para pedir su número de cuenta corriente a fin de efectuar los ingresos, pero no se han realizado.
Ramírez confiesa que está "cansada de ser buena gente". "Parece que se están riendo de nosotros", lamentó. Igualmente, criticó "amiguismo" en la concesión de estas subvenciones a "personas que han presentado" la documentación después de estas familias afectadas.
Por otro lado, denunció la falta de cumplimiento del "compromiso verbal" de la consejera de Bienestar Social y del Colegio de Odontólogos para el tratamiento bucodental de los niños autistas. "Parece que nuestros niños no tienen derecho a nada", protestó Ramírez, que dijo que a su hijo "no se le ha mirado la boca nunca porque no se deja", por lo que, al igual que los afectados por este trastorno del desarrollo, requiere un trato especial.
La mujer aludió al drama familiar que vive, ya que ella tiene una invalidez del cien por cien al sufrir fibrosis pulmonar, por lo que lleva "una bombona de oxígeno portátil" cuando sale a la calle. Su marido cobra alrededor de 700 euros de paro y deben hacer frente a una hipoteca y a un préstamo personal por una operación urgente de otra hija.
Fuente : europapress.es/islas-canarias
martes, 26 de octubre de 2010
ANDALUCÍA - LA JUNTA DESTINA EL 78,1% DE SU PRESUPUESTO A POLÍTICAS SOCIALES
la inversión directa cae un 24,3%
La Junta destina el 78,1% de su presupuesto en 2011 a políticas sociales
La inversión directa cae un 24,3% y la Junta destaca que los recursos movilizados con el Estado suman 10.533,9 millones
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado de forma definitiva el proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2011, que asciende a 31.682,2 millones de euros y destina el 78,1 por ciento del gasto no financiero a políticas sociales, tres puntos más que en el actual ejercicio, con incrementos del 1,3 por ciento para educación, del 3,4 por ciento en atención a la dependencia y del 3,6 por ciento para políticas de promoción del empleo.
Así lo ha destacado la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, en la que ha señalado que las cuentas andaluzas para 2001, afectadas por la reducción de ingresos en un 6,1 por ciento, tienen como principales objetivos "combatir el desempleo y generar confianza", manteniendo un "compromiso firme con las políticas sociales y de igualdad de oportunidades" y con la voluntad de "seguir ahondando en cambios en el modelo productivo para reforzar las bases de nuestro crecimiento".
SANIDAD Y DEPENDENCIA
En la vertiente social, la consejera destacó la sanidad, que "absorbe uno de cada tres euros del presupuesto y alcanza 9.390,2 millones". En cuanto a la aplicación de la Ley de Dependencia los recursos se incrementarán un 8,7 por ciento para atender a más de 173.000 beneficiarios reconocidos en Andalucía.
Por su parte, la política de servicios y prestaciones sociales sube un 2,4 por ciento, hasta 2.056,4 millones y destacó el incremento del dos por ciento en las pensiones no contributivas.
En materia de financiación local, recordó que será el primer año tras la entrada en vigor de las leyes locales de forma que la financiación incondicionada se incrementa en un 110 por ciento, hasta 420 millones de euros; los recursos del Plan de Cooperación Municipal lo hacen en un 11,45 por ciento, hasta 1.362,4 millones y se inicia el compromiso de la Junta de incrementar la participación de las corporaciones locales en los tributos autonómicos.
Noticia completa en Fuente : europapress.es/andalucia
La Junta destina el 78,1% de su presupuesto en 2011 a políticas sociales
La inversión directa cae un 24,3% y la Junta destaca que los recursos movilizados con el Estado suman 10.533,9 millones
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado de forma definitiva el proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2011, que asciende a 31.682,2 millones de euros y destina el 78,1 por ciento del gasto no financiero a políticas sociales, tres puntos más que en el actual ejercicio, con incrementos del 1,3 por ciento para educación, del 3,4 por ciento en atención a la dependencia y del 3,6 por ciento para políticas de promoción del empleo.
Así lo ha destacado la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, en la que ha señalado que las cuentas andaluzas para 2001, afectadas por la reducción de ingresos en un 6,1 por ciento, tienen como principales objetivos "combatir el desempleo y generar confianza", manteniendo un "compromiso firme con las políticas sociales y de igualdad de oportunidades" y con la voluntad de "seguir ahondando en cambios en el modelo productivo para reforzar las bases de nuestro crecimiento".
SANIDAD Y DEPENDENCIA
En la vertiente social, la consejera destacó la sanidad, que "absorbe uno de cada tres euros del presupuesto y alcanza 9.390,2 millones". En cuanto a la aplicación de la Ley de Dependencia los recursos se incrementarán un 8,7 por ciento para atender a más de 173.000 beneficiarios reconocidos en Andalucía.
Por su parte, la política de servicios y prestaciones sociales sube un 2,4 por ciento, hasta 2.056,4 millones y destacó el incremento del dos por ciento en las pensiones no contributivas.
En materia de financiación local, recordó que será el primer año tras la entrada en vigor de las leyes locales de forma que la financiación incondicionada se incrementa en un 110 por ciento, hasta 420 millones de euros; los recursos del Plan de Cooperación Municipal lo hacen en un 11,45 por ciento, hasta 1.362,4 millones y se inicia el compromiso de la Junta de incrementar la participación de las corporaciones locales en los tributos autonómicos.
Noticia completa en Fuente : europapress.es/andalucia
ASTURIAS - EL RETO DE LA DEPENDENCIA ES UNA RED DE ATENCIÓN PROFESIONAL
Martín dice que el reto de la dependencia es una red de atención profesional
La consejera de Bienestar Social y Vivienda, Noemí Martín, ha señalado que el "reto" actual de la administración autonómica a la hora de desarrollar la Ley de Dependencia es el de completar una red pública de servicios que permita prestar atención "profesional" a quienes la necesitan.
Martín ha asegurado que los plazos para atender las solicitudes de las personas dependientes siguen siendo "excesivamente largos" pero, ha recordado, su departamento ya ha valorado el 80 por ciento de las 32.000 presentadas hasta ahora.
La consejera ha hecho estas afirmaciones durante la inauguración del Centro Polivalente de Recursos "Valentín Palacio" en Pola de Siero cuyas obras han supuesto una inversión de más de 7,3 millones de euros en la que ha estado acompañado por el alcalde de Siero, José Antonio Noval, según ha informado la Consejería.
El centro cuenta con un total de 132 plazas de atención a mayores dependientes distribuidas en 102 plazas residenciales, 30 en centro de día y un centro social para personas mayores, con casi 2.500 socios, cuyas actividades contribuyen a promover la autonomía personal.
Fuente : elcomerciodigital.com
La consejera de Bienestar Social y Vivienda, Noemí Martín, ha señalado que el "reto" actual de la administración autonómica a la hora de desarrollar la Ley de Dependencia es el de completar una red pública de servicios que permita prestar atención "profesional" a quienes la necesitan.
Martín ha asegurado que los plazos para atender las solicitudes de las personas dependientes siguen siendo "excesivamente largos" pero, ha recordado, su departamento ya ha valorado el 80 por ciento de las 32.000 presentadas hasta ahora.
La consejera ha hecho estas afirmaciones durante la inauguración del Centro Polivalente de Recursos "Valentín Palacio" en Pola de Siero cuyas obras han supuesto una inversión de más de 7,3 millones de euros en la que ha estado acompañado por el alcalde de Siero, José Antonio Noval, según ha informado la Consejería.
El centro cuenta con un total de 132 plazas de atención a mayores dependientes distribuidas en 102 plazas residenciales, 30 en centro de día y un centro social para personas mayores, con casi 2.500 socios, cuyas actividades contribuyen a promover la autonomía personal.
Fuente : elcomerciodigital.com
GALICIA - DEPENDIENTES DE LA DEPENDENCIA
Dependientes de la dependencia
Todos los gobiernos regionales coincidían en que la ley de Dependencia nacía coja puesto que suponía una inversión que ninguno podría acometer en solitario
CON esa frivolidad tan característica, identificada ya como norma de la casa, el Gobierno Zapatero diseñó una ley de Dependencia de la que los especialistas estimaron que, lejos de resolver un problema en vías de enquistamiento, con una pirámide poblacional crecientemente envejecida, contribuiría a empeorar la situación por la imposibilidad de generar los recursos suficientes para aplicarla, incluso en épocas de bonanza.
Tanto más en tiempos de crisis. Los hechos han dado la razón, antes de lo previsto, a los analistas más realistas, los que reprocharon a la norma su escasa adecuación a la realidad de un régimen competencial que atribuía a las Comunidades Autónomas la responsabilidad última de la aplicación.
Todos los Gobiernos regionales, incluso los dirigidos por el PSOE en sus múltiples formulaciones —en solitario, en bipartito, en tripartito o en multipartito— subrayaron entonces que la ley de Dependencia nacía coja desde el momento en que suponía una inversión que ninguna podría acometer en solitario.
Hubo quien quiso ver incluso que podría suponer un paso más en el Estado asimétrico, esa entelequia que intentó imponer el presidente del Gobierno durante la pasada legislatura, condenando a todos los ciudadanos españoles a someterse a los designios de la arbitrariedad que faculta para que se presten diferentes servicios y a diferente coste en función del lugar donde residan o hayan tenido la suerte, o la desdicha, de haber nacido.
Como no podía ser de otra manera, Galicia es una de las Comunidades más desfavorecidas, por emplear una definición amable con un sistema publicitado para más escarnio como un gran avance social. La dispersión y el envejecimiento crean un binomio desastroso para la aplicación de una ley aparentemente concebida para sociedades más urbanas.
Con todo, ni los fallos evidentes de la ley, ni los problemas presupuestarios, por muy acuciantes que sean, justifican los incumplimientos de unas administraciones caracterizadas por el agudo contraste entre el escaso nivel de exigencia hacia sus obligaciones frente al rigor con el que suelen abordar los deberes de los administrados.
Bien hace la conselleira de Trabajo en quejarse de los incumplimientos del Gobierno socialista, y mejor aún en exigir soluciones inmediatas, pero, mientras tanto, no se ganan el sueldo ni ella ni sus bien pagados colaboradores —como tampoco lo hicieron sus antecesores, ahora con un acomodo bien merecido en la oposición— mientras queden dependientes gallegos sin acceder a las ayudas a las que tienen derecho.
Si es por problemas económicos, que renuncien a parte de sus prebendas y emolumentos, o que exijan la eliminación de subvenciones y ayudas de mucho menor calado social, aunque afecten a sectores de tanta capacidad de sonora influencia como la cultureta. Si es menester, me ofrezco a prepararles una lista.
Fuente : abc.es
Todos los gobiernos regionales coincidían en que la ley de Dependencia nacía coja puesto que suponía una inversión que ninguno podría acometer en solitario
CON esa frivolidad tan característica, identificada ya como norma de la casa, el Gobierno Zapatero diseñó una ley de Dependencia de la que los especialistas estimaron que, lejos de resolver un problema en vías de enquistamiento, con una pirámide poblacional crecientemente envejecida, contribuiría a empeorar la situación por la imposibilidad de generar los recursos suficientes para aplicarla, incluso en épocas de bonanza.
Tanto más en tiempos de crisis. Los hechos han dado la razón, antes de lo previsto, a los analistas más realistas, los que reprocharon a la norma su escasa adecuación a la realidad de un régimen competencial que atribuía a las Comunidades Autónomas la responsabilidad última de la aplicación.
Todos los Gobiernos regionales, incluso los dirigidos por el PSOE en sus múltiples formulaciones —en solitario, en bipartito, en tripartito o en multipartito— subrayaron entonces que la ley de Dependencia nacía coja desde el momento en que suponía una inversión que ninguna podría acometer en solitario.
Hubo quien quiso ver incluso que podría suponer un paso más en el Estado asimétrico, esa entelequia que intentó imponer el presidente del Gobierno durante la pasada legislatura, condenando a todos los ciudadanos españoles a someterse a los designios de la arbitrariedad que faculta para que se presten diferentes servicios y a diferente coste en función del lugar donde residan o hayan tenido la suerte, o la desdicha, de haber nacido.
Como no podía ser de otra manera, Galicia es una de las Comunidades más desfavorecidas, por emplear una definición amable con un sistema publicitado para más escarnio como un gran avance social. La dispersión y el envejecimiento crean un binomio desastroso para la aplicación de una ley aparentemente concebida para sociedades más urbanas.
Con todo, ni los fallos evidentes de la ley, ni los problemas presupuestarios, por muy acuciantes que sean, justifican los incumplimientos de unas administraciones caracterizadas por el agudo contraste entre el escaso nivel de exigencia hacia sus obligaciones frente al rigor con el que suelen abordar los deberes de los administrados.
Bien hace la conselleira de Trabajo en quejarse de los incumplimientos del Gobierno socialista, y mejor aún en exigir soluciones inmediatas, pero, mientras tanto, no se ganan el sueldo ni ella ni sus bien pagados colaboradores —como tampoco lo hicieron sus antecesores, ahora con un acomodo bien merecido en la oposición— mientras queden dependientes gallegos sin acceder a las ayudas a las que tienen derecho.
Si es por problemas económicos, que renuncien a parte de sus prebendas y emolumentos, o que exijan la eliminación de subvenciones y ayudas de mucho menor calado social, aunque afecten a sectores de tanta capacidad de sonora influencia como la cultureta. Si es menester, me ofrezco a prepararles una lista.
Fuente : abc.es
NAVARRA - REDUCCIÓN DEL PLAZO PARA RECIBIR AYUDAS
García anuncia una reducción del plazo para recibir ayudas a la dependencia
La consejera de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte, Maribel García, ha anunciado hoy que "en breve" se van a reducir de "forma importante" los plazos para recibir las ayudas a la dependencia.
Y es que próximamente "van a ponerse en marcha las medidas recogidas en el Real Decreto Ley que aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para eliminar el déficit público, entre las que se incluyen varias que afectaban a la dependencia", ha señalado García al ser preguntada al respecto durante la presentación del "I Plan Integral de atención a personas con discapacidad 2010-2013".
Según ha explicado esas medidas contemplan que "las ayudas a la dependencia a partir del 1 de julio no se van a devengar desde la fecha de solicitud, sino a los seis meses de haberse solicitado" y además "va a haber un aplazamiento de la retroactividad hasta cinco años".
García espera que estas iniciativas contribuyan a reducir los plazos de "forma importante" en las demandas que entren a partir de enero y posiblemente se empiece a notar ya en las del próximo mes.
En cualquier caso la consejera ha subrayado que entre los objetivos de su departamento figura el de "eliminar la burocracia y los trámites para que las ayudas de dependencia sean recibidas cuanto antes".
Ha reconocido en este sentido que "los plazos son largos y muchas veces a las personas que se encuentran en esta situación y sus familias sufren situaciones muy complejas por lo que es necesario que tengan esos recursos".
Fuente : abc.es
La consejera de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte, Maribel García, ha anunciado hoy que "en breve" se van a reducir de "forma importante" los plazos para recibir las ayudas a la dependencia.
Y es que próximamente "van a ponerse en marcha las medidas recogidas en el Real Decreto Ley que aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para eliminar el déficit público, entre las que se incluyen varias que afectaban a la dependencia", ha señalado García al ser preguntada al respecto durante la presentación del "I Plan Integral de atención a personas con discapacidad 2010-2013".
Según ha explicado esas medidas contemplan que "las ayudas a la dependencia a partir del 1 de julio no se van a devengar desde la fecha de solicitud, sino a los seis meses de haberse solicitado" y además "va a haber un aplazamiento de la retroactividad hasta cinco años".
García espera que estas iniciativas contribuyan a reducir los plazos de "forma importante" en las demandas que entren a partir de enero y posiblemente se empiece a notar ya en las del próximo mes.
En cualquier caso la consejera ha subrayado que entre los objetivos de su departamento figura el de "eliminar la burocracia y los trámites para que las ayudas de dependencia sean recibidas cuanto antes".
Ha reconocido en este sentido que "los plazos son largos y muchas veces a las personas que se encuentran en esta situación y sus familias sufren situaciones muy complejas por lo que es necesario que tengan esos recursos".
Fuente : abc.es
EXTREMADURA - POTENCIAR S.S. CON RECUPERACIÓN IMPUESTO PATRIMONIO
IU propone potenciar servicios sociales con recuperación impuesto patrimonio
La coalición IU-Extremadura ha propuesto hoy un aumento del empleo público dedicado a los servicios sociales y de prestación de los servicios vinculados a la aplicación de la Ley de la Dependencia a través de la reinstauración del llamado impuesto de patrimonio.
En un comunicado remitido a Efe, IU plantea que la recuperación de este impuesto en el conjunto del Estado supondría un aumento del los ingresos públicos cercanos a los 1.800 millones de euros, una cantidad similar al presupuesto de la Consejería de Sanidad y Dependencia de la Junta de Extremadura.
La recaudación extra que supondría la recuperación de este impuesto permitiría la financiación de los empleos destinados a la mejora de los servicios asistenciales y de protección de la tercera edad, la población con problemas de movilidad y el incremento de los servicios de escolaridad de 0 a 3 años, así como el conjunto de las dotaciones de personal sanitario, según la coalición.
Para IU, en la actual situación económica, la recuperación del empleo estable y el incremento del gasto público son algunas de las claves que pueden conciliar la superación de la crisis económica con el mantenimiento de la calidad de vida de los ciudadanos y de la seguridad económica de las familias.
Así, desde IU-Extremadura se entiende que el aumento de la presión fiscal mediante la aplicación de una fiscalidad que vincule los ingresos de los ciudadanos con el importe de sus obligaciones fiscales constituyen un elemento de justicia social y un modelo que permita que el peso de la crisis económica no descanse sobre los trabajadores.
Por todo ello, esta formación insta a los grupos con representación en la Asamblea de Extremadura a que incorporen el fomento del empleo público y la progresividad fiscal como elementos directores de los presupuestos generales de la comunidad autónoma.
Fuente : abc.es
La coalición IU-Extremadura ha propuesto hoy un aumento del empleo público dedicado a los servicios sociales y de prestación de los servicios vinculados a la aplicación de la Ley de la Dependencia a través de la reinstauración del llamado impuesto de patrimonio.
En un comunicado remitido a Efe, IU plantea que la recuperación de este impuesto en el conjunto del Estado supondría un aumento del los ingresos públicos cercanos a los 1.800 millones de euros, una cantidad similar al presupuesto de la Consejería de Sanidad y Dependencia de la Junta de Extremadura.
La recaudación extra que supondría la recuperación de este impuesto permitiría la financiación de los empleos destinados a la mejora de los servicios asistenciales y de protección de la tercera edad, la población con problemas de movilidad y el incremento de los servicios de escolaridad de 0 a 3 años, así como el conjunto de las dotaciones de personal sanitario, según la coalición.
Para IU, en la actual situación económica, la recuperación del empleo estable y el incremento del gasto público son algunas de las claves que pueden conciliar la superación de la crisis económica con el mantenimiento de la calidad de vida de los ciudadanos y de la seguridad económica de las familias.
Así, desde IU-Extremadura se entiende que el aumento de la presión fiscal mediante la aplicación de una fiscalidad que vincule los ingresos de los ciudadanos con el importe de sus obligaciones fiscales constituyen un elemento de justicia social y un modelo que permita que el peso de la crisis económica no descanse sobre los trabajadores.
Por todo ello, esta formación insta a los grupos con representación en la Asamblea de Extremadura a que incorporen el fomento del empleo público y la progresividad fiscal como elementos directores de los presupuestos generales de la comunidad autónoma.
Fuente : abc.es
PRIORIDAD PARA PAJÍN: APLICAR LA LEY
Dependencia. Aplicar la ley será “una prioridad” para pajín
La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, aseguró este martes que aplicar la Ley de Dependencia será “una prioridad” para su departamento, que buscará siempre el consenso y el diálogo con las comunidades autónomas para “priorizar la norma por encima de todo”.
En una entrevista en Radio Nacional recogida por Servimedia, Pajín lanzó “un mensaje de tranquilidad y compromiso” a las personas dependientes, a quienes aseguró que la ley se seguirá aplicando tal y como está previsto, porque supone “un reto muy importante” para el Gobierno.
Y es que, apuntó la nueva titular de Política Social, el sistema de Dependencia no es sólo positivo para sus beneficiarios; lo es también para el mercado laboral, ya que supone “una apuesta para el empleo en España” que ya está dando sus frutos.
La ministra se comprometió igualmente a seguir trabajando para que los más desfavorecidos dejen de serlo y reconoció en este sentido que se enfrenta a “un ambicioso reto social” agravado por la crisis económica.
Para disminuir las cifras de pobreza en España, engrosadas por la actual situación financiera, Pajín se propone trabajar codo con codo con las comunidades autónomas, porque, concluyó, las políticas sociales son “una prioridad para este Gobierno”.
Fuente : lainformacion.com/economia
La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, aseguró este martes que aplicar la Ley de Dependencia será “una prioridad” para su departamento, que buscará siempre el consenso y el diálogo con las comunidades autónomas para “priorizar la norma por encima de todo”.
En una entrevista en Radio Nacional recogida por Servimedia, Pajín lanzó “un mensaje de tranquilidad y compromiso” a las personas dependientes, a quienes aseguró que la ley se seguirá aplicando tal y como está previsto, porque supone “un reto muy importante” para el Gobierno.
Y es que, apuntó la nueva titular de Política Social, el sistema de Dependencia no es sólo positivo para sus beneficiarios; lo es también para el mercado laboral, ya que supone “una apuesta para el empleo en España” que ya está dando sus frutos.
La ministra se comprometió igualmente a seguir trabajando para que los más desfavorecidos dejen de serlo y reconoció en este sentido que se enfrenta a “un ambicioso reto social” agravado por la crisis económica.
Para disminuir las cifras de pobreza en España, engrosadas por la actual situación financiera, Pajín se propone trabajar codo con codo con las comunidades autónomas, porque, concluyó, las políticas sociales son “una prioridad para este Gobierno”.
Fuente : lainformacion.com/economia
EUSKADI - ÁLAVA - SOLEDAD DEL PNV EN MATERIA SOCIAL
Soledad del PNV en materia social
Todos los grupos de las Juntas le exigen, a petición del PP, que aumente las ayudas de la Ley de Dependencia y acelere la creación de la unidad sociosanitaria
No fue el mejor día para los bancos del PNV en lo que va de legislatura. Y va mucho.
El grupo jeltzale de las Juntas Generales se quedó ayer solo -ni su compañero de Gobierno, EA, le arroparon- en dos votaciones de calado que hacían referencia a los servicios sociales del territorio.
PP -impulsor de ambas iniciativas-, PSE, la ilegalizada ANV, EB, Aralar y la mencionada EA aprobaron sendas mociones en las que, por un lado, instan al Gobierno de Xabier Agirre a que en el plazo de 30 días ponga en marcha la unidad sociosanitaria conveniada en marzo de 2009 con el Gobierno vasco, y que aún no se ha hecho por el procedimiento concursal en el que está inmersa la Clínica Álava, lugar elegido para la apertura.
De forma paralela, en una estampa inusual, la oposición en bloque respaldó otra iniciativa de los populares en la que se insta a la Diputación a que de «forma inmediata» recupere las ayudas anteriores a las establecidas en el consejo de diputados del 8 de junio, y que rebajaron la prestación económica para el cuidado en el torno familiar correspondiente al grado II, nivel 2 y grado III, nivel 1.
Un recorte de hasta 90 euros al mes, que sólo afectaría a los nuevos dependientes y que nunca sería inferior a lo marcado por el Consejo de la Dependencia que aglutina a todas las comunidades. «Lo que se ha hecho es equipararlas porque en Álava existía un nivel adicional.
Además, hay que fomentar los recursos antes que las ayudas económicas», justificaron destacados miembros del Gabinete Agirre.
Ayer, sin embargo, la procuradora jeltzale María Jesús Aguirre fue más allá y admitió las dificultades económicas que existen para hacer frente a estas ayudas. Incluso tomando como referencia la rebaja acordada en junio, se prevé un déficit superior al millón de euros.
Una deuda que podría superar los tres millones si se tienen en cuenta tanto las prestaciones vinculadas al servicio -ayudas para acudir a un geriátrico privado- como el servicio de ayuda a domicilio.
De ahí que Aguirre defendiera una enmienda en la que apostaba por el establecimiento del nivel adicional quitado, siempre que el Gobierno vasco lo sufrague.
La iniciativa, además de no ver la luz, supuso el reproche del portavoz del PSE, Txarli Prieto, que tras recordar que el Gabinete de Patxi López traerá un convenio sociosanitario mejor para Álava del que intentó aprobar Ibarretxe, lamentó que nadie de la Diputación se haya puesto en contacto con su grupo para analizar esa supuesta dificultad económica que ha llevado a rebajar las ayudas de la Ley de Dependencia.
«Hubiésemos sido sensibles», remarcó. Aguirre, en su segundo turno, le dio la razón y le conminó a negociar con el Ejecutivo sobre esta cuestión.
Futuro de la Clínica Álava
El tono más crítico volvió a llegar de la mano de la PP, cuya portavoz en materia social, Ana Morales, recriminó a la Diputación que se haya convertido en el «Gobierno de los recortes en los servicios sociales» propiciando que haya ciudadanos «de primera y de segunda» a la hora de recibir ayudas de la Ley de Dependencia.
En el asunto de la unidad sociosanitaria de 25 plazas acordada con el Gobierno vasco -se cofinanciará al 50%-, tanto Morales como la juntera socialista Eva Jiménez exigieron que se busquen alternativas mientras la justicia esclarece el futuro y la viabilidad de la empresa. «No podemos seguir perdiendo el tiempo», censuraron.
Desde las filas del PNV, María Jesús Aguirre denunció a posteriori ante los medios de comunicación que la actitud de populares y socialistas «pone en riesgo el futuro laboral de los trabajadores del complejo», por lo que pidió celeridad a todas las partes.
Fuente : elcorreo.com/alava
Todos los grupos de las Juntas le exigen, a petición del PP, que aumente las ayudas de la Ley de Dependencia y acelere la creación de la unidad sociosanitaria
No fue el mejor día para los bancos del PNV en lo que va de legislatura. Y va mucho.
El grupo jeltzale de las Juntas Generales se quedó ayer solo -ni su compañero de Gobierno, EA, le arroparon- en dos votaciones de calado que hacían referencia a los servicios sociales del territorio.
PP -impulsor de ambas iniciativas-, PSE, la ilegalizada ANV, EB, Aralar y la mencionada EA aprobaron sendas mociones en las que, por un lado, instan al Gobierno de Xabier Agirre a que en el plazo de 30 días ponga en marcha la unidad sociosanitaria conveniada en marzo de 2009 con el Gobierno vasco, y que aún no se ha hecho por el procedimiento concursal en el que está inmersa la Clínica Álava, lugar elegido para la apertura.
De forma paralela, en una estampa inusual, la oposición en bloque respaldó otra iniciativa de los populares en la que se insta a la Diputación a que de «forma inmediata» recupere las ayudas anteriores a las establecidas en el consejo de diputados del 8 de junio, y que rebajaron la prestación económica para el cuidado en el torno familiar correspondiente al grado II, nivel 2 y grado III, nivel 1.
Un recorte de hasta 90 euros al mes, que sólo afectaría a los nuevos dependientes y que nunca sería inferior a lo marcado por el Consejo de la Dependencia que aglutina a todas las comunidades. «Lo que se ha hecho es equipararlas porque en Álava existía un nivel adicional.
Además, hay que fomentar los recursos antes que las ayudas económicas», justificaron destacados miembros del Gabinete Agirre.
Ayer, sin embargo, la procuradora jeltzale María Jesús Aguirre fue más allá y admitió las dificultades económicas que existen para hacer frente a estas ayudas. Incluso tomando como referencia la rebaja acordada en junio, se prevé un déficit superior al millón de euros.
Una deuda que podría superar los tres millones si se tienen en cuenta tanto las prestaciones vinculadas al servicio -ayudas para acudir a un geriátrico privado- como el servicio de ayuda a domicilio.
De ahí que Aguirre defendiera una enmienda en la que apostaba por el establecimiento del nivel adicional quitado, siempre que el Gobierno vasco lo sufrague.
La iniciativa, además de no ver la luz, supuso el reproche del portavoz del PSE, Txarli Prieto, que tras recordar que el Gabinete de Patxi López traerá un convenio sociosanitario mejor para Álava del que intentó aprobar Ibarretxe, lamentó que nadie de la Diputación se haya puesto en contacto con su grupo para analizar esa supuesta dificultad económica que ha llevado a rebajar las ayudas de la Ley de Dependencia.
«Hubiésemos sido sensibles», remarcó. Aguirre, en su segundo turno, le dio la razón y le conminó a negociar con el Ejecutivo sobre esta cuestión.
Futuro de la Clínica Álava
El tono más crítico volvió a llegar de la mano de la PP, cuya portavoz en materia social, Ana Morales, recriminó a la Diputación que se haya convertido en el «Gobierno de los recortes en los servicios sociales» propiciando que haya ciudadanos «de primera y de segunda» a la hora de recibir ayudas de la Ley de Dependencia.
En el asunto de la unidad sociosanitaria de 25 plazas acordada con el Gobierno vasco -se cofinanciará al 50%-, tanto Morales como la juntera socialista Eva Jiménez exigieron que se busquen alternativas mientras la justicia esclarece el futuro y la viabilidad de la empresa. «No podemos seguir perdiendo el tiempo», censuraron.
Desde las filas del PNV, María Jesús Aguirre denunció a posteriori ante los medios de comunicación que la actitud de populares y socialistas «pone en riesgo el futuro laboral de los trabajadores del complejo», por lo que pidió celeridad a todas las partes.
Fuente : elcorreo.com/alava
ASTURIAS - CASTRILLON - 270 PERSONAS SE BENEFICIAN DE LA LEY
Un total de 270 castrillonenses ya se benefician de la Ley de Dependencia
El 76% percibe una prestación económica por el cuidado directo del dependiente o para sufragar su ingreso en un centro especializado
Percibir una prestación económica continúa siendo la fórmula adoptada por la mayoría de los castrillonenses acogidos a la Ley de Dependencia.
En concreto, 205 de las 270 personas que ya han firmado el correspondiente Programa Individual de Atención, que establece los servicios y prestaciones a percibir, han optado por esta opción, es decir, el 76%.
De ellas, 161 recibe el dinero directamente, como cuidadores de la persona dependiente, y las 44 restantes como subvención para sufragar los gatos derivados de su ingreso en residencias o centros de día.
En los otros 65 casos, la ayuda se materializa en forma de ingreso de la persona dependiente en un centro de día o en residencias.
A día de hoy, el Ayuntamiento ha recibido 733 solicitudes de valoración de personas dependientes. 67 fallecieron antes de que se llevara a cabo tal valoración, 19 fueron derivadas a otros organismos, 62 se rechazaron y 29 están pendientes de valorar.
El resto, 556 en total, han sido clasificados en función de los seis niveles de dependencia que establece lay ley. Los 270 que firmaron el Programa Individual de Atención y están percibiendo la percepción, lo que siginfica que otras 286 están a la espera.
Por otra parte, el Principado ha concedido al Ayuntamiento de Castrillón 697.579 euros destinados al desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales, cantidad que se completa con los 395.126 que aporta el Ayuntamiento.
En total, 1.092.75 euros, distrubidos de la siguiente manera: 516.671 euros a ayudas a domicilios y otros apoyos, 61.00 a a prevención e inserción y 89.000 a ayudas económicas de subsistencia.
Fuente : elcomerciodigital.com
El 76% percibe una prestación económica por el cuidado directo del dependiente o para sufragar su ingreso en un centro especializado
Percibir una prestación económica continúa siendo la fórmula adoptada por la mayoría de los castrillonenses acogidos a la Ley de Dependencia.
En concreto, 205 de las 270 personas que ya han firmado el correspondiente Programa Individual de Atención, que establece los servicios y prestaciones a percibir, han optado por esta opción, es decir, el 76%.
De ellas, 161 recibe el dinero directamente, como cuidadores de la persona dependiente, y las 44 restantes como subvención para sufragar los gatos derivados de su ingreso en residencias o centros de día.
En los otros 65 casos, la ayuda se materializa en forma de ingreso de la persona dependiente en un centro de día o en residencias.
A día de hoy, el Ayuntamiento ha recibido 733 solicitudes de valoración de personas dependientes. 67 fallecieron antes de que se llevara a cabo tal valoración, 19 fueron derivadas a otros organismos, 62 se rechazaron y 29 están pendientes de valorar.
El resto, 556 en total, han sido clasificados en función de los seis niveles de dependencia que establece lay ley. Los 270 que firmaron el Programa Individual de Atención y están percibiendo la percepción, lo que siginfica que otras 286 están a la espera.
Por otra parte, el Principado ha concedido al Ayuntamiento de Castrillón 697.579 euros destinados al desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales, cantidad que se completa con los 395.126 que aporta el Ayuntamiento.
En total, 1.092.75 euros, distrubidos de la siguiente manera: 516.671 euros a ayudas a domicilios y otros apoyos, 61.00 a a prevención e inserción y 89.000 a ayudas económicas de subsistencia.
Fuente : elcomerciodigital.com
MÁLAGA - RINCÓN DE LA VICTORIA - UNIDAD ESTANCIA DIURNA
Rincón de la Victoria abre una Unidad de Estancia Diurna
La localidad contará con 30 plazas concertadas para personas mayores con un grado variable de discapacidad física y psíquica
El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha puesto en marcha la primera Unidad de Estancia Diurna del municipio con un total de 30 plazas concertadas para personas mayores con un grado variable de discapacidad física y psíquica, de acuerdo con la Ley de Dependencia.
La reforma de las instalaciones, ubicadas en los bajos de la Casa Consistorial, ha contado con una inversión de 145.000 euros, financiados por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía y por el propio Ayuntamiento de Rincón de la Victoria.
La empresa adjudicataria, Sagrada Familia S. L., será la encargada de gestionar el servicio, por un importe de 245.661 euros anuales , ampliando el horario de apertura del centro en tres horas más y con la disponibilidad de un médico geriatra dos horas a la semana. La concesión del servicio es de cuatro años.
El centro cuenta con una plantilla de tres auxiliares de clínica, un fisioterapeuta, un terapeuta ocupacional, un enfermero, un trabajador social, un psicólogo, un director y personal de administración y servicio.
Las nuevas instalaciones disponen de dos salas de terapia, un despacho de dirección, una sala de fisioterapia, comedor con office, tres servicios adaptados, vestuario personal y almacén.
Fuente : laopiniondemalaga.es
La localidad contará con 30 plazas concertadas para personas mayores con un grado variable de discapacidad física y psíquica
El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha puesto en marcha la primera Unidad de Estancia Diurna del municipio con un total de 30 plazas concertadas para personas mayores con un grado variable de discapacidad física y psíquica, de acuerdo con la Ley de Dependencia.
La reforma de las instalaciones, ubicadas en los bajos de la Casa Consistorial, ha contado con una inversión de 145.000 euros, financiados por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía y por el propio Ayuntamiento de Rincón de la Victoria.
La empresa adjudicataria, Sagrada Familia S. L., será la encargada de gestionar el servicio, por un importe de 245.661 euros anuales , ampliando el horario de apertura del centro en tres horas más y con la disponibilidad de un médico geriatra dos horas a la semana. La concesión del servicio es de cuatro años.
El centro cuenta con una plantilla de tres auxiliares de clínica, un fisioterapeuta, un terapeuta ocupacional, un enfermero, un trabajador social, un psicólogo, un director y personal de administración y servicio.
Las nuevas instalaciones disponen de dos salas de terapia, un despacho de dirección, una sala de fisioterapia, comedor con office, tres servicios adaptados, vestuario personal y almacén.
Fuente : laopiniondemalaga.es
lunes, 25 de octubre de 2010
EL LASTRE DE PAGAR LOS ATRASOS MARCARÁ LOS PRÓXIMOS AÑOS
El lastre de pagar los atrasos marcará los próximos años
El principal problema que ven los técnicos en el desarrollo de la ley de dependencia es que este año y el próximo tendrían que haber sido los del gran salto, los del verdadero impulso de esta norma.
No hacerlo lastrará el futuro, ya que cada vez será mayor la lista de espera y se generará un desánimo profundo entre los usuarios y las Administraciones.
Los técnicos de las diferentes Administraciones ya sabían que el primer año de la ley se sufriría una avalancha de peticiones imposibles de atender, aunque lo cierto es que la contundente respuesta de la ciudadanía los cogió desprevenidos.
Sin embargo, había esperanza que tras los dos primeros años de rodaje se llegase a un punto de despegue real de la ley, cuando el grupo de dependientes desatendidos estuviese cubierta y comenzasen a llegar más a cuentagotas.
Sin embargo, con el dinero que hay ahora solo se puede atender al grupo de dependientes más graves y no aumentar el presupuesto supone hipotecar el mañana, ya que cada ejercicio sumará dependientes que irán, sin remedio y salvo puntuales excepciones -las derivadas, por ejemplo, del fallecimiento de algunos usuarios- a las listas de espera.
Guardar las facturas
La ley incluye una retroactividad en el pago desde los seis meses siguientes a la presentación de una solicitud que finalmente fuese aprobada, unos atrasos que en cada caso suman miles de euros por dependiente.
De hecho, el pasado enero la Xunta tuvo que destinar nada menos que 60 millones de euros a este concepto.
Los atrasos que se pagarán se limitan a los que en los planes de actuación (PIA) supongan dinero. Estos pueden ser pagos directos a la familia por atender al dependiente -la llamada libranza del cuidador o paga del cuidador informal- o por prestación de servicios -la denominada libranza por servicios, es decir, que la Xunta acceda a pagar una parte de una residencia o un centro de día privado, o un ayudante-.
En este caso, es importante saber que hay que guardar todas las facturas.
Fuente : lavozdegalicia.es
El principal problema que ven los técnicos en el desarrollo de la ley de dependencia es que este año y el próximo tendrían que haber sido los del gran salto, los del verdadero impulso de esta norma.
No hacerlo lastrará el futuro, ya que cada vez será mayor la lista de espera y se generará un desánimo profundo entre los usuarios y las Administraciones.
Los técnicos de las diferentes Administraciones ya sabían que el primer año de la ley se sufriría una avalancha de peticiones imposibles de atender, aunque lo cierto es que la contundente respuesta de la ciudadanía los cogió desprevenidos.
Sin embargo, había esperanza que tras los dos primeros años de rodaje se llegase a un punto de despegue real de la ley, cuando el grupo de dependientes desatendidos estuviese cubierta y comenzasen a llegar más a cuentagotas.
Sin embargo, con el dinero que hay ahora solo se puede atender al grupo de dependientes más graves y no aumentar el presupuesto supone hipotecar el mañana, ya que cada ejercicio sumará dependientes que irán, sin remedio y salvo puntuales excepciones -las derivadas, por ejemplo, del fallecimiento de algunos usuarios- a las listas de espera.
Guardar las facturas
La ley incluye una retroactividad en el pago desde los seis meses siguientes a la presentación de una solicitud que finalmente fuese aprobada, unos atrasos que en cada caso suman miles de euros por dependiente.
De hecho, el pasado enero la Xunta tuvo que destinar nada menos que 60 millones de euros a este concepto.
Los atrasos que se pagarán se limitan a los que en los planes de actuación (PIA) supongan dinero. Estos pueden ser pagos directos a la familia por atender al dependiente -la llamada libranza del cuidador o paga del cuidador informal- o por prestación de servicios -la denominada libranza por servicios, es decir, que la Xunta acceda a pagar una parte de una residencia o un centro de día privado, o un ayudante-.
En este caso, es importante saber que hay que guardar todas las facturas.
Fuente : lavozdegalicia.es
240.000 DEPENDIENTES NO RECIBEN NINGUNA PRESTACIÓN
ALERTA DE LA REDUCCIÓN DEL 5,2% DE PRESUPUESTO EN 2011
Un total de 240.000 dependientes no reciben ninguna prestación, según la patronal de residencias y centros de día
La Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED) ha denunciado que hay 240.000 personas con derecho a una prestación que no reciben ninguna ayuda y ha alertado de que esta situación pude empeorar después ya que el presupuesto para 2011 va a sufrir una reducción del 5,2 por ciento --83 millones de euros menos--, tal y como reflejan los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
El presidente de esta entidad, José Alberto Echevarría, ha manifestado su "total desacuerdo" con la disminución de la partida para el desarrollo de la Ley para la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, que "no sólo se dejará a muchas familias sin prestación, sino que da la impresión que el sector de la dependencia no es prioridad para el Gobierno, a pesar de defender argumentos políticos cargados de bondades en lo social y de beneficio al ciudadano".
A las 240.000 personas con derecho a prestación, que no la están recibiendo, el panorama en el sector ante el 2011 es, a juicio de esta patronal de "incertidumbre" dado que, sumando el dato anterior, el próximo año se le debe dar prestación a 125.000 personas más y tener presente que, aproximadamente, 100.000 personas esperan ser valoradas.
¿Cómo podemos permitir que se reduzcan los presupuestos para el próximo ejercicio sabiendo que casi 470.000 personas tienen que recibir prestación por ley?", ha preguntado Echevarría, para quien la "excusa" de que no hay servicios "no es coherente, ni real". En este sentido, ha dicho que en la red privada "no sólo hay sitio, sino que además se generarían más de 37.000 puestos de trabajo".
Desde la FED --integrada por 17 patronales autonómicas--, aseguran que distintos informes indican que la población anciana se duplicará en los próximos 40 años y que el grupo de edad de mayores de 64 años se multiplicará por dos en el 2049, "por lo que pasaría a constituir el 31,9 por ciento de la población total".
Fuente : europapress.es
Un total de 240.000 dependientes no reciben ninguna prestación, según la patronal de residencias y centros de día
La Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED) ha denunciado que hay 240.000 personas con derecho a una prestación que no reciben ninguna ayuda y ha alertado de que esta situación pude empeorar después ya que el presupuesto para 2011 va a sufrir una reducción del 5,2 por ciento --83 millones de euros menos--, tal y como reflejan los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
El presidente de esta entidad, José Alberto Echevarría, ha manifestado su "total desacuerdo" con la disminución de la partida para el desarrollo de la Ley para la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, que "no sólo se dejará a muchas familias sin prestación, sino que da la impresión que el sector de la dependencia no es prioridad para el Gobierno, a pesar de defender argumentos políticos cargados de bondades en lo social y de beneficio al ciudadano".
A las 240.000 personas con derecho a prestación, que no la están recibiendo, el panorama en el sector ante el 2011 es, a juicio de esta patronal de "incertidumbre" dado que, sumando el dato anterior, el próximo año se le debe dar prestación a 125.000 personas más y tener presente que, aproximadamente, 100.000 personas esperan ser valoradas.
¿Cómo podemos permitir que se reduzcan los presupuestos para el próximo ejercicio sabiendo que casi 470.000 personas tienen que recibir prestación por ley?", ha preguntado Echevarría, para quien la "excusa" de que no hay servicios "no es coherente, ni real". En este sentido, ha dicho que en la red privada "no sólo hay sitio, sino que además se generarían más de 37.000 puestos de trabajo".
Desde la FED --integrada por 17 patronales autonómicas--, aseguran que distintos informes indican que la población anciana se duplicará en los próximos 40 años y que el grupo de edad de mayores de 64 años se multiplicará por dos en el 2049, "por lo que pasaría a constituir el 31,9 por ciento de la población total".
Fuente : europapress.es
TRES AÑOS Y MEDIO ESPERANDO
Una familia lleva tres años y medio esperando la ayuda por dependencia
La familia de una chica valenciana de 18 años, con un 97% de dependencia, llevan años peleando por las ayudas
El 29 de mayo de 2007 esta familia residente en la pedanía La Murada, en Orihuela, solicita acogerse a la Ley de Dependencia.
El equipo de valoración determina que su hija, a punto de cumplir 18 años, sufre gran dependencia.
La joven no anda, no habla y necesita atención continua a causa de la parálisis cerebral.
La Seguridad Social ya le había reconocido una discapacidad del 97 por ciento.
Hace seis meses, en abril, le aprueban el Plan Individual de Atención y le conceden a la madre una ayuda de 590 euros como cuidadora familiar.
Carmen Cutillas sigue esperando como el primer día. No cobra nada y cuando llama a la consejería de Bienestar de Valencia o al ayuntamiento le dicen que la resolución no está hecha y que vuelva a llamar otro mes y así llevan tres años y medio, cuando acude a los Servicio Sociales casi nunca la ponen con el encargado, "me dicen que no saben nada, que llame a Valencia y un alto cargo del Ayuntamiento me dijo que no me preocupara que ya trincaría yo también".
Carmen Cutillas ha contado a la Cadena SER que en su pueblo, en la Murada, hay otra familia que está en la misma situación.
"Llevan más de tres años esperando".
Esta redacción se ha puesto en contacto con la Consejería de Bienestar Social.
Se han sorprendido por el caso, dicen que es extraordinario porque, añaden fuentes del departamento, en Valencia los grandes dependientes, los del Grado III, están todos atendidos.
Fuente : cadenaser.com
La familia de una chica valenciana de 18 años, con un 97% de dependencia, llevan años peleando por las ayudas
El 29 de mayo de 2007 esta familia residente en la pedanía La Murada, en Orihuela, solicita acogerse a la Ley de Dependencia.
El equipo de valoración determina que su hija, a punto de cumplir 18 años, sufre gran dependencia.
La joven no anda, no habla y necesita atención continua a causa de la parálisis cerebral.
La Seguridad Social ya le había reconocido una discapacidad del 97 por ciento.
Hace seis meses, en abril, le aprueban el Plan Individual de Atención y le conceden a la madre una ayuda de 590 euros como cuidadora familiar.
Carmen Cutillas sigue esperando como el primer día. No cobra nada y cuando llama a la consejería de Bienestar de Valencia o al ayuntamiento le dicen que la resolución no está hecha y que vuelva a llamar otro mes y así llevan tres años y medio, cuando acude a los Servicio Sociales casi nunca la ponen con el encargado, "me dicen que no saben nada, que llame a Valencia y un alto cargo del Ayuntamiento me dijo que no me preocupara que ya trincaría yo también".
Carmen Cutillas ha contado a la Cadena SER que en su pueblo, en la Murada, hay otra familia que está en la misma situación.
"Llevan más de tres años esperando".
Esta redacción se ha puesto en contacto con la Consejería de Bienestar Social.
Se han sorprendido por el caso, dicen que es extraordinario porque, añaden fuentes del departamento, en Valencia los grandes dependientes, los del Grado III, están todos atendidos.
Fuente : cadenaser.com
GUIA PARA ENTENDER LOS GRADOS Y NIVELES
Guía para entender los grados y niveles
Una normativa compleja
¿Por qué una persona tiene una dependencia de grado tres y no dos? ¿Qué define el nivel dentro de cada grado? ¿Se puede cambiar de valoración? ¿Quiénes van a entrar en la ley el próximo año? Esta es la parte más difícil de entender de una ley que afecta a miles de personas.
1
Dos personas de la misma edad y diagnóstico pueden tener grados diferentes. Es cierto, porque se valora el caso y no la enfermedad.
Por ejemplo, con una tetraplejia en dos chicos jóvenes ocasionada por sendos accidentes de tráfico, un sujeto A vive en una ciudad, en un piso con ascensor y sin problemas de acceso; hasta que tuvo el accidente que lo confinó a una silla de ruedas hacía deporte y además pertenecía a varias asociaciones diferentes y tiene familia cerca.
Un sujeto B, en esta simulación, reside en una aldea y en su vivienda hay escaleras, una finca rodea la casa, el área es totalmente rural, con poca gente y mayor, y para cualquier actividad que quiera realizar necesita moverse en coche.
Para el dependiente A se puede valorar el grado 2 nivel 2 porque aunque necesita ayuda tiene un entorno muy potente y una forma física y psicológica muy buena; el sujeto B, en cambio, requiere mucha más ayuda y su vida se ha limitado de forma más que considerable tras el suceso, de ahí que se le valore, por ejemplo, como un dependiente de grado 3 nivel 1 o 2.
2
¿Quiénes pueden acceder a la ley el próximo enero? Si no se pactan cambios o atrasos, el 1 de enero del 2011 pueden acceder a la ley aquellas personas que tengan un grado de dependencia moderado-alto, es decir, que en la valoración se les indique que son grado 1 nivel 2. Es decir, aquellos que «necesitan ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día».
3
¿Qué diferencias hay entre otros grados? Siguiendo los parámetros internacionales, los dependientes severos o de grado dos son los que «necesitan ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero que no requieren el apoyo permanente de un cuidador».
Y los grandes dependientes o de grado 3 son los que «necesitan ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y por su pérdida total de autonomía, necesitan el apoyo indispensable y continuo de otra persona».
4
¿Cómo puedo saber qué grado de dependencia tengo? Aplicando lo explicado en la pregunta anterior o, si se maneja Internet, con las calculadoras de dependencia. Por ejemplo, hay que entrar en www.directoressociales.com y pinchar en «documentos» para, una vez se despliegue, ir a «calculadora del grado y nivel de dependencia». Obviamente, se trata de una valoración aproximada y no oficial.
5
¿Se puede cambiar de valoración? Por supuesto, aunque no es muy aconsejable ahora por los problemas de burocracia que todavía sufre el sistema. Por ejemplo, una persona puede tener temporalmente una dependencia de grado 3/2 si sufre un accidente importante, y después puede incluso superar su dependencia totalmente.
Con el tiempo, sí se podrá solicitar, pero ahora mismo, lo más habitual es lo contrario; un ejemplo es el caso de una persona con una enfermedad degenerativa que cuando es valorada tiene un grado dos pero para cuando le han otorgado el programa de actuación (PIA), ya avanzó la enfermedad y presenta un grado 3 con, posiblemente, otras necesidades de atención.
Fuente : lavozdegalicia.es/sociedad
Una normativa compleja
¿Por qué una persona tiene una dependencia de grado tres y no dos? ¿Qué define el nivel dentro de cada grado? ¿Se puede cambiar de valoración? ¿Quiénes van a entrar en la ley el próximo año? Esta es la parte más difícil de entender de una ley que afecta a miles de personas.
1
Dos personas de la misma edad y diagnóstico pueden tener grados diferentes. Es cierto, porque se valora el caso y no la enfermedad.
Por ejemplo, con una tetraplejia en dos chicos jóvenes ocasionada por sendos accidentes de tráfico, un sujeto A vive en una ciudad, en un piso con ascensor y sin problemas de acceso; hasta que tuvo el accidente que lo confinó a una silla de ruedas hacía deporte y además pertenecía a varias asociaciones diferentes y tiene familia cerca.
Un sujeto B, en esta simulación, reside en una aldea y en su vivienda hay escaleras, una finca rodea la casa, el área es totalmente rural, con poca gente y mayor, y para cualquier actividad que quiera realizar necesita moverse en coche.
Para el dependiente A se puede valorar el grado 2 nivel 2 porque aunque necesita ayuda tiene un entorno muy potente y una forma física y psicológica muy buena; el sujeto B, en cambio, requiere mucha más ayuda y su vida se ha limitado de forma más que considerable tras el suceso, de ahí que se le valore, por ejemplo, como un dependiente de grado 3 nivel 1 o 2.
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¿Quiénes pueden acceder a la ley el próximo enero? Si no se pactan cambios o atrasos, el 1 de enero del 2011 pueden acceder a la ley aquellas personas que tengan un grado de dependencia moderado-alto, es decir, que en la valoración se les indique que son grado 1 nivel 2. Es decir, aquellos que «necesitan ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día».
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¿Qué diferencias hay entre otros grados? Siguiendo los parámetros internacionales, los dependientes severos o de grado dos son los que «necesitan ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero que no requieren el apoyo permanente de un cuidador».
Y los grandes dependientes o de grado 3 son los que «necesitan ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y por su pérdida total de autonomía, necesitan el apoyo indispensable y continuo de otra persona».
4
¿Cómo puedo saber qué grado de dependencia tengo? Aplicando lo explicado en la pregunta anterior o, si se maneja Internet, con las calculadoras de dependencia. Por ejemplo, hay que entrar en www.directoressociales.com y pinchar en «documentos» para, una vez se despliegue, ir a «calculadora del grado y nivel de dependencia». Obviamente, se trata de una valoración aproximada y no oficial.
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¿Se puede cambiar de valoración? Por supuesto, aunque no es muy aconsejable ahora por los problemas de burocracia que todavía sufre el sistema. Por ejemplo, una persona puede tener temporalmente una dependencia de grado 3/2 si sufre un accidente importante, y después puede incluso superar su dependencia totalmente.
Con el tiempo, sí se podrá solicitar, pero ahora mismo, lo más habitual es lo contrario; un ejemplo es el caso de una persona con una enfermedad degenerativa que cuando es valorada tiene un grado dos pero para cuando le han otorgado el programa de actuación (PIA), ya avanzó la enfermedad y presenta un grado 3 con, posiblemente, otras necesidades de atención.
Fuente : lavozdegalicia.es/sociedad
GALICIA - LA LISTA DE ESPERA NECESITA 200 MILLONES MÁS
CHEQUEO A LA LEY DE DEPENDENCIA
La lista de espera en dependencia necesita 200 millones de euros más
La Xunta invertirá el próximo año 265 millones, y el Estado 96, cuando tendría que abonar otro tanto
En el 2011 se acogerán a la ley en Galicia 5.000 personas, que se sumarán a las 14.000 pendientes de ayuda
Galicia dispondrá en el 2011 del mismo dinero para dependencia que en el ejercicio presente. Eso, que en la situación económica actual es una buena noticia, no lo resulta tanto si se tiene en cuenta que la única manera de atender a todos los dependientes es crecer en presupuesto.
Fuentes de la Xunta calculan que para poner a cero la lista de espera de este año, la Administración necesitaría un 50% más del dinero de que dispone. Es decir, a los 400 millones de euros que moviliza para dependencia habría que sumar otros 200.
Además, la Xunta recalca que el Estado ha reducido su participación y aunque teóricamente el gasto tenía que repartirse al 50%, en la actualidad Traballo destina 300 millones (265 directamente y unos 35 al mantenimiento de los centros) frente a los 96 del Gobierno central.
Las cifras que baraja la Consellería de Traballo no dejan lugar a dudas: en este 2010 hay unas 37.000 personas atendidas, pero se mantienen unas 14.000 en lista de espera; si en el 2011 se dispone del mismo dinero que este año, solo se podrá dar atención a unas 37.000 personas, pero nunca incorporar todas las pendientes.
La situación se agrava si se tiene en cuenta que el 1 de enero del 2011 tendrán derecho a recibir atención otros 5.000 gallegos, que son aquellos que -se calculan- tienen una dependencia moderada (grado 1 nivel 2). En total, la lista de espera llegará a 20.000 usuarios.
La situación es tan crítica que algunos técnicos y hasta responsables de Gobierno (la titular de la cartera en Cataluña, por ejemplo) apuestan por paralizar el ingreso de nuevos casos en la ley.
Es decir, atender a los que están y esperar dos o tres años para incorporar a los dependientes más leves. El problema es que se trata de una medida tan impopular que ningún político se atreve a plantearla en voz alta, y en cualquier caso necesitaría la unanimidad de todas las Administraciones para evitar que se convierta en arma política.
Crisis en el plan concertado
Hay otro apunte que se hace desde la Xunta y que demuestra lo serio de la situación: la aportación estatal al plan concertado de los servicios sociales de los concellos se ha reducido en un 12%.
Este programa gestiona la ayuda municipal en el hogar, y muchos son dependientes pero no han solicitado acogerse a la ley; si se les retira el apoyo (es decir, tienen que pagar de su bolsillo el que una persona les eche una mano) habrá un grupo muy importante que pida acogerse a la norma, con lo cual la lista de espera se hará más voluminosa.
Frente a todos estos problemas, hay pequeñas cosas positivas. Por ejemplo, antes de final de este ejercicio se van a abrir cuatro residencias (en Vimianzo, Monforte, Viveiro y Ourense) y en los próximos meses está prevista la puesta en marcha de nueve centros de día, que absorberán a muchos de los dependientes que están en lista de espera.
En cuanto a las nuevas incorporaciones a la ley para el próximo ejercicio, los del grado 1 nivel 2, se suele tratar de personas que tienen una vida bastante independiente pero que necesitan una ayuda pequeña para mantenerse así; esto supone que con el mismo dinero se pueden atender muchos más casos que en grados más graves, y de hecho en este grupo uno de los servicios estrella es la teleasistencia, que supone un desembolso económico muy pequeño.
Fuente : lavozdegalicia.es
La lista de espera en dependencia necesita 200 millones de euros más
La Xunta invertirá el próximo año 265 millones, y el Estado 96, cuando tendría que abonar otro tanto
En el 2011 se acogerán a la ley en Galicia 5.000 personas, que se sumarán a las 14.000 pendientes de ayuda
Galicia dispondrá en el 2011 del mismo dinero para dependencia que en el ejercicio presente. Eso, que en la situación económica actual es una buena noticia, no lo resulta tanto si se tiene en cuenta que la única manera de atender a todos los dependientes es crecer en presupuesto.
Fuentes de la Xunta calculan que para poner a cero la lista de espera de este año, la Administración necesitaría un 50% más del dinero de que dispone. Es decir, a los 400 millones de euros que moviliza para dependencia habría que sumar otros 200.
Además, la Xunta recalca que el Estado ha reducido su participación y aunque teóricamente el gasto tenía que repartirse al 50%, en la actualidad Traballo destina 300 millones (265 directamente y unos 35 al mantenimiento de los centros) frente a los 96 del Gobierno central.
Las cifras que baraja la Consellería de Traballo no dejan lugar a dudas: en este 2010 hay unas 37.000 personas atendidas, pero se mantienen unas 14.000 en lista de espera; si en el 2011 se dispone del mismo dinero que este año, solo se podrá dar atención a unas 37.000 personas, pero nunca incorporar todas las pendientes.
La situación se agrava si se tiene en cuenta que el 1 de enero del 2011 tendrán derecho a recibir atención otros 5.000 gallegos, que son aquellos que -se calculan- tienen una dependencia moderada (grado 1 nivel 2). En total, la lista de espera llegará a 20.000 usuarios.
La situación es tan crítica que algunos técnicos y hasta responsables de Gobierno (la titular de la cartera en Cataluña, por ejemplo) apuestan por paralizar el ingreso de nuevos casos en la ley.
Es decir, atender a los que están y esperar dos o tres años para incorporar a los dependientes más leves. El problema es que se trata de una medida tan impopular que ningún político se atreve a plantearla en voz alta, y en cualquier caso necesitaría la unanimidad de todas las Administraciones para evitar que se convierta en arma política.
Crisis en el plan concertado
Hay otro apunte que se hace desde la Xunta y que demuestra lo serio de la situación: la aportación estatal al plan concertado de los servicios sociales de los concellos se ha reducido en un 12%.
Este programa gestiona la ayuda municipal en el hogar, y muchos son dependientes pero no han solicitado acogerse a la ley; si se les retira el apoyo (es decir, tienen que pagar de su bolsillo el que una persona les eche una mano) habrá un grupo muy importante que pida acogerse a la norma, con lo cual la lista de espera se hará más voluminosa.
Frente a todos estos problemas, hay pequeñas cosas positivas. Por ejemplo, antes de final de este ejercicio se van a abrir cuatro residencias (en Vimianzo, Monforte, Viveiro y Ourense) y en los próximos meses está prevista la puesta en marcha de nueve centros de día, que absorberán a muchos de los dependientes que están en lista de espera.
En cuanto a las nuevas incorporaciones a la ley para el próximo ejercicio, los del grado 1 nivel 2, se suele tratar de personas que tienen una vida bastante independiente pero que necesitan una ayuda pequeña para mantenerse así; esto supone que con el mismo dinero se pueden atender muchos más casos que en grados más graves, y de hecho en este grupo uno de los servicios estrella es la teleasistencia, que supone un desembolso económico muy pequeño.
Fuente : lavozdegalicia.es
GALICIA - "SI EL ESTADO CUMPLIESE, NO HABRÍA NADIE SIN ATENDER"
Entrevista | beatriz mato
conselleira de traballo e benestar
«Si el Estado cumpliese, no habría nadie sin atender»
Beatriz Mato asegura que la Xunta hace el máximo esfuerzo para tapar los agujeros de los recortes del Gobierno central
Está indignada con la situación, pero a la vez decidida a dejarse la piel en la que es una de las patas de su consellería: la dependencia.
La conselleira Beatriz Mato, con vehemencia, no duda en calificar de «imposibles de cumplir» los plazos que marca una ley que «nació mal».
-En Cataluña se plantean atrasar unos años la ampliación de la ley de dependencia por un problema de dinero. ¿Galicia lo haría?
-El contexto es diferente, porque Cataluña tiene serias dificultades económicas, y eso no se da en Galicia, que estamos cumpliendo con los pagos en todos los sistemas.
-Pero está claro que estos plazos, la atención de 60.000 personas en cinco años, son inasumibles...
-Esta ley nació mal y aunque era una época de bonanza, ya tenía una planificación financiera inadecuada. Esta ley tenía que financiarse en base a los servicios que se ofrecen, no por el número de dependientes en cada nivel. Además, desde el principio, las expectativas en el número de dependientes fueron sobrepasadas con creces en todas las comunidades autónomas, y esa previsión de que el Estado [en referencia al Gobierno central] y las comunidades pagarían al 50% los costes de la ley jamás se llegó a cumplir. El Estado nunca puso la aportación que la ley contempla, y el ciudadano llama a la puerta de su comunidad. En la Xunta intentamos responder al máximo con nuestros recursos, y nos esforzamos por mejorar la parte administrativa, que redunda en beneficio del dependiente. E invertimos mucho dinero: en año y medio triplicamos el número de personas atendidas, un esfuerzo muy grande. Pero no nos satisface, como gobernantes, que haya personas con derechos reconocidos por ley que están sin atender.
-¿Qué les diría a estas personas?
-Sin eximir responsabilidades, creo que las expectativas que se crearon con esta ley en ningún momento tuvieron financiación suficiente. Lo que trasladaría a los gallegos es que, dentro de las posibilidades de financiación para mantener el equilibrio que Galicia necesita, estamos haciendo el máximo esfuerzo por cubrir y tapar los agujeros del Gobierno central. Y una de mis obligaciones es reclamarle que cumpla con Galicia, porque si el Estado cumpliese, no habría nadie sin atender.
-La Xunta está cambiando el modelo de ayudas dentro de la ley. La llamada libranza del cuidador está pasando a un segundo plano y gana terreno la subvención para centros de día o residencias privadas...
-Creo que la actual Xunta atiende a un modelo de país absolutamente distinto del que planteaba el bipartito. Todo el mundo puede elegir, pero también buscar el apoyo en la empresa privada. Eso no significa que no estemos trabajando en poner servicios públicos, pero si una persona encuentra la solución para su familiar en un centro privado, bienvenido sea.
-Con respecto a esto, ¿le parece bien que sea el dependiente, o su familia, el que decida qué tipo de servicio debe tener?
-Bueno, no es así. La familia puede opinar, pero es el trabajador social el que debe discernir qué es lo que más le interesa al dependiente. Sí es cierto que por ley el programa individual de atención debe ser acordado con la familia, pero no debe tener la última palabra. Ahora vivimos momentos de serias dificultades en las familias y una aportación como la de la dependencia puede ser muy apetecible, pero nosotros tenemos que mirar por el bienestar del dependiente, quien tiene el derecho.
Fuente : lavozdegalicia.es
conselleira de traballo e benestar
«Si el Estado cumpliese, no habría nadie sin atender»
Beatriz Mato asegura que la Xunta hace el máximo esfuerzo para tapar los agujeros de los recortes del Gobierno central
Está indignada con la situación, pero a la vez decidida a dejarse la piel en la que es una de las patas de su consellería: la dependencia.
La conselleira Beatriz Mato, con vehemencia, no duda en calificar de «imposibles de cumplir» los plazos que marca una ley que «nació mal».
-En Cataluña se plantean atrasar unos años la ampliación de la ley de dependencia por un problema de dinero. ¿Galicia lo haría?
-El contexto es diferente, porque Cataluña tiene serias dificultades económicas, y eso no se da en Galicia, que estamos cumpliendo con los pagos en todos los sistemas.
-Pero está claro que estos plazos, la atención de 60.000 personas en cinco años, son inasumibles...
-Esta ley nació mal y aunque era una época de bonanza, ya tenía una planificación financiera inadecuada. Esta ley tenía que financiarse en base a los servicios que se ofrecen, no por el número de dependientes en cada nivel. Además, desde el principio, las expectativas en el número de dependientes fueron sobrepasadas con creces en todas las comunidades autónomas, y esa previsión de que el Estado [en referencia al Gobierno central] y las comunidades pagarían al 50% los costes de la ley jamás se llegó a cumplir. El Estado nunca puso la aportación que la ley contempla, y el ciudadano llama a la puerta de su comunidad. En la Xunta intentamos responder al máximo con nuestros recursos, y nos esforzamos por mejorar la parte administrativa, que redunda en beneficio del dependiente. E invertimos mucho dinero: en año y medio triplicamos el número de personas atendidas, un esfuerzo muy grande. Pero no nos satisface, como gobernantes, que haya personas con derechos reconocidos por ley que están sin atender.
-¿Qué les diría a estas personas?
-Sin eximir responsabilidades, creo que las expectativas que se crearon con esta ley en ningún momento tuvieron financiación suficiente. Lo que trasladaría a los gallegos es que, dentro de las posibilidades de financiación para mantener el equilibrio que Galicia necesita, estamos haciendo el máximo esfuerzo por cubrir y tapar los agujeros del Gobierno central. Y una de mis obligaciones es reclamarle que cumpla con Galicia, porque si el Estado cumpliese, no habría nadie sin atender.
-La Xunta está cambiando el modelo de ayudas dentro de la ley. La llamada libranza del cuidador está pasando a un segundo plano y gana terreno la subvención para centros de día o residencias privadas...
-Creo que la actual Xunta atiende a un modelo de país absolutamente distinto del que planteaba el bipartito. Todo el mundo puede elegir, pero también buscar el apoyo en la empresa privada. Eso no significa que no estemos trabajando en poner servicios públicos, pero si una persona encuentra la solución para su familiar en un centro privado, bienvenido sea.
-Con respecto a esto, ¿le parece bien que sea el dependiente, o su familia, el que decida qué tipo de servicio debe tener?
-Bueno, no es así. La familia puede opinar, pero es el trabajador social el que debe discernir qué es lo que más le interesa al dependiente. Sí es cierto que por ley el programa individual de atención debe ser acordado con la familia, pero no debe tener la última palabra. Ahora vivimos momentos de serias dificultades en las familias y una aportación como la de la dependencia puede ser muy apetecible, pero nosotros tenemos que mirar por el bienestar del dependiente, quien tiene el derecho.
Fuente : lavozdegalicia.es
"LOS DEPENDIENTES MENOS SEVEROS DEBERÍAN COBRAR MÁS TARDE Y CON MAYOR COPAGO"
Guillem López Casanova - Experto en financiación de servicios sociales
"Los dependientes menos severos deberían cobrar más tarde y con mayor copago"
"Fue un error programar la ley pensando que el ciclo económico álgido duraría 15 años"
Guillem López Casanova (Menorca, 1955) es catedrático de Economía en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y consejero del Banco de España.
Junto a otros cuatro expertos redactó un informe para el Congreso sobre la aplicación de la Ley de Dependencia.
Su conclusión: "Es insostenible"
Guillem López es uno de los mayores expertos en servicios sociales y sanitarios de España y no oculta su pesimismo sobre el respeto al calendario de la Ley de Dependencia, que establece que los dependientes menos severos empiecen a recibir una prestación en enero.
Las previsiones del Gobierno, explica, fueron un “error”. Por eso, propone que modificar el calendario y aplicar un mayor copago para este colectivo.
–Las comunidades se quejan de la falta de financiación de la Ley de Dependencia. ¿Con este escenario debe modificarse el calendario de aplicación?
–Incluso con financiación suficiente, la ley presenta disfuncionalidades y al menos dos problemas. La prestación monetaria, que se había dado como excepcional cuando no fuese posible en especie, se está convirtiendo en mayoritaria. Esto responde a la falta de oferta en determinadas zonas. Además, hay un problema en la gestión de solicitudes y dictámenes. La ley preveía que habría una población dependiente de grado 3 de 290.000 personas a 1 de marzo de 2010 y la cifra ahora está más que duplicada.
–¿Un error de cálculo?
–Podría ser. Los que fijaron esa previsión no consideraron cómo se aplicaría la ley. Cuando a alguien se le acaba el subsidio de paro o está en situación de precariedad los servicios sociales hacen aflorar una situación de dependencia que, dictaminada laxamente, reconoce un derecho a financiar. Hay una cierta manga ancha, aunque sea cruel decirlo. Aún teniendo financiación esto hubiese creado un segundo gran problema.
–¿Podrá pagarse en enero a los dependientes menos severos?
–En 2011 debieran de entrar los niveles inferiores y hay otros 250.000 que están en el limbo, a la espera de dictamen, algunos de ellos con derecho ya reconocido a una prestación. A no ser que haya voluntad decidida de más financiación, las previsiones de la ley van a ser infactibles.
–¿Qué puede hacer el Gobierno?
–Con estas restricciones presupuestarias, lo más lógico sería priorizar la gran dependencia y retrasar la entrada de dependencia moderada. También tendría lógica que estas últimas entrasen con un copago más alto que el resto.
–¿Resulta más cara la paga o una plaza en un centro?
–Dadas las dificultades presupuestarias de las comunidades ante la avalancha de solicitudes, existe una situación acomodaticia en cambiar prestación en especie por prestación económica. Ésta última reconoce unos 480 euros al mes de media, mientras el coste de una plaza es de unos 1.200. Si desde la Administración no puedes pagarla, dar 400 euros colma una expectativa de derecho, pero es una actitud muy acomodaticia. A la Administración le va bien porque es más barata y al usuario también. Además, en el caso de la plaza, el dependiente debe copagar un tercio del precio al menos.
–¿Se hubiese aprobado esta ley en un momento de crisis económica como el actual?
–Cuando se programó el calendario de prestaciones se hizo desde la fase álgida del ciclo económico, La previsión era que ésta se prolongase durante 15 años. Fue un error.
–La Xunta ha propuesto crear un catálogo de medicamentos genéricos para reducir el coste sanitario. ¿Qué le parece la medida?
–En el gasto en medicamentos el problema que tenemos no es de precios, sino de consumo. Los decretos de precios de referencia actúan sobre el precio, no sobre el consumo; hemos llegado a final de la etapa en este terreno. Si quieres controlar el gasto y tampoco quieres hacerlo por consumo –racionalización de la prescripción–, lo único que te queda es actuar sobre los genéricos. Al menos que consuman cosas que nos salgan baratas.
–La industria se queja...
–Esto tiene muchos efectos colaterales en ámbitos que no son el gasto sanitario público y que afecta a un sector del mercado que son los medicamentos fuera de patentes, también a posibles inversiones futuras en investigación... Pero es una forma de controlar el gasto dejando de lado lo que ha dado de sí el precio de referencia.
–El Ministerio de Sanidad amenaza con recurrir esa ley en cuanto se apruebe porque entiende que Galicia no tiene competencias para regular ese catálogo.
–El consenso sería deseable, pero si no fuese factible , la Xunta tiene que tirar hacia delante. Recuerdo el caso de Andalucía con los visados, que sentó fatal al PP, que gobernaba a nivel estatal, y luego han acabado reconociendo que no solo eran competencialmente aceptables, sino que ayudaban a gestionar mejor la prescripción. Debe tirar para adelante porque el desarrollo competencial para quien soporta el gasto farmacéutico exige que tenga discrecionalidad para decidir qué medicamentos se prescriben primero
Fuente : farodevigo.es/galicia
"Los dependientes menos severos deberían cobrar más tarde y con mayor copago"
"Fue un error programar la ley pensando que el ciclo económico álgido duraría 15 años"
Guillem López Casanova (Menorca, 1955) es catedrático de Economía en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y consejero del Banco de España.
Junto a otros cuatro expertos redactó un informe para el Congreso sobre la aplicación de la Ley de Dependencia.
Su conclusión: "Es insostenible"
Guillem López es uno de los mayores expertos en servicios sociales y sanitarios de España y no oculta su pesimismo sobre el respeto al calendario de la Ley de Dependencia, que establece que los dependientes menos severos empiecen a recibir una prestación en enero.
Las previsiones del Gobierno, explica, fueron un “error”. Por eso, propone que modificar el calendario y aplicar un mayor copago para este colectivo.
–Las comunidades se quejan de la falta de financiación de la Ley de Dependencia. ¿Con este escenario debe modificarse el calendario de aplicación?
–Incluso con financiación suficiente, la ley presenta disfuncionalidades y al menos dos problemas. La prestación monetaria, que se había dado como excepcional cuando no fuese posible en especie, se está convirtiendo en mayoritaria. Esto responde a la falta de oferta en determinadas zonas. Además, hay un problema en la gestión de solicitudes y dictámenes. La ley preveía que habría una población dependiente de grado 3 de 290.000 personas a 1 de marzo de 2010 y la cifra ahora está más que duplicada.
–¿Un error de cálculo?
–Podría ser. Los que fijaron esa previsión no consideraron cómo se aplicaría la ley. Cuando a alguien se le acaba el subsidio de paro o está en situación de precariedad los servicios sociales hacen aflorar una situación de dependencia que, dictaminada laxamente, reconoce un derecho a financiar. Hay una cierta manga ancha, aunque sea cruel decirlo. Aún teniendo financiación esto hubiese creado un segundo gran problema.
–¿Podrá pagarse en enero a los dependientes menos severos?
–En 2011 debieran de entrar los niveles inferiores y hay otros 250.000 que están en el limbo, a la espera de dictamen, algunos de ellos con derecho ya reconocido a una prestación. A no ser que haya voluntad decidida de más financiación, las previsiones de la ley van a ser infactibles.
–¿Qué puede hacer el Gobierno?
–Con estas restricciones presupuestarias, lo más lógico sería priorizar la gran dependencia y retrasar la entrada de dependencia moderada. También tendría lógica que estas últimas entrasen con un copago más alto que el resto.
–¿Resulta más cara la paga o una plaza en un centro?
–Dadas las dificultades presupuestarias de las comunidades ante la avalancha de solicitudes, existe una situación acomodaticia en cambiar prestación en especie por prestación económica. Ésta última reconoce unos 480 euros al mes de media, mientras el coste de una plaza es de unos 1.200. Si desde la Administración no puedes pagarla, dar 400 euros colma una expectativa de derecho, pero es una actitud muy acomodaticia. A la Administración le va bien porque es más barata y al usuario también. Además, en el caso de la plaza, el dependiente debe copagar un tercio del precio al menos.
–¿Se hubiese aprobado esta ley en un momento de crisis económica como el actual?
–Cuando se programó el calendario de prestaciones se hizo desde la fase álgida del ciclo económico, La previsión era que ésta se prolongase durante 15 años. Fue un error.
–La Xunta ha propuesto crear un catálogo de medicamentos genéricos para reducir el coste sanitario. ¿Qué le parece la medida?
–En el gasto en medicamentos el problema que tenemos no es de precios, sino de consumo. Los decretos de precios de referencia actúan sobre el precio, no sobre el consumo; hemos llegado a final de la etapa en este terreno. Si quieres controlar el gasto y tampoco quieres hacerlo por consumo –racionalización de la prescripción–, lo único que te queda es actuar sobre los genéricos. Al menos que consuman cosas que nos salgan baratas.
–La industria se queja...
–Esto tiene muchos efectos colaterales en ámbitos que no son el gasto sanitario público y que afecta a un sector del mercado que son los medicamentos fuera de patentes, también a posibles inversiones futuras en investigación... Pero es una forma de controlar el gasto dejando de lado lo que ha dado de sí el precio de referencia.
–El Ministerio de Sanidad amenaza con recurrir esa ley en cuanto se apruebe porque entiende que Galicia no tiene competencias para regular ese catálogo.
–El consenso sería deseable, pero si no fuese factible , la Xunta tiene que tirar hacia delante. Recuerdo el caso de Andalucía con los visados, que sentó fatal al PP, que gobernaba a nivel estatal, y luego han acabado reconociendo que no solo eran competencialmente aceptables, sino que ayudaban a gestionar mejor la prescripción. Debe tirar para adelante porque el desarrollo competencial para quien soporta el gasto farmacéutico exige que tenga discrecionalidad para decidir qué medicamentos se prescriben primero
Fuente : farodevigo.es/galicia
domingo, 24 de octubre de 2010
ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS PREMATUROS, NUEVA ENTIDAD DE CERMI
La Asociación de Padres de Niños Prematuros, nueva entidad de Cermi
Trabaja con los profesionales de las áreas sanitaria, educativa y de servicios sociales
La Asociación de Padres de Niños Prematuros (Aprem) se convierte, desde hoy, en una nueva entidad miembro del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), tal y como ha aprobado este jueves su Comité Ejecutivo.
Aprem es una asociación sin animo de lucro de ámbito estatal fundada en 1999 para la defensa de los niños nacidos prematuros y de sus familias. Su misión es contribuir a que estos niños se desarrollen de forma sana, equilibrada y ofrecer apoyo y orientación a sus familias.
Para ello, Aprem promueve una atención de calidad trabajando de manera coordinada e interdisciplinar con los profesionales de las áreas sanitaria, educativa y de servicios sociales y colabora con otras entidades y asociaciones con fines similares para lograr la sensibilización de las autoridades y de la sociedad en su conjunto sobre los riesgos y dificultades asociados a la prematuridad.
El principal objetivo de Aprem al solicitar su adhesión al Cermi es colaborar en la prevención de la discapacidad en los menores, apoyando, entre otras acciones, su reivindicación sobre la mejora de los planes de atención temprana de 0 a 6 años.
Así mismo, trabajarán para que se elabore sin demora el plan integral de atención para los menores de 3 años en situación de dependencia previsto en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.
Fuente : solidaridaddigital.discapnet.es
Trabaja con los profesionales de las áreas sanitaria, educativa y de servicios sociales
La Asociación de Padres de Niños Prematuros (Aprem) se convierte, desde hoy, en una nueva entidad miembro del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), tal y como ha aprobado este jueves su Comité Ejecutivo.
Aprem es una asociación sin animo de lucro de ámbito estatal fundada en 1999 para la defensa de los niños nacidos prematuros y de sus familias. Su misión es contribuir a que estos niños se desarrollen de forma sana, equilibrada y ofrecer apoyo y orientación a sus familias.
Para ello, Aprem promueve una atención de calidad trabajando de manera coordinada e interdisciplinar con los profesionales de las áreas sanitaria, educativa y de servicios sociales y colabora con otras entidades y asociaciones con fines similares para lograr la sensibilización de las autoridades y de la sociedad en su conjunto sobre los riesgos y dificultades asociados a la prematuridad.
El principal objetivo de Aprem al solicitar su adhesión al Cermi es colaborar en la prevención de la discapacidad en los menores, apoyando, entre otras acciones, su reivindicación sobre la mejora de los planes de atención temprana de 0 a 6 años.
Así mismo, trabajarán para que se elabore sin demora el plan integral de atención para los menores de 3 años en situación de dependencia previsto en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.
Fuente : solidaridaddigital.discapnet.es
EXTREMADURA - 900 NIÑOS DISCAPACITADOS EN ATENCIÓN TEMPRANA
900 niños discapacitados en atención temprana
Mérida Más de 900 niños, de 0 a 6 años y con algún tipo de discapacidad, son atendidos en la actualidad en los 37 centros de intervención temprana del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad), según aseguró ayer la consejera de Sanidad, María Jesús Mejuto, en un jornada sobre este tema.
Fuente : lacronicabadajoz.com
Mérida Más de 900 niños, de 0 a 6 años y con algún tipo de discapacidad, son atendidos en la actualidad en los 37 centros de intervención temprana del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad), según aseguró ayer la consejera de Sanidad, María Jesús Mejuto, en un jornada sobre este tema.
Fuente : lacronicabadajoz.com
MELILLA - NUEVO SISTEMA ATENCIÓN EN DOMICILIO PARA MAYORES
El IMSERSO presenta un nuevo sistema de atención en domicilio para mayores
El delegado del Gobierno, Gregorio Escobar, ha asistido a la presentación del Servicio de Atención Integral en el Domicilio (SAID), que pone en marcha en Melilla la empresa SERGESA Televida, reciente adjudicataria del servicio de teleasistencia y ayuda a domicilio del IMSERSO.
Según ha informado la Delegación del Gobierno, esta iniciativa supone una inversión del Gobierno de tres millones de euros en los dos próximos años y dará trabajo a alrededor de 40 personas.
Para Escobar, la puesta en marcha de esta iniciativa supone "un salto cualitativo en la atención social", permitiendo que las personas mayores puedan continuar con una vida independiente en su propio domicilio gracias al apoyo que prestará el IMSERSO a través de esta empresa de teleasistencia.
Se trata de un "servicio innovador" que integra dos prestaciones fundamentales encaminadas a mejorar la seguridad y el bienestar de las personas mediante la unión de la teleasitencia y la ayuda directa en tareas de la vida cotidiana.
El delegado ha explicado que el SAID, que dará trabajo a unas 40 personas, al tiempo que permite seguir aumentando los servicios que establece la nueva Ley de Dependencia.
Por último, ha destacado que el Ejecutivo presidido por Rodríguez Zapatero continúa apostando por las políticas sociales, pese a las medidas de austeridad que se han debido adoptar para hacer frente a la actual situación económica.
Fuente : abc.es
El delegado del Gobierno, Gregorio Escobar, ha asistido a la presentación del Servicio de Atención Integral en el Domicilio (SAID), que pone en marcha en Melilla la empresa SERGESA Televida, reciente adjudicataria del servicio de teleasistencia y ayuda a domicilio del IMSERSO.
Según ha informado la Delegación del Gobierno, esta iniciativa supone una inversión del Gobierno de tres millones de euros en los dos próximos años y dará trabajo a alrededor de 40 personas.
Para Escobar, la puesta en marcha de esta iniciativa supone "un salto cualitativo en la atención social", permitiendo que las personas mayores puedan continuar con una vida independiente en su propio domicilio gracias al apoyo que prestará el IMSERSO a través de esta empresa de teleasistencia.
Se trata de un "servicio innovador" que integra dos prestaciones fundamentales encaminadas a mejorar la seguridad y el bienestar de las personas mediante la unión de la teleasitencia y la ayuda directa en tareas de la vida cotidiana.
El delegado ha explicado que el SAID, que dará trabajo a unas 40 personas, al tiempo que permite seguir aumentando los servicios que establece la nueva Ley de Dependencia.
Por último, ha destacado que el Ejecutivo presidido por Rodríguez Zapatero continúa apostando por las políticas sociales, pese a las medidas de austeridad que se han debido adoptar para hacer frente a la actual situación económica.
Fuente : abc.es
17 MESES DE ESPERA PARA LA DEPENDENCIA
Canarias, el País Valencià y Madrid, las que peor aplican la ley, según la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales
17 meses de espera para la dependencia
Si una persona dependiente pide una ayuda hoy, no la recibirá hasta el mes de diciembre del año que viene.
El tiempo medio que pasa desde que una persona pide una ayuda a la dependencia hasta que la recibe es de 17 meses, tres más que en junio pasado.
Lo concluye un estudio presentado este mediodía por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que este fin de semana celebra su XVI congreso en Ciudad Real.
Esta situación se explica en gran medida por el número de personas que aún teniendo reconocido el derecho a una prestación, no la reciben.
Un total de 237.770 dependientes están en esta situación. Representan a un 27,5% de quienes tienen derecho a beneficiarse de la ley.
Madrid, el País Valencià y Canarias son las autonomías que peor aplican la ley y aglutinan a la mayor parte de estos casos. Así, el 60,6% de los dependientes canarios con derecho a una ayuda no la reciben . En el País Valencià, este porcentaje es del 43%, y en Madrid del 37,1%.
Una residencia cuesta casi cuatro veces más que la ayuda económica
La realidad choca con la promesa de las autonomías de no superar los seis meses de espera.
También contradice la idea del Gobierno que cuando eliminó la retroactividad de los pagos en los primeros seis meses de espera para recortar el gasto, confió en que la medida, de rebote, llevaría a las autonomías a agilizar los trámites, ya que a partir de ahí el gasto corre a su cuenta.
El presidente de la asociación, José Manuel Ramírez, ha advertido que, el próximo enero, cuando la ley también acoja a los dependientes moderados (unas 125.000 personas más), la espera “podrá llegar hasta los dos años”.
La asociación también alertó de que las autonomías asumen más gasto que el Estado, en parte porque este les paga según el tipo de dependientes que atienden y no por el tipo de ayuda que prestan.
Fuente : publico.es/espana
17 meses de espera para la dependencia
Si una persona dependiente pide una ayuda hoy, no la recibirá hasta el mes de diciembre del año que viene.
El tiempo medio que pasa desde que una persona pide una ayuda a la dependencia hasta que la recibe es de 17 meses, tres más que en junio pasado.
Lo concluye un estudio presentado este mediodía por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que este fin de semana celebra su XVI congreso en Ciudad Real.
Esta situación se explica en gran medida por el número de personas que aún teniendo reconocido el derecho a una prestación, no la reciben.
Un total de 237.770 dependientes están en esta situación. Representan a un 27,5% de quienes tienen derecho a beneficiarse de la ley.
Madrid, el País Valencià y Canarias son las autonomías que peor aplican la ley y aglutinan a la mayor parte de estos casos. Así, el 60,6% de los dependientes canarios con derecho a una ayuda no la reciben . En el País Valencià, este porcentaje es del 43%, y en Madrid del 37,1%.
Una residencia cuesta casi cuatro veces más que la ayuda económica
La realidad choca con la promesa de las autonomías de no superar los seis meses de espera.
También contradice la idea del Gobierno que cuando eliminó la retroactividad de los pagos en los primeros seis meses de espera para recortar el gasto, confió en que la medida, de rebote, llevaría a las autonomías a agilizar los trámites, ya que a partir de ahí el gasto corre a su cuenta.
El presidente de la asociación, José Manuel Ramírez, ha advertido que, el próximo enero, cuando la ley también acoja a los dependientes moderados (unas 125.000 personas más), la espera “podrá llegar hasta los dos años”.
La asociación también alertó de que las autonomías asumen más gasto que el Estado, en parte porque este les paga según el tipo de dependientes que atienden y no por el tipo de ayuda que prestan.
Fuente : publico.es/espana
C.VALENCIANA - EL DEFICIENTE GRADO DE APLICACIÓN DE LA LEY DESATA LAS CRÍTICAS DE CC.OO.
El sindicato CC.OO PV ha emitido un comunicado en el que critica el deficiente grado de aplicación de la 'Ley de Dependencia' en la Comunidad Valenciana.
Según CC.OO. PV, que en este momento hay 30.000 personas dependientes en nuestra autonomía que, pese a formar parte de los grados II y III (severos y grandes dependientes) y tener derecho a recibir una prestación, aún no la reciben.
“Si a esta cifra le sumamos las casi 22.000 personas más valoradas como grado I, a las que se tendrá que dar una prestación a partir del 1 de enero de 2011, podemos llegar a tener más del 40% de personas en la lista de espera de las prestaciones, y cuya espera media se sitúa en 18 meses”, según denuncia el sindicato.
Según los datos del Imserso a fecha de 1 de octubre de 2010, en la Comunidad Valenciana se han realizado 101.435 solicitudes y 99.830 dictámenes de grado y nivel. De estos dictámenes, hay 63.719 personas con grados II y III, lo que les da derecho a prestación efectiva a fecha de hoy. Sólo alrededor de la mitad, 36.333, son beneficiarias de prestaciones.
Los representantes de CCOO PV consideran muy necesario impulsar la aplicación de la Ley de Dependencia en nuestra autonomía, “mediante la aprobación inmediata de un nuevo procedimiento para el reconocimiento de la dependencia que consiga reducir los plazos de espera”.
El sindicato también reclama una nueva normativa de compatibilidad de servicios que contemple la adjudicación de dos o más servicios del catálogo y señala la necesidad de regular la acreditación de centros y servicios, además del necesario desarrollo del Servicio de Ayuda a Domicilio en el País Valenciano.
Fuente : infoturia.com/COMUNITAT-VALENCIANA/NOTICIAS
Según CC.OO. PV, que en este momento hay 30.000 personas dependientes en nuestra autonomía que, pese a formar parte de los grados II y III (severos y grandes dependientes) y tener derecho a recibir una prestación, aún no la reciben.
“Si a esta cifra le sumamos las casi 22.000 personas más valoradas como grado I, a las que se tendrá que dar una prestación a partir del 1 de enero de 2011, podemos llegar a tener más del 40% de personas en la lista de espera de las prestaciones, y cuya espera media se sitúa en 18 meses”, según denuncia el sindicato.
Según los datos del Imserso a fecha de 1 de octubre de 2010, en la Comunidad Valenciana se han realizado 101.435 solicitudes y 99.830 dictámenes de grado y nivel. De estos dictámenes, hay 63.719 personas con grados II y III, lo que les da derecho a prestación efectiva a fecha de hoy. Sólo alrededor de la mitad, 36.333, son beneficiarias de prestaciones.
Los representantes de CCOO PV consideran muy necesario impulsar la aplicación de la Ley de Dependencia en nuestra autonomía, “mediante la aprobación inmediata de un nuevo procedimiento para el reconocimiento de la dependencia que consiga reducir los plazos de espera”.
El sindicato también reclama una nueva normativa de compatibilidad de servicios que contemple la adjudicación de dos o más servicios del catálogo y señala la necesidad de regular la acreditación de centros y servicios, además del necesario desarrollo del Servicio de Ayuda a Domicilio en el País Valenciano.
Fuente : infoturia.com/COMUNITAT-VALENCIANA/NOTICIAS
C.VALENCIANA - UN PAIS EN ALMONEDA
Un país en almoneda
Rafa Esteve-Casanova
Aquellos tiempos no tan lejanos de sacar pecho y presumir de ser la mejor Autonomía de España ya no son los vientos que soplan por la Comunitat Valenciana, antes País Valencià y mucho antes Antiguo Reino de Valencia, tenía que llegar y ya ha llegado, el tiempo de las vacas flacas está llamando a la aldaba de las puertas del pueblo valenciano mientras Camps y los suyos se han pasado dos años más preocupados por sus visitas a los pasillos y salas de los juzgados que por gobernar con buen tino y corrección una tierra que no se merece unos políticos como ellos.
Después de los fastos y boatos a los que tan acostumbrados están Francisco Camps y Rita Barberá, entre otros, ahora llega la hora de poner en almoneda este país que no han sabido sacar adelante.
Durante años han estado vendiendo humo y la verdad es que los votantes valencianos se lo han venido comprando y, seguramente, lo seguirán haciendo, el pueblo valenciano tiene su voluntad secuestrada por los vómitos informativos que desde Burjassot cada día expele la televisión autonómica más al servicio del poder que nunca. Los televidentes que tan sólo se informan por Canal 9 viven en una Arcadia feliz en la que la riqueza prende de las palmeras como esos “racimos de oro” que canta el himno del maestro Serrano.
Aquí nunca pasa nada que pueda alterar el pensamiento único al que el Partido Popular tiene sometidos a los medios informativos que de él dependen, y si alguna noticia no es del agrado de quien sustenta el poder político no se emite pues ya se sabe que lo que no sale por televisión no existe.
De ahí una parte de la lucha que Camps y sus conmilitones llevan contra el derecho a que TV3 se pueda sintonizar en tierras valencianas ya que por una parte muchos valencianos se darían cuenta que entienden perfectamente el catalán y por otra se corre el peligro de que los televidentes valencianos de la televisión autonómica catalana conozcan los sucios trapicheos de los dirigentes de la Comunitat.
Éramos los mejores, desde todos los rincones de España nos miraban con sana envidia y todo el mundo hablaba de la America’s Cup, del circuito urbano de Formula 1, de la Ciudad de las Artes y las Ciencias y de esa Valencia de postal turística olvidando la degradada situación de barrios periféricos como el del Cabanyal.
Pero desde el poder se ocultaba la verdad, nadie explicaba los millones que costó traer a aguas valencianas, para tan sólo una vez, la regata de los millonarios barcos, se ocultaron con lonas los edificios ruinosos que jalonaban el circuito de las carreras automovilísticas sin que ningún político popular justificara el gasto en dinero público que supone pagar a Ecclestone, el amo y señor de la F-1, el que los coches rujan por las calles del distrito marítimo de Valencia, se montan concursos hípicos y campeonatos de tenis, que como todos saben son deportes populares, sin que se sepa a quién beneficia la inversión, otra vez más con dinero público.
Y después de tanto tiempo de andar “bufant en caldo gelat” (soplando en caldo helado) hemos caído de lleno en la triste y cruda realidad, ya no somos ricos, ya no somos los mejores y de poco sirve en estas horas de tribulación seguir sacando pecho y presumir de lo que no se tiene.
Hay que cuadrar los presupuestos y conseguir, como sea, dinero para poder pagar a los maestros, para que los médicos de la sanidad pública sigan cobrando a final de mes, para que los funcionarios vean en su cuenta corriente abonada su nómina en tiempo y forma y ha llegado el “tío Paco”- nunca más adecuado el nombre- con las rebajas.
Los gastos sociales serán los primeros que pagarán el pato y verán reducida su asignación y aquellos que esperan una ayuda económica a la que tienen derecho por la Ley de Dependencia verán llegar la carta en la que se les deniega por falta de asignación económica.
El Govern de Francisco Camps ha hecho lo que en su precaria situación económica hace cualquier familia y ha anunciado la venta de las joyas heredadas de la abuela.
Y se ha puesto manos a la obra para obtener los casi cuatrocientos millones de euros que le faltan para cuadrar las cuentas poniendo marcha un plan al que ha bautizado como “optimización del patrimonio” y que, lisa y llanamente, consiste en vender solares y edificios.
Trece solares y cuatro edificios saldrán a la venta, entre ellos el solar que debían ocupar las llamadas Torres de Calatrava de las que en 2005 Camps dijo sentirse orgulloso y los edificios de la Conselleria de Industria sito en la céntrica calle de Colón y el que ocupa la Conselleria de Bienestar Social en la antigua maternidad de La Cigüeña.
Han estado años vendiendo el país, trozo a trozo, a sus “amiguitos del alma” aunque los valencianos no han visto un solo euro de todos aquellos trapicheos, antes vendían bienes intangibles como influencias y concesiones, ahora ya venden bienes tangibles como solares y edificios.
La pena es que con lo que recauden de la venta no van a tener ni para pagar los intereses y créditos de la deuda que la Generalitat tiene contraída y que el próximo año ascienden a 516 millones de euros.
Los Gobiernos del Partido Popular van a dejar una deuda a todos los valencianos que tardarán generaciones en poder poner al día a no ser que pongan en almoneda alguno de los emblemáticos edificios que la piqueta todavía no ha derruido.
Fuente : diariosigloxxi.com
Rafa Esteve-Casanova
Aquellos tiempos no tan lejanos de sacar pecho y presumir de ser la mejor Autonomía de España ya no son los vientos que soplan por la Comunitat Valenciana, antes País Valencià y mucho antes Antiguo Reino de Valencia, tenía que llegar y ya ha llegado, el tiempo de las vacas flacas está llamando a la aldaba de las puertas del pueblo valenciano mientras Camps y los suyos se han pasado dos años más preocupados por sus visitas a los pasillos y salas de los juzgados que por gobernar con buen tino y corrección una tierra que no se merece unos políticos como ellos.
Después de los fastos y boatos a los que tan acostumbrados están Francisco Camps y Rita Barberá, entre otros, ahora llega la hora de poner en almoneda este país que no han sabido sacar adelante.
Durante años han estado vendiendo humo y la verdad es que los votantes valencianos se lo han venido comprando y, seguramente, lo seguirán haciendo, el pueblo valenciano tiene su voluntad secuestrada por los vómitos informativos que desde Burjassot cada día expele la televisión autonómica más al servicio del poder que nunca. Los televidentes que tan sólo se informan por Canal 9 viven en una Arcadia feliz en la que la riqueza prende de las palmeras como esos “racimos de oro” que canta el himno del maestro Serrano.
Aquí nunca pasa nada que pueda alterar el pensamiento único al que el Partido Popular tiene sometidos a los medios informativos que de él dependen, y si alguna noticia no es del agrado de quien sustenta el poder político no se emite pues ya se sabe que lo que no sale por televisión no existe.
De ahí una parte de la lucha que Camps y sus conmilitones llevan contra el derecho a que TV3 se pueda sintonizar en tierras valencianas ya que por una parte muchos valencianos se darían cuenta que entienden perfectamente el catalán y por otra se corre el peligro de que los televidentes valencianos de la televisión autonómica catalana conozcan los sucios trapicheos de los dirigentes de la Comunitat.
Éramos los mejores, desde todos los rincones de España nos miraban con sana envidia y todo el mundo hablaba de la America’s Cup, del circuito urbano de Formula 1, de la Ciudad de las Artes y las Ciencias y de esa Valencia de postal turística olvidando la degradada situación de barrios periféricos como el del Cabanyal.
Pero desde el poder se ocultaba la verdad, nadie explicaba los millones que costó traer a aguas valencianas, para tan sólo una vez, la regata de los millonarios barcos, se ocultaron con lonas los edificios ruinosos que jalonaban el circuito de las carreras automovilísticas sin que ningún político popular justificara el gasto en dinero público que supone pagar a Ecclestone, el amo y señor de la F-1, el que los coches rujan por las calles del distrito marítimo de Valencia, se montan concursos hípicos y campeonatos de tenis, que como todos saben son deportes populares, sin que se sepa a quién beneficia la inversión, otra vez más con dinero público.
Y después de tanto tiempo de andar “bufant en caldo gelat” (soplando en caldo helado) hemos caído de lleno en la triste y cruda realidad, ya no somos ricos, ya no somos los mejores y de poco sirve en estas horas de tribulación seguir sacando pecho y presumir de lo que no se tiene.
Hay que cuadrar los presupuestos y conseguir, como sea, dinero para poder pagar a los maestros, para que los médicos de la sanidad pública sigan cobrando a final de mes, para que los funcionarios vean en su cuenta corriente abonada su nómina en tiempo y forma y ha llegado el “tío Paco”- nunca más adecuado el nombre- con las rebajas.
Los gastos sociales serán los primeros que pagarán el pato y verán reducida su asignación y aquellos que esperan una ayuda económica a la que tienen derecho por la Ley de Dependencia verán llegar la carta en la que se les deniega por falta de asignación económica.
El Govern de Francisco Camps ha hecho lo que en su precaria situación económica hace cualquier familia y ha anunciado la venta de las joyas heredadas de la abuela.
Y se ha puesto manos a la obra para obtener los casi cuatrocientos millones de euros que le faltan para cuadrar las cuentas poniendo marcha un plan al que ha bautizado como “optimización del patrimonio” y que, lisa y llanamente, consiste en vender solares y edificios.
Trece solares y cuatro edificios saldrán a la venta, entre ellos el solar que debían ocupar las llamadas Torres de Calatrava de las que en 2005 Camps dijo sentirse orgulloso y los edificios de la Conselleria de Industria sito en la céntrica calle de Colón y el que ocupa la Conselleria de Bienestar Social en la antigua maternidad de La Cigüeña.
Han estado años vendiendo el país, trozo a trozo, a sus “amiguitos del alma” aunque los valencianos no han visto un solo euro de todos aquellos trapicheos, antes vendían bienes intangibles como influencias y concesiones, ahora ya venden bienes tangibles como solares y edificios.
La pena es que con lo que recauden de la venta no van a tener ni para pagar los intereses y créditos de la deuda que la Generalitat tiene contraída y que el próximo año ascienden a 516 millones de euros.
Los Gobiernos del Partido Popular van a dejar una deuda a todos los valencianos que tardarán generaciones en poder poner al día a no ser que pongan en almoneda alguno de los emblemáticos edificios que la piqueta todavía no ha derruido.
Fuente : diariosigloxxi.com
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