Ruiz Gallardón disminuye la ayuda a domicilio a las personas mayores
El Plan de recorte presupuestario previsto en el Acuerdo de 10 de junio de 2.010 de la Junta de Gobierno señala como única excepción los contratos que afectan a las personas mayores, a las personas con discapacidad y a los enfermos de Alzheimer.
No obstante, al indicar dicho Acuerdo la posibilidad de recortes en convenios, subvenciones y otro tipo de gastos corrientes, pregunté en la Comisión de Familia y Servicios Sociales de este mes si iba a haber recortes de este tipo en relación con dichos colectivos.
El director general de Mayores me dijo que “no se va a recortar ningún gasto relacionado con la prestación de servicios a discapacitados, personas mayores y enfermos de Alzheimer”.
¡Qué lástima que no sea verdad!
El Gobierno de Ruiz Gallardón ha avanzado –que no concretado- un Plan “A” de Recorte Presupuestario generalizado; pero, además, bajo cuerda, están aplicando un Plan “B” para recortar los servicios a las personas mayores, personas con discapacidad y alzheimer.
Desde la Dirección General de Mayores se está ordenando a los trabajadores sociales –eso sí, verbalmente, para que no queden pruebas escritas de ello- que no den más altas de Ayuda a Domicilio que las muy urgentes, estrictamente inexcusables, en el caso que no tengan apoyo familiar, y que se reduzcan drásticamente el número de horas por domicilio y mes.
Independientemente de lo que indique la Ordenanza que lo regula e independientemente de lo que les corresponda por aplicación del baremo. Porque sí. Para ahorrar.
Actualmente se han dado ordenes a todos los distritos para reducir las horas de ayuda a domicilio que recibe cada persona. Así, por ejemplo en Chamberí que atienden a unas 1.400 personas tienen que reducir 3.000 horas, por lo que cada persona tendrá dos horas menos al mes de ayuda a domicilio, en Fuencarral se ha de reducir alrededor de 10.000 horas o en vicálvaro más de 1.000. Y recordemos que la media actual es de 17,5 horas al mes, poco más de 3 horas a la semana.
Pero no les basta con eso. El artículo 26.4 de la Ordenanza que regula, entre otros, el acceso a la Ayuda a Domicilio establece que el demandante del servicio ha de solicitar la valoración de dependencia si el baremo indica que puede beneficiarse de la Ley de Autonomía Personal.
El gobierno de Ruiz Gallardón hace caso omiso de la Ordenanza y se lo exigen a todo el mundo. Tengan posibilidades o no de beneficiarse de dicha ley. Con ello aumentan artificialmente el número de solicitantes de valoración de la dependencia, alargan la tramitación de la solicitud de esos servicios, retrasan la resolución, demoran su concesión e incluso pueden conseguir que, abrumados por el exceso de papeleo, haya quienes desistan de hacer la solicitud. En otras palabras, más ahorro.
Pero hay más, están ahorrando mucho dinero con la política de “si no queda más remedio, reconoceremos derechos; pero demoraremos todo lo posible su ejecución”. Lo hacen -como acabamos de demostrar- violando la Ordenanza que regula el acceso a la Ayuda a Domicilio o -como veremos a continuación- apoyándose en su letra, pero vulnerando derecos de las personas.
Los artículos de la Ordenanza municipal impiden que una persona a la que se le ha reconocido su situación de dependencia y dispone del correspondiente Programa Individual de Atención (PIA) pueda acceder a los Servicios Sociales Municipales.
Esto implica que las personas que más ayuda necesitan se queda sin ella, se quedan sin ayuda. Ya se han dado casos en los que una persona al presentar el PIA, se le deniega la ayuda a domicilio.
¿Es esto justo?
El gobierno de Ruiz Gallardón está recortando servicios sociales y está recortando los derechos de los ciudadanos.
*Carmen Sánchez Carazo
Concejala del ayuntamiento de Madrid del grupo PSOE
Fuente : diariocritico.com
miércoles, 30 de junio de 2010
LA DEPENDENCIA SE COME LA HERENCIA
La dependencia se come la herencia
La larga vida de los ancianos les lleva a invertir el patrimonio en sus cuidados
La vivienda ya es el verdadero seguro del jubilado
"Necesitamos casi 3.000 euros mensuales para mantener dignamente a nuestros padres ¿De dónde los sacamos?" Milagros Iglesias, una oficinista de Nova de la Sagra (Madrid) planteó esta pregunta a sus dos hermanos cuando vieron que su padre, ebanista jubilado de 87 años, entró en un proceso acelerado de deterioro físico y demencia senil y que la madre, ama de casa de 86, presentaba lagunas mentales cada vez mayores y escaso ánimo para cuidar de sí misma y de su marido.
Los tres hijos, con hipotecas a sus espaldas, sueldos magros y una enorme incertidumbre sobre la estabilidad de sus empleos, entraron en un proceso de angustia hasta que decidieron lo inevitable: renunciar a la herencia y proporcionar a sus padres los cuidados necesarios.
Es una situación cada vez más habitual en España, una salida para afrontar los largos años de esperanza de vida, las ajustadas pensiones y los cuidados profesionales que se requieren en el último tramo de la vida, lastrado frecuentemente por la dependencia. La vivienda, que el 87% de los ancianos españoles posee en propiedad libre de cargas, se ha convertido en el verdadero seguro para un futuro que se presume largo y difícil.
Los tres hermanos Iglesias optaron por recurrir a la hipoteca inversa, un recurso financiero que ha experimentado un auge espectacular en los últimos dos años, los más visibles de la crisis; otros han malvendido acciones para pagar enfermeros o residencias al menos durante unos años; pero cuando no hay patrimonio con el que negociar con el banco o se carece de acciones, se puede rozar la tragedia: ancianos desamparados, familias enfrentadas en los tribunales, cuando no estafas y expolios favorecidos por la vulnerabilidad de los octogenarios.
Este último aspecto del drama, los expolios, han originado un llamamiento de la Fiscalía General del Estado para extremar la vigilancia sobre familiares y cuidadores, la declaración de incapacidad y las modificaciones testamentarias de última hora. Entre otros colectivos, como los médicos y los asistentes sociales, la Fiscalía requiere una vigilancia rigurosa a los notarios, mediadores necesarios en la adjudicación de una herencia.
Ignacio Gomá, miembro de la Junta Directiva del Colegio de Notarios de Madrid, viene aplicando cautelas desde hace tiempo, e incrementándolas durante los últimos años, vista la demanda creciente de visitas a domicilios u hospitales para atender a personas sin movilidad. "Antes era relativamente frecuente entrevistar a ancianos de 65 o 70 años. Pero últimamente es usual encontrarnos con nonagenarios, debido a la prolongación de la esperanza de vida. Si antes había que estar atento ante el fraude o abuso, ahora la alerta es máxima, porque, cuanto más mayores, más vulnerables. La gente se siente sola y nuestro trabajo se ha vuelto muy complicado", narra este notario, con 20 años de ejercicio profesional.
Los notarios disponen de mecanismos para actuar en caso de sospecha, que en ocasiones comienza tras la simple intuición. Han aprendido, por ejemplo, que sobrinos y herencias son sinónimos de problemas. "Cuando recibimos una llamada del tipo 'venga a ver a mi tía que quiere testar a mi favor', pienso: empezamos mal", comenta. "Frecuentemente es un sobrino entre otros muchos que ha enredado al anciano al que cuida o visita poco o mucho. Nuestro deber es ayudar al desvalido e impedir que el abusador se salga con la suya".
Las cautelas son de manual: quedarse a solas con la persona que otorga testamento y empezar con la pregunta directa: ¿usted de verdad quiere donar su patrimonio a esta persona? Después, Gomá aplica un pequeño test que una vez le enseñaron unos neurólogos, cuestiones muy sencillas del tipo ¿quién es el actual presidente del Gobierno? o ¿en qué año estamos? o ¿cuándo nació usted? "Si las respuestas son confusas no autorizo el testamento. Por el contrario, si creo que la persona es consciente de sus actos, llamo a algunos vecinos, a los que primero escucho, y que actúan después como testigos de la última voluntad".
Aunque con menor frecuencia, también ha invalidado testamentos con hijos de por medio. "Nuestra longevidad consume el patrimonio. Y eso siempre genera conflictos, sea cual sea el grado de consanguinidad", señala.
Conflictos que acaban a menudo en bufetes especializados en litigios familiares, como LGM Asociados. Manuela García, su directora, acumula una larga lista de casos desgraciados en los que los padres han sido despojados de sus viviendas mediante engaños o falsas promesas. Y cita a Juan Antonio R., un octogenario viudo que se dejó convencer por su hijo para vender la casa y amortizar con ese dinero una hipoteca del hijo que vaticinaba embargo. "No te preocupes, te vienes a vivir con nosotros, te cuidamos y nos salvas de la ruina", le dijeron.
Al principio funcionó, recuerda la abogada. "Padre e hijo se querían. Pero la nuera entró en una depresión severa porque no aguantaba al suegro. Decía que no podía convivir con un señor de carácter insoportable y sin el menor hábito de higiene. El anciano acabó dejando el domicilio tras una orden judicial. Ahora el que está con depresión es el hijo".
La letrada lamenta estas tragedias domésticas, pero su larga experiencia profesional le ha enseñado a ser prudente a la hora de emitir juicios condenatorios. "Uno de mis clientes es un pequeño constructor arruinado con la crisis. Embargado y desahuciado, se le han acabado los plazos de las prestaciones y ahora vive con sus hijos en el interior de una furgoneta. Sus padres poseen una buena casa, en la que viven, con todo el derecho del mundo, pero si este hombre tiene que presionar a los ancianos para salvar a sus hijos, tal vez se pueda entender su conducta.
Será injusto, pero es así. Hay mucha gente económicamente desesperada. En algún caso es la codicia el elemento que condiciona el comportamiento egoísta de los hijos; en otros, la necesidad extrema. Bajo tanta presión, la gente hace barbaridades".
La directora de LGM Abogados aconseja a sus clientes de la tercera edad que no renuncien a la propiedad de la vivienda porque es el salvoconducto para una buena residencia y para afrontar los costosísimos tratamientos de la dependencia aguda.
Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, el 17,8% de la población tiene más de 65 años (3.002.585 hombres y 4.192.819 mujeres), con una de las mayores esperanzas de vida mundial (media de 79,78 años; 76,46 años para hombres y 83,32 años para las mujeres). Hay diagnosticados 800.000 enfermos de alzhéimer, el 65% de los cuales son mujeres.
Estas cifras frías se transforman en dramas cuando se viven de cerca. Manuela García lo padeció con su abuela, una señora que tras una serie de negligencias médicas acabó demenciada. "Rastreamos el mercado y comprobamos que hay muy pocas residencias que cubran la dependencia, y las que hay son muy caras", comenta. El tratamiento de la abuela costaba 3.000 euros mensuales a pesar de que su demencia era de carácter leve. Para la familia supuso un mazazo moral y económico. "Los afortunados que tenemos ingresos, porque tenemos empleo, padecemos también muchas deudas. Por eso nuestros padres se están comiendo el patrimonio y los hijos perdemos las herencias.
¿Cómo reaccionamos ante esta situación novedosa, que rompe una tradición de siglos? El factor clave es el dinero. Si los hijos viven bien, no suele haber problemas; hay excepciones, pero lo normal es que ayuden a los padres. Los conflictos surgen cuando no hay medios, algo frecuente y que va en aumento", reflexiona.
En situaciones precarias, cada vez más personas recurren a la hipoteca inversa. Se trata de un préstamo concedido por un banco, caja de ahorros o aseguradora mediante el cual el propietario de una vivienda, mayor de 64 años o afectado de dependencia severa o gran dependencia, obtiene una renta. La deuda no puede ser exigida hasta la defunción del beneficiario. Los herederos disponen de un año para vender la vivienda, devolver el dinero al banco y repartirse el resto, si lo hay. Se concede a un interes de entre dos y cuatro puntos por encima del tipo de una hipoteca normal y goza de exenciones fiscales y menores gastos de notaría y registro.
Ante la inexistencia de datos oficiales, Josep Jorge, presidente de la agencia de asesores e intermediarios de hipotecas inversas Jubilarse en Casa, destaca que el pasado año tramitaron 3.000 casos; este ejercicio, sobrepasan las 5.000. Poco a poco están venciendo la desconfianza de los ancianos y sus familias ante esta vía de obtención de fondos que permite costear cuidadores a domicilio o residencias especializadas. "Vivir mucho es muy caro", resume Jorge.
España figura entre los países con mayor esperanza de vida del planeta. Una proyección del Instituto Nacional de Estadística estima que en el año 2050 el 34% de la población -17 millones de españoles- tendrá más de 65 años, de los cuales unos seis millones serán octogenarios. Un futuro que en plena penuria financiera pondría los pelos de punta a cualquier economista defensor del Estado del bienestar. Sin embargo, precisamente en otra peculiaridad española puede estar la solución al problema: más del 87% de los pensionistas posee una vivienda propia. A más vida, menor patrimonio, parece ser la ecuación.
Pero, al menos, existe un patrimonio para garantizar una cierta dignidad en el último tramo de la vida. Aunque eso signifique que la herencia ya no será el principal alivio de las clases medias, sino el recuerdo de otros tiempos.
Sin planes de futuro
Los abuelos españoles planifican poco su futuro, y las abuelas todavía menos, lo que las sitúa frecuentemente en el umbral de la pobreza (menos de 523 euros al mes). Es una de las conclusiones de un estudio efectuado por investigadores sociales de la UNED titulado
Factores psicosociales que afectan a la edad de jubilación.
Según el estudio, la mayoría de las personas no son conscientes de lo que les espera cuando sus ingresos disminuyen drásticamente con el retiro laboral, aunque tampoco se les ha ayudado mucho a tomar conciencia de ello.
"Un alemán empieza a pensar en las condiciones económicas de la jubilación a los 30 años. En España, a los sesenta. El sistema político de cada país conduce a ello", dice Gabriela Topas, coordinadora del proyecto. Y las peores paradas son las mujeres, cuyos menores ingresos generan lógicamente menores ahorros y además, las ancianas más longevas, que apenas han salido de su casa en su juventud y madurez y que han confiado su infraestructura vital al marido o a los hijos, carecen de la formación necesaria para planificar el futuro. Topas aporta el dato de que el ahorro medio de las mujeres es solo del 20% con relación al de los varones.
Esta psicóloga social cree que los tiempos han cambiado tanto que el sistema de preparación de las jubilaciones, incluso los largos años previsibles como pensionistas, deben someterse a una profunda revisión. La edad de 62 a 65 años se fijó en Europa, recuerda, cuando la esperanza de vida era de 70 años. "Ahora, tenemos que sumar como mínimo otros diez. Y claro, si vivimos más, gastamos más".
Fuente : elpais.com
La larga vida de los ancianos les lleva a invertir el patrimonio en sus cuidados
La vivienda ya es el verdadero seguro del jubilado
"Necesitamos casi 3.000 euros mensuales para mantener dignamente a nuestros padres ¿De dónde los sacamos?" Milagros Iglesias, una oficinista de Nova de la Sagra (Madrid) planteó esta pregunta a sus dos hermanos cuando vieron que su padre, ebanista jubilado de 87 años, entró en un proceso acelerado de deterioro físico y demencia senil y que la madre, ama de casa de 86, presentaba lagunas mentales cada vez mayores y escaso ánimo para cuidar de sí misma y de su marido.
Los tres hijos, con hipotecas a sus espaldas, sueldos magros y una enorme incertidumbre sobre la estabilidad de sus empleos, entraron en un proceso de angustia hasta que decidieron lo inevitable: renunciar a la herencia y proporcionar a sus padres los cuidados necesarios.
Es una situación cada vez más habitual en España, una salida para afrontar los largos años de esperanza de vida, las ajustadas pensiones y los cuidados profesionales que se requieren en el último tramo de la vida, lastrado frecuentemente por la dependencia. La vivienda, que el 87% de los ancianos españoles posee en propiedad libre de cargas, se ha convertido en el verdadero seguro para un futuro que se presume largo y difícil.
Los tres hermanos Iglesias optaron por recurrir a la hipoteca inversa, un recurso financiero que ha experimentado un auge espectacular en los últimos dos años, los más visibles de la crisis; otros han malvendido acciones para pagar enfermeros o residencias al menos durante unos años; pero cuando no hay patrimonio con el que negociar con el banco o se carece de acciones, se puede rozar la tragedia: ancianos desamparados, familias enfrentadas en los tribunales, cuando no estafas y expolios favorecidos por la vulnerabilidad de los octogenarios.
Este último aspecto del drama, los expolios, han originado un llamamiento de la Fiscalía General del Estado para extremar la vigilancia sobre familiares y cuidadores, la declaración de incapacidad y las modificaciones testamentarias de última hora. Entre otros colectivos, como los médicos y los asistentes sociales, la Fiscalía requiere una vigilancia rigurosa a los notarios, mediadores necesarios en la adjudicación de una herencia.
Ignacio Gomá, miembro de la Junta Directiva del Colegio de Notarios de Madrid, viene aplicando cautelas desde hace tiempo, e incrementándolas durante los últimos años, vista la demanda creciente de visitas a domicilios u hospitales para atender a personas sin movilidad. "Antes era relativamente frecuente entrevistar a ancianos de 65 o 70 años. Pero últimamente es usual encontrarnos con nonagenarios, debido a la prolongación de la esperanza de vida. Si antes había que estar atento ante el fraude o abuso, ahora la alerta es máxima, porque, cuanto más mayores, más vulnerables. La gente se siente sola y nuestro trabajo se ha vuelto muy complicado", narra este notario, con 20 años de ejercicio profesional.
Los notarios disponen de mecanismos para actuar en caso de sospecha, que en ocasiones comienza tras la simple intuición. Han aprendido, por ejemplo, que sobrinos y herencias son sinónimos de problemas. "Cuando recibimos una llamada del tipo 'venga a ver a mi tía que quiere testar a mi favor', pienso: empezamos mal", comenta. "Frecuentemente es un sobrino entre otros muchos que ha enredado al anciano al que cuida o visita poco o mucho. Nuestro deber es ayudar al desvalido e impedir que el abusador se salga con la suya".
Las cautelas son de manual: quedarse a solas con la persona que otorga testamento y empezar con la pregunta directa: ¿usted de verdad quiere donar su patrimonio a esta persona? Después, Gomá aplica un pequeño test que una vez le enseñaron unos neurólogos, cuestiones muy sencillas del tipo ¿quién es el actual presidente del Gobierno? o ¿en qué año estamos? o ¿cuándo nació usted? "Si las respuestas son confusas no autorizo el testamento. Por el contrario, si creo que la persona es consciente de sus actos, llamo a algunos vecinos, a los que primero escucho, y que actúan después como testigos de la última voluntad".
Aunque con menor frecuencia, también ha invalidado testamentos con hijos de por medio. "Nuestra longevidad consume el patrimonio. Y eso siempre genera conflictos, sea cual sea el grado de consanguinidad", señala.
Conflictos que acaban a menudo en bufetes especializados en litigios familiares, como LGM Asociados. Manuela García, su directora, acumula una larga lista de casos desgraciados en los que los padres han sido despojados de sus viviendas mediante engaños o falsas promesas. Y cita a Juan Antonio R., un octogenario viudo que se dejó convencer por su hijo para vender la casa y amortizar con ese dinero una hipoteca del hijo que vaticinaba embargo. "No te preocupes, te vienes a vivir con nosotros, te cuidamos y nos salvas de la ruina", le dijeron.
Al principio funcionó, recuerda la abogada. "Padre e hijo se querían. Pero la nuera entró en una depresión severa porque no aguantaba al suegro. Decía que no podía convivir con un señor de carácter insoportable y sin el menor hábito de higiene. El anciano acabó dejando el domicilio tras una orden judicial. Ahora el que está con depresión es el hijo".
La letrada lamenta estas tragedias domésticas, pero su larga experiencia profesional le ha enseñado a ser prudente a la hora de emitir juicios condenatorios. "Uno de mis clientes es un pequeño constructor arruinado con la crisis. Embargado y desahuciado, se le han acabado los plazos de las prestaciones y ahora vive con sus hijos en el interior de una furgoneta. Sus padres poseen una buena casa, en la que viven, con todo el derecho del mundo, pero si este hombre tiene que presionar a los ancianos para salvar a sus hijos, tal vez se pueda entender su conducta.
Será injusto, pero es así. Hay mucha gente económicamente desesperada. En algún caso es la codicia el elemento que condiciona el comportamiento egoísta de los hijos; en otros, la necesidad extrema. Bajo tanta presión, la gente hace barbaridades".
La directora de LGM Abogados aconseja a sus clientes de la tercera edad que no renuncien a la propiedad de la vivienda porque es el salvoconducto para una buena residencia y para afrontar los costosísimos tratamientos de la dependencia aguda.
Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, el 17,8% de la población tiene más de 65 años (3.002.585 hombres y 4.192.819 mujeres), con una de las mayores esperanzas de vida mundial (media de 79,78 años; 76,46 años para hombres y 83,32 años para las mujeres). Hay diagnosticados 800.000 enfermos de alzhéimer, el 65% de los cuales son mujeres.
Estas cifras frías se transforman en dramas cuando se viven de cerca. Manuela García lo padeció con su abuela, una señora que tras una serie de negligencias médicas acabó demenciada. "Rastreamos el mercado y comprobamos que hay muy pocas residencias que cubran la dependencia, y las que hay son muy caras", comenta. El tratamiento de la abuela costaba 3.000 euros mensuales a pesar de que su demencia era de carácter leve. Para la familia supuso un mazazo moral y económico. "Los afortunados que tenemos ingresos, porque tenemos empleo, padecemos también muchas deudas. Por eso nuestros padres se están comiendo el patrimonio y los hijos perdemos las herencias.
¿Cómo reaccionamos ante esta situación novedosa, que rompe una tradición de siglos? El factor clave es el dinero. Si los hijos viven bien, no suele haber problemas; hay excepciones, pero lo normal es que ayuden a los padres. Los conflictos surgen cuando no hay medios, algo frecuente y que va en aumento", reflexiona.
En situaciones precarias, cada vez más personas recurren a la hipoteca inversa. Se trata de un préstamo concedido por un banco, caja de ahorros o aseguradora mediante el cual el propietario de una vivienda, mayor de 64 años o afectado de dependencia severa o gran dependencia, obtiene una renta. La deuda no puede ser exigida hasta la defunción del beneficiario. Los herederos disponen de un año para vender la vivienda, devolver el dinero al banco y repartirse el resto, si lo hay. Se concede a un interes de entre dos y cuatro puntos por encima del tipo de una hipoteca normal y goza de exenciones fiscales y menores gastos de notaría y registro.
Ante la inexistencia de datos oficiales, Josep Jorge, presidente de la agencia de asesores e intermediarios de hipotecas inversas Jubilarse en Casa, destaca que el pasado año tramitaron 3.000 casos; este ejercicio, sobrepasan las 5.000. Poco a poco están venciendo la desconfianza de los ancianos y sus familias ante esta vía de obtención de fondos que permite costear cuidadores a domicilio o residencias especializadas. "Vivir mucho es muy caro", resume Jorge.
España figura entre los países con mayor esperanza de vida del planeta. Una proyección del Instituto Nacional de Estadística estima que en el año 2050 el 34% de la población -17 millones de españoles- tendrá más de 65 años, de los cuales unos seis millones serán octogenarios. Un futuro que en plena penuria financiera pondría los pelos de punta a cualquier economista defensor del Estado del bienestar. Sin embargo, precisamente en otra peculiaridad española puede estar la solución al problema: más del 87% de los pensionistas posee una vivienda propia. A más vida, menor patrimonio, parece ser la ecuación.
Pero, al menos, existe un patrimonio para garantizar una cierta dignidad en el último tramo de la vida. Aunque eso signifique que la herencia ya no será el principal alivio de las clases medias, sino el recuerdo de otros tiempos.
Sin planes de futuro
Los abuelos españoles planifican poco su futuro, y las abuelas todavía menos, lo que las sitúa frecuentemente en el umbral de la pobreza (menos de 523 euros al mes). Es una de las conclusiones de un estudio efectuado por investigadores sociales de la UNED titulado
Factores psicosociales que afectan a la edad de jubilación.
Según el estudio, la mayoría de las personas no son conscientes de lo que les espera cuando sus ingresos disminuyen drásticamente con el retiro laboral, aunque tampoco se les ha ayudado mucho a tomar conciencia de ello.
"Un alemán empieza a pensar en las condiciones económicas de la jubilación a los 30 años. En España, a los sesenta. El sistema político de cada país conduce a ello", dice Gabriela Topas, coordinadora del proyecto. Y las peores paradas son las mujeres, cuyos menores ingresos generan lógicamente menores ahorros y además, las ancianas más longevas, que apenas han salido de su casa en su juventud y madurez y que han confiado su infraestructura vital al marido o a los hijos, carecen de la formación necesaria para planificar el futuro. Topas aporta el dato de que el ahorro medio de las mujeres es solo del 20% con relación al de los varones.
Esta psicóloga social cree que los tiempos han cambiado tanto que el sistema de preparación de las jubilaciones, incluso los largos años previsibles como pensionistas, deben someterse a una profunda revisión. La edad de 62 a 65 años se fijó en Europa, recuerda, cuando la esperanza de vida era de 70 años. "Ahora, tenemos que sumar como mínimo otros diez. Y claro, si vivimos más, gastamos más".
Fuente : elpais.com
C.VALENCIANA - PAIPORTA ACOGE CURSO FORMACIÓN CUIDADORES
Paiporta acoge un curso para formar a cuidadores no profesionales de personas dependientes
El Ayuntamiento de Paiporta, a través de la Conselleria de Bienestar Social, ha celebrado durante dos semanas un curso dirigido a cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia.
El objetivo de este curso es dar una respuesta directa a aquellas familias que tienen a su cargo una persona dependiente y facilitarles los conocimientos básicos para ello.
Así según la situación de cada dependiente el cuidador ha aprendido los procedimientos y estrategias más convenientes para mantener y mejorar la autonomía de las personas enfermas y conocer los recursos socio sanitarios a los que pueden acceder para garantizar su cuidado.
En concreto, el curso se ha compuesto de una fase inicial común a todos los cursos, con temas como el desarrollo personal, las competencias y habilidades para el cuidado y los recursos existentes y por último, una fase práctica en la que se han tratado por separado la enfermedad física, la discapacidad física o sensorial, la discapacidad psíquica e intelectual o la enfermedad mental grave.
También en septiembre, Paiporta acogerá otro curso para cuidadores centrado especialmente en la enfermedad física. La concejal de Bienestar Social, Rosa Ramos, destaca la importancia de colaborar en la formación de las personas que diariamente atienden y ayudan a familiares en situación de dependencia “porque con cursos cómo estos los profesionales pueden ayudarles en adquirir habilidades y conocimientos necesarios para sus labores de cuidado sin que ello, les suponga una carga”, explica.
Notas de prensa relacionadas:
Cuidadores no profesionales de personas dependientes se forman en Llíria
Curso dirigido a los cuidadores de personas dependientes con enfermedad mental grave o crónica en Utiel
Fuente : notasdeprensacv.es
El Ayuntamiento de Paiporta, a través de la Conselleria de Bienestar Social, ha celebrado durante dos semanas un curso dirigido a cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia.
El objetivo de este curso es dar una respuesta directa a aquellas familias que tienen a su cargo una persona dependiente y facilitarles los conocimientos básicos para ello.
Así según la situación de cada dependiente el cuidador ha aprendido los procedimientos y estrategias más convenientes para mantener y mejorar la autonomía de las personas enfermas y conocer los recursos socio sanitarios a los que pueden acceder para garantizar su cuidado.
En concreto, el curso se ha compuesto de una fase inicial común a todos los cursos, con temas como el desarrollo personal, las competencias y habilidades para el cuidado y los recursos existentes y por último, una fase práctica en la que se han tratado por separado la enfermedad física, la discapacidad física o sensorial, la discapacidad psíquica e intelectual o la enfermedad mental grave.
También en septiembre, Paiporta acogerá otro curso para cuidadores centrado especialmente en la enfermedad física. La concejal de Bienestar Social, Rosa Ramos, destaca la importancia de colaborar en la formación de las personas que diariamente atienden y ayudan a familiares en situación de dependencia “porque con cursos cómo estos los profesionales pueden ayudarles en adquirir habilidades y conocimientos necesarios para sus labores de cuidado sin que ello, les suponga una carga”, explica.
Notas de prensa relacionadas:
Cuidadores no profesionales de personas dependientes se forman en Llíria
Curso dirigido a los cuidadores de personas dependientes con enfermedad mental grave o crónica en Utiel
Fuente : notasdeprensacv.es
ASTURIAS - USUARIOS EXIGEN CONTROL A LOS FAMILIARES CUIDADORES
Los usuarios exigen que se controle a los familiares a sueldo como cuidadores
Si de algo sirvió ayer la Comisión de Bienestar fue para evidenciar la unanimidad que sindicatos y usuarios tienen respecto al funcionamiento de la ley.
Mientras el adjetivo más repetido fue el de «lenta», en referencia a su tramitación, la crítica con más eco fue el exceso en las pagas a los familiares para ejercer de cuidador.
A ese amplio porcentaje, casi la mitad de todos los PIA aprobados en Asturias, se culpó de la falta de empleo generado, cifrado oficialmente en 1.850 puestos.
Por ello, y aunque Noemí Martín precisó que «estamos ocho puntos por debajo de la media nacional en este tipo de pagas», desde la Federación de Mayores su presidenta, Dolores San Martín, pidió «que se cree un órgano de control a estos familiares, ya que queremos saber si el dinero que cobran llega, realmente, al beneficiario de la ley».
Como ella opinó la presidenta del Cermi, Mónica Oviedo, quien lamentó que «la ley no sólo es lenta, sino que está volcada en la dependencia y no en la promoción de la autonomía personal».
Reclama Oviedo la figura del asistente personal, un puesto que recoge la ley y que, en Asturias, no ha sido creado aún.
De profesionales también habló el representante de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), Ignacio García, quien reclamó que «se apueste por la concertación, que cuesta 50% menos que las plazas públicas».
No obstante, exigió a la consejera «que suba el precio público», tal y como han reclamado los geriátricos privados, que han llegado a plantear un ultimátum a Bienestar: o paga más o se rompen los conciertos. La consejera fue tajante «tienen razón, pero no acepto ultimátum de nadie. Si se puede, se pagará más».
Fuente : elcomerciodigital.com
Si de algo sirvió ayer la Comisión de Bienestar fue para evidenciar la unanimidad que sindicatos y usuarios tienen respecto al funcionamiento de la ley.
Mientras el adjetivo más repetido fue el de «lenta», en referencia a su tramitación, la crítica con más eco fue el exceso en las pagas a los familiares para ejercer de cuidador.
A ese amplio porcentaje, casi la mitad de todos los PIA aprobados en Asturias, se culpó de la falta de empleo generado, cifrado oficialmente en 1.850 puestos.
Por ello, y aunque Noemí Martín precisó que «estamos ocho puntos por debajo de la media nacional en este tipo de pagas», desde la Federación de Mayores su presidenta, Dolores San Martín, pidió «que se cree un órgano de control a estos familiares, ya que queremos saber si el dinero que cobran llega, realmente, al beneficiario de la ley».
Como ella opinó la presidenta del Cermi, Mónica Oviedo, quien lamentó que «la ley no sólo es lenta, sino que está volcada en la dependencia y no en la promoción de la autonomía personal».
Reclama Oviedo la figura del asistente personal, un puesto que recoge la ley y que, en Asturias, no ha sido creado aún.
De profesionales también habló el representante de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), Ignacio García, quien reclamó que «se apueste por la concertación, que cuesta 50% menos que las plazas públicas».
No obstante, exigió a la consejera «que suba el precio público», tal y como han reclamado los geriátricos privados, que han llegado a plantear un ultimátum a Bienestar: o paga más o se rompen los conciertos. La consejera fue tajante «tienen razón, pero no acepto ultimátum de nadie. Si se puede, se pagará más».
Fuente : elcomerciodigital.com
PROGRAMA DE RADIO POR INTERNET DE LA FUNDACIÓN ALZHEIMER ESPAÑA
Éxito del programa de radio por internet de la Fundación Alzheimer España
La Fundación Alzheimer España ha puesto en marcha el primer programa radiofónico dedicado exclusivamente al Alzheimer.
Se trata de El rincón de Aloysa, que comenzó sus emisiones el 14 de abril y que ya ha contabilizado 56.585 descargas.
Los programas emitidos se pueden escuchar desde www.fundacionalzheimeresp.org y desde http://fae.podomatic.com, y abordan las problemáticas y cuestiones que más preocupan a los enfermos de Alzheimer y a sus familias.
Algunos de los temas tratados hasta el momento son la Ley de Dependencia, el diagnóstico precoz y un debate sobre el carácter hereditario de esta enfermedad. Además de testimonios, entrevistas y consejos por parte del personal técnico de la Fundación Alzheimer España, así como los propios enfermos y sus familias.
La Fundación Alzheimer España es una ONG nacional y estatal, cuyo objetivo es ayudar, respetar y mejorar la calidad de vida tanto de las personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, como de sus cuidadores y de sus familias. Nació en 1991 por iniciativa de un grupo de personas físicas cuyas familias estaban sufriendo las consecuencias de esta enfermedad y profesionales involucrados en esta patología.
Fuente : larazon.es
La Fundación Alzheimer España ha puesto en marcha el primer programa radiofónico dedicado exclusivamente al Alzheimer.
Se trata de El rincón de Aloysa, que comenzó sus emisiones el 14 de abril y que ya ha contabilizado 56.585 descargas.
Los programas emitidos se pueden escuchar desde www.fundacionalzheimeresp.org y desde http://fae.podomatic.com, y abordan las problemáticas y cuestiones que más preocupan a los enfermos de Alzheimer y a sus familias.
Algunos de los temas tratados hasta el momento son la Ley de Dependencia, el diagnóstico precoz y un debate sobre el carácter hereditario de esta enfermedad. Además de testimonios, entrevistas y consejos por parte del personal técnico de la Fundación Alzheimer España, así como los propios enfermos y sus familias.
La Fundación Alzheimer España es una ONG nacional y estatal, cuyo objetivo es ayudar, respetar y mejorar la calidad de vida tanto de las personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, como de sus cuidadores y de sus familias. Nació en 1991 por iniciativa de un grupo de personas físicas cuyas familias estaban sufriendo las consecuencias de esta enfermedad y profesionales involucrados en esta patología.
Fuente : larazon.es
CANARIAS - ALEJANDRO EN SU LABERINTO
Alejandro en su laberinto
JUAN GARCÍA LUJÁN elcorreillo@canariasahoraradio.com -
Alejandro tiene quince años. Hasta los diez todo fue bien. Estudiaba en el colegio público Aguadulce. Contó con el apoyo del profesorado y de sus compañeros de estudios. Repartió y recibió cariño. Logró en matemáticas mejores notas que otros compañeros de clase, en otras asignaturas no le fue mal. En casa también las cosas iban bien. Con un hermano que le lleva un año. Sus padres notaron cosas raras en el chiquillo. Después de muchas visitas a médicos supieron que Alejandro padecía el síndrome del autismo.
Comenzó ahí el largo camino de Trini y Helio, siempre había una nueva puerta que tocar. Terapeutas, pedagogos, siquiatras, servicios sociales de diferentes instituciones. Lo mejor era unirse a otra gente con el mismo problema, así formaron hace diez años la asociación ACTRADE (Asociación Canaria de Personas con Trastornos Generalizados del Desarrollo). Desde ese colectivo pidieron lo mínimo: que se apoye desde las instituciones a las familias con hijos autistas. Solo en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura hay 300 casos. Atrade formó parte de la plataforma El Pino es nuestro, por el uso sociosanitario del viejo hospital del Pino.
Los socios de Atrade participaron en las democráticas reuniones donde se preguntaba a los colectivos: ¿para qué usarían ustedes este viejo hospital? Ellos propusieron que al menos una planta se dedicara a centro de día para atender casos de autismo, para terapias y actividades educativas. Pero no les hicieron caso. El único premio por su lucha fue la invitación al acto donde rompieron una botella de champán contra la puerta de El Pino, que se convirtió en una especie de geriátrico y en un centro de salud provisional que ya lleva 5 años de provisionalidad.
Cuando cumplió los diez años Alejandro entró en un laberinto. Comenzó en Secundaria, en las llamadas aulas Enclave. Un profesor y un ayudante con seis niños con síndromes diferentes. Puede haber en la misma clase un chiquillo con síndrome down, otro con autismo y otro con un problema diferente. Alejandro no respondió de forma positiva. Quizá hubo otros factores en esa mente misteriosa de Alejandro, en ese mundo propio de los autistas, en esos cerebros a los que les cuesta entender a los otros. Comenzaron los episodios de agresividad en la escuela y en casa. A veces también en la calle. Más de una vez el padre tuvo que parar el coche porque Alejandro y llamar al 112 a pedir ayuda.
En España no se estudia la especialidad de psiquiatría infantojuvenil. Los pocos profesionales que hay han estudiado fuera. En las islas no hay ningún centro para atender a niños autistas. La lucha de Atrade sirvió para que el antiguo hospital militar tenga unas dependencias donde Alejandro puede sólo una vez por semana. Eso es todo. Lo demás es buscarse la vida. O buscarse la muerte. Porque los padres y los hermanos de Alejandro llevan cinco años viviendo en un infierno. Cada vez se producen con más frecuencia los episodios de agresividad. Cuando menos te lo esperas oyes ruidos en el salón. Vas rápido y ves a Alejandro tirando libros al suelo, dando patadas a la mesa, cogiendo un cristal para autolesionarse. Lo intentan controlar entre todos. Pero no siempre es posible. Un cuerpo de un adolescente de quince años que se mueve sin límites es difícil de controlar. Entonces llaman al 112 y finalmente aparecen los sanitarios con su inyección de tranquilizante. Siempre es tarde, unas veces porque ya han logrado calmarlo, otras porque ya el chiquillo se ha autolesionado.
El último episodio se produjo este lunes. Tuvieron que llevarlo a Urgencias del Hospital Negrín porque Alejandro se arrancaba las sondas por donde le ponían los tranquilizantes. En Urgencias vivió otro episodio violento y decidieron, por primera vez, mandarlo a la unidad de siquiatría para controlarlo. Pero no es una unidad preparada para atender a niños, se ven cosas que serían peor para Alejandro. Por eso lo mandarán a casa en unas horas. ¿Y qué hacemos ahora con mi hijo? La pregunta me la hacía ayer en los micrófonos de El Correíllo el padre de Alejandro. Es la pregunta que lleva 5 años haciendo a los servicios sociales del ayuntamiento, del cabildo y del gobierno canario. Antes, cuando no había crisis, no había centros ni recursos humanos ni técnicos. Ahora no hay centros, ni recursos humanos, ni técnicos, ni presupuesto. Eso le dicen desde las instituciones que programan millonarias óperas, que proyectan millonarios trenes, que despliegan millonarias policías canarias.
¿Y la ley de Dependencia? Anoche mismo el presidente Paulino Rivero decía que “Canarias tenía ya un sistema de dependencia propio, que no lo miran en esos informes estatales”. Totalmente propio: después de dos años esperando el 23 de agosto del año pasado un informe de la consejería de Bienestar Social reconocía que Alejandro tiene el segundo máximo grado de dependencia. Hasta ayer mismo, un año después, no le ha llegado un euro ni un trabajador social de apoyo a su familia.
Hace una semana Helio Ayala, el padre de Alejandro, escribía un conmovedor artículo titulado “Me declaro en desamparo”, lo mandó a otros periódicos que no lo han publicado. Alejandro ha tenido suerte porque tiene unos padres y unos hermanos preparados, que han sabido estar ahí, que han podido responderle. Pero que a nadie extrañe si pasado mañana descubrimos en alguna cueva perdida de esta isla o de otra a un adolescente atado a una cadena o en una jaula, porque hay familias sin formación, sin preparación, sin posibilidades de estar pendientes 24 horas de casos así. Cuando aparezca algún caso diremos que sus padres son unos monstruos, unos secuestradores, unos bestias. Pero a lo mejor sólo son unos ignorantes que no sabían reaccionar y no tuvieron a nadie que les apoyara.
Desde la Dirección del Menor y la Familia recomiendan a los padres de Alejandro que lo manden a un centro privado en la Península, pero no les garantizan todo el apoyo económico necesario. La inmensa mayoría de los casos de autismo no tienen este problema de agresividad, en Gran Canaria hay apenas 5 ó 6 casos. Para que el gobierno se comprometa tendrían que dejar a Alejandro en la calle, pasando hambre, entonces vendrían desde el gobierno a salvarlo de unos padres malos, de unos monstruos. ¡Qué paradojas! La Dirección General de Protección al Menor y la Familia no protege ni al menor ni a su familia. No hay que generalizar, este gobierno a veces sí protege a la familia: ahí tenemos al cuñado de Soria con su sueldo de 100.000 euros, o a la hermana del interventor de Hacienda cobrando un salario público por trabajar para el partido. ¡Qué asco!
Fuente : canariasahora.com
JUAN GARCÍA LUJÁN elcorreillo@canariasahoraradio.com -
Alejandro tiene quince años. Hasta los diez todo fue bien. Estudiaba en el colegio público Aguadulce. Contó con el apoyo del profesorado y de sus compañeros de estudios. Repartió y recibió cariño. Logró en matemáticas mejores notas que otros compañeros de clase, en otras asignaturas no le fue mal. En casa también las cosas iban bien. Con un hermano que le lleva un año. Sus padres notaron cosas raras en el chiquillo. Después de muchas visitas a médicos supieron que Alejandro padecía el síndrome del autismo.
Comenzó ahí el largo camino de Trini y Helio, siempre había una nueva puerta que tocar. Terapeutas, pedagogos, siquiatras, servicios sociales de diferentes instituciones. Lo mejor era unirse a otra gente con el mismo problema, así formaron hace diez años la asociación ACTRADE (Asociación Canaria de Personas con Trastornos Generalizados del Desarrollo). Desde ese colectivo pidieron lo mínimo: que se apoye desde las instituciones a las familias con hijos autistas. Solo en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura hay 300 casos. Atrade formó parte de la plataforma El Pino es nuestro, por el uso sociosanitario del viejo hospital del Pino.
Los socios de Atrade participaron en las democráticas reuniones donde se preguntaba a los colectivos: ¿para qué usarían ustedes este viejo hospital? Ellos propusieron que al menos una planta se dedicara a centro de día para atender casos de autismo, para terapias y actividades educativas. Pero no les hicieron caso. El único premio por su lucha fue la invitación al acto donde rompieron una botella de champán contra la puerta de El Pino, que se convirtió en una especie de geriátrico y en un centro de salud provisional que ya lleva 5 años de provisionalidad.
Cuando cumplió los diez años Alejandro entró en un laberinto. Comenzó en Secundaria, en las llamadas aulas Enclave. Un profesor y un ayudante con seis niños con síndromes diferentes. Puede haber en la misma clase un chiquillo con síndrome down, otro con autismo y otro con un problema diferente. Alejandro no respondió de forma positiva. Quizá hubo otros factores en esa mente misteriosa de Alejandro, en ese mundo propio de los autistas, en esos cerebros a los que les cuesta entender a los otros. Comenzaron los episodios de agresividad en la escuela y en casa. A veces también en la calle. Más de una vez el padre tuvo que parar el coche porque Alejandro y llamar al 112 a pedir ayuda.
En España no se estudia la especialidad de psiquiatría infantojuvenil. Los pocos profesionales que hay han estudiado fuera. En las islas no hay ningún centro para atender a niños autistas. La lucha de Atrade sirvió para que el antiguo hospital militar tenga unas dependencias donde Alejandro puede sólo una vez por semana. Eso es todo. Lo demás es buscarse la vida. O buscarse la muerte. Porque los padres y los hermanos de Alejandro llevan cinco años viviendo en un infierno. Cada vez se producen con más frecuencia los episodios de agresividad. Cuando menos te lo esperas oyes ruidos en el salón. Vas rápido y ves a Alejandro tirando libros al suelo, dando patadas a la mesa, cogiendo un cristal para autolesionarse. Lo intentan controlar entre todos. Pero no siempre es posible. Un cuerpo de un adolescente de quince años que se mueve sin límites es difícil de controlar. Entonces llaman al 112 y finalmente aparecen los sanitarios con su inyección de tranquilizante. Siempre es tarde, unas veces porque ya han logrado calmarlo, otras porque ya el chiquillo se ha autolesionado.
El último episodio se produjo este lunes. Tuvieron que llevarlo a Urgencias del Hospital Negrín porque Alejandro se arrancaba las sondas por donde le ponían los tranquilizantes. En Urgencias vivió otro episodio violento y decidieron, por primera vez, mandarlo a la unidad de siquiatría para controlarlo. Pero no es una unidad preparada para atender a niños, se ven cosas que serían peor para Alejandro. Por eso lo mandarán a casa en unas horas. ¿Y qué hacemos ahora con mi hijo? La pregunta me la hacía ayer en los micrófonos de El Correíllo el padre de Alejandro. Es la pregunta que lleva 5 años haciendo a los servicios sociales del ayuntamiento, del cabildo y del gobierno canario. Antes, cuando no había crisis, no había centros ni recursos humanos ni técnicos. Ahora no hay centros, ni recursos humanos, ni técnicos, ni presupuesto. Eso le dicen desde las instituciones que programan millonarias óperas, que proyectan millonarios trenes, que despliegan millonarias policías canarias.
¿Y la ley de Dependencia? Anoche mismo el presidente Paulino Rivero decía que “Canarias tenía ya un sistema de dependencia propio, que no lo miran en esos informes estatales”. Totalmente propio: después de dos años esperando el 23 de agosto del año pasado un informe de la consejería de Bienestar Social reconocía que Alejandro tiene el segundo máximo grado de dependencia. Hasta ayer mismo, un año después, no le ha llegado un euro ni un trabajador social de apoyo a su familia.
Hace una semana Helio Ayala, el padre de Alejandro, escribía un conmovedor artículo titulado “Me declaro en desamparo”, lo mandó a otros periódicos que no lo han publicado. Alejandro ha tenido suerte porque tiene unos padres y unos hermanos preparados, que han sabido estar ahí, que han podido responderle. Pero que a nadie extrañe si pasado mañana descubrimos en alguna cueva perdida de esta isla o de otra a un adolescente atado a una cadena o en una jaula, porque hay familias sin formación, sin preparación, sin posibilidades de estar pendientes 24 horas de casos así. Cuando aparezca algún caso diremos que sus padres son unos monstruos, unos secuestradores, unos bestias. Pero a lo mejor sólo son unos ignorantes que no sabían reaccionar y no tuvieron a nadie que les apoyara.
Desde la Dirección del Menor y la Familia recomiendan a los padres de Alejandro que lo manden a un centro privado en la Península, pero no les garantizan todo el apoyo económico necesario. La inmensa mayoría de los casos de autismo no tienen este problema de agresividad, en Gran Canaria hay apenas 5 ó 6 casos. Para que el gobierno se comprometa tendrían que dejar a Alejandro en la calle, pasando hambre, entonces vendrían desde el gobierno a salvarlo de unos padres malos, de unos monstruos. ¡Qué paradojas! La Dirección General de Protección al Menor y la Familia no protege ni al menor ni a su familia. No hay que generalizar, este gobierno a veces sí protege a la familia: ahí tenemos al cuñado de Soria con su sueldo de 100.000 euros, o a la hermana del interventor de Hacienda cobrando un salario público por trabajar para el partido. ¡Qué asco!
Fuente : canariasahora.com
MURCIA - ALCANTARILLA - IU PRESENTARÁ DIVERSAS MOCIONES
IU de Alcantarilla presentará diversa mociones en el Pleno de mañana jueves
IU de Alcantarilla presentará diversa mociones en el Pleno de mañana jueves sobre Ley de Dependencia, Municipalización del transporte público, Aplicación del dinero ahorrado por el Ayuntamiento como consecuencia de la reducción del salario de los empleados públicos municipales.
Izquierda Unida de Alcantarilla pedirá en el Pleno de mañana jueves que el Ayuntamiento muestre su condolencia ante el fallecimiento del Premio Nobel de Literatura, José Saramago y que reconozca la aportación y el legado del insigne escritor fallecido, y que nomine un jardín, local o espacio público en memoria de José Saramago, como homenaje a su obra y trayectoria.
Otra de las mociones a presentar es sobre el desarrollo de la Ley de Dependencia por la que se pide por una parte al Gobierno Regional que resuelva los problemas existentes en cuanto a personal cualificado para determinar los grados de dependencia en casos de enfermedades mentales, también que el Gobierno Regional agilice la resolución de expedientes en relación con la solicitud de reconocimiento del grado de dependencia para que no sobrepase los 6 meses establecidos por la Ley de Procedimiento Administrativo Común y por último que el Gobierno Regional en el menor plazo posible desarrolle la legislación autonómica necesaria para una correcta aplicación de la Ley de Dependencia.
Y por otra parte se insta al Gobierno central para que reconozca de nuevo el derecho al cobro de prestaciones desde el momento de la solicitud tal como establecía la Ley de dependencia. También que el Gobierno central ejerza de manera eficaz una labor real de coordinación y seguimiento en la implantación y desarrollo de la Ley, de manera que no se produzcan discriminaciones en ninguna parte del estado y que se incrementen los recursos que se destinan a la aplicación de la ley.
Otra de las mociones es para que desde el Ayuntamiento de Alcantarilla se inste al de Murcia para que construya el Área Metropolitana que incluya el transporte público y para que inicie un proceso que conduzca a la municipalización de este servicio.
Y tras el tijeretazo de Zapatero contra los servicios públicos, desde IU pedimos al Ayuntamiento de Alcantarilla que el dinero que se ahorre de la aplicación de estos recortes sobre el personal funcionario y contratado se destine en su totalidad a pagar las deudas contraídas con pequeñas y medianas empresas.
Fuente : murcia.com
IU de Alcantarilla presentará diversa mociones en el Pleno de mañana jueves sobre Ley de Dependencia, Municipalización del transporte público, Aplicación del dinero ahorrado por el Ayuntamiento como consecuencia de la reducción del salario de los empleados públicos municipales.
Izquierda Unida de Alcantarilla pedirá en el Pleno de mañana jueves que el Ayuntamiento muestre su condolencia ante el fallecimiento del Premio Nobel de Literatura, José Saramago y que reconozca la aportación y el legado del insigne escritor fallecido, y que nomine un jardín, local o espacio público en memoria de José Saramago, como homenaje a su obra y trayectoria.
Otra de las mociones a presentar es sobre el desarrollo de la Ley de Dependencia por la que se pide por una parte al Gobierno Regional que resuelva los problemas existentes en cuanto a personal cualificado para determinar los grados de dependencia en casos de enfermedades mentales, también que el Gobierno Regional agilice la resolución de expedientes en relación con la solicitud de reconocimiento del grado de dependencia para que no sobrepase los 6 meses establecidos por la Ley de Procedimiento Administrativo Común y por último que el Gobierno Regional en el menor plazo posible desarrolle la legislación autonómica necesaria para una correcta aplicación de la Ley de Dependencia.
Y por otra parte se insta al Gobierno central para que reconozca de nuevo el derecho al cobro de prestaciones desde el momento de la solicitud tal como establecía la Ley de dependencia. También que el Gobierno central ejerza de manera eficaz una labor real de coordinación y seguimiento en la implantación y desarrollo de la Ley, de manera que no se produzcan discriminaciones en ninguna parte del estado y que se incrementen los recursos que se destinan a la aplicación de la ley.
Otra de las mociones es para que desde el Ayuntamiento de Alcantarilla se inste al de Murcia para que construya el Área Metropolitana que incluya el transporte público y para que inicie un proceso que conduzca a la municipalización de este servicio.
Y tras el tijeretazo de Zapatero contra los servicios públicos, desde IU pedimos al Ayuntamiento de Alcantarilla que el dinero que se ahorre de la aplicación de estos recortes sobre el personal funcionario y contratado se destine en su totalidad a pagar las deudas contraídas con pequeñas y medianas empresas.
Fuente : murcia.com
C.VALENCIANA - LA OPCIÓN DE CAMPS
El Crisol
La opción de Camps
¿Quién ha dicho que el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, es insensible ante los problemas de índole familiar de los valencianos?
El que lo haya dicho que sea valiente y de la cara. Se le ha criticado y se le critica a Camps, que no haya puesto en marcha en la Comunidad Valenciana la Ley de Dependencia. Unos dicen que por llevarle la contraria al Gobierno de España y otros porque las arcas de le Generalitat están llenas de telarañas. La verdad es que resulta muy complicado afirmar cual de las dos partes tiene razón. Ambos criterios se ajustan bastante a la realidad.
En cualquier caso Camps, les ha dado un buen puntapié a los detractores a esos que tan gratuitamente le acusan de falta de sensibilidad social y para demostrar que esto no es verdad y también para plantear una alternativa a la Ley de Dependencia ha aprobado un Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres de la Administración de la Generalitat, en las que se puede ver claramente esa alternativa a la Ley de Dependencia.
Y si no lea, lea, lo que al respecto se desprende de dicho plan: “El plan permite reducir la jornada laboral ¡¡una hora!! o sin superar la mitad del horario sin pérdida de retribuciones para cuidar familiares con discapacidad o enfermos crónicos o hijos menores de 13 años con necesidades especiales…
También establece adoptar los horarios en una hora para quienes tengan a su cargo personas mayores de 65 años con necesidades especiales, familiares con enfermedades graves o discapacidad superior al 65% e hijos hasta 13 años o menores de esa edad”.
Como se puede ver todo un plan para que las personas discapacitadas o dependientes estén bien atendidas.
¿Para que gastarse un dineral construyendo geriátricos o centros de día y además dar una especie de paga a todos aquellos que se dediquen a cuidar a sus familiares con minusvalías importantes o incapaces de valerse por sí mismos si con una hora retribuida de pérdida de trabajo es más que suficiente para que se les puede atender perfectamente? ¿O no?
Me dirá usted que una hora es poco y que además esta medida solo alcanza a los funcionarios de la Generalitat Valenciana, pero comparado con la que se está haciendo, nada, en esta comunidad para atender a enfermos crónicos, discapacitados y dependientes significa lo mismo que encontrarte en el desierto con un pozo de agua aunque esta sea salada.
Para que luego digan que Camps solo se ocupa de las regatas y de las carreras de Fórmula 1. ¡Qué injustos somos!
Fuente : elplural.com
La opción de Camps
¿Quién ha dicho que el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, es insensible ante los problemas de índole familiar de los valencianos?
El que lo haya dicho que sea valiente y de la cara. Se le ha criticado y se le critica a Camps, que no haya puesto en marcha en la Comunidad Valenciana la Ley de Dependencia. Unos dicen que por llevarle la contraria al Gobierno de España y otros porque las arcas de le Generalitat están llenas de telarañas. La verdad es que resulta muy complicado afirmar cual de las dos partes tiene razón. Ambos criterios se ajustan bastante a la realidad.
En cualquier caso Camps, les ha dado un buen puntapié a los detractores a esos que tan gratuitamente le acusan de falta de sensibilidad social y para demostrar que esto no es verdad y también para plantear una alternativa a la Ley de Dependencia ha aprobado un Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres de la Administración de la Generalitat, en las que se puede ver claramente esa alternativa a la Ley de Dependencia.
Y si no lea, lea, lo que al respecto se desprende de dicho plan: “El plan permite reducir la jornada laboral ¡¡una hora!! o sin superar la mitad del horario sin pérdida de retribuciones para cuidar familiares con discapacidad o enfermos crónicos o hijos menores de 13 años con necesidades especiales…
También establece adoptar los horarios en una hora para quienes tengan a su cargo personas mayores de 65 años con necesidades especiales, familiares con enfermedades graves o discapacidad superior al 65% e hijos hasta 13 años o menores de esa edad”.
Como se puede ver todo un plan para que las personas discapacitadas o dependientes estén bien atendidas.
¿Para que gastarse un dineral construyendo geriátricos o centros de día y además dar una especie de paga a todos aquellos que se dediquen a cuidar a sus familiares con minusvalías importantes o incapaces de valerse por sí mismos si con una hora retribuida de pérdida de trabajo es más que suficiente para que se les puede atender perfectamente? ¿O no?
Me dirá usted que una hora es poco y que además esta medida solo alcanza a los funcionarios de la Generalitat Valenciana, pero comparado con la que se está haciendo, nada, en esta comunidad para atender a enfermos crónicos, discapacitados y dependientes significa lo mismo que encontrarte en el desierto con un pozo de agua aunque esta sea salada.
Para que luego digan que Camps solo se ocupa de las regatas y de las carreras de Fórmula 1. ¡Qué injustos somos!
Fuente : elplural.com
MADRID - PSOE AYUDARA JURÍDICAMENTE MAYORES AFECTADOS RECORTE AYUDA A DOMICILIO
El PSOE ayudará jurídicamente a los mayores afectados por el recorte en la ayuda a domicilio
El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, David Lucas, se comprometió este miércoles con los mayores afectados por los recortes del Ayuntamiento en la prestación de servicios sociales a poner a su disposición los servicios jurídicos del grupo municipal para que se les conceda la ayuda a domicilio y reclamar su derecho para que se aplique la Ley de la Dependencia.
Lucas denunció que las horas de ayuda a domicilio a las personas mayores o con problemas para valerse por sí mismas se están reduciendo a la mitad en algunos casos y en otros se están suprimiendo. Gallardón miente y es verdad que se están recortando estas ayudas en el número de horas que se prestan y en otros casos simplemente se suprimen del todo, aseguró tras mantener un encuentro con vecinos de Puente de Vallecas afectados por los recortes en las ayudas sociales.
Según informó el PSOE, más de cuarenta personas se concentraron hoy en la sede de la Asociación Fontarrón de Puente de Vallecas para contar su experiencia y su peregrinar para conseguir las ayudas anunciadas por Gallardón. Todos los que han venido están sufriendo en carne propia los recortes, pese a que Gallardón asegura que no hay reducción en las prestaciones. Y los que no han venido es porque no sabían de esta reunión o porque están impedidos y no pueden moverse de sus casas, afirmó Lucas.
El portavoz socialista anunció que su grupo visitará una por una a todas las personas que hoy no han podido acudir a la convocatoria y les ayudarán a tramitar las peticiones para que se les conceda la ayuda a domicilio y se les aplique la Ley de Dependencia. Pondremos a su disposición nuestros servicios jurídicos, aseguró.
El PSOE denuncia el reiterado incumplimiento del compromiso presupuestario de prestar 20 horas mensuales de ayuda a domicilio. Según sus datos, en 2009 la media no alcanzó las 19 horas, en 2010 se quedó en 18 horas y a finales de mayo había bajado a poco más de 17 horas.
Aunque el alcalde afirmó que la reducción de los contratos en un 15% no afectaría a los mayores, la verdad es que el servicio de atención a domicilio está disminuyendo y sospechamos que se reducirá aún más, auguró Lucas.
Fuente : ecodiario.eleconomista.es
El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, David Lucas, se comprometió este miércoles con los mayores afectados por los recortes del Ayuntamiento en la prestación de servicios sociales a poner a su disposición los servicios jurídicos del grupo municipal para que se les conceda la ayuda a domicilio y reclamar su derecho para que se aplique la Ley de la Dependencia.
Lucas denunció que las horas de ayuda a domicilio a las personas mayores o con problemas para valerse por sí mismas se están reduciendo a la mitad en algunos casos y en otros se están suprimiendo. Gallardón miente y es verdad que se están recortando estas ayudas en el número de horas que se prestan y en otros casos simplemente se suprimen del todo, aseguró tras mantener un encuentro con vecinos de Puente de Vallecas afectados por los recortes en las ayudas sociales.
Según informó el PSOE, más de cuarenta personas se concentraron hoy en la sede de la Asociación Fontarrón de Puente de Vallecas para contar su experiencia y su peregrinar para conseguir las ayudas anunciadas por Gallardón. Todos los que han venido están sufriendo en carne propia los recortes, pese a que Gallardón asegura que no hay reducción en las prestaciones. Y los que no han venido es porque no sabían de esta reunión o porque están impedidos y no pueden moverse de sus casas, afirmó Lucas.
El portavoz socialista anunció que su grupo visitará una por una a todas las personas que hoy no han podido acudir a la convocatoria y les ayudarán a tramitar las peticiones para que se les conceda la ayuda a domicilio y se les aplique la Ley de Dependencia. Pondremos a su disposición nuestros servicios jurídicos, aseguró.
El PSOE denuncia el reiterado incumplimiento del compromiso presupuestario de prestar 20 horas mensuales de ayuda a domicilio. Según sus datos, en 2009 la media no alcanzó las 19 horas, en 2010 se quedó en 18 horas y a finales de mayo había bajado a poco más de 17 horas.
Aunque el alcalde afirmó que la reducción de los contratos en un 15% no afectaría a los mayores, la verdad es que el servicio de atención a domicilio está disminuyendo y sospechamos que se reducirá aún más, auguró Lucas.
Fuente : ecodiario.eleconomista.es
MURCIA - PLATAFORMA DEPENDENCIA DENUNCIA RETRASOS
Plataforma Dependencia denuncia retrasos trámites y 98% ayudas son a familias
El presidente de la plataforma de la Dependencia de Murcia, Leandro Sánchez, ha denunciado hoy el retraso en la tramitación de los expedientes de esta ley en la Comunidad y ha criticado que el 98 por ciento de las ayudas otorgadas son dotaciones económicas a las familias y no se ha creado una red de servicios.
Tras una reunión con el delegado del Gobierno en Murcia, Rafael González Tovar, el presidente de la plataforma ha dicho que esta agrupación no está de acuerdo con la eliminación de la retroactividad para la aplicación de la ley, anunciada por el Gobierno dentro de las medidas de recorte del déficit público y que establece un plazo obligado de seis meses para resolver los expedientes.
Sánchez ha señalado que esta medida "perjudica a los dependientes de comunidades autónomas donde se está aplicando mal la ley, como Murcia, donde algunas resoluciones tardan hasta dos años en tramitarse".
Al respecto, ha añadido que en la Región han muerto 4.400 dependientes que habían tramitado las ayudas sin recibir la prestación de dependencia.
Por ello, ha solicitado que el Gobierno tenga capacidad de control y tutelaje sobre las Comunidades para que apliquen de forma correcta la ley de Dependencia.
Asimismo, ha indicado que el 98 por ciento de las ayudas otorgadas hasta ahora en la Comunidad han sido prestaciones económicas a las familias a cargo del dependiente, "algo que la ley establece como excepción y que en Murcia se ha desarrollado como un subsidio más barato y menos beneficioso que la creación de una red social de servicios públicos que, además, ayudaría a crear empleo estable".
Sánchez también ha señalado que en Murcia no ha habido un desarrollo normativo de la dependencia, como establece la ley, y "sólo se ha aprobado el decreto de copago, en el que no han participado los agentes sociales".
Por su parte, el delegado del Gobierno, ha indicado que, según los datos estadísticos aportados por la consejería de Política Social, Mujer e Inmigración, en la Región hay un total de 33.899 de personas beneficiarias con derecho a prestación.
Además, ha estimado que este año la Región recibirá del Gobierno cerca de 70 millones de euros para atención de personas dependientes, que se otorgan en función del cumplimiento de la ley, del número de personas acogidas al sistema de dependencia y la potenciación de servicios.
En este sentido ha recordado que el pasado 1 de junio el Ministerio de Sanidad y Política Social y las comunidades acordaron la creación de este nuevo sistema de reparto de fondos para el período 2010-2013, que incluye más recursos para formación de profesionales; la modificación el baremo de valoración, para garantizar la evolución homogénea en todos los territorios, y la elaboración de una guía de buenas prácticas.
González Tovar ha señalado también que el ministerio ha destinado 12 millones de euros a la creación de nueve centros para atención a personas dependientes en la Región que estarán en funcionamiento antes de finales de año.
Fuente : abc.es
El presidente de la plataforma de la Dependencia de Murcia, Leandro Sánchez, ha denunciado hoy el retraso en la tramitación de los expedientes de esta ley en la Comunidad y ha criticado que el 98 por ciento de las ayudas otorgadas son dotaciones económicas a las familias y no se ha creado una red de servicios.
Tras una reunión con el delegado del Gobierno en Murcia, Rafael González Tovar, el presidente de la plataforma ha dicho que esta agrupación no está de acuerdo con la eliminación de la retroactividad para la aplicación de la ley, anunciada por el Gobierno dentro de las medidas de recorte del déficit público y que establece un plazo obligado de seis meses para resolver los expedientes.
Sánchez ha señalado que esta medida "perjudica a los dependientes de comunidades autónomas donde se está aplicando mal la ley, como Murcia, donde algunas resoluciones tardan hasta dos años en tramitarse".
Al respecto, ha añadido que en la Región han muerto 4.400 dependientes que habían tramitado las ayudas sin recibir la prestación de dependencia.
Por ello, ha solicitado que el Gobierno tenga capacidad de control y tutelaje sobre las Comunidades para que apliquen de forma correcta la ley de Dependencia.
Asimismo, ha indicado que el 98 por ciento de las ayudas otorgadas hasta ahora en la Comunidad han sido prestaciones económicas a las familias a cargo del dependiente, "algo que la ley establece como excepción y que en Murcia se ha desarrollado como un subsidio más barato y menos beneficioso que la creación de una red social de servicios públicos que, además, ayudaría a crear empleo estable".
Sánchez también ha señalado que en Murcia no ha habido un desarrollo normativo de la dependencia, como establece la ley, y "sólo se ha aprobado el decreto de copago, en el que no han participado los agentes sociales".
Por su parte, el delegado del Gobierno, ha indicado que, según los datos estadísticos aportados por la consejería de Política Social, Mujer e Inmigración, en la Región hay un total de 33.899 de personas beneficiarias con derecho a prestación.
Además, ha estimado que este año la Región recibirá del Gobierno cerca de 70 millones de euros para atención de personas dependientes, que se otorgan en función del cumplimiento de la ley, del número de personas acogidas al sistema de dependencia y la potenciación de servicios.
En este sentido ha recordado que el pasado 1 de junio el Ministerio de Sanidad y Política Social y las comunidades acordaron la creación de este nuevo sistema de reparto de fondos para el período 2010-2013, que incluye más recursos para formación de profesionales; la modificación el baremo de valoración, para garantizar la evolución homogénea en todos los territorios, y la elaboración de una guía de buenas prácticas.
González Tovar ha señalado también que el ministerio ha destinado 12 millones de euros a la creación de nueve centros para atención a personas dependientes en la Región que estarán en funcionamiento antes de finales de año.
Fuente : abc.es
CASTILLA Y LEÓN - CES RECOMIENDA ACORTE DE TIEMPO DESDE SOLICITUD HASTA RECIBIR SERVICIO O PRESTACIÓN
CES recomienda acorte tiempo entre solicita valoración hasta recibe servicio
El Consejo Económico y Social de Castilla y León ha recomendado que se acorte el tiempo que transcurre desde que un dependiente solicita que se le valore hasta que recibe la prestación o servicio concreto y ha urgido que se apruebe la Ley regional en esta materia.
En su informe anual sobre la situación de la Comunidad relativo a 2009, aprobado ayer y publicado hoy, el CES autonómico reconoce el esfuerzo de la Junta en la valoración de las solicitudes, "que sitúan a la Comunidad con un alto porcentaje de resolución", aunque pide "un esfuerzo adicional" para que se resuelvan "todas" en el plazo de seis meses desde su presentación.
Entre las recomendaciones del CES en atención a la dependencia figura que los solicitantes cuenten durante el procesos de solicitud y concesión con un profesional de referencia; y que se dé prioridad a la prestación de servicios y sólo de manera excepcional se apliquen prestaciones económicas.
El Consejo Económico y Social sostiene que el calendario de implantación de atención a la dependencia, que concluirá en 2014, "exige" que cada administración "mantenga su compromiso asumido" de cofinanciación.
A juicio de este órgano asesor, "en cierto modo se penaliza a las autonomías que prestan más servicios -como es el caso de Castilla y León- frente a las que optan por las prestaciones económicas".
Por ello, propone que se arbitre un sistema de financiación que considere de manera diferenciada la prestación de servicios y la concesión de prestaciones económicas, y se tenga en cuenta "las diferencias entre los distintos servicios prestados, pues no todos los servicios suponen el mismo esfuerzo presupuestario".
Además, el CES autonómico cree que "la prestación de servicios sociales puede ser una oportunidad para generar nuevos empleos", que "no debe desaprovecharse", especialmente en "una Comunidad con un alto porcentaje de personas mayores, en la que la demanda de estos servicios crece continuamente".
Fuente : abc.es
El Consejo Económico y Social de Castilla y León ha recomendado que se acorte el tiempo que transcurre desde que un dependiente solicita que se le valore hasta que recibe la prestación o servicio concreto y ha urgido que se apruebe la Ley regional en esta materia.
En su informe anual sobre la situación de la Comunidad relativo a 2009, aprobado ayer y publicado hoy, el CES autonómico reconoce el esfuerzo de la Junta en la valoración de las solicitudes, "que sitúan a la Comunidad con un alto porcentaje de resolución", aunque pide "un esfuerzo adicional" para que se resuelvan "todas" en el plazo de seis meses desde su presentación.
Entre las recomendaciones del CES en atención a la dependencia figura que los solicitantes cuenten durante el procesos de solicitud y concesión con un profesional de referencia; y que se dé prioridad a la prestación de servicios y sólo de manera excepcional se apliquen prestaciones económicas.
El Consejo Económico y Social sostiene que el calendario de implantación de atención a la dependencia, que concluirá en 2014, "exige" que cada administración "mantenga su compromiso asumido" de cofinanciación.
A juicio de este órgano asesor, "en cierto modo se penaliza a las autonomías que prestan más servicios -como es el caso de Castilla y León- frente a las que optan por las prestaciones económicas".
Por ello, propone que se arbitre un sistema de financiación que considere de manera diferenciada la prestación de servicios y la concesión de prestaciones económicas, y se tenga en cuenta "las diferencias entre los distintos servicios prestados, pues no todos los servicios suponen el mismo esfuerzo presupuestario".
Además, el CES autonómico cree que "la prestación de servicios sociales puede ser una oportunidad para generar nuevos empleos", que "no debe desaprovecharse", especialmente en "una Comunidad con un alto porcentaje de personas mayores, en la que la demanda de estos servicios crece continuamente".
Fuente : abc.es
martes, 29 de junio de 2010
CASTILLA-LA MANCHA - A FAVOR ANTEPROYECTOS SERVICIOS SOCIALES Y FAMILIAS NUMEROSAS
Dictaminan a favor anteproyectos de Servicios Sociales y Familias Numerosas
El pleno del Consejo Económico y Social (CES) de Castilla-La Mancha ha dictaminado por unanimidad los anteproyectos de Ley de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha y de Ley de Familias Numerosas de Castilla-La Mancha.
Según ha informado el CES en un comunicado, el anteproyecto de Ley de Servicios Sociales -que configura un nuevo sistema en la organización de los servicios sociales en la región- satisface la pretensión del CES de contar con una regulación en esta materia adaptada al actual marco y las nuevas necesidades sociales.
En este sentido, recuerda que la actual Ley sobre Servicios Sociales data del año 1986, la más antigua de las que conforman los diferentes modelos autonómicos.
No obstante, el dictamen del Consejo reconoce que desde el punto de vista material, es innegable que Castilla-La Mancha ha sido y continúa siendo una comunidad autónoma de referencia en España por la amplitud y modernidad de los servicios sociales efectivamente prestados, así como por la sensibilidad social demostrada en su implantación.
También se valora positivamente el amplio proceso de participación social e institucional que ha presidido la elaboración de este anteproyecto de Ley y la definitiva integración en los servicios sociales regionales de las prestaciones del Sistema de Atención para la Autonomía y la Dependencia.
También se destaca la preocupación por concretar los derechos y deberes tanto de las personas usuarias como de los profesionales del Sistema Público de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, reflejados en la Carta de Derechos y Deberes que se obliga a elaborar al Gobierno regional.
El dictamen del Consejo advierte que en un sistema que requerirá importantes esfuerzos de cooperación y coordinación con el Sistema de Salud -llegándose incluso a la previsión de una posible tarjeta social unificada con la sanitaria- han de resultar decisivos los análisis de situación, las previsiones económicas y la evaluación continuada.
Respecto a la complementariedad que han de prestarse mutuamente el sistema de salud y de servicios sociales, el CES considera que es importante que se perfilen mejor los aspectos básicos de esta cuestión para facilitar el desarrollo reglamentario ulterior.
El CES se congratula de que la calidad se configure como un derecho de los usuarios y al mismo tiempo un deber para los poderes públicos, aplicable a todas las entidades prestadoras, incluidas las privadas, pero pide que se clarifique en el articulado la regulación del Plan de Calidad y su consiguiente integración en el Plan Estratégico.
Sobre el anteproyecto de Ley de Familias Numerosas de Castilla-La Mancha también acoge favorablemente esta normativa que sistematiza los beneficios que se reconocen a las familias numerosas.
Además, el CES considera que los inmejorables propósitos de este anteproyecto podrían resultar cuestionados en el desarrollo concreto de las medidas de acción protectora que contempla el texto legal, en cuanto éstas aparecen muy genéricamente perfiladas, de modo que sólo con los reglamentos posteriores habrán de conocerse con exactitud su alcance y beneficiarios.
De forma previa a la aprobación de los dictámenes antes referidos, el consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón, ha presentado al Pleno del CES el anteproyecto de Ley de Garantías de Acceso a la Vivienda que el Consejo va a dictaminar en los próximos días.
Julián Sánchez Pingarrón ha explicado a los periodistas que esta ley es "pionera en el Estado de las Comunidades Autónomas" ya que "Castilla-La Mancha será la primera región que habrá desarrollado el artículo 47 de la Constitución y habrá convertido en un derecho efectivo, el derecho a la vivienda que reconoce la Constitución".
También ha destacado que con esta ley se ayudará a los jóvenes a encontrar una vivienda, se generará actividad en el sector de la construcción y se producirán ingresos en las arcas públicas.
Preguntando sobre la entrada en vigor de esta nueva normativa, el consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda calculó que podría producirse en el último trimestre del año y la garantía prevista en la misma, al año de su entrada en vigor.
Por su parte, el presidente regional del CES, Juan Antonio Mata, ha calificado de novedoso el anteproyecto y considera que "hace avanzar el estado del bienestar, al establecer garantías para hacer cumplir un principio constitucional como es que todos los ciudadanos tienen derecho al acceso a una vivienda digna.
También ha asegurado Mata que este proyecto se analizará con detenimiento en el seno del CES y se realizará un análisis riguroso y serio del que se extraerán una serie de aportaciones, de reflexiones y de sugerencias útiles para el objetivo central de esta normativa.
En esta línea, adelantó que el dictamen que elabore el Consejo sobre este Anteproyecto se aprobará en la segunda quincena del mes de julio.
Fuente : abc.es
El pleno del Consejo Económico y Social (CES) de Castilla-La Mancha ha dictaminado por unanimidad los anteproyectos de Ley de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha y de Ley de Familias Numerosas de Castilla-La Mancha.
Según ha informado el CES en un comunicado, el anteproyecto de Ley de Servicios Sociales -que configura un nuevo sistema en la organización de los servicios sociales en la región- satisface la pretensión del CES de contar con una regulación en esta materia adaptada al actual marco y las nuevas necesidades sociales.
En este sentido, recuerda que la actual Ley sobre Servicios Sociales data del año 1986, la más antigua de las que conforman los diferentes modelos autonómicos.
No obstante, el dictamen del Consejo reconoce que desde el punto de vista material, es innegable que Castilla-La Mancha ha sido y continúa siendo una comunidad autónoma de referencia en España por la amplitud y modernidad de los servicios sociales efectivamente prestados, así como por la sensibilidad social demostrada en su implantación.
También se valora positivamente el amplio proceso de participación social e institucional que ha presidido la elaboración de este anteproyecto de Ley y la definitiva integración en los servicios sociales regionales de las prestaciones del Sistema de Atención para la Autonomía y la Dependencia.
También se destaca la preocupación por concretar los derechos y deberes tanto de las personas usuarias como de los profesionales del Sistema Público de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, reflejados en la Carta de Derechos y Deberes que se obliga a elaborar al Gobierno regional.
El dictamen del Consejo advierte que en un sistema que requerirá importantes esfuerzos de cooperación y coordinación con el Sistema de Salud -llegándose incluso a la previsión de una posible tarjeta social unificada con la sanitaria- han de resultar decisivos los análisis de situación, las previsiones económicas y la evaluación continuada.
Respecto a la complementariedad que han de prestarse mutuamente el sistema de salud y de servicios sociales, el CES considera que es importante que se perfilen mejor los aspectos básicos de esta cuestión para facilitar el desarrollo reglamentario ulterior.
El CES se congratula de que la calidad se configure como un derecho de los usuarios y al mismo tiempo un deber para los poderes públicos, aplicable a todas las entidades prestadoras, incluidas las privadas, pero pide que se clarifique en el articulado la regulación del Plan de Calidad y su consiguiente integración en el Plan Estratégico.
Sobre el anteproyecto de Ley de Familias Numerosas de Castilla-La Mancha también acoge favorablemente esta normativa que sistematiza los beneficios que se reconocen a las familias numerosas.
Además, el CES considera que los inmejorables propósitos de este anteproyecto podrían resultar cuestionados en el desarrollo concreto de las medidas de acción protectora que contempla el texto legal, en cuanto éstas aparecen muy genéricamente perfiladas, de modo que sólo con los reglamentos posteriores habrán de conocerse con exactitud su alcance y beneficiarios.
De forma previa a la aprobación de los dictámenes antes referidos, el consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón, ha presentado al Pleno del CES el anteproyecto de Ley de Garantías de Acceso a la Vivienda que el Consejo va a dictaminar en los próximos días.
Julián Sánchez Pingarrón ha explicado a los periodistas que esta ley es "pionera en el Estado de las Comunidades Autónomas" ya que "Castilla-La Mancha será la primera región que habrá desarrollado el artículo 47 de la Constitución y habrá convertido en un derecho efectivo, el derecho a la vivienda que reconoce la Constitución".
También ha destacado que con esta ley se ayudará a los jóvenes a encontrar una vivienda, se generará actividad en el sector de la construcción y se producirán ingresos en las arcas públicas.
Preguntando sobre la entrada en vigor de esta nueva normativa, el consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda calculó que podría producirse en el último trimestre del año y la garantía prevista en la misma, al año de su entrada en vigor.
Por su parte, el presidente regional del CES, Juan Antonio Mata, ha calificado de novedoso el anteproyecto y considera que "hace avanzar el estado del bienestar, al establecer garantías para hacer cumplir un principio constitucional como es que todos los ciudadanos tienen derecho al acceso a una vivienda digna.
También ha asegurado Mata que este proyecto se analizará con detenimiento en el seno del CES y se realizará un análisis riguroso y serio del que se extraerán una serie de aportaciones, de reflexiones y de sugerencias útiles para el objetivo central de esta normativa.
En esta línea, adelantó que el dictamen que elabore el Consejo sobre este Anteproyecto se aprobará en la segunda quincena del mes de julio.
Fuente : abc.es
CASTILLA Y LEÓN - DESCARTADO DESCENSO EN PRESTACIONES SOCIALES
César Antón descarta un descenso en las prestaciones sociales pese al recorte
El consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, César Antón, aseguró este martes que el recorte en los presupuestos del ejecutivo regional en 2011 no supondrá en ningún caso una merma en las prestaciones sociales, pues siguen siendo la gran prioridad. "Ya en este ejercicio hemos creado un presupuesto restrictivo pero responsable en el que se han mantenido las ayudas a las familias. El recorte se ha hecho siempre teniendo en cuenta las prioridades y necesidades en materia de política social", matizó.
En esta línea, Antón destacó el compromiso del Gobierno de Juan Vicente Herrera en materia de política social, que siempre ha sido "una prioridad" para un ejecutivo regional "que se preocupa por las personas y prioriza el apoyo a las familias".
El titular de la cartera de Familia participó este martes en Palencia en un acto sectorial organizado por el Partido Popular sobre 'Políticas Sociales en la Junta de Castilla y León', al que estuvieron invitados todos los colectivos del ámbito de los servicios sociales de la provincia.
En el marco de este encuentro, el consejero trasladó "el gran impulso" dado en este ámbito desde la administración regional, al tiempo que desglosó las principales líneas de apoyo impulsadas desde la Junta.
En este sentido, incidió de forma especial en la Ley de Dependencia, en la que Castilla y León lidera el número de prestaciones en el ránking nacional. El esfuerzo en la gestión y la financiación lo están haciendo la Junta y las familias, cuando debería ser el Estado el que asumiera esta responsabilidad”, destacó Antón.
También señaló el papel destacado en el número de plazas residenciales para la tercera edad, que alcanzan el 7% en la Comunidad, tres puntos por encima de la media del país, así como el impulso dado en materia de igualdad de oportunidades. "De Castilla y León ha nacido el primer borrador de un proyecto de ley en esta materia, así como en aspectos como la lucha contra la violencia de género", explicó el consejero.
En este sentido, defendió un "sistema de protección social amparado en leyes y presupuestos que han colocado a Castilla y León en un lugar privilegiado en esta materia", al amparo de leyes como la de renta garantizada a la ciudadanía o la ley de impacto de género, recientemente aprobadas por las Cortes.
Fuente : elmundo.es
El consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, César Antón, aseguró este martes que el recorte en los presupuestos del ejecutivo regional en 2011 no supondrá en ningún caso una merma en las prestaciones sociales, pues siguen siendo la gran prioridad. "Ya en este ejercicio hemos creado un presupuesto restrictivo pero responsable en el que se han mantenido las ayudas a las familias. El recorte se ha hecho siempre teniendo en cuenta las prioridades y necesidades en materia de política social", matizó.
En esta línea, Antón destacó el compromiso del Gobierno de Juan Vicente Herrera en materia de política social, que siempre ha sido "una prioridad" para un ejecutivo regional "que se preocupa por las personas y prioriza el apoyo a las familias".
El titular de la cartera de Familia participó este martes en Palencia en un acto sectorial organizado por el Partido Popular sobre 'Políticas Sociales en la Junta de Castilla y León', al que estuvieron invitados todos los colectivos del ámbito de los servicios sociales de la provincia.
En el marco de este encuentro, el consejero trasladó "el gran impulso" dado en este ámbito desde la administración regional, al tiempo que desglosó las principales líneas de apoyo impulsadas desde la Junta.
En este sentido, incidió de forma especial en la Ley de Dependencia, en la que Castilla y León lidera el número de prestaciones en el ránking nacional. El esfuerzo en la gestión y la financiación lo están haciendo la Junta y las familias, cuando debería ser el Estado el que asumiera esta responsabilidad”, destacó Antón.
También señaló el papel destacado en el número de plazas residenciales para la tercera edad, que alcanzan el 7% en la Comunidad, tres puntos por encima de la media del país, así como el impulso dado en materia de igualdad de oportunidades. "De Castilla y León ha nacido el primer borrador de un proyecto de ley en esta materia, así como en aspectos como la lucha contra la violencia de género", explicó el consejero.
En este sentido, defendió un "sistema de protección social amparado en leyes y presupuestos que han colocado a Castilla y León en un lugar privilegiado en esta materia", al amparo de leyes como la de renta garantizada a la ciudadanía o la ley de impacto de género, recientemente aprobadas por las Cortes.
Fuente : elmundo.es
CANTABRIA - REVILLA ALABA GESTIÓN DE SUS 10 CONSEJEROS
Revilla alaba la gestión de sus 10 consejeros, de los que está "orgulloso"
El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha alabado hoy, en su discurso en el Debate sobre el Estado de la Región, a los diez consejeros de su Gobierno y de todos ha dicho que está "orgulloso" por el trabajo que han desarrollado en los siete años de coalición PRC-PSOE.
En especial, ha trasladado una "alabanza pública" a la vicepresidenta cántabra, la socialista Lola Gorostiaga, a la que ha destacado por el "papel fundamental" que está llevando a cabo como consejera de Empleo y Bienestar Social.
Revilla ha dicho que Lola Gorostiaga es una persona que "tiene las ideas muy claras" y con una "vocación social impresionante" y ha destacado el "papel fundamental" que ha tenido para situar a Cantabria a la cabeza de España en la aplicación de la Ley de Dependencia.
El presidente ha mencionado a cada uno de los otros nueve consejeros, al hablar de las medidas puestas en marcha en las materias que gestionan.
Noticia completa en Fuente : abc.es
El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha alabado hoy, en su discurso en el Debate sobre el Estado de la Región, a los diez consejeros de su Gobierno y de todos ha dicho que está "orgulloso" por el trabajo que han desarrollado en los siete años de coalición PRC-PSOE.
En especial, ha trasladado una "alabanza pública" a la vicepresidenta cántabra, la socialista Lola Gorostiaga, a la que ha destacado por el "papel fundamental" que está llevando a cabo como consejera de Empleo y Bienestar Social.
Revilla ha dicho que Lola Gorostiaga es una persona que "tiene las ideas muy claras" y con una "vocación social impresionante" y ha destacado el "papel fundamental" que ha tenido para situar a Cantabria a la cabeza de España en la aplicación de la Ley de Dependencia.
El presidente ha mencionado a cada uno de los otros nueve consejeros, al hablar de las medidas puestas en marcha en las materias que gestionan.
Noticia completa en Fuente : abc.es
C.VALENCIANA - PLAZAS PARA LA DEPENDENCIA
Urbanismo con recursos hídricos y plazas para la dependencia
Durante la presentación del informe de 2009, el Síndic de Greuges, José Cholbi, recorrió varios terrenos.
Entre ellos, el siempre movedizo de los planes urbanísticos. Cholbi pidió que cuando se acometan actuaciones de este tipo primero se cuente con el informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Júcar que acredite que hay recursos hídricos suficientes: «Lo que se intenta evitar es que se evalúen los efectos medio ambientales cuando el plan está a punto de aprobarse».
El Síndic reclamó también la máxima transparencia en los programas urbanísticos y que los ciudadanos tengan todas las facilidades para acceder a una información «clara y sencilla».
Sobre la ley de la dependencia, Cholbi insistió en la necesidad de crear más plazas. Además, destacó la demora en la tramitación de los expedientes y en la percepción de las prestaciones. También pidió más plazas para personas con enfermedades mentales.
El nacionalista Enric Morera reclamó a Cholbi que abra de oficio una investigación «para que los 80.000 niños que no tienen garantizada la enseñanza en valenciano en la Comunitat la tengan». El Síndic se comprometió a abordar esta situación con la conselleria de Educación.
Además, los grupos de la oposición reclamaron que sea más insistente para ver si la administración cumple con las recomendaciones que le remite la Sindicatura de Greuges. Morera dudó de que Radiotelevisión Valenciana aceptara los consejos del Síndic. Cholbi, en este punto, respondió que la fiscalización del ente le corresponde a la comisión de Control de RTVV de Les Corts.
El Síndic de Greuges incluso puso sobre la mesa la posibilidad de modificar el Reglamento de Les Corts Valencianes para que pueda comparecer incluso dos veces al año.
Fuente : lasprovincias.es
Durante la presentación del informe de 2009, el Síndic de Greuges, José Cholbi, recorrió varios terrenos.
Entre ellos, el siempre movedizo de los planes urbanísticos. Cholbi pidió que cuando se acometan actuaciones de este tipo primero se cuente con el informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Júcar que acredite que hay recursos hídricos suficientes: «Lo que se intenta evitar es que se evalúen los efectos medio ambientales cuando el plan está a punto de aprobarse».
El Síndic reclamó también la máxima transparencia en los programas urbanísticos y que los ciudadanos tengan todas las facilidades para acceder a una información «clara y sencilla».
Sobre la ley de la dependencia, Cholbi insistió en la necesidad de crear más plazas. Además, destacó la demora en la tramitación de los expedientes y en la percepción de las prestaciones. También pidió más plazas para personas con enfermedades mentales.
El nacionalista Enric Morera reclamó a Cholbi que abra de oficio una investigación «para que los 80.000 niños que no tienen garantizada la enseñanza en valenciano en la Comunitat la tengan». El Síndic se comprometió a abordar esta situación con la conselleria de Educación.
Además, los grupos de la oposición reclamaron que sea más insistente para ver si la administración cumple con las recomendaciones que le remite la Sindicatura de Greuges. Morera dudó de que Radiotelevisión Valenciana aceptara los consejos del Síndic. Cholbi, en este punto, respondió que la fiscalización del ente le corresponde a la comisión de Control de RTVV de Les Corts.
El Síndic de Greuges incluso puso sobre la mesa la posibilidad de modificar el Reglamento de Les Corts Valencianes para que pueda comparecer incluso dos veces al año.
Fuente : lasprovincias.es
MADRID - DANCAUSA: "LA LEY NO FUNCIONA"
Dancausa pide al PSOE que reconozca que Ley de Dependencia "no funciona" y que el Ayuntamiento debe cubrir "lagunas"
La delegada de Familia y Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Madrid, Concepción Dancausa, pidió hoy en el Pleno al Grupo Municipal Socialista que "reconozcan que la Ley de Dependencia no funciona" y que lo que pretenden es que el Ayuntamiento "cubra las lagunas", tanto del Estado como de la Comunidad.
"Pretenden (en referencia al PSOE) que el Ayuntamiento supla lo que no hace la Comunidad, nos piden que nosotros financiemos lo que ellos (Gobierno regional y central) no hacen y eso no puede ser porque si dedicáramos nuestros recursos a lo que tienen que hacer el Estado y la Comunidad perjudicaríamos a las personas a las que tenemos que atender", argumentó Dancausa.
Dancausa insistió en que el Ayuntamiento "no ha recortado la ayuda a domicilio" para, a renglón seguido, opinar que la oposición puede que confunda algunos aspectos de la Ley de Dependencia con la ordenanza municipal. La primera, como recordó la concejala, "atiende a las personas reconocidas como dependientes por la Comunidad" mientras que la segunda, claramente preventiva, "regula el acceso a los servicios que el Ayuntamiento presta como consecuencia de la Ley de Servicios Sociales y la de Bases de Régimen Local".
En definitiva, la responsable de Familia y Servicios Sociales aseveró que el Ayuntamiento "mantendrá la ayuda a domicilio hasta que esas personas son declaradas dependientes" en un contexto complejo, con 46.000 prestaciones de ayuda a domicilio y con unos 7.000 cambios mensuales.
Además, Dancausa apuntó que, en su opinión, la decisión del PSOE de volver a traer los servicios de ayuda a domicilio al Pleno responde a su intención de "tapar los errores de la Ley de Dependencia" ya que "se tarda en atender a las personas más de lo que habían previsto".
DIFERENCIAS EN LA OPOSICIÓN
En la sesión plenaria de hoy la oposición defendió posturas diferentes ya que si el PSOE, a través de la concejala Carmen Sánchez Carazo, abogó por una modificación de la ordenanza de ayuda a domicilio, IU, en boca de la edil Milagros Hernández, sostuvo que la raíz del problema no es ésta sino que se encuentra en el hecho de que "no haya convenio" entre Ayuntamiento y Comunidad para desarrollar la Ley de Dependencia.
A través de ese convenio se establecería la hoja de ruta del reparto del dinero, que debería llegar a las arcas municipales para crear una red única de atención. La propia Dancausa aseveró que se firmará próximamente y que tendrá carácter retroactivo con el fin de que "nadie quede desatendido".
Sin embargo, esa promesa no fue suficiente para la concejala de IU. Hernández puso como ejemplo el caso de una persona con algún problema de movilidad y que necesite ayuda a domicilio para limpiar, quien sí recibe el servicio municipal con la nueva ordenanza, aprobada en octubre. Sin embargo, una situación más grave, con una persona encamada, "puede no tenerla" al responder "al modelo de dependencia con el que no se tiene acuerdo con la Comunidad".
En este mismo sentido se expresó la socialista Carazo, que dijo que algunas de las personas que reciben el grado de dependiente por la Comunidad a través del PIA y que contaban con el servicio de ayuda municipal ven como esta prestación se les retira o se les deniega. "Planteamos una modificación de la ordenanza para que las personas a las que se le reconoce su grado de dependencia a través del PIA sigan recibiendo la ayuda (municipal) hasta que reciban la prestación necesaria con el fin de que puedan llevar una vida digna", defendió la edil.
Por otro lado, Milagros Hernández también reprochó "la mala gestión" de los contratos de ayuda a domicilio por parte del director general del Mayor en el Ayuntamiento de Madrid, Florencio Martín. El actual expirará a primeros de septiembre y el siguiente no entrará en vigor hasta enero, "con lo que se ahorran tres meses". Eso se traduce además, en palabras de la edil de la coalición de izquierdas, en las órdenes de reducción de horas que han dado a las trabajadoras sociales.
Fuente : que.es
La delegada de Familia y Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Madrid, Concepción Dancausa, pidió hoy en el Pleno al Grupo Municipal Socialista que "reconozcan que la Ley de Dependencia no funciona" y que lo que pretenden es que el Ayuntamiento "cubra las lagunas", tanto del Estado como de la Comunidad.
"Pretenden (en referencia al PSOE) que el Ayuntamiento supla lo que no hace la Comunidad, nos piden que nosotros financiemos lo que ellos (Gobierno regional y central) no hacen y eso no puede ser porque si dedicáramos nuestros recursos a lo que tienen que hacer el Estado y la Comunidad perjudicaríamos a las personas a las que tenemos que atender", argumentó Dancausa.
Dancausa insistió en que el Ayuntamiento "no ha recortado la ayuda a domicilio" para, a renglón seguido, opinar que la oposición puede que confunda algunos aspectos de la Ley de Dependencia con la ordenanza municipal. La primera, como recordó la concejala, "atiende a las personas reconocidas como dependientes por la Comunidad" mientras que la segunda, claramente preventiva, "regula el acceso a los servicios que el Ayuntamiento presta como consecuencia de la Ley de Servicios Sociales y la de Bases de Régimen Local".
En definitiva, la responsable de Familia y Servicios Sociales aseveró que el Ayuntamiento "mantendrá la ayuda a domicilio hasta que esas personas son declaradas dependientes" en un contexto complejo, con 46.000 prestaciones de ayuda a domicilio y con unos 7.000 cambios mensuales.
Además, Dancausa apuntó que, en su opinión, la decisión del PSOE de volver a traer los servicios de ayuda a domicilio al Pleno responde a su intención de "tapar los errores de la Ley de Dependencia" ya que "se tarda en atender a las personas más de lo que habían previsto".
DIFERENCIAS EN LA OPOSICIÓN
En la sesión plenaria de hoy la oposición defendió posturas diferentes ya que si el PSOE, a través de la concejala Carmen Sánchez Carazo, abogó por una modificación de la ordenanza de ayuda a domicilio, IU, en boca de la edil Milagros Hernández, sostuvo que la raíz del problema no es ésta sino que se encuentra en el hecho de que "no haya convenio" entre Ayuntamiento y Comunidad para desarrollar la Ley de Dependencia.
A través de ese convenio se establecería la hoja de ruta del reparto del dinero, que debería llegar a las arcas municipales para crear una red única de atención. La propia Dancausa aseveró que se firmará próximamente y que tendrá carácter retroactivo con el fin de que "nadie quede desatendido".
Sin embargo, esa promesa no fue suficiente para la concejala de IU. Hernández puso como ejemplo el caso de una persona con algún problema de movilidad y que necesite ayuda a domicilio para limpiar, quien sí recibe el servicio municipal con la nueva ordenanza, aprobada en octubre. Sin embargo, una situación más grave, con una persona encamada, "puede no tenerla" al responder "al modelo de dependencia con el que no se tiene acuerdo con la Comunidad".
En este mismo sentido se expresó la socialista Carazo, que dijo que algunas de las personas que reciben el grado de dependiente por la Comunidad a través del PIA y que contaban con el servicio de ayuda municipal ven como esta prestación se les retira o se les deniega. "Planteamos una modificación de la ordenanza para que las personas a las que se le reconoce su grado de dependencia a través del PIA sigan recibiendo la ayuda (municipal) hasta que reciban la prestación necesaria con el fin de que puedan llevar una vida digna", defendió la edil.
Por otro lado, Milagros Hernández también reprochó "la mala gestión" de los contratos de ayuda a domicilio por parte del director general del Mayor en el Ayuntamiento de Madrid, Florencio Martín. El actual expirará a primeros de septiembre y el siguiente no entrará en vigor hasta enero, "con lo que se ahorran tres meses". Eso se traduce además, en palabras de la edil de la coalición de izquierdas, en las órdenes de reducción de horas que han dado a las trabajadoras sociales.
Fuente : que.es
VIZCAYA - DIPUTACIÓN FINANCIARÁ RESIDENCIA PRIVADA CUANDO NO HAYA PLAZAS PÚBLICAS
La Diputación financiará la residencia privada cuando no haya plazas públicas
La Diputación Foral de Vizcaya contribuirá con hasta 800 euros a financiar a personas dependientes su estancia en residencias privadas cuando no haya plazas en los centros de titularidad pública.
Según ha explicado en una comparecencia ante los medios el portavoz de la Diputación Foral y diputado de Acción Social, Juan María Aburto, esta será la primera vez que Vizcaya recurra a esa posibilidad, recogida en la Ley de Dependencia, que ya han utilizado otros territorios y provincias, puesto que hasta la fecha la demanda existente estaba cubierta con las plazas residenciales de los servicios forales.
La cuantía máxima de la prestación será de 833,96 euros para las personas que tengan reconocido el máximo grado dependencia y unos ingresos bajos. Esa cantidad descenderá en la medida en que se reduzca el nivel de dependencia y aumenten los recursos económicos del solicitante.
Fuente : abc.es
La Diputación Foral de Vizcaya contribuirá con hasta 800 euros a financiar a personas dependientes su estancia en residencias privadas cuando no haya plazas en los centros de titularidad pública.
Según ha explicado en una comparecencia ante los medios el portavoz de la Diputación Foral y diputado de Acción Social, Juan María Aburto, esta será la primera vez que Vizcaya recurra a esa posibilidad, recogida en la Ley de Dependencia, que ya han utilizado otros territorios y provincias, puesto que hasta la fecha la demanda existente estaba cubierta con las plazas residenciales de los servicios forales.
La cuantía máxima de la prestación será de 833,96 euros para las personas que tengan reconocido el máximo grado dependencia y unos ingresos bajos. Esa cantidad descenderá en la medida en que se reduzca el nivel de dependencia y aumenten los recursos económicos del solicitante.
Fuente : abc.es
EXTREMADURA - DISMINUYEN LAS QUEJAS, CRECEN LAS PETICIONES APLICACIÓN LEY EN TIEMPOS
Disminuyen las quejas pero crecen las peticiones de aplicar la ley de tiempos
El defensor del paciente de Extremadura, José Ramón Hidalgo, ha informado hoy de que los expedientes por quejas y sugerencias disminuyeron un 10 por ciento en 2009 hasta 427, pero aumentaron en un 70 por ciento las peticiones de usuarios (594) para que se les aplicara la ley de tiempos de respuesta sanitaria.
Hidalgo ha comparecido hoy en la Comisión de Sanidad y Dependencia de la Asamblea de Extremadura, como hace anualmente, para informar de la Memoria de 2009.
El Defensor de los Usuarios del Sistema Sanitario Público de Extremadura tramitó 1.021 expedientes, un 25 más que el año anterior, de los que 427 fueron por quejas y sugerencias.
Los usuarios del Área de Mérida fueron los que más reclamaron, mientras que los de Cáceres, sobre todo por traumatología, fueron los que más solicitaron que se les aplicara la ley de tiempos de respuesta sanitaria en la atención especializada.
De las 594 peticiones, 372, el 62 por ciento fueron aceptadas, según Hidalgo, que ha pedido una norma que regule el proceso para hacer efectivos los tiempos y que recoja los plazos máximos de contestación.
Respecto a las listas de espera, ha dicho que, a 31 de diciembre pasado, había 14.346 personas, un número estable respecto al año anterior, mientras que mejoró en un 25 por ciento los pacientes que superaban los 180 días recomendados (154).
La espera media se situó en los 63 días, igual que en 2008, según la Memoria 2009, que también recoge que la lista para primera consulta bajó un uno por ciento, pero contenía un 5 por ciento más de personas (6.194) que superaban el plazo de 60 días marcado por la ley; la media de demora fue de 36 días.
Un total de 3.920 extremeños superaron los 30 días recomendados para las pruebas diagnósticas, un 38 menos que el ejercicio anterior, aunque, a su juicio, sigue siendo muy elevada.
Esta lista es la que la media más se aproxima o supera el tiempo recomendado, según Hidalgo, que ha apuntado que en ésta no deberían estar pacientes que tienen pendientes pruebas preventivas o de revisión, que en entran en la ley de tiempos de respuesta.
En general, respecto a las listas de espera, ha señalado que hay desigualdad en cuanto al tiempo de demora, pero no tanto entre áreas sino entre especialidades.
La diputada popular Teresa Angulo, que sí ha considerado que hay desigualdades de atención entre áreas de salud, ha criticado que el número de usuarios en lista de espera, unos 65.000, sea similar al del año 2008.
También ha demandado que se repitan las reclamaciones respecto a las mismas especialidades, como traumatología o ginecología, lo que supone, en su opinión, que los problemas no se van corrigiendo.
María Consolación Serrano, del PSOE, ha expuesto como síntoma de "normalidad" en la atención especializada que, de 1.530.000 consultas, el defensor del paciente sólo tramitara 1.021 expedientes, el 25 por ciento más que en 2008, pero menos que un año antes, cuando este dato creció el 45 por ciento.
Fuente : abc.es
El defensor del paciente de Extremadura, José Ramón Hidalgo, ha informado hoy de que los expedientes por quejas y sugerencias disminuyeron un 10 por ciento en 2009 hasta 427, pero aumentaron en un 70 por ciento las peticiones de usuarios (594) para que se les aplicara la ley de tiempos de respuesta sanitaria.
Hidalgo ha comparecido hoy en la Comisión de Sanidad y Dependencia de la Asamblea de Extremadura, como hace anualmente, para informar de la Memoria de 2009.
El Defensor de los Usuarios del Sistema Sanitario Público de Extremadura tramitó 1.021 expedientes, un 25 más que el año anterior, de los que 427 fueron por quejas y sugerencias.
Los usuarios del Área de Mérida fueron los que más reclamaron, mientras que los de Cáceres, sobre todo por traumatología, fueron los que más solicitaron que se les aplicara la ley de tiempos de respuesta sanitaria en la atención especializada.
De las 594 peticiones, 372, el 62 por ciento fueron aceptadas, según Hidalgo, que ha pedido una norma que regule el proceso para hacer efectivos los tiempos y que recoja los plazos máximos de contestación.
Respecto a las listas de espera, ha dicho que, a 31 de diciembre pasado, había 14.346 personas, un número estable respecto al año anterior, mientras que mejoró en un 25 por ciento los pacientes que superaban los 180 días recomendados (154).
La espera media se situó en los 63 días, igual que en 2008, según la Memoria 2009, que también recoge que la lista para primera consulta bajó un uno por ciento, pero contenía un 5 por ciento más de personas (6.194) que superaban el plazo de 60 días marcado por la ley; la media de demora fue de 36 días.
Un total de 3.920 extremeños superaron los 30 días recomendados para las pruebas diagnósticas, un 38 menos que el ejercicio anterior, aunque, a su juicio, sigue siendo muy elevada.
Esta lista es la que la media más se aproxima o supera el tiempo recomendado, según Hidalgo, que ha apuntado que en ésta no deberían estar pacientes que tienen pendientes pruebas preventivas o de revisión, que en entran en la ley de tiempos de respuesta.
En general, respecto a las listas de espera, ha señalado que hay desigualdad en cuanto al tiempo de demora, pero no tanto entre áreas sino entre especialidades.
La diputada popular Teresa Angulo, que sí ha considerado que hay desigualdades de atención entre áreas de salud, ha criticado que el número de usuarios en lista de espera, unos 65.000, sea similar al del año 2008.
También ha demandado que se repitan las reclamaciones respecto a las mismas especialidades, como traumatología o ginecología, lo que supone, en su opinión, que los problemas no se van corrigiendo.
María Consolación Serrano, del PSOE, ha expuesto como síntoma de "normalidad" en la atención especializada que, de 1.530.000 consultas, el defensor del paciente sólo tramitara 1.021 expedientes, el 25 por ciento más que en 2008, pero menos que un año antes, cuando este dato creció el 45 por ciento.
Fuente : abc.es
AUTONOMÍA PERSONAL, NÚCLEO DE LAS PRESTACIONES
El CERMI pide que la autonomía personal sea el núcleo de las prestaciones para el nivel moderado
El Comité Español de Representantes de personas con Discapacidad (CERMI) ha planteado este martes que la promoción de la autonomía personal sea el núcleo básico de las prestaciones para las personas en situación de dependencia que accederán al Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SADD) a partir del 1 de enero de 2011.
Según el CERMI, en esa fecha, "tendrán derecho a recibir las prestaciones del catálogo de la Ley de Autonomía Personal todas las personas valoradas como nivel 1, de dependencia moderada". "Habrá muchas personas con discapacidad, a los que se deberán asignar prestaciones adecuadas a sus circunstancias de promoción de la vida autónoma", ha concluido.
A su vez, ha afirmado que va a plantear al Gobierno y a las Comunidades Autónomas que asignen de oficio el servicio de prevención a todas las personas con discapacidad con nivel 1 de dependencia.
De igual modo, ha apostillado que pedirá que "se adopte por el Consejo Territorial del Sistema dos catálogos diferenciados, uno para personas mayores en situación de dependencia y otro para personas con discapacidad, que tenga en cuenta su realidad singular".
El CERMI es la plataforma de representación y encuentro de las personas con discapacidad que aglutina a casi 5.000 asociaciones y entidades, que representan en su conjunto a los cerca de cuatro millones de personas con discapacidad que hay en España. Su objetivo es conseguir el reconocimiento de los derechos y la plena ciudadanía en igualdad de oportunidades de este colectivo.
Fuente : europapress.es
El Comité Español de Representantes de personas con Discapacidad (CERMI) ha planteado este martes que la promoción de la autonomía personal sea el núcleo básico de las prestaciones para las personas en situación de dependencia que accederán al Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SADD) a partir del 1 de enero de 2011.
Según el CERMI, en esa fecha, "tendrán derecho a recibir las prestaciones del catálogo de la Ley de Autonomía Personal todas las personas valoradas como nivel 1, de dependencia moderada". "Habrá muchas personas con discapacidad, a los que se deberán asignar prestaciones adecuadas a sus circunstancias de promoción de la vida autónoma", ha concluido.
A su vez, ha afirmado que va a plantear al Gobierno y a las Comunidades Autónomas que asignen de oficio el servicio de prevención a todas las personas con discapacidad con nivel 1 de dependencia.
De igual modo, ha apostillado que pedirá que "se adopte por el Consejo Territorial del Sistema dos catálogos diferenciados, uno para personas mayores en situación de dependencia y otro para personas con discapacidad, que tenga en cuenta su realidad singular".
El CERMI es la plataforma de representación y encuentro de las personas con discapacidad que aglutina a casi 5.000 asociaciones y entidades, que representan en su conjunto a los cerca de cuatro millones de personas con discapacidad que hay en España. Su objetivo es conseguir el reconocimiento de los derechos y la plena ciudadanía en igualdad de oportunidades de este colectivo.
Fuente : europapress.es
ASTURIAS - APRUEBA CASI MIL CASOS EN 25 DÍAS PARA COBRAR MÁS AYUDAS ESTATALES
Asturias aprueba casi mil casos de dependencia en 25 días para cobrar más ayudas estatales
Bienestar presentará al ministerio cerca de 13.000 beneficiarios de la ley y baja a 3.840 el colectivo sin servicio pese a tener derecho
993 nuevos beneficiarios de la Ley de la Dependencia en 25 días.
Casi 40 expedientes aprobados al día.
El próximo 1 de julio, el Principado presentará al Ministerio de Sanidad y Política Social cerca de 13.000 expedientes de otros tantos asturianos que ya reciben algún servicio o prestación con cargo a la norma.
Lo hará para que el Gobierno central le pague su parte, el 50% del gasto que supone su atención. Lo curioso es que, hace sólo 25 días, la cifra no llegaba a 12.000, puesto que los asturianos beneficiarios reales eran, a día 1 de junio, sólo 11.874 con lo que, según los expertos, Asturias perdería financiación. Hasta un millón de euros menos.
Porque como ya adelantó EL COMERCIO, el ministerio que dirige Trinidad Jiménez ha cambiado las reglas de juego y, desde el próximo 1 de julio, pagará a las comunidades en relación al volumen real de beneficiarios de la Ley de la Dependencia.
Es decir, no valdrá sólo con certificar cuántos dependientes hay en cada comunidad, sino demostrar que cada uno de ellos ya está recibiendo un servicio (residencia, ayuda a domicilio, centro de día, teleasistencia...) o una prestación (para pagarse un servicio o para que le cuide un familiar).
Por ello, en Bienestar han duplicado esfuerzos este mes y han llegado a la cifra récord de casi 13.000 asturianos con derecho.
Un esfuerzo sin precedentes ya que, hasta ahora, en el mes más prolífico en firma de Planes Individual de Atención (PIAs) se había llegado a los 700. Otros dígitos nunca vistos hasta ahora son los que conforman el colectivo de asturianos con derecho a beneficiarse de la ley, pero que aún están a la espera de firmar su PIA. A fecha 25 de junio, eran, por primera vez, menos de 4.000. Un total de 3.840 están pendientes de esa firma, lo que supone 361 casos menos desde el 1 de junio.
Lenta aplicación
Los datos fueron facilitados ayer por el director general de Prestaciones y Servicios Sociales, Pedro Rodríguez, que acompañó a la consejera de Bienestar Social y Vivienda, Noemí Martín, en una multitudinaria comparecencia ante la Comisión de Bienestar de la Junta General del Principado. Frente a los parlamentarios pasaron, además de los dos políticos de IU ya mencionados, los representantes de servicios sociales de los sindicatos UGT, CC OO, CSI y CSIF, así como la presidenta del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Mónica Oviedo, y de la Federación de Mayores (Fampa), Dolores San Martín.
Todos coincidieron en valorar la puesta en marcha de la ley, pero lamentaron «la lentitud en su desarrollo», ya que, como explicó Ignacio Quintana, de CC OO, «no es de recibo que en el siglo XXI haya demoradas de año y medio en tramitar una resolución». Para los sindicatos, el problema estriba «en la falta de personal», algo de lo que acusaron, directamente, a la Consejería de Administraciones Pública «por su inadecuada gestión del personal», explicó Quintana.
Polémica comparecencia
Y ahí surgió la polémica de la cita, ya que a la comparecencia también asistieron, ademas de los directores generales de Mayores, Alejandro Suárez, y de Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA), Faustino Álvarez; los del Servicio Público de Empleo, José Luis Álvarez, y el de Función Pública, Daniel Álvarez.
Sin embargo, debido al estricto control de tiempo marcado por la presidenta de la comisión -la socialista Servanda García-, todos ellos se quedaron sin hablar, lo que provocó el enfado de diputada del PP Inmaculada González, quien aseguró que «el PSOE está ninguneando a IU ralentizando la ley y no dejando que hoy, hable el director general de Función Pública».
No obstante, la consejera aseguró que, «seguiré dando la batalla», para lograr «empleo suficiente y, sobre todo, estable», porque reconoció que «estamos desbordados, con casi 900 expedientes nuevos cada mes».
Mientras ella hablaba, Daniel Álvarez escuchaba impasible las críticas a su departamento, del que Ana Rodríguez, la portavoz del CSIF, llegó a decir que «están bombardeando la ley». La presidenta de la comisión no le dejó replicar.
Fuente : elcomerciodigital.com
Bienestar presentará al ministerio cerca de 13.000 beneficiarios de la ley y baja a 3.840 el colectivo sin servicio pese a tener derecho
993 nuevos beneficiarios de la Ley de la Dependencia en 25 días.
Casi 40 expedientes aprobados al día.
El próximo 1 de julio, el Principado presentará al Ministerio de Sanidad y Política Social cerca de 13.000 expedientes de otros tantos asturianos que ya reciben algún servicio o prestación con cargo a la norma.
Lo hará para que el Gobierno central le pague su parte, el 50% del gasto que supone su atención. Lo curioso es que, hace sólo 25 días, la cifra no llegaba a 12.000, puesto que los asturianos beneficiarios reales eran, a día 1 de junio, sólo 11.874 con lo que, según los expertos, Asturias perdería financiación. Hasta un millón de euros menos.
Porque como ya adelantó EL COMERCIO, el ministerio que dirige Trinidad Jiménez ha cambiado las reglas de juego y, desde el próximo 1 de julio, pagará a las comunidades en relación al volumen real de beneficiarios de la Ley de la Dependencia.
Es decir, no valdrá sólo con certificar cuántos dependientes hay en cada comunidad, sino demostrar que cada uno de ellos ya está recibiendo un servicio (residencia, ayuda a domicilio, centro de día, teleasistencia...) o una prestación (para pagarse un servicio o para que le cuide un familiar).
Por ello, en Bienestar han duplicado esfuerzos este mes y han llegado a la cifra récord de casi 13.000 asturianos con derecho.
Un esfuerzo sin precedentes ya que, hasta ahora, en el mes más prolífico en firma de Planes Individual de Atención (PIAs) se había llegado a los 700. Otros dígitos nunca vistos hasta ahora son los que conforman el colectivo de asturianos con derecho a beneficiarse de la ley, pero que aún están a la espera de firmar su PIA. A fecha 25 de junio, eran, por primera vez, menos de 4.000. Un total de 3.840 están pendientes de esa firma, lo que supone 361 casos menos desde el 1 de junio.
Lenta aplicación
Los datos fueron facilitados ayer por el director general de Prestaciones y Servicios Sociales, Pedro Rodríguez, que acompañó a la consejera de Bienestar Social y Vivienda, Noemí Martín, en una multitudinaria comparecencia ante la Comisión de Bienestar de la Junta General del Principado. Frente a los parlamentarios pasaron, además de los dos políticos de IU ya mencionados, los representantes de servicios sociales de los sindicatos UGT, CC OO, CSI y CSIF, así como la presidenta del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Mónica Oviedo, y de la Federación de Mayores (Fampa), Dolores San Martín.
Todos coincidieron en valorar la puesta en marcha de la ley, pero lamentaron «la lentitud en su desarrollo», ya que, como explicó Ignacio Quintana, de CC OO, «no es de recibo que en el siglo XXI haya demoradas de año y medio en tramitar una resolución». Para los sindicatos, el problema estriba «en la falta de personal», algo de lo que acusaron, directamente, a la Consejería de Administraciones Pública «por su inadecuada gestión del personal», explicó Quintana.
Polémica comparecencia
Y ahí surgió la polémica de la cita, ya que a la comparecencia también asistieron, ademas de los directores generales de Mayores, Alejandro Suárez, y de Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA), Faustino Álvarez; los del Servicio Público de Empleo, José Luis Álvarez, y el de Función Pública, Daniel Álvarez.
Sin embargo, debido al estricto control de tiempo marcado por la presidenta de la comisión -la socialista Servanda García-, todos ellos se quedaron sin hablar, lo que provocó el enfado de diputada del PP Inmaculada González, quien aseguró que «el PSOE está ninguneando a IU ralentizando la ley y no dejando que hoy, hable el director general de Función Pública».
No obstante, la consejera aseguró que, «seguiré dando la batalla», para lograr «empleo suficiente y, sobre todo, estable», porque reconoció que «estamos desbordados, con casi 900 expedientes nuevos cada mes».
Mientras ella hablaba, Daniel Álvarez escuchaba impasible las críticas a su departamento, del que Ana Rodríguez, la portavoz del CSIF, llegó a decir que «están bombardeando la ley». La presidenta de la comisión no le dejó replicar.
Fuente : elcomerciodigital.com
lunes, 28 de junio de 2010
CANARIAS - CUESTIÓN DE PRIORIDADES
Recientemente hemos conocido dos estadísticas que ponen en entredicho la labor del Gobierno de Canarias, formado por Coalición Canaria y el Partido Popular y presidido por Paulino Rivero.
En una de ellas la Evaluación General de Diagnóstico, elaborada por el Ministerio de Educación y que analiza varias de las competencias básicas (matemáticas, lingüísticas y ciencias) para alumnos de 4º, sitúa a Canarias a la cola de toda España. El sistema educativo canario en coma profundo. Como respuesta creo haber escuchado a la consejera del área, Milagros Luis Brito, decir que “hay que enseñar de otra manera para que los alumnos aprendan de otra manera”. ¿Y?
La segunda estadística que ha golpeado a un gobierno al que ya le pueden dar, que ni siente ni padece, la firma el mismísimo Diputado del Común, Manuel Alcaide. En su informe presentado al Parlamento de Canarias y referido a la aplicación de la Ley de Dependencia, Alcaide asegura que la media de espera en Canarias es de 25 meses, dos años y treinta días, cuando la ley establece que este procedimiento no ha de tardar más de seis meses.
El Diputado del Común parece coincidir en sus apreciaciones con las que, en su día, realizó el Observatorio de la Ley de Dependencia que puntuó con un 0,5 sobre 10 las tareas que, en ese ámbito, realiza la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias. Su consejera, Inés Rojas, como respuesta, suele echarle la culpa de todo a Madrid.
Frente a este panorama cualquier persona podría pensar que el Gobierno de Canarias tiene como prioridades hacer que los alumnos aprendan mejor y que los necesitados sufran menos.
Pues se equivocan.
Quizá se estén haciendo esfuerzos, no lo niego. Sin embargo a la vista está que no dan sus frutos Con lo que concluiremos que no se está haciendo lo suficiente. Paulino Rivero dijo recientemente que los colegios de Canarias están entre los mejores de Europa. Nadie le ha de creer, naturalmente. El presidente canario pasea permanentemente en un mundo en el que, ciertamente, le gustaría vivir, pero que esta muy lejos de la realidad. Quizá sus permanentes sueños de grandeza nacen de su incompetencia por liderar las políticas que, efectivamente, nos alejen de esa paulinolandia de helicópteros y romerías.
El último error de su Gobierno ha sido no aplazar la puesta en marcha de la Policía Autonómica, cuyos cuarenta primeros agentes debutarán, haciendo no se sabe muy bien qué, en las Fiestas Lustrales de La Palma. Ni siquiera la profunda crisis económica en la que está sumido el Archipìélago o las muy malas notas en educación o políticas sociales, entre otras materias, han servido para que este nuevo gran sueño de grandeza del pequeño mandador haya sido aparcado.
Cuestión de prioridades.
Fuente : diariodelanzarote.com
En una de ellas la Evaluación General de Diagnóstico, elaborada por el Ministerio de Educación y que analiza varias de las competencias básicas (matemáticas, lingüísticas y ciencias) para alumnos de 4º, sitúa a Canarias a la cola de toda España. El sistema educativo canario en coma profundo. Como respuesta creo haber escuchado a la consejera del área, Milagros Luis Brito, decir que “hay que enseñar de otra manera para que los alumnos aprendan de otra manera”. ¿Y?
La segunda estadística que ha golpeado a un gobierno al que ya le pueden dar, que ni siente ni padece, la firma el mismísimo Diputado del Común, Manuel Alcaide. En su informe presentado al Parlamento de Canarias y referido a la aplicación de la Ley de Dependencia, Alcaide asegura que la media de espera en Canarias es de 25 meses, dos años y treinta días, cuando la ley establece que este procedimiento no ha de tardar más de seis meses.
El Diputado del Común parece coincidir en sus apreciaciones con las que, en su día, realizó el Observatorio de la Ley de Dependencia que puntuó con un 0,5 sobre 10 las tareas que, en ese ámbito, realiza la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias. Su consejera, Inés Rojas, como respuesta, suele echarle la culpa de todo a Madrid.
Frente a este panorama cualquier persona podría pensar que el Gobierno de Canarias tiene como prioridades hacer que los alumnos aprendan mejor y que los necesitados sufran menos.
Pues se equivocan.
Quizá se estén haciendo esfuerzos, no lo niego. Sin embargo a la vista está que no dan sus frutos Con lo que concluiremos que no se está haciendo lo suficiente. Paulino Rivero dijo recientemente que los colegios de Canarias están entre los mejores de Europa. Nadie le ha de creer, naturalmente. El presidente canario pasea permanentemente en un mundo en el que, ciertamente, le gustaría vivir, pero que esta muy lejos de la realidad. Quizá sus permanentes sueños de grandeza nacen de su incompetencia por liderar las políticas que, efectivamente, nos alejen de esa paulinolandia de helicópteros y romerías.
El último error de su Gobierno ha sido no aplazar la puesta en marcha de la Policía Autonómica, cuyos cuarenta primeros agentes debutarán, haciendo no se sabe muy bien qué, en las Fiestas Lustrales de La Palma. Ni siquiera la profunda crisis económica en la que está sumido el Archipìélago o las muy malas notas en educación o políticas sociales, entre otras materias, han servido para que este nuevo gran sueño de grandeza del pequeño mandador haya sido aparcado.
Cuestión de prioridades.
Fuente : diariodelanzarote.com
C.VALENCIANA - AJUSTE DE CINTURÓN ¿PARA QUÉ?, O PEOR ¿PARA QUIÉN?
El presuntamente impoluto, pulcro e inmaculado Gerardo Camps, Vicepresidente segundo y Conceller de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad Valenciana nos dice, suelto de palabras y con un grado insoportable de soberbia, como si él no fuera también en que importante grado, responsable de la situación crítica que vivimos en estas tierras nos dice este domingo que «hay que explicar a los valencianos que hay que hacer sacrificios. Habrá más ajustes en próximos años».
Partamos de mi convencimiento, ya explicado una y otra vez en este Blog, de que todos debemos hacer un esfuerzo no sólo para salir de la crisis, sino para no volver a caer en otra igual o peor. Pero aquí, en este nido de deuda y corrupción, tengo todo el derecho del mundo y el mundo del derecho, de preguntarme ajustarnos el cinturón
¿Para qué? Para solventar la más alta deuda improductiva de España. O lo que es peor ¿Para quién? Para pagarle lo que le deben a los cuatro o cinco amigos que con dineros en blanco, en gris y, sobre todo, en negro, se han enriquecido exponencialmente construyendo, inventando, ilusionando realidad productiva a base de grandes eventos.
Pues lo haré bajo protesta, pues será obligación hacerlo, como lo hago con gusto democrático y solidario cuando el Estado Nacional me lo pide. Porque la diferencia del para qué y quién, definen un modelo y un estilo de hacer política. Y el de la derecha valenciana el buque insignia del despropósito económico y productivo.
La deuda de la Comunidad Autónoma creció un 58,26% en el primer trimestre de este año hasta alcanzar los 1.687 millones de euros, el 6,3% de su Producto Interior Bruto (PIB), según los últimos datos publicados por el Banco de España. Y así llevamos más de 10 años, desde que la derecha se adueñó del circo, la fiesta y el despilfarro y se olvidó de la investigación, el desarrollo sostenible, la educación, la inversión productiva y la generación de empleo.
Es más, el Consejo de Ministros firmó esta semana un auxilio extra ordinario de endeudamiento -dado el ahogo-, para la Comunidad Valenciana, a la que se conceden actuaciones a largo plazo por valor de 1.000 millones de euros y otra, a corto plazo por 500 millones, en total 1.500 millones de euros. He sido Alcaldesa, he administrado los bienes públicos y no soy enemiga de la deuda, cuando es necesaria e imprescindible.
Pero la deuda vale, cuando es un balón de dinero fresco que se transforma en infraestructuras, en mejorar la calidad de los servicios sociales, en producir factores de desarrollo, humano y estructural, con vistas al futuro y preparar un ciudad o una comunidad para los desafíos del porvenir. Pero la deuda valenciana es tan inmoral e inconsciente como inconscientes e inmorales son los que la han creado.
Y el barómetro de esa inconsciencia política de la derecha valenciana está en los records que batimos, siendo de los últimos cuando evalúan el nivel educativo de los hijos del futuro, nuestros hijos de hoy.
Cuando somos los primeros en barracones y los últimos en la atención a la salud en tiempo y en forma. Cuando la ley de dependencia no se ha aplicado –con todo el dolor humano que eso significa-, o se ha hecho tarde, cuando el reclamante ya ha fallecido o mal, luego de meses de desesperante espera. Pero eso sí, en negro y/o en pequeñas cuotas para no llamar la atención y evadir los controles, los amigos y los amigos de los amigos de Camps y su derecha, han cobrado a tiempo lo supuestamente debido, más una prima suculenta por la amistad tan productiva, de compartir fiestas de cava, mujeres y canapés a la luz de grandes eventos.
El circuito del amiguismo de la derecha es el gran culpable de una deuda que ahora es de todos cuando fue a parar a muy pocas anos y, además, se la llevaron fuera, sin reinvertirla en la Comunidad.
Camps y su sistema de prebendas, cohechos y favores, del cual Gerardo Camps, el que nos pide ahora ajustar la presilla unos agujeros más, se puede hacer el distraído, pero imposible que le crea cuando se hace el desentendido, estando en el puesto que está, es el desvergonzado, licencioso e inmoral estado de inconsciencia política y personal del PP y la derecha.
Me pregunto junto a Salvatore Moccia, profesor de la Universidad Cardenal Herrera, que en el Levante de este domingo, se interroga en un interesante artículo. ¿Cuánto pesa la conciencia? El se refiere a los empresarios –que no está mal-, yo me permito aplicarlo a los Camps y la derecha, al PP valenciano que tan higiénicos y purificados se nos presentan en sociedad.
¿Cuánto pesa la conciencia política de este tabernario grupo político?
¿Cuándo pesa la conciencia de cada infame protagonista individual?
¿Cuánto su daño físico y/o moral?
Para Moccia, la conciencia es el contenedor de las culpas cuyo peso varía según nuestro juicio de responsabilidad y culpabilidad. Partimos mal, Camps, el PP y la derecha valenciana no son nunca culpables y menos responsables de nada. Para eso está Zapatero. Pero, parafraseando a este magnífico profesor, aquí cierro mi comentario, para dejarles la libertad de evaluar desde la responsabilidad de cada uno y juzgar desde la libertad de cada cual, en relación a cuánto pesa la conciencia del PP y la derecha, especialmente la valenciana, pero extrapolable sin mayor esfuerzo a toda España: El peso de estas conciencias equivale a la suma del peso de las conciencias de todas aquellas personas, con cargos públicos o no, que podrían haber evitado los daños físicos y morales, y no lo han hecho. Que podrían haber vigilado para que no se produjesen, y no lo han hecho.
Que podrían haberlos impedido y no lo han hecho. Que podrían haber construido el bienestar de los demás, y no lo han hecho.
En el caso de que consideren que el PP y la derecha, ya ni tienen conciencia, no se tomen el trabajo de pesarla.
Goria Calero Albal, concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Sagunto.
Fuente : eleconomico.es
Partamos de mi convencimiento, ya explicado una y otra vez en este Blog, de que todos debemos hacer un esfuerzo no sólo para salir de la crisis, sino para no volver a caer en otra igual o peor. Pero aquí, en este nido de deuda y corrupción, tengo todo el derecho del mundo y el mundo del derecho, de preguntarme ajustarnos el cinturón
¿Para qué? Para solventar la más alta deuda improductiva de España. O lo que es peor ¿Para quién? Para pagarle lo que le deben a los cuatro o cinco amigos que con dineros en blanco, en gris y, sobre todo, en negro, se han enriquecido exponencialmente construyendo, inventando, ilusionando realidad productiva a base de grandes eventos.
Pues lo haré bajo protesta, pues será obligación hacerlo, como lo hago con gusto democrático y solidario cuando el Estado Nacional me lo pide. Porque la diferencia del para qué y quién, definen un modelo y un estilo de hacer política. Y el de la derecha valenciana el buque insignia del despropósito económico y productivo.
La deuda de la Comunidad Autónoma creció un 58,26% en el primer trimestre de este año hasta alcanzar los 1.687 millones de euros, el 6,3% de su Producto Interior Bruto (PIB), según los últimos datos publicados por el Banco de España. Y así llevamos más de 10 años, desde que la derecha se adueñó del circo, la fiesta y el despilfarro y se olvidó de la investigación, el desarrollo sostenible, la educación, la inversión productiva y la generación de empleo.
Es más, el Consejo de Ministros firmó esta semana un auxilio extra ordinario de endeudamiento -dado el ahogo-, para la Comunidad Valenciana, a la que se conceden actuaciones a largo plazo por valor de 1.000 millones de euros y otra, a corto plazo por 500 millones, en total 1.500 millones de euros. He sido Alcaldesa, he administrado los bienes públicos y no soy enemiga de la deuda, cuando es necesaria e imprescindible.
Pero la deuda vale, cuando es un balón de dinero fresco que se transforma en infraestructuras, en mejorar la calidad de los servicios sociales, en producir factores de desarrollo, humano y estructural, con vistas al futuro y preparar un ciudad o una comunidad para los desafíos del porvenir. Pero la deuda valenciana es tan inmoral e inconsciente como inconscientes e inmorales son los que la han creado.
Y el barómetro de esa inconsciencia política de la derecha valenciana está en los records que batimos, siendo de los últimos cuando evalúan el nivel educativo de los hijos del futuro, nuestros hijos de hoy.
Cuando somos los primeros en barracones y los últimos en la atención a la salud en tiempo y en forma. Cuando la ley de dependencia no se ha aplicado –con todo el dolor humano que eso significa-, o se ha hecho tarde, cuando el reclamante ya ha fallecido o mal, luego de meses de desesperante espera. Pero eso sí, en negro y/o en pequeñas cuotas para no llamar la atención y evadir los controles, los amigos y los amigos de los amigos de Camps y su derecha, han cobrado a tiempo lo supuestamente debido, más una prima suculenta por la amistad tan productiva, de compartir fiestas de cava, mujeres y canapés a la luz de grandes eventos.
El circuito del amiguismo de la derecha es el gran culpable de una deuda que ahora es de todos cuando fue a parar a muy pocas anos y, además, se la llevaron fuera, sin reinvertirla en la Comunidad.
Camps y su sistema de prebendas, cohechos y favores, del cual Gerardo Camps, el que nos pide ahora ajustar la presilla unos agujeros más, se puede hacer el distraído, pero imposible que le crea cuando se hace el desentendido, estando en el puesto que está, es el desvergonzado, licencioso e inmoral estado de inconsciencia política y personal del PP y la derecha.
Me pregunto junto a Salvatore Moccia, profesor de la Universidad Cardenal Herrera, que en el Levante de este domingo, se interroga en un interesante artículo. ¿Cuánto pesa la conciencia? El se refiere a los empresarios –que no está mal-, yo me permito aplicarlo a los Camps y la derecha, al PP valenciano que tan higiénicos y purificados se nos presentan en sociedad.
¿Cuánto pesa la conciencia política de este tabernario grupo político?
¿Cuándo pesa la conciencia de cada infame protagonista individual?
¿Cuánto su daño físico y/o moral?
Para Moccia, la conciencia es el contenedor de las culpas cuyo peso varía según nuestro juicio de responsabilidad y culpabilidad. Partimos mal, Camps, el PP y la derecha valenciana no son nunca culpables y menos responsables de nada. Para eso está Zapatero. Pero, parafraseando a este magnífico profesor, aquí cierro mi comentario, para dejarles la libertad de evaluar desde la responsabilidad de cada uno y juzgar desde la libertad de cada cual, en relación a cuánto pesa la conciencia del PP y la derecha, especialmente la valenciana, pero extrapolable sin mayor esfuerzo a toda España: El peso de estas conciencias equivale a la suma del peso de las conciencias de todas aquellas personas, con cargos públicos o no, que podrían haber evitado los daños físicos y morales, y no lo han hecho. Que podrían haber vigilado para que no se produjesen, y no lo han hecho.
Que podrían haberlos impedido y no lo han hecho. Que podrían haber construido el bienestar de los demás, y no lo han hecho.
En el caso de que consideren que el PP y la derecha, ya ni tienen conciencia, no se tomen el trabajo de pesarla.
Goria Calero Albal, concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Sagunto.
Fuente : eleconomico.es
MADRID - ALCORCÓN - 373 USUARIOS SIN AYUDA A DOMICILIO POR FALTA PRESUPUESTO
Falta de presupuesto dejará a 373 usuarios sin ayuda a domicilio en Alcorcón
Por problemas presupuestarios, 373 usuarios podrían dejar de recibir la ayuda a domicilio en Alcorcón a partir del próximo mes de septiembre, según ha advertido hoy el alcalde, Enrique Cascallana, que ha reclamado a la Comunidad que asuma sus compromisos en esta y otras materias sociales.
El gobierno local ha elevado hoy una propuesta al Pleno para reclamar al Ejecutivo regional que asuma su responsabilidad con este municipio en asuntos sociales.
Ambas administraciones firmaron recientemente un convenio por importe de 1.580.000 euros, de los que el ayuntamiento estaba obligado a aportar un tercio (unos 500.000 euros), mientras que el resto era a cuenta del presupuesto regional.
Pero la Comunidad no ha asumido su parte del compromiso y esto está generando unos problemas "insostenibles" en la arcas municipales que en el mes de mayo ya habían aportado 735.000 euros, frente a los 500.000 que le correspondían, ha informado el alcalde.
Por tanto, si la Comunidad de Madrid no modifica al alza el convenio congelado desde hace tres años, y no entrega las cantidades comprometidas, "no habrá presupuesto para atender la ayuda a domicilio", ha manifestado Enrique Cascallana.
La Comunidad de Madrid modificó el plan concertado de la Ley de Servicios Sociales por el que asumía el coste de las personas con un cien por cien de dependencia, así como del 66 por ciento del resto de usuarios de la ayuda a domicilio.
El Gobierno que preside Esperanza Aguirre se compromete ahora a asumir, a partir del 1 de enero de 2010, sólo el coste de los usuarios cien por cien dependientes.
En Alcorcón, 1.481 personas disfrutan de la atención a domicilio, de las cuales sólo el 9,25 por ciento están reconocidas con una dependencia total.
"No puede ser que los servicios sociales se financien desde los ayuntamientos, estamos peor que antes de la Ley de la Dependencia", ha afirmado el regidor que se ha preguntado dónde está el dinero de la dependencia que ha dado el Ejecutivo central a la Comunidad de Madrid.
Fuente : abc.es
Por problemas presupuestarios, 373 usuarios podrían dejar de recibir la ayuda a domicilio en Alcorcón a partir del próximo mes de septiembre, según ha advertido hoy el alcalde, Enrique Cascallana, que ha reclamado a la Comunidad que asuma sus compromisos en esta y otras materias sociales.
El gobierno local ha elevado hoy una propuesta al Pleno para reclamar al Ejecutivo regional que asuma su responsabilidad con este municipio en asuntos sociales.
Ambas administraciones firmaron recientemente un convenio por importe de 1.580.000 euros, de los que el ayuntamiento estaba obligado a aportar un tercio (unos 500.000 euros), mientras que el resto era a cuenta del presupuesto regional.
Pero la Comunidad no ha asumido su parte del compromiso y esto está generando unos problemas "insostenibles" en la arcas municipales que en el mes de mayo ya habían aportado 735.000 euros, frente a los 500.000 que le correspondían, ha informado el alcalde.
Por tanto, si la Comunidad de Madrid no modifica al alza el convenio congelado desde hace tres años, y no entrega las cantidades comprometidas, "no habrá presupuesto para atender la ayuda a domicilio", ha manifestado Enrique Cascallana.
La Comunidad de Madrid modificó el plan concertado de la Ley de Servicios Sociales por el que asumía el coste de las personas con un cien por cien de dependencia, así como del 66 por ciento del resto de usuarios de la ayuda a domicilio.
El Gobierno que preside Esperanza Aguirre se compromete ahora a asumir, a partir del 1 de enero de 2010, sólo el coste de los usuarios cien por cien dependientes.
En Alcorcón, 1.481 personas disfrutan de la atención a domicilio, de las cuales sólo el 9,25 por ciento están reconocidas con una dependencia total.
"No puede ser que los servicios sociales se financien desde los ayuntamientos, estamos peor que antes de la Ley de la Dependencia", ha afirmado el regidor que se ha preguntado dónde está el dinero de la dependencia que ha dado el Ejecutivo central a la Comunidad de Madrid.
Fuente : abc.es
MADRID - OPOSICIÓN MUNICIPAL DENUNCIA FALTA DE CONVENIO
La oposición municipal denuncia que la falta de un convenio entre Ayuntamiento y Comunidad paraliza la ayuda a domicilio
La ayuda a domicilio volverá mañana al Pleno de la Casa de la Villa a través de una proposición del PSOE y en un debate en el que IU defenderá que la falta de un convenio entre Ayuntamiento y Comunidad está paralizando en algunos casos, precisamente los más graves, la ayuda a domicilio que se presta por parte del Consistorio.
Y es que en la sesión plenaria de mañana la oposición defenderá posturas diferentes ya que si el PSOE abogará por una modificación de la ordenanza de ayuda a domicilio, IU cree que la raíz del problema no es ésta sino que se encuentra en el hecho de que "no haya convenio" entre las dos administraciones para desarrollar la Ley de Dependencia.
A través de ese convenio se establecería la hoja de ruta del reparto del dinero, que debería llegar a las arcas municipales para crear una red única de atención, como explicó la portavoz de IU de Familia y Servicios Sociales, Milagros Hernández.
La edil puso como ejemplo el caso de una persona con algún problema de movilidad y que necesite ayuda a domicilio para limpiar, quien sí recibe el servicio municipal con la nueva ordenanza. Sin embargo, una situación más grave, con una persona encamada "puede no tenerla" al responder "al modelo de dependencia con el que no tenemos acuerdo con la Comunidad".
En este mismo sentido se expresó el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, David Lucas, que sostuvo que "muchas" de las personas que reciben el grado de dependiente por la Comunidad y que contaban con el servicio de ayuda municipal ven como esta prestación se les retira o se les deniega.
"Planteamos una modificación de la ordenanza para que estas personas sigan recibiendo la ayuda, que se llegue a acuerdo rápido entre las dos administraciones, que se pongan de acuerdo y que el servicio no se interrumpa en ningún momento", defendió Lucas.
Por otro lado, Milagros Hernández también reprochó "la mala gestión" de los contratos de ayuda a domicilio por parte del director general del Mayor en el Ayuntamiento de Madrid, Florencio Martín. El actual expirará a primeros de septiembre y el siguiente no entrará en vigor hasta enero, "con lo que se ahorran tres meses" y explican las "órdenes de reducción de horas que han dado a las trabajadoras sociales".
Fuente : que.es
La ayuda a domicilio volverá mañana al Pleno de la Casa de la Villa a través de una proposición del PSOE y en un debate en el que IU defenderá que la falta de un convenio entre Ayuntamiento y Comunidad está paralizando en algunos casos, precisamente los más graves, la ayuda a domicilio que se presta por parte del Consistorio.
Y es que en la sesión plenaria de mañana la oposición defenderá posturas diferentes ya que si el PSOE abogará por una modificación de la ordenanza de ayuda a domicilio, IU cree que la raíz del problema no es ésta sino que se encuentra en el hecho de que "no haya convenio" entre las dos administraciones para desarrollar la Ley de Dependencia.
A través de ese convenio se establecería la hoja de ruta del reparto del dinero, que debería llegar a las arcas municipales para crear una red única de atención, como explicó la portavoz de IU de Familia y Servicios Sociales, Milagros Hernández.
La edil puso como ejemplo el caso de una persona con algún problema de movilidad y que necesite ayuda a domicilio para limpiar, quien sí recibe el servicio municipal con la nueva ordenanza. Sin embargo, una situación más grave, con una persona encamada "puede no tenerla" al responder "al modelo de dependencia con el que no tenemos acuerdo con la Comunidad".
En este mismo sentido se expresó el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, David Lucas, que sostuvo que "muchas" de las personas que reciben el grado de dependiente por la Comunidad y que contaban con el servicio de ayuda municipal ven como esta prestación se les retira o se les deniega.
"Planteamos una modificación de la ordenanza para que estas personas sigan recibiendo la ayuda, que se llegue a acuerdo rápido entre las dos administraciones, que se pongan de acuerdo y que el servicio no se interrumpa en ningún momento", defendió Lucas.
Por otro lado, Milagros Hernández también reprochó "la mala gestión" de los contratos de ayuda a domicilio por parte del director general del Mayor en el Ayuntamiento de Madrid, Florencio Martín. El actual expirará a primeros de septiembre y el siguiente no entrará en vigor hasta enero, "con lo que se ahorran tres meses" y explican las "órdenes de reducción de horas que han dado a las trabajadoras sociales".
Fuente : que.es
MADRID - PSOE PEDIRÁ A GALLARDÓN MANTENGA LA AYUDA A COOPERACIÓN
La oposición pedirá mañana a Gallardón que mantenga la ayuda a cooperación
El PSOE pedirá mañana en el Pleno, e IU le apoyará, que el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón no suspenda la convocatoria de cooperación al desarrollo para este año y el próximo y no se convierta en el Ayuntamiento "más insolidario del Estado español", como ha dicho hoy el portavoz socialista, David Lucas.
Lucas ha dicho en rueda de prensa que esta medida de ahorro, anunciada por el alcalde en el debate sobre el estado de la ciudad, es una decisión "injusta que convierte a este Ayuntamiento en el más insolidario del Estado español, mientras se sigue manteniendo el despilfarro en el palacio de Cibeles, en altos cargos o en propaganda".
Argumenta su proposición que "suprimir estas subvenciones supone un grave perjuicio para cientos de miles de personas que viven en condiciones de extrema vulnerabilidad en los países empobrecidos así como para las ONGD madrileñas, además de un duro golpe a la esencia misma del concepto de cooperación al desarrollo".
En otra rueda de prensa, el portavoz de IU, Ángel Pérez, ha criticado que el Ayuntamiento "se vaya a ahorrar 16 millones de euros este año a costa de los más débiles y de los más pobres de este mundo global".
Por su parte, en un comunicado, la Federación de ONG de Desarrollo de la Comunidad de Madrid denuncia hoy que "la inesperada decisión del Ayuntamiento tira por tierra los resultados conseguidos en los últimos años" y "se opone a la solidaridad demostrada por los propios madrileños".
"Esta medida del Ayuntamiento supondría eliminar al menos 60 proyectos anuales, en más de 15 países, y con cientos de miles de beneficiarios y beneficiarias directos", asegura la Federación.
Esta iniciativa del PSOE y otra conjunta para apoyar la celebración del Día del Orgullo 2010 y congratularse por los cinco años de vigencia de la Ley que posibilita el matrimonio del mismo sexo -por lo que el PP no va a apoyarla-, son casi lo único en lo que la oposición municipal va a estar de acuerdo mañana.
El portavoz socialista ha informado hoy de que su Grupo defenderá mañana una proposición para exigir al Gobierno municipal que reduzca la tasa de basuras en el mismo 15% que se va a rebajar el coste del servicio, no sólo en 2011 sino ya en 2010, porque de lo contrario, ha advertido Lucas, se estará produciendo una "ilegalidad" que el Grupo Socialista va a recurrir ante los tribunales.
También va a plantear una modificación de la Ordenanza que regula el acceso a la Ayuda a Domicilio, con el objetivo de evitar que los beneficiarios dejen de recibir esta prestación cuando se les reconoce su situación de dependencia sin esperar a que sus derechos se hagan efectivos por parte de la Comunidad.
Igualmente va a demandar al ejecutivo local que se pronuncie sobre la conveniencia de que los medios comunicación eliminen "la oferta de personas prostituidas en sus secciones de anuncios de contactos".
En ninguno de estos tres casos va a recibir el PSOE el apoyo de IU.
Ángel Pérez ha dicho respecto a la tasa de basuras que IU no puede votar mañana a favor de su reducción porque no está de acuerdo con la propia tasa, por lo que se va a abstener.
Por su parte, la concejala de IU Milagros Hernández ha explicado que "difícilmente" va a poder apoyar su Grupo la modificación de la Ordenanza de Ayuda a Domicilio, porque el problema no responde a un cambio de artículos sino a la incapacidad de alcanzar un acuerdo con la Comunidad para que el Ayuntamiento cubra aquello que compete a la administración autonómica.
Tampoco está de acuerdo Hernández en la forma en que se ha planteado el debate sobre los anuncios de contactos porque de esta manera "se oculta el problema de fondo".
Hernández ha dejado tres reflexiones al respecto: "si no es ilegal, ¿por qué no se puede anunciar?"; "la invisibilidad de este tema no es la solución" y "los que no se publicitan son las mafias y las redes, que se mueven en la ilegalidad".
El PSOE va a preguntar también qué va a pasar con el Estudiantes, "seña de identidad de la ciudad de Madrid y del baloncesto español", según Lucas, con el que "se debe hacer un esfuerzo para que pueda tener una cancha y la tenga en nuestra ciudad".
El Estudiantes tienen de plazo hasta el próximo día 30 para comunicar a la ACB en qué campo jugará y ya sabe que no podrá seguir haciéndolo en el Madrid Arena.
Fuente : abc.es
El PSOE pedirá mañana en el Pleno, e IU le apoyará, que el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón no suspenda la convocatoria de cooperación al desarrollo para este año y el próximo y no se convierta en el Ayuntamiento "más insolidario del Estado español", como ha dicho hoy el portavoz socialista, David Lucas.
Lucas ha dicho en rueda de prensa que esta medida de ahorro, anunciada por el alcalde en el debate sobre el estado de la ciudad, es una decisión "injusta que convierte a este Ayuntamiento en el más insolidario del Estado español, mientras se sigue manteniendo el despilfarro en el palacio de Cibeles, en altos cargos o en propaganda".
Argumenta su proposición que "suprimir estas subvenciones supone un grave perjuicio para cientos de miles de personas que viven en condiciones de extrema vulnerabilidad en los países empobrecidos así como para las ONGD madrileñas, además de un duro golpe a la esencia misma del concepto de cooperación al desarrollo".
En otra rueda de prensa, el portavoz de IU, Ángel Pérez, ha criticado que el Ayuntamiento "se vaya a ahorrar 16 millones de euros este año a costa de los más débiles y de los más pobres de este mundo global".
Por su parte, en un comunicado, la Federación de ONG de Desarrollo de la Comunidad de Madrid denuncia hoy que "la inesperada decisión del Ayuntamiento tira por tierra los resultados conseguidos en los últimos años" y "se opone a la solidaridad demostrada por los propios madrileños".
"Esta medida del Ayuntamiento supondría eliminar al menos 60 proyectos anuales, en más de 15 países, y con cientos de miles de beneficiarios y beneficiarias directos", asegura la Federación.
Esta iniciativa del PSOE y otra conjunta para apoyar la celebración del Día del Orgullo 2010 y congratularse por los cinco años de vigencia de la Ley que posibilita el matrimonio del mismo sexo -por lo que el PP no va a apoyarla-, son casi lo único en lo que la oposición municipal va a estar de acuerdo mañana.
El portavoz socialista ha informado hoy de que su Grupo defenderá mañana una proposición para exigir al Gobierno municipal que reduzca la tasa de basuras en el mismo 15% que se va a rebajar el coste del servicio, no sólo en 2011 sino ya en 2010, porque de lo contrario, ha advertido Lucas, se estará produciendo una "ilegalidad" que el Grupo Socialista va a recurrir ante los tribunales.
También va a plantear una modificación de la Ordenanza que regula el acceso a la Ayuda a Domicilio, con el objetivo de evitar que los beneficiarios dejen de recibir esta prestación cuando se les reconoce su situación de dependencia sin esperar a que sus derechos se hagan efectivos por parte de la Comunidad.
Igualmente va a demandar al ejecutivo local que se pronuncie sobre la conveniencia de que los medios comunicación eliminen "la oferta de personas prostituidas en sus secciones de anuncios de contactos".
En ninguno de estos tres casos va a recibir el PSOE el apoyo de IU.
Ángel Pérez ha dicho respecto a la tasa de basuras que IU no puede votar mañana a favor de su reducción porque no está de acuerdo con la propia tasa, por lo que se va a abstener.
Por su parte, la concejala de IU Milagros Hernández ha explicado que "difícilmente" va a poder apoyar su Grupo la modificación de la Ordenanza de Ayuda a Domicilio, porque el problema no responde a un cambio de artículos sino a la incapacidad de alcanzar un acuerdo con la Comunidad para que el Ayuntamiento cubra aquello que compete a la administración autonómica.
Tampoco está de acuerdo Hernández en la forma en que se ha planteado el debate sobre los anuncios de contactos porque de esta manera "se oculta el problema de fondo".
Hernández ha dejado tres reflexiones al respecto: "si no es ilegal, ¿por qué no se puede anunciar?"; "la invisibilidad de este tema no es la solución" y "los que no se publicitan son las mafias y las redes, que se mueven en la ilegalidad".
El PSOE va a preguntar también qué va a pasar con el Estudiantes, "seña de identidad de la ciudad de Madrid y del baloncesto español", según Lucas, con el que "se debe hacer un esfuerzo para que pueda tener una cancha y la tenga en nuestra ciudad".
El Estudiantes tienen de plazo hasta el próximo día 30 para comunicar a la ACB en qué campo jugará y ya sabe que no podrá seguir haciéndolo en el Madrid Arena.
Fuente : abc.es
CASTILLA Y LEÓN - EL BIERZO - PSOE DEFIENDE DOS INICIATIVAS EN LAS CORTES
El PSOE defiende dos iniciativas en las Cortes para "mejorar" la atención a personas mayores y dependientes en El Bierzo.
La Procuradora socialista, Ángela Marqués, pide un Centro de Dia y otro de Noche.
Noticia completa en Fuente : elbierzodigital.com
La Procuradora socialista, Ángela Marqués, pide un Centro de Dia y otro de Noche.
Noticia completa en Fuente : elbierzodigital.com
TARRAGONA - AUMENTA LA DEMANDA DE CUIDADORES A DOMICILIO
Aumenta la demanda de cuidadores a domicilio de personas mayores
Los recursos de la Ley de Dependencia hacen que los ancianos sigan guiándose por el modelo tradicional de vivir en casa
Numerosos son los colectivos que actualmente sufren dificultades económicas, pero las personas mayores son, probablemente, las más indefensas.
En este sentido, se están desarrollando pautas de comportamiento que a su vez influyen en el mercado laboral de los cuidadores a domicilio, ya que las personas mayores tienden a preferir quedarse en casa y ser atendidas por un cuidador informal, que puede ser o no un familiar, antes de trasladarse a una residencia: «Con la crisis hay personas que prefieren dedicar el dinero que reciben de la Ayuda a la Dependencia o de las subvenciones que del Ayuntamiento del municipio», afirma Jordi Tous, director dels Serveis Territorials del Departament d’Acció Social i Ciutadanía.
Esta situación se ha visto consolidada en los últimos tiempos por las aprobación y el desarrollo de la Ley de Dependencia que ofrece otras posibilidades, a parte del traslado a un centro de la tercera edad: «La voluntad de la gente mayor de prevalecer en sus casa ha aumentado como consecuencia de las ayudas económicas procedentes de la Ley de la Dependencia que aumenta el abanico de posibilidades en lugar de tener que ir a una residencia.
Tal es el caso de optar a un servicio de atención domiciliaria o de un centro de día», aclara Jordi Tous, pero añade que «este tipo de atención no es indefinida, ya que tarde o temprano tendrá que acudir a una residencia». En este sentido, entre los factores que determinarán esta evolución está el aumento del nivel y grado de dependencia de las personas que en primera instancia decidieron ser atendidas en sus hogares.
Asimismo, como la crisis ha dejado sin trabajo a decenas de miles de mujeres estas se ven obligadas a trabajar en otros sectores como el de la cuidador a domicilio: «Muchas mujeres han entrado a formar parte del sector porqué sus maridos trabajaban en la construcción y ahora no tienen trabajo», explica Jordi Marín, gerente del Grup SAD, empresa que ofrece servicios de atención domiciliaria, programas de acompañamiento o servicios domésticos, entre otros.
Otro de las factores que influyen en la preferencia de este tipo de servicio es la inmigración, que ven en ello una oportunidad laboral para sobrellevar la crisis: «Actualmente la crisis ha agravado la economía su+mergida del sector», explica Jordi Martín, quien también avisa de que «hay mucha gente que sigue pensando que los servicios de un centro de día o una residencia son más caros, pero esto no del todo cierto. A los centros nos obligan a tener un ratio de profesionales de diferentes ámbitos, es el único modo de garantizar una atención profesional, que en estos tiempos de crisis están en peligro».
Fuente : diaridetarragona.com
Los recursos de la Ley de Dependencia hacen que los ancianos sigan guiándose por el modelo tradicional de vivir en casa
Numerosos son los colectivos que actualmente sufren dificultades económicas, pero las personas mayores son, probablemente, las más indefensas.
En este sentido, se están desarrollando pautas de comportamiento que a su vez influyen en el mercado laboral de los cuidadores a domicilio, ya que las personas mayores tienden a preferir quedarse en casa y ser atendidas por un cuidador informal, que puede ser o no un familiar, antes de trasladarse a una residencia: «Con la crisis hay personas que prefieren dedicar el dinero que reciben de la Ayuda a la Dependencia o de las subvenciones que del Ayuntamiento del municipio», afirma Jordi Tous, director dels Serveis Territorials del Departament d’Acció Social i Ciutadanía.
Esta situación se ha visto consolidada en los últimos tiempos por las aprobación y el desarrollo de la Ley de Dependencia que ofrece otras posibilidades, a parte del traslado a un centro de la tercera edad: «La voluntad de la gente mayor de prevalecer en sus casa ha aumentado como consecuencia de las ayudas económicas procedentes de la Ley de la Dependencia que aumenta el abanico de posibilidades en lugar de tener que ir a una residencia.
Tal es el caso de optar a un servicio de atención domiciliaria o de un centro de día», aclara Jordi Tous, pero añade que «este tipo de atención no es indefinida, ya que tarde o temprano tendrá que acudir a una residencia». En este sentido, entre los factores que determinarán esta evolución está el aumento del nivel y grado de dependencia de las personas que en primera instancia decidieron ser atendidas en sus hogares.
Asimismo, como la crisis ha dejado sin trabajo a decenas de miles de mujeres estas se ven obligadas a trabajar en otros sectores como el de la cuidador a domicilio: «Muchas mujeres han entrado a formar parte del sector porqué sus maridos trabajaban en la construcción y ahora no tienen trabajo», explica Jordi Marín, gerente del Grup SAD, empresa que ofrece servicios de atención domiciliaria, programas de acompañamiento o servicios domésticos, entre otros.
Otro de las factores que influyen en la preferencia de este tipo de servicio es la inmigración, que ven en ello una oportunidad laboral para sobrellevar la crisis: «Actualmente la crisis ha agravado la economía su+mergida del sector», explica Jordi Martín, quien también avisa de que «hay mucha gente que sigue pensando que los servicios de un centro de día o una residencia son más caros, pero esto no del todo cierto. A los centros nos obligan a tener un ratio de profesionales de diferentes ámbitos, es el único modo de garantizar una atención profesional, que en estos tiempos de crisis están en peligro».
Fuente : diaridetarragona.com
CEUTA - MÁS DE 370 CEUTÍES COTIZAN COMO CUIDADORES
Más de 370 ceutíes cotizan como cuidadores de personas dependientes
Noticia completa en Fuenete : El Pueblo de Ceuta
elpueblodeceuta.es
Noticia completa en Fuenete : El Pueblo de Ceuta
elpueblodeceuta.es
CASTILLA-LA MANCHA - FORMACIÓN CONTINUA, GARANTIA DE UNA ATENCIÓN DE CALIDAD
La formación continua de los profesionales garantiza una atención a la dependencia de calidad
El director general de Mayores, Discapacidad y Dependencia ha inaugurado hoy en Talavera de la Reina (Toledo) unas jornadas técnicas en materia de atención a la dependencia.
Mejorar la calidad en los procedimientos para el desarrollo y elaboración de los planes individualizados de atención y en los procesos de valoración de las situaciones de dependencia; evaluar la aplicación de la ley; e intercambiar experiencias en la promoción de la autonomía personal y prevención de las situaciones de dependencia son los objetivos de las jornadas técnicas inauguradas hoy en Talavera de la Reina (Toledo) por el director general de Atención a Personas Mayores, Personas con Discapacidad y Personas en Situación de Dependencia, Javier Pérez, y que durarán hasta mañana, martes, con la participación de medio centenar de profesionales que trabajan en el ámbito del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Objetivos que son fundamentales para el director general en la senda iniciada por el Gobierno de Castilla-La Mancha desde que entró en vigor la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de la Dependencia, ya que la formación continua de estos profesionales (valoradores, trabajadores sociales, psicólogos o médicos de los equipos de valoración) garantiza una atención a las personas dependientes de calidad.
En ese sentido, Pérez ha recordado que Castilla-La Mancha es una de las Comunidades Autónomas que tiene mejor nota en cuanto a la aplicación de la Ley de Dependencia, según la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. Un organismo independiente que otorga a la región una valoración de 8,5 sobre 10 en este apartado.
Así, Castilla-La Mancha es la tercera comunidad con mejor ratio total de prestaciones por persona atendida, en altas en la seguridad social de cuidadores no profesionales, en plazas residenciales adjudicadas o en número de solicitudes tramitadas; la segunda en teleasistencia o la cuarta en prestaciones y servicios reconocidos.
En ese sentido, Pérez ha recordado que Castilla-La Mancha partía de una buena situación cuando entró en vigor la ley, ya que disponía de un sistema de servicios sociales muy consolidado.
Agradecimiento
Para el director general, la implicación y el compromiso de los profesionales que desarrollan su labor en el ámbito de la dependencia ha sido clave para el buen desarrollo de esta norma de ámbito nacional y, por eso, ha agradecido a los trabajadores presentes su asistencia e interés por estas jornadas técnicas.
En su intervención, Pérez también ha manifestado que más de 34.000 familias castellano-manchegas se benefician de alguna de las prestaciones o servicios que recoge la ley y que el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, mantiene su apuesta decidida por las políticas sociales y por el desarrollo progresivo de la ley. De esa manera, el Gobierno regional destina unos 900.000 euros al día para su aplicación.
Fuente : lacerca.com
El director general de Mayores, Discapacidad y Dependencia ha inaugurado hoy en Talavera de la Reina (Toledo) unas jornadas técnicas en materia de atención a la dependencia.
Mejorar la calidad en los procedimientos para el desarrollo y elaboración de los planes individualizados de atención y en los procesos de valoración de las situaciones de dependencia; evaluar la aplicación de la ley; e intercambiar experiencias en la promoción de la autonomía personal y prevención de las situaciones de dependencia son los objetivos de las jornadas técnicas inauguradas hoy en Talavera de la Reina (Toledo) por el director general de Atención a Personas Mayores, Personas con Discapacidad y Personas en Situación de Dependencia, Javier Pérez, y que durarán hasta mañana, martes, con la participación de medio centenar de profesionales que trabajan en el ámbito del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Objetivos que son fundamentales para el director general en la senda iniciada por el Gobierno de Castilla-La Mancha desde que entró en vigor la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de la Dependencia, ya que la formación continua de estos profesionales (valoradores, trabajadores sociales, psicólogos o médicos de los equipos de valoración) garantiza una atención a las personas dependientes de calidad.
En ese sentido, Pérez ha recordado que Castilla-La Mancha es una de las Comunidades Autónomas que tiene mejor nota en cuanto a la aplicación de la Ley de Dependencia, según la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. Un organismo independiente que otorga a la región una valoración de 8,5 sobre 10 en este apartado.
Así, Castilla-La Mancha es la tercera comunidad con mejor ratio total de prestaciones por persona atendida, en altas en la seguridad social de cuidadores no profesionales, en plazas residenciales adjudicadas o en número de solicitudes tramitadas; la segunda en teleasistencia o la cuarta en prestaciones y servicios reconocidos.
En ese sentido, Pérez ha recordado que Castilla-La Mancha partía de una buena situación cuando entró en vigor la ley, ya que disponía de un sistema de servicios sociales muy consolidado.
Agradecimiento
Para el director general, la implicación y el compromiso de los profesionales que desarrollan su labor en el ámbito de la dependencia ha sido clave para el buen desarrollo de esta norma de ámbito nacional y, por eso, ha agradecido a los trabajadores presentes su asistencia e interés por estas jornadas técnicas.
En su intervención, Pérez también ha manifestado que más de 34.000 familias castellano-manchegas se benefician de alguna de las prestaciones o servicios que recoge la ley y que el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, mantiene su apuesta decidida por las políticas sociales y por el desarrollo progresivo de la ley. De esa manera, el Gobierno regional destina unos 900.000 euros al día para su aplicación.
Fuente : lacerca.com
ASTURIAS - NOEMÍ MARTÍN RECLAMA MÁS PERSONAL "ESTABLE"
Noemí Martín reclama más personal "estable" para atender a las tramitación de la ley de Dependencia
El Principado confía en cerrar el mes de Junio se cerrará con casi 13.000 personas atendidas
La consejera de Bienestar Social y Vivienda del Principado de Asturias, Noemí Martín (IU), insistió hoy en la necesidad de su departamento de contar con más personal "estable" para poder hacer frente a la tramitación de la Ley de Dependencia. "Cuanto más estable sea el personal, menos gente de refuerzo necesitaremos", dijo.
Así se manifestó la dirigente regional en el transcurso de su comparecencia en la Comisión de Bienestar Social y Vivienda de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) sobre el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en el Principado de Asturias entre 2007 y 2009.
Noemí Martín explicó que pese al esfuerzo realizado hasta la fecha aún queda mucho trabajo por hacer. "Desgraciadamente aún hay muchos asturianos que tienen que esperar demasiado tiempo para que resolvamos su solicitud de dependencia", señaló. Así, dijo que la prioridad es reducir los plazos para atender de forma más eficaz y diligente a los asturianos.
Para eso, señaló, es necesario más personal y más medios, algo que consideró como una "asignatura pendiente", teniendo en cuenta el volumen de expedientes que entran mensualmente en la Consejería. "Necesitamos hacer un esfuerzo de reordenación de efectivos de la consejería. Pero a pesar de ese esfuerzo, necesitamos más personal para atender expedientes", explicó.
Otra de las carencias detectadas en la aplicación de la ley en Asturias, para Noemí Martín, es que las personas optan en su mayoría por la prestación de cuidado familiar, que es de carácter excepcional. "En Asturias queremos hacer esfuerzos para primar los servicios frente a la prestación", dijo, insistiendo en la necesidad de incentivar, a través de una normativa, que la gente opte por esa fórmula.
Otro de los objetivos políticos que ha fijado la Consejera está vinculado con la financiación de la Dependencia. "El Gobierno del Estado no puede mirar a otro lado, tiene que reformar la financiación para cumplir la ley. En estos momentos las Comunidades Autónomas más comprometidas con la Ley estamos aportando tres de cada cuatro euros que cuesta la Dependencia", lamentó.
Consideró así necesario un modelo que garantice financiación no sólo por el grado de dependencia, sino por el servicio que percibe la persona. Si no es así, vaticinó, el desequilibrio continuará produciéndose.
Para Noemí Martín, el Estado debe pagar por lo que cuesta realmente cada servicio, no tiene el mismo coste la ayuda a domicilio que una plaza en una residencia. "Reformar el nivel mínimo acordado es urgente, de lo contrario estará pervirtiendo el sistema y fomentando la opción más barata: las prestaciones económicas para cuidados no profesionales", explicó.
Dijo que el sistema es sostenible y que ahora mismo se destinan en los presupuestos nacionales 1.200 millones para la dependencia. Explicó que la eliminación del impuesto de Patrimonio ha supuesto 2.000 millones, por lo que dijo que es necesario reorientar la política impositiva para poder sostener este tipo de prestaciones sociales. DATOS
La Consejera de Bienestar Social y Vivienda anunció hoy que este mes de Junio se cerrará con un total de casi 13.000 personas atendidas por la Ley de Dependencia en Asturias, 4.707 personas más de las que estaban siendo atendidas en el mismo mes del año anterior, lo que supone un 57,7% más".
Explicó que la Consejería ha invertido, desde 2006, un total de 103,1 millones de euros -23,5 previstos para este año- para ampliar la red pública de servicios de atención en Asturias que se está traduciendo en un aumento considerable de las plazas residenciales, de las plazas en centros de atención diurna y del servicio de ayuda a domicilio para personas con dependencia.
Desde 2007 se han creado 1.850 empleos estables a tiempo completo en Asturias, según los datos ofrecidos por la Consejera, que también ha recordado que se han generado 2.754 altas a la seguridad social en Asturias mediante el convenio especial de cuidadores familiares según los datos disponibles a 1 de junio. "Es decir, se ha reconocido el trabajo silenciado de cientos de personas que cuidaban de sus parientes a diario, fundamentalmente mujeres", apuntó Martín.
En su turno de fijación de posiciones, la diputada del PP Inmaculada González lamentó que no interviniese el representante de la Consejería de Administraciones Públicas, presente en la comparecencia, para que aclarase si se iba a contratar a más personal o no.
Replicó a Noemí Martín que en vez de aumentar impuestos lo que debería hacerse es reducir el gasto "superfluo" de la administración. La oposición considera que "no cuadran los números" en todo lo referente a la financiación de la Ley de Dependencia.
Fuente : 20minutos.es
El Principado confía en cerrar el mes de Junio se cerrará con casi 13.000 personas atendidas
La consejera de Bienestar Social y Vivienda del Principado de Asturias, Noemí Martín (IU), insistió hoy en la necesidad de su departamento de contar con más personal "estable" para poder hacer frente a la tramitación de la Ley de Dependencia. "Cuanto más estable sea el personal, menos gente de refuerzo necesitaremos", dijo.
Así se manifestó la dirigente regional en el transcurso de su comparecencia en la Comisión de Bienestar Social y Vivienda de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) sobre el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en el Principado de Asturias entre 2007 y 2009.
Noemí Martín explicó que pese al esfuerzo realizado hasta la fecha aún queda mucho trabajo por hacer. "Desgraciadamente aún hay muchos asturianos que tienen que esperar demasiado tiempo para que resolvamos su solicitud de dependencia", señaló. Así, dijo que la prioridad es reducir los plazos para atender de forma más eficaz y diligente a los asturianos.
Para eso, señaló, es necesario más personal y más medios, algo que consideró como una "asignatura pendiente", teniendo en cuenta el volumen de expedientes que entran mensualmente en la Consejería. "Necesitamos hacer un esfuerzo de reordenación de efectivos de la consejería. Pero a pesar de ese esfuerzo, necesitamos más personal para atender expedientes", explicó.
Otra de las carencias detectadas en la aplicación de la ley en Asturias, para Noemí Martín, es que las personas optan en su mayoría por la prestación de cuidado familiar, que es de carácter excepcional. "En Asturias queremos hacer esfuerzos para primar los servicios frente a la prestación", dijo, insistiendo en la necesidad de incentivar, a través de una normativa, que la gente opte por esa fórmula.
Otro de los objetivos políticos que ha fijado la Consejera está vinculado con la financiación de la Dependencia. "El Gobierno del Estado no puede mirar a otro lado, tiene que reformar la financiación para cumplir la ley. En estos momentos las Comunidades Autónomas más comprometidas con la Ley estamos aportando tres de cada cuatro euros que cuesta la Dependencia", lamentó.
Consideró así necesario un modelo que garantice financiación no sólo por el grado de dependencia, sino por el servicio que percibe la persona. Si no es así, vaticinó, el desequilibrio continuará produciéndose.
Para Noemí Martín, el Estado debe pagar por lo que cuesta realmente cada servicio, no tiene el mismo coste la ayuda a domicilio que una plaza en una residencia. "Reformar el nivel mínimo acordado es urgente, de lo contrario estará pervirtiendo el sistema y fomentando la opción más barata: las prestaciones económicas para cuidados no profesionales", explicó.
Dijo que el sistema es sostenible y que ahora mismo se destinan en los presupuestos nacionales 1.200 millones para la dependencia. Explicó que la eliminación del impuesto de Patrimonio ha supuesto 2.000 millones, por lo que dijo que es necesario reorientar la política impositiva para poder sostener este tipo de prestaciones sociales. DATOS
La Consejera de Bienestar Social y Vivienda anunció hoy que este mes de Junio se cerrará con un total de casi 13.000 personas atendidas por la Ley de Dependencia en Asturias, 4.707 personas más de las que estaban siendo atendidas en el mismo mes del año anterior, lo que supone un 57,7% más".
Explicó que la Consejería ha invertido, desde 2006, un total de 103,1 millones de euros -23,5 previstos para este año- para ampliar la red pública de servicios de atención en Asturias que se está traduciendo en un aumento considerable de las plazas residenciales, de las plazas en centros de atención diurna y del servicio de ayuda a domicilio para personas con dependencia.
Desde 2007 se han creado 1.850 empleos estables a tiempo completo en Asturias, según los datos ofrecidos por la Consejera, que también ha recordado que se han generado 2.754 altas a la seguridad social en Asturias mediante el convenio especial de cuidadores familiares según los datos disponibles a 1 de junio. "Es decir, se ha reconocido el trabajo silenciado de cientos de personas que cuidaban de sus parientes a diario, fundamentalmente mujeres", apuntó Martín.
En su turno de fijación de posiciones, la diputada del PP Inmaculada González lamentó que no interviniese el representante de la Consejería de Administraciones Públicas, presente en la comparecencia, para que aclarase si se iba a contratar a más personal o no.
Replicó a Noemí Martín que en vez de aumentar impuestos lo que debería hacerse es reducir el gasto "superfluo" de la administración. La oposición considera que "no cuadran los números" en todo lo referente a la financiación de la Ley de Dependencia.
Fuente : 20minutos.es
ASTURIAS - SINDICATOS SE QUEJAN RETRASOS TRAMITACIÓN
Los sindicatos se quejan de los retrasos en la tramitación de los expedientes relativos a la dependencia
Representantes de los diferentes sindicatos con representación en Asturias se quejaron hoy de los retrasos en la tramitación de los expedientes relativos a la dependencia.
Desde la solicitud de la prestación hasta que se recibe la misma, los ciudadanos suelen esperar en el Principado entre año y año y medio. Las organizaciones relacionaron esta circunstancia con la falta de recursos humanos en esta materia.
Los sindicatos hicieron estas consideraciones en la Comisión de Bienestar Social y Vivienda de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) sobre el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en el Principado de Asturias entre 2007 y 2009. Comparecieron en la misma sesión UGT, CCOO, CSI, CSIF, FADE, Cermi y Fampa.
La representante de UGT Clara Casiano lamentó el excesivo tiempo que transcurre entre la solicitud de la dependencia y la llegada de la prestación o los servicios, algo que, apuntó, "mina" la eficacia del sistema. "No caben excusas para que se produzca tal retraso en la gestión de los expedientes", dijo, mostrando su malestar.
También criticó que se esté "abusando" de las prestaciones económicas, frente a la prestación de servicios. Así, consideró necesario un sistema que vaya más allá de las prestaciones económicas, que reduzca los tiempos de tramitación expedientes, que tenga financiación estable y sostenible en el tiempo, y que se elabore un plan sociosanitario.
Ignacio Quintana, de CCOO, dijo que "no es de recibo" que los tiempos de tramitación sean de año y medio. Explicó que los indicadores relativos a listas de espera son malos de Asturias. Y dijo que, además de los problemas estructurales de la ley, existe una "inadecuada" actuación de la Consejería de Administraciones Públicas porque "pone obstáculos" en materia de medios, estrangulando la aplicación de la norma.
En esa misma línea, Ana Rodríguez, de CSIF afirmó que la ley de Dependencia podría haberse desarrollado mucho mejor con una buena política de personal. "La aplicación de la ley no va bien", apuntó y señaló que han instado a los responsables del Principado en numerosas ocasiones que hagan un diseño de plantilla "coherente y estable". Consideró que la plantilla actual es "insuficiente" y dijo que hay asturianos que han fallecido en el transcurso del periodo de tiempo desde que solicitaron la dependencia hasta que pudieron llegar a dársela, dada la lentitud de los trámites.
Desde CSI, hablaron de que existen muchos afectados que están "perdidos" en un proceso burocrático. Y que a pesar del discurso "demagógico" del Gobierno, se está perpetuando el papel de las mujeres como cuidadoras.
REVISIÓN
En su turno, el responsable de Servicios Jurídicos de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), Ignacio García López, destacó el gran esfuerzo presupuestario realizado en los últimos años para la dependencia. Explicó que la decisión del Gobierno estatal de quitar la retroactividad no es reducir derechos, sino una "corrección" ante la amenaza para la sostenibilidad que supone emplear tantos recursos. Así, argumentó que en el actual contexto de crisis es necesario una revisión del sistema para priorizar los servicios concertados frente a los públicos, porque es una fórmula más económica. "El sistema debe revisarse para adecuar el nivel de prestación de servicios a la situación económica actual", sostuvo.
Mónica Oviedo, del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad del Principado de Asturias (Cermi), dejó en la Cámara un documento con todas sus demandas. Reclamó agilización en los procesos y exigieron un protocolo para los casos de urgencia. También pidió la mejora de las prestaciones económicas de ayuda a domicilio, sobre todo en el ámbito rural.
Por último, Dolores San Martín, de Federación de Asociaciones de Mayores del Principado de Asturias (Fampa), elogió la ley y dijo que si no es todo lo ágil que debiera la culpa no es sólo de la administración, sino también de la sociedad. Así, señaló que ha habido muchas solicitudes de personas que no eran dependientes en el grado correspondiente, pero que supusieron las correspondientes valoraciones. Habló de "picaresca" y dijo que no es entendible que personas que tenían a sus familiares en centros de día los saquen para pasar a cuidarlos en casa.
Fuente : que.es
Representantes de los diferentes sindicatos con representación en Asturias se quejaron hoy de los retrasos en la tramitación de los expedientes relativos a la dependencia.
Desde la solicitud de la prestación hasta que se recibe la misma, los ciudadanos suelen esperar en el Principado entre año y año y medio. Las organizaciones relacionaron esta circunstancia con la falta de recursos humanos en esta materia.
Los sindicatos hicieron estas consideraciones en la Comisión de Bienestar Social y Vivienda de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) sobre el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en el Principado de Asturias entre 2007 y 2009. Comparecieron en la misma sesión UGT, CCOO, CSI, CSIF, FADE, Cermi y Fampa.
La representante de UGT Clara Casiano lamentó el excesivo tiempo que transcurre entre la solicitud de la dependencia y la llegada de la prestación o los servicios, algo que, apuntó, "mina" la eficacia del sistema. "No caben excusas para que se produzca tal retraso en la gestión de los expedientes", dijo, mostrando su malestar.
También criticó que se esté "abusando" de las prestaciones económicas, frente a la prestación de servicios. Así, consideró necesario un sistema que vaya más allá de las prestaciones económicas, que reduzca los tiempos de tramitación expedientes, que tenga financiación estable y sostenible en el tiempo, y que se elabore un plan sociosanitario.
Ignacio Quintana, de CCOO, dijo que "no es de recibo" que los tiempos de tramitación sean de año y medio. Explicó que los indicadores relativos a listas de espera son malos de Asturias. Y dijo que, además de los problemas estructurales de la ley, existe una "inadecuada" actuación de la Consejería de Administraciones Públicas porque "pone obstáculos" en materia de medios, estrangulando la aplicación de la norma.
En esa misma línea, Ana Rodríguez, de CSIF afirmó que la ley de Dependencia podría haberse desarrollado mucho mejor con una buena política de personal. "La aplicación de la ley no va bien", apuntó y señaló que han instado a los responsables del Principado en numerosas ocasiones que hagan un diseño de plantilla "coherente y estable". Consideró que la plantilla actual es "insuficiente" y dijo que hay asturianos que han fallecido en el transcurso del periodo de tiempo desde que solicitaron la dependencia hasta que pudieron llegar a dársela, dada la lentitud de los trámites.
Desde CSI, hablaron de que existen muchos afectados que están "perdidos" en un proceso burocrático. Y que a pesar del discurso "demagógico" del Gobierno, se está perpetuando el papel de las mujeres como cuidadoras.
REVISIÓN
En su turno, el responsable de Servicios Jurídicos de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), Ignacio García López, destacó el gran esfuerzo presupuestario realizado en los últimos años para la dependencia. Explicó que la decisión del Gobierno estatal de quitar la retroactividad no es reducir derechos, sino una "corrección" ante la amenaza para la sostenibilidad que supone emplear tantos recursos. Así, argumentó que en el actual contexto de crisis es necesario una revisión del sistema para priorizar los servicios concertados frente a los públicos, porque es una fórmula más económica. "El sistema debe revisarse para adecuar el nivel de prestación de servicios a la situación económica actual", sostuvo.
Mónica Oviedo, del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad del Principado de Asturias (Cermi), dejó en la Cámara un documento con todas sus demandas. Reclamó agilización en los procesos y exigieron un protocolo para los casos de urgencia. También pidió la mejora de las prestaciones económicas de ayuda a domicilio, sobre todo en el ámbito rural.
Por último, Dolores San Martín, de Federación de Asociaciones de Mayores del Principado de Asturias (Fampa), elogió la ley y dijo que si no es todo lo ágil que debiera la culpa no es sólo de la administración, sino también de la sociedad. Así, señaló que ha habido muchas solicitudes de personas que no eran dependientes en el grado correspondiente, pero que supusieron las correspondientes valoraciones. Habló de "picaresca" y dijo que no es entendible que personas que tenían a sus familiares en centros de día los saquen para pasar a cuidarlos en casa.
Fuente : que.es
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