domingo, 28 de febrero de 2010

CANARIAS - "ELGOBIERNO ROZA LO DELICTIVO"

Las familias denuncian que el Gobierno ´roza lo delictivo´

El colectivo de discapacitados anima a la oposición a llevarlo a los tribunales

"Lo que está haciendo el Gobierno de Canarias con la Ley de Dependencia roza lo delictivo". Gisela Rivero, portavoz de la Plataforma de Personas con Movilidad Reducida de Canarias, critica con dureza al Ejecutivo regional por insistir en su estrategia de mezclar los datos de los dependientes que están siendo atendidos por los planes sectoriales desde los años 80 y los que han solicitado acogerse a la Ley de Dependencia, que entró en vigor en 2007.

Rivero acusa al Ejecutivo autonómico de "no hacer sus deberes", de utilizar las estadísticas de discapacitados de hace diez años y de poner "zancadillas" a la norma por su "incapacidad" para tramitarla con eficacia.

La portavoz de la plataforma critica que los partidos políticos se ataquen mutuamente por la aplicación de la Ley de Dependencia y, sin embargo, los partidos de la oposición "no sean capaces de llevar al Gobierno a los tribunales y lo tengan que hacer los familiares de los afectados".

Pero Rivero también critica algunos de los contenidos de la propia ley que, aunque reconoce la atención a la dependencia como un derecho universal, no la pone a la misma altura de derechos básicos como la sanidad y la educación. Por eso, las asociaciones y colectivos de personas con discapacidad esperan que en la reforma de la ley prevista para este año se corrijan aquellas cuestiones que han entorpecido su desarrollo en estos últimos tres años.

Gisela Rivero cuestiona que el Ejecutivo incumpla aspectos de la ley como la valoración de los ingresos de la unidad familiar y no sólo del dependiente o que la ayuda tenga carácter retroactivo desde el momento en que se inicia el procedimiento y no cuando se dictamina la valoración por parte de la Administración.

En este sentido, para los colectivos reconocidos por la ley está claro que los familiares tienen derecho a recibir la prestación que se le haya reconocido al dependiente si éste ha fallecido durante la tramitación de la solicitud, extremo que el Gobierno canario "no está reconociendo", asegura Rivero.

Asimismo, Gisela Rivero dice que el Gobierno se gasta 3.500 euros al mes por cada plaza en una residencia, mientras que la atención en el domicilio supone 1.200 euros, por lo que no se está potenciando la autonomía personal como establece la ley.

Fuente : laprovincia.es

ALICANTE - MÁS DE 31.000 DEPENDIENTES SIGUEN SIN RECIBIR LAS AYUDAS

Más de 31.000 dependientes siguen sin recibir las ayudas

«Me da rabia que los políticos nos utilicen», denuncia Jaume que sufre una distrofia muscular

La futura aprobación de un decreto -que ahora mismo se están negociando con colectivos de afectados- permitirá acortar plazos y papeleos

A la plataforma nos están llegando casos dramáticos», asegura Miquel Martorell.

A los seis años empezaron los primeros síntomas con el debilitamiento en las piernas. Fue cuando le diagnosticaron la enfermedad genética. Actualmente Jaume forma parte del colectivo que está valorado como 'grandes dependientes' y en mayo del año 2007 sus padres solicitaron las ayudas. Siguen esperando.

«Necesita un asistente personal porque hay que hacérselo todo, desde asearle a darle el desayuno. Pero ahora nos han dicho que esta figura, la del asistente personal, todavía no está contemplada». Su expediente -según denuncian- ha estado «arrumbado» durante demasiado tiempo.

Desde la Conselleria de Bienestar Social destacan los esfuerzos que se están realizando para resolver la lista de espera. Una lista que el sindicato CC.OO. la eleva a 31.900 dependientes en la Comunitat. La futura aprobación de un decreto -que ahora mismo se están negociando con colectivos de afectados- permitirá acortar plazos y papeleos, según la Administración, que reconoce que todavía queda mucho camino por recorrer para mejorar la aplicación de la normativa.

Ahora bien, también resaltan los avances que el departamento dirigido por la consellera Angélica Such ha logrado durante 2009 (el verano del pasado año Such asumió el cargo sustituyendo a Juan Cotino). Y citan que de sólo 9.000 expedientes resueltos se ha pasado a los actuales 30.000 beneficiarios en la Comunitat. Son dependientes que ya tienen el ansiado Programa Individual de Atención (PIA).

Este argumento no convence nada a la familia Martorell, que está envuelta en papeleos y reclamaciones. «Me da mucha rabia que los políticos nos utilicen», afirma Jaume en referencia al enfrentamiento que ha habido en la Comunitat entre el Gobierno de Zapatero y la Generalitat a la hora de poner en marcha la normativa. «Necesito que una persona me ayude en mi vida diaria para poder tener cierta independencia».

Este asistente supondría un importante respiro para sus padres y también para Jaume. Y es que «él prefiere irse con los amigos, no le gusta mucho pasear con nosotros», cuchichea su madre, quien añade que cada vez que salen tienen que llevarse una UCI incorporada. Ella es, junto a su marido, su cuidadora, ATS, médico... A fuerza de los achuchones (algunos de ellos graves) a los que su hijos ha sabido hacerle frente, han aprendido hasta técnicas médicas.
Jaume -que se muestra un poco más tímido a la hora de contar cómo es su día a día- dice que en un futuro le gustaría encontrar un trabajo. Con media sonrisa apunta que también quiere terminar los estudios de informática. Su padre le mira de reojo.
La falta de información sobre la situación de los expedientes, el carácter retroactivo de las ayudas y denuncias de personas que han muerto antes de recibir una contestación son las principales quejas que están llegando a la plataforma de Alicante.

«Se está vulnerando un derecho fundamental», asegura Salvador Roig, secretario de Comunicación de CC.OO. en L'Alacantí-Les Marines, que se remite al último informe publicado por el Imserso a fecha del 1 de febrero. Las personas beneficiarias con derecho a prestación se sitúa en 58.311 en la autonomía, pero sólo están recibiendo estos recursos 26.411. «La lentitud en el proceso, derivada de la falta de voluntad política, ha generado una lista de espera que se sitúa en 31.900 dependientes» en la autonomía. La media para poder obtener una prestación alcanza los dos años, «algo inaceptable y un fraude social», advierte el sindicalista.

Fue en mayo del pasado año cuando Magda Martínez solicitó las ayudas. Su madre, de 79 años, padece Alzhéimer y ella -que tiene una minusvalía reconocida del 41%- y su padre, de 78 años, son sus únicos cuidadores. Magda ha pasado por una depresión y por ansiedad. Trastornos propios de todo cuidador. «Es duro y agotador. A una residencia no la queremos llevar, pero es que tampoco podemos pagar un centro de día, que es lo que nos gustaría, porque somos tres comiendo; mi padre tiene una jubilación muy pequeñita y soy la única que trae un sueldo».

Magda teme que su madre no esté recibiendo los cuidados necesarios al no contar con una formación. Los primeros síntomas de la enfermedad se dejaron ver hace cuatro años cuando se despistó e intentó entrar en la casa de un vecino. Ahora necesita ayuda para realizar actividades cotidianas, y la enfermedad sigue su curso. No hay forma de detenerla, como tampoco a Magda, que está dispuesta a acudir a los tribunales para que «dejen de pisotearnos nuestros derechos. ¿Dónde están? Los están tirando al cubo de la basura, pero nos piden muchas obligaciones. Mientras los políticos no se pongan de acuerdo, aquí no hay solución».

A finales de 2006 el Gobierno central daba luz verde a la popular Ley de Dependencia generando grandes esperanzas entre familiares y afectados. La aprobación dio pie a muchas ilusiones que, tres años después de empezar a ser efectiva, se han frustrado y han obligado a las familias a tener que salir a la calle y a convocar manifestaciones en la provincia para poner en evidencia esta falta de gestión.
El último «desastre» que se está produciendo en la tramitación de los expedientes, según la plataforma, es que desde enero la Conselleria de Bienestar Social está ingresando a los afectados las cantidades sin notificarles previamente la resolución, lo que les impide conocer a qué tipo de servicio pertenece y si tiene retroactividad.

Pese a tantos obstáculos, Jaume lo tiene muy claro. No está dispuesto a renunciar a ningún céntimo de euro. «Voy a luchar para que me den todo lo que me corresponde. ¿Qué le diría a Camps? Que quiero mis derechos».

Jaume necesita ayuda las 24 horas al día. Es inquieto y le gusta salir. Muy propio de alguien que tiene 27 años. Y también reivindicativo. Muy propio de alguien que, desde pequeño, está haciendo frente a una enfermedad que le tiene atado a una silla de ruedas. Una afección, distrofia muscular de Duchenne, que no le ha impedido estudiar y que tampoco le ha quitado las ganas de querer comerse la vida a pesar de que ésta la tiene llena de obstáculos. Sus padres, Miquel y Mercedes, son su mejor ejemplo. Miembros fundadores de la Plataforma por la Ley de la Dependencia de la provincia han enseñado a sus dos hijos que la palabra «rendición» no forma parte de su vocabulario.

«Un día estábamos hablando con unos amigos sobre el tema, sobre el retraso y el boicot político en la Comunitat y nos dijimos, ¿por qué no creamos una plataforma?», recuerda Mercedes.

No podían imaginarse que tiempo después de esta conversación, su iniciativa se haya extendido por toda la Comunitat con un gran éxito. Y es que familiares y afectados por el retraso en la aplicación de la Ley de la Dependencia se han agrupado en plataformas comarcales y en una autonómica con un único objetivo: fiscalizar y poner contra las cuerdas a la Conselleria de Bienestar Social para reclamar unas ayudas que están recogidas en la normativa aprobada por el Gobierno en el año 2006, pero que están llegando con cuentagotas.

«Lamentablemente seguimos igual. Es incomprensible y duele que tengamos una ley a nuestro favor y no se esté

Fuente : laverdad.es

sábado, 27 de febrero de 2010

MADRID - INGENIEROS PIDEN REVISIÓN EXHAUSTIVA RESIDENCIAS

El Colegio Oficial y la Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid pidió hoy a las administraciones una "revisión exhaustiva" de las residencias de mayores para adecuar sus medidas de seguridad a la normativa vigente, tal como se recoge en la Ley de Dependencia.

En un comunicado, ambas entidades incidieron en las residencias más antiguas, donde es preciso catalogar y revisar la idoneidad de sus instalaciones y de las medidas contra incendios.

Asimismo recordaron la especial vulnerabilidad de ancianos, niños, personas con movilidad reducida o con otra discapacidad en caso de fuego, lo que requiere medidas de prevención adicionales.

Dichos requisitos afectan tanto a los edificios como a los sistemas de autoprotección, y ya están recogidos en la normativa actual contraincendios, subrayó el comunicado.

Por último, apuntó que en el diseño y ejecución de las medidas de seguridad de edificios se requiere de un titulado competente en la materia, entre los que figuran los ingenieros industriales por su formación específica.

Fuente : lainformacion.com

" 21 DÍAS CON PERSONAS DEPENDIENTES "

Samanta Villar pasa este lunes '21 días con personas dependientes'

Entrega, lucha, superación... Samanta Villar convivirá y cuidará de personas con una gran dependencia durante 21 días para mostrar cómo viven, cómo se enfrentan a su enfermedad y cómo superan día a día sus problemas con una sonrisa. '21 días con personas dependientes' se emite este lunes 1 de marzo a las 23:30h en Cuatro.

Sus familias y seres queridos hacen lo imposible e inimaginable para que estas personas vivan lo más dignamente posible, que requieren de atención casi permanente. Todos ellos constituyen un modelo de superación para el resto, el ejemplo más claro de que con muy poco se puede hacer mucho, verdaderos héroes con nombre y apellidos que nos muestran esta otra cara de la Ley de la Dependencia.

21 días que servirán también para que Samanta se implique a fondo con estas personas para ayudarlas. Samanta será su voz para transmitir la situación en la que se encuentran. Vivirá en primera persona su tensión diaria, una tensión que crece mientras esperan que lleguen las ayudas que les corresponden por Ley. Estas ayudas no siempre llegan, y las personas que sufren estos problemas se encuentran, a veces, indefensas ante la pasividad de la Administración.

Marco, un joven aquejado de la enfermedad de Ducchene
Para ello, Samanta estará 21 días en la casa de Sonia (40 años), Marco (16 años) y Marta. Sonia es una absoluta heroína de la vida. Está separada y trata de que, por encima de todo, su hijo Marco sea feliz y disfrute del momento. Marco padece la enfermedad de Ducchene, una enfermedad degenerativa que conlleva una pérdida progresiva de la masa muscular.

Sonia es una mujer sola que lucha por mantener a flote a su familia: una mileurista que trabaja en la limpieza y, además, paga la hipoteca de su casa. Apenas le alcanza para llegar a fin de mes. Junto a ellos está Marta, la pequeña, que apoya incondicionalmente a su hermano y le ayuda en todo lo que puede.

Samanta se ve inmersa en una rutina que comienza diariamente a las 6 de la mañana. Sólo el hecho de trasladar a Marco de la silla al baño, o a la cama, es una odisea... Una grúa pequeña, una casa no acondicionada y la poca fuerza y enorme voluntad de su madre hacen que el milagro sea posible cada día.

Marco es un chico inteligente, responsable, divertido y totalmente lúcido. Evita por todos los medios que nadie le compadezca y siempre pone como ejemplo a su madre, la única que puede llegar a entenderle, la única que sabe cómo ayudarle porque le hace reír... Cuando charla con su primo Aitor, que padece su misma enfermedad, los dos hacen carreras en silla de ruedas, a ritmo de una canción de Tequila... Hablan de tener novia, pero Marco tiene muy claro que antes prefiere curarse...

Samanta entra en la casa temiendo hacerse cargo de Marco. Está preocupada por la habilidad y delicadeza que conlleva, pero poco a poco, y con la ayuda de éste, se atreverá a bañarle, vestirle, limpiarle y trasladarlo a la silla o a la cama. A lo largo de estos 21 días Samanta seguirá la lucha de Sonia, su madre, con la Ley de Dependencia. Sonia recibía asistencia domiciliaria, pero dada su precariedad prefirió cambiarla por ayuda económica... Pero su valoración aún sigue en trámite...

Una épica historia de amor: el Alzehimer no les podrá separar
Pero el caso de la familia de Sonia no será el único. Samanta toma conciencia de una épica historia de amor. Un viejo matrimonio. Él ha abandonado su trabajo y su "vida" para cuidar a Tere, que padece Alzheimer. A pesar de que ella no le reconoce, ni habla, él nos confiesa que no se siente solo... tiene la suerte de lo que les queda: estar.

Ana María y Ángel... dos jóvenes que necesitan cuidado constante
También están Ana María y sus padres. Ana María es un bebé de veintitantos... Padeció anoxia perinatal (falta de oxígeno en el parto) y sus padres dedican todas sus horas a su pequeña... Ahora sólo piden un centro de día donde su hija esté estimulada y atendida por profesionales...

Ángel es un joven con un 100% de minusvalía, nula movilidad y que necesita una máquina de oxígeno para respirar. Desde siempre ha vivido con sus padres: él albañil y ella al cuidado de él y de sus hermano. Han solicitado tres veces la ayuda que concede la Ley de Dependencia, pero nunca han obtenido una respuesta efectiva...

Fuente : formulatv.com

ASTURIAS - EL PP LAMENTA QUE NO SE IMPLANTE FIGURA ASISTENTE PERSONAL

El PP lamenta que el Principado no instaure la figura del asistente personal de la Ley de Dependencia por ser "muy caro"

La presidenta del PP en Gijón, Pilar Fernández Pardo, criticó hoy en Gijón que la Ley de Dependencia, pese a estar bien en su contenido, no está dando la respuesta esperada por falta de dotación económica. Pardo lamentó, entre otras cosas, que no se haya instaurado en el Principado la figura de asistente personal, como han hecho otras comunidades --Castilla y león, Madrid, Cataluña y País Vasco--.

Por este motivo, recordó que el PP acaba de presentar en la Junta General del Principado una Proposición no de Ley para que inste al Consejo de Gobierno a que tenga en cuenta la puesta en marcha de esta figura, su regulación y la prestación económica que sea necesaria. Así lo dijo antes de la inauguración de un Foro sobre Discapacidad organizado por el PP en el Centro Municipal de El Llano.

"La discapacidad hoy por hoy no está siendo abordada con el ímpetu que se pretendió en la Ley", insistió. Asimismo, explicó que el asistente personal debe tener una cualificación específica para saber atender determinadas discapacidades. Además, indicó que en el caso de Madrid y Barcelona, existen las Oficinas de Vida Independiente (OVI), que gestionan el servicio a través de Aspaym.

Junto a Pardo intervinieron en la rueda de prensa la diputada regional 'popular' Elma Alonso y la senadora y concejala del PP Dorinda García. Ambas reivindicaron también la figura del asistente personal, dirigido especialmente a los grandes dependientes como apoyo al desarrollo de la vida diaria.

"Esto va a costar muy caro", dijo Alonso antes de añadir que por eso quizás el Principado esté aplazando su puesta en marcha. Por contra, indicó que la prestación de ayuda familiar sigue siendo muy extendida, aunque su porcentaje disminuyó tras la queja pública sobre su abuso hecha por el PP. De 52,2 por ciento se pasó a un 48,2. También criticó que el Gobierno Central siga sin asumir la parte del coste que le corresponde, y en lugar del 50 por ciento aporte sólo el 30.

Alonso también señaló que, según los últimos datos, el Principado recibió 34.232 solicitudes de la Ley de Dependencia, de las que 26.829 están valoradas en grado y nivel. No obstante, por la tardanza en la resolución, una media de diez meses, hubo que hacer una segunda valoración a un total a 2.160 personas por el agravamiento de su estado. Recientemente se acordó reducir a seis meses el plazo de tramitación. Además, de 15.138 ayudas a domicilio concedidas, sólo recibieron la prestación 10.936.

ACCESO AL EMPLEO

El Foro también se centró en los problemas de acceso al empleo del colectivo de personas con discapacidad y especialmente en el análisis sobre el cumplimiento y desarrollo de la Lismi, la Ley de Integración Social de Minusválidos, que, entre otras cosas, obliga a la reserva de un cinco por ciento de los puestos para este colectivo en las Administraciones Públicas y de un dos por ciento en empresas privadas. La senadora 'popular' indicó que la crisis afectó especialmente al colectivo de discapacitados, cuyas cifras de desempleo a nivel nacional se duplicaron.

EXPERIENCIA EN CASTILLA Y LEÓN

Por su parte, en el Foro participó el director de Ordenación y Acceso a los Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, Ángel Gómez Mediavilla, quien explicó antes de su ponencia que hasta la fecha hay 38 personas en esta comunidad autónoma que tienen reconocido el servicio de asistente personal.

Gómez explicó que la subvención de la Ley llega hasta los 831 euros, que equivaldría al coste de unas tres horas. No obstante, apuntó que el servicio de una persona de apoyo 24 horas sería de unos 2.500 euros mensuales. Según él, esto actúa como un efecto disuasorio y supone tan sólo el 0,08 por ciento de las prestaciones concedidas, un porcentaje que se reduce al 0,01 por ciento a nivel nacional. En su caso, estos asistentes personales cuentan con cursos de formación y existe la titulación de FP de Atención Sociosanitaria en Domicilio.

PARO DEL 25 POR CIENTO EN ASTURIAS

Respecto al problema del empleo, el vicepresidente de la Federación de Centros Especiales de Empleo del Principado de Asturias (Fecepas), Enrique Fernández Garrido, explicó que en Asturias hay unas 1.900 personas con discapacidad trabajando en 87 Centros Especiales de Empleo.

Para evitar que se vean afectados por la crisis y contener el paro en este colectivo, el Principado incrementó en un 25 por ciento la subvención a la contratación de estas personas durante 2010.

Garrido indicó que en Asturias un nueve por ciento de personas sufren alguna discapacidad, es decir, unas 110.000 personas, aunque no significa que todas ellas estén capacitadas para trabajar. Asimismo, están apuntadas al Servicio Público de Empleo más de 2.000. En el Principado, el paro dentro de este colectivo está entre siete y diez puntos por encima de la media.

Según el vicepresidente de Fecepas, se estima que entre un 25 o un 27 por ciento de los discapacitados que pueden trabajar están en el paro, aunque remarcó que la cifra antes era de casi el 30 por ciento. También apuntó al "incumplimiento fragante" del porcentaje de reserva de plazas para discapacitados en empresas privadas, mientras que de las Administraciones Públicas dijo no tener datos.

Fuente : europapress.es

VIZCAYA - DIPUTACIÓN QUEDARÁ ESTE AÑO SIN PLAZAS PROPIAS EN RESIDENCIAS

La Diputación se quedará este año sin plazas propias en residencias

Ofrecerá ayudas de hasta 800 euros para que los usuarios ingresen en las privadas

LOS DATOS
Presupuesto de 2009. 224 millones de euros, de los que 120 millones han sido para pagar ingresos en residencias, 50 millones para atender a personas con discapacidad, 39,2 millones para ayudas económicas vinculadas a la Ley de Dependencia y 12 millones para centros de día.

Personas atendidas: 26.400 (el 10% de los 224.000 vizcaínos mayores de 65 años).

Principales servicios: Valoraciones de dependencia y discapacidad (15.536 personas beneficiadas), teleasistencia (9.462), ayudas económicas (7.321), residencias para mayores (4.303), discapacitados en centros ocupacionales (1.270), centros de día (1.028 usuarios).

Las residencias del sector público en Vizcaya no podrán hacer frente a la demanda de plazas durante 2010.

El área de Acción Social de la Diputación confirmó ayer un dato que baraja desde hace meses y anunció que, por primera vez, concederá las denominadas 'prestaciones vinculadas al servicio'. Se trata de ayudas económicas de hasta poco más de 800 euros que la Administración territorial ofrecerá a personas mayores para facilitar su ingreso en residencias privadas cuando no existan plazas públicas a su disposición.

Según los datos ofrecidos ayer por el diputado de Acción Social, Juan Mari Aburto, la provincia cuenta actualmente con 5.071 plazas de residencia en centros forales -públicos y concertados-, a las que se unirán a lo largo de 2010 otras 405. Esta cifra supone «un hito», según Aburto, ya que permite asistir al 5% de los mayores vizcaínos de 65 años. Parece, sin embargo, que no será suficiente. «La demanda de plazas crece más rápido que la oferta; es una de nuestras grandes preocupaciones», reconoció el responsable foral.

El progresivo envejecimiento de la población constituye «un reto prioritario» que obligará a la Diputación a activar unas ayudas que ya se conceden en el resto de provincias españolas y que en Vizcaya hasta ahora no estaban en marcha «porque no hacía falta».

Aburto anunció la medida durante una comparecencia en la que presentó el balance de actividades de su área durante 2009. Entre la marea de datos ofrecidos, destacó que, «por primera vez» desde la aprobación de la Ley de Dependencia, los servicios sociales de la Diputación realizaron más informes de valoración (15.536) que el número de solicitudes nuevas presentadas (14.000), eliminando completamente la lista de espera. La agilización de algunos trámites ha permitido que los solicitantes de estos informes obtuvieran respuesta en un plazo medio inferior a dos meses, a los que deben sumar otros tres, aproximadamente, para empezar a recibir las ayudas.
Desde la aprobación de la ley, la mitad de los 36.200 vizcaínos valorados tienen derecho a algún tipo de prestación.

«Estigma» superado
Lo que también ha cambiado durante 2009 es el perfil del solicitante de ayudas en los servicios sociales. «Ahora es universal, se ha superado el estigma de que las prestaciones son sólo para pobres», señaló Aburto.

El presupuesto total para estos servicios durante 2009 ascendió a 224 millones de euros de los que, según Juan Mari Aburto, la aplicación de la Ley de Dependencia sufragada por el Estado vía cupo supone «algo más de 40 millones». «Parece que en estos asuntos se cumple lo de 'tu invitas y yo pago'», lamentó antes de asegurar que «habrá que seguir creciendo en las ayudas, y de forma importante».

El balance de 2009 también es el primero en el que comienza a valorarse el trabajo de Gizatek, el nuevo centro foral que pretende impulsar la autonomía personal de los dependientes.

Inaugurado el pasado mes de marzo, por las dependencias ubicadas en calle María Díaz de Haro de Bilbao han pasado en este tiempo unas 3.000 personas, a las que se ha asesorado en la elección de productos de apoyo que facilitan la movilidad. También se han organizado demostraciones y cursos para que los interesados recibieran información sobre las ayudas económicas contempladas para adquirir estos utensilios o para hacer más accesibles sus viviendas. La Diputación destinó a este programa un presupuesto que rondaba el millón de euros, del que se ha utilizado un 80%, aproximadamente.

Fuente : elcorreo.com

viernes, 26 de febrero de 2010

CREACIÓN DE COMITÉ AUTONÓMICO DEL SISTEMA VALENCIANO

El Consell crea el Comité Autonómico del Sistema Valenciano para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia

El Diario Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) publica hoy el Decreto por el que se crea el Comité Consultivo Autonómico del Sistema Valenciano para la Autonomía y Atención a la Dependencia, cuyo objetivo es formar un foro de "diálogo social y participación" para mejorar la aplicación de la Ley de Dependencia en la Comunitat, según informó la Generalitat en un comunicado.

La consellera de Bienestar Social, Angélica Such, destacó que este comité consultivo, adscrito a su departamento, "permitirá hacer efectiva, de manera permanente, la participación y colaboración entre las administraciones implicadas en la gestión del sistema valenciano para la autonomía y atención a la dependencia, y los agentes económicos y sociales más representativos".

En este sentido, Such explicó que esta iniciativa se configura, dentro del marco de la negociación Pavace II (2009-2013), "como un foro de diálogo social y participación, cuyo objeto, composición y funciones son fruto de la negociación, del consenso y del compromiso del Consell para integrar distintas perspectivas e intereses".

Asimismo, según la consellera, este nuevo órgano, que estará constituido antes de finales de 2010, "será un cauce eficaz de comunicación y cooperación en cuestiones tan relevantes como las que afectan al vigente sistema de atención a la dependencia en la Comunitat Valenciana, lo que redundará en una mejor y mayor eficacia del sistema", dijo.

Entre las funciones del Comité Consultivo se encuentra la de informar, asesorar y formular propuestas sobre materias que resulten de especial interés para el funcionamiento del Sistema Valenciano para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Igualmente, de forma especial, se encargará de las materias relacionadas con el catálogo de servicios y el contenido prestacional, el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes de los usuarios, el desarrollo e implantación de los servicios y programas, la coordinación y cooperación entre las administraciones públicas, la financiación y ejecución presupuestaria, la valoración, la calidad, el sistema de información y el desarrollo normativo.

El Comité recibirá también información puntual de los trabajos y acuerdos del Consejo Interterritorial de Servicios Sociales, Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia. Además, podrá formular propuestas sobre la situación general del mercado de trabajo y del sector de servicios en particular, así como sobre la formación de cuidadores y asistentes personales.

Este órgano estará presidido por el secretario autonómico de Autonomía Personal y Dependencia de la Conselleria de Bienestar Social y estará integrado por doce representantes de las administraciones públicas, de los cuales seis serán representantes de la administración autonómica y otros seis de la local. De ellos, tres serán representantes de las diputaciones provinciales y tres de las entidades locales. También formarán parte del Comité doce representantes de los agentes económicos y sociales.

Fuente : europapress.es

ASTURIAS - GERIÁTRICOS PRIVADOS, "REPUNTE" DE USUARIOS DEPENDIENTES

Los geriátricos privados constatan un «repunte» de usuarios dependientes

Asturias rechaza la idea del Imserso de que personas con discapacidad cobren por cuidar de familiares con dependencia

«Sí hay un repunte, porque ahora han empezado a hacer las cosas bien». Antonio Rojas, portavoz de la Asociación Asturiana de Residencias de la Tercera Edad (AARTE), confirma la versión dada ayer por el viceconsejero de Bienestar Social, Ángel González, sobre el cambio de ciclo detectado en la ampliación de la Ley de la Dependencia.

Tal y como publicó EL COMERCIO, el número dos de la consejería que dirige Noemí Martín aseguró ante la Junta General del Principado que el volumen de beneficiarios de la citada norma que opta por un servicio en lugar de por una paga va en aumento.

Aunque aún es ligero el descenso en las solicitudes de prestación económica -las peticiones de salario para un familiar cuidador han pasado de ser el 52,2% del total de beneficiarios al 48,2%-, para González supone la confirmación de la teoría defendida por la Consejería de Bienestar Social y Vivienda desde el principio y verbalizada por el director general de Servicios y Prestaciones, Pedro Rodríguez.

Éste echó mano siempre de experiencias europeas anteriores para asegurar que «cuando la ley entra en vigor, las peticiones de pagas superan a las de servicios, pero la dificultad en la atención a las personas con dependencia hace que esa predilección cambie a los pocos meses».

«Antes apostaban por la paga»
Rojas, por su parte, sin discutir las experiencias de otros países, centra la diferencia en que «antes, el Principado apostaba por dar el dinero, porque le era más barato y cómodo. Pero, ahora se ha dado cuenta de que es un error y está rectificando».

Ese cambio en la gestión, que llegó de un cambio político -el equipo socialista que dirigía la consejería dio paso a uno de IU, el mismo que estaba cuando entró en vigor la ley- se ha notado, asegura el portavoz de AARTE, «porque ahora hay más personas con dependencia que piden plaza en una residencia y, sobre todo, porque son muchos los que vienen aquí para informarse».

Antonio Rojas, que cuenta con una residencia privada en Gijón, explica también que el cambio en la tendencia de los usuarios se está notando más «en los que piden ir a una residencia que en los centros de día».

En su opinión, la crisis que sumió a los centros de día privados la entrada en vigor de la Ley de la Dependencia, que dejó vacías casi el 50% de las plazas, «aún se nota». Aunque él carece de esa oferta en su empresa, sí sabe por sus compañeros que «ese desaguisado tardará más en solucionarse».

Dependientes, pendientes
El propio Principado fue víctima también de ese tirón de las pagas, ya que también los centros de día públicos se quedaron vacíos, hasta el punto de que seis, de nueva construcción, estuvieron casi un año acabados, pero sin estrenar, ante la falta de usuarios.

Esos dispositivos ya están en uso y, aunque aún cuentan con plazas libres, la demanda ha crecido un 140% en un año, con 878 usuarios dependientes a fecha 1 de febrero. Por ello, Bienestar Social quiere seguir intensificando su campaña de promoción de los servicios, antes que las pagas, para lo que se ha negado a aceptar la propuesta del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), para que personas con dependencia cobren por cuidar de otras en parecida situación.

Esta propuesta, adelantada a EL COMERCIO por la Asociación Estatal de Directores de Servicios Sociales, fue confirmada por el viceconsejero de Bienestar Social, quien aseguró que «no compartimos la posición de posibilitar, excepcionalmente, que una persona dependiente pueda ser cuidadora, a su vez, de otra».

Ángel González sí señaló que otras comunidades «parecen favorables a otra opción», reiterando su idea de que «algunas están haciendo caja con la ley». Como prueba, según él, «la comunidad de Murcia, donde más del 80% de los beneficiarios cobran la paga por cuidador familiar. Aquí, en cambio, estamos debajo de la media».

Fuente : elcomerciodigital.com

CANARIAS - ROLDÓS PIDE FINANCIACIÓN SUFICIENTE Y ESTABLE

Roldós pide financiación suficiente y estable para prestación sociosanitaria

Roldós, que ha acudido, junto a la consejera de Bienestar Social, Inés Rojas, a la primera reunión conjunta entre consejeros de Política Social y Sanidad para definir un nuevo espacio sociosanitario y de integración, ha subrayado que tanto la prestaciones sanitarias como la Ley de Dependencia requieren de una financiación estable.

Roldós ha señalado que el conjunto de los consejeros ha coincidido en la necesidad de crear un grupo de trabajo que coordine lo sociosanitario y se encargue de marcar las líneas prioritarias; mientras que un grupo de expertos elaborará un Libro Blanco para reforzar esta coordinación.

Además, según la consejera canaria, se ha pedido financiación suficiente para llevar a cabo las prestaciones que defina tanto la Ley de Dependencia como la de Cohesión y Calidad.

Roldós también ha recordado que el Sistema Nacional de Salud tiene un déficit de más del 10 por ciento de su presupuesto anual en materia de sanidad y la Ley de Dependencia está "insuficientemente" financiada.

En este sentido, ha remarcado la necesidad de definir las prestaciones y materializarlas en cartera de servicios y eso, ha dicho, le corresponde al Gobierno.

En la reunión, la consejera de Sanidad ha planteado que su Comunidad, gracias a "la experiencia acumulada" en el trabajo conjunto sociosanitario, puede colaborar a mejorar el marco normativo a nivel de toda España.

En este mismo sentido se ha manifestado la consejera de Bienestar Social, Inés Rojas, quien ha subrayado el "avance" de Canarias en este asunto, con "diez años" de política conjunta sociosanitario, experiencia que esta Comunidad quiere llevar al futuro Libro Blanco.

Rojas también ha pedido al Ministerio que coordine las políticas de toda España y evitar así que creen 17 sistemas de dependencia diferentes.

La consejera de Bienestar Social ha apostado por "un marco común" de forma que "todos los ciudadanos, vivan en el rincón donde vivan, tengan acceso a los mismos derechos y a las mismas facilidades".

Rojas ha informado de que hoy todas las comunidades, unánimemente, han pedido la máxima coordinación pero también "prudencia" porque "no se trata -ha dicho- de crear un espacio nuevo si no de que la prestación sociosanitaria se vea".

Fuente : abc.es

MURCIA - PSOE ACUSA GOBIERNO REGIONAL DE DIFICULTAR EL ACCESO

PSOE acusa al Gobierno regional de "seguir dificultando" el acceso de los murcianos al sistema de ayudas

Lola Hernández denuncia que al retraso existente en la tramitación de expedientes se une la falta de valoradores por más de tres meses MURCIA,

La diputada regional Lola Hernández afirmó hoy que el Gobierno regional "sigue dificultando" el acceso de los murcianos al sistema de la Dependencia, "aun cuando es denunciado públicamente por diferentes instituciones como el Observatorio de la Dependencia, informes de las Cajas de Ahorro o de los sindicatos".

En rueda de prensa Hernández señaló que los murcianos no pueden acceder al Sistema en las mismas condiciones que cualquier persona de comunidades vecina y que cada día se encuentran con una nueva dificultad. "Somos de las peores comunidades españolas en la aplicación, eso lo sabe hoy toda España", enfatizó.

Según la diputada, otro problema en este momento es el de la falta de valoradores, "que no se solucionará hasta marzo ya que han sacado una convocatoria a finales de enero, tras vencer en diciembre pasado un convenio que tenían suscrito con el Colegio Oficial de Fisioterapeutas, a través del cual los valoradores no tenían relación laboral con la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración".

Es decir, añadió, "que al retraso existente en la tramitación de expedientes, se une la falta de valoradores por más de tres meses como mínimo". La diputada socialista reprochó a Valcárcel "que no esté solucionando los problemas de las personas dependientes, discapacitados dependientes y mujeres".

Al tiempo que remarcó que, según expuso el consejero Joaquín Bascuñana la semana pasada en la Asamblea Regional, hay 51.976 solicitudes, 45.826 resoluciones, de las que 32.165 son protegibles "y sólo 19.541 tienen prestaciones o servicios".

A juicio de la socialista, "estas cifras indican que hay más de 6.000 personas pendientes de valorar, cifra que se ve incrementada por las revisiones de esos 19.541 personas que pueden haber empeorado en su situación de dependencia". También quiere decir que una de las características de la Gestión en Dependencia del presidente murciano "es la improvisación", añadió Hernández.

Y es que, expuso, "seguimos sin normativa y la que elaboran, que aún no está en vigor es muy enmendada por el CES; teniendo en cuenta los datos del Gobierno regional hay casi 13.000 personas que tienen los derechos reconocidos y aún no tienen ni prestación ni servicios y seguimos teniendo un sistema de acceso a la información muy deficiente y opaco". No hay claridad en la gestión, "parece mentira que en el siglo de las nuevas tecnologías el Gobierno de Valcárcel no facilite el acceso a la información telemática", apuntó.

"EDAD DE PIEDRA" EN LA APLICACIÓN

En concreto, el dictamen elaborado por el CES, "que viene a dar la razón al PSOE", denuncia que la articulación de dos procedimientos (valoración de grado y resolución de prestaciones o servicios) constituye un único procedimiento, y que "carece de todo fundamento e introduce un elemento de inseguridad y una lesión de un aspecto esencial del derecho subjetivo establecido en la ley".

Según Hernández, el Gobierno regional "pretende que el silencio administrativo, que siempre es imputable a la inactividad de la administración sea negativo", de tal forma, añadió, "el solicitante se queda sin derecho al reconocimiento, a las prestaciones o servicios de la Ley, teniendo como único recurso recurrir a los Tribunales".

"Valcárcel no quiere garantizar celeridad en el proceso y quiere imputarle a los ciudadanos la inactividad de su administración", señaló la diputada, quien advirtió, como el CES, que los valoradores tienen que ser funcionarios, y recomendó suprimir la exigencia de aportar certificados de empadronamiento y DNI en los procedimientos administrativos, así como un mayor papel para la Administración local y un aumento de financiación para dotarlas de recursos materiales y humanos.

Y es que, concluyó Lola Hernández, "estamos en la Edad de Piedra en cuanto a la aplicación de la Ley de Dependencia y los murcianos deben saber que tienen derecho a ser valorados, a recibir prestaciones o servicios, a que sea en seis meses y derecho a tener seguridad jurídica".


Fuente : europapress.es

jueves, 25 de febrero de 2010

EL SISTEMA DE DEPENDENCIA SE COLAPSARÁ EN UNA GENERACIÓN

El modelo actual de atención a la dependencia no será viable en la próxima generación.

El rol de mujer cuidadora, esposa o hija, dedicado a la atención de su familiar enfermo no será factible en unos años, según pone de manifiesto el informe «El cuidado de las personas. Un reto para el siglo XXI», que presentó ayer la Fundación La Caixa.

Actualmente, más de la mitad de las ayudas que concede la Ley de Dependencia son asignaciones económicas por el enfermo que son entendidas por los familiares como un salario para el cuidador, según el informe elaborado por sociólogas de la Universidad Carlos III de Madrid.

Pero hay dos factores «que impedirán que el modelo se perpetúe: la incorporación de la mujer al mundo laboral y el envejecimiento de la población», subraya Constanza Tobío, catedrática de Sociología y una de las autoras del documento. «El cuidado familiar tradicional es insostenible a medio plazo», destaca la investigadora.

Los datos refrendan su afirmación. El número de amas de casa se ha reducido a la mitad (del 43% al 23%) en los últimos 20 años, mientras que el porcentaje de mujeres activas ha pasado del 39% al 50% de 1998 a 2009.

Con esta premisa, los autores hacen una llamada de atención para la búsqueda de nuevas fórmulas contempladas, pero están muy poco desarrolladas, por la Ley de Dependencia: «El 51% de los dependientes recibe una asignación económica como ayuda –algo que la ley contemplaba como excepción–, mientras que casi no hay centros de día –donde el enfermo es atendido mientras sus familiares trabajan–, apenas son el 0,8%, y las residencias o los servicios de atención a domicilio no superan el 5%», comenta Tobío, citando estadísticas del Imserso.

Aunque Tobío considera la Ley de Dependencia como un «instrumento imprescindible», recuerda que «las leyes no son todo» y que hay que desarrollarlas y vincularlas a «instituciones y prácticas sociales».

Además, denuncia que la norma «no se está desarrollando de acuerdo con su filosofía», sino que sigue tirando con «inercia del modelo familiar» y «un modelo que perpetúa las prácticas no mira al futuro», lamenta.

Pero también habrá que tener en cuenta el factor del envejecimiento de la población. Si ahora el 18 por ciento de la población tiene más de 65 años, la previsión es que en 2050 este porcentaje ascienda hasta el 30%, según los datos del informe.

El reto, por tanto, es desarrollar un nuevo modelo de atención a la dependencia que se adapte a las nuevas circunstancias de la sociedad. «Estamos ante la última generación de mujeres que han sido amas de casa y, por tanto, están disponibles para cuidar. Es difícil que en 20 años esto siga ocurriendo», recuerda la socióloga.

Fuente : larazon.es

CASTILLA Y LEÓN - 13 AYUDAS CONVERTIDAS EN DERECHOS

La nueva Ley de Servicios Sociales convierte 13 ayudas en derechos

El Consejo de Gobierno aprueba el proyecto que garantiza una atención temprana a niños discapacitados

Largamente demandada y, desde luego, necesaria. La nueva Ley de Servicios Sociales de Castilla y León ya es un proyecto regulador aprobado ayer por el Consejo de Gobierno que, aunque llega con años de retraso desde que fuera anunciada poco después de asumir la Junta las competencias en acción social en el año 1998, supondrá garantías de calidad de servicios y de acceso a prestaciones.

Las ayudas sociales como plazas residenciales, en centros de día o apoyos económicos para costearse un servicio son una realidad desde hace años gestionada por los tradicionales Servicios Sociales. La Ley de Dependencia estatal impuso desde el 2006 obligaciones a las comunidades en la atención de personas incapaces de tener autonomía, pero faltaba la legislación regional que adaptara esta normativa nacional.

Ahora, la nueva ley lo que aporta fundamentalmente es reconocer trece prestaciones como un derecho, ascender la cobertura asistencial de categoría para que las ayudas sean algo exigible y reclamable por el ciudadano.

Así, esta normativa de 109 artículos repartidos en diez títulos en un documento de 76 páginas, establece un catálogo de prestaciones que amplía las estatales y califica como prestaciones esenciales cuyo reconocimiento «tiene el carácter de derecho subjetivo», según destacó ayer el consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, César Antón.

Recoge así el texto con tal calificación el derecho a la información, orientación y asesoramiento y a la valoración, planificación de caso y seguimiento. En cuanto a estas dos primeras prestaciones, el consejero Antón destacó además que habría un registro único, una ventanilla de atención única y una historia social única. De esta forma, el solicitante accederá con facilidad a los recursos independientemente de que sean gestionados por un Ayuntamiento, la Diputación o la Junta.

Medidas
El Ingreso Mínimo de Inserción y las ayudas destinadas a la atención de necesidades básicas de subsistencia urgentes; así como las medidas específicas para la protección de menores de edad en situación de riesgo o desamparo, y la atención temprana para niños con discapacidad o en riesgo de sufrir una minusvalía desde la prevención, la detección precoz, el diagnóstico y el tratamiento suman otras tres prestaciones esenciales que, además, enriquecen los derechos ya contemplados en la Ley de Dependencia.

También la teleasistencia para todos los mayores de 80 años que la demanden será un derecho nuevo que aporta la administración autonómica.

La ayuda a domicilio, la atención en centros de día y de noche -estos últimos serán de nueva creación-, las plazas residenciales, la ayudas económicas para cuidados en el entorno familiar o para un asistente personal; servicios de prevención de situaciones de dependencia y ayuda para pagar servicios privados cuando no ha habido plaza en públicos o concertados completan el catálogo.

Las administraciones financiarán estas prestaciones junto a la aportación del usuario cuando disponga de patrimonio, pero «nadie se quedará sin ayudas por falta de recursos», según insistió ayer el responsable de su aplicación, el consejero César Antón

Fuente : nortecastilla.es

LA ACTUAL LEY IMPIDE CREAR 30.000 NUEVOS EMPLEOS

La actual Ley de dependencia impide crear 30.000 nuevos empleos

Hay más de 50.000 plazas vacías en el sector residencial y ocuparlas supondría un retorno positivo de 180 millones para el Estado, aseguran los empresarios del sector.

El Gobierno ha destinado en los últimos tres años 3.321 millones de euros al sistema de dependencia y para 2010 ha presupuestado un total de 1.671 millones, un 36,5 por ciento más que el año anterior.

La Ley de Dependencia es una oportunidad para crear empleo, pero desaprovechada por ahora. Así lo creen los empresarios del sector de residencias para personas mayores y dependientes, ante las más de 50.000 plazas vacías en residencias geriátricas y centros sociosaniarios. Ocupar estas plazas equivaldría a generar 30.000 nuevos empleos de calidad sin coste alguno para el Estado, según sostienen los empresarios.

Un informe elaborado por la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte) calcula que los 30.000 nuevos empleos para atender las plazas concertadas supondría un desembolso de 550 millones de euros para el sistema de Dependencia. A cambio, las administraciones públicas obtendrían un retorno directo de 684 millones de euros en concepto de recaudación por IVA, IRPF, Sociedades o en ahorro en el subsidio del paro, lo que arroja un saldo favorable de 130 millones de euros.

Para alcanzar estos objetivos, el presidente de Aerte y representante del sector de Dependencia en la CEOE, Alberto Giménez, propone un cambio de reglas, un nuevo convenio de financiación entre el Estado y las Comunidades Autónomas "para equilibrar las aportaciones", ya que las regiones correrían con la mayor parte de los costes, mientras que el Estado se llevaría la mayoría de los retornos. Por eso, el Gobierno tendría que reconocer que son las regiones las que están haciendo el mayor esfuerzo en desarrollar la Ley, asegura el presidente de Aerte. Giménez señala que "no se puede perder ni un minuto más sin crear empleo" y considera posible "crear servicios, aumentar prestaciones sociales, generar empleo y reducir el déficit".

El informe, que también eleva el copago al que tendrían que hacer frente los beneficiarios hasta el 39% del coste final de una plaza residencial concertada, ya está en manos de la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, y de los consejeros autonómicos del ramo, que han aprobado un fondo especial de 21 millones de euros para pacientes polimedicados que viven en residencias y mejorar los cuidados paliativos o la atención en ictus y enfermedades mentales, entre otros objetivos.

Lejos de ser un "estímulo" para la creación de empleo, como aseguró la ministra en el Congreso la semana pasada, el balance de la Ley es decepcionante en el terreno del empleo.

Tres años después de su entrada en vigor, la Ley sólo está generando puestos de trabajo en el ámbito familiar. De los 151.940 empleos que Trinidad Jiménez afirmó que se han creado gracias a la Ley, más de 100.000 se corresponden con cuidadores familiares que están suscritos al convenio especial de cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia. Se trata, por tanto, de empleo no profesional y en su mayoría de personas mayores de 50 años.

Mientras esto ocurre son muchas las empresas del sector que están echando el cierre. Porque no se trata de un problema de demanda. Las solicitudes para entrar en estos centros exceden las plazas sin ocupar, según explica Alberto Giménez.

La clave es financiera. Las Comunidades Autónomas se han volcado durante estos tres años de vigencia de la Ley en las ayudas a cuidadores en el entorno familiar antes que costear servicios profesionales. La mitad de los 505.098 beneficiarios de una prestación reconocida por la Ley reciben ayudas para cuidados familiares que no superan de coste los 400 euros, frente a los 1.800 euros que vale una plaza en una residencia por término medio.

Fuente : elsemanaldigital.com

EL 85% CUIDADORES SUFREN EL "SÍNDROME DEL QUEMADO"

El 85% de los cuidadores de dependientes sufren el "síndrome del quemado"


Cansancio, falta de tiempo para desarrollar la vida social, sensación de soledad, impotencia, irritabilidad, absentismo laboral, ansiedad, tensión... Estos son los efectos negativos más comunes que terminan sufriendo los cuidadores de personas dependientes en España.

En el 83% de los casos son mujeres las que cuidan de personas dependientes en España

En total, casi uno de cada nueve cuidadores (el 85%) admiten sufrir alguna de estadas dolencias de salud física, psíquica y la alteración de la vida social y laboral que en el argot médico se conoce como el "síndrome del cuidador quemado", según el informe 'El cuidado de la personas, un reto para el siglo XXI', presentado este jueves por la Fundación la Caixa.

El estudio, que refleja la lentitud con la que se está aplicando la Ley de Dependencia en España (más de un millón de personas siguen esperando la ayuda), señala que son las mujeres las que más sufren este síndrome. Así, el perfil del cuidador de personas dependientes en España es una mujer (en el 83% de los casos), casada, con estudios primarios, sin ocupación remunerada y, en un 40% de los casos, la hija del afectado. Además, en un 77,2% de los casos realiza un cuidado permanente.

El modelo tradicional insostenible

El estudio también alerta del agotamiento del actual modelo de cuidado tradicional, por el aumento de la esperanza de vida y la incorporación de la mujer al mercado laboral, "que amortiza su vida activa hasta la jubilación", lo que ha provocado que, en los últimos 20 años, el número de amas de casa a tiempo completo se haya reducido a casi la mitad.

Pese a su incorporación laboral, las mujeres siguen soportando el peso de las obligaciones familiares, tanto con los menores como con las personas mayores dependientes.

Prefieren la prestación económica

Más de la mitad de los familiares de personas dependientes adopta como salario las ayudas económicas derivadas de la Ley de Dependencia, aprovechando la disponibilidad de la última generación de amas de casa y en un momento de crisis económica, según el informe. Según los últimos datos del IMSERSO, a 1 de febrero de 2010, de las 505.098 personas beneficiadas con prestaciones, 291.664 fueron de cuidados familiares.


Fuente : 20minutos.es

MÁLAGA - A LA CABEZA EN APLICAR LA LEY

El PSOE destaca que el número de beneficiados por las prestaciones es similar a las comunidades de Madrid y Valencia

El secretario general del PSOE malagueño, Miguel Ángel Heredia, y la secretaria de Bienestar Social del PSOE andaluz, Isabel Muñoz, han
presentado hoy una campaña informativa sobre la Ley de Dependencia con el objetivo de que "los malagueños y las malagueñas conozcan que nuestra provincia es la más avanzada en la aplicación de la ley en toda España", según el propio Heredia.

"A día de hoy el número de personas beneficiarias de las prestaciones de la ley en la provincia de Málaga asciende a 23.500, es decir casi el
mismo número que la Comunidad de Valencia o que la de Madrid (con cinco veces más población que nuestra provincia) y casi el doble que la Región de Murcia", ha señalado.

"No es una cuestión de población es una cuestión de voluntad política. La Ley de Dependencia funciona bien porque en Andalucía hay un
gobierno socialista, el Gobierno de Griñán, que ha dicho sí a la atención a las personas dependientes, invirtiendo 77,4 millones para financiar la prestación de este servicio en Málaga desde su puesta en funcionamiento", ha apuntado.

"En frente, un PP que ha dicho no a la Ley de Dependencia, no a la atención a las personas dependientes. Ha dicho no en las comunidades donde gobierna como Madrid, Valencia o Murcia.Y ha dicho no, siguiendo el dictado del perdedor Arenas Bocanegra, en los municipios donde gobierna en la provincia de Málaga como Fuengirola donde Oña ha boicoteado en diferentes ocasiones la aplicación de la ley o en Torremolinos, donde el Sr. Fernández Montes se ha negado a firmar con la Junta de Andalucía el convenio para la ayuda a domicilio obligando a los torremolinenses a pagar esa prestación que otras ciudades están recibiendo de fondos del Gobierno andaluz", ha agregado.

Según Heredia, "diciendo no a la Ley de Dependencia el PP está diciendo no al futuro". "Las políticas de atención a las personas dependientes juegan un papel clave en la nueva economía, en el cambio de modelo productivo", ha indicado. En este sentido, ha destacado que en 2009 la población ocupada en el sector Servicios Sociales, en su mayoría referido al ámbito de la dependencia, creció un 33% en la provincia de Málaga, "lo que supone la creación de 4.400 empleos en este ámbito".

Por su parte, la secretaria Regional de Bienestar Social del PSOE andaluz, Isabel Muñoz, ha destacado que "los socialistas hemos sido en este país los impulsores de todas las políticas y sistemas universales que se vinculan directamente con la igualdad, la solidaridad y la justicia social". "Esto se ha demostrado en cómo los socialistas estamos gestionando la aplicación de la Ley de Dependencia en Andalucía, existiendo grandes diferencias con aquellas Comunidades Autónomas donde no gobierna el PSOE. Así hemos incrementado el presupuesto inicial destinado a la Dependencia de 260 millones de euros en 2010 hasta alcanzar los 791 millones, un 49% más que el presupuesto inicial previsto", ha anunciado.

"Actualmente en Andalucía unas 200.000 personas tienen derecho a alguna de las prestaciones de Dependencia, de las que más de 113.000
personas son gran dependientes y más de 86.000 son dependientes severos", ha recordado. "Hemos, por tanto, duplicado las prestaciones en tan sólo un año, al crecer en 2009 su número en 100.000 más respecto a las que existían en 2008. A ello quiero añadir que más de 44.000
personas recibían en Andalucía dos o más prestaciones incluidas en la Ley, como es el caso de la Teleasistencia, el servicio de Ayuda a Domicilio o la Unidad de Estancia Diurna", ha señalado.

"También somos los que más hemos desarrollado la Ley, con 189.300 prestaciones concedidas, lo que supone más del 30% del total nacional. Además, en Teleasistencia en Andalucía están recibiendo 42.153 personas en situación de dependencia, lo que representa el 82% del total nacional. En total, Andalucía suma el mismo número de personas beneficiarias que 11 Comunidades Autónomas juntas, y al relacionar las personas beneficiarias con la población de cada Comunidad Autónoma, Andalucía multiplica por más de 4 las personas beneficiarias de Madrid y por 3,5 las de la Comunidad Valenciana", ha concluido.

Fuente : laopiniondemalaga.es

C. VALENCIANA - BENICARLÓ - AGILIZAN TRÁMITES LEY

Agilizan los trámites de la ley de dependencia
La edil de Bienestar Social del Ayuntamiento de Benicarló, Sarah Vallés, ha acusado al grupo municipal socialista de utilizar la ley de Dependencia como arma política.

En este sentido, Vallés ha matizado las declaraciones efectuadas por el portavoz socialista, Enric Escuder, en relación con que el 12% de los solicitantes han fallecido esperando respuesta. Según Vallés, "la mitad de los demandantes tenía servicio de ayuda a domicilio, es decir, más de 25 personas, y más de 20 personas tenían recurso en residencia.

Además, cuatro solicitudes estaban resueltas y, en otros casos, no se ha llegado a tiempo porque ha pasado poco tiempo de la solicitud".

La responsable recordó que más allá de esta ley el ayuntamiento también ofrece servicios paralelos, así pues, la ley de dependencia "únicamente incorpora el reconocimiento del grado de dependencia y el nivel, así como la prestación económica para los cuidadores, pero el resto ya estaba cubierto" con servicios como la ayuda a domicilio, los servicios residenciales, entre otros.

Vallés advirtió que durante dos meses se incorporará una trabajadora social para acelerar la tramitación de solicitudes con el fin de darles salida a aquellas que aún cuando están valoradas todavía estén pendientes de los informes sociales.

Por otro lado, desmintió que la mayor parte de las solicitudes respondidas coincidan con las plazas concedidas en residencia.

Fuente : levante-emv.com

LA LEY TENDRÁ UN DÉFICIT DE 7.000 MILLONES ESTE AÑO

La ley de Dependencia tendrá un déficit de 7.000 millones este año y de 12.000 en 2015

Las previsiones de aportación pública representan en torno al 25 por ciento del total presupuestado, según un estudio de dos universidades

Las administraciones públicas prevén aportar 4.426 millones de euros para hacer frente a la ley de Dependencia en el año 2015, cuando el coste real de los servicios en dicha fecha oscilaría entre los 17.000 y los 20.000 millones de euros, según establece un estudio publicado en la revista «Estudios de Economía», realizado por Irene Albarrán y Pablo Alonso, de la Universidad Carlos III de Madrid y de la Universidad de Alcalá, respectivamente.

Las previsiones de aportación pública representan en torno al 25 por ciento del total presupuestado para 2015, año en el que las autoridades prevén que funcionará a pleno rendimiento el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en España. Según Irene Albarrán, profesora de la Carlos III , los resultados de su investigación implican para ese año «un desfase de 12.000 millones de euros, en el mejor de los casos».

El informe «La población dependiente en España» concluye que en el presente año «hay más de 890.000 personas con derecho a recibir ayudas públicas y, según las estimaciones, los costes de la población dependiente oscilan entre los 8.584 y los 9.276 millones de euros, cuando las administraciones calcularon un coste de 2.320».

La previsión se agrava para 2015, cuando el volumen de dependientes «será ligeramente inferior al millón de personas, por lo que la cifra de costes se situará entre los 15.000 y los 20.000 millones de euros, importe muy superior a los 4.426 millones que esperan aportar las administraciones, por lo que sólo se cubrirá la cuarta parte de lo que haría falta en atención asistencial, sin contar infraestructuras», explica Alonso.

El estudio estima que en 2020 el número de dependientes será ligeramente superior al millón -con un coste estimado entre los 22.000 y los 27.000 millones-. Y para 2015 pronostica que la cifra de potenciales beneficiarios oscilará entre 1,55 y 1,65 millones -algo más del tres por ciento de la población total- que acarrearán un gasto entre 135.000 y 161.000 millones.

El peso de los costes sobre el total de la actividad -prosigue la investigación-irá creciendo hasta situarse entre el 1,3 y el 1,6 por ciento del PIB en 2015 y el 2,2-2,6 por ciento en 2050. En ningún caso la aportación de la Administración supera el 30 por ciento del coste estimado, precisan los autores del trabajo.

Fuente : lne.es

miércoles, 24 de febrero de 2010

C. VALENCIANA - SUCH DEMANDA A SANIDAD FINANCIACIÓN

Such demanda a Sanidad financiación suficiente para aplicar Ley Dependencia

Such se ha referido así al término de la reunión que han mantenido hoy los consejeros de Política Social y Sanidad de las comunidades autónomas con la ministra del ramo, Trinidad Jiménez, para definir un nuevo espacio sociosanitario y de integración.

La consellera ha pedido a Sanidad que el cincuenta por ciento que debe aportar a la comunidad autónoma para financiar la atención a la dependencia "no se dé sólo en un recurso, sino en cada uno de los recursos que le corresponde a la persona que necesita esa actuación determinada".

A juicio de Such, la coordinación sociosanitaria "es positiva, pero no resuelve los problemas" existentes en los ámbitos sanitarios y de bienestar social.

Such ha recordado que la coordinación no ha surgido ahora, ya que en el caso de la Comunitat Valenciana se está llevando en distintos ámbitos, entre los que ha citado el programa de atención farmacéutica, o la atención en los centros residenciales.

En este sentido, la consellera ha considerado "enriquecedor" escuchar lo que en este ámbito está haciendo cada autonomía, aunque ha comentado que no se ha llegado "a ningún acuerdo concreto" porque, ha comentado, tampoco era el "foro" adecuado.

En el caso de la Comunitat, Such ha señalado que la Ley de Dependencia ha tenido en el último año "un incremento en el número de resoluciones del 60 por ciento", y aunque ha reconocido que "ha tenido una aplicación difícil", a final de 2009 "prácticamente el 50 por ciento" de las solicitudes en vigor tienen ya el reconocimiento de dependencia, por lo que han cerrado el año con "más de 30.000 personas".

Asimismo, ha destacado que desde el Gobierno valenciano se está dando "mayor agilidad a la aplicación normativa" y ha recordado que están elaborando un "decreto que acorta los plazos en la tramitación".

Fuente : abc.es

CASTILLA Y LEÓN - LAS CORTES INSTAN A LA JUNTA A PRESENTAR LA LEY ANTES DE MARZO

Ley de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia

Las Cortes instarán a la Junta a presentar la Ley de Dependencia antes de marzo

Las Cortes de Castilla y León aprobaron hoy instar a la Junta de Castilla y León a que presente en la Cámara antes de que concluya el primer trimestre de 2010 el proyecto de Ley de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia. Éste fue el único punto en que llegaron a un acuerdo los grupos de una moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista sobre la materia.

El socialista Fernando Rodero explicó, en su defensa, que la Junta lleva "cuatro años" prometiendo que va a presentar este proyecto. "Es la enésima vez que marcan una fecha", denunció Rodero, quien aceptó el voto por separado del punto quinto de su moción, que finalmente fue aprobado por los grupos.

Mientras, la procuradora ´popular´ Dolores Ruiz-Ayúcar acusó al PSOE de presentar esta propuesta cuando la Junta ya ha anunciado que presentará el proyecto antes de que concluya el primer trimestre de 2010. Según dijo, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ya se ha comprometido a presentar un borrador antes de que finalice el primer trimestre.

Ley de Dependencia

En otro orden de cosas, en la moción el socialista propuso también la mejora de la "transparencia" en los datos que ofrece la Consejería sobre la aplicación de la Ley de la Dependencia, basados, dijo, en "la propaganda". Además, pidió a la Junta que aborde "con urgencia" la ordenación territorial aprobando un mapa que incluya los servicios e infraestructuras de ámbito comarcal y municipal.

En este sentido, Ruiz-Ayúcar volvió a recalcar que en la página web del Gobierno regional existe una información pública y sobre el mapa aseveró que ya lo contempla el borrador de la Ley de Servicios Sociales y se realizará según la zonificación de las zonas de salud.

El presupuesto del Gobierno central en la aplicación de la Ley de la Dependencia fue otro de los reclamos de Rodero en su moción, algo que negó la ´popular´ porque la aportación de la Comunidad Autónoma es mayor que la del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero, que sólo alcanza entre 205 y 207 euros por dependiente al mes.

Finalmente, el procurador socialista pidió la modificación del sistema de financiación del llamado tercer sector, englobado por ongs o asociaciones, que a su juicio hacen parte del trabajo de la Consejería pero que en ocasiones les obliga a "empeñarse". En este sentido, Dolores Ruiz-Ayúcar dijo que la principal fuente de financiación de estas asociaciones no es otra que la Junta de Castilla y León.

Fuente : laopiniondezamora.com

PARA NO CONFUNDIR - ARTICULO DE OPINIÓN

Para no confundir
Artículo de opinión de Xavier Cantera


“Se equivoca la Sra. concejala de Servicios Sociales de Alzira si quiere hacer de la Ley de la Dependencia un arma de enfrentamiento entre Gobierno Central, Autonómico y, ahora, Municipal”

Creo que la Sra. concejala de Servicios Sociales de Alzira está pidiendo con su escrito que le ayudemos a completar la medias verdades que dice en él y todo, como hace el PP, para culpar de todos los males a Zapatero. Vamos a ver.

“Solicita ayuda para la financiación de los Servicios Municipales de atención a las personas dependientes porque la ley de Zapatero sólo contempla el gastos de la persona dependiente, pero no para las personas que trabajan en la gestión de esta área”.
Creo que se ha equivocado de culpable. Antes de la aplicación de esta ley, el cuarto pilar del Estado del Bienestar por iniciativa socialista, unos funcionarios técnicos en la materia, aconsejaron a la Conselleria del PP, la conveniencia de dotar con más recursos, unos pocos más recursos, al Centro Base donde se valora la discapacidad, a las Direcciones Provinciales y a los Servicios Municipales para que realizaran este trabajo, ya que eran los organismos públicos más preparados para la aplicación de la ley. Incluso se insinuó la posibilidad de capacitar a los equipos técnicos de los centros y servicios públicos y privados acreditados para que ayudaran en la valoración de las personas que estaban atendiendo (centros de días, residencias, centros ocupacionales...).

Esta propuesta fue rechazada y se creó una empresa paralela a la cual dotaron de todos los medios económicos necesarios para ejercer su función, que ha resultado muy lenta y complicada. Somos de las últimas Autonomías en valorar, junto con Murcia y Madrid, y han fallecido unas 15.000 personas sin poder disfrutar de esta ley habiéndola solicitado a tiempo. Si no se hubiera creado esta empresa, los Servicios Sociales Municipales estarían bien dotados de personal, pero entonces no hubieran podido enchufar a los amigos, lo que demuestra que el PP no está muy convencido de la Municipalización de estos servicios.

En la segunda parte del escrito debe haber una confusión. La ley dice que la financiación de estas plazas, reconocidas de la dependencia, corresponde al 50% por igual al Gobierno Central y al Autonómico y una aportación del usuario, llamada copago, en base a sus propios ingresos. Pero la Generalitat, gobernada por el PP, aún no ha dicho, siendo su competencia, cómo se aplica esta aportación de los usuarios y siguen pagando lo mismo de siempre. Si se publicara la Orden del Copago, seguramente muchas personas dependientes pagarían menos.

En el tercer apartado, debemos aclarar a los lectores que el Gobierno de Zapatero entrega puntualmente los fondos, como lo demuestra el funcionamiento de todas las Autonomías si se le envían las valoraciones de los expedientes y sus correspondientes Programas Individuales. A más valoraciones enviadas a Madrid conforme a ley, más financiación. Es así que vamos a la cola de las valoraciones, luego recibimos menos dinero.

Podemos consultar la página del Ministerio donde se informa, todos los meses, de las valoraciones entregadas por las Comunidades Autónomas. Tenemos el triste honor de haber sido la Comunidad Valenciana, desde que comenzó la aplicación de la ley, el coche escoba o el farolillo rojo, nada digno este puesto en el 2009 de la Solidaridad y del 600 aniversario de la creación del primer psiquiátrico por P. Jofré. Fuimos los primeros con los “locos” y ahora somos los últimos con los “dependientes”.

La Plataforma de la Ribera para la Ley de la Dependencia se siente satisfecha de que nuestro Ayuntamiento exija o pida, a quien sea, más recursos para la mejor y rápida aplicación de la ley, pero vuelve a equivocarse la Sra. concejala si quiere hacer de esta ley, que bien justifica un Legislatura por ser un derecho universal y subjetivo que nadie nos puede ya negar, un arma de enfrentamiento entre Gobierno Central, Autonómico y, ahora, Municipal. Son los tres, como Estado, los que deben cumplir la ley aprobada en el Parlamento Español.

Fuente : elseisdoble.com

C. A. VASCA - LAB: LA ADMINISTRACIÓN ABANDONA SU RESPONSABILIDAD EN SERVICIOS SOCIALES

LAB, a través de un comunicado, ha asegurado que "sólo el esfuerzo de los trabajadores mantiene en pie unos servicios con presupuesto escaso, con lo que unos pocos hacen negocio a costa de la calidad y el empeoramiento de las condiciones de trabajo".

Ha reconocido el sindicato que el "discurso" en torno a la nueva Ley de Dependencia "parece sonar bien", pero la práctica "contradice las buenas intenciones", por lo que "debemos exigir urgentemente un cambio en la dirección tomada".

Los trabajadores del sector, según LAB, "sobreviven con salarios de miseria" mientras quienes precisan los cuidados "los reciben de forma precaria".

LAB ha criticado a los gobiernos vasco y navarro, que "lejos de corregir el bajo gasto público social, para poder atender las demandas sociales mediante una red pública de servicios sociales de calidad, están haciendo lo contrario".

Han contratado, ha asegurado la central, a grupos de expertos y multitud de informes para determinar que los servicios sociales son deficitarios "y lo son por los salarios de las trabajadoras. Vaya tomadura de pelo".

LAB ha hecho un llamamiento a los trabajadores del sector para que apoyen las huelgas y las movilizaciones convocadas en las próximas jornadas en las comunidades vasca y navarra para mejorar los servicios sociales y las condiciones de trabajo y en defensa de una red pública de calidad.

Fuente : abc.es

BALEARES - "SPRINT" A LA AYUDA

La ley de dependencia amplía cobertura

El salario por cuidar un dependiente pasará de 4.000 a 8.000 familias baleares

Las ayudas económicas de la Ley de Dependencia pasarán de auxiliar a 4.000 familias de Balears a más de 8.000 de aquí a abril. La Conselleria d'Afers Socials ha decidido dar una solución al retraso que acumulan las familias de las Islas, que deben esperar una media de siete meses desde que sus enfermos son valorados hasta que tienen acceso a la ayuda.

Los retrasos en las pagas por cuidar de un dependiente se deben a "un problema de liquidez", señaló la consellera d'Afers Socials, Fina Santiago, que reveló que se ha decidido "pagar las nóminas de más personas mientras reconocemos las deudas que tenemos con las familias, que se pagarán según la disponibilidad" de fondos.

Ley sin fondos

La Conselleria d'Afers Socials intenta aplicar desde julio de 2007 la Ley de Dependencia aunque se ha topado con dos serios problemas: "La crisis con sus problemas de liquidez y las mala financiación inicial a nivel estatal", reveló Santiago.

Los continuos retrasos han hecho que las comunidades acumulen grandes deudas hacia las familias que se les han visto reconocidas las ayudas después de enviar la solicitud y pasar la valoración correspondiente. "La deuda la iremos pagando progresivamente", insistió Santiago, que quiso dejar claro que hay comunidades autónomas que no pagan los retrasos aunque sean legítimos.

Con la ampliación de la cobertura de ayudas a la dependencia se pasará "del 59 por ciento de familias que ya contaban con ayudas de asistencia en domicilio, plaza residencia o ayuda económica, hasta un 86 por ciento".

Más de 22.000 valoraciones

Desde la aprobación de la Ley de Dependencia, 22.207 personas han sido valoradas por los técnicos de Afers Socials. Más de 14.000 personas han sido reconocidos como dependientes, de los que más de 8.000 ya reciben alguna prestación. A partir de abril, la cifra de beneficiados de amplía a 12.700.

LAS CLAVES

Más de 1.000 plazas

Además de las ayudas económicas, Balears amplió su red asistencial en tres años con más de 700 plazas residenciales concertadas con los ayuntamientos y 379 plazas en centros de día.

Ayudas al heredero

Fina Santiago reconoció el largo trámite desde que se solicita hasta que se obtiene la ayuda. En ocasiones el dependiente fallece pero el Govern balear paga los atrasos a sus herederos.

Altas en Seguridad

En la actualidad 800 personas se han dado de alta en la Seguridad Social tras serle reconocido su papel de cuidador de un familiar dependiente. Ahora podrían sumarse otras 4.000 personas.

Fuente : adn.es

martes, 23 de febrero de 2010

C. VALENCIANA - "LEY DEPENDENCIA SERÁ LA PRIMERA QUE APRUEBE FUTURO GOBIERNO"

Alarte: "Ley Dependencia será la primera que apruebe futuro gobierno PSPV"

El responsable socialista ha destacado que su partido tiene la intención "de proponer en las próximas semanas una ley valenciana de medidas urgentes para la aplicación real de la Ley de Dependencia".

En ese sentido, Alarte ha lamentado que en la Comunitat Valenciana se hayan registrado "4.000 quejas a la Sindicatura de Greuges" sobre ese asunto.

Así mismo, ha criticado que 30.000 valencianos y valencianas "por decisión directa del gobierno de la Generalitat y 70.000 dependientes, que todavía no han formulado la solicitud porque nadie les ha dicho que tienen derecho a la prestación, estén a la espera de una ayuda" vital para el buen funcionamiento de su desarrollo diario.

Los Socialistas Valencianos "pondrán a trabajar hasta al último funcionario si hace falta para que en un plazo máximo de 30 días se resuelvan todas las solicitudes de la Ley de Dependencia en la Comunitat", ha subrayado Alarte.

"Quiero lanzar un mensaje de confianza y tranquilidad a los dependientes", ha dicho Alarte quien ha añadid que los socialistas "formalizaremos la ley y para ello propondremos un amplio debate".

"Esa ley será la primera que el futuro Gobierno socialista de la Generalitat Valenciana aprobará", ha reiterado.

Fuente : abc.es

C. VALENCIANA - GENERALITAT SE COMPROMETE A CONSESUAR CON EL CERMI

LA GENERALITAT VALENCIANA SE COMPROMETE A CONSENSUAR CON EL CERMI CV LAS MODIFICACIONES DE LA LEY DE AUTONOMÍA PERSONAL

La consejera de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana, Angélica Such, se comprometió esta semana a consensuar con el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad Comunidad Valenciana (Cermi CV) las modificaciones para la correcta aplicación de la Ley de Autonomía Personal en la comunidad.

Such manifestó su propósito de trabajar de manera coordinada con los representantes de los afectados por la dependencia, para dar así la mejor respuesta posible a sus necesidades?.

El Cermi CV, encabezado por su presidente, Joan Planells Almerich, y el presidente de Cermi Estatal, Luis Cayo Pérez Bueno, se han reunido esta semana con la consejera para trasladarle las reivindicaciones y propuestas del sector de la discapacidad en ámbitos como el desarrollo de la Ley de Autonomía Personal, la accesibilidad o el acceso a los servicios sociales.

Such ha anunciado también la creación de un órgano para la participación ciudadana que tendrá en cuenta la voz de las personas con discapacidad.

La consellera de Bienestar Social, Angélica Such, afirmó que uno de los ejes principales de la política social del Consell para el resto de legislatura será agilizar la aplicación de la Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia.

Entre los proyectos inminentes en materia de dependencia, se destacó el programa de formación para 8.000 cuidadores, y el servicio de teleasistencia específica para personas dependientes, que se pondrá en marcha el próximo mes. También destacó la creación de un bono para financiar estancias en centros residenciales de atención a personas con enfermedad mental crónica.

Fuente : discapnet.es

BALEARES - EL GOVERN SE COMPROMETE A DOBLAR EN DOS MESES EL NÚMERO BENEFICIARIOS

La Consellera de Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración, Fina Santiago, anunció hoy que el Govern se ha comprometido a acelerar el pago de las ayudas a la dependencia para que en el plazo de dos meses el número de prestaciones sociales que concede derivadas de la Ley de Dependencia llegue a 8.000 personas, lo que supone doblar la cifra de beneficiarios que en la actualidad perciben la prestación en Baleares.

Así lo ha anunciado Santiago en una rueda de prensa en la que ha estado acompañada por el director general de Dependencia, Juan Manuel Rosa, y en la que afirmó que esta ampliación del número de receptores de las ayudas implicará que la cantidad de familias que ya reciben algún tipo de prestación en las islas pase del 59 al 86% del total de familias que la han solicitado.

Ello será posible debido a que el Ejecutivo empezará a pagar la nómina mensual a aquellas personas cuya solicitud ya ha sido aceptada y, asimismo, reconocerá por escrito la deuda económica que acumula con cada una de las familias.

Las personas dependientes tienen derecho a recibir la ayuda desde el momento en que se aprueba su solicitud. Sin embargo, según admitió la consellera, el problema es que el inicio del cobro suele retrasarse debido a las "dificultades económicas de cada comunidad", lo que provoca que los gobiernos autonómicos acumulen una deuda con cada una de las familias.

De esta forma, Santiago ha explicado que esta situación ha llevado a la Conselleria a plantearse acelerar el pago de las ayudas, que ha sido posible después de tres meses de negociaciones con la Conselleria de Economía y Hacienda y el Ministerio de Economía y Hacienda.

Así, Santiago ha señalado que la nómina de este mes ya incorporará a entre 1.500 y 2.000 familias más, y el resto de beneficiarios se agregarán en los próximos meses. La nómina de marzo alcanzará así los 2,5 millones de euros, "una cantidad considerable", opina.

La Ley de Dependencia se aprobó en junio de 2007 y en Baleares entró en funcionamiento dos meses después. En los tres años que han pasado desde que se creó esta ley, la comunidad balear ha creado una estructura formada por 15 valoradores y 47 trabajadores sociales que se encargan de valorar y hacer un plan individualizado para cada familia.

El número total de solicitudes que la Conselleria recibió hasta el cierre del pasado año asciende a 23.277, de las que 22.507 ya han recibido respuesta, el 97 por ciento. El tiempo de espera hasta que se resuelve la demanda es de una media de cincuenta días, lo que en palabras de la consellera está "perfectamente dentro de la valoración óptima". Mientras que la media de tiempo hasta que empiezan a cobrar la ayuda está en unos siete u ocho meses, dependiendo del tipo de prestación. La ayuda media está en torno a los 380 euros por familia.

En estos tres años se han creado, además, más de 700 plazas residenciales para personas mayores y personas con discapacidad y se han concertado con ayuntamientos 379 nuevas plazas en residencias y en centros de día, que suponen un coste de unos seis millones de euros anuales.

4.000 altas nuevas en la Seguridad Social
La Ley de Dependencia establece la posibilidad de que el cuidador sea reconocido socialmente y sea dado de alta en la Seguridad Social, pudiendo recibir incluso un sueldo por los servicios que presta a la persona dependiente.

El director general de Dependencia indicó que el alta en la nómina de prestación por dependencia implica el alta del familiar cuidador en la seguridad social, lo que supone que se han producido más de 4.000 altas nuevas en la Seguridad Social. Estos cuidadores pueden figurar como desempleados o como trabajadores a media jornada.

Fuente : elmundo.es

C. VALENCIANA - BENICARLÓ - PLAN DE CHOQUE PARA AGILIZAR TRÁMITES

Benicarló desarrollará un plan de choque para agilizar los trámites de la ley de dependencia

La edil de Bienestar Social de Benicarló, Sarah Vallés, acusa al Partido Socialista de hacer un uso político de la problemática derivada de la aplicación de la ley de dependencia y anuncia un plan de choque para desbloquear las tramitaciones.

La concejalía de Bienestar Social de Benicarló ha planteado la puesta en marcha de un plan de choque para desbloquear la tramitación de ayudas incluidas en la Ley de Dependencia. Según señalaba la edil Sarah Vallés, "la saturación se debe a que el sistema de tramitación de solicitudes se ha ido atascando en los distintos organismos por los que ha pasado". Aún así, insistía en que "se está trabajando para mejorar la atención" y censuraba que "el Partido Socialista haga un uso político del tema".

Fuente : cope.es

CATALUÑA - EL SINDIC DENUNCIA REDUCCIONES PRESUPUESTARIAS

El Síndic denuncia las reducciones presupuestarias en servicios sociales

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha constatado un incremento de las quejas relacionadas con las ayudas sociales básicas y ha denunciado el recorte presupuestario que han impuesto las administraciones en este tema desde el inicio de la crisis.

En la presentación del informe de las actuaciones del Síndic durante el 2009, Ribó destacó que, «por primera vez», las quejas sobre vivienda y servicios sociales han superado a las relacionadas con los procedimientos de la administración pública. En su opinión, este incremento responde a «las restricciones presupuestarias» de las administraciones, que «están afectando a servicios y prestaciones en ámbitos especialmente sensibles», informa Efe.

«El impacto de la crisis ha obligado a cerrar el grifo del dinero público, pero eso no debe afectar al núcleo duro de las medidas contra la exclusión social y en pro de la igualdad de oportunidades», añadió Ribó.
Buena parte de las quejas que ha recibido el Síndic están relacionadas con el sistema educativo, ya que «el déficit de financiación ha provocado una reducción de personal docente que se ha traducido en una peor calidad de la educación», según el Síndic.

En este sentido, el Síndic también ha recibido quejas sobre el retraso en la construcción o adecuación de los centros, las restricciones de las becas de comedor y el aumento de coste económico del acceso al transporte escolar no obligatorio.
Otro tema «sensible» que se ha visto afectado por las reducciones presupuestarias han sido las solicitudes de ayudas al pago del alquiler. El Síndic aclaró que se trata de personas que tienen verdaderas dificultades para asumir el pago del alquiler de la vivienda, por lo que ha pidió al departamento de Medio Ambiente y Vivienda que incremente la dotación presupuestaria.
Padrón e inmigrantes

Una vez más, el Síndic denunció «retrasos flagrantes y exagerados» en la aplicación de la Ley de Dependencia, «que llegan a ser del doble y hasta el triple del tiempo que señala la ley».

Los requisitos para la inscripción en el padrón ha sido otro de los temas destacados por Rafael Ribó, que no se refirió al caso de Vic (Barcelona) «porque finalmente no se aplicó la medida anunciada», pero mencionó otras «quejas significativas», como la referente al ayuntamiento de Tortosa (Tarragona).

El Síndic aseguró que el consistorio de esa localidad se ha negado a empadronar ciudadanos que no aportaban la célula de habitabilidad porque pretende utilizar el padrón como instrumento de detección y corrección de situaciones de sobreocupación e infravivienda.

Por último, Ribó se mostró «escandalizado» por la discriminaciones por motivo de maternidad de mujeres que aspiran a trabajar para la administración. Concretamente, mencionó el caso de una aspirante a maestra que no se pudo presentar a las pruebas porque estaba de parto y a quien el departamento de Educación negó la posibilidad de un examen en data posterior.

En total, el Síndic de Greuges llevó a cabo 24.960 actuaciones durante el 2009, lo que supone un incremento del 5,2% con respecto al ejercicio anterior

Fuente : abc.es

lunes, 22 de febrero de 2010

C. VALENCIANA - ELCHE - ACTO NARANJA POR LA APLICACIÓN DE LA LEY

Un acto 'Naranja' pedirá que se aplique la ley de Dependencia

La Plataforma pone en marcha una campaña para que los afectados reclamen por los retrasos en la atención de los casos

La Plataforma en Defensa de la Ley de la Dependencia vuelve a reclamar a la Generalitat que aplique en Elche y en toda la Comunidad Valenciana de forma rigurosa la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia.

Ante la situación en la que se encuentran muchos de los expedientes de solicitud de aplicación de esta ley tan importante para los dependientes, sobre todo para los grandes dependientes, que ya tendrían que estar todos ellos valorados y recibiendo las prestaciones de servicios y ayudas, la Plataforma exige a la Generalitat que se valoren ya, los más de 400 expedientes de Elche que han presentado su solicitud desde 2007 y que aún no han recibido respuesta. Asimismo, piden que se aplique la retroactividad a la hora de reconocer las prestaciones económicas a los grandes dependientes, tal y como lo están haciendo el resto de comunidades autónomas y reconoce la ley.

Asimismo, la Plataforma reclama que se derogue el decreto (la única comunidad autónoma que lo tiene) «por el cual se hacen incompatibles algunas prestaciones con otras, que afectan de una manera absolutamente discriminatoria a los grandes dependientes de la Comunidad con respecto al resto de ciudadanos españoles».

Como ejemplo «de barbaridad», se cita no hacer compatible un centro de día para un menor gran dependiente con un servicio de ayuda a domicilio o un asistente personal.

La Comunidad Valenciana, según apuntan desde la Plataforma, «la única que mantiene a cero algunas de las prestaciones reconocidas por ley, por lo tanto reconocidos los derechos a la Prevención de la Dependencia y Promoción de la Autonomía».

Añaden: «Personal, cero en Teleasistencia, cero en Servicio de Ayuda a Domicilio, cero en Asistente Personal», mientras que por ejemplo Castilla y León ya ha reconocido este servicio a más 2.000 personas (gobernada también por el Partido Popular) y las más de 40.000 personas que reciben por medio de esta ley el Servicio de Teleasistencia y Ayuda a Domicilio en Andalucía.

Acciones
Además de estas exigencias a la Generalitat, la Plataforma ha acordado llevar a cabo una campaña de divulgación de los derechos que tienen los ciudadanos de demandar las prestaciones y servicios que les avala esta ley.

«Son muchos dependientes, a día de hoy que por falta de información aún no han solicitado dichos recursos», indican.

También se facilitará información a todas las personas que han solicitado la Ley de la Dependencia «para que presenten reclamaciones sobre aquellos aspectos que no les satisfacen», como que aún no les han contestado a la solicitud, no están de acuerdo con la valoración, para exigir la retroactividad, incompatibilidad de las prestaciones, etc.

Para llevar a cabo esta acción de ayudar a las personas dependientes a presentar estas reclamaciones, la Plataforma solicita la colaboración del Ayuntamiento para que en todos los centros sociales, se dé esta información y se ayude a rellenar estas reclamaciones.

También se acordó realizar un gran acto 'Naranja', en la Rotonda del Parque Municipal (probablemente para junio), dónde se convocará a toda la ciudadanía. Desde la Plataforma se ha valorado muy positivamente el trabajo que desde las organizaciones homólogas, con el apoyo de toda la sociedad, se está llevando a cabo en toda la Comunidad.

Fuente : laverdad.es

BARCELONA - EL PP DENUNCIA RETRASOS EN LA LEY

El PP de Barcelona denuncia los retrasos en la Ley de dependencia

El presidente del grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández, denunció ayer «no es de recibo que el periodo aproximado desde que solicita una ayuda a la dependencia hasta recibir la respuesta es de entre uno y dos años y medio».
«El Síndic de Greuges de Barcelona ya alertó en su informe del año 2009 que hay retrasos injustificados de más de un año para valorar un expediente», denunció Alberto Fernández Díaz.

Según el líder municipal del PPC, más de 27.500 personas están a la espera de recibir una respuesta de la administración sobre cuál es su situación de dependencia y conocer los derechos que la ley les garantiza».

Fernández denunció «la opacidad practicado por parte del consistorio barcelonés que no facilita los datos de las prestaciones efectivas, alegando que es competencia de la Generalitat, de su Conselleria de Acción Social. No obstante, en la Comisión de Acción Social del pasado setiembre el Gobierno nos contestó que tenían conocimiento de 7.338 PIAS (Programa Individual de Atención) con prestaciones efectivas».

No cumple las expectativas
Según el PPC, la Ley de dependencia está en su tercer año de aplicación y no se han cumplido ni de lejos las expectativas generadas por el Gobierno socialista, ya que este año la atención a las personas dependientes se tendría que haber extendido con efectividad a los beneficiarios de grado tres y dos, aunque realmente ninguno de estos segmentos está totalmente atendido a día de hoy.

Fuente abc.es

CATALUÑA - BARCELONA - RETRASOS E INCUMPLIMIENTOS

Alberto Fernández critica los retrasos e incumplimientos de la Ley de Dependencia

Sólo el 25% de las personas con este derecho la reciben

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, critica los retrasos en el cumplimiento de la Ley de Dependencia, y recordó que sólo el 25 por ciento de las personas con derecho a recibir una prestación de dicha ley llegan a recibirla.

"No es de recibo que el período aproximado desde que se solicita una ayuda a la dependencia hasta recibir la respuesta es de entre uno y dos años y medio", lamentó Fernández, que recordó que un total de 1.184 de personas con derecho a acogerse a la Ley de Dependencia han muerto antes de tener un Programa Individual de Atención (Pia) o de haber recibido la prestación.

Fernández recordó además que la Síndica de Greuges de Barcelona alertó en su informe del 2009 de que hay retrasos "injustificados" de más de un año para valorar un expediente de una persona dependiente, y aseguró que en Barcelona hay 10.092 personas pendientes de recibir prestaciones vinculadas a la ley.

Fuente : europapress.es

SEGOVIA - 5.000 SOLICITUDES AYUDAS POR DEPENDENCIA

5.000 segovianos solicitan ayudas por dependencia

Conforme a la Ley, tienen acceso a los servicios y prestaciones 3.752 personas frente a las 1.084 que no lo recibirán, pese a su reconocida situación de Dependencia.

Los ciudadanos de Segovia han presentado 5.006 solicitudes a la Ley de Dependencia, de las que 4.836 personas tienen reconocida su situación de Dependencia, según informa la consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León.

De ellas, a 3.752 (77,6%) al día de hoy, les corresponde acceso a servicios y prestaciones, es decir, son grandes dependientes o dependientes severos [Grado III (Nivel 1 y Nivel 2) o Grado II (Nivel 2 y Nivel 1)]. A los 1.084 restantes no les corresponde todavía, según la Ley, acceso a los servicios y prestaciones.

De los 3.752 a los que les corresponde hoy percibir servicios y prestaciones:

• De las 3.430 personas que ya han recibido prestación por dependencia en Segovia, 2.035 (59,3%) están recibiendo servicios (Residencia, centro de día, ayuda a domicilio, teleasistencia, prestación vinculada a servicio, prevención y promoción autonomía personal o asistente personal) y 1.395 (40,7%) están recibiendo ayudas económicas para atención en el domicilio (cuidados en el entorno familiar):

⇒ 713 han elegido atención residencial.

⇒ 160 personas han elegido servicio de Centro de Día.

⇒ 233 personas dependientes están recibiendo Servicio de Ayuda a Domicilio.

⇒ 67 personas dependientes están recibiendo Teleasistencia.

⇒ 749 son beneficiarios de la prestación vinculada a la adquisición de un servicio.

⇒ 111 han elegido prevención y prevención autonomía personal.

⇒ 2 han elegido la prestación de asistente personal

⇒ 1.395 han elegido la prestación económica para cuidados en el entorno familiar.

• 500 están eligiendo las prestaciones según el Programa Individualizado de Atención (PIA) o se les ha solicitado completar datos para el cálculo de su capacidad económica

Fuente : segoviaudaz.es

ALICANTE - SANTA POLA - SOLICITUDES PENDIENTES

Un centenar de solicitudes de dependencia está todavía pendiente de resolución

Cerca de cien solicitudes presentadas para recibir ayudas de la Ley de la Dependencia están pendientes de recibir una resolución favorable o desfavorable por parte de la Conselleria de Bienestar Social. No obstante, la concejal de Servicios Sociales, María Asunción Ruiz, destacó que actualmente "se está agilizando mucho el proceso" y en una reciente reunión en Valencia se hizo la promesa de que en unos dos meses como mucho se resolverían.

Estas solicitudes corresponden al grupo de peticiones de ayuda para los cuidadores que se hacen cargo de personas dependientes, además de darles de alta en la Seguridad Social.

Precisamente, de esta clase se llevan concedidas unas 25 ayudas en lo que va de año, según Ruiz, que precisa que esta cifra varía actualmente de forma constante, ya que cada día se tiene constancia de que hay un nuevo caso resuelto.

Por otro lado, hay contabilizadas cuarenta solicitudes de peticiones de residencia para personas dependientes que ya han obtenido una resolución favorable, aunque sólo tres de ellas se han ejecutado y las personas han obtenido plaza en un centro asistencial de carácter público.

En Santa Pola se da la circunstancia de que el único centro que disponía de plazas públicas, Novaire, las ha cubierto ya, por lo que está previsto que los solicitantes sean trasladados a otra localidad.
Por otro lado, en Santa Pola se han concedido también dos ayudas a domicilio de las que ya están disfrutando ambos beneficiarios.
La concejal de Servicios Sociales expresó que actualmente las listas de peticiones están variando continuamente, ya que, por un lado, se van resolviendo a diario solicitudes de personas que estaban pendientes de recibir una respuesta, ya que "se está agilizando mucho el proceso". Y, por otro lado, la edil recordó que también se pueden sumar peticiones nuevas.

Así, María Asunción Ruiz destacó que, actualmente, "la esperanza de vida es mayor y, por lo tanto, es muy común que cada vez haya más personas que pueden llegar a necesitar las ayudas que ofrece la Ley de la Dependencia".

Fuente : diarioinformacion.com