Castilla-La Mancha termina 2010 con los mejores servicios públicos en sanidad, educación y dependencia.
Así lo señaló hoy la portavoz regional, Isabel Rodríguez
La portavoz del Gobierno regional, Isabel Rodríguez durante la rueda de prensa del Consejo de Gobierno en la que ha efectuado balance de las medidas sociales realizadas en 2010.
Acabamos el año con uno de los mejores servicios sanitarios y con tres de nuestros hospitales entre los mejores de España; con un sobresaliente y siendo los mejores en la aplicación de la Ley de dependencia y con la mejor red de atención a las personas mayores.
Además, y en el ámbito educativo, somos la segunda Comunidad Autónoma que más invierte por alumno, y la única región donde se ha ampliado la oferta de titulaciones universitarias.
Castilla-La Mancha termina 2010 con los mejores servicios públicos en sanidad, educación y dependencia. Así lo afirmó hoy la portavoz regional, Isabel Rodríguez1, durante la rueda de prensa para dar cuentas de los acuerdos del Consejo del Gobierno2, en la que también hizo un balance de la gestión del Ejecutivo autonómico durante este año que ya finaliza.
En este sentido, Rodríguez indicó que “la consolidación de las políticas de las personas, las políticas sanitarias, sociales y educativas son, sin duda, nuestra razón de ser y nuestra prioridad en la gestión”, y enumeró algunos de los logros más destacados de 2010.
Así, afirmó que acabamos el año con uno de los mejores servicios sanitarios y con tres de nuestros hospitales entre los mejores de España; con un sobresaliente y siendo los mejores en la aplicación de la Ley de dependencia y con la mejor red de atención a las personas mayores. Además, y en el ámbito educativo, somos la segunda Comunidad Autónoma que más invierte por alumno, y la única región donde se ha ampliado la oferta de titulaciones universitarias.
No en vano, indicó, “el Gobierno del presidente Barreda ha dedicado cada día de 2010 un total de 10,3 millones de euros a políticas y actuaciones sociales y sanitarias, siendo la inversión por habitante de 1.800 euros al año, lo que significa que 200.000 personas, uno de cada diez castellano-manchegos, se han beneficiado, cada día, de las prestaciones que se ofrecen desde la red social y sanitaria de Castilla-La Mancha”.
Por otro lado, Rodríguez se refirió a la aplicación de la Ley de Dependencia y recordó que somos la Comunidad Autónoma que mejor la está aplicando, “y eso lo hemos conseguido este año, con más de 36.000 personas que están recibiendo prestaciones. Además, nos hemos convertido en la región que más plazas residenciales ofrece a nuestros mayores”.
En cuanto al sistema educativo, la Ley de Educación de Castilla-La Mancha es “un hito histórico” que ha supuesto que hoy en la región se invierta un 155% más por alumno que hace diez años. Al abrigo de esta Ley, y a lo largo del año, se ha aprobado también el Plan de Reducción del Abandono Escolar, el Plan de Plurilingüismo y nuevos ciclos de Formación Profesional. Además, Castilla-La Mancha es la región con más plazas de residencias universitarias, más de 2.000, y con el precio más reducido del país.
“Pero además en 2010 destacamos otro proyecto muy importante relacionado con la Universidad”, señaló la portavoz regional. Se trata de la licitación de las obras de construcción de la primera fase del campus universitario de Guadalajara, con una inversión de más de 6,7 millones de euros.
La portavoz concluyó afirmando que, si por algo se ha caracterizado este año, además de por el compromiso presupuestario, “ha sido porque hemos trabajado para que todos los logros de los últimos años queden garantizados por ley”. Leyes que han convertido en derecho como, por ejemplo, que los alumnos y alumnas tengan libros de texto gratuitos, el derecho a poder acceder a una vivienda digna como el que contempla la Ley de Garantías de Acceso a la Vivienda de Castilla-La Mancha, la Ley sobre derechos y deberes en materia de salud de Castilla-La Mancha, la Ley de Cooperativas o la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha.
Fuente : lacerca.com/noticias/castilla_la_mancha
miércoles, 29 de diciembre de 2010
ASTURIAS - LA PARTIDA APROBADA, "CRÉDITO AMPLIABLE"
La partida aprobada para la Ley de Dependencia, 39 millones, es por primera vez "crédito ampliable"
La última reunión del consejo de Gobierno ha autorizado este miércoles un gasto de 39 millones de euros --adelantado del presupuesto de 2011-- para garantizar la financiación de las prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en el año 2011. La novedad pasa porque por primera vez, esta partida está considerada en los presupuestos como "crédito ampliable".
La consejera de Administraciones Públicas y Portavoz de Gobierno, Ana Rosa Migoya, ha destacado en rueda de prensa, que el objetivo pasa porque se pueda dar cobertura a todas las personas que tengan derecho a percibir la prestación.
Las prestaciones económicas complementan la red pública de servicios con los que cuenta Asturias para la atención de personas en situación de dependencia y que está integrada por casi 5.200 plazas residenciales para personas mayores, 1.684 plazas en centros de apoyo a la integración para personas con discapacidad y 1.400 plazas de atención diurna para personas mayores.
Esta no ha sido la única partida importante aprobada hoy en materia de bienestar social, ya que el consejo también ha autorizado 38,2 millones de euros para la contratación, por un período de cuatro años, de los servicios de alimentación, gestión de comedor, celaduría, jardinería, peluquería, limpieza y lavandería de un total de 19 residencias públicas dependientes del organismo autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA).
El Ejecutivo asturiano también ha optado por aprobar como adelantado una partida de 32 millones de euros para garantizar la financiación del Salario Social Básico a partir del mes de enero y para todo el ejercicio de 2011.
Según ha explicado Migoya, durante este año el salario social ha venido manteniendo una media mensual de más de 7.000 prestaciones.
Por otra parte se ha aprobado un incremento de 750.000 euros en las subvenciones concedidas en 2010 a las entidades locales para desarrollar el Servicio de Ayuda a Domicilio para personas dependientes. La consejera ha destacado que este ajuste sitúa en 10,2 millones de euros la financiación total para este ejercicio, con un incremento del 18,4% en el número de usuarios respecto al año anterior.
El consejo también ha dado el visto bueno a un gasto de 4,5 millones de euros para la prórroga, por un plazo de cuatro años, de 254 plazas de atención a personas mayores a través de varios convenios de colaboración del ERA.
Fuente : 20minutos.es/noticia
La última reunión del consejo de Gobierno ha autorizado este miércoles un gasto de 39 millones de euros --adelantado del presupuesto de 2011-- para garantizar la financiación de las prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en el año 2011. La novedad pasa porque por primera vez, esta partida está considerada en los presupuestos como "crédito ampliable".
La consejera de Administraciones Públicas y Portavoz de Gobierno, Ana Rosa Migoya, ha destacado en rueda de prensa, que el objetivo pasa porque se pueda dar cobertura a todas las personas que tengan derecho a percibir la prestación.
Las prestaciones económicas complementan la red pública de servicios con los que cuenta Asturias para la atención de personas en situación de dependencia y que está integrada por casi 5.200 plazas residenciales para personas mayores, 1.684 plazas en centros de apoyo a la integración para personas con discapacidad y 1.400 plazas de atención diurna para personas mayores.
Esta no ha sido la única partida importante aprobada hoy en materia de bienestar social, ya que el consejo también ha autorizado 38,2 millones de euros para la contratación, por un período de cuatro años, de los servicios de alimentación, gestión de comedor, celaduría, jardinería, peluquería, limpieza y lavandería de un total de 19 residencias públicas dependientes del organismo autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA).
El Ejecutivo asturiano también ha optado por aprobar como adelantado una partida de 32 millones de euros para garantizar la financiación del Salario Social Básico a partir del mes de enero y para todo el ejercicio de 2011.
Según ha explicado Migoya, durante este año el salario social ha venido manteniendo una media mensual de más de 7.000 prestaciones.
Por otra parte se ha aprobado un incremento de 750.000 euros en las subvenciones concedidas en 2010 a las entidades locales para desarrollar el Servicio de Ayuda a Domicilio para personas dependientes. La consejera ha destacado que este ajuste sitúa en 10,2 millones de euros la financiación total para este ejercicio, con un incremento del 18,4% en el número de usuarios respecto al año anterior.
El consejo también ha dado el visto bueno a un gasto de 4,5 millones de euros para la prórroga, por un plazo de cuatro años, de 254 plazas de atención a personas mayores a través de varios convenios de colaboración del ERA.
Fuente : 20minutos.es/noticia
martes, 28 de diciembre de 2010
EUSKADI - EL CALENDARIO SIGUE AVANZANDO
Las ayudas de la Ley de Dependencia llegarán a 2.700 guipuzcoanos más
Los dependientes moderados se beneficiarán de las prestaciones a partir de este sábado, 1 de enero de 2011
VALORACIÓN
Grandes dependientes: Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al día, y por su pérdida total de autonomía mental o física, necesita la presencia indispensable y continua de otra persona. 8.598 guipuzcoanos valorados en este grado reciben ayudas.
Dependientes severos: Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no requiere la presencia permanente de un cuidador. En Gipuzkoa son un total de 8.194 personas
.
Dependientes moderados: Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria al menos una vez al día. Los de nivel 2 son 2.700 guipuzcoanos, a los que habría que sumar los de nivel 1 que serán los últimos en beneficiarse de las ayudas, en 2013.
El calendario de aplicación de la Ley de Dependencia sigue avanzando.
Los primeros beneficiarios, los que mayor grado de dependencia padecen (Grado III, nivel 1 y 2, y Grado II, nivel 2), empezaron a cobrar las ayudas económicas en 2008, con carácter retroactivo a 2007. Un año después se sumaron los dependientes severos (Grado II de nivel 1) y ahora son los dependientes moderados (Grado I nivel 2) quienes se beneficiarán de las prestaciones.
A partir de este sábado, 1 de enero de 2011, los guipuzcoanos que hayan recibido esa valoración tendrán derecho a recibir una ayuda mínima de 60 euros al mes y máxima de 300, según establece la normativa estatal cuya aplicación corresponde en Euskadi a las diputaciones.
Según las previsiones del Departamento de Polícia Social, en total otras 2.700 personas se sumarán a las casi 17.000 que reciben a día de hoy ayudas económicas por dependencia. De ellas, el 62% son mujeres, un perfil mayoritariamente femenino que se repite en todos los niveles de dependencia definidos por la normativa.
Más de la mitad de los nuevos beneficiarios ya recibía algún tipo de ayuda de la Diputación, aunque no estaba englobada en la partida destinada a la aplicación de la Ley de Dependencia que supone un elevadísimo desembolso para las arcas forales. En total, serán casi 20.000 guipuzcoanos los perceptores de las prestaciones económicas, que pueden alcanzar hasta los 830 euros en el caso de los dependientes de grado más severo.
Las ayudas contemplan tres modalidades. La más numerosa es la referida a los cuidados en el entorno, que corresponde a las ayudas destinadas a la atención de la persona dependiente por parte de un familiar, un cuidado que hasta la entrada en vigor de la ley recaía mayoritariamente en las mujeres y que la norma ha contribuido a aligerar.
Las familias que necesitan contratar a un asistente personal que facilite el acceso a la educación o el trabajo y permita una mayor autonomía en el ejercicio de las tareas diarias también reciben una ayuda económica. Las menos numerosas son las ayudas vinculadas al servicio, que se conceden cuando la persona dependiente lleva tres meses en lista de espera para acceder a un centro de día o una residencia permanente y se ha visto obligada a contratar una plaza privada.
El siguiente y último plazo de la Ley de Dependencia se cumplirá el 1 de enero de 2013, cuando puedan beneficiarse de las ayudas económicas el colectivo de dependientes moderados, valorados como dependientes de Grado I nivel 1.
55.000 en Euskadi
Será la etapa final de una ley que ya ha beneficiado a 44.549 personas en Euskadi desde su aprobación en 2007. A fecha de 1 de diciembre, el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) ha registrado 1,4 millones de solicitudes en toda España, de las cuales el 65% ha correspondido a mujeres y el 35% restante a hombres.
Según los últimos datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), las comunidades autónomas donde se han presentado más solicitudes son Andalucía (el 26,8% del total), seguida de Cataluña (15,4%) , y Madrid (7,8%). Hasta el momento, el número de peticiones reconocidas se eleva a 888.962, el 65% de las 1,3 millones de valoraciones realizadas. En Euskadi, el número de solicitudes en los últimos tres años ha ascendido a 98.619, el 5,6% del total. Las personas beneficiarios con derechos a prestación han sido más de 55.000.
La ley establece tres grados en las valoraciones de dependencias, cada uno de los cuales está dividido en dos niveles, en función de la autonomía de las personas y de la intensidad del cuidado que requieran. Los servicios forales de Política Social son los encargados de emitir un dictamen sobre el grado y nivel de dependencia de cada solicitante y a la vez que especifique los cuidados que pueda necesitar.
De esta valoración dependerá el momento en que podrá ser beneficiario de la Ley, ya que se ha implantado de forma progresiva. La 'bolsa' de nuevos beneficiarios que ahora se suma a la lista de perceptores ya está debidamente valorada.
La financiación es compartida, aunque el grueso del gasto corre a cargo de las diputaciones. El Gobierno de Madrid ha implementado este año varios suplementos de crédito para aumentar los presupuestos iniciales aprobados para hacer frente a los compromisos asumidos en estas prestaciones, que han supuesto este año un total de 2.030 millones de euros para el Ejecutivo central.
Fuente : diariovasco.com
Los dependientes moderados se beneficiarán de las prestaciones a partir de este sábado, 1 de enero de 2011
VALORACIÓN
Grandes dependientes: Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al día, y por su pérdida total de autonomía mental o física, necesita la presencia indispensable y continua de otra persona. 8.598 guipuzcoanos valorados en este grado reciben ayudas.
Dependientes severos: Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no requiere la presencia permanente de un cuidador. En Gipuzkoa son un total de 8.194 personas
.
Dependientes moderados: Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria al menos una vez al día. Los de nivel 2 son 2.700 guipuzcoanos, a los que habría que sumar los de nivel 1 que serán los últimos en beneficiarse de las ayudas, en 2013.
El calendario de aplicación de la Ley de Dependencia sigue avanzando.
Los primeros beneficiarios, los que mayor grado de dependencia padecen (Grado III, nivel 1 y 2, y Grado II, nivel 2), empezaron a cobrar las ayudas económicas en 2008, con carácter retroactivo a 2007. Un año después se sumaron los dependientes severos (Grado II de nivel 1) y ahora son los dependientes moderados (Grado I nivel 2) quienes se beneficiarán de las prestaciones.
A partir de este sábado, 1 de enero de 2011, los guipuzcoanos que hayan recibido esa valoración tendrán derecho a recibir una ayuda mínima de 60 euros al mes y máxima de 300, según establece la normativa estatal cuya aplicación corresponde en Euskadi a las diputaciones.
Según las previsiones del Departamento de Polícia Social, en total otras 2.700 personas se sumarán a las casi 17.000 que reciben a día de hoy ayudas económicas por dependencia. De ellas, el 62% son mujeres, un perfil mayoritariamente femenino que se repite en todos los niveles de dependencia definidos por la normativa.
Más de la mitad de los nuevos beneficiarios ya recibía algún tipo de ayuda de la Diputación, aunque no estaba englobada en la partida destinada a la aplicación de la Ley de Dependencia que supone un elevadísimo desembolso para las arcas forales. En total, serán casi 20.000 guipuzcoanos los perceptores de las prestaciones económicas, que pueden alcanzar hasta los 830 euros en el caso de los dependientes de grado más severo.
Las ayudas contemplan tres modalidades. La más numerosa es la referida a los cuidados en el entorno, que corresponde a las ayudas destinadas a la atención de la persona dependiente por parte de un familiar, un cuidado que hasta la entrada en vigor de la ley recaía mayoritariamente en las mujeres y que la norma ha contribuido a aligerar.
Las familias que necesitan contratar a un asistente personal que facilite el acceso a la educación o el trabajo y permita una mayor autonomía en el ejercicio de las tareas diarias también reciben una ayuda económica. Las menos numerosas son las ayudas vinculadas al servicio, que se conceden cuando la persona dependiente lleva tres meses en lista de espera para acceder a un centro de día o una residencia permanente y se ha visto obligada a contratar una plaza privada.
El siguiente y último plazo de la Ley de Dependencia se cumplirá el 1 de enero de 2013, cuando puedan beneficiarse de las ayudas económicas el colectivo de dependientes moderados, valorados como dependientes de Grado I nivel 1.
55.000 en Euskadi
Será la etapa final de una ley que ya ha beneficiado a 44.549 personas en Euskadi desde su aprobación en 2007. A fecha de 1 de diciembre, el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) ha registrado 1,4 millones de solicitudes en toda España, de las cuales el 65% ha correspondido a mujeres y el 35% restante a hombres.
Según los últimos datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), las comunidades autónomas donde se han presentado más solicitudes son Andalucía (el 26,8% del total), seguida de Cataluña (15,4%) , y Madrid (7,8%). Hasta el momento, el número de peticiones reconocidas se eleva a 888.962, el 65% de las 1,3 millones de valoraciones realizadas. En Euskadi, el número de solicitudes en los últimos tres años ha ascendido a 98.619, el 5,6% del total. Las personas beneficiarios con derechos a prestación han sido más de 55.000.
La ley establece tres grados en las valoraciones de dependencias, cada uno de los cuales está dividido en dos niveles, en función de la autonomía de las personas y de la intensidad del cuidado que requieran. Los servicios forales de Política Social son los encargados de emitir un dictamen sobre el grado y nivel de dependencia de cada solicitante y a la vez que especifique los cuidados que pueda necesitar.
De esta valoración dependerá el momento en que podrá ser beneficiario de la Ley, ya que se ha implantado de forma progresiva. La 'bolsa' de nuevos beneficiarios que ahora se suma a la lista de perceptores ya está debidamente valorada.
La financiación es compartida, aunque el grueso del gasto corre a cargo de las diputaciones. El Gobierno de Madrid ha implementado este año varios suplementos de crédito para aumentar los presupuestos iniciales aprobados para hacer frente a los compromisos asumidos en estas prestaciones, que han supuesto este año un total de 2.030 millones de euros para el Ejecutivo central.
Fuente : diariovasco.com
ZAMORA - 2,6 MILLONES A PROYECTOS DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA
Destinan 2,6 millones a proyectos de atención a la dependencia en Zamora
El Gobierno de España ha destinado a la provincia de Zamora 2,65 millones de euros para proyectos y actuaciones vinculadas con la atención a la Dependencia, a través del Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo, el denominado Plan E.
Así lo ha señalado hoy en rueda de prensa la subdelegada del Gobierno, Pilar de la Higuera, que ha destacado que estas iniciativas son adicionales a los fondos que se destinan a los ayuntamientos y a la financiación prevista de la Ley de Dependencia.
Las actuaciones llevadas a cabo a lo largo de este año en Zamora han generado 60 puestos de trabajo en la provincia, según los cálculos de la Subdelegación del Gobierno.
Para reforzar su compromiso con la implantación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), el Gobierno aprobó una partida de 400 millones de euros destinada a proporcionar a las comunidades autónomas recursos extraordinarios para facilitar el desarrollo y modernización de esta red de servicios y, a la vez, favorecer la generación de empleo en el sector.
De esa cuantía, cerca de 30 millones de euros correspondieron a Castilla y León y de ese dinero 2,65 millones se han invertido en la provincia de Zamora.
Entre otras actuaciones se han llevado a cabo obras de modernización de centros e instalaciones, así como de conversión de plazas de válidos en plazas para atender personas dependientes.
El dinero también se ha destinado a ampliar la oferta de plazas en centros y servicios de atención a personas dependientes, en proyectos de gasto corriente para mejoras y adaptaciones que favorezcan la accesibilidad y en programas de formación de cuidadores familiares y profesionales.
Fuente : abc.es
El Gobierno de España ha destinado a la provincia de Zamora 2,65 millones de euros para proyectos y actuaciones vinculadas con la atención a la Dependencia, a través del Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo, el denominado Plan E.
Así lo ha señalado hoy en rueda de prensa la subdelegada del Gobierno, Pilar de la Higuera, que ha destacado que estas iniciativas son adicionales a los fondos que se destinan a los ayuntamientos y a la financiación prevista de la Ley de Dependencia.
Las actuaciones llevadas a cabo a lo largo de este año en Zamora han generado 60 puestos de trabajo en la provincia, según los cálculos de la Subdelegación del Gobierno.
Para reforzar su compromiso con la implantación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), el Gobierno aprobó una partida de 400 millones de euros destinada a proporcionar a las comunidades autónomas recursos extraordinarios para facilitar el desarrollo y modernización de esta red de servicios y, a la vez, favorecer la generación de empleo en el sector.
De esa cuantía, cerca de 30 millones de euros correspondieron a Castilla y León y de ese dinero 2,65 millones se han invertido en la provincia de Zamora.
Entre otras actuaciones se han llevado a cabo obras de modernización de centros e instalaciones, así como de conversión de plazas de válidos en plazas para atender personas dependientes.
El dinero también se ha destinado a ampliar la oferta de plazas en centros y servicios de atención a personas dependientes, en proyectos de gasto corriente para mejoras y adaptaciones que favorezcan la accesibilidad y en programas de formación de cuidadores familiares y profesionales.
Fuente : abc.es
SALAMANCA - RECONOCIDA SITUACIÓN DEPENDENCIA DE 12.357 PERSONAS
La Ley de Dependencia reconoce la situación de 12.357 personas
Acceso a servicios y prestaciones. El 75,8% de estos ciudadanos se beneficia de las atenciones que oferta la normativa y que van desde centros de día, residencias, ayuda a domicilio o teleasistencia
La Ley de Dependencia ya tiene reconocidas en Salamanca a un total de 12.357 personas, a fecha de 1 de diciembre, de las cuales, a 9.361 (75,8%) en la actualidad les corresponde acceso a servicios y prestaciones, es decir, son Grandes Dependientes o Dependientes Severos en diferentes grados y niveles.
Asimismo, destacar los 2.996 ciudadanos a los que todavía no les corresponde beneficiarse de dicha normativa aunque ya tengan aceptada su situación, como así recoge la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades en su informe mensual sobre el avance de la Ley de Dependencia.
Por otra parte, resaltar que de las 9.361 personas a las que les corresponde percibir servicios y prestaciones por dependencia, 7.988 ya han recibido 8.178 prestaciones por dependencia, 4.813 (58,9%) son servicios (residencia, centro de día, ayuda a domicilio, teleasistencia, prestación vinculada a servicio, prevención y promoción de la autonomía personal o asistente personal), mientras que 3.365 (41,1%) son ayudas económicas para la atención en el domicilio (cuidados en el entorno familiar).
De los servicios que se prestan a través de esta normativa estatal en la provincia salmantina destacan los 1.926 beneficiarios de la prestación vinculada a la adquisición de un servicio, 1.064 en atención residencial, 748 en servicio de ayuda a domicilio, 440 con servicio de centro de día, 332 de prevención de la autonomía personal, 292 reciben teleasistencia y 11 prestación de asistente personal.
A ellos se suma otras 996 personas dependientes que están eligiendo las prestaciones según el Programa Individualizado de Atención (PIA) o se les ha solicitado completar datos para el cálculo de su capacidad económica.
Por otro lado, la Tesorería General de la Seguridad Social tiene registrados en sus bases de datos a 1 de diciembre de 2010 un total de 1.448 cuidadores no profesionales, de ellos, 1.442 son obligatorios y seis más voluntarios, es decir, no se suma por estar el suscriptor contado en el convenio obligatorio. En Castilla y León esta cifra asciende a 9.207 ciudadanos dados de alta en el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
Fuente : tribuna.net/noticia
Acceso a servicios y prestaciones. El 75,8% de estos ciudadanos se beneficia de las atenciones que oferta la normativa y que van desde centros de día, residencias, ayuda a domicilio o teleasistencia
La Ley de Dependencia ya tiene reconocidas en Salamanca a un total de 12.357 personas, a fecha de 1 de diciembre, de las cuales, a 9.361 (75,8%) en la actualidad les corresponde acceso a servicios y prestaciones, es decir, son Grandes Dependientes o Dependientes Severos en diferentes grados y niveles.
Asimismo, destacar los 2.996 ciudadanos a los que todavía no les corresponde beneficiarse de dicha normativa aunque ya tengan aceptada su situación, como así recoge la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades en su informe mensual sobre el avance de la Ley de Dependencia.
Por otra parte, resaltar que de las 9.361 personas a las que les corresponde percibir servicios y prestaciones por dependencia, 7.988 ya han recibido 8.178 prestaciones por dependencia, 4.813 (58,9%) son servicios (residencia, centro de día, ayuda a domicilio, teleasistencia, prestación vinculada a servicio, prevención y promoción de la autonomía personal o asistente personal), mientras que 3.365 (41,1%) son ayudas económicas para la atención en el domicilio (cuidados en el entorno familiar).
De los servicios que se prestan a través de esta normativa estatal en la provincia salmantina destacan los 1.926 beneficiarios de la prestación vinculada a la adquisición de un servicio, 1.064 en atención residencial, 748 en servicio de ayuda a domicilio, 440 con servicio de centro de día, 332 de prevención de la autonomía personal, 292 reciben teleasistencia y 11 prestación de asistente personal.
A ellos se suma otras 996 personas dependientes que están eligiendo las prestaciones según el Programa Individualizado de Atención (PIA) o se les ha solicitado completar datos para el cálculo de su capacidad económica.
Por otro lado, la Tesorería General de la Seguridad Social tiene registrados en sus bases de datos a 1 de diciembre de 2010 un total de 1.448 cuidadores no profesionales, de ellos, 1.442 son obligatorios y seis más voluntarios, es decir, no se suma por estar el suscriptor contado en el convenio obligatorio. En Castilla y León esta cifra asciende a 9.207 ciudadanos dados de alta en el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
Fuente : tribuna.net/noticia
ASTURIAS - LA LEY SE JUDICIALIZA
La ley de la Dependencia se judicializa
Asturias será la tercera región en habilitarlo tras el aumento de quejas por retrasos en las ayudas y errores en las valoraciones .
El Colegio de Abogados de Oviedo pone en marcha un servicio de orientación a los afectados.
La Ley de la Dependencia llegará a los juzgados.
Los graves problemas que, ya sea por retrasos en su aplicación o por errores en las valoraciones, se están causando a los aspirantes a beneficiarse de ella serán examinados por un juez.
Asturias contará el año próximo con un Servicio de Orientación Jurídica de Dependencia (SOJ) impulsado por el Colegio de Abogados de Oviedo ante el aumento de quejas y consultas registradas en el último año.
El asturiano será el tercero de ese tipo abierto en todo el país.
Tras Valencia y Alicante, el Principado contará con su propio SOJ que, según manifestaron fuentes del Colegio de Abogados de Oviedo a EL COMERCIO, «se pondrá en marcha en el plazo de seis meses, pero estamos trabajando para que sea cuanto antes. Si se puede, a principios de 2011».
El encargado de impulsarlo es el abogado Ignacio Cuesta, responsable de los turnos de oficio dentro de la directiva del Colegio de Abogados de Oviedo. Cuesta explicó que la función del SOJ será «ofrecer asesoramiento jurídico a todas las personas afectadas por la aplicación de la Ley de la Dependencia». La nueva oficina estará instalada en la sede del propio colegio, en la ovetense calle de Schultz, «aunque todavía estamos decidiendo la ubicación».
El primer órgano colegial en aprobar un SOJ específico para la Ley de la Dependencia fue el de Valencia, que ofrecerá la atención de forma gratuita y que ha formado a parte de sus letrados en la Ley de la Dependencia porque, tal y como explicó al diario 'Abc' el decano del colegio, Francisco Real, «hemos querido asegurarnos primero de que los letrados que vayan a prestar el servicio cuenten con toda la información y experiencia necesarias para atender debidamente a los ciudadanos».
30 quejas a la Procuradora
Hasta el momento, las demandas contra la Ley de la Dependencia no contaban con un órgano que las centralizara y la disparidad entre las diferentes judicaturas españolas hace que en algunas comunidades sea obligatorio acudir a los tribunales de lo contencioso-administrativo, mientras que otros permiten que se tramiten por los juzgados de lo social.
Por ello, muchos de los afectados se dirigían, directamente, al Defensor del Pueblo. Así lo hicieron en Asturias 20 personas el año pasado, liderando el total de quejas que, por problemas de servicios sociales, registró la Procuradora asturiana, Antonia Fernández Felgueroso, que se ha mostrado especialmente vigilante con esta norma que «es un derecho subjetivo».
Tanto cuida la Procuradora asturiana esta ley que hasta ha realizado diferentes informes en los que discrepa con la Consejería de Bienestar Social y Vivienda sobre la fórmula de aprobar los Planes Individuales de Atención (PIA), ya que entiende Fernández Felgueroso que «sí se pueden firmar PIAs diferentes en diferentes momentos de la vida del beneficiario», en contra de lo que defiende Bienestar.
De hecho, los PIAs y su firma son los principales motivos de protesta, ya que el retraso en cerrar este documento -mediante el que Principado y beneficiario de la Ley de la Dependencia acuerdan el servicio o prestación al que tiene derecho- supera el año. Aunque la norma marcaba, inicialmente, que en tres meses debía culminar todo el proceso -desde la presentación de la solicitud de valoración hasta recibir realmente el servicio-, su puesta en marcha ya evidenció los problemas para cumplir el calendario, por lo que este año, el de la revisión de la ley, se aprobó que el plazo fuera de seis meses.
Sin embargo, la propia consejera de Bienestar Social y Vivienda reconoció recientemente que, en Asturias, la demora «está entre doce y trece meses». Una situación en la que se encuentran ahora mismo 4.486 asturianos, los que dice el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) que ya han sido valorados, ya saben que tienen derecho a recibir una ayuda a la dependencia, pero siguen esperando. Es decir, si el SOJ se pusiera en marcha hoy mismo, podría recibir hasta 4.486 quejas. El 1 de enero, al sumarse los dependientes de grado I, la cifra se elevará a 7.208.
Fuente : elcomerciodigital.com
Asturias será la tercera región en habilitarlo tras el aumento de quejas por retrasos en las ayudas y errores en las valoraciones .
El Colegio de Abogados de Oviedo pone en marcha un servicio de orientación a los afectados.
La Ley de la Dependencia llegará a los juzgados.
Los graves problemas que, ya sea por retrasos en su aplicación o por errores en las valoraciones, se están causando a los aspirantes a beneficiarse de ella serán examinados por un juez.
Asturias contará el año próximo con un Servicio de Orientación Jurídica de Dependencia (SOJ) impulsado por el Colegio de Abogados de Oviedo ante el aumento de quejas y consultas registradas en el último año.
El asturiano será el tercero de ese tipo abierto en todo el país.
Tras Valencia y Alicante, el Principado contará con su propio SOJ que, según manifestaron fuentes del Colegio de Abogados de Oviedo a EL COMERCIO, «se pondrá en marcha en el plazo de seis meses, pero estamos trabajando para que sea cuanto antes. Si se puede, a principios de 2011».
El encargado de impulsarlo es el abogado Ignacio Cuesta, responsable de los turnos de oficio dentro de la directiva del Colegio de Abogados de Oviedo. Cuesta explicó que la función del SOJ será «ofrecer asesoramiento jurídico a todas las personas afectadas por la aplicación de la Ley de la Dependencia». La nueva oficina estará instalada en la sede del propio colegio, en la ovetense calle de Schultz, «aunque todavía estamos decidiendo la ubicación».
El primer órgano colegial en aprobar un SOJ específico para la Ley de la Dependencia fue el de Valencia, que ofrecerá la atención de forma gratuita y que ha formado a parte de sus letrados en la Ley de la Dependencia porque, tal y como explicó al diario 'Abc' el decano del colegio, Francisco Real, «hemos querido asegurarnos primero de que los letrados que vayan a prestar el servicio cuenten con toda la información y experiencia necesarias para atender debidamente a los ciudadanos».
30 quejas a la Procuradora
Hasta el momento, las demandas contra la Ley de la Dependencia no contaban con un órgano que las centralizara y la disparidad entre las diferentes judicaturas españolas hace que en algunas comunidades sea obligatorio acudir a los tribunales de lo contencioso-administrativo, mientras que otros permiten que se tramiten por los juzgados de lo social.
Por ello, muchos de los afectados se dirigían, directamente, al Defensor del Pueblo. Así lo hicieron en Asturias 20 personas el año pasado, liderando el total de quejas que, por problemas de servicios sociales, registró la Procuradora asturiana, Antonia Fernández Felgueroso, que se ha mostrado especialmente vigilante con esta norma que «es un derecho subjetivo».
Tanto cuida la Procuradora asturiana esta ley que hasta ha realizado diferentes informes en los que discrepa con la Consejería de Bienestar Social y Vivienda sobre la fórmula de aprobar los Planes Individuales de Atención (PIA), ya que entiende Fernández Felgueroso que «sí se pueden firmar PIAs diferentes en diferentes momentos de la vida del beneficiario», en contra de lo que defiende Bienestar.
De hecho, los PIAs y su firma son los principales motivos de protesta, ya que el retraso en cerrar este documento -mediante el que Principado y beneficiario de la Ley de la Dependencia acuerdan el servicio o prestación al que tiene derecho- supera el año. Aunque la norma marcaba, inicialmente, que en tres meses debía culminar todo el proceso -desde la presentación de la solicitud de valoración hasta recibir realmente el servicio-, su puesta en marcha ya evidenció los problemas para cumplir el calendario, por lo que este año, el de la revisión de la ley, se aprobó que el plazo fuera de seis meses.
Sin embargo, la propia consejera de Bienestar Social y Vivienda reconoció recientemente que, en Asturias, la demora «está entre doce y trece meses». Una situación en la que se encuentran ahora mismo 4.486 asturianos, los que dice el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) que ya han sido valorados, ya saben que tienen derecho a recibir una ayuda a la dependencia, pero siguen esperando. Es decir, si el SOJ se pusiera en marcha hoy mismo, podría recibir hasta 4.486 quejas. El 1 de enero, al sumarse los dependientes de grado I, la cifra se elevará a 7.208.
Fuente : elcomerciodigital.com
lunes, 27 de diciembre de 2010
CASTILLA LA MANCHA - LA DEUDA ES LA CONSECUENCIA DE SITUAR A NUESTRA REGION A LA CABEZA
"La deuda es la consecuencia de haber situado nuestra región a la cabeza en educación, sanidad y bienestar social"
La diputada regional del PSOE, Angustias Alcázar, afirma que en nuestra región "se ha invertido en profesionales sanitarios y profesores, no en extravagancias como ha hecho el PP en las comunidades donde gobierna, acumulando deudas muy superiores a la castellano-manchega".
“La deuda de Castilla-La Mancha es la consecuencia de haber situado nuestra región a la cabeza en Educación, Sanidad y Bienestar Social y no vamos a dar un paso atrás en estos avances”. Así ha afrimado hoy la diputada regional del PSOE por Cuenca, Angustias Alcázar, que ha aseverado que esa deuda “son colegios, hospitales, centro de salud, residencias o ayudas a los dependientes”.
Alcázar ha aclarado en que la deuda de Castilla-La Mancha “no es la que dice el PP, que está exagerando sobre el nivel de endeudamiento de la región para asustar a la población y ganar un puñado de votos; y es una deuda sostenible que en ningún caso supone un peligro para la estabilidad de nuestra comunidad”.
Asimismo, ha insistido en que “se trata de una deuda consciente pues es un dinero que se ha empleado en mejorar la calidad de vida de los castellano-manchegos”. Así, ha asegurado que “gracias a esas inversiones Castilla-La Mancha está a la cabeza en calidad asistencial o en aplicación de la Ley de Dependencia”.
La diputada socialista recalcó que en nuestra región “se ha invertido en profesionales sanitarios, profesores y personas dependientes atendidas con dignidad, y no se ha derrochado ni un euro en extravagancias como policías autonómicas o embajadas en el extranjero, como ha hecho el PP en las comunidades donde gobierna”.
En este punto, recordó que Madrid, Valencia y Galicia “tienen una deuda muy superior a la de Castilla-La Mancha y, sin embargo, ofrecen peores servicios a sus ciudadanos, por lo que está visto que las recetas económicas del PP no funcionan”.
“Si hiciéramos como Madrid o Valencia y no aplicáramos la Ley de Dependencia podríamos ahorrarnos 500 millones de euros pero eso supondría dejar sin prestación a un buen número de personas que no necesitan y el Gobierno de José María Barreda no está dispuesto a eso porque entre la bolsa y la vida nosotros nos quedamos con la vida y queremos que sea una vida digna”, aseveró Alcázar, quien señaló que Castilla-La Mancha invierte 134 euros por habitante en aplicar esta Ley, por encima de la media nacional.
La demagogia del PP: Por otra parte, Alcázar aseguró que las propuestas económicas presentadas por María Dolores de Cospedal, como la supresión de la Sindicatura de Cuentas o el Defensor del Pueblo, “son pura demagogia pues suponen un ahorro mínimo en el presupuesto regional”. Por el contrario, aseguró que “las verdaderas medidas económicas de Cospedal son las que no explica y que pasan por un recorte brutal de aquellas políticas que favorecen a la mayoría de los ciudadanos”.
Finalmente, llamó la atención de que sea el diputado del PP, José Manuel Tortosa, quien explique a los ciudadanos el programa económico de De Cospedal y arremeta contra la gestión del presidente Barreda cuando “a él le bastaron cuatro años para arruinar el Ayuntamiento de Las Pedroñeras y aún hoy se ve involucrado en asuntos turbios que tendrá que explicar”.
“Por cierto – concluyó Alcázar- que De Cospedal ha salido en su defensa, cosa que no augura un buen final para este asunto, pues la secretaria general del PP también salió en defensa del vicepresidenta del PP de Villarrobledo y todos sabemos como ha acabado”.
Fuente : vocesdecuenca.com
La diputada regional del PSOE, Angustias Alcázar, afirma que en nuestra región "se ha invertido en profesionales sanitarios y profesores, no en extravagancias como ha hecho el PP en las comunidades donde gobierna, acumulando deudas muy superiores a la castellano-manchega".
“La deuda de Castilla-La Mancha es la consecuencia de haber situado nuestra región a la cabeza en Educación, Sanidad y Bienestar Social y no vamos a dar un paso atrás en estos avances”. Así ha afrimado hoy la diputada regional del PSOE por Cuenca, Angustias Alcázar, que ha aseverado que esa deuda “son colegios, hospitales, centro de salud, residencias o ayudas a los dependientes”.
Alcázar ha aclarado en que la deuda de Castilla-La Mancha “no es la que dice el PP, que está exagerando sobre el nivel de endeudamiento de la región para asustar a la población y ganar un puñado de votos; y es una deuda sostenible que en ningún caso supone un peligro para la estabilidad de nuestra comunidad”.
Asimismo, ha insistido en que “se trata de una deuda consciente pues es un dinero que se ha empleado en mejorar la calidad de vida de los castellano-manchegos”. Así, ha asegurado que “gracias a esas inversiones Castilla-La Mancha está a la cabeza en calidad asistencial o en aplicación de la Ley de Dependencia”.
La diputada socialista recalcó que en nuestra región “se ha invertido en profesionales sanitarios, profesores y personas dependientes atendidas con dignidad, y no se ha derrochado ni un euro en extravagancias como policías autonómicas o embajadas en el extranjero, como ha hecho el PP en las comunidades donde gobierna”.
En este punto, recordó que Madrid, Valencia y Galicia “tienen una deuda muy superior a la de Castilla-La Mancha y, sin embargo, ofrecen peores servicios a sus ciudadanos, por lo que está visto que las recetas económicas del PP no funcionan”.
“Si hiciéramos como Madrid o Valencia y no aplicáramos la Ley de Dependencia podríamos ahorrarnos 500 millones de euros pero eso supondría dejar sin prestación a un buen número de personas que no necesitan y el Gobierno de José María Barreda no está dispuesto a eso porque entre la bolsa y la vida nosotros nos quedamos con la vida y queremos que sea una vida digna”, aseveró Alcázar, quien señaló que Castilla-La Mancha invierte 134 euros por habitante en aplicar esta Ley, por encima de la media nacional.
La demagogia del PP: Por otra parte, Alcázar aseguró que las propuestas económicas presentadas por María Dolores de Cospedal, como la supresión de la Sindicatura de Cuentas o el Defensor del Pueblo, “son pura demagogia pues suponen un ahorro mínimo en el presupuesto regional”. Por el contrario, aseguró que “las verdaderas medidas económicas de Cospedal son las que no explica y que pasan por un recorte brutal de aquellas políticas que favorecen a la mayoría de los ciudadanos”.
Finalmente, llamó la atención de que sea el diputado del PP, José Manuel Tortosa, quien explique a los ciudadanos el programa económico de De Cospedal y arremeta contra la gestión del presidente Barreda cuando “a él le bastaron cuatro años para arruinar el Ayuntamiento de Las Pedroñeras y aún hoy se ve involucrado en asuntos turbios que tendrá que explicar”.
“Por cierto – concluyó Alcázar- que De Cospedal ha salido en su defensa, cosa que no augura un buen final para este asunto, pues la secretaria general del PP también salió en defensa del vicepresidenta del PP de Villarrobledo y todos sabemos como ha acabado”.
Fuente : vocesdecuenca.com
CASTILLA Y LEÓN - ENTREVISTA AL CONSEJERO DE FAMILIA, CÉSAR ANTÓN
«No podemos dejar de prestar servicios porque el Estado no pague su parte»
A menos de seis meses de que finalice la legislatura, el consejero hace balance de las consecuencias de la crisis en su departamento y analiza las recientes leyes aprobadas
La Ley contra la Violencia de Género, la Ley de Servicios Sociales, la puesta en marcha de la Renta Garantizada de Ciudadanía, >el reconocimiento por parte de profesionales independientes de la sobresaliente aplicación de la Ley de Dependencia en la Comunidad.
El departamento del que es responsable César Antón parece haber cogido carrerilla en los últimos meses del año y poder así presentarse con un digno balance ante los ciudadanos pese a las dificultades económicas.
—Primera semana en funcionamiento de la Renta de Ciudadanía. ¿Cómo ha comenzado la prestación?
Con absoluta normalidad y sin incidencias. En los dos primeros días han sido más de 500 las consultas realizadas y 91 solicitudes registradas.
En febrero de 2011 finaliza la prestación a parados de larga duración del Gobierno. ¿Se teme una avalancha de peticiones?
La renta es una ayuda económica a todos los miembros de la unidad familiar con una característica fundamental y es que en todo el conjunto no haya ingresos mínimos para satisfacer las necesidades básicas de subsistencia. Puede pasar que algún parado que deje de percibir todos los subsidios por desempleo, pase a cobrar la Renta, pero un desempleado no es inmediatamente un excluido.
—Pero si aumentaran las personas susceptibles de recibir la Renta Garantizada de Ciudadanía. ¿Tendría posibilidad la Junta de ampliar los 27 millones presupuestados para 2011?
—Tendríamos la obligación de hacerlo. Cuando realizamos la memoria económica de la Ley cogimos los 3.320 preceptores del IMI e hicimos una estimación hasta que se duplicasen los preceptores, pero como es un derecho, quien cumpla los requisitos hay que concedérselo, y por eso el crédito es ampliable.
—En cuanto a la Ley de Dependencia, en 2011 se suman los dependientes moderados (grado I nivel 2). Los fondos de la Junta (550 millones para el próximo año) ¿serán suficientes teniendo en cuenta que el Gobierno sigue recortando sus aportaciones?
—En 2011 a las 47.502 personas de grado II y III que ya están recibiendo prestaciones y servicios se sumarán nuevas solicitudes y otros dependientes que hemos calculado que serán unos 5.400. Entendíamos que con nuevos usuarios teníamos que incrementar, así que cuando el presupuesto de la Junta baja un 5 por ciento, el de la Gerencia de Servicios Sociales aumenta un 7 por ciento y los destinados a la dependencia un 13.
—¿Se ha pensado en aumentar el «copago» de los usuarios si el Estado sigue recortando sus fondos para esta prestación?
—Fuimos la primera autonomía en pactar con el Diálogo Social y con entidades como el Cermi la aportación de los usuarios, y luego cuando llegó el acuerdo del Consejo Territorial lo adaptamos. Además, trasladamos las bases de ese acuerdo a los ayuntamientos y diputaciones, con lo cual hicimos unos criterios homogéneos en toda la Comunidad. Lo que fue un error es que, en plena actividad de las prestaciones, en 2007, y avanzado ya el acuerdo del Consejo Territorial en 2008, como el Estado no sacó un Real Decreto de aplicación, cada Comunidad hizo una cosa, lo que ha generado desequilibrios que ya no se corrigen, y de una Ley estatal que se consideraba el cuarto pilar básico, con criterios de igualdad y equidad, lo que han surgido han sido 17 columnas. Pero no podemos pensar ni en incrementar el «copago» a los usuarios ni en dejar de prestar servicios porque el Estado no pague su parte, porque los ciudadanos y las familias no pueden pagar una mala gestión del Gobierno central.
—El Observatorio de la Dependencia ha otorgado a Castilla y León un sobresaliente en la aplicación de la Ley. ¿Qué deberes ha hecho la Comunidad?
—Castilla y León tiene una buena red de servicios sociales. El Gobierno autonómico, desde el principio, ha cumplido la Ley y hemos puesto recursos económicos. Además, el informe hace referencia a las leyes de servicios sociales, y en este apartado Castilla y León ha obtenido la máxima puntuación porque tiene una ley de nueva generación, que da el salto de lo asistencial a lo que es generar derechos a recibir servicios.
—Pero, ¿tiene fondos ahora mismo la Junta para desarrollar las prestaciones de la Ley de Servicios Sociales?
—La mayoría de las prestaciones se están dando ya. Si es verdad que el tema asistencial puede llegar un momento en el que, si no tienes presupuesto y eres restrictivo en la convocatoria pueden entrar unos sí y otros no. Pero con la nueva ley el razonamiento es el mismo que con las prestaciones de dependencia o la Renta de Ciudadanía, para quien cumpla los requisitos es un derecho. La obligación de las administraciones es, con el presupuesto que haya, satisfacer los derechos ganados y si no hay, se tendrá que ampliar.
—El PSOE ha denunciado el recorte, de «tapadillo», en algunas políticas de su departamento: formación de discapacitados, la lucha contra la droga, etc.
—Estamos en una situación en el que se han tenido que ajustar los ciudadanos, las familias, las empresas y también las administraciones. Y las administraciones nos ajustamos a través de los presupuestos, y siendo consecuentes con algo que se le está pidiendo a todos los estados, que es reducir el déficit. En Castilla y León hasta ahora se había invertido en muy buenas infraestructuras —centros de de día, ocupacionales…—, y ahora no tocaba, pero aún así garantizamos todos los contratos de inversiones hechas y todas las subvenciones concedidas. Además, al Gobierno se le pidió un plan de austeridad, por el que todas las entidades que reciben subvenciones de la Junta las verían recortadas en un 10 por ciento.
—¿Y en qué se han visto afectadas esas entidades o asociaciones?
—Les hemos dicho que no es el momento de desarrollar programas de mejora en la calidad asistencial, que requieren de un grupo de profesionales y unos trabajos de investigación. Pero la atención a la persona que está en un centro de estas entidades va a continuar porque tenemos un concierto por el cual a la persona con discapacidad calificada que no pueda entrar en nuestros centros se le va a pagar el coste de la plaza. Es decir, garantizamos la asistencia con la calidad que hay ahora, pero igual hay que aparcar, no olvidar, determinados programas. Eso es priorizar.
—¿Cómo afronta la recta final de la legislatura?
—Estamos a seis meses escasos de volver a presentarse ante las urnas y, entre otras cosas, tenemos aprobadas la Ley de Servicios Sociales y la de Violencia de Género, la Renta de Ciudadanía ya se puede solicitar... Es importante poderse presentar a los ciudadanos con este balance. Las grandes actuaciones están ahora mismo ultimándose o están ultimadas. Creo que es producto de haberlo hecho cuanto antes, porque los últimos años han sido de recortes , y el haberlo tenido un poco avanzado hace que tengamos unos datos dignos de presentarlos a los ciudadanos.
Fuente : abc.es
A menos de seis meses de que finalice la legislatura, el consejero hace balance de las consecuencias de la crisis en su departamento y analiza las recientes leyes aprobadas
La Ley contra la Violencia de Género, la Ley de Servicios Sociales, la puesta en marcha de la Renta Garantizada de Ciudadanía, >el reconocimiento por parte de profesionales independientes de la sobresaliente aplicación de la Ley de Dependencia en la Comunidad.
El departamento del que es responsable César Antón parece haber cogido carrerilla en los últimos meses del año y poder así presentarse con un digno balance ante los ciudadanos pese a las dificultades económicas.
—Primera semana en funcionamiento de la Renta de Ciudadanía. ¿Cómo ha comenzado la prestación?
Con absoluta normalidad y sin incidencias. En los dos primeros días han sido más de 500 las consultas realizadas y 91 solicitudes registradas.
En febrero de 2011 finaliza la prestación a parados de larga duración del Gobierno. ¿Se teme una avalancha de peticiones?
La renta es una ayuda económica a todos los miembros de la unidad familiar con una característica fundamental y es que en todo el conjunto no haya ingresos mínimos para satisfacer las necesidades básicas de subsistencia. Puede pasar que algún parado que deje de percibir todos los subsidios por desempleo, pase a cobrar la Renta, pero un desempleado no es inmediatamente un excluido.
—Pero si aumentaran las personas susceptibles de recibir la Renta Garantizada de Ciudadanía. ¿Tendría posibilidad la Junta de ampliar los 27 millones presupuestados para 2011?
—Tendríamos la obligación de hacerlo. Cuando realizamos la memoria económica de la Ley cogimos los 3.320 preceptores del IMI e hicimos una estimación hasta que se duplicasen los preceptores, pero como es un derecho, quien cumpla los requisitos hay que concedérselo, y por eso el crédito es ampliable.
—En cuanto a la Ley de Dependencia, en 2011 se suman los dependientes moderados (grado I nivel 2). Los fondos de la Junta (550 millones para el próximo año) ¿serán suficientes teniendo en cuenta que el Gobierno sigue recortando sus aportaciones?
—En 2011 a las 47.502 personas de grado II y III que ya están recibiendo prestaciones y servicios se sumarán nuevas solicitudes y otros dependientes que hemos calculado que serán unos 5.400. Entendíamos que con nuevos usuarios teníamos que incrementar, así que cuando el presupuesto de la Junta baja un 5 por ciento, el de la Gerencia de Servicios Sociales aumenta un 7 por ciento y los destinados a la dependencia un 13.
—¿Se ha pensado en aumentar el «copago» de los usuarios si el Estado sigue recortando sus fondos para esta prestación?
—Fuimos la primera autonomía en pactar con el Diálogo Social y con entidades como el Cermi la aportación de los usuarios, y luego cuando llegó el acuerdo del Consejo Territorial lo adaptamos. Además, trasladamos las bases de ese acuerdo a los ayuntamientos y diputaciones, con lo cual hicimos unos criterios homogéneos en toda la Comunidad. Lo que fue un error es que, en plena actividad de las prestaciones, en 2007, y avanzado ya el acuerdo del Consejo Territorial en 2008, como el Estado no sacó un Real Decreto de aplicación, cada Comunidad hizo una cosa, lo que ha generado desequilibrios que ya no se corrigen, y de una Ley estatal que se consideraba el cuarto pilar básico, con criterios de igualdad y equidad, lo que han surgido han sido 17 columnas. Pero no podemos pensar ni en incrementar el «copago» a los usuarios ni en dejar de prestar servicios porque el Estado no pague su parte, porque los ciudadanos y las familias no pueden pagar una mala gestión del Gobierno central.
—El Observatorio de la Dependencia ha otorgado a Castilla y León un sobresaliente en la aplicación de la Ley. ¿Qué deberes ha hecho la Comunidad?
—Castilla y León tiene una buena red de servicios sociales. El Gobierno autonómico, desde el principio, ha cumplido la Ley y hemos puesto recursos económicos. Además, el informe hace referencia a las leyes de servicios sociales, y en este apartado Castilla y León ha obtenido la máxima puntuación porque tiene una ley de nueva generación, que da el salto de lo asistencial a lo que es generar derechos a recibir servicios.
—Pero, ¿tiene fondos ahora mismo la Junta para desarrollar las prestaciones de la Ley de Servicios Sociales?
—La mayoría de las prestaciones se están dando ya. Si es verdad que el tema asistencial puede llegar un momento en el que, si no tienes presupuesto y eres restrictivo en la convocatoria pueden entrar unos sí y otros no. Pero con la nueva ley el razonamiento es el mismo que con las prestaciones de dependencia o la Renta de Ciudadanía, para quien cumpla los requisitos es un derecho. La obligación de las administraciones es, con el presupuesto que haya, satisfacer los derechos ganados y si no hay, se tendrá que ampliar.
—El PSOE ha denunciado el recorte, de «tapadillo», en algunas políticas de su departamento: formación de discapacitados, la lucha contra la droga, etc.
—Estamos en una situación en el que se han tenido que ajustar los ciudadanos, las familias, las empresas y también las administraciones. Y las administraciones nos ajustamos a través de los presupuestos, y siendo consecuentes con algo que se le está pidiendo a todos los estados, que es reducir el déficit. En Castilla y León hasta ahora se había invertido en muy buenas infraestructuras —centros de de día, ocupacionales…—, y ahora no tocaba, pero aún así garantizamos todos los contratos de inversiones hechas y todas las subvenciones concedidas. Además, al Gobierno se le pidió un plan de austeridad, por el que todas las entidades que reciben subvenciones de la Junta las verían recortadas en un 10 por ciento.
—¿Y en qué se han visto afectadas esas entidades o asociaciones?
—Les hemos dicho que no es el momento de desarrollar programas de mejora en la calidad asistencial, que requieren de un grupo de profesionales y unos trabajos de investigación. Pero la atención a la persona que está en un centro de estas entidades va a continuar porque tenemos un concierto por el cual a la persona con discapacidad calificada que no pueda entrar en nuestros centros se le va a pagar el coste de la plaza. Es decir, garantizamos la asistencia con la calidad que hay ahora, pero igual hay que aparcar, no olvidar, determinados programas. Eso es priorizar.
—¿Cómo afronta la recta final de la legislatura?
—Estamos a seis meses escasos de volver a presentarse ante las urnas y, entre otras cosas, tenemos aprobadas la Ley de Servicios Sociales y la de Violencia de Género, la Renta de Ciudadanía ya se puede solicitar... Es importante poderse presentar a los ciudadanos con este balance. Las grandes actuaciones están ahora mismo ultimándose o están ultimadas. Creo que es producto de haberlo hecho cuanto antes, porque los últimos años han sido de recortes , y el haberlo tenido un poco avanzado hace que tengamos unos datos dignos de presentarlos a los ciudadanos.
Fuente : abc.es
HUELVA - LA CRISIS SE CEBA SIEMPRE CON LOS MÁS DÉBILES
La crisis merma un 91% las ofertas de empleo de Cáritas en un año.
Las empresas colaboradoras brindan a la ONG seis puestos de trabajo este año, frente a los 67 de 2009
Sólo las de Ayuda a Domicilio mantienen el ritmo de las contrataciones gracias a la Ley de Dependencia
Las grandes crisis económicas se ceban siempre con los más débiles, pero la que ahora vivimos tiene un cariz especial: está alcanzando también a personas que jamás se habían asomado al oscuro abismo de la exclusión.
La organización benéfica Cáritas Diocesana de Huelva, termómetro de nuestra realidad social, han detectado en los últimos años una llamativa metamorfosis en el perfil de sus usuarios, pero no por que los de siempre no estén, sino porque a ellos se han sumado otros muchos, aportándole heterogeneidad.
Esos nuevos rostros son beneficiarios el Programa de Protección por Desempleo e Inserción (Prodi) del Gobierno -426 euros al mes-, que les exige realizar itinerarios de empleo en el servicio propio de la ONG onubense; otros tantos ni siquiera cobran ya la ayuda, a pesar de que otrora mantuvieron un más que aceptable nivel de vida.
A lo largo de este año, el Programa de Empleo de Cáritas ha sido testigo de casos de personas que "han trabajado desde siempre" en los sectores de la construcción y la hostelería, mayoritariamente, según explicó a este diario la responsable del área en la ONG, Chonchi Martín y que están en una situación desesperada.
Cada año, este servicio recibe una media de 900 consultas. La cifra siempre se mantiene debido a que "no tenemos más personal y no podemos dar más números al día". No obstante, "recibimos a mucha gente nueva", tanta que a los técnicos que las atienden "les cuesta aprenderse los nombres, como antes, cuando las mismas personas venían varias veces al año". Además, si antaño obtener una cita requería una espera media de una semana, en 2010 se ha ampliado el plazo y alcanza el mes.
Del total de usuarios atendidos este 2010, 160 son perceptores del Prodi (17,7%), casi todos de Huelva capital. Como un jarro de agua fría ha caído sobre los trabajadores de Cáritas y sus usuarios que el Gobierno central pretenda eliminar la ayuda económica mensual de 426 euros y cambiarla por cursos formativos o readaptaciones al puesto de trabajo.
Martín explicó que, actualmente, las personas que cobran esa prestación de seis meses "son las que realmente la necesitan" y, aunque reconoció que "no es la panacea porque es pan para hoy y hambre para mañana", sí supone un balón de oxígeno "fundamental" para cientos de familias en el territorio provincial.
Es difícil para una persona mayor de 45 años encontrar un empleo en los tiempos que corren. Pero la realidad es que el panorama no se presenta mucho más alentador para los más jóvenes. Aquellos que acuden a Cáritas son, en esencia, "onubenses adaptados a trabajos poco cualificados". El reto está en mejorar su competitividad a través de cursos de formación que imparte la organización diocesana.
Pero cada vez es más difícil que puedan realizar prácticas o ser contratados por empresas. Muchas de las que tradicionalmente han venido colaborando con el Programa de Intermediación Laboral de Cáritas Huelva han dejado de ofrecer puestos trabajo: si en 2009 ofertaron 67 empleos, este año va a cerrarse con sólo seis (una caída del 91%) procedentes básicamente de compañías de limpieza y hostelería.
"Nos dicen que no pueden ofrecernos nada porque están teniendo que prescindir de sus propias plantillas", adujo Chonchi Martín, que recordó que hace un año las demandas de trabajadores para el servicio doméstico hacía que los teléfonos sonaran "dos y tres veces al día; ahora nada, y eso te frustra porque hay mucha gente pidiendo ayuda y no puedes echarle una mano".
La caída brutal del remanente laboral de la ONG deja sólo una parcela a merced de la esperanza: la Ayuda a Domicilio. De hecho, el 80% de las alumnas del curso homónimo de Cáritas "está trabajando" gracias a la demanda de la Ley de Dependencia. Son las empresas que prestan este servicio las que "más personal nos reclaman".
Fuente : huelvainformacion.es
Las empresas colaboradoras brindan a la ONG seis puestos de trabajo este año, frente a los 67 de 2009
Sólo las de Ayuda a Domicilio mantienen el ritmo de las contrataciones gracias a la Ley de Dependencia
Las grandes crisis económicas se ceban siempre con los más débiles, pero la que ahora vivimos tiene un cariz especial: está alcanzando también a personas que jamás se habían asomado al oscuro abismo de la exclusión.
La organización benéfica Cáritas Diocesana de Huelva, termómetro de nuestra realidad social, han detectado en los últimos años una llamativa metamorfosis en el perfil de sus usuarios, pero no por que los de siempre no estén, sino porque a ellos se han sumado otros muchos, aportándole heterogeneidad.
Esos nuevos rostros son beneficiarios el Programa de Protección por Desempleo e Inserción (Prodi) del Gobierno -426 euros al mes-, que les exige realizar itinerarios de empleo en el servicio propio de la ONG onubense; otros tantos ni siquiera cobran ya la ayuda, a pesar de que otrora mantuvieron un más que aceptable nivel de vida.
A lo largo de este año, el Programa de Empleo de Cáritas ha sido testigo de casos de personas que "han trabajado desde siempre" en los sectores de la construcción y la hostelería, mayoritariamente, según explicó a este diario la responsable del área en la ONG, Chonchi Martín y que están en una situación desesperada.
Cada año, este servicio recibe una media de 900 consultas. La cifra siempre se mantiene debido a que "no tenemos más personal y no podemos dar más números al día". No obstante, "recibimos a mucha gente nueva", tanta que a los técnicos que las atienden "les cuesta aprenderse los nombres, como antes, cuando las mismas personas venían varias veces al año". Además, si antaño obtener una cita requería una espera media de una semana, en 2010 se ha ampliado el plazo y alcanza el mes.
Del total de usuarios atendidos este 2010, 160 son perceptores del Prodi (17,7%), casi todos de Huelva capital. Como un jarro de agua fría ha caído sobre los trabajadores de Cáritas y sus usuarios que el Gobierno central pretenda eliminar la ayuda económica mensual de 426 euros y cambiarla por cursos formativos o readaptaciones al puesto de trabajo.
Martín explicó que, actualmente, las personas que cobran esa prestación de seis meses "son las que realmente la necesitan" y, aunque reconoció que "no es la panacea porque es pan para hoy y hambre para mañana", sí supone un balón de oxígeno "fundamental" para cientos de familias en el territorio provincial.
Es difícil para una persona mayor de 45 años encontrar un empleo en los tiempos que corren. Pero la realidad es que el panorama no se presenta mucho más alentador para los más jóvenes. Aquellos que acuden a Cáritas son, en esencia, "onubenses adaptados a trabajos poco cualificados". El reto está en mejorar su competitividad a través de cursos de formación que imparte la organización diocesana.
Pero cada vez es más difícil que puedan realizar prácticas o ser contratados por empresas. Muchas de las que tradicionalmente han venido colaborando con el Programa de Intermediación Laboral de Cáritas Huelva han dejado de ofrecer puestos trabajo: si en 2009 ofertaron 67 empleos, este año va a cerrarse con sólo seis (una caída del 91%) procedentes básicamente de compañías de limpieza y hostelería.
"Nos dicen que no pueden ofrecernos nada porque están teniendo que prescindir de sus propias plantillas", adujo Chonchi Martín, que recordó que hace un año las demandas de trabajadores para el servicio doméstico hacía que los teléfonos sonaran "dos y tres veces al día; ahora nada, y eso te frustra porque hay mucha gente pidiendo ayuda y no puedes echarle una mano".
La caída brutal del remanente laboral de la ONG deja sólo una parcela a merced de la esperanza: la Ayuda a Domicilio. De hecho, el 80% de las alumnas del curso homónimo de Cáritas "está trabajando" gracias a la demanda de la Ley de Dependencia. Son las empresas que prestan este servicio las que "más personal nos reclaman".
Fuente : huelvainformacion.es
C.VALENCIANA - PATERNA - DESTINÓ 3 MILLONES A AYUDAS SOCIALES
El Ayuntamiento de Paterna destina casi 3 millones de euros a ayudas sociales durante 2010
El Ayuntamiento de Paterna invirtió casi 3 millones de euros en gasto social en el año 2010, un presupuesto que ha debido a la coyuntura de crisis económica ha ido en aumento durante toda la legislatura a pesar de que es en el presente año 2010 en el que se ha apreciado una estabilización de las cifras de intervenciones que ha tenido que afrontar el Ayuntamiento para tratar de ayudar a las familias que más lo necesitan.
El primer edil de Paterna, Lorenzo Agustí, indicó que “a lo largo de la legislatura ha sido necesario ajustar el gasto municipal a la caída generalizada de los ingresos, siendo una prioridad para el Ayuntamiento mantener el gasto social con el objetivo de ayudar a las familias que más están padeciendo los efectos de la coyuntura económica”.
Por lo que respecta a las Ayudas Sociales, hasta la fecha se han efectuado ayudas por un importe de 480.276 euros, tanto en Ayudas Económicas Individualizadas para 1.232 familias beneficiarias como en Ayudas Económicas de Emergencia para responder a 800 solicitudes.
En lo concerniente a Ayudas a la Dependencia, ya se vienen prestando en el municipio ayudas en forma de prestaciones económicas o servicios derivadas de la aplicación de la Ley de Dependencia y Autonomía Personal que favorecen a un total de 586 dependientes (Cuidador familiar, centro de día y centro de Noche o Teleasistencia).
Estas ayudas directas de la Generalitat Valencia y Gobierno Central que ascienden a más de 500.000 euros se completan con el Servicio de Atención Domiciliaria ofrecido desde el ámbito municipal y que supone para el Ayuntamiento un desembolso de 360.000 euros en 2010.
Sumando el presupuesto destinado a la Oficina de Atención al Dependiente incluido el vehículo adaptado con un presupuesto global de 175.000 euros, supone una prestación anual de servicios para la dependencia superior al millón de euros.
Otro de los recursos socales ofrecidos desde el Ayuntamiento es el Servicio de Atención a la Familia y a la Infancia y el Servicio de Acogimiento Familiar. La primera herramienta supone un desembolso anual de 82.000 euros, y en el presente año ha desarrollado más de un millar de intervenciones sobre 450 familias.
La segunda ha permitido ayudar a 65 niños que han sido acogidos en situación de riesgo social, contando con un presupuesto de 195.000 euros.
Además se han concedido subvenciones a distintas asociaciones de carácter social por un importe de 121.114 euros, repartidas entre Afempes, Apami, Caritas Interparroquiales, Afad, Fundación Secretariado Gitano y Afamo.
Entre las acciones desarrolladas podría servir de ejemplo el programa Sara que tiene 17 mujeres beneficiarias para potenciar las habilidades sociales y autonomía personal.
Otros instrumentos de inserción que el Ayuntamiento pone a disposición de los vecinos que lo necesitan son el Centro de Día de Drogodependencias (164.000 euros), la Unidad de Prevención de Conductas Adictivas (51.000 euros), el Centro de Día de Alborgí y el Centro de Menores de La Coma que atienden diariamente a 150 jóvenes tienen un presupuesto conjunto de 320.000 euros, mientras que la Guardería de La Coma con 75 plazas para 0 a 3 años cuenta con presupuesto de 262.000 euros.
Una de las actuaciones sociales desarrolladas esta legislatura ha sido la puesta en marcha del Plan de Barrios, que ha actuado principalmente en los barrios de La Coma y Santa Rita con el objetivo de vertebrar el tejido social, con una inversión de 106.000 euros.
Fuente : elperiodicodeaqui.com/noticias
El Ayuntamiento de Paterna invirtió casi 3 millones de euros en gasto social en el año 2010, un presupuesto que ha debido a la coyuntura de crisis económica ha ido en aumento durante toda la legislatura a pesar de que es en el presente año 2010 en el que se ha apreciado una estabilización de las cifras de intervenciones que ha tenido que afrontar el Ayuntamiento para tratar de ayudar a las familias que más lo necesitan.
El primer edil de Paterna, Lorenzo Agustí, indicó que “a lo largo de la legislatura ha sido necesario ajustar el gasto municipal a la caída generalizada de los ingresos, siendo una prioridad para el Ayuntamiento mantener el gasto social con el objetivo de ayudar a las familias que más están padeciendo los efectos de la coyuntura económica”.
Por lo que respecta a las Ayudas Sociales, hasta la fecha se han efectuado ayudas por un importe de 480.276 euros, tanto en Ayudas Económicas Individualizadas para 1.232 familias beneficiarias como en Ayudas Económicas de Emergencia para responder a 800 solicitudes.
En lo concerniente a Ayudas a la Dependencia, ya se vienen prestando en el municipio ayudas en forma de prestaciones económicas o servicios derivadas de la aplicación de la Ley de Dependencia y Autonomía Personal que favorecen a un total de 586 dependientes (Cuidador familiar, centro de día y centro de Noche o Teleasistencia).
Estas ayudas directas de la Generalitat Valencia y Gobierno Central que ascienden a más de 500.000 euros se completan con el Servicio de Atención Domiciliaria ofrecido desde el ámbito municipal y que supone para el Ayuntamiento un desembolso de 360.000 euros en 2010.
Sumando el presupuesto destinado a la Oficina de Atención al Dependiente incluido el vehículo adaptado con un presupuesto global de 175.000 euros, supone una prestación anual de servicios para la dependencia superior al millón de euros.
Otro de los recursos socales ofrecidos desde el Ayuntamiento es el Servicio de Atención a la Familia y a la Infancia y el Servicio de Acogimiento Familiar. La primera herramienta supone un desembolso anual de 82.000 euros, y en el presente año ha desarrollado más de un millar de intervenciones sobre 450 familias.
La segunda ha permitido ayudar a 65 niños que han sido acogidos en situación de riesgo social, contando con un presupuesto de 195.000 euros.
Además se han concedido subvenciones a distintas asociaciones de carácter social por un importe de 121.114 euros, repartidas entre Afempes, Apami, Caritas Interparroquiales, Afad, Fundación Secretariado Gitano y Afamo.
Entre las acciones desarrolladas podría servir de ejemplo el programa Sara que tiene 17 mujeres beneficiarias para potenciar las habilidades sociales y autonomía personal.
Otros instrumentos de inserción que el Ayuntamiento pone a disposición de los vecinos que lo necesitan son el Centro de Día de Drogodependencias (164.000 euros), la Unidad de Prevención de Conductas Adictivas (51.000 euros), el Centro de Día de Alborgí y el Centro de Menores de La Coma que atienden diariamente a 150 jóvenes tienen un presupuesto conjunto de 320.000 euros, mientras que la Guardería de La Coma con 75 plazas para 0 a 3 años cuenta con presupuesto de 262.000 euros.
Una de las actuaciones sociales desarrolladas esta legislatura ha sido la puesta en marcha del Plan de Barrios, que ha actuado principalmente en los barrios de La Coma y Santa Rita con el objetivo de vertebrar el tejido social, con una inversión de 106.000 euros.
Fuente : elperiodicodeaqui.com/noticias
ANDALUCÍA - HACIA UN NUEVO MODELO PRODUCTIVO
Hacia un nuevo modelo productivo
EL Parlamento debatió y aprobó la semana pasada el Presupuesto de la Junta de Andalucía para el próximo año, marcado por el "compromiso social", la "austeridad", las "reformas" estructurales y la apuesta por un "nuevo modelo productivo".
Estamos ante unas cuentas públicas marcadas por la crisis económica y que suponen un gran esfuerzo de austeridad en el gasto corriente, un firme compromiso de abordar reformas estructurales en el ámbito de las administraciones públicas, para avanzar hacia la excelencia en los servicios y las prestaciones, y una decidida apuesta por la implantación progresiva de un nuevo modelo económico, orientado hacia la sostenibilidad y la competitividad de nuestro tejido productivo.
Los ingresos presupuestarios se siguen viendo afectados por la crisis, con una caída importante de la recaudación, lo que se compensa en parte a través de nuevas figuras impositivas de carácter progresista, que afectan entre otros a los depósitos bancarios y a las bolsas de plástico.
Experimentan una caída importante los recursos destinados a inversiones en infraestructuras, que pasan del 5 al 3% del PIB, más de 5.300 millones de euros, todavía por encima de la media de lo que destinan el resto de las comunidades autónomas a este fin. Hemos priorizado la cobertura de las necesidades sociales, especialmente en momentos en los que la crisis multiplica el colectivo de personas con dificultades económicas, aunque ello suponga hacer algunos kilómetros menos de autovía.
En relación con los gastos, suben los destinados a las políticas sociales, al fomento del empleo y la sostenibilidad medioambiental. El presupuesto garantiza la calidad de los servicios y prestaciones públicas, con partidas que suponen el 78% del gasto no financiero, manteniendo un firme compromiso en la aplicación de la Ley de la Dependencia, que nos sitúa a la cabeza de las comunidades autónomas, con un 30% del conjunto de los recursos que se destinan a este fin en España.
En materia de empleo, las cuentas públicas aprobadas prestan una especial atención a los colectivos que encuentran más dificultades para acceder a una ocupación; mayores de cuarenta y cinco años y jóvenes con escasa formación, que abandonaron el colegio para incorporarse al trabajo atraídos por ofertas de empleo vinculadas a la construcción, cuya caída les ha conducido a la falta de expectativas de acceder a otras actividades que exijan una mayor cualificación profesional.
En materia de gasto, los Presupuestos de la Junta se comprometen con el cambio progresivo de nuestro modelo económico, en primer lugar, haciendo mejor lo que ya hacemos bien en los sectores vinculados con la producción y la industrialización agraria y la configuración de una oferta turística de excelencia y, en segundo lugar, continuando la apuesta por la innovación y la investigación en sectores clave tales como las energías limpias, las industrias biomédicas y la sostenibilidad medioambiental.
Frente al discurso del oportunismo, el populismo y la demagogia que ha caracterizado a los portavoces de la derecha andaluza representada por el Partido Popular, obsesionada con lograr el poder a cualquier precio, con el recurso a la propaganda mentirosa financiada con fondos públicos, en lo que algunos como el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cádiz ha llegado al virtuosismo del despilfarro y la desvergüenza, los presupuestos de la Junta son una herramienta de vital importancia en la batalla contra los tópicos que lastran la imagen de Andalucía y suponen un compromiso con el desarrollo de la investigación y la modernidad, con el pensamiento y la iniciativa creativa, con la solidaridad y la calidad de vida de los andaluces.
Fuente : diariodecadiz.es
EL Parlamento debatió y aprobó la semana pasada el Presupuesto de la Junta de Andalucía para el próximo año, marcado por el "compromiso social", la "austeridad", las "reformas" estructurales y la apuesta por un "nuevo modelo productivo".
Estamos ante unas cuentas públicas marcadas por la crisis económica y que suponen un gran esfuerzo de austeridad en el gasto corriente, un firme compromiso de abordar reformas estructurales en el ámbito de las administraciones públicas, para avanzar hacia la excelencia en los servicios y las prestaciones, y una decidida apuesta por la implantación progresiva de un nuevo modelo económico, orientado hacia la sostenibilidad y la competitividad de nuestro tejido productivo.
Los ingresos presupuestarios se siguen viendo afectados por la crisis, con una caída importante de la recaudación, lo que se compensa en parte a través de nuevas figuras impositivas de carácter progresista, que afectan entre otros a los depósitos bancarios y a las bolsas de plástico.
Experimentan una caída importante los recursos destinados a inversiones en infraestructuras, que pasan del 5 al 3% del PIB, más de 5.300 millones de euros, todavía por encima de la media de lo que destinan el resto de las comunidades autónomas a este fin. Hemos priorizado la cobertura de las necesidades sociales, especialmente en momentos en los que la crisis multiplica el colectivo de personas con dificultades económicas, aunque ello suponga hacer algunos kilómetros menos de autovía.
En relación con los gastos, suben los destinados a las políticas sociales, al fomento del empleo y la sostenibilidad medioambiental. El presupuesto garantiza la calidad de los servicios y prestaciones públicas, con partidas que suponen el 78% del gasto no financiero, manteniendo un firme compromiso en la aplicación de la Ley de la Dependencia, que nos sitúa a la cabeza de las comunidades autónomas, con un 30% del conjunto de los recursos que se destinan a este fin en España.
En materia de empleo, las cuentas públicas aprobadas prestan una especial atención a los colectivos que encuentran más dificultades para acceder a una ocupación; mayores de cuarenta y cinco años y jóvenes con escasa formación, que abandonaron el colegio para incorporarse al trabajo atraídos por ofertas de empleo vinculadas a la construcción, cuya caída les ha conducido a la falta de expectativas de acceder a otras actividades que exijan una mayor cualificación profesional.
En materia de gasto, los Presupuestos de la Junta se comprometen con el cambio progresivo de nuestro modelo económico, en primer lugar, haciendo mejor lo que ya hacemos bien en los sectores vinculados con la producción y la industrialización agraria y la configuración de una oferta turística de excelencia y, en segundo lugar, continuando la apuesta por la innovación y la investigación en sectores clave tales como las energías limpias, las industrias biomédicas y la sostenibilidad medioambiental.
Frente al discurso del oportunismo, el populismo y la demagogia que ha caracterizado a los portavoces de la derecha andaluza representada por el Partido Popular, obsesionada con lograr el poder a cualquier precio, con el recurso a la propaganda mentirosa financiada con fondos públicos, en lo que algunos como el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cádiz ha llegado al virtuosismo del despilfarro y la desvergüenza, los presupuestos de la Junta son una herramienta de vital importancia en la batalla contra los tópicos que lastran la imagen de Andalucía y suponen un compromiso con el desarrollo de la investigación y la modernidad, con el pensamiento y la iniciativa creativa, con la solidaridad y la calidad de vida de los andaluces.
Fuente : diariodecadiz.es
TOLEDO - 574 PERSONAS MAYORES VIVEN SOLAS
En el Casco viven 574 personas mayores solas
Son el veintiocho por ciento de los 2.049 mayores de más de sesenta y cinco años que viven solos en toda la ciudad
El 28 por ciento de los 2.049 mayores de sesenta y cinco años que habitan en el Casco Histórico, 574 personas, viven solas, según los datos del Padrón Municipal.
Se trata de un 24,3 por ciento de los mayores que viven solos en la ciudad, que en total son 2.358. El dato es significativo, porque en el Casco sólo viven el 18 por ciento de los ancianos de Toledo, que son casi diez mil.
Entre las personas que viven solas, los Servicios Sociales municipales han detectado que hay un grupo importante sin una raíz social de apoyo, por lo que ha puesto en marcha una serie de recursos y ayudas.
De hecho, el Plan de Servicios Sociales detecta que los mayores de sesenta y cinco años son el grupo de población que acude de forma más relevante a los Servicios Sociales, sobre todo demandando prestaciones vinculadas con la Ley de Dependencia De lo que el Ayuntamiento carece de datos es de las infraviviendas existentes en el Casco, y de las personas mayores que en ellas pueden habitar.
Los Servicios Sociales están trabajando en el incremento de los recursos de las personas mayores y las ayudas a domicilio, dirigidas a personas con necesidad por merma de autonomía o su situación socio-familiar.
En este último caso, no se limita el acceso por cuestiones económicas, aunque sí tienen prioridad los que cuentan con menos recursos. Además, los mayores de setenta años tienen universalizada la teleasistencia. En el Plan de Servicios Sociales hay comprometido además un protocolo de atención a las personas mayores para evitar su vulnerabilidad.
El coordinador de área de Servicios Sociales, Teodoro García, hace referencia además a la importancia del compromiso que asumen los vecinos de estas personas en su ayuda.
Durante el año 2008, se financiaron en Toledo 485 prestaciones periódicas para los diversos tramos de edad, divididas en 170 pensiones no contributivas por jubilación, 285 pensiones no contributivas por invalidez y 29 prestaciones derivadas en la Ley de Integración Social para Personas con Discapacidad. También se gestionaron para toda la población un total de 467 ayudas para el mantenimiento de las condiciones básicas de vida.
Durante el mismo año, 45 personas mayores solicitaron ayudas de emergencia, de las que el Ayuntamiento concedió 29. Un treinta por ciento de estas ayudas se destinan al mantenimiento de la vivienda. Pero ahí en ocasiones, se incluye básicamente el pago del alquiler.
Barrios más envejecidos. Los barrios más envejecidos de la ciudad, según el Padrón Municipal, son Palomarejos y la Reconquista, en los que casi una de cada cuatro personas superan los sesenta y cinco años.
Las mismas fuentes reflejan que en Toledo sólo el 13,2 por ciento de la población es mayor de esta edad, lo que supone cuatro puntos y medio menos que la media regional, que alcanza el 17,7.
Fuente : latribunadetoledo.es/noticia.cfm
Son el veintiocho por ciento de los 2.049 mayores de más de sesenta y cinco años que viven solos en toda la ciudad
El 28 por ciento de los 2.049 mayores de sesenta y cinco años que habitan en el Casco Histórico, 574 personas, viven solas, según los datos del Padrón Municipal.
Se trata de un 24,3 por ciento de los mayores que viven solos en la ciudad, que en total son 2.358. El dato es significativo, porque en el Casco sólo viven el 18 por ciento de los ancianos de Toledo, que son casi diez mil.
Entre las personas que viven solas, los Servicios Sociales municipales han detectado que hay un grupo importante sin una raíz social de apoyo, por lo que ha puesto en marcha una serie de recursos y ayudas.
De hecho, el Plan de Servicios Sociales detecta que los mayores de sesenta y cinco años son el grupo de población que acude de forma más relevante a los Servicios Sociales, sobre todo demandando prestaciones vinculadas con la Ley de Dependencia De lo que el Ayuntamiento carece de datos es de las infraviviendas existentes en el Casco, y de las personas mayores que en ellas pueden habitar.
Los Servicios Sociales están trabajando en el incremento de los recursos de las personas mayores y las ayudas a domicilio, dirigidas a personas con necesidad por merma de autonomía o su situación socio-familiar.
En este último caso, no se limita el acceso por cuestiones económicas, aunque sí tienen prioridad los que cuentan con menos recursos. Además, los mayores de setenta años tienen universalizada la teleasistencia. En el Plan de Servicios Sociales hay comprometido además un protocolo de atención a las personas mayores para evitar su vulnerabilidad.
El coordinador de área de Servicios Sociales, Teodoro García, hace referencia además a la importancia del compromiso que asumen los vecinos de estas personas en su ayuda.
Durante el año 2008, se financiaron en Toledo 485 prestaciones periódicas para los diversos tramos de edad, divididas en 170 pensiones no contributivas por jubilación, 285 pensiones no contributivas por invalidez y 29 prestaciones derivadas en la Ley de Integración Social para Personas con Discapacidad. También se gestionaron para toda la población un total de 467 ayudas para el mantenimiento de las condiciones básicas de vida.
Durante el mismo año, 45 personas mayores solicitaron ayudas de emergencia, de las que el Ayuntamiento concedió 29. Un treinta por ciento de estas ayudas se destinan al mantenimiento de la vivienda. Pero ahí en ocasiones, se incluye básicamente el pago del alquiler.
Barrios más envejecidos. Los barrios más envejecidos de la ciudad, según el Padrón Municipal, son Palomarejos y la Reconquista, en los que casi una de cada cuatro personas superan los sesenta y cinco años.
Las mismas fuentes reflejan que en Toledo sólo el 13,2 por ciento de la población es mayor de esta edad, lo que supone cuatro puntos y medio menos que la media regional, que alcanza el 17,7.
Fuente : latribunadetoledo.es/noticia.cfm
ANDALUCÍA - LA JUNTA FINANCIA CONTRATACIÓN 1.500 PROFESIONALES
La Junta de Andalucía financia la contratación de 1.500 profesionales para reforzar los servicios de la Ley de Dependencia
La Junta de Andalucía ha financiado la contratación de 1.500 profesionales para reforzar los servicios de gestión y de valoración de la Ley de Dependencia, la mayor parte de ellos trabajadores sociales.
Así lo ha asegurado Micaela Navarro, consejera para la Igualdad y Bienestar Social, en un encuentro con estudiantes de segundo curso de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Pablo de Olavide.
Se estima que la atención a la dependencia ha generado en Andalucía 45.000 empleos.
En este acto, Navarro explicó las políticas que lleva a cabo su departamento, así como las salidas profesionales que existen en el ámbito sociosanitario.
Asimismo, indicó que el modelo de aplicación de la Ley de Dependencia en Andalucía se ha basado, desde el principio, en la colaboración con los ayuntamientos y subrayó que “la forma más idónea de desarrollar la norma consiste en aprovechar el importante potencial en trabajo social”.
En este sentido, Navarro destacó la labor que los trabajadores sociales desempeñan diariamente tanto en materia de dependencia como en los servicios sociales comunitarios.
La consejera recordó que en Andalucía, a 1 de diciembre de 2010, se han concedido 236.000 prestaciones a más de 180.400 personas beneficiarias.
También señaló que se estima que la atención a la dependencia ha generado en la comunidad andaluza 45.000 empleos.
Fuente : gestionresidencial.com
La Junta de Andalucía ha financiado la contratación de 1.500 profesionales para reforzar los servicios de gestión y de valoración de la Ley de Dependencia, la mayor parte de ellos trabajadores sociales.
Así lo ha asegurado Micaela Navarro, consejera para la Igualdad y Bienestar Social, en un encuentro con estudiantes de segundo curso de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Pablo de Olavide.
Se estima que la atención a la dependencia ha generado en Andalucía 45.000 empleos.
En este acto, Navarro explicó las políticas que lleva a cabo su departamento, así como las salidas profesionales que existen en el ámbito sociosanitario.
Asimismo, indicó que el modelo de aplicación de la Ley de Dependencia en Andalucía se ha basado, desde el principio, en la colaboración con los ayuntamientos y subrayó que “la forma más idónea de desarrollar la norma consiste en aprovechar el importante potencial en trabajo social”.
En este sentido, Navarro destacó la labor que los trabajadores sociales desempeñan diariamente tanto en materia de dependencia como en los servicios sociales comunitarios.
La consejera recordó que en Andalucía, a 1 de diciembre de 2010, se han concedido 236.000 prestaciones a más de 180.400 personas beneficiarias.
También señaló que se estima que la atención a la dependencia ha generado en la comunidad andaluza 45.000 empleos.
Fuente : gestionresidencial.com
DEPENDENCIA Y DESEMPLEO
Dependencia y desempleo
La Ley de Dependencia incluye como uno de sus puntos fundamentales, la necesidad de contar con diversos perfiles especializados en la atención y el cuidado de las personas dependientes.
Entre ellos se encuentra el de cuidador profesional, al que dicha ley define como "el trabajador que proporciona cuidados en una institución pública o entidad, con o sin ánimo de lucro, o el profesional autónomo que presta servicios a personas en situación de dependencia, ya sea en su hogar o en un centro".
Así es como la ley aboga por la profesionalización de los cuidadores de los dependientes, requisito imprescindible si queremos dar a las personas que se encuentran en esta situación un trato y un cuidado realmente cualificado y de calidad pero que, además, en una época de crisis económica y destrucción de empleo como la que atravesamos, debe verse también como una excelente oportunidad de generación de nuevos puestos de trabajo.
Sin duda, el cuidado de las personas mayores y/o dependientes es un sector emergente, con un enorme potencial como generador de empleo. No obstante, si queremos que se cumplan estas expectativas es imprescindible apostar y poner en marcha los mecanismos necesarios que garanticen la adecuada cualificación de estos profesionales.
Un estudio realizado recientemente por la Fundación Caser para la Dependencia ha puesto de manifiesto que si bien, en los últimos diez años el sector sociosanitario ha experimentado un crecimiento continuo, existe una fuerte demanda de cuidadores profesionales cualificados.
Se trata de una oportunidad que los poderes públicos no deberían ignorar, ya que podría contribuir a rebajar la tasa de desempleo, especialmente, en segmentos de población, como los jóvenes entre 16 y 25 años, donde alcanza un preocupante 43%.
El estudio analiza cuáles son los factores que han precipitado la necesidad de este tipo de profesionales y que se plasma en la exigencia de la Ley de Dependencia. En primer lugar y, quizá el más importante, son los factores demográficos y sociales.
En las últimas décadas, el incremento progresivo de la esperanza de vida, unido al descenso de la natalidad, ha provocado el envejecimiento de la población y, por tanto, se ha multiplicado el número de personas mayores de 65 años y potenciales demandantes de cuidados asistenciales.
Asimismo, la incorporación masiva de la mujer al mundo laboral, que era el miembro familiar que tradicionalmente se encargaba del cuidado de las personas mayores o dependientes, ha acentuado la necesidad de profesionales que cubran este vacío.
A estos factores, se une una cada vez mayor proliferación de políticas de atención a la dependencia, cuyo máximo exponente es la ley que entró en vigor en 2007, y que hace inaplazable la profesionalización y cualificación de los cuidados en esta materia .
Es claro que todavía queda mucho camino por recorrer, no solo en España, sino también en otros países de nuestro entorno. Otros estudios realizados por la Fundación señalan que el perfil del cuidador en nuestro país sigue siendo el de una mujer mayor de 65 años y sin cualificación profesional.
La buena noticia es que esta realidad está empezando a cambiar.
Para que se consolide como una alternativa sólida y eficaz de generación de empleo de calidad y conseguir que el sector de los cuidados profesionales se convierta en motor de desarrollo social es necesario poner en marcha una serie de medidas.
Hay que sensibilizar a la población de los beneficios de los cuidados profesionales. Por otra parte, es fundamental que los puestos de trabajo que se generen sean de calidad y se mejoren las condiciones laborales que, actualmente, tiene este colectivo y, por último, y no menos importante, es clave rediseñar el modelo de atención domiciliaria haciéndolo más eficiente, práctico y sostenible. Todos debemos involucrarnos en ello.
Es cierto que, tradicionalmente, el cuidado de estas personas se enfocaba desde un prisma afectivo-caritativo, por decirlo de alguna manera, como una obligación moral de los familiares.
Sin perder esta perspectiva, creemos que poner en manos de profesionales este tipo de servicios, redundará en beneficios para todos, para el dependiente, que recibirá un cuidado de mayor calidad y para el familiar que se verá aliviado o apoyado en una tarea que, por lo general, supera su capacitación y sus fuerzas.
En ningún caso se trata de deshumanizar el trato al dependiente sino de enriquecerlo y mejorarlo, a la vez que se inyecta un soplo de aire fresco y de esperanza en una sociedad y una economía necesitadas más que nunca de nuevas iniciativas que generen empleo y crecimiento.
Juan Sitges. Director de la Fundación Caser para la Dependencia
Fuente : cincodias.com/articulo
La Ley de Dependencia incluye como uno de sus puntos fundamentales, la necesidad de contar con diversos perfiles especializados en la atención y el cuidado de las personas dependientes.
Entre ellos se encuentra el de cuidador profesional, al que dicha ley define como "el trabajador que proporciona cuidados en una institución pública o entidad, con o sin ánimo de lucro, o el profesional autónomo que presta servicios a personas en situación de dependencia, ya sea en su hogar o en un centro".
Así es como la ley aboga por la profesionalización de los cuidadores de los dependientes, requisito imprescindible si queremos dar a las personas que se encuentran en esta situación un trato y un cuidado realmente cualificado y de calidad pero que, además, en una época de crisis económica y destrucción de empleo como la que atravesamos, debe verse también como una excelente oportunidad de generación de nuevos puestos de trabajo.
Sin duda, el cuidado de las personas mayores y/o dependientes es un sector emergente, con un enorme potencial como generador de empleo. No obstante, si queremos que se cumplan estas expectativas es imprescindible apostar y poner en marcha los mecanismos necesarios que garanticen la adecuada cualificación de estos profesionales.
Un estudio realizado recientemente por la Fundación Caser para la Dependencia ha puesto de manifiesto que si bien, en los últimos diez años el sector sociosanitario ha experimentado un crecimiento continuo, existe una fuerte demanda de cuidadores profesionales cualificados.
Se trata de una oportunidad que los poderes públicos no deberían ignorar, ya que podría contribuir a rebajar la tasa de desempleo, especialmente, en segmentos de población, como los jóvenes entre 16 y 25 años, donde alcanza un preocupante 43%.
El estudio analiza cuáles son los factores que han precipitado la necesidad de este tipo de profesionales y que se plasma en la exigencia de la Ley de Dependencia. En primer lugar y, quizá el más importante, son los factores demográficos y sociales.
En las últimas décadas, el incremento progresivo de la esperanza de vida, unido al descenso de la natalidad, ha provocado el envejecimiento de la población y, por tanto, se ha multiplicado el número de personas mayores de 65 años y potenciales demandantes de cuidados asistenciales.
Asimismo, la incorporación masiva de la mujer al mundo laboral, que era el miembro familiar que tradicionalmente se encargaba del cuidado de las personas mayores o dependientes, ha acentuado la necesidad de profesionales que cubran este vacío.
A estos factores, se une una cada vez mayor proliferación de políticas de atención a la dependencia, cuyo máximo exponente es la ley que entró en vigor en 2007, y que hace inaplazable la profesionalización y cualificación de los cuidados en esta materia .
Es claro que todavía queda mucho camino por recorrer, no solo en España, sino también en otros países de nuestro entorno. Otros estudios realizados por la Fundación señalan que el perfil del cuidador en nuestro país sigue siendo el de una mujer mayor de 65 años y sin cualificación profesional.
La buena noticia es que esta realidad está empezando a cambiar.
Para que se consolide como una alternativa sólida y eficaz de generación de empleo de calidad y conseguir que el sector de los cuidados profesionales se convierta en motor de desarrollo social es necesario poner en marcha una serie de medidas.
Hay que sensibilizar a la población de los beneficios de los cuidados profesionales. Por otra parte, es fundamental que los puestos de trabajo que se generen sean de calidad y se mejoren las condiciones laborales que, actualmente, tiene este colectivo y, por último, y no menos importante, es clave rediseñar el modelo de atención domiciliaria haciéndolo más eficiente, práctico y sostenible. Todos debemos involucrarnos en ello.
Es cierto que, tradicionalmente, el cuidado de estas personas se enfocaba desde un prisma afectivo-caritativo, por decirlo de alguna manera, como una obligación moral de los familiares.
Sin perder esta perspectiva, creemos que poner en manos de profesionales este tipo de servicios, redundará en beneficios para todos, para el dependiente, que recibirá un cuidado de mayor calidad y para el familiar que se verá aliviado o apoyado en una tarea que, por lo general, supera su capacitación y sus fuerzas.
En ningún caso se trata de deshumanizar el trato al dependiente sino de enriquecerlo y mejorarlo, a la vez que se inyecta un soplo de aire fresco y de esperanza en una sociedad y una economía necesitadas más que nunca de nuevas iniciativas que generen empleo y crecimiento.
Juan Sitges. Director de la Fundación Caser para la Dependencia
Fuente : cincodias.com/articulo
domingo, 26 de diciembre de 2010
MADRID - PP SOLICITA QUE EL INE ESTUDIE DIMENSIÓN ECONÓMICA SECTOR DEPENDENCIA
A través de una proposición no de ley
El PP insta al Gobierno en el Congreso a que el INE estudie la dimensión económica del sector español de dependencia
El PP ha registrado una proposición no de ley en el Congreso por la que solicita al Ejecutivo que, a través del Instituto Nacional de Estadística (INE), confeccione una cuenta satélite de la discapacidad y atención a la dependencia en España, para conocer la dimensión económica de estos sectores, su impacto y su aportación a la riqueza nacional.
En el texto de la propuesta, al que tuvo acceso Europa Press, los 'populares' explican que las cuentas satélites son un sistema de información económica relacionada con determinados sectores de actividad, diseñadas como satélite del sistema principal de las cuentas nacionales, que permite medir el impacto del ámbito de que trate sobre la economía nacional.
El defensor de la iniciativa, el diputado del PP, Francisco Vañó, argumenta que dentro del INE estas cuentas son elaboradas por la Subdirección General de Cuentas Nacionales y que, además, se presentan como un conjunto ordenado de cuentas y tablas, basado en los principios metodológicos de la contabilidad nacional, que presenta distintos parámetros económicos (oferta y demanda) de la actividad de referencia de forma interrelacionada para una fecha de referencia dada.
En esta línea, indica que la dimensión de la población con discapacidad y en situación de dependencia, como la generación de empleo y de actividad económica que desencadenan la promoción, atención y protección de sus derechos aconsejan contar con la información que supone la elaboración de una cuenta satélite específica para esta realidad social.
PROTOCOLO PARA EL TRANSPORTE
Por otro lado, el PP ha registrado una proposición no de ley en el Congreso por la que solicita al Gobierno que elabore y ponga en marcha en el plazo de tres meses un protocolo común que garantice el transporte de personas en situación de dependencia.
Es más, pide al Ejecutivo que este plan reúna los criterios generales de calidad, seguridad y profesionalidad, y tenga como objetivo garantizar el bienestar y la integridad físicas de las personas dependientes que utilizan estos transportes.
En la exposición de argumentos, a la que tuvo acceso Europa Press, el PP señala que esta proposición no de ley pretende que las administraciones competentes tomen las medidas adecuadas para que el transporte o los traslados de las personas en situación de dependencia reúnan los requisitos "adecuados y suficientes" para que dicho servicio sea de calidad y esté definido por un protocolo de actuación común en todo el territorio español.
"De esta manera, se conseguirá garantizar unos criterios comunes de seguridad y profesionalidad en el cuidado de dichas personas que evitarían negligencias", agregan los 'populares'.
En este sentido, aboga por que se garanticen estos servicios de transporte sean de la mayor calidad y seguridad para el colectivo. Así, indica que en España, miles de personas en situación de dependencia, mayores principalmente, realizan trayectos diario en vehículos de transporte específicos desde sus domicilios a centros de día o de noche y desde los centros residenciales a cualquier otro lugar por motivos de ocio, atención médica, entre otros.
Fuente : europapress.es
El PP insta al Gobierno en el Congreso a que el INE estudie la dimensión económica del sector español de dependencia
El PP ha registrado una proposición no de ley en el Congreso por la que solicita al Ejecutivo que, a través del Instituto Nacional de Estadística (INE), confeccione una cuenta satélite de la discapacidad y atención a la dependencia en España, para conocer la dimensión económica de estos sectores, su impacto y su aportación a la riqueza nacional.
En el texto de la propuesta, al que tuvo acceso Europa Press, los 'populares' explican que las cuentas satélites son un sistema de información económica relacionada con determinados sectores de actividad, diseñadas como satélite del sistema principal de las cuentas nacionales, que permite medir el impacto del ámbito de que trate sobre la economía nacional.
El defensor de la iniciativa, el diputado del PP, Francisco Vañó, argumenta que dentro del INE estas cuentas son elaboradas por la Subdirección General de Cuentas Nacionales y que, además, se presentan como un conjunto ordenado de cuentas y tablas, basado en los principios metodológicos de la contabilidad nacional, que presenta distintos parámetros económicos (oferta y demanda) de la actividad de referencia de forma interrelacionada para una fecha de referencia dada.
En esta línea, indica que la dimensión de la población con discapacidad y en situación de dependencia, como la generación de empleo y de actividad económica que desencadenan la promoción, atención y protección de sus derechos aconsejan contar con la información que supone la elaboración de una cuenta satélite específica para esta realidad social.
PROTOCOLO PARA EL TRANSPORTE
Por otro lado, el PP ha registrado una proposición no de ley en el Congreso por la que solicita al Gobierno que elabore y ponga en marcha en el plazo de tres meses un protocolo común que garantice el transporte de personas en situación de dependencia.
Es más, pide al Ejecutivo que este plan reúna los criterios generales de calidad, seguridad y profesionalidad, y tenga como objetivo garantizar el bienestar y la integridad físicas de las personas dependientes que utilizan estos transportes.
En la exposición de argumentos, a la que tuvo acceso Europa Press, el PP señala que esta proposición no de ley pretende que las administraciones competentes tomen las medidas adecuadas para que el transporte o los traslados de las personas en situación de dependencia reúnan los requisitos "adecuados y suficientes" para que dicho servicio sea de calidad y esté definido por un protocolo de actuación común en todo el territorio español.
"De esta manera, se conseguirá garantizar unos criterios comunes de seguridad y profesionalidad en el cuidado de dichas personas que evitarían negligencias", agregan los 'populares'.
En este sentido, aboga por que se garanticen estos servicios de transporte sean de la mayor calidad y seguridad para el colectivo. Así, indica que en España, miles de personas en situación de dependencia, mayores principalmente, realizan trayectos diario en vehículos de transporte específicos desde sus domicilios a centros de día o de noche y desde los centros residenciales a cualquier otro lugar por motivos de ocio, atención médica, entre otros.
Fuente : europapress.es
C.VALENCIANA - EL PSPV PIDE EXPLICACIONES POR GESTIÓN DE LA LEY
El PSPV pide explicaciones por la gestión de la ley de dependencia
Los socialistas solicitaron ayer al Consell que explique por qué la Consejería de Bienestar Social entregó ayer ayudas a personas dependientes sin haber realizado un diagnóstico de su situación y fuera de plazo.
El secretario de Políticas de Bienestar Social del PSPV, José Ramón Mayans, exigió "una explicación urgente por parte del Consell" tras el último informe de la Sindicatura de Comptes, correspondiente a 2009, que revela distintas irregularidades en la gestión de la ley de Dependencia.
Mayans manifestó que "las personas dependientes y sus familias son uno de los colectivos más perjudicados por la ineficacia" del Gobierno que preside Francisco Camps. "En la Comunidad Valenciana sólo el 45,8% de las personas dependientes con derecho reconocido a percibir las prestaciones están recibiendo estas ayudas por la ley", prosiguió el portavoz socialista, "es imperdonable e indigno de un gobernante que más de 13.000 personas hayan muerto sin percibir la prestación que contempla la ley y que otros miles esperen a que se resuelvan sus peticiones".
Por su parte, el coordinador de Economía del Grupo Popular en las Cortes, Ricardo Peralta, replicó que el último informe de la Sindicatura de Comptes al que se refiere la oposición reconoce que el presupuesto del Consell "se ejecuta y se gestiona mejor".
Costa argumentó que las dos áreas de gasto social con mayor presupuesto, sanidad y educación, tienen un grado alto de ejecución presupuestaria que supera el 99%. Dos materias, según Costa, que están infrafinanciadas por parte del Gobierno socialista que preside José Luis Rodríguez Zapatero.
El portavoz popular destacó también que las auditorías demuestran también la transparencia y publicidad de las contrataciones de la Generalitat, ya que más del 76% de los contratos se hacen por concurso.
Unos argumentos que no convencieron al candidato de Compromís por Castellón Carles Mulet que criticó que, con lo que se gastó en publicidad el aeropuerto de Castellón el año pasado, se podrían haber construido tres institutos de enseñanza secundaria o dos hospitales comarcales.
Mulet criticó las deudas escandalosas que tiene el aeropuerto, según el último informe de la Sindicatura
Fuente : elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana
Los socialistas solicitaron ayer al Consell que explique por qué la Consejería de Bienestar Social entregó ayer ayudas a personas dependientes sin haber realizado un diagnóstico de su situación y fuera de plazo.
El secretario de Políticas de Bienestar Social del PSPV, José Ramón Mayans, exigió "una explicación urgente por parte del Consell" tras el último informe de la Sindicatura de Comptes, correspondiente a 2009, que revela distintas irregularidades en la gestión de la ley de Dependencia.
Mayans manifestó que "las personas dependientes y sus familias son uno de los colectivos más perjudicados por la ineficacia" del Gobierno que preside Francisco Camps. "En la Comunidad Valenciana sólo el 45,8% de las personas dependientes con derecho reconocido a percibir las prestaciones están recibiendo estas ayudas por la ley", prosiguió el portavoz socialista, "es imperdonable e indigno de un gobernante que más de 13.000 personas hayan muerto sin percibir la prestación que contempla la ley y que otros miles esperen a que se resuelvan sus peticiones".
Por su parte, el coordinador de Economía del Grupo Popular en las Cortes, Ricardo Peralta, replicó que el último informe de la Sindicatura de Comptes al que se refiere la oposición reconoce que el presupuesto del Consell "se ejecuta y se gestiona mejor".
Costa argumentó que las dos áreas de gasto social con mayor presupuesto, sanidad y educación, tienen un grado alto de ejecución presupuestaria que supera el 99%. Dos materias, según Costa, que están infrafinanciadas por parte del Gobierno socialista que preside José Luis Rodríguez Zapatero.
El portavoz popular destacó también que las auditorías demuestran también la transparencia y publicidad de las contrataciones de la Generalitat, ya que más del 76% de los contratos se hacen por concurso.
Unos argumentos que no convencieron al candidato de Compromís por Castellón Carles Mulet que criticó que, con lo que se gastó en publicidad el aeropuerto de Castellón el año pasado, se podrían haber construido tres institutos de enseñanza secundaria o dos hospitales comarcales.
Mulet criticó las deudas escandalosas que tiene el aeropuerto, según el último informe de la Sindicatura
Fuente : elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana
viernes, 24 de diciembre de 2010
MADRID - DOS CONVENIOS CON EL AYUNTAMIENTO
La Comunidad autoriza dos convenios con el Ayuntamiento de Madrid
La Comunidad financiará con más de 67,5 millones los servicios sociales básicos entre el Ejecutivo autonómico y el Ayuntamiento de Madrid.
El dinero destinado irá dirigido específicamente a la atención de personas en situación de dependencia, teleasistencia, atención social primaria y promoción de la autonomía personal.
Del total, 44 millones irán dirigidos específicamente a la atención de la dependencia.
El segundo convenio que subscribirán la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid establece un marco de colaboración entre ambas Administraciones con el fin de consolidar una red de atención para la atención de las personas en situación de dependencia de calidad que responda a las necesidades específicas de esas personas.
Por ello, la Comunidad de Madrid destinará 16,5 millones de euros que permitirán cofinanciar 3000 plazas para la atención de personas en situación de dependencia en residencias y centros de día especializados.
Fuente : madridactual.es
La Comunidad financiará con más de 67,5 millones los servicios sociales básicos entre el Ejecutivo autonómico y el Ayuntamiento de Madrid.
El dinero destinado irá dirigido específicamente a la atención de personas en situación de dependencia, teleasistencia, atención social primaria y promoción de la autonomía personal.
Del total, 44 millones irán dirigidos específicamente a la atención de la dependencia.
El segundo convenio que subscribirán la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid establece un marco de colaboración entre ambas Administraciones con el fin de consolidar una red de atención para la atención de las personas en situación de dependencia de calidad que responda a las necesidades específicas de esas personas.
Por ello, la Comunidad de Madrid destinará 16,5 millones de euros que permitirán cofinanciar 3000 plazas para la atención de personas en situación de dependencia en residencias y centros de día especializados.
Fuente : madridactual.es
ASTURIAS - AUTORIZADOS 20,16 MILLONES PARA GESTIÓN 300 PLAZAS RESIDENCIALES
Autorizados 20,16 millones para la gestión de 300 plazas residenciales para mayores dependientes
Se ha aprobado también una inversión de 16,3 millones para dependencia
El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha autorizado una inversión de 20.160.000 euros para la contratación, a través del organismo autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA), de la gestión de 300 plazas residenciales para personas mayores dependientes por un plazo de cuatro años.
Estas plazas residenciales se suman a las más de 2.000 plazas de atención a mayores creadas en los últimos dos años con el fin de reforzar la red pública de servicios cumpliendo así con el desarrollo de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.
La Consejería de Bienestar Social y Vivienda cierra el año 2010 con una inversión total de más de 265 millones de euros en atención a la dependencia, personas mayores y personas con discapacidad.
Además, se ha autorizado con una inversión de 16.326.836 euros, un convenio de colaboración con la Administración General del Estado para la financiación del nivel acordado del año 2010 a través del cual se financia, a partes iguales, la implantación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.
En función de las obligaciones asumidas por cada una de las dos Administraciones intervinientes, el Principado de Asturias financia 8.163.418 euros correspondientes a este año.
Las cuantías asignadas por el Principado de Asturias para financiar cada tipo de prestación o servicio incluidos en el presente Convenio se distribuyen de tal forma que 3.924.000 euros son para la financiación de servicios (48% del total de la aportación al Convenio; 3.002.202 euros para la financiación de los centros de día y centros de alojamiento residencial (el 40% del total); 900.000 euros para prestaciones económicas (el 11% del total); y 77.216 euros para otros gastos, de gestión y valoración.
COLABORACIÓN MUNICIPAL
Por otra parte, ha sido aprobada una inversión de 350.000 euros dentro de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Ribadesella para la adecuación, ampliación y equipamiento de edificio con destino a Hogar del Pensionista en el que además se ofrecerá un servicio de naturaleza similar a un Centro Rural de Apoyo Diurno.
El objetivo es que este nuevo recurso preste atención durante el día a las personas mayores que viven en las zonas rurales, promoviendo su autonomía, la permanencia adecuada en su entorno habitual y el respiro y apoyo a las familias.
Asimsimo, se ha autorizado una subvención de 37.753 euros a la Mancomunidad del Valle del Nalón para la adaptación de un espacio exterior para actividades en el Centro de Educación Especial 'Juan Luis Iglesias Prada' en Sama.
Con esta partida se adaptará el espacio exterior para juegos y deportes a las necesidades de los alumnos con dificultades de movilidad. El centro, en el que se imparte Enseñanza básica obligatoria y Transición a la vida adulta, cuenta con 29 alumnos de edades comprendidas entre los 6 y los 17 años pertenecientes a los municipios de Langreo, San Martín del Rey Aurelio, Laviana, Sobrescobio y Caso.
Fuente : que.es/asturias
Se ha aprobado también una inversión de 16,3 millones para dependencia
El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha autorizado una inversión de 20.160.000 euros para la contratación, a través del organismo autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA), de la gestión de 300 plazas residenciales para personas mayores dependientes por un plazo de cuatro años.
Estas plazas residenciales se suman a las más de 2.000 plazas de atención a mayores creadas en los últimos dos años con el fin de reforzar la red pública de servicios cumpliendo así con el desarrollo de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.
La Consejería de Bienestar Social y Vivienda cierra el año 2010 con una inversión total de más de 265 millones de euros en atención a la dependencia, personas mayores y personas con discapacidad.
Además, se ha autorizado con una inversión de 16.326.836 euros, un convenio de colaboración con la Administración General del Estado para la financiación del nivel acordado del año 2010 a través del cual se financia, a partes iguales, la implantación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.
En función de las obligaciones asumidas por cada una de las dos Administraciones intervinientes, el Principado de Asturias financia 8.163.418 euros correspondientes a este año.
Las cuantías asignadas por el Principado de Asturias para financiar cada tipo de prestación o servicio incluidos en el presente Convenio se distribuyen de tal forma que 3.924.000 euros son para la financiación de servicios (48% del total de la aportación al Convenio; 3.002.202 euros para la financiación de los centros de día y centros de alojamiento residencial (el 40% del total); 900.000 euros para prestaciones económicas (el 11% del total); y 77.216 euros para otros gastos, de gestión y valoración.
COLABORACIÓN MUNICIPAL
Por otra parte, ha sido aprobada una inversión de 350.000 euros dentro de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Ribadesella para la adecuación, ampliación y equipamiento de edificio con destino a Hogar del Pensionista en el que además se ofrecerá un servicio de naturaleza similar a un Centro Rural de Apoyo Diurno.
El objetivo es que este nuevo recurso preste atención durante el día a las personas mayores que viven en las zonas rurales, promoviendo su autonomía, la permanencia adecuada en su entorno habitual y el respiro y apoyo a las familias.
Asimsimo, se ha autorizado una subvención de 37.753 euros a la Mancomunidad del Valle del Nalón para la adaptación de un espacio exterior para actividades en el Centro de Educación Especial 'Juan Luis Iglesias Prada' en Sama.
Con esta partida se adaptará el espacio exterior para juegos y deportes a las necesidades de los alumnos con dificultades de movilidad. El centro, en el que se imparte Enseñanza básica obligatoria y Transición a la vida adulta, cuenta con 29 alumnos de edades comprendidas entre los 6 y los 17 años pertenecientes a los municipios de Langreo, San Martín del Rey Aurelio, Laviana, Sobrescobio y Caso.
Fuente : que.es/asturias
GALICIA - EL ESTADO PAGARÁ A LA XUNTA 60 EUROS AL MES POR CADA DEPENDIENTE LEVE
El Estado pagará a la Xunta 60 euros al mes por cada dependiente leve
En Galicia ya hay 5.000 personas del nuevo grado que se integrará en la ley el 1 de enero con derecho a cobrar.
Los pacientes podrán optar a un servicio de teleasistencia, ayuda en el hogar, o centro de día o de noche.
El Consejo Interterritorial de la Dependencia se reunió ayer para decidir cuánto va a pagar el Estado a las autonomías por la incorporación, a partir del próximo 1 de enero, de los dependientes de grado 1 nivel 2.
La cuantía, que se aceptó por unanimidad, es de 60 euros al mes por cada persona, y en el caso de Galicia ya hay unas 5.000 con el derecho reconocido en años anteriores, que hasta ahora no han podido disfrutar de ninguna atención porque la ley no los integraba.
Aunque el catálogo de servicios que podrá recibir el nuevo dependiente aún no está aprobado, el Gobierno ya presentó un borrador del decreto que, dice, se tramitará en breve.
Según esta previsión, los nuevos dependientes podrán optar, según sus circunstancias, a un servicio de teleasistencia para recibir ayuda si la necesitan; a una persona que les ayude en el hogar (no para limpiar, sino para lavarse o hacer la comida, por ejemplo); e incluso en algunos casos podrán tener plaza en un centro de día o de noche.
Para pagar un servicio privado, el dependiente podrá recibir hasta 300 euros al mes, y si tiene un cuidador de su entorno más próximo, este recibirá 180 euros como máximo. Lo sorprendente es que el Estado ofrezca un catálogo tan variado de servicios cuando el importe que contempla es de 60 euros por su parte y otros 60 desde la autonomía correspondiente.
Así, en caso de que al dependiente le convenga recibir un servicio caro, que esté subvencionado, el Estado aportará 60 euros a su caso, y la comunidad autónoma, hasta 240.
A pesar de las incongruencias, la propuesta del ministerio fue aprobada por unanimidad, claro que antes la ministra Leire Pajín, que se estrenaba en este consejo, aceptó la petición de los consejeros autonómicos de evaluar la ley y su financiación.
Pajín recalcó tras la reunión que «el Gobierno y las comunidades autónomas están cumpliendo con el desarrollo de la ley y con su compromiso de atención a las personas en situación de dependencia».
Según recogió la agencia Efe, la ministra añadió: «A pesar de las dificultades, quiero lanzar el mensaje a los ciudadanos que son susceptibles de este derecho de que vamos a seguir adelante y que por tanto no renunciamos a la ley».
En la reunión también se trataron otros temas, como un futuro decreto para recoger e impulsar las llamadas «buenas prácticas», es decir, programas que van desarrollando las autonomías y que se caracterizan por sus ventajas e innovación, convirtiéndolas en referencia para el resto.
La agenda de la próxima reunión incluye además el estudio de otros apartados de la ley, como la promoción de la autonomía personal, la atención a niños con discapacidad o la coordinación sociosanitaria.
Fuente : lavozdegalicia.es/sociedad
En Galicia ya hay 5.000 personas del nuevo grado que se integrará en la ley el 1 de enero con derecho a cobrar.
Los pacientes podrán optar a un servicio de teleasistencia, ayuda en el hogar, o centro de día o de noche.
El Consejo Interterritorial de la Dependencia se reunió ayer para decidir cuánto va a pagar el Estado a las autonomías por la incorporación, a partir del próximo 1 de enero, de los dependientes de grado 1 nivel 2.
La cuantía, que se aceptó por unanimidad, es de 60 euros al mes por cada persona, y en el caso de Galicia ya hay unas 5.000 con el derecho reconocido en años anteriores, que hasta ahora no han podido disfrutar de ninguna atención porque la ley no los integraba.
Aunque el catálogo de servicios que podrá recibir el nuevo dependiente aún no está aprobado, el Gobierno ya presentó un borrador del decreto que, dice, se tramitará en breve.
Según esta previsión, los nuevos dependientes podrán optar, según sus circunstancias, a un servicio de teleasistencia para recibir ayuda si la necesitan; a una persona que les ayude en el hogar (no para limpiar, sino para lavarse o hacer la comida, por ejemplo); e incluso en algunos casos podrán tener plaza en un centro de día o de noche.
Para pagar un servicio privado, el dependiente podrá recibir hasta 300 euros al mes, y si tiene un cuidador de su entorno más próximo, este recibirá 180 euros como máximo. Lo sorprendente es que el Estado ofrezca un catálogo tan variado de servicios cuando el importe que contempla es de 60 euros por su parte y otros 60 desde la autonomía correspondiente.
Así, en caso de que al dependiente le convenga recibir un servicio caro, que esté subvencionado, el Estado aportará 60 euros a su caso, y la comunidad autónoma, hasta 240.
A pesar de las incongruencias, la propuesta del ministerio fue aprobada por unanimidad, claro que antes la ministra Leire Pajín, que se estrenaba en este consejo, aceptó la petición de los consejeros autonómicos de evaluar la ley y su financiación.
Pajín recalcó tras la reunión que «el Gobierno y las comunidades autónomas están cumpliendo con el desarrollo de la ley y con su compromiso de atención a las personas en situación de dependencia».
Según recogió la agencia Efe, la ministra añadió: «A pesar de las dificultades, quiero lanzar el mensaje a los ciudadanos que son susceptibles de este derecho de que vamos a seguir adelante y que por tanto no renunciamos a la ley».
En la reunión también se trataron otros temas, como un futuro decreto para recoger e impulsar las llamadas «buenas prácticas», es decir, programas que van desarrollando las autonomías y que se caracterizan por sus ventajas e innovación, convirtiéndolas en referencia para el resto.
La agenda de la próxima reunión incluye además el estudio de otros apartados de la ley, como la promoción de la autonomía personal, la atención a niños con discapacidad o la coordinación sociosanitaria.
Fuente : lavozdegalicia.es/sociedad
CANARIAS " IS DIFERENT "
Canarias is diferent
JUAN GARCÍA LUJÁN elcorreillo@canariasahoraradio.com
Ya estamos tan acostumbrados a estar en la cola de los indicadores que tienen que ver con los derechos sociales como la educación, la sanidad o la ley de Dependencia, que casi ni es noticia que Canarias vuelva a ocupar el último lugar en la aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal, conocida como Ley de Dependencia.
Esta semana el gobierno volverá al viejo eslogan que usó Fraga como ministro de Turismo de Franco “Spain is diferent”. Si la consejera de Bienestar (¿?) Social Inés Rojas sale de su pereza, encargará la habitual nota de prensa con la idea: Canarias es diferente.
Y vaya si lo es.
Cuatro años después de la aprobación de la Ley de Dependencia se sigue negando los derechos recogidos en esa norma al 60% de los canarios reconocidos como dependientes.
El VI informe del Observatorio estatal de Dependencia se basa en los datos oficiales obtenidos hasta diciembre de este año. Se observa que 2010 fue un mal año, que aumentó ligeramente el número de personas que se sitúan en el limbo de la dependencia, que tienen derecho a las prestaciones pero no las reciben. Incluso en un contexto negativo para todas las comunidades autónomas, Canarias no recupera ninguna posición, sigue siendo la comunidad autónoma donde peor se trata a las personas dependientes.
Mientras La Rioja gasta 132 euros por persona dependiente, en las islas se gastan 32 euros, muy lejos de la media estatal de 102 euros. Con ese presupuesto es lógico que la puntuación de la calidad de los servicios que se prestan sea la peor con diferencia: Castilla La Mancha y Castilla León tienen 9 puntos sobre 10, Euskadi 8,5 y el mayor cateo va para Madrid y Valencia (con 2 puntos) y Canarias con 0.5 puntos
La Ley de la Dependencia era una oportunidad para el desarrollo del llamado tercer sector, las organizaciones sociales sin ánimo de lucro que desarrollan políticas sociales. En países del norte de Europa donde se aprobaron leyes parecidas se crearon nichos de ongs y empresas de trabajadores sociales, educadores, animadores y personal sanitario. En estos tiempos que corren hubiera sido una oportunidad de invertir dinero público en el binestar general.
Pero en lugar de desarrollarse ese sector, lo que ha ocurrido es que se ha reducido. Las organizaciones no gubernamentales están cerrando los centros que tenían. En estos momentos el gobierno le debe dinero de proyectos aprobados este año al menos a una veintena de ongs, cerca de 800.000 euros que no se les ha pagado y que será difícil abonarles tras el cierre del presupuesto autonómico de este año.
¿De qué estamos hablando? De lo de siempre, de escupir a los de abajo. Hay gente que tiene dinero para pagar las selectas residencias de mayores que cobran entre 1500 y 3000 euros al mes por atender a personas dependientes.
Los dueños de esas residencias ponen los precios tan altos porque saben que hay mucha demanda. Así la insensibilidad social del gobierno canario se convierte en un estupendo negocio para algunos. Estos datos no gustan a algunos gobernantes, por eso los profesionales que realizan este informe denuncian la existencia de "amenazas y presiones por quienes siguen empeñados en que la ciudadanía no conozca cómo se está desarrollando este ámbito de la protección social".
Al final habrá que cambiar el lema que recoge ese anuncio del ejecutivo canario que aparece cada fin de semana en los periódicos de papel y en alguna revista de crónica rosa (entre 2000 y 3000 euros al día para cada periódico) “Canarias, un solo pueblo”, y volver al viejo “Canarias tierra única”. Porque en prestación de servicios sociales Canarias is diferent, somos únicos, los únicos que no salimos del limbo.
Fuente : canariasahora.com
JUAN GARCÍA LUJÁN elcorreillo@canariasahoraradio.com
Ya estamos tan acostumbrados a estar en la cola de los indicadores que tienen que ver con los derechos sociales como la educación, la sanidad o la ley de Dependencia, que casi ni es noticia que Canarias vuelva a ocupar el último lugar en la aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal, conocida como Ley de Dependencia.
Esta semana el gobierno volverá al viejo eslogan que usó Fraga como ministro de Turismo de Franco “Spain is diferent”. Si la consejera de Bienestar (¿?) Social Inés Rojas sale de su pereza, encargará la habitual nota de prensa con la idea: Canarias es diferente.
Y vaya si lo es.
Cuatro años después de la aprobación de la Ley de Dependencia se sigue negando los derechos recogidos en esa norma al 60% de los canarios reconocidos como dependientes.
El VI informe del Observatorio estatal de Dependencia se basa en los datos oficiales obtenidos hasta diciembre de este año. Se observa que 2010 fue un mal año, que aumentó ligeramente el número de personas que se sitúan en el limbo de la dependencia, que tienen derecho a las prestaciones pero no las reciben. Incluso en un contexto negativo para todas las comunidades autónomas, Canarias no recupera ninguna posición, sigue siendo la comunidad autónoma donde peor se trata a las personas dependientes.
Mientras La Rioja gasta 132 euros por persona dependiente, en las islas se gastan 32 euros, muy lejos de la media estatal de 102 euros. Con ese presupuesto es lógico que la puntuación de la calidad de los servicios que se prestan sea la peor con diferencia: Castilla La Mancha y Castilla León tienen 9 puntos sobre 10, Euskadi 8,5 y el mayor cateo va para Madrid y Valencia (con 2 puntos) y Canarias con 0.5 puntos
La Ley de la Dependencia era una oportunidad para el desarrollo del llamado tercer sector, las organizaciones sociales sin ánimo de lucro que desarrollan políticas sociales. En países del norte de Europa donde se aprobaron leyes parecidas se crearon nichos de ongs y empresas de trabajadores sociales, educadores, animadores y personal sanitario. En estos tiempos que corren hubiera sido una oportunidad de invertir dinero público en el binestar general.
Pero en lugar de desarrollarse ese sector, lo que ha ocurrido es que se ha reducido. Las organizaciones no gubernamentales están cerrando los centros que tenían. En estos momentos el gobierno le debe dinero de proyectos aprobados este año al menos a una veintena de ongs, cerca de 800.000 euros que no se les ha pagado y que será difícil abonarles tras el cierre del presupuesto autonómico de este año.
¿De qué estamos hablando? De lo de siempre, de escupir a los de abajo. Hay gente que tiene dinero para pagar las selectas residencias de mayores que cobran entre 1500 y 3000 euros al mes por atender a personas dependientes.
Los dueños de esas residencias ponen los precios tan altos porque saben que hay mucha demanda. Así la insensibilidad social del gobierno canario se convierte en un estupendo negocio para algunos. Estos datos no gustan a algunos gobernantes, por eso los profesionales que realizan este informe denuncian la existencia de "amenazas y presiones por quienes siguen empeñados en que la ciudadanía no conozca cómo se está desarrollando este ámbito de la protección social".
Al final habrá que cambiar el lema que recoge ese anuncio del ejecutivo canario que aparece cada fin de semana en los periódicos de papel y en alguna revista de crónica rosa (entre 2000 y 3000 euros al día para cada periódico) “Canarias, un solo pueblo”, y volver al viejo “Canarias tierra única”. Porque en prestación de servicios sociales Canarias is diferent, somos únicos, los únicos que no salimos del limbo.
Fuente : canariasahora.com
ALICANTE - EU-L'ENTESA VE "ANTISOCIALES" LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES
EU-l'Entesa ve "antisociales" los presupuestos municipales para 2011
La formación EU-l'Entesa ha calificado hoy de "antisociales" los presupuestos municipales para 2011 elaborados por el gobierno popular porque "recortan las partidas de asistencia social", a pesar de "haberse duplicado las solicitudes de ayuda en esa materia por la crisis económica".
Según la coalición, "las prestaciones económicas individuales o el servicio de ayuda a domicilio bajan un 10%" y también "caen un 15% las aportaciones del ayuntamiento para organizaciones asistenciales, como Cáritas y la Cruz Roja".
El portavoz y candidato de EU-l'Entesa a la alcaldía de Alcoy, Francisco Agulló, ha denunciado que "se reducen partidas asistenciales para personas que carecen de recursos económicos, en pleno periodo de crisis económica y con 7.000 parados en la ciudad".
Agulló ha dicho que esa situación "se produce mientras las ONG que atienden a los colectivos más desfavorecidos ven cómo se han duplicado las peticiones de ayuda".
A este respecto, EU-l'Entesa se ha referido a la rebaja de un 10% de la partida destinada a las prestaciones económicas individuales.
Ese dinero se destina a ayudas puntuales a personas en graves dificultades económicas que en un momento determinado no pueden hacer frente a gastos cotidianos, como el del alquiler o el del recibo de la luz.
Según Agulló, "esta partida ha permanecido congelada en 180.000 euros durante los últimos tres años, a pesar de que la crisis ha hecho aumentar las necesidades de determinados sectores de la ciudadanía".
Otra de las partidas sociales afectadas por el recorte ha sido la de la asistencia a domicilio, que también ha descendido un 10%, al pasar de 355.000 euros a 319.000, han denunciado fuentes de EU-l'Entesa.
Agulló ha subrayado la importancia de ese servicio, del que se benefician personas que no han podido acceder a los beneficios de la Ley de Dependencia "a causa del retraso en la tramitación de esa normativa".
"Simultáneamente, el gobierno municipal del PP ha reducido en un 15% sus subvenciones a la Cruz Roja y a Cáritas", según la coalición.
Agulló ha recordado que esas dos entidades atienden "muchas de las situaciones críticas que no puede cubrir el consistorio", por lo que, a su juicio, "la reducción de fondos municipales contribuirá a limitar aún más sus posibilidades de actuación".
En su opinión, "el ayuntamiento, como la administración más cercana, debe desempeñar un papel protagonista en la atención a los colectivos sociales mas afectados" por la recesión económica.
EU-l'Entesa ha entregado 2.242 euros al ayuntamiento correspondientes al recorte del 10% de los salarios de su grupo municipal durante el periodo de enero a mayo de este año. Ese dinero se ha donado para que se incluya dentro de la partida de Servicios Sociales.
Fuente : abc.es
La formación EU-l'Entesa ha calificado hoy de "antisociales" los presupuestos municipales para 2011 elaborados por el gobierno popular porque "recortan las partidas de asistencia social", a pesar de "haberse duplicado las solicitudes de ayuda en esa materia por la crisis económica".
Según la coalición, "las prestaciones económicas individuales o el servicio de ayuda a domicilio bajan un 10%" y también "caen un 15% las aportaciones del ayuntamiento para organizaciones asistenciales, como Cáritas y la Cruz Roja".
El portavoz y candidato de EU-l'Entesa a la alcaldía de Alcoy, Francisco Agulló, ha denunciado que "se reducen partidas asistenciales para personas que carecen de recursos económicos, en pleno periodo de crisis económica y con 7.000 parados en la ciudad".
Agulló ha dicho que esa situación "se produce mientras las ONG que atienden a los colectivos más desfavorecidos ven cómo se han duplicado las peticiones de ayuda".
A este respecto, EU-l'Entesa se ha referido a la rebaja de un 10% de la partida destinada a las prestaciones económicas individuales.
Ese dinero se destina a ayudas puntuales a personas en graves dificultades económicas que en un momento determinado no pueden hacer frente a gastos cotidianos, como el del alquiler o el del recibo de la luz.
Según Agulló, "esta partida ha permanecido congelada en 180.000 euros durante los últimos tres años, a pesar de que la crisis ha hecho aumentar las necesidades de determinados sectores de la ciudadanía".
Otra de las partidas sociales afectadas por el recorte ha sido la de la asistencia a domicilio, que también ha descendido un 10%, al pasar de 355.000 euros a 319.000, han denunciado fuentes de EU-l'Entesa.
Agulló ha subrayado la importancia de ese servicio, del que se benefician personas que no han podido acceder a los beneficios de la Ley de Dependencia "a causa del retraso en la tramitación de esa normativa".
"Simultáneamente, el gobierno municipal del PP ha reducido en un 15% sus subvenciones a la Cruz Roja y a Cáritas", según la coalición.
Agulló ha recordado que esas dos entidades atienden "muchas de las situaciones críticas que no puede cubrir el consistorio", por lo que, a su juicio, "la reducción de fondos municipales contribuirá a limitar aún más sus posibilidades de actuación".
En su opinión, "el ayuntamiento, como la administración más cercana, debe desempeñar un papel protagonista en la atención a los colectivos sociales mas afectados" por la recesión económica.
EU-l'Entesa ha entregado 2.242 euros al ayuntamiento correspondientes al recorte del 10% de los salarios de su grupo municipal durante el periodo de enero a mayo de este año. Ese dinero se ha donado para que se incluya dentro de la partida de Servicios Sociales.
Fuente : abc.es
C.VALENCIANA - COLEGIO ABOGADOS DARÁ ATENCIÓN GRATUITA A BENEFICIARIOS LEY
Colegio Abogados dará atención gratuita a beneficiarios Ley Dependencia
El Colegio de Abogados de Valencia (ICAV) pondrá en marcha el próximo año un Servicio de Orientación Jurídica de Dependencia gratuito dirigido a ciudadanos beneficiarios de la Ley de Dependencia y a sus familiares.
Según un comunicado del ICAV, el servicio será costeado exclusivamente por el Colegio y estará ubicado en las dependencias del Servicio de Orientación Jurídica General (SOJ) del Colegio de Abogados en la Ciudad de la Justicia de Valencia (planta baja del edificio).
El decano del ICAV, Francisco Real, ha explicado que la puesta en marcha de este servicio obedece a "una demanda ciudadana de vital importancia como es la atención y el asesoramiento jurídico a las personas en situación de dependencia y a sus familias, para que conozcan sus derechos y puedan defenderlos en caso de vulneración por parte de la Administración".
Francisco Real ha incidido, además, en la importancia de la especialización previa de los abogados en esta materia para atender debidamente a estos ciudadanos.
"Hemos querido asegurarnos primero de que los letrados que vayan a prestar el servicio cuenten con toda la formación y experiencia necesarias para atender debidamente a estos ciudadanos", ha indicado.
En el colegio "hemos impartido varios cursos en este área, y los letrados del servicio han sido rigurosamente seleccionados tanto en función de su preparación en la materia como de su experiencia profesional", explica el decano del ICAV.
Los criterios para seleccionar a los diez abogados que atenderán este servicio han sido, entre otros, el requisito de contar al menos con tres años de ejercicio, no haber sido sancionados a efectos profesionales, y la acreditación de formación y experiencia profesional específicas en esta materia.
Fuente : abc.es
El Colegio de Abogados de Valencia (ICAV) pondrá en marcha el próximo año un Servicio de Orientación Jurídica de Dependencia gratuito dirigido a ciudadanos beneficiarios de la Ley de Dependencia y a sus familiares.
Según un comunicado del ICAV, el servicio será costeado exclusivamente por el Colegio y estará ubicado en las dependencias del Servicio de Orientación Jurídica General (SOJ) del Colegio de Abogados en la Ciudad de la Justicia de Valencia (planta baja del edificio).
El decano del ICAV, Francisco Real, ha explicado que la puesta en marcha de este servicio obedece a "una demanda ciudadana de vital importancia como es la atención y el asesoramiento jurídico a las personas en situación de dependencia y a sus familias, para que conozcan sus derechos y puedan defenderlos en caso de vulneración por parte de la Administración".
Francisco Real ha incidido, además, en la importancia de la especialización previa de los abogados en esta materia para atender debidamente a estos ciudadanos.
"Hemos querido asegurarnos primero de que los letrados que vayan a prestar el servicio cuenten con toda la formación y experiencia necesarias para atender debidamente a estos ciudadanos", ha indicado.
En el colegio "hemos impartido varios cursos en este área, y los letrados del servicio han sido rigurosamente seleccionados tanto en función de su preparación en la materia como de su experiencia profesional", explica el decano del ICAV.
Los criterios para seleccionar a los diez abogados que atenderán este servicio han sido, entre otros, el requisito de contar al menos con tres años de ejercicio, no haber sido sancionados a efectos profesionales, y la acreditación de formación y experiencia profesional específicas en esta materia.
Fuente : abc.es
EL MINISTERIO CONGELA LAS AYUDAS PARA LA LEY
El ministerio congela las ayudas para la Ley de la Dependencia
Los recortes presupuestarios llegan, también, a la Ley de la Dependencia.
Si ya este año Asturias, en el examen que de todo el país hace la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, ha recibido un suspenso en la gestión de la norma, el año próximo la Consejería de Bienestar Social lo tendrá más difícil.
Porque el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad ha desoído la petición del Principado, desde donde se apostaba por aplicar la subida del IPC a las ayudas.
Al contrario, el departamento que dirige Leire Pajín ha decidido congelar todas las prestaciones, de forma que el Principado seguirá recibiendo por cada persona dependiente cuantías que oscilan entre los 266,57 euros del grado III, nivel 2, a los 70,70 del grado II, nivel 1. Sólo se incorporan los 60 euros que recibirá por cada persona con dependencia acreditada en grado I, nivel 2.
Asimismo, tampoco varía la cantidad que recibirán los usuarios. 833,96 euros para pagarse un servicio, en el máximo grado de dependencia, o 520,69 para que pagar a un familiar.
Fuente : elcomerciodigital.com/asturias
Los recortes presupuestarios llegan, también, a la Ley de la Dependencia.
Si ya este año Asturias, en el examen que de todo el país hace la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, ha recibido un suspenso en la gestión de la norma, el año próximo la Consejería de Bienestar Social lo tendrá más difícil.
Porque el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad ha desoído la petición del Principado, desde donde se apostaba por aplicar la subida del IPC a las ayudas.
Al contrario, el departamento que dirige Leire Pajín ha decidido congelar todas las prestaciones, de forma que el Principado seguirá recibiendo por cada persona dependiente cuantías que oscilan entre los 266,57 euros del grado III, nivel 2, a los 70,70 del grado II, nivel 1. Sólo se incorporan los 60 euros que recibirá por cada persona con dependencia acreditada en grado I, nivel 2.
Asimismo, tampoco varía la cantidad que recibirán los usuarios. 833,96 euros para pagarse un servicio, en el máximo grado de dependencia, o 520,69 para que pagar a un familiar.
Fuente : elcomerciodigital.com/asturias
miércoles, 22 de diciembre de 2010
DEPENDIENTES MODERADOS RECIBIRÁN PRESTACIONES A PARTIR 1 DE ENERO
Las personas con dependencia moderada recibirán las prestaciones de la Ley de Dependencia a partir del 1 de enero
El pleno del Consejo Territorial de Dependencia, en el que se reúnen tanto el Gobierno como las comunidades autónomas, han acordado que las personas con dependencia moderada, 'Grado I Nivel 2', se incorporarán a partir del 1 de enero de 2011 al Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, de acuerdo con los plazos establecidos en el calendario de la normativa.
Así lo ha explicado la titular de Sanidad y Política Social, Leire Pajín, que tras presidir el Consejo también ha destacado a los medios que se ha tratado de una reunión "productiva" porque una vez más, a pesar del "duro momento" de crisis económica, las comunidades autónomas y el Gobierno de España han decidido seguir adelante con el calendario establecido.
En este sentido, ha comentado que el mínimo de prestaciones para los dependientes moderados fue ya una decisión del anterior Consejo Territorial, si bien este miércoles se ha aprobado la garantía de ese mínimo, que la Administración General del Estado tiene que transferir a las comunidades autónomas para que las personas dependientes puedan recibir su ayuda.
"Queremos seguir avanzando y lanzar un mensaje a la ciudadanía, que es susceptible de este derecho de servicios y prestaciones, que vamos a seguir adelante y no renunciamos a la ley", ha subrayado.
Concretamente, se han pactado las cuantías del nivel mínimo como de las prestaciones económicas para todos los grados y niveles en vigor.
De esta forma, para 2011, las personas de 'Grado I Dependencia Moderada Nivel 2', que son las que entran en el calendario este año, recibirán un mínimo de protección garantizada de 60 euros; las de 'Grado II Dependencia Severa Nivel 1', 70,70 euros; las de 'Grado II Dependencia Severa Nivel 2', 103,20 euros; las de 'Grado III Gran Dependencia Nivel 1', 181, 26 euros; y finalmente, las de 'Grado III Gran Dependencia Nivel 2', 266,57 euros.
TRES AÑOS DE ANDADURA Y EVALUACIÓN
Igualmente, ha señalado que esta normativa "ha comenzado a caminar" hace "tan sólo" tres años; a su juicio, "suficientes" para ver algunas cuestiones que se pueden discutir y dialogar en referencia a una posible mejora de la normativa de Dependencia.
Es más, ha puntualizado que está abierta a sugerencias y posibles mejoras en el sistema de Dependencia, en el modelo de financiación, "si es que existen", así como a analizar algún ámbito que pueda ser susceptible de mejora.
"Creo que la evaluación de la Ley de Dependencia debe hacerse con rigor y por ello no quiero dar plazos y las comunidades deben participar con su experiencia. Estamos trabajando para tenerla cuanto antes pero lo importante es tener una buena radiografía", ha agregado.
BORRADOR Y DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCIÓN
Durante la reunión, la ministra ha entregado a los consejeros un borrador de Real Decreto sobre Centros, servicios y programas de referencia estatal en el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, que debe servir para impulsar la innovación, la investigación, el estudio y el desarrollo de buenas prácticas para el futuro.
Finalmente, la ministra ha avanzado que el Consejo Territorial de Dependencia tratará próximamente cuestiones como el desarrollo de los servicios de promoción de autonomía, la prevención de la dependencia, la atención integral a niños o la coordinación sociosanitaria, cuyo 'libro blanco' se está elaborando.
En cuanto a la financiación del sistema, durante 2010 el presupuesto global de atención a la dependencia será finalmente de 2030 millones de euros. Además, según datos del departamento de Sanidad, en el marco de evaluación de la normativa se está analizando no sólo el coste total del SNS, sino además del sistema de financiación.
Fuente : europapress.es/epsocial
El pleno del Consejo Territorial de Dependencia, en el que se reúnen tanto el Gobierno como las comunidades autónomas, han acordado que las personas con dependencia moderada, 'Grado I Nivel 2', se incorporarán a partir del 1 de enero de 2011 al Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, de acuerdo con los plazos establecidos en el calendario de la normativa.
Así lo ha explicado la titular de Sanidad y Política Social, Leire Pajín, que tras presidir el Consejo también ha destacado a los medios que se ha tratado de una reunión "productiva" porque una vez más, a pesar del "duro momento" de crisis económica, las comunidades autónomas y el Gobierno de España han decidido seguir adelante con el calendario establecido.
En este sentido, ha comentado que el mínimo de prestaciones para los dependientes moderados fue ya una decisión del anterior Consejo Territorial, si bien este miércoles se ha aprobado la garantía de ese mínimo, que la Administración General del Estado tiene que transferir a las comunidades autónomas para que las personas dependientes puedan recibir su ayuda.
"Queremos seguir avanzando y lanzar un mensaje a la ciudadanía, que es susceptible de este derecho de servicios y prestaciones, que vamos a seguir adelante y no renunciamos a la ley", ha subrayado.
Concretamente, se han pactado las cuantías del nivel mínimo como de las prestaciones económicas para todos los grados y niveles en vigor.
De esta forma, para 2011, las personas de 'Grado I Dependencia Moderada Nivel 2', que son las que entran en el calendario este año, recibirán un mínimo de protección garantizada de 60 euros; las de 'Grado II Dependencia Severa Nivel 1', 70,70 euros; las de 'Grado II Dependencia Severa Nivel 2', 103,20 euros; las de 'Grado III Gran Dependencia Nivel 1', 181, 26 euros; y finalmente, las de 'Grado III Gran Dependencia Nivel 2', 266,57 euros.
TRES AÑOS DE ANDADURA Y EVALUACIÓN
Igualmente, ha señalado que esta normativa "ha comenzado a caminar" hace "tan sólo" tres años; a su juicio, "suficientes" para ver algunas cuestiones que se pueden discutir y dialogar en referencia a una posible mejora de la normativa de Dependencia.
Es más, ha puntualizado que está abierta a sugerencias y posibles mejoras en el sistema de Dependencia, en el modelo de financiación, "si es que existen", así como a analizar algún ámbito que pueda ser susceptible de mejora.
"Creo que la evaluación de la Ley de Dependencia debe hacerse con rigor y por ello no quiero dar plazos y las comunidades deben participar con su experiencia. Estamos trabajando para tenerla cuanto antes pero lo importante es tener una buena radiografía", ha agregado.
BORRADOR Y DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCIÓN
Durante la reunión, la ministra ha entregado a los consejeros un borrador de Real Decreto sobre Centros, servicios y programas de referencia estatal en el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, que debe servir para impulsar la innovación, la investigación, el estudio y el desarrollo de buenas prácticas para el futuro.
Finalmente, la ministra ha avanzado que el Consejo Territorial de Dependencia tratará próximamente cuestiones como el desarrollo de los servicios de promoción de autonomía, la prevención de la dependencia, la atención integral a niños o la coordinación sociosanitaria, cuyo 'libro blanco' se está elaborando.
En cuanto a la financiación del sistema, durante 2010 el presupuesto global de atención a la dependencia será finalmente de 2030 millones de euros. Además, según datos del departamento de Sanidad, en el marco de evaluación de la normativa se está analizando no sólo el coste total del SNS, sino además del sistema de financiación.
Fuente : europapress.es/epsocial
martes, 21 de diciembre de 2010
LAS COMUNIDADES LLEVAN TRES MESES SIN COBRAR POR LA DEPENDENCIA
Las comunidades llevan tres meses sin cobrar por la dependencia
Algunas autonomías se endeudan para cumplir la ley
El Gobierno afirma que pagará antes de fin de año
A las dificultades económicas por las que atraviesan las comunidades autónomas para la implantación y desarrollo de la Ley de Dependencia se suma el impago por parte del Gobierno, que les adeuda parte del dinero desde agosto.
Se trata, sobre todo, del llamado nivel mínimo, una cantidad que el Ejecutivo debe abonar por cada dependiente atendido.
"Si el Ejecutivo no puede asumir la ley, que la cambie", dice Castilla-La Mancha
Castilla-La Mancha, una de las autonomías que con más éxito está implantando la ley, explotó ayer, cuando la comunidad recibió críticas por su nivel de endeudamiento. "Nos endeudamos porque defendemos las políticas sociales y cumplimos las leyes nacionales.
Con la Ley de Dependencia la Administración central nos debe 200 millones, y más que serán el año que viene. Si no recibimos las transferencias, pues nos endeudamos, porque además, el nivel de renta español lo permite.
Si el Gobierno no puede hacer frente a la financiación de esta ley que la cambie, pero eso sería una barbaridad", dijo ayer el consejero de Salud y Bienestar Social, Fernando Lamata: "Como socialista, creo que tenemos margen para endeudarnos, se puede perseguir el fraude fiscal para atender esta ley, y, si hiciera falta, subir los impuestos".
En Extremadura también reconocen que se les adeuda dinero desde agosto y hablan de problemas con la liquidación. "Hemos hablado con el ministerio [de Sanidad y Política Social] y nos han dicho que esta semana nos pagarían septiembre", afirmó ayer un portavoz de la Junta.
Castilla-La Mancha no es la única comunidad que ha estallado. Después de varias cartas al Ministerio, los responsables de la Dependencia en Castilla y León, otra de las comunidades con mejor nota, han decidido pedir en voz alta lo que se les debe.
"Desde enero se sufren los retrasos, ahora falta que nos abonen septiembre, octubre y noviembre. Creo que hemos tenido suficiente prudencia, pero es una situación difícil. Cuando se trata de servicios nos vamos apañando, pero las prestaciones económicas nos suponen gran esfuerzo, aunque no hemos dejado de pagarlas a los dependientes", dice el consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, César Antón.
No todas las comunidades pueden hablar tan alto. Algunas, no reciben las transferencias, pero tampoco pagan en tiempo a sus dependientes.
En Madrid, por ejemplo, muchos ciudadanos se han quejado de los atrasos en las ayudas económicas que les corresponden. Y no es la única.
La secretaria general de Política Social, Isabel Martínez, señaló ayer que el dinero correspondiente a septiembre ya no está en el Imserso y que los pagos de octubre y noviembre están firmados hace tiempo. "Esto es un crédito ampliable y todas las comunidades recibirán lo que les corresponde antes de que acabe el año, como ha ocurrido siempre. Y ellas lo saben.
Los trámites de la Administración son lentos, sí, los nuestros y los suyos. Saben que no hay ningún riesgo de que no cobren", apuntó Martínez. Y añadió: "Este sistema requiere tiempo, no se hace de la noche a la mañana. Se le está exigiendo más que a otros".
Algunas consejerías han propuesto en los últimos meses, dadas las dificultades económicas, que se aplace el calendario de la ley, que prevé la entrada al sistema de los dependientes más leves en enero. Pero esa no parece ser la intención, al menos de las autonomías más sobresalientes.
Extremadura y Murcia dan el salto al aprobado y Canarias sigue a la cola
Extremadura y Murcia han sacado un aprobado en el examen semestral de la Ley de Dependencia que evalúa la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. "Estamos contentos, sí", dijo un portavoz de la Junta.
El salto de Murcia es relevante porque ha pasado de un 1 a un 5 sobre 10, mientras que Extremadura ya estaba en un 4. El camino inverso lo recorre Asturias, que pasa de un 5,5 en la prueba de enero a un 4 en el actual.
Este dictamen se redacta teniendo en cuenta 12 criterios: las personas atendidas, los trámites adminsitrativos efectuados a los dependientes en relación con la población de cada comunidad, así como el número de los que tienen derecho y aún no reciben la prestación; se valora también el equilibrio entre prestaciones económicas y servicios respecto a las ayudas que se conceden, las leyes de servicios sociales que se van redactando, el seguimiento y la información que se presta sobre el sistema, las buenas prácticas, qué comunican las propias comunidades, así como la aportación económica estimada que destinan al sistema.
Con todo ello, las comunidades que mejor nota sacan son Castilla-La Mancha y Castilla y León, ambas con un 9, Andalucía baja media décima, hasta un 7,5 y sube Cataluña, del 5 al 6,5.
Pero las más preocupantes, como siempre, son Canarias, que no remonta de su 0,5, Madrid y Valencia, que no pasan del 2, y Baleares, que se queda en un 4. Estas cuatro comunidades no alcanzan el 1% de beneficiarios atendidos respecto a su población, cuando la media española es del 1,4%.
Fuente : elpais.com
Algunas autonomías se endeudan para cumplir la ley
El Gobierno afirma que pagará antes de fin de año
A las dificultades económicas por las que atraviesan las comunidades autónomas para la implantación y desarrollo de la Ley de Dependencia se suma el impago por parte del Gobierno, que les adeuda parte del dinero desde agosto.
Se trata, sobre todo, del llamado nivel mínimo, una cantidad que el Ejecutivo debe abonar por cada dependiente atendido.
"Si el Ejecutivo no puede asumir la ley, que la cambie", dice Castilla-La Mancha
Castilla-La Mancha, una de las autonomías que con más éxito está implantando la ley, explotó ayer, cuando la comunidad recibió críticas por su nivel de endeudamiento. "Nos endeudamos porque defendemos las políticas sociales y cumplimos las leyes nacionales.
Con la Ley de Dependencia la Administración central nos debe 200 millones, y más que serán el año que viene. Si no recibimos las transferencias, pues nos endeudamos, porque además, el nivel de renta español lo permite.
Si el Gobierno no puede hacer frente a la financiación de esta ley que la cambie, pero eso sería una barbaridad", dijo ayer el consejero de Salud y Bienestar Social, Fernando Lamata: "Como socialista, creo que tenemos margen para endeudarnos, se puede perseguir el fraude fiscal para atender esta ley, y, si hiciera falta, subir los impuestos".
En Extremadura también reconocen que se les adeuda dinero desde agosto y hablan de problemas con la liquidación. "Hemos hablado con el ministerio [de Sanidad y Política Social] y nos han dicho que esta semana nos pagarían septiembre", afirmó ayer un portavoz de la Junta.
Castilla-La Mancha no es la única comunidad que ha estallado. Después de varias cartas al Ministerio, los responsables de la Dependencia en Castilla y León, otra de las comunidades con mejor nota, han decidido pedir en voz alta lo que se les debe.
"Desde enero se sufren los retrasos, ahora falta que nos abonen septiembre, octubre y noviembre. Creo que hemos tenido suficiente prudencia, pero es una situación difícil. Cuando se trata de servicios nos vamos apañando, pero las prestaciones económicas nos suponen gran esfuerzo, aunque no hemos dejado de pagarlas a los dependientes", dice el consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, César Antón.
No todas las comunidades pueden hablar tan alto. Algunas, no reciben las transferencias, pero tampoco pagan en tiempo a sus dependientes.
En Madrid, por ejemplo, muchos ciudadanos se han quejado de los atrasos en las ayudas económicas que les corresponden. Y no es la única.
La secretaria general de Política Social, Isabel Martínez, señaló ayer que el dinero correspondiente a septiembre ya no está en el Imserso y que los pagos de octubre y noviembre están firmados hace tiempo. "Esto es un crédito ampliable y todas las comunidades recibirán lo que les corresponde antes de que acabe el año, como ha ocurrido siempre. Y ellas lo saben.
Los trámites de la Administración son lentos, sí, los nuestros y los suyos. Saben que no hay ningún riesgo de que no cobren", apuntó Martínez. Y añadió: "Este sistema requiere tiempo, no se hace de la noche a la mañana. Se le está exigiendo más que a otros".
Algunas consejerías han propuesto en los últimos meses, dadas las dificultades económicas, que se aplace el calendario de la ley, que prevé la entrada al sistema de los dependientes más leves en enero. Pero esa no parece ser la intención, al menos de las autonomías más sobresalientes.
Extremadura y Murcia dan el salto al aprobado y Canarias sigue a la cola
Extremadura y Murcia han sacado un aprobado en el examen semestral de la Ley de Dependencia que evalúa la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. "Estamos contentos, sí", dijo un portavoz de la Junta.
El salto de Murcia es relevante porque ha pasado de un 1 a un 5 sobre 10, mientras que Extremadura ya estaba en un 4. El camino inverso lo recorre Asturias, que pasa de un 5,5 en la prueba de enero a un 4 en el actual.
Este dictamen se redacta teniendo en cuenta 12 criterios: las personas atendidas, los trámites adminsitrativos efectuados a los dependientes en relación con la población de cada comunidad, así como el número de los que tienen derecho y aún no reciben la prestación; se valora también el equilibrio entre prestaciones económicas y servicios respecto a las ayudas que se conceden, las leyes de servicios sociales que se van redactando, el seguimiento y la información que se presta sobre el sistema, las buenas prácticas, qué comunican las propias comunidades, así como la aportación económica estimada que destinan al sistema.
Con todo ello, las comunidades que mejor nota sacan son Castilla-La Mancha y Castilla y León, ambas con un 9, Andalucía baja media décima, hasta un 7,5 y sube Cataluña, del 5 al 6,5.
Pero las más preocupantes, como siempre, son Canarias, que no remonta de su 0,5, Madrid y Valencia, que no pasan del 2, y Baleares, que se queda en un 4. Estas cuatro comunidades no alcanzan el 1% de beneficiarios atendidos respecto a su población, cuando la media española es del 1,4%.
Fuente : elpais.com
lunes, 20 de diciembre de 2010
MADRID - MÁS DE 115.000 MADRILEÑOS HAN PEDIDO AYUDAS
Más de 115.000 madrileños han pedido ayudas para la dependencia
Un total de 115.623 madrileños han solicitado algún servicio o ayuda del Sistema de Atención a la Dependencia, de los que 68.165 tienen reconocidas prestaciones.
Según los últimos datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), las solicitudes registradas en la Comunidad de Madrid representan el 7,80 por ciento de las 1.482.375 presentadas en España, donde 888.962 ciudadanos ya tienen reconocidas prestaciones.
De las 1.482.375 solicitudes registradas por el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) hasta el 1 de diciembre de 2010, el 65 por ciento han correspondido a mujeres y el 35 por ciento a hombres.
Las comunidades autónomas donde se han presentado un mayor número de solicitudes son Andalucía, con un 26,86 por ciento del conjunto nacional, seguida de Cataluña, con un 15,46 por ciento, y Madrid, con un 7,80 por ciento del total.
Hasta el momento, el número de beneficiarios reconocidos por las autonomías para acogerse a algún tipo de ayuda prevista en el SAAD, se eleva a 888.962, el 65,62 por ciento de las 1.354.610 valoraciones realizadas.
Un 36,06 por ciento de las valoraciones se han referido a ciudadanos de Grado III y un 29,57 por ciento han afectado a personas de Grado II, de acuerdo con la clasificación fijada en la Ley de Dependencia.
La norma establece tres grados de dependencia: Grado I (moderada) cuando la persona necesita ayuda para desarrollar actividades básicas de la vida diaria al menos una vez al día; Grado II (severa) cuando precisa ayuda dos o tres veces al día, pero no presencia permanente de un cuidador, y Grado III (gran dependencia) cuando requiere la presencia continua de otra persona por su total pérdida de autonomía.
Las comunidades autónomas han emitido 488.436 dictámenes de Grado III, 400.526 de Grado II, 300.985 de Grado I y 164.663 sin grado.
Por edad, el 52,50 por ciento de los solicitantes tiene 80 años y más y el 26,42 por ciento, entre 65 y 79 años, que en total suman 1.169.836 peticiones.
A continuación, figuran los ciudadanos de 55 a 64 años (5,57 por ciento); de 46 a 54 años (3,94); de 31 a 45 años (5,04); de 19 a 30 años (2,42); de 3 a 18 años (2,75); de cero a tres años (0,34) y en un 1,02 por ciento de los casos la edad está sin especificar.
Entre las prestaciones reconocidas hasta el pasado 1 de diciembre, 11.147 están destinadas a la prevención de la dependencia y a la promoción de la autonomía personal, 84.016 son de teleasistencia, 90.912 corresponden a ayudas a domicilio, 44.610 son plazas en centros de día o de noche y 119.253 de atención residencial.
El Sistema de Atención a la Dependencia también ha reconocido 52.402 prestaciones vinculadas al servicio, que se conceden únicamente cuando no es posible el acceso a un servicio público o concertado de atención o cuidado.
Otras 377.787 ayudas se destinan a cuidados familiares -cuando el beneficiario es atendido por su familia en su propio domicilio- y 735 para asistencia personal -que pretenden contribuir a la contratación de una asistencia personal durante un número de horas-.
El siguiente cuadro recoge, por comunidades autónomas, el número de solicitudes presentadas y el porcentaje que representan sobre el total, así como la cifra de dictámenes y de prestaciones.
CCAA Solicitudes.Porcentaje.Valoraciones.Prestaciones
Andalucía 398.216 26,86 361.004 230.840
Aragón 49.283 3,32 43.786 30.278
Asturias 33.412 2,25 28.109 17.450
Baleares (Illes) 22.896 1,54 20.160 14.239
Canarias 35.333 2,38 28.018 21.605
Cantabria 22.435 1,51 22.332 15.640
C. y León 82.848 5,59 75.044 54.040
C.-La Mancha 89.823 6,06 76.176 48.096
Cataluña 229.134 15,46 224.776 151.395
C.Valenciana 103.999 7,02 100.686 63.859
Extremadura 41.877 2,82 35.628 23.893
Galicia 87.350 5,89 71.302 53.250
Madrid 115.623 7,80 107.445 68.165
Murcia 48.093 3,24 45.398 31.142
Navarra 20.104 1,36 17.799 9.905
País Vasco 84.172 5,68 79.661 44.549
La Rioja 13.973 0,94 13.937 8.681
Ceuta y Melilla 3.804 0,26 3.349 1.935
TOTAL 1.482.375 100,00 1.354.610 888.962
Fuente : abc.es
Un total de 115.623 madrileños han solicitado algún servicio o ayuda del Sistema de Atención a la Dependencia, de los que 68.165 tienen reconocidas prestaciones.
Según los últimos datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), las solicitudes registradas en la Comunidad de Madrid representan el 7,80 por ciento de las 1.482.375 presentadas en España, donde 888.962 ciudadanos ya tienen reconocidas prestaciones.
De las 1.482.375 solicitudes registradas por el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) hasta el 1 de diciembre de 2010, el 65 por ciento han correspondido a mujeres y el 35 por ciento a hombres.
Las comunidades autónomas donde se han presentado un mayor número de solicitudes son Andalucía, con un 26,86 por ciento del conjunto nacional, seguida de Cataluña, con un 15,46 por ciento, y Madrid, con un 7,80 por ciento del total.
Hasta el momento, el número de beneficiarios reconocidos por las autonomías para acogerse a algún tipo de ayuda prevista en el SAAD, se eleva a 888.962, el 65,62 por ciento de las 1.354.610 valoraciones realizadas.
Un 36,06 por ciento de las valoraciones se han referido a ciudadanos de Grado III y un 29,57 por ciento han afectado a personas de Grado II, de acuerdo con la clasificación fijada en la Ley de Dependencia.
La norma establece tres grados de dependencia: Grado I (moderada) cuando la persona necesita ayuda para desarrollar actividades básicas de la vida diaria al menos una vez al día; Grado II (severa) cuando precisa ayuda dos o tres veces al día, pero no presencia permanente de un cuidador, y Grado III (gran dependencia) cuando requiere la presencia continua de otra persona por su total pérdida de autonomía.
Las comunidades autónomas han emitido 488.436 dictámenes de Grado III, 400.526 de Grado II, 300.985 de Grado I y 164.663 sin grado.
Por edad, el 52,50 por ciento de los solicitantes tiene 80 años y más y el 26,42 por ciento, entre 65 y 79 años, que en total suman 1.169.836 peticiones.
A continuación, figuran los ciudadanos de 55 a 64 años (5,57 por ciento); de 46 a 54 años (3,94); de 31 a 45 años (5,04); de 19 a 30 años (2,42); de 3 a 18 años (2,75); de cero a tres años (0,34) y en un 1,02 por ciento de los casos la edad está sin especificar.
Entre las prestaciones reconocidas hasta el pasado 1 de diciembre, 11.147 están destinadas a la prevención de la dependencia y a la promoción de la autonomía personal, 84.016 son de teleasistencia, 90.912 corresponden a ayudas a domicilio, 44.610 son plazas en centros de día o de noche y 119.253 de atención residencial.
El Sistema de Atención a la Dependencia también ha reconocido 52.402 prestaciones vinculadas al servicio, que se conceden únicamente cuando no es posible el acceso a un servicio público o concertado de atención o cuidado.
Otras 377.787 ayudas se destinan a cuidados familiares -cuando el beneficiario es atendido por su familia en su propio domicilio- y 735 para asistencia personal -que pretenden contribuir a la contratación de una asistencia personal durante un número de horas-.
El siguiente cuadro recoge, por comunidades autónomas, el número de solicitudes presentadas y el porcentaje que representan sobre el total, así como la cifra de dictámenes y de prestaciones.
CCAA Solicitudes.Porcentaje.Valoraciones.Prestaciones
Andalucía 398.216 26,86 361.004 230.840
Aragón 49.283 3,32 43.786 30.278
Asturias 33.412 2,25 28.109 17.450
Baleares (Illes) 22.896 1,54 20.160 14.239
Canarias 35.333 2,38 28.018 21.605
Cantabria 22.435 1,51 22.332 15.640
C. y León 82.848 5,59 75.044 54.040
C.-La Mancha 89.823 6,06 76.176 48.096
Cataluña 229.134 15,46 224.776 151.395
C.Valenciana 103.999 7,02 100.686 63.859
Extremadura 41.877 2,82 35.628 23.893
Galicia 87.350 5,89 71.302 53.250
Madrid 115.623 7,80 107.445 68.165
Murcia 48.093 3,24 45.398 31.142
Navarra 20.104 1,36 17.799 9.905
País Vasco 84.172 5,68 79.661 44.549
La Rioja 13.973 0,94 13.937 8.681
Ceuta y Melilla 3.804 0,26 3.349 1.935
TOTAL 1.482.375 100,00 1.354.610 888.962
Fuente : abc.es
GALICIA - MÁS DE 87.000 PERSONAS SOLICITARON AYUDA
Más de 87.000 personas, según los datos del Imserso
El informe del Observatorio coincidió ayer con los últimos datos sobre la dependencia en España facilitados por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso).
Según esta institución, en Galicia hay 87.350 personas que han solicitado ayuda de algún tipo al Sistema de Atención a la Dependencia.
Este dato representa el 5,89% del total de España, donde 1.482.375 ciudadanos han reclamado una prestación.
De esas más de 87.000 solicitudes en Galicia, el sistema ha valorado 71.302, desechando el resto por improcedentes o por errores en la tramitación, y reconociendo a 53.250 dependientes, que es la cifra oficial de los que existen actualmente en Galicia, según el Imserso.
En total hay 34.100 solicitantes que no han conseguido una prestación de la ley de dependencia en la comunidad, bien porque no tienen derecho o bien porque la demora del sistema o la falta de recursos los privan de ella.
El Imserso destaca la enorme diferencia por sexo que ha habido este año entre los solicitantes, pues el 65% son mujeres. Andalucía, Cataluña y Madrid fueron, un año más, las que más peticiones tramitaron.
Fuente : lavozdegalicia.es
El informe del Observatorio coincidió ayer con los últimos datos sobre la dependencia en España facilitados por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso).
Según esta institución, en Galicia hay 87.350 personas que han solicitado ayuda de algún tipo al Sistema de Atención a la Dependencia.
Este dato representa el 5,89% del total de España, donde 1.482.375 ciudadanos han reclamado una prestación.
De esas más de 87.000 solicitudes en Galicia, el sistema ha valorado 71.302, desechando el resto por improcedentes o por errores en la tramitación, y reconociendo a 53.250 dependientes, que es la cifra oficial de los que existen actualmente en Galicia, según el Imserso.
En total hay 34.100 solicitantes que no han conseguido una prestación de la ley de dependencia en la comunidad, bien porque no tienen derecho o bien porque la demora del sistema o la falta de recursos los privan de ella.
El Imserso destaca la enorme diferencia por sexo que ha habido este año entre los solicitantes, pues el 65% son mujeres. Andalucía, Cataluña y Madrid fueron, un año más, las que más peticiones tramitaron.
Fuente : lavozdegalicia.es
C.VALENCIANA - CUATRO AÑOS EN EL LIMBO
Cuatro años en el limbo de la ley de dependencia
Dos centenares de personas se concentran en la plaza de la Virgen
para exigir al Consell la aplicación y el desarrollo de la normativa
Desde su aprobación en 2006, la Ley de Dependencia no ha cumplido con las expectativas de la ciudadanía valenciana afectada.
El principal escollo, según las plataformas en defensa de la ley que se concentraron ayer en la plaza de la Virgen de Valencia, es la "irresponsabilidad social" del Consell, que deja a la población valenciana en una situación de "discriminación negativa" respecto al conjunto del estado.
Así, cuando se cumple el cuarto aniversario de una ley que fue aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados, estos colectivos, venidos desde distintos puntos de la geografía valenciana (Alaquàs, l'Alcoià o la Ribera), denuncian trabas burocráticas que derivan en larguísimas esperas para la aplicación de la ley y reclaman la creación de una red pública potente de servicios sociales que se preveía en la legislación.
Como explica Carme Insa, de la Plataforma de l'Alcoià-el Comtat, las plataformas (18 actualmente que engloban a más de 25.000 personas) se pusieron en marcha en el conjunto del territorio valenciano en 2008 al advertir que algo no funcionaba.
Insa, madre de Pau, un niño paralítico cerebral de nacimiento, señaló como principal necesidad "la consolidación de un catálogo de servicios sociales que incluyan centros de día, ayuda a domicilio y centros residenciales públicos", y hizo un llamamiento a la solidaridad del conjunto de la sociedad, ya que "no se trata de una ley para un colectivo, sino para toda la población".
Dificultades en el acceso a los datos
El Observatorio de la Dependencia ha situado a Canarias, con un 0,5, y a Madrid y Valencia, con un 2, como las peores autonomías en la aplicación de la ley de dependencia, en un ranking liderado por las dos Castillas (9), seguidas por el País Vasco y Aragón (8,5).
El órgano mostró su preocupación por el aumento de personas en el limbo de la dependencia (derecho a recibir prestación pero sin materializarse), que en la C. Valenciana llega al 42% de los casos, y denunció "presiones y dificultades" en el acceso a los datos.
Fuente : levante-emv.com/valencia
Dos centenares de personas se concentran en la plaza de la Virgen
para exigir al Consell la aplicación y el desarrollo de la normativa
Desde su aprobación en 2006, la Ley de Dependencia no ha cumplido con las expectativas de la ciudadanía valenciana afectada.
El principal escollo, según las plataformas en defensa de la ley que se concentraron ayer en la plaza de la Virgen de Valencia, es la "irresponsabilidad social" del Consell, que deja a la población valenciana en una situación de "discriminación negativa" respecto al conjunto del estado.
Así, cuando se cumple el cuarto aniversario de una ley que fue aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados, estos colectivos, venidos desde distintos puntos de la geografía valenciana (Alaquàs, l'Alcoià o la Ribera), denuncian trabas burocráticas que derivan en larguísimas esperas para la aplicación de la ley y reclaman la creación de una red pública potente de servicios sociales que se preveía en la legislación.
Como explica Carme Insa, de la Plataforma de l'Alcoià-el Comtat, las plataformas (18 actualmente que engloban a más de 25.000 personas) se pusieron en marcha en el conjunto del territorio valenciano en 2008 al advertir que algo no funcionaba.
Insa, madre de Pau, un niño paralítico cerebral de nacimiento, señaló como principal necesidad "la consolidación de un catálogo de servicios sociales que incluyan centros de día, ayuda a domicilio y centros residenciales públicos", y hizo un llamamiento a la solidaridad del conjunto de la sociedad, ya que "no se trata de una ley para un colectivo, sino para toda la población".
Dificultades en el acceso a los datos
El Observatorio de la Dependencia ha situado a Canarias, con un 0,5, y a Madrid y Valencia, con un 2, como las peores autonomías en la aplicación de la ley de dependencia, en un ranking liderado por las dos Castillas (9), seguidas por el País Vasco y Aragón (8,5).
El órgano mostró su preocupación por el aumento de personas en el limbo de la dependencia (derecho a recibir prestación pero sin materializarse), que en la C. Valenciana llega al 42% de los casos, y denunció "presiones y dificultades" en el acceso a los datos.
Fuente : levante-emv.com/valencia
C.VALENCIANA - SUSPENSO PARA LA GENERALITAT
Suspenso para la Generalitat por la aplicación de la ley de Dependencia
La Comunidad Valenciana es una de las tres autonomías denunciadas ayer por el Observatorio de la Dependencia, por su "empecinamiento" en no aplicar las prestaciones y servicios que la ley contempla.
Las otras dos son Canarias y Madrid.
Estas tres autonomías, según el Observatorio, ponen a sus ciudadanos "en una situación de desprotección frente al resto en una materia de protección social tan básica", con puntuaciones de 0,5 para Canarias y 2 para Madrid y Valencia.
El Observatorio, surgido de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, reunido durante dos días en Santiago de Compostela, evidencia algunos cambios en el ranking de las comunidades autónomas en la aplicación de la ley y destaca positivamente la actuación de cuatro de ellas: Castilla-La Mancha (9 puntos sobre 10), Castilla y León (9 puntos), País Vasco (8,5 puntos) y Aragón (8,5 puntos).
En el cuarto año de aplicación de la ley, el Observatorio resalta cuatro aspectos negativos, referidos al limbo de la dependencia, el modelo de financiación, el sobredimensionamiento de la prestación económica de cuidados en el entorno familiar y cuidadores no profesionales y la falta de transparencia.
Precisamente, ayer, con motivo del cuarto aniversario de la promulgación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, las plataformas valencianas en defensa de la aplicación de la norma convocaron una concentración en Valencia para denunciar que en la Comunidad Valenciana no se está aplicando.
Jaume Esteban, coordinador de la plataforma, señaló que los valencianos tienen "la mitad de posibilidades de ser beneficiarios de esta ley que el conjunto de los ciudadanos españoles", denunció que tardan más del doble de tiempo que el resto de españoles en recibir los servicios solicitados y aseguró que "el 43% de los dependientes valencianos que tienen derecho a algún recurso no lo reciben, permaneciendo durante meses y meses en el limbo de la Dependencia".
Fuente : elpais.com
La Comunidad Valenciana es una de las tres autonomías denunciadas ayer por el Observatorio de la Dependencia, por su "empecinamiento" en no aplicar las prestaciones y servicios que la ley contempla.
Las otras dos son Canarias y Madrid.
Estas tres autonomías, según el Observatorio, ponen a sus ciudadanos "en una situación de desprotección frente al resto en una materia de protección social tan básica", con puntuaciones de 0,5 para Canarias y 2 para Madrid y Valencia.
El Observatorio, surgido de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, reunido durante dos días en Santiago de Compostela, evidencia algunos cambios en el ranking de las comunidades autónomas en la aplicación de la ley y destaca positivamente la actuación de cuatro de ellas: Castilla-La Mancha (9 puntos sobre 10), Castilla y León (9 puntos), País Vasco (8,5 puntos) y Aragón (8,5 puntos).
En el cuarto año de aplicación de la ley, el Observatorio resalta cuatro aspectos negativos, referidos al limbo de la dependencia, el modelo de financiación, el sobredimensionamiento de la prestación económica de cuidados en el entorno familiar y cuidadores no profesionales y la falta de transparencia.
Precisamente, ayer, con motivo del cuarto aniversario de la promulgación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, las plataformas valencianas en defensa de la aplicación de la norma convocaron una concentración en Valencia para denunciar que en la Comunidad Valenciana no se está aplicando.
Jaume Esteban, coordinador de la plataforma, señaló que los valencianos tienen "la mitad de posibilidades de ser beneficiarios de esta ley que el conjunto de los ciudadanos españoles", denunció que tardan más del doble de tiempo que el resto de españoles en recibir los servicios solicitados y aseguró que "el 43% de los dependientes valencianos que tienen derecho a algún recurso no lo reciben, permaneciendo durante meses y meses en el limbo de la Dependencia".
Fuente : elpais.com
ANDALUCÍA RETROCEDE EN LA APLICACIÓN DE LA LEY
Andalucía retrocede en la aplicación de la Ley de Dependencia
Andalucía ha bajado posiciones en el ranking autonómico que mide la aplicación de las prestaciones y servicios que contempla la Ley de Dependencia, según el IV dictámen del Observatorio de la Dependencia, que se dio a conocer ayer en Santiago de Compostela, durante un encuentro de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
Si en anteriores análisis la comunidad autónoma ocupaba un puesto de cabeza, en esta nueva entraga cae a una «discreta» puntuación del 7,5, según el citado dictamen.
Fuente : abcdesevilla.es
Andalucía ha bajado posiciones en el ranking autonómico que mide la aplicación de las prestaciones y servicios que contempla la Ley de Dependencia, según el IV dictámen del Observatorio de la Dependencia, que se dio a conocer ayer en Santiago de Compostela, durante un encuentro de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
Si en anteriores análisis la comunidad autónoma ocupaba un puesto de cabeza, en esta nueva entraga cae a una «discreta» puntuación del 7,5, según el citado dictamen.
Fuente : abcdesevilla.es
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