La crisis eleva el número de hogares que requieren apoyos
5.000 familias sobreviven gracias a ayudas sociales
Martín rechaza aumentar el copago sobre los servicios asistenciales.
Los servicios sociales municipales son un buen indicador de la evolución de la crisis económica. Los datos facilitados ayer por la Consejería de Bienestar Social revelan que la recesión todavía no ha pasado.
Y es que el número de familias que reclaman ayudas de emergencia para poder subsistir sigue aumentado.
Noemí Martín, consejera de Bienestar Social, explicó ayer que en apenas un año aumentaron en mil las familias que acudieron a los servicios sociales municipales para pedir ayudas.
El número global de beneficiarios pasó de 4.212 hogares en 2008 a 5.005 en 2009.
Pedro Rodríguez, director general de Prestaciones, añadió que por los datos que la consejería recibe de los ayuntamientos el número de familias que requerirá ayuda de emergencia sigue creciendo también este año. De hecho, Bienestar Social destinará em 2010 a estas ayudas algo más de un millón de euros, un 15% más que en 2009.
La consejería facilitó estos datos durante la presentación del plan concertado, una herramienta básica para la financiación de los servicios sociales municipales. El plan contará en 2010 con algo más de 56 millones de euros, financiados muy mayoritariamente por la comunidad autónoma, aunque también por los ayuntamientos, la Administración del Estado y los propios usuarios a través del copago. La consejería aporta 32 millones, lo que supone un aumento del 7% con respecto a 2009.
El plan sirve para costear los servicios sociales básicos, fundamentalmente, la ayuda a domicilio, los servicios de apoyo a personas mayores y dependientes y los programas de prevención de la exclusión social y de las ayudas de emergencia, ya citadas. Martín indicó que las personas atendidas en la red municipal de servicios sociales también aumentan. Fueron 87.800 en 2009, lo que supone el 8% de la población asturiana, frente al 5% del año anterior.
Rodríguez subrayó que el aumento de personas atendidas tiene dos explicaciones. Primera, la ley de dependencia obliga a los servicios sociales municipales ha realizar parte de la tramitación. Y, segunda, y más preocupante, la crisis económica está empujando a un número creciente de familias a reclamar ayudas. Martín reiteró que, precisamente en un contexto de recesión, las políticas sociales resultan más necesarias que nunca.
La consejera hizo hincapié en que lo social no sólo es gasto sino también inversión y recalcó que, gracias a la ley de dependencia, se han creado 489 empleos nuevos sólo en los servicios sociales municipales. La titular de Bienestar terció también en el debate del copago y subrayó que la aportación de las familias en el coste de los servicios sociales es razonable por lo que rechazó la posibilidad de aumentarla.
Fuente : lavozdeasturias.es
sábado, 31 de julio de 2010
CADIZ - EL DINERO DE LAS AYUDAS
El equipo de gobierno de La Línea de la Concepción "lamenta el bloqueo que desde el Partido Socialista se pretende realizar a la ciudad, tras las declaraciones realizadas por la secretaria general del PSOE linense, Gemma Araujo, en relación con su petición a la Delegación Provincial de Igualdad y Bienestar Social para que el dinero de las ayudas por la Ley de Dependencia no se ingresen en la Caja Única del Ayuntamiento, sino en una cuenta exclusiva destinada a tal fin".
En este sentido, el equipo de gobierno pregunta "a la señora Araujo y a los dirigentes del PSOE a nivel autonómico si la decisión de romper con el concepto de caja única se va a aplicar en todos los ayuntamientos de España, incluso en aquellos gobernados por los socialistas, o sólo en La Línea a tenor del odio que representa para ellos que este municipio esté gobernado por el Partido Popular".
De igual forma, el equipo de gobierno pregunta a la secretaria general del PSOE linense "por qué no se preocupa en realizar llamadas a sus compañeros de partido en Cádiz, Sevilla y Madrid para que concedan a la ciudad la Carta Económica Especial, tomando como punto de referencia las necesidades de que adolece La Línea de la Concepción y la exigencia de que por parte del Gobierno de la Nación se busquen los instrumentos necesarios para garantizar su futuro".
El equipo de gobierno considera que "la señora Araujo se mueve sólo por un intento de bloquear al Ayuntamiento, con la creencia de que de esta forma su partido podrá gobernar.
Es lógico el nerviosismo de los socialistas tras las últimas encuestas que vaticinan un triunfo por mayoría del Partido Popular en Andalucía, cuyos ciudadanos están ya cansados de las mentiras de los socialistas”, añaden.
Desde el equipo de gobierno se aconseja a Araujo que "deje ya de decir disparates y se ponga a trabajar por su ciudad, ilusionando a los ciudadanos y no perjudicándolos por su odio hacia las siglas del PP, en lugar de intentar arrebatar el poder a toda costa".
Fuente : teleprensa.es
En este sentido, el equipo de gobierno pregunta "a la señora Araujo y a los dirigentes del PSOE a nivel autonómico si la decisión de romper con el concepto de caja única se va a aplicar en todos los ayuntamientos de España, incluso en aquellos gobernados por los socialistas, o sólo en La Línea a tenor del odio que representa para ellos que este municipio esté gobernado por el Partido Popular".
De igual forma, el equipo de gobierno pregunta a la secretaria general del PSOE linense "por qué no se preocupa en realizar llamadas a sus compañeros de partido en Cádiz, Sevilla y Madrid para que concedan a la ciudad la Carta Económica Especial, tomando como punto de referencia las necesidades de que adolece La Línea de la Concepción y la exigencia de que por parte del Gobierno de la Nación se busquen los instrumentos necesarios para garantizar su futuro".
El equipo de gobierno considera que "la señora Araujo se mueve sólo por un intento de bloquear al Ayuntamiento, con la creencia de que de esta forma su partido podrá gobernar.
Es lógico el nerviosismo de los socialistas tras las últimas encuestas que vaticinan un triunfo por mayoría del Partido Popular en Andalucía, cuyos ciudadanos están ya cansados de las mentiras de los socialistas”, añaden.
Desde el equipo de gobierno se aconseja a Araujo que "deje ya de decir disparates y se ponga a trabajar por su ciudad, ilusionando a los ciudadanos y no perjudicándolos por su odio hacia las siglas del PP, en lugar de intentar arrebatar el poder a toda costa".
Fuente : teleprensa.es
CASTILLA Y LEÓN - NINGUNA AYUDA INDIVIDUAL VA A SUFRIR RECORTES
César Antón: ´Ninguna ayuda individual va a sufrir recortes´
El consejero de Familia afirma que las políticas de apoyo a las familias han sido "una clave" de la Junta y, pese a la crisis, "lo van a seguir siendo con la Agenda para la Población"
Con las vacaciones a la vuelta de la esquina, el equipo de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades se afana en el diseño de los presupuestos para el próximo año que, aunque serán una prioridad del Ejecutivo autonómico, también estarán ajustados al patrón de la "responsabilidad y el rigor" para fijar prioridades en función de las necesidades.
Aunque algunos proyectos podrán dilatarse y acometerse en tres años, en lugar de en dos, el responsable de este departamento es firme al asegurar que "ninguna ayuda ni prestación individual va a sufrir recortes en 2011".
"Son prioridades del Gobierno regional", explica, como también lo serán la aplicación de la Ley de Renta Garantizada de Ciudadanía; la de Servicios Sociales, Impacto de Género y la Ley contra la Violencia de Género, que están ya en el horno parlamentario.
Reconoce que la de Igualdad de las Personas con Discapacidad va algo retrasada, pero asegura que trabajará para que cuente con el respaldo de los afectados.
Ante el "brote" de casos de violencia de género que está sufriendo el país, recuerda a las víctimas la importancia de informarse de los recursos y al Gobierno, la necesidad de los juzgados específicos de Violencia de Género.
Entrado el verano, las Cortes han habilitado el mes de agosto como hábil con el objetivo de aprobar, entre otras leyes, la Renta Garantizada de Ciudadanía ¿Cuándo calcula que podrá comenzar a cobrarse esta prestación?
El decreto de desarrollo lleva casi un mes de tramitación. Tiene que pasar por los órganos de participación de la propia Gerencia de Servicios Sociales; tenemos el compromiso de tratarlo en el seno del Diálogo Social, aunque no esté escrito, y debe pasar por el Consejo Económico y Social y por el Consultivo. Teniendo en cuenta todos estos trámites, que son impuestos, nuestra voluntad es que vea la luz lo antes posible. Además, no podemos tramitar el desarrollo reglamentario hasta que no tengamos el conocimiento exacto de cómo ha quedado el proyecto de ley. Si hemos hecho la Ley en 102 días, queremos que el decreto de desarrollo esté lo antes posible. Es una Ley muy importante. Si el 24 de agosto se aprueba, nos pondremos con todo el procedimiento cuanto antes para agilizar la aplicación.
¿Se atrevería a poner una fecha aproximada y a asegurar que habrá recursos suficientes?
Poner una fecha es muy difícil por todo lo que acabo de citar, y todo va a depender de cómo quede el proyecto de ley. En principio, si no hay grandes cambios en el contenido, nos costará menos. No quiero dar una fecha, pero sí el compromiso de tramitarlo con la mayor celeridad posible, teniendo en cuenta que hay plazos que no dependen de nosotros. Por lo que respecta a los recursos, en principio se han calculado unos 27 millones de euros para 6.000 beneficiarios. Es una estimación, teniendo en cuenta que se trata de un derecho que nace ligado a una situación estructural y a una muy coyuntural, derivada de la crisis. Ojalá que no tengamos que destinar tanto dinero y que sean menos las familias que lo cobren, porque implicará que se está generando empleo. Y cuando va bien la economía, se desarrollan también los servicios sociales y la protección.
En pleno diseño del próximo Presupuesto General de la Comunidad para 2011, ¿habrá dinero suficiente para cubrir esta nueva prestación?
El presidente fue muy claro. En 2010 la Junta hizo ya un ejercicio de responsabilidad y de rigor, con un presupuesto en el que se fijaron prioridades en función de las necesidades. El presupuesto de la Consejería de Familia creció el 1,7 por ciento, y el de los Servicios Sociales, en concreto, casi un cuatro por ciento. Pero, ojo, lo dije en la comparecencia de presupuestos, en la Consejería de Familia también hicimos un esfuerzo interno de priorizar para garantizar las ayudas a las familias, las políticas de asistencia en violencia de género, políticas de mujer, para trabajar por la igualdad y avanzar en los servicios sociales básicos y en la lucha contra la exclusión social. Para 2011, el presidente fijó un recorte muy importante, pero entre las cuatro prioridades fijó los servicios sociales en general y la dependencia en particular. Ha salido la orden de elaboración de los Presupuestos Generales para 2011 y, a partir de ahí, las prioridades serán sanidad, educación, servicios sociales y dependencia, aunque, también es cierto, tendremos que hacer ejercicios de responsabilidad interna para mantener los servicios.
¿Hacia dónde se dirigirá este ejercicio de responsabilidad interna?
Lo que quiero decir, y lo digo con absoluta responsabilidad porque ya lo hemos hecho en los presupuestos de 2010, es que en primer término hay que garantizar las prestaciones individuales ante las situaciones de exclusión social y de cumplimiento de una Ley de Dependencia. Esto obligará a deslizar en el tiempo algunas inversiones. Es decir, si hay una buena cobertura de estancias diurnas, a lo mejor la creación de un nuevo centro de día habrá que hacerlo en tres años en lugar de en dos. Habrá también inversiones en algunos equipamientos que tendrán que esperar. Es una cuestión de responsabilidad. En servicios sociales, lo primero es cubrir las necesidades individuales ante otras inversiones. Esto no indica que deje de invertir, sino que habrá que dilatar proyectos en el tiempo. Lo hemos hecho en 2010 y nos tocará volver a hacerlo, seguramente, en 2011. Ahora hace falta, más que nunca, criterio y prioridad ante las necesidades y la escasez.
¿Podrá mantenerse en 2011 el compromiso del presidente Herrera de no recortar las prestaciones y servicios sociales?
Quiero que quede claro, ninguna prestación va a sufrir recortes en 2011. Las ayudas y prestaciones individuales, tanto a una persona como a las familias, son prioridades del Gobierno regional. Me refiero, por ejemplo, a la atención a las víctimas de violencia de género y a los menores y personas dependientes a su cargo, que se convertirá en un derecho con la aprobación de la Ley; a las ayudas derivadas de la Ley de Dependencia, a las ayudas a personas con discapacidad, a mayores, a personas en riesgo de exclusión social, etc. Por aquí, los recortes están salvados. Lo que tenemos que hacer es programar y planificar. Por poner un ejemplo, hay ayudas que no existían antes de la Ley para las personas dependientes, como puede ser la ayuda a la familia por cuidados en el ámbito familiar para que el hogar esté adaptado. En consecuencia, igual hay que hacer un ajuste en la línea de ayudas individuales de adaptación de baños, por ejemplo. El que haya habido un recorte en estas ayudas, no es un recorte en sí, lo que ha ocurrido es que quien lo reciba por dependencia, no lo va a recibir por la otra vía. Lo que va a estar garantizado, insisto, es el nivel de protección social con la prioridad de las personas y las familias.
¿Los recortes en el gasto público llevarán a plantearse el copago en los servicios?
El copago existe ya, pero es un debate abierto. En los servicios sociales históricamente se ha fijado un copago en función de la renta de los beneficiarios. Faltaba ordenar todas estas prestaciones fijando una referencia de precios públicos, salto que se ha dado con la Ley de Dependencia. Es la Ley que más claro ha dejado que existe una aportación por parte de los usuarios, aunque en su día algunos lo vendieran de otra forma. También, es verdad, fija unas garantías para los que no tengan recursos. En el fondo este es el sistema progresivo y de justicia equitativa. No obstante, si nos fijamos en nuestros vecinos europeos, quizá sea el momento de dar el salto y abrir el debate, porque los que son gratuitos cuestan, y mucho, y habrá que ver hasta dónde se puede llegar. En todo caso, en servicios sociales lo importante, lo digo así, es poner en sus justos términos medidas de justicia equitativa en función de las situaciones personales de capacidad, renta y patrimonio. Esto es una garantía que en nuestra futura Ley de Servicios Sociales, que está en las Cortes, aparece de forma muy clarita.
El PSCyL denuncia un "recorte de tapadillo" de 6,4 millones en las ayudas en prestaciones sociales, cómo y en qué ha afectado a Familia el ajuste de un 10% de las subvenciones que anunció el presidente de la Junta
Sólo tres cosas. Una, recordar al PSOE mi comparecencia en las Cortes, donde presentamos unos presupuestos con unas prioridades muy claras y muy responsables, como he explicado antes. Yo mismo dije que habíamos reducido determinados gastos y subvenciones. Lo mismo que en políticas de mujer asumimos la garantía a las víctimas de violencia de género, entre otros gastos, en otras dijimos que habría recortes. Por ejemplo, si hemos equipado a las asociaciones con un local, un teléfono y un ordenador, este año no tocaba. Lo dejé muy claro, íbamos a priorizar y, dos, está en el BOCyL por lo que de falta de transparencia nada, de nada. ¿Cómo pueden ahora acusarnos de actuar de tapadillo? Tercero, lo que no me ha gustado nada es que hayan utilizado esos recortes en inversiones para acusarnos de reducir las ayudas a mayores y personas con discapacidad. Es verdad que no se han convocado unas ayudas individuales en discapacidad, pero es que lo más probable es que estén en el Boletín antes de irnos de vacaciones. Y les digo, como dije en las Cortes, no juzguen el presupuesto de 2010 cuando aún no se ha aplicado.
Casi en la recta final de la presente Legislatura, todavía tiene guardada en el cajón la Ley de Igualdad de las Personas con Discapacidad, ¿habrá tiempo para aprobarla?
Hemos cumplido a un nivel muy alto el calendario legislativo previsto, pero reconozco que a estas alturas no tenemos aún aprobado el proyecto de Ley de Igualdad de las Personas con Discapacidad. También, es cierto que nos comprometimos a elaborar cuatro leyes, que han pasado a ser cinco con la renta garantizada de ciudadanía. Lo cierto es que la Ley de Servicios Sociales se ha dilatado porque hemos contado con mucha participación, hasta el punto de que podemos decir que detrás está toda la sociedad de Castilla y León. Para que viera la luz la de igualdad de las personas con discapacidad era necesario que primero viera la luz la de Servicios Sociales. Entregamos a Cermi el borrador del proyecto de ley hace un mes, porque queremos trabajar con ellos. En cuanto pase el verano, comenzarán a reunirse los grupos de trabajo, que ya se han creado, y el calendario dependerá de todos en función de si son necesarios muchos cambios o no.
Mientras, en las Cortes se encuentran otras tres leyes, la de Servicios Sociales, contra la Violencia de Género e Impacto de Género, ¿cómo avanzan?
Están en trámite parlamentario y el trabajo es de los grupos; sé que hay enmiendas que están debatiéndose en las comisiones de las ponencias y que se está trabajando. Yo confío que entre septiembre y Navidades puedan ver la luz las tres leyes. En todo caso, me gustaría ponerme a disposición de todos los grupos, con total respeto al trámite parlamentario, porque son tres leyes de carácter social muy importantes: la de Servicios Sociales es una norma de nueva generación, que da el salto de prestaciones a derechos; la de lucha contra la Violencia de Género, se amplía el concepto de víctimas a los hijos y dependientes a su cargo por primera vez en el ámbito nacional, y la de Impacto de Género es la obligación que se pone la Administración de evaluarlo en todos los ámbitos. Ojalá salgan adelante con el consenso y el apoyo de todos, y se traslade a los ciudadanos que trabajamos juntos para mejorar situaciones.
Por lo que respecta a la Ley de Violencia de Género, parece que las negociaciones con la oposición en las Cortes están encalladas, ¿dónde reside el desacuerdo?
Creo que ha habido un punto de inflexión en junio muy importante, y ahora en el último envite en las enmiendas el acercamiento podría ser mayor. Con respeto absoluto a nuestros representantes en las Cortes, el Grupo Socialista tenía su proyecto de ley y de manera rápida, antes de ver nuestro texto, sacó su alternativa. Luego, viendo las enmiendas, en el contenido no había tantas diferencias.
En los últimos días las mujeres víctimas de maltrato han vuelto a ser noticia, ¿considera que las medidas aplicadas hasta el momento están funcionando?
Viendo el día a día, no hay que negar que existe un brote en España. Las medidas que se han adoptado en Castilla y León han sido respaldas por la sociedad en su conjunto, además de la asistencia integral y la sensibilización. Luego, se han dado pasos importantes como el Pacto Social contra la Violencia de Género; el propio presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, llevó a Bruselas el Dictamen contra la Violencia de Género, apoyado por el Gobierno de la nación y las comunidades autónomas; se han impulsado medidas muy importantes, que van calando, como la formación a profesionales sanitarios, a miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, de servicios sociales, de la administración de Justicia… Pero, pese a todo esto, es difícil ayudar a una mujer si no recurre a los recursos. Por eso, es necesario que los conozca y que sepa que esta Ley le va a ofrecer protección a ella, a sus hijos y a los mayores dependientes que tenga a su cargo. Y, sin acritud, también lo digo, un juzgado específico de violencia de género facilitaría que una mujer denuncie su caso. Esto es lo que falta. Luego, en la protección, siendo muy difícil, hay programas que no están funcionando, como el de pulseras que anunció el Ministerio de Igualdad hace más de un año.
En la actual situación de crisis, ¿podría haber recortes?
Hay un grupo de trabajo dentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera que está analizando los costes de la protección social en el ámbito del Estado, como en Educación y Sanidad, que ha hablado de gasto farmacéutico, de subsidios por desempleo y ha hablado de dependencia. Ha habido planteamientos de todo tipo. Pero, es público, que con el Real de Decreto de recortes para el gasto público, la dependencia ya tuvo uno gravísimo. El Gobierno ha metido un tijeretazo a esas expectativas que creó. Hasta el 1 de julio, si la ley establece seis meses para resolver, esos seis meses se cobraban con carácter retroactivo. Ahora no, y eso es ya un recorte. En Castilla y León lo que vamos a hacer, es lo que venimos haciendo, cumplir la Ley. Lo que me temo es que se va a repetir que el mayor coste de este nivel, una vez más, lo van a soportar las comunidades autónomas.
A falta de una evaluación nacional, prevista para este año, ¿cómo observa el desarrollo de esta normativa?
Es cierto que la propia Ley fija una evaluación este año 2010, para ver cómo está funcionando en su calidad, cantidad… Hemos pedido en muchas ocasiones una evaluación seria que no se ha hecho. Sí existen algunos estudios, a los que no se ha dado mucha publicidad, del Grupo de Expertos del Congreso de los Diputados y de la Agencia de Evaluación de la Calidad de los Servicios Sociales, que si no se han divulgado es porque dicen lo que venimos afirmando en Castilla y León desde que se aprobó la Ley: ha ocurrido todo lo contrario de lo que el Gobierno socialista anunció.
¿Qué es lo que ha ocurrido?
Se resume en tres puntos: la Ley ha generado expectativas exageradas que no se han satisfecho; no ha tenido la financiación suficiente por parte del Estado, y lo dicen estos dos informes; y, tercero, no existe la calidad en la atención que la propia Ley establecía. Fijaba como prestación excepcional los cuidados en el ámbito familiar y está ocurriendo todo lo contrario. Lo recogía así porque en los últimos años se ha avanzado mucho en la profesionalización de los servicios sociales y en el control de servicios. La Ley era inteligente en este sentido, pero ha ocurrido todo lo contrario, el 51 por ciento de las prestaciones de media en todo el territorio nacional son cuidados en el ámbito familiar.
Desde UGT y CCOO exigen la acreditación profesional para el sector de ayuda a domicilio, ante el riesgo que podrían correr 5.000 empleos por las exigencias de la Ley de Dependencia, ¿qué va a hacer su departamento en este sentido?
Estamos trabajando con el Ecyl para buscar una solución. Es necesario acreditar la formación de quien la recibe y de quien la imparte. Hay un Real Decreto que fija unos porcentajes concretos de formación en las autonomías, que se ha aprobado muy deprisa y sobre el que no nos han preguntado. El planteamiento que está defendiendo Castilla y León ante el Ministerio es que este Real Decreto se aplique diferenciado a quien lleva ejerciendo como profesional de ayuda a domicilio quince, diez o cinco años, o trabajadores en un centro ocupacional, en una residencia de mayores…Obviamente hay que valorar de forma justa a estos profesionales. Ya existe una formación y prestación de calidad de servicios, con niveles y requisitos de formación. Esto tiene que tener un reconocimiento. Hemos hecho una propuesta al Ministerio para que tenga sensibilidad con estos profesionales. Somos de la opinión de que no se puede aplicar un decreto de forma lineal.
Las políticas de apoyo a las familias son una de las claves del mapa de ruta trazado por la Agenda para la Población, ¿en qué se va a trabajar a medio y corto plazo?
Las políticas de apoyo a las familias han sido una clave del Gobierno de Herrera que comenzaron en 2003. Es más, se aprobó una Ley de Apoyo a las Familias con un abanico de ayudas que se ha consolidado en esta región. Ahora la Agenda para la Población incluye estas ayudas y servicios, con mejoras, en particular en el medio rural, que se irán aplicando de manera progresiva. Entre las prioridades del presupuesto para 2011 figuran algunas medidas a las que hay que poner números, pero que son prioritarias. Podemos hablar de los programas de creación y mantenimiento de centros públicos para niños de 0 a 3 años, con el objetivo de contar con 18.000 plazas públicas en 2015; potenciación de las ayudas de reducción de jornada; de nuevos supuestos en la línea de incentivos para flexibilización horaria; de un servicio de conciliación para situaciones de urgencia, imprevistos y acompañamiento de menores hasta los nueve años; ampliación del cheque servicio para situaciones de emergencia familiar; impulso de racionalización de horarios; ampliación, a partir de 2011, del 35 por ciento del importe actual de las ayudas directas a la natalidad y adopción para las familias residentes en municipios de menos de 5.000 habitantes, etc. De una manera u otra, la Agenda deja entrever que las ayudas directas e indirectas a las familias siguen siendo prioritarias. No quiere decir que haya ayudas que se tengan que reconducir, como por ejemplo ocurre con las ayudas por excedencia, que pueden llegar en algún momento a sacar a la mujer del mercado laboral.
Fuente : laopiniondezamora.es
El consejero de Familia afirma que las políticas de apoyo a las familias han sido "una clave" de la Junta y, pese a la crisis, "lo van a seguir siendo con la Agenda para la Población"
Con las vacaciones a la vuelta de la esquina, el equipo de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades se afana en el diseño de los presupuestos para el próximo año que, aunque serán una prioridad del Ejecutivo autonómico, también estarán ajustados al patrón de la "responsabilidad y el rigor" para fijar prioridades en función de las necesidades.
Aunque algunos proyectos podrán dilatarse y acometerse en tres años, en lugar de en dos, el responsable de este departamento es firme al asegurar que "ninguna ayuda ni prestación individual va a sufrir recortes en 2011".
"Son prioridades del Gobierno regional", explica, como también lo serán la aplicación de la Ley de Renta Garantizada de Ciudadanía; la de Servicios Sociales, Impacto de Género y la Ley contra la Violencia de Género, que están ya en el horno parlamentario.
Reconoce que la de Igualdad de las Personas con Discapacidad va algo retrasada, pero asegura que trabajará para que cuente con el respaldo de los afectados.
Ante el "brote" de casos de violencia de género que está sufriendo el país, recuerda a las víctimas la importancia de informarse de los recursos y al Gobierno, la necesidad de los juzgados específicos de Violencia de Género.
Entrado el verano, las Cortes han habilitado el mes de agosto como hábil con el objetivo de aprobar, entre otras leyes, la Renta Garantizada de Ciudadanía ¿Cuándo calcula que podrá comenzar a cobrarse esta prestación?
El decreto de desarrollo lleva casi un mes de tramitación. Tiene que pasar por los órganos de participación de la propia Gerencia de Servicios Sociales; tenemos el compromiso de tratarlo en el seno del Diálogo Social, aunque no esté escrito, y debe pasar por el Consejo Económico y Social y por el Consultivo. Teniendo en cuenta todos estos trámites, que son impuestos, nuestra voluntad es que vea la luz lo antes posible. Además, no podemos tramitar el desarrollo reglamentario hasta que no tengamos el conocimiento exacto de cómo ha quedado el proyecto de ley. Si hemos hecho la Ley en 102 días, queremos que el decreto de desarrollo esté lo antes posible. Es una Ley muy importante. Si el 24 de agosto se aprueba, nos pondremos con todo el procedimiento cuanto antes para agilizar la aplicación.
¿Se atrevería a poner una fecha aproximada y a asegurar que habrá recursos suficientes?
Poner una fecha es muy difícil por todo lo que acabo de citar, y todo va a depender de cómo quede el proyecto de ley. En principio, si no hay grandes cambios en el contenido, nos costará menos. No quiero dar una fecha, pero sí el compromiso de tramitarlo con la mayor celeridad posible, teniendo en cuenta que hay plazos que no dependen de nosotros. Por lo que respecta a los recursos, en principio se han calculado unos 27 millones de euros para 6.000 beneficiarios. Es una estimación, teniendo en cuenta que se trata de un derecho que nace ligado a una situación estructural y a una muy coyuntural, derivada de la crisis. Ojalá que no tengamos que destinar tanto dinero y que sean menos las familias que lo cobren, porque implicará que se está generando empleo. Y cuando va bien la economía, se desarrollan también los servicios sociales y la protección.
En pleno diseño del próximo Presupuesto General de la Comunidad para 2011, ¿habrá dinero suficiente para cubrir esta nueva prestación?
El presidente fue muy claro. En 2010 la Junta hizo ya un ejercicio de responsabilidad y de rigor, con un presupuesto en el que se fijaron prioridades en función de las necesidades. El presupuesto de la Consejería de Familia creció el 1,7 por ciento, y el de los Servicios Sociales, en concreto, casi un cuatro por ciento. Pero, ojo, lo dije en la comparecencia de presupuestos, en la Consejería de Familia también hicimos un esfuerzo interno de priorizar para garantizar las ayudas a las familias, las políticas de asistencia en violencia de género, políticas de mujer, para trabajar por la igualdad y avanzar en los servicios sociales básicos y en la lucha contra la exclusión social. Para 2011, el presidente fijó un recorte muy importante, pero entre las cuatro prioridades fijó los servicios sociales en general y la dependencia en particular. Ha salido la orden de elaboración de los Presupuestos Generales para 2011 y, a partir de ahí, las prioridades serán sanidad, educación, servicios sociales y dependencia, aunque, también es cierto, tendremos que hacer ejercicios de responsabilidad interna para mantener los servicios.
¿Hacia dónde se dirigirá este ejercicio de responsabilidad interna?
Lo que quiero decir, y lo digo con absoluta responsabilidad porque ya lo hemos hecho en los presupuestos de 2010, es que en primer término hay que garantizar las prestaciones individuales ante las situaciones de exclusión social y de cumplimiento de una Ley de Dependencia. Esto obligará a deslizar en el tiempo algunas inversiones. Es decir, si hay una buena cobertura de estancias diurnas, a lo mejor la creación de un nuevo centro de día habrá que hacerlo en tres años en lugar de en dos. Habrá también inversiones en algunos equipamientos que tendrán que esperar. Es una cuestión de responsabilidad. En servicios sociales, lo primero es cubrir las necesidades individuales ante otras inversiones. Esto no indica que deje de invertir, sino que habrá que dilatar proyectos en el tiempo. Lo hemos hecho en 2010 y nos tocará volver a hacerlo, seguramente, en 2011. Ahora hace falta, más que nunca, criterio y prioridad ante las necesidades y la escasez.
¿Podrá mantenerse en 2011 el compromiso del presidente Herrera de no recortar las prestaciones y servicios sociales?
Quiero que quede claro, ninguna prestación va a sufrir recortes en 2011. Las ayudas y prestaciones individuales, tanto a una persona como a las familias, son prioridades del Gobierno regional. Me refiero, por ejemplo, a la atención a las víctimas de violencia de género y a los menores y personas dependientes a su cargo, que se convertirá en un derecho con la aprobación de la Ley; a las ayudas derivadas de la Ley de Dependencia, a las ayudas a personas con discapacidad, a mayores, a personas en riesgo de exclusión social, etc. Por aquí, los recortes están salvados. Lo que tenemos que hacer es programar y planificar. Por poner un ejemplo, hay ayudas que no existían antes de la Ley para las personas dependientes, como puede ser la ayuda a la familia por cuidados en el ámbito familiar para que el hogar esté adaptado. En consecuencia, igual hay que hacer un ajuste en la línea de ayudas individuales de adaptación de baños, por ejemplo. El que haya habido un recorte en estas ayudas, no es un recorte en sí, lo que ha ocurrido es que quien lo reciba por dependencia, no lo va a recibir por la otra vía. Lo que va a estar garantizado, insisto, es el nivel de protección social con la prioridad de las personas y las familias.
¿Los recortes en el gasto público llevarán a plantearse el copago en los servicios?
El copago existe ya, pero es un debate abierto. En los servicios sociales históricamente se ha fijado un copago en función de la renta de los beneficiarios. Faltaba ordenar todas estas prestaciones fijando una referencia de precios públicos, salto que se ha dado con la Ley de Dependencia. Es la Ley que más claro ha dejado que existe una aportación por parte de los usuarios, aunque en su día algunos lo vendieran de otra forma. También, es verdad, fija unas garantías para los que no tengan recursos. En el fondo este es el sistema progresivo y de justicia equitativa. No obstante, si nos fijamos en nuestros vecinos europeos, quizá sea el momento de dar el salto y abrir el debate, porque los que son gratuitos cuestan, y mucho, y habrá que ver hasta dónde se puede llegar. En todo caso, en servicios sociales lo importante, lo digo así, es poner en sus justos términos medidas de justicia equitativa en función de las situaciones personales de capacidad, renta y patrimonio. Esto es una garantía que en nuestra futura Ley de Servicios Sociales, que está en las Cortes, aparece de forma muy clarita.
El PSCyL denuncia un "recorte de tapadillo" de 6,4 millones en las ayudas en prestaciones sociales, cómo y en qué ha afectado a Familia el ajuste de un 10% de las subvenciones que anunció el presidente de la Junta
Sólo tres cosas. Una, recordar al PSOE mi comparecencia en las Cortes, donde presentamos unos presupuestos con unas prioridades muy claras y muy responsables, como he explicado antes. Yo mismo dije que habíamos reducido determinados gastos y subvenciones. Lo mismo que en políticas de mujer asumimos la garantía a las víctimas de violencia de género, entre otros gastos, en otras dijimos que habría recortes. Por ejemplo, si hemos equipado a las asociaciones con un local, un teléfono y un ordenador, este año no tocaba. Lo dejé muy claro, íbamos a priorizar y, dos, está en el BOCyL por lo que de falta de transparencia nada, de nada. ¿Cómo pueden ahora acusarnos de actuar de tapadillo? Tercero, lo que no me ha gustado nada es que hayan utilizado esos recortes en inversiones para acusarnos de reducir las ayudas a mayores y personas con discapacidad. Es verdad que no se han convocado unas ayudas individuales en discapacidad, pero es que lo más probable es que estén en el Boletín antes de irnos de vacaciones. Y les digo, como dije en las Cortes, no juzguen el presupuesto de 2010 cuando aún no se ha aplicado.
Casi en la recta final de la presente Legislatura, todavía tiene guardada en el cajón la Ley de Igualdad de las Personas con Discapacidad, ¿habrá tiempo para aprobarla?
Hemos cumplido a un nivel muy alto el calendario legislativo previsto, pero reconozco que a estas alturas no tenemos aún aprobado el proyecto de Ley de Igualdad de las Personas con Discapacidad. También, es cierto que nos comprometimos a elaborar cuatro leyes, que han pasado a ser cinco con la renta garantizada de ciudadanía. Lo cierto es que la Ley de Servicios Sociales se ha dilatado porque hemos contado con mucha participación, hasta el punto de que podemos decir que detrás está toda la sociedad de Castilla y León. Para que viera la luz la de igualdad de las personas con discapacidad era necesario que primero viera la luz la de Servicios Sociales. Entregamos a Cermi el borrador del proyecto de ley hace un mes, porque queremos trabajar con ellos. En cuanto pase el verano, comenzarán a reunirse los grupos de trabajo, que ya se han creado, y el calendario dependerá de todos en función de si son necesarios muchos cambios o no.
Mientras, en las Cortes se encuentran otras tres leyes, la de Servicios Sociales, contra la Violencia de Género e Impacto de Género, ¿cómo avanzan?
Están en trámite parlamentario y el trabajo es de los grupos; sé que hay enmiendas que están debatiéndose en las comisiones de las ponencias y que se está trabajando. Yo confío que entre septiembre y Navidades puedan ver la luz las tres leyes. En todo caso, me gustaría ponerme a disposición de todos los grupos, con total respeto al trámite parlamentario, porque son tres leyes de carácter social muy importantes: la de Servicios Sociales es una norma de nueva generación, que da el salto de prestaciones a derechos; la de lucha contra la Violencia de Género, se amplía el concepto de víctimas a los hijos y dependientes a su cargo por primera vez en el ámbito nacional, y la de Impacto de Género es la obligación que se pone la Administración de evaluarlo en todos los ámbitos. Ojalá salgan adelante con el consenso y el apoyo de todos, y se traslade a los ciudadanos que trabajamos juntos para mejorar situaciones.
Por lo que respecta a la Ley de Violencia de Género, parece que las negociaciones con la oposición en las Cortes están encalladas, ¿dónde reside el desacuerdo?
Creo que ha habido un punto de inflexión en junio muy importante, y ahora en el último envite en las enmiendas el acercamiento podría ser mayor. Con respeto absoluto a nuestros representantes en las Cortes, el Grupo Socialista tenía su proyecto de ley y de manera rápida, antes de ver nuestro texto, sacó su alternativa. Luego, viendo las enmiendas, en el contenido no había tantas diferencias.
En los últimos días las mujeres víctimas de maltrato han vuelto a ser noticia, ¿considera que las medidas aplicadas hasta el momento están funcionando?
Viendo el día a día, no hay que negar que existe un brote en España. Las medidas que se han adoptado en Castilla y León han sido respaldas por la sociedad en su conjunto, además de la asistencia integral y la sensibilización. Luego, se han dado pasos importantes como el Pacto Social contra la Violencia de Género; el propio presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, llevó a Bruselas el Dictamen contra la Violencia de Género, apoyado por el Gobierno de la nación y las comunidades autónomas; se han impulsado medidas muy importantes, que van calando, como la formación a profesionales sanitarios, a miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, de servicios sociales, de la administración de Justicia… Pero, pese a todo esto, es difícil ayudar a una mujer si no recurre a los recursos. Por eso, es necesario que los conozca y que sepa que esta Ley le va a ofrecer protección a ella, a sus hijos y a los mayores dependientes que tenga a su cargo. Y, sin acritud, también lo digo, un juzgado específico de violencia de género facilitaría que una mujer denuncie su caso. Esto es lo que falta. Luego, en la protección, siendo muy difícil, hay programas que no están funcionando, como el de pulseras que anunció el Ministerio de Igualdad hace más de un año.
En la actual situación de crisis, ¿podría haber recortes?
Hay un grupo de trabajo dentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera que está analizando los costes de la protección social en el ámbito del Estado, como en Educación y Sanidad, que ha hablado de gasto farmacéutico, de subsidios por desempleo y ha hablado de dependencia. Ha habido planteamientos de todo tipo. Pero, es público, que con el Real de Decreto de recortes para el gasto público, la dependencia ya tuvo uno gravísimo. El Gobierno ha metido un tijeretazo a esas expectativas que creó. Hasta el 1 de julio, si la ley establece seis meses para resolver, esos seis meses se cobraban con carácter retroactivo. Ahora no, y eso es ya un recorte. En Castilla y León lo que vamos a hacer, es lo que venimos haciendo, cumplir la Ley. Lo que me temo es que se va a repetir que el mayor coste de este nivel, una vez más, lo van a soportar las comunidades autónomas.
A falta de una evaluación nacional, prevista para este año, ¿cómo observa el desarrollo de esta normativa?
Es cierto que la propia Ley fija una evaluación este año 2010, para ver cómo está funcionando en su calidad, cantidad… Hemos pedido en muchas ocasiones una evaluación seria que no se ha hecho. Sí existen algunos estudios, a los que no se ha dado mucha publicidad, del Grupo de Expertos del Congreso de los Diputados y de la Agencia de Evaluación de la Calidad de los Servicios Sociales, que si no se han divulgado es porque dicen lo que venimos afirmando en Castilla y León desde que se aprobó la Ley: ha ocurrido todo lo contrario de lo que el Gobierno socialista anunció.
¿Qué es lo que ha ocurrido?
Se resume en tres puntos: la Ley ha generado expectativas exageradas que no se han satisfecho; no ha tenido la financiación suficiente por parte del Estado, y lo dicen estos dos informes; y, tercero, no existe la calidad en la atención que la propia Ley establecía. Fijaba como prestación excepcional los cuidados en el ámbito familiar y está ocurriendo todo lo contrario. Lo recogía así porque en los últimos años se ha avanzado mucho en la profesionalización de los servicios sociales y en el control de servicios. La Ley era inteligente en este sentido, pero ha ocurrido todo lo contrario, el 51 por ciento de las prestaciones de media en todo el territorio nacional son cuidados en el ámbito familiar.
Desde UGT y CCOO exigen la acreditación profesional para el sector de ayuda a domicilio, ante el riesgo que podrían correr 5.000 empleos por las exigencias de la Ley de Dependencia, ¿qué va a hacer su departamento en este sentido?
Estamos trabajando con el Ecyl para buscar una solución. Es necesario acreditar la formación de quien la recibe y de quien la imparte. Hay un Real Decreto que fija unos porcentajes concretos de formación en las autonomías, que se ha aprobado muy deprisa y sobre el que no nos han preguntado. El planteamiento que está defendiendo Castilla y León ante el Ministerio es que este Real Decreto se aplique diferenciado a quien lleva ejerciendo como profesional de ayuda a domicilio quince, diez o cinco años, o trabajadores en un centro ocupacional, en una residencia de mayores…Obviamente hay que valorar de forma justa a estos profesionales. Ya existe una formación y prestación de calidad de servicios, con niveles y requisitos de formación. Esto tiene que tener un reconocimiento. Hemos hecho una propuesta al Ministerio para que tenga sensibilidad con estos profesionales. Somos de la opinión de que no se puede aplicar un decreto de forma lineal.
Las políticas de apoyo a las familias son una de las claves del mapa de ruta trazado por la Agenda para la Población, ¿en qué se va a trabajar a medio y corto plazo?
Las políticas de apoyo a las familias han sido una clave del Gobierno de Herrera que comenzaron en 2003. Es más, se aprobó una Ley de Apoyo a las Familias con un abanico de ayudas que se ha consolidado en esta región. Ahora la Agenda para la Población incluye estas ayudas y servicios, con mejoras, en particular en el medio rural, que se irán aplicando de manera progresiva. Entre las prioridades del presupuesto para 2011 figuran algunas medidas a las que hay que poner números, pero que son prioritarias. Podemos hablar de los programas de creación y mantenimiento de centros públicos para niños de 0 a 3 años, con el objetivo de contar con 18.000 plazas públicas en 2015; potenciación de las ayudas de reducción de jornada; de nuevos supuestos en la línea de incentivos para flexibilización horaria; de un servicio de conciliación para situaciones de urgencia, imprevistos y acompañamiento de menores hasta los nueve años; ampliación del cheque servicio para situaciones de emergencia familiar; impulso de racionalización de horarios; ampliación, a partir de 2011, del 35 por ciento del importe actual de las ayudas directas a la natalidad y adopción para las familias residentes en municipios de menos de 5.000 habitantes, etc. De una manera u otra, la Agenda deja entrever que las ayudas directas e indirectas a las familias siguen siendo prioritarias. No quiere decir que haya ayudas que se tengan que reconducir, como por ejemplo ocurre con las ayudas por excedencia, que pueden llegar en algún momento a sacar a la mujer del mercado laboral.
Fuente : laopiniondezamora.es
CANARIAS - MÁS DE DOS AÑOS EN CONCEDER AYUDAS
Bienestar Social tarda más de dos años en conceder las ayudas de dependencia
Pese al plan de choque anunciado hace dos meses por el Gobierno para agilizar el proceso, actualmente se están comenzando a revisar las solicitudes que se presentaron en el primer semestre de 2008.
Los sindicatos consideran que es necesario un cambio organizativo para poder acabar con los retrasos o irán a más.
La Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias tarda una media de dos años y un mes en resolver las solicitudes para percibir alguna de las ayudas que se enmarcan dentro de la Ley de Dependencia.
Así, lo confirmaba ayer el presidente del Comité de Empresa de la propia consejería en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Roberto González, que además señaló que, en la actualidad, los trabajadores de la consejería han comenzado a revisar las solicitudes presentadas durante los primeros seis meses de 2008.
"La organización del trabajo es caótica. El protocolo previsto no es efectivo porque si no no se entiende que en otras comunidades autónomas se tarde un máximo de seis meses en conceder las ayudas y aquí los beneficiarios tengan que esperar hasta dos años", manifestaba ayer González, que considera que lo falla es el procedimiento.
"El protocolo que se comenzó a utilizar cuando entró en vigor la ley se basó en el sistema ensayo-error, de manera que se fue improvisando sobre la marcha y fue ahí donde se produjo el atasco. Ahora, por mucho que quieran resolverlo es demasiada la congestión que existe", dijo.
Aunque el Gobierno ha reforzado el personal para impulsar la aplicación de la ley, en la actualidad son 20.194 las solicitudes baremadas y sólo 6.971 las personas que están percibiendo la ayuda o el servicio que les corresponde. Así, son 53 los trabajadores fijos contratados en cada una de las provincias más 29 de refuerzo temporal, lo que supone 164 trabajadores para algo más de 20.000 expedientes.
A juicio del máximo responsable del comité de empresa "sigue existiendo un déficit de personal, porque si el existente se dedicara sólo al trabajo diario estaría bien, pero como hay tantísimos expedientes pendientes apenas se logra avanzar. Sería necesario contratar a más personas para que saquen las solicitudes que llevan más tiempo acumuludas y que el resto se haga cargo de lo que va llegando".
Esta situación contrasta con el anuncio realizado por la consejera de Bienestar Social, Inés Rojas, hace dos meses sobre la puesta en marcha de un plan de choque para agilizar la tramitación de los expedientes y resolverlos en un plazo máximo de seis meses.
Rojas anunció la contratación de 29 profesionales (trabajadores sociales y auxiliares administrativos), cuya labor sería la agilización de los trámites de resolución de expedientes".
"Además de esto, hay otras medidas, acordadas con el Consejo territorial de la Dependencia, que permitirán resolver los expedientes en el plazo máximo de seis meses", aclaró la consejera, entre ellas, "el tratamiento de expedientes según el grado de dependencia de los solicitantes".
La consejera confiaba en que dicha medida permitiera delimitar, en la primera fase del procedimiento, la tramitación de expedientes de acuerdo a lo contemplado en el calendario establecido por la Ley de Dependencia, que recordó que "contempla la introducción de fases según los grados de dependencia, dando prioridad a los colectivos con mayor necesidad".
Fuente : eldia.es
Pese al plan de choque anunciado hace dos meses por el Gobierno para agilizar el proceso, actualmente se están comenzando a revisar las solicitudes que se presentaron en el primer semestre de 2008.
Los sindicatos consideran que es necesario un cambio organizativo para poder acabar con los retrasos o irán a más.
La Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias tarda una media de dos años y un mes en resolver las solicitudes para percibir alguna de las ayudas que se enmarcan dentro de la Ley de Dependencia.
Así, lo confirmaba ayer el presidente del Comité de Empresa de la propia consejería en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Roberto González, que además señaló que, en la actualidad, los trabajadores de la consejería han comenzado a revisar las solicitudes presentadas durante los primeros seis meses de 2008.
"La organización del trabajo es caótica. El protocolo previsto no es efectivo porque si no no se entiende que en otras comunidades autónomas se tarde un máximo de seis meses en conceder las ayudas y aquí los beneficiarios tengan que esperar hasta dos años", manifestaba ayer González, que considera que lo falla es el procedimiento.
"El protocolo que se comenzó a utilizar cuando entró en vigor la ley se basó en el sistema ensayo-error, de manera que se fue improvisando sobre la marcha y fue ahí donde se produjo el atasco. Ahora, por mucho que quieran resolverlo es demasiada la congestión que existe", dijo.
Aunque el Gobierno ha reforzado el personal para impulsar la aplicación de la ley, en la actualidad son 20.194 las solicitudes baremadas y sólo 6.971 las personas que están percibiendo la ayuda o el servicio que les corresponde. Así, son 53 los trabajadores fijos contratados en cada una de las provincias más 29 de refuerzo temporal, lo que supone 164 trabajadores para algo más de 20.000 expedientes.
A juicio del máximo responsable del comité de empresa "sigue existiendo un déficit de personal, porque si el existente se dedicara sólo al trabajo diario estaría bien, pero como hay tantísimos expedientes pendientes apenas se logra avanzar. Sería necesario contratar a más personas para que saquen las solicitudes que llevan más tiempo acumuludas y que el resto se haga cargo de lo que va llegando".
Esta situación contrasta con el anuncio realizado por la consejera de Bienestar Social, Inés Rojas, hace dos meses sobre la puesta en marcha de un plan de choque para agilizar la tramitación de los expedientes y resolverlos en un plazo máximo de seis meses.
Rojas anunció la contratación de 29 profesionales (trabajadores sociales y auxiliares administrativos), cuya labor sería la agilización de los trámites de resolución de expedientes".
"Además de esto, hay otras medidas, acordadas con el Consejo territorial de la Dependencia, que permitirán resolver los expedientes en el plazo máximo de seis meses", aclaró la consejera, entre ellas, "el tratamiento de expedientes según el grado de dependencia de los solicitantes".
La consejera confiaba en que dicha medida permitiera delimitar, en la primera fase del procedimiento, la tramitación de expedientes de acuerdo a lo contemplado en el calendario establecido por la Ley de Dependencia, que recordó que "contempla la introducción de fases según los grados de dependencia, dando prioridad a los colectivos con mayor necesidad".
Fuente : eldia.es
viernes, 30 de julio de 2010
MADRID - 1.700 PLAZAS MÁS DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA
Los mayores de la capital contarán con 1.700 plazas más de atención sociosanitaria en centros de día
La última Junta de Gobierno antes del descanso estival aprobó el jueves un contrato para que los mayores de la capital dispongan de 1.700 plazas de atención sociosanitaria en centros de día, como ha explicado el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón.
El contrato, firmado por 71,4 millones de euros, estará vigente entre el 1 de enero de 2011 y el 30 de septiembre de 2013 y supondrá la puesta a disposición de 1.700 plazas de atención sociosanitaria especializada en centros de día para personas mayores con deterioro físico y 1.230 para mayores enfermos de Alzheimer.
Aunque el servicio se dirige fundamentalmente a personas mayores de 65 años, también pueden ser atendidos de manera ocasional los mayores de 60 años cuando su nivel de dependencia así lo requiera.
Con este contrato se pone a disposición de las personas mayores un servicio de fisioterapia en 23 de los centros proporcionándose hasta 300 plazas del Servicio de Respiro Familiar, destinadas a usuarios cuyos cuidadores necesitan disponer de tiempo libre durante el fin de semana.
Los sábados y domingos podrán llevar al mayor a estos centros.
Con este contrato se introducen mejoras teniendo en consideración las encuestas de satisfacción realizadas entre los usuarios y su familiares para, por ejemplo, dar mayor flexibilidad en los horarios de entrada y salida, elección de menú y actividades de apoyo a los familiares.
Los centros y servicios que salen a concurso, y que ya han sido gestionados a través del contrato de centros de día municipales 2006-2010 y en el contrato 2008-2010, ofrecen a los usuarios, además de actividades terapéuticas, programas de apoyo a la familia o cuidadores, servicio de alimentación y de transporte adaptado.
Asimismo, Ruiz-Gallardón ha destacado la existencia de un Centro de Día de Alzheimer de inicio temprano para adultos menores de 65 años)de 45 plazas, pionero en España.
El Ayuntamiento de Madrid cuenta en la actualidad con tres residencias para mayores: una en Ciudad Lineal, destinada a enfermos de Alzheimer, con 58 plazas; otra en el distrito de Salamanca con 90 plazas, y una tercera en Chamberí, para mayores con deterioro físico, con capacidad para 36 personas.
Además, el Consistorio dispone de otros dos equipamientos de tipo residencial dirigidos a personas mayores válidas, los apartamentos de Jerte, en el distrito de Centro, y los de Retiro, con un total de 100 plazas. Asimismo dispone de una red de 105 centros de día, de los que 60 son equipamientos municipales y 45 centros privados con los que se han concertado plazas.
Estos centros generan un total de 4.648 plazas disponibles --2.930 en centros municipales, y 1.718 en centros concertados--, de las que 2.055 (el 44,2 por ciento) están destinadas a personas mayores con deterioro físico o relacional, y 2.593 (el 55,8 por ciento) son para mayores con Alzheimer.
Fuente : europapress.es
La última Junta de Gobierno antes del descanso estival aprobó el jueves un contrato para que los mayores de la capital dispongan de 1.700 plazas de atención sociosanitaria en centros de día, como ha explicado el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón.
El contrato, firmado por 71,4 millones de euros, estará vigente entre el 1 de enero de 2011 y el 30 de septiembre de 2013 y supondrá la puesta a disposición de 1.700 plazas de atención sociosanitaria especializada en centros de día para personas mayores con deterioro físico y 1.230 para mayores enfermos de Alzheimer.
Aunque el servicio se dirige fundamentalmente a personas mayores de 65 años, también pueden ser atendidos de manera ocasional los mayores de 60 años cuando su nivel de dependencia así lo requiera.
Con este contrato se pone a disposición de las personas mayores un servicio de fisioterapia en 23 de los centros proporcionándose hasta 300 plazas del Servicio de Respiro Familiar, destinadas a usuarios cuyos cuidadores necesitan disponer de tiempo libre durante el fin de semana.
Los sábados y domingos podrán llevar al mayor a estos centros.
Con este contrato se introducen mejoras teniendo en consideración las encuestas de satisfacción realizadas entre los usuarios y su familiares para, por ejemplo, dar mayor flexibilidad en los horarios de entrada y salida, elección de menú y actividades de apoyo a los familiares.
Los centros y servicios que salen a concurso, y que ya han sido gestionados a través del contrato de centros de día municipales 2006-2010 y en el contrato 2008-2010, ofrecen a los usuarios, además de actividades terapéuticas, programas de apoyo a la familia o cuidadores, servicio de alimentación y de transporte adaptado.
Asimismo, Ruiz-Gallardón ha destacado la existencia de un Centro de Día de Alzheimer de inicio temprano para adultos menores de 65 años)de 45 plazas, pionero en España.
El Ayuntamiento de Madrid cuenta en la actualidad con tres residencias para mayores: una en Ciudad Lineal, destinada a enfermos de Alzheimer, con 58 plazas; otra en el distrito de Salamanca con 90 plazas, y una tercera en Chamberí, para mayores con deterioro físico, con capacidad para 36 personas.
Además, el Consistorio dispone de otros dos equipamientos de tipo residencial dirigidos a personas mayores válidas, los apartamentos de Jerte, en el distrito de Centro, y los de Retiro, con un total de 100 plazas. Asimismo dispone de una red de 105 centros de día, de los que 60 son equipamientos municipales y 45 centros privados con los que se han concertado plazas.
Estos centros generan un total de 4.648 plazas disponibles --2.930 en centros municipales, y 1.718 en centros concertados--, de las que 2.055 (el 44,2 por ciento) están destinadas a personas mayores con deterioro físico o relacional, y 2.593 (el 55,8 por ciento) son para mayores con Alzheimer.
Fuente : europapress.es
"LA LEY DE DEPENDENCIA CUENTA CON MUCHOS INCUMPLIMIENTOS"
Pastor afirma que aunque la Ley de Dependencia es un gran avance, cuenta con muchos incumplimientos
La vicepresidenta segunda del Congreso, Ana Pastor, ha afirmado durante el curso 'La Neurología en el Estado de las autonomías, luces y sombras' que aunque la Ley de Dependencia ha supuesto un avance porque reconoce un derecho a los ciudadanos, "tiene muchos incumplimientos".
Durante su intervención en el curso que se celebra en San Lorenzo del Escorial, ha analizado la Ley de Dependencia de la que ha señalado que, aunque ha supuesto un gran avance por el hecho de que reconoce un derecho de los ciudadanos al acceso a determinados servicios, desde su aprobación hace cinco años, tiene muchos incumplimientos.
Según ha señalado Pastor "existe una gran desigualdad de los ciudadanos en materia de dependencia en función de la comunidad autónoma en la que residan".
"Hay que prestar una atención socio-sanitaria al paciente con dependencia, pero esta cartera de servicios no se ha desarrollado", ha subrayado.
Además, durante su intervención, ha destacado la importancia de la neurorrehabilitación ya que ayuda a evitar situaciones de dependencia en determinados casos.
Por ello, Ana Pastor considera necesario "un tratamiento multidisciplinar que contemple la rehabilitación, la terapia ocupacional, la logopedia y la neuropsicología. Además, es importante que cada paciente debe tener un plan personalizado".
Fuente : europapress.es
La vicepresidenta segunda del Congreso, Ana Pastor, ha afirmado durante el curso 'La Neurología en el Estado de las autonomías, luces y sombras' que aunque la Ley de Dependencia ha supuesto un avance porque reconoce un derecho a los ciudadanos, "tiene muchos incumplimientos".
Durante su intervención en el curso que se celebra en San Lorenzo del Escorial, ha analizado la Ley de Dependencia de la que ha señalado que, aunque ha supuesto un gran avance por el hecho de que reconoce un derecho de los ciudadanos al acceso a determinados servicios, desde su aprobación hace cinco años, tiene muchos incumplimientos.
Según ha señalado Pastor "existe una gran desigualdad de los ciudadanos en materia de dependencia en función de la comunidad autónoma en la que residan".
"Hay que prestar una atención socio-sanitaria al paciente con dependencia, pero esta cartera de servicios no se ha desarrollado", ha subrayado.
Además, durante su intervención, ha destacado la importancia de la neurorrehabilitación ya que ayuda a evitar situaciones de dependencia en determinados casos.
Por ello, Ana Pastor considera necesario "un tratamiento multidisciplinar que contemple la rehabilitación, la terapia ocupacional, la logopedia y la neuropsicología. Además, es importante que cada paciente debe tener un plan personalizado".
Fuente : europapress.es
CANARIAS - SÓLO EL 42% PERSONAS CON DERECHO AYUDA, LA PERCIBE
Sólo el 42% de las personas con derecho a la ayuda de dependencia la percibe
El informe anual del Centro Económico y Social de Canarias alerta de la lentitud en la concesión de las prestaciones por dependencia, ya que de los 16.404 beneficiarios reconocidos por la propia Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, solamente 6.971 perciben la ayuda que les corresponde.
Por segundo año consecutivo el informe del Centro Económico y Social de Canarias (CES) vuelve a poner el acento en las carencias de la implantación de la Ley de Dependencia en las Islas, ya que se hace eco de la notable diferencia que existe entre el número de solicitantes a los que se les ha reconocido el derecho a una ayuda y los que ya la perciben.
De las 26.300 solicitudes cursadas en Canarias hasta marzo de este año, 20.194 fueron aceptadas y a 16.404 personas la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias les ha reconocido el derecho a beneficiarse de una ayuda, prestación o servicio, pero sólo la están percibiendo 6.971, lo que supone el 42%.
Así, el CES recuerda que el Archipiélago está en el penúltimo lugar del ránking autonómico en el cociente entre solicitudes y población, mientras que en el ratio de los dictámenes está en último lugar. Asimismo, insiste en que en las Islas el 55% de las prestaciones son económicas por cuidados familiares, los que supera más de cinco puntos la media nacional, que es del 49%.
Respecto a las prestaciones por prevención de la situación de dependencia y promoción de la autonomía personal, la teleasistencia y la ayuda a domicilio no se contabiliza ni una sola en todo el Archipiélago.
Llama la atención el hecho de que el CES se haga eco en su informe de la valoración realizada recientemente por la Asociación Estatal de directores y gerentes de Servicios Sociales que mantiene que: "Canarias tiene uno de los volúmenes de gestión más bajos de toda España en materia de dependencia.
Es la comunidad que proporcionalmente cuenta con más valoraciones pendientes, lo que no es de extrañar si se piensa que lo plazos para la aplicación del baremo y el dictamen superan el año.
Además, de cada dos personas con derecho reconocido, solamente una está siendo atendida. La irrisoria dosificación de servicios a lo largo de los últimos 18 meses y la inacción de los 18 anteriores sólo puede ser explicada por una incapacidad manifiesta para la gestión o por una falta total de voluntad en su aplicación".
En el apartado de aportaciones, el CES aboga por "una mayor coordinación entre los servicios sociales y los sanitarios de las administraciones públicas con el objetivo de crear un espacio de cooperación socio-sanitaria en materia de atención a la dependencia", y añaden que "se hace indispensable desarrollar la prestación de atención sociosanitaria prevista en el artículo 14 de la ley 63-2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, de tal forma que se facilite y dote de contenido esta colaboración".
Fuente : eldia.es
El informe anual del Centro Económico y Social de Canarias alerta de la lentitud en la concesión de las prestaciones por dependencia, ya que de los 16.404 beneficiarios reconocidos por la propia Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, solamente 6.971 perciben la ayuda que les corresponde.
Por segundo año consecutivo el informe del Centro Económico y Social de Canarias (CES) vuelve a poner el acento en las carencias de la implantación de la Ley de Dependencia en las Islas, ya que se hace eco de la notable diferencia que existe entre el número de solicitantes a los que se les ha reconocido el derecho a una ayuda y los que ya la perciben.
De las 26.300 solicitudes cursadas en Canarias hasta marzo de este año, 20.194 fueron aceptadas y a 16.404 personas la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias les ha reconocido el derecho a beneficiarse de una ayuda, prestación o servicio, pero sólo la están percibiendo 6.971, lo que supone el 42%.
Así, el CES recuerda que el Archipiélago está en el penúltimo lugar del ránking autonómico en el cociente entre solicitudes y población, mientras que en el ratio de los dictámenes está en último lugar. Asimismo, insiste en que en las Islas el 55% de las prestaciones son económicas por cuidados familiares, los que supera más de cinco puntos la media nacional, que es del 49%.
Respecto a las prestaciones por prevención de la situación de dependencia y promoción de la autonomía personal, la teleasistencia y la ayuda a domicilio no se contabiliza ni una sola en todo el Archipiélago.
Llama la atención el hecho de que el CES se haga eco en su informe de la valoración realizada recientemente por la Asociación Estatal de directores y gerentes de Servicios Sociales que mantiene que: "Canarias tiene uno de los volúmenes de gestión más bajos de toda España en materia de dependencia.
Es la comunidad que proporcionalmente cuenta con más valoraciones pendientes, lo que no es de extrañar si se piensa que lo plazos para la aplicación del baremo y el dictamen superan el año.
Además, de cada dos personas con derecho reconocido, solamente una está siendo atendida. La irrisoria dosificación de servicios a lo largo de los últimos 18 meses y la inacción de los 18 anteriores sólo puede ser explicada por una incapacidad manifiesta para la gestión o por una falta total de voluntad en su aplicación".
En el apartado de aportaciones, el CES aboga por "una mayor coordinación entre los servicios sociales y los sanitarios de las administraciones públicas con el objetivo de crear un espacio de cooperación socio-sanitaria en materia de atención a la dependencia", y añaden que "se hace indispensable desarrollar la prestación de atención sociosanitaria prevista en el artículo 14 de la ley 63-2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, de tal forma que se facilite y dote de contenido esta colaboración".
Fuente : eldia.es
LA RIOJA - 218.070 EUROS PARA SERVICIO DE ATENCIÓN TEMPRANA
El Gobierno destinará 218.070 euros para el servicio de atención temprana de 0 a 6 años en La Rioja Baja.
El Gobierno de La Rioja ha autorizado un gasto de 218.070 euros para contratar el Servicio de intervención en atención temprana en centros o servicios de desarrollo infantil en La Rioja Baja.
Este presupuesto permitirá cubrir las necesidades de atención temprana de niños de 0 a 6 años en La Rioja Baja entre el 1 de diciembre de 2010 y el 31 de noviembre de 2012.
Con esta iniciativa, el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Servicios Sociales, aumenta su protección pública estableciendo un nivel adicional a lo que determina la Ley de Dependencia y crea una red pública de atención temprana para niños dependientes en La Rioja que alcanzará hasta los 6 años, cuando la ley sólo contempla hasta los 3 años.
Las prestaciones de este servicio tienen carácter profesional y especializado en la atención directa a niños de 0 a 6 años, con alteraciones en su desarrollo o en riesgo de padecerlos.
Deben ser prestadas, por tanto, por profesionales de pedagogía, psicomotricidad, logopedia, fisioterapia, psicología, intervención social, estimulación precoz u otras áreas especializadas para la correcta atención de los menores y sus familias.
Fuente : europapress.es
El Gobierno de La Rioja ha autorizado un gasto de 218.070 euros para contratar el Servicio de intervención en atención temprana en centros o servicios de desarrollo infantil en La Rioja Baja.
Este presupuesto permitirá cubrir las necesidades de atención temprana de niños de 0 a 6 años en La Rioja Baja entre el 1 de diciembre de 2010 y el 31 de noviembre de 2012.
Con esta iniciativa, el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Servicios Sociales, aumenta su protección pública estableciendo un nivel adicional a lo que determina la Ley de Dependencia y crea una red pública de atención temprana para niños dependientes en La Rioja que alcanzará hasta los 6 años, cuando la ley sólo contempla hasta los 3 años.
Las prestaciones de este servicio tienen carácter profesional y especializado en la atención directa a niños de 0 a 6 años, con alteraciones en su desarrollo o en riesgo de padecerlos.
Deben ser prestadas, por tanto, por profesionales de pedagogía, psicomotricidad, logopedia, fisioterapia, psicología, intervención social, estimulación precoz u otras áreas especializadas para la correcta atención de los menores y sus familias.
Fuente : europapress.es
CIUDAD REAL - VILLANUEVA DE LOS INFANTES - CURSO
El Ayuntamiento forma a cuidadores de dependientes
Un total de 25 personas participan en el curso
El taller 'Un cuidador, dos vidas', una experiencia dirigida a cuidadoras y cuidadores principales de personas dependientes, comenzó ayer a través de la Fundación La Caixa con el fin de ofrecer información y apoyo a las personas que tienen a otras a su cargo, tal y como informó el Ayuntamiento.
Durante diez horas divididas en cuatro sesiones, 25 participantes, todas mujeres en este caso (aunque el curso no es exclusivo para el género femenino) recibirán una serie de nociones para mejorar su calidad de vida. Por una parte, les servirá para descargarse a nivel psicológico, proporcionándoseles también algunas pautas sobre cómo manejar a nivel físico a las personas a su cargo.
Los objetivos del taller pasan por potenciar la aplicación y facilitar la utilización de la guía Un cuidador, dos vidas, aportar técnicas específicas que permitan al cuidador familiar potenciar su autocuidado y generar un espacio de descanso activo.
Desde que se aprobara la Ley de Dependencia en Villanueva de los Infantes se han tramitado cientos de expedientes y hasta la fecha existen 229 personas con nivel de dependencia reconocido, de los que el 38% están recibiendo cuidados en el entorno familiar proporcionados generalmente por familiares de primer grado como hijas, cónyuges o nueras. Una amplia mayoría dedican más de cinco horas diarias a la persona dependiente y llevan haciéndolo entre uno y diez años, según los casos.
El perfil del beneficiario de la Ley de Dependencia en Villanueva de los Infantes, cuya población mayor de 65 años supera el 23%, se ajusta mayoritariamente a un anciano con diferente grado de discapacidad física o enfermedad, aunque también existen solicitudes de ayuda de discapacitados intelectuales o físicos más jóvenes.
Fuente : latribunadeciudadreal.net
Un total de 25 personas participan en el curso
El taller 'Un cuidador, dos vidas', una experiencia dirigida a cuidadoras y cuidadores principales de personas dependientes, comenzó ayer a través de la Fundación La Caixa con el fin de ofrecer información y apoyo a las personas que tienen a otras a su cargo, tal y como informó el Ayuntamiento.
Durante diez horas divididas en cuatro sesiones, 25 participantes, todas mujeres en este caso (aunque el curso no es exclusivo para el género femenino) recibirán una serie de nociones para mejorar su calidad de vida. Por una parte, les servirá para descargarse a nivel psicológico, proporcionándoseles también algunas pautas sobre cómo manejar a nivel físico a las personas a su cargo.
Los objetivos del taller pasan por potenciar la aplicación y facilitar la utilización de la guía Un cuidador, dos vidas, aportar técnicas específicas que permitan al cuidador familiar potenciar su autocuidado y generar un espacio de descanso activo.
Desde que se aprobara la Ley de Dependencia en Villanueva de los Infantes se han tramitado cientos de expedientes y hasta la fecha existen 229 personas con nivel de dependencia reconocido, de los que el 38% están recibiendo cuidados en el entorno familiar proporcionados generalmente por familiares de primer grado como hijas, cónyuges o nueras. Una amplia mayoría dedican más de cinco horas diarias a la persona dependiente y llevan haciéndolo entre uno y diez años, según los casos.
El perfil del beneficiario de la Ley de Dependencia en Villanueva de los Infantes, cuya población mayor de 65 años supera el 23%, se ajusta mayoritariamente a un anciano con diferente grado de discapacidad física o enfermedad, aunque también existen solicitudes de ayuda de discapacitados intelectuales o físicos más jóvenes.
Fuente : latribunadeciudadreal.net
jueves, 29 de julio de 2010
MADRID - GRUPO SOCIALISTA SE SUBE AL AUTOBÚS DE DENUNCIA
El grupo socialista "se sube" al autobús de denuncia
Los socialistas de San Fenando de Henares se suman a la campaña contra el "desgobierno" de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, emprendida desde el PSM.
Para Manuel González Rojo, secretario general de los socialistas de San Fernando de Henares y primer teniente alcalde del Ayuntamiento, es evidente la falta de inversión de la Comunidad de Madrid en parcelas como la sanidad o la educación.
También lo es la manipulación extrema que el Gobierno regional hace de la cadena pública autónomica que es Telemadrid o de la Ley de Dependencia. "Está dando la espalda a los más necesitados”, afirma el líder de los socialistas locales.
Con ello, el PSOE en San Fernando de Henares ha presentado su adhesión a la campaña “Tres años perdidos en la Comunidad de Madrid… ¿Seguimos así o cambiamos las cosas?”, que el PSM ha puesto en marcha para valorar la gestión de Esperanza Aguirre al frente del Ejecutivo regional.
Los socialistas locales colaborarán con el reparto de dípticos y en la gira del autobús, que visitará distintos municipios a lo largo de varios meses.
La denuncia de los "despropósitos" en el Gobierno de Aguirre comenzó el pasado 14 de julio, cuando el secretario general del PSM, Tomás Gómez, explicó, en la primera parada del autobús -el Campus de la Justicia de Valdebebas-, la finalidad de la campaña: “Llevamos tres años muy negativos para la región: tres años de desgobierno absoluto, de falta de iniciativas, en los que han privatizado los servicios públicos esenciales como la sanidad o educación, tres años en los que no se ha puesto en marcha la ley dependencia o en los que proyectos emblemáticos han quedado paralizados. (...)
Queremos que los ciudadanos tengan una información precisa de lo que no ha hecho el Gobierno de la Comunidad: nada, excepto la confrontación, la pelea, la corrupción, el espionaje, los asuntos sucios…”.
La campaña prevé repartir 150.000 dípticos y 12.000 carteles que recogen "los más flagrantes incumplimientos del Gobierno regional".
Fuente : ensanfernandodehenares.es
Los socialistas de San Fenando de Henares se suman a la campaña contra el "desgobierno" de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, emprendida desde el PSM.
Para Manuel González Rojo, secretario general de los socialistas de San Fernando de Henares y primer teniente alcalde del Ayuntamiento, es evidente la falta de inversión de la Comunidad de Madrid en parcelas como la sanidad o la educación.
También lo es la manipulación extrema que el Gobierno regional hace de la cadena pública autónomica que es Telemadrid o de la Ley de Dependencia. "Está dando la espalda a los más necesitados”, afirma el líder de los socialistas locales.
Con ello, el PSOE en San Fernando de Henares ha presentado su adhesión a la campaña “Tres años perdidos en la Comunidad de Madrid… ¿Seguimos así o cambiamos las cosas?”, que el PSM ha puesto en marcha para valorar la gestión de Esperanza Aguirre al frente del Ejecutivo regional.
Los socialistas locales colaborarán con el reparto de dípticos y en la gira del autobús, que visitará distintos municipios a lo largo de varios meses.
La denuncia de los "despropósitos" en el Gobierno de Aguirre comenzó el pasado 14 de julio, cuando el secretario general del PSM, Tomás Gómez, explicó, en la primera parada del autobús -el Campus de la Justicia de Valdebebas-, la finalidad de la campaña: “Llevamos tres años muy negativos para la región: tres años de desgobierno absoluto, de falta de iniciativas, en los que han privatizado los servicios públicos esenciales como la sanidad o educación, tres años en los que no se ha puesto en marcha la ley dependencia o en los que proyectos emblemáticos han quedado paralizados. (...)
Queremos que los ciudadanos tengan una información precisa de lo que no ha hecho el Gobierno de la Comunidad: nada, excepto la confrontación, la pelea, la corrupción, el espionaje, los asuntos sucios…”.
La campaña prevé repartir 150.000 dípticos y 12.000 carteles que recogen "los más flagrantes incumplimientos del Gobierno regional".
Fuente : ensanfernandodehenares.es
MADRID - DERECHOS QUE NO LLEGAN
"Cuando tienes una discapacidad dejas de contar"
La ayuda concedida a Raúl, gran dependiente enfermo de ELA, tiene precio de mercado. Padece una enfermedad por la que necesita atención 24 horas.
Dos años y medio después, Raúl y Nuria tienen respuesta a su solicitud de auxilio.
La administración les concede una prestación de 55 horas de "ayuda" a domicilio al mes.
La "ayuda" lleva comillas porque tiene precio de mercado: 15 euros la hora.
Un precio a pagar "por una persona que no pueden garantizarme que esté cualificada para los cuidados que necesita Raúl", dice Nuria Moro, de 40 años, cuyo marido, Raúl Miranda, de 38, necesita atención 24 horas al día desde que la ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica) se apoderó de su cuerpo.
La cuenta no le sale a esta pareja, que en septiembre del 2007 entró en la espiral burocrática de la Ley de Dependencia. "Un auxiliar tiene un sueldo de unos 900 euros al mes", dice Nuria, que tendría que hacer frente a un gasto de 825 euros mensuales por menos de 14 horas de atención a la semana si acepta la "ayuda" de la Ley de Dependencia.
Sea como sea esta prestación "en ningún caso nos va a solucionar el problema que tenemos", dice Nuria. Porque cuando hicieron la valoración a Raúl, en marzo de 2008, la situación era muy diferente. "Entonces Raúl empezaba a utilizar la silla de ruedas, necesitaba ayuda para algunas cosas pero todavía podía mover algo las manos, se podía sostener de pie con ayuda", explica Nuria.
CUIDAR SIN DORMIR
Tras hablar con una trabajadora social, la pareja ha decidido renunciar a esta opción para tratar de abrir otra vía, solicitando una prestación económica para el cuidador.
Pero Nuria muestra más indignación que esperanza: "la nueva valoración puede tardar seis meses y puede suceder que Raúl ya no esté aquí", dice, serena, después de haber convivido cuatro años con una enfermedad que tiene una esperanza de supervivencia de entre tres y cinco. "Quieren que la gente no solicite la ayuda, que nos cansemos".
Y responsabiliza de su desamparo a los políticos de los dos grandes partidos: "a la Comunidad de Madrid no le interesa que esta ley funcione y el PSOE ha hecho una ley electoralista". "¿Están a nuestro servicio? Sí. ¿Qué hacen por nosotros? Nada".
La lista de cuidados que necesita Raúl es larga: "ya no come, lo hace a través de una sonda gástrica, necesita respirador, un asistente para la tos, tiene riesgo de tener una insuficiencia respiratoria en cualquier momento, un catarro se le transforma en una bronquitis o en una neumonía, no se puede mover, necesita giros posturales cada dos horas y no puede quedarse solo nunca, porque con su propia saliva se puede atragantar", enumera Nuria que, aunque es pedagoga -de baja por la necesidad de hacerse cargo de Raúl-, ha tenido que aprender cuidados especializados a marchas forzadas. Lleva un año sin dormir más de tres horas seguidas y dos y medio reclamando lo que le corresponde por ley, un tiempo en el que ha llegado a la conclusión de que "estamos en una situación de total abandono, en el momento en el que tienes una discapacidad dejas de contar".
Fuente : gentedigital.es
La ayuda concedida a Raúl, gran dependiente enfermo de ELA, tiene precio de mercado. Padece una enfermedad por la que necesita atención 24 horas.
Dos años y medio después, Raúl y Nuria tienen respuesta a su solicitud de auxilio.
La administración les concede una prestación de 55 horas de "ayuda" a domicilio al mes.
La "ayuda" lleva comillas porque tiene precio de mercado: 15 euros la hora.
Un precio a pagar "por una persona que no pueden garantizarme que esté cualificada para los cuidados que necesita Raúl", dice Nuria Moro, de 40 años, cuyo marido, Raúl Miranda, de 38, necesita atención 24 horas al día desde que la ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica) se apoderó de su cuerpo.
La cuenta no le sale a esta pareja, que en septiembre del 2007 entró en la espiral burocrática de la Ley de Dependencia. "Un auxiliar tiene un sueldo de unos 900 euros al mes", dice Nuria, que tendría que hacer frente a un gasto de 825 euros mensuales por menos de 14 horas de atención a la semana si acepta la "ayuda" de la Ley de Dependencia.
Sea como sea esta prestación "en ningún caso nos va a solucionar el problema que tenemos", dice Nuria. Porque cuando hicieron la valoración a Raúl, en marzo de 2008, la situación era muy diferente. "Entonces Raúl empezaba a utilizar la silla de ruedas, necesitaba ayuda para algunas cosas pero todavía podía mover algo las manos, se podía sostener de pie con ayuda", explica Nuria.
CUIDAR SIN DORMIR
Tras hablar con una trabajadora social, la pareja ha decidido renunciar a esta opción para tratar de abrir otra vía, solicitando una prestación económica para el cuidador.
Pero Nuria muestra más indignación que esperanza: "la nueva valoración puede tardar seis meses y puede suceder que Raúl ya no esté aquí", dice, serena, después de haber convivido cuatro años con una enfermedad que tiene una esperanza de supervivencia de entre tres y cinco. "Quieren que la gente no solicite la ayuda, que nos cansemos".
Y responsabiliza de su desamparo a los políticos de los dos grandes partidos: "a la Comunidad de Madrid no le interesa que esta ley funcione y el PSOE ha hecho una ley electoralista". "¿Están a nuestro servicio? Sí. ¿Qué hacen por nosotros? Nada".
La lista de cuidados que necesita Raúl es larga: "ya no come, lo hace a través de una sonda gástrica, necesita respirador, un asistente para la tos, tiene riesgo de tener una insuficiencia respiratoria en cualquier momento, un catarro se le transforma en una bronquitis o en una neumonía, no se puede mover, necesita giros posturales cada dos horas y no puede quedarse solo nunca, porque con su propia saliva se puede atragantar", enumera Nuria que, aunque es pedagoga -de baja por la necesidad de hacerse cargo de Raúl-, ha tenido que aprender cuidados especializados a marchas forzadas. Lleva un año sin dormir más de tres horas seguidas y dos y medio reclamando lo que le corresponde por ley, un tiempo en el que ha llegado a la conclusión de que "estamos en una situación de total abandono, en el momento en el que tienes una discapacidad dejas de contar".
Fuente : gentedigital.es
EXTREMADURA - LOS BENEFICIARIOS SUBEN DE 8.000 A 15.000 EN UN AÑO
Se incrementan en un 88,95%
Los beneficiarios por la Ley de Dependencia suben de 8.000 a 15.000 en un año
Cada mes se registran 1.140 solicitudes en la región
Una Ley compleja y ambiciosa que, a pesar de las dificultades administrativas y económicas, parece que empieza a carburar en Extremadura.
La estadística, al menos, así lo indica.
El Servicio Extremeño de Protección de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (Sepad) ha tramitado, en el último año más solicitudes (un 46,14% más), ha realizado más valoraciones (un 53,43% más) y, sobre todo, ha permitido que más extremeños se beneficien de los recursos de la Ley.
En cifras reales, supone que de los 8.422 beneficiarios que habían en julio de 2009, ahora se ha alcanzado los 15.203. Es decir, un 88,95% más. La batería de cifras acaba de ser presentada por el director gerente del Sepad, Juan Carlos Campón, quien destaca que el Gobierno extremeño está ratificando, con hechos, “el firme compromiso de Extremadura con esta Ley que convierte en derecho lo que antes eran medidas que se ponían en marcha según se considerase”.
En la región, el número de solicitudes en proporción a la población sigue siendo superior a la media nacional y se ha incrementado en los tres últimos meses 0,3 puntos y son las zonas rurales periféricas las que mayor número han presentado en proporción a su población. La explicación es fácil: hay mayor población envejecida. Los datos del Sepad avanzan que el 83% de las personas que presentan solicitud en Extremadura tienen más de 65 años y son mayoritariamente mujeres.
Campón, además, subraya otro factor beneficioso añadido a la Ley de Dependencia como es la creación de empleo.
En 2007, 4 empresas se dedicaban sólo en la región a la atención a las personas vulnerables. En estos momentos hay 104, que dan trabajo a unas 15.000 personas.
A ello se suma la red pública de la Junta para ofrecer servicios, que supone un 60% de la atención a los discapacitados que tienen reconocidos sus derechos.
El resto del 40% se atienden a través de la iniciativa privada.
Fuente : hoy.es
Los beneficiarios por la Ley de Dependencia suben de 8.000 a 15.000 en un año
Cada mes se registran 1.140 solicitudes en la región
Una Ley compleja y ambiciosa que, a pesar de las dificultades administrativas y económicas, parece que empieza a carburar en Extremadura.
La estadística, al menos, así lo indica.
El Servicio Extremeño de Protección de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (Sepad) ha tramitado, en el último año más solicitudes (un 46,14% más), ha realizado más valoraciones (un 53,43% más) y, sobre todo, ha permitido que más extremeños se beneficien de los recursos de la Ley.
En cifras reales, supone que de los 8.422 beneficiarios que habían en julio de 2009, ahora se ha alcanzado los 15.203. Es decir, un 88,95% más. La batería de cifras acaba de ser presentada por el director gerente del Sepad, Juan Carlos Campón, quien destaca que el Gobierno extremeño está ratificando, con hechos, “el firme compromiso de Extremadura con esta Ley que convierte en derecho lo que antes eran medidas que se ponían en marcha según se considerase”.
En la región, el número de solicitudes en proporción a la población sigue siendo superior a la media nacional y se ha incrementado en los tres últimos meses 0,3 puntos y son las zonas rurales periféricas las que mayor número han presentado en proporción a su población. La explicación es fácil: hay mayor población envejecida. Los datos del Sepad avanzan que el 83% de las personas que presentan solicitud en Extremadura tienen más de 65 años y son mayoritariamente mujeres.
Campón, además, subraya otro factor beneficioso añadido a la Ley de Dependencia como es la creación de empleo.
En 2007, 4 empresas se dedicaban sólo en la región a la atención a las personas vulnerables. En estos momentos hay 104, que dan trabajo a unas 15.000 personas.
A ello se suma la red pública de la Junta para ofrecer servicios, que supone un 60% de la atención a los discapacitados que tienen reconocidos sus derechos.
El resto del 40% se atienden a través de la iniciativa privada.
Fuente : hoy.es
miércoles, 28 de julio de 2010
NAVARRA - MARKETING POLÍTICO A SU SERVICIO
Parlamentario de Nafarroa Bai y miembro de Batzarre, por ioseba eceolaza
EN el colmo de la autocomplacencia, quien ostenta el poder abusa de las herramientas del marketing político para convertir algo que en principio era sutil y persuasivo, en algo burdo y ridículo. El caso más destacable, por supuesto, es el de la alcaldesa de Pamplona, cuya referencia hace tiempo que dejó de ser la política municipal.
A esta dinámica, en los últimos tiempos, también se ha sumado el departamento de Asuntos Sociales, cuyo titular hasta en más de 6 ocasiones en sólo un año ha transmitido a los medios de comunicación las plazas públicas para la tercera edad que se han creado.
Es obvio que tanto anuncio y rueda de prensa en otras ocasiones le han jugado una mala pasada, anunció en rueda de prensa que 10 menores inmigrantes no acompañados iban a venir a Navarra para iniciar un programa de acogida, hace un año ya de eso y todavía el programa no está en marcha, se hizo público también en 2007 la construcción de la residencia de Salud Mental de Estella, y aún nada de lo dicho es realidad. Se informó de que el II Plan de lucha contra la Exclusión Social se iba a presentar antes del verano de 2009, y nada de nada de ese plan. En fin, demasiados proyectos que son anunciados en prensa y luego no se ponen en marcha.
Pero en esta ocasión es algo más grave, porque se trata de presentar ante la sociedad la creación de plazas para la tercera edad como si fueran públicas cuando simplemente se conciertan las que ya existen. Y se afirma que se han creado más de 2.000 plazas para personas dependientes, dando la sensación de que el Gobierno de Navarra, en una ágil y eficaz política, se ha puesto manos a la obra, cuando la realidad es otra.
El desarrollo de la Ley de Dependencia en Navarra no se está haciendo bien, y no tanto porque el equipo de valoración sea ágil o no, tal y como lo sugiere el PSN, sino más bien porque no se atiende a los problemas de raíz de una política social que podría hacer mucho más por las personas que más ayuda necesitan, invirtiendo aquellas tendencias negativas para el modelo social de la dependencia.
Estamos ante un tema no sólo de calado social, sino de calado administrativo, económico y político, que supone un cambio sustancial en las estructuras sociales, económicas, laborales y políticas de las administraciones públicas, de ahí que el debate continuo sea necesario y enriquecedor.
Representa pues un interesante potencial para mejorar la calidad de vida de las personas dependientes, para generar empleo y para fomentar la cohesión social estableciendo un tejido y redes de colaboración para potenciar el autovalimiento y la autonomía de muchas personas.
Por eso, el desarrollo de esta ley a nuestro juicio se debe hacer con la máxima ambición social, garantizando también la calidad de las prestaciones y del empleo que se genera.
Consideramos que para corregir déficits es imprescindible hacer un balance sobre lo realizado hasta ahora, especialmente es necesario hacer un balance de las experiencias de los conciertos y de la participación de las empresas con ánimo de lucro en este sector. Porque sin este análisis no es posible seguir avanzando, o por lo menos no es posible seguir avanzando de forma eficaz y con una vocación pública.
Si hoy hay una diferencia salarial tan grande entre residencias, si hoy existe una precariedad tan elevada, precisamente la iniciativa privada con ánimo de lucro no puede ser la solución. Si algo hemos constatado en estos años es que la iniciativa privada con ánimo de lucro ni es más barata ni es más eficaz, como se ha demostrado en el caso de Azvase, el centro Infanta Elena o las diferentes residencias de la Ribera Alta, visitadas por la comisión de Asuntos Sociales.
La precariedad en servicios sociales tiene una construcción política, fomentada por el modelo social de UPN. En este caso no se explica simplemente como algo impuesto por una dinámica internacional, por la globalización o la competencia creciente de los mercados mundiales.
Por eso subrayamos una crítica, es necesario poner cierto coto a la participación de las empresas privadas con ánimo de lucro, fortaleciendo los instrumentos legales que ya existen, como por ejemplo las cláusulas sociales, poniendo en marcha otras medidas, o simplemente con voluntad política y económica.
El desarrollo de la Ley de Dependencia señala como necesario priorizar el servicio de atención, pero la puesta en práctica señala que se está dando una desviación a prestaciones de ayuda económica que deberían tener carácter excepcional, bien para un miembro de la unidad familiar o para contratar. Y Navarra no es excepción (5.058 ayudas económicas frente a 383 SAD). Hay que tener en cuenta además que en Navarra este tipo de prestación es un 21% superior a la media estatal, y ésta es una cuestión que UPN debe aclarar, por qué en Navarra se dan más prestaciones económicas que servicios en comparación con otras comunidades autónomas.
Su gestión es más fácil y tienen buena acogida entre los familiares, pero esta política tiene más alto coste porque no genera empleo, dificulta la red de servicios y protección social, sigue afirmando el papel de las mujeres en el hogar familiar para el cuidado de sus allegados y no garantiza la calidad en la atención.
Además, la libertad de elección del usuario no está reñida con el desarrollo de la Atención a Domicilio de forma prioritaria y tiene importantes repercusiones de tipo social frente a las ayudas económicas. La política del Gobierno de Navarra en la atención a la dependencia está perpetuando a la mujer como cuidadora familiar. En Navarra, el 81,5% son cuidadoras frente al 18,5 de cuidadores.
Por otra parte, en el sector de cuidadoras de dependientes en el hogar, que se eleva a 7.158 trabajadoras, un 47,5% ni siquiera cotizan a la Seguridad Social. 1.556 personas empleadas de hogar se dedican exclusivamente al cuidado de personas dependientes y 5.602 compaginan ese servicio con las tareas domésticas. El 40,1% trabaja sin contrato y con jornadas que superan las 40 horas semanales.
Navarra, como lo indicaba el sociólogo Gabriel Hualde en un preciso informe, ofrece respecto a España diferencias, en este caso significativas, en cuanto al tipo de prestaciones concedidas a las personas beneficiarias. Además de no registrar ninguna prestación de Prevención de la Dependencia y Promoción de la Autonomía Personal, Navarra ofrece respecto al resto de comunidades autónomas de España índices significativamente bajos en la concesión de Teleasistencia (55,4% menos), Ayuda a Domicilio (72,8% menos), centros de día/noche (62,1% menos) y Atención Residencial (30,8% menos).
Al lado opuesto, Navarra ofrece índices más altos que en España en las prestaciones económicas. La prestación económica para cuidados familiares acapara el 62,33% de todas las prestaciones concedidas, y se concede en Navarra en 13,3 puntos porcentuales (21,3%) más que en España. La prestación económica vinculada al servicio se ha concedido en Navarra en el 16,49% de las prestaciones, 9,58 puntos porcentuales (58,1%) más que en España.
Por todo esto, es necesario que las luces de neón se apaguen para trabajar de verdad por la gente que menos tiene, para darle la vuelta a esta situación de muchos anuncios y más retrasos.
Fuente : noticiasdenavarra.com
EN el colmo de la autocomplacencia, quien ostenta el poder abusa de las herramientas del marketing político para convertir algo que en principio era sutil y persuasivo, en algo burdo y ridículo. El caso más destacable, por supuesto, es el de la alcaldesa de Pamplona, cuya referencia hace tiempo que dejó de ser la política municipal.
A esta dinámica, en los últimos tiempos, también se ha sumado el departamento de Asuntos Sociales, cuyo titular hasta en más de 6 ocasiones en sólo un año ha transmitido a los medios de comunicación las plazas públicas para la tercera edad que se han creado.
Es obvio que tanto anuncio y rueda de prensa en otras ocasiones le han jugado una mala pasada, anunció en rueda de prensa que 10 menores inmigrantes no acompañados iban a venir a Navarra para iniciar un programa de acogida, hace un año ya de eso y todavía el programa no está en marcha, se hizo público también en 2007 la construcción de la residencia de Salud Mental de Estella, y aún nada de lo dicho es realidad. Se informó de que el II Plan de lucha contra la Exclusión Social se iba a presentar antes del verano de 2009, y nada de nada de ese plan. En fin, demasiados proyectos que son anunciados en prensa y luego no se ponen en marcha.
Pero en esta ocasión es algo más grave, porque se trata de presentar ante la sociedad la creación de plazas para la tercera edad como si fueran públicas cuando simplemente se conciertan las que ya existen. Y se afirma que se han creado más de 2.000 plazas para personas dependientes, dando la sensación de que el Gobierno de Navarra, en una ágil y eficaz política, se ha puesto manos a la obra, cuando la realidad es otra.
El desarrollo de la Ley de Dependencia en Navarra no se está haciendo bien, y no tanto porque el equipo de valoración sea ágil o no, tal y como lo sugiere el PSN, sino más bien porque no se atiende a los problemas de raíz de una política social que podría hacer mucho más por las personas que más ayuda necesitan, invirtiendo aquellas tendencias negativas para el modelo social de la dependencia.
Estamos ante un tema no sólo de calado social, sino de calado administrativo, económico y político, que supone un cambio sustancial en las estructuras sociales, económicas, laborales y políticas de las administraciones públicas, de ahí que el debate continuo sea necesario y enriquecedor.
Representa pues un interesante potencial para mejorar la calidad de vida de las personas dependientes, para generar empleo y para fomentar la cohesión social estableciendo un tejido y redes de colaboración para potenciar el autovalimiento y la autonomía de muchas personas.
Por eso, el desarrollo de esta ley a nuestro juicio se debe hacer con la máxima ambición social, garantizando también la calidad de las prestaciones y del empleo que se genera.
Consideramos que para corregir déficits es imprescindible hacer un balance sobre lo realizado hasta ahora, especialmente es necesario hacer un balance de las experiencias de los conciertos y de la participación de las empresas con ánimo de lucro en este sector. Porque sin este análisis no es posible seguir avanzando, o por lo menos no es posible seguir avanzando de forma eficaz y con una vocación pública.
Si hoy hay una diferencia salarial tan grande entre residencias, si hoy existe una precariedad tan elevada, precisamente la iniciativa privada con ánimo de lucro no puede ser la solución. Si algo hemos constatado en estos años es que la iniciativa privada con ánimo de lucro ni es más barata ni es más eficaz, como se ha demostrado en el caso de Azvase, el centro Infanta Elena o las diferentes residencias de la Ribera Alta, visitadas por la comisión de Asuntos Sociales.
La precariedad en servicios sociales tiene una construcción política, fomentada por el modelo social de UPN. En este caso no se explica simplemente como algo impuesto por una dinámica internacional, por la globalización o la competencia creciente de los mercados mundiales.
Por eso subrayamos una crítica, es necesario poner cierto coto a la participación de las empresas privadas con ánimo de lucro, fortaleciendo los instrumentos legales que ya existen, como por ejemplo las cláusulas sociales, poniendo en marcha otras medidas, o simplemente con voluntad política y económica.
El desarrollo de la Ley de Dependencia señala como necesario priorizar el servicio de atención, pero la puesta en práctica señala que se está dando una desviación a prestaciones de ayuda económica que deberían tener carácter excepcional, bien para un miembro de la unidad familiar o para contratar. Y Navarra no es excepción (5.058 ayudas económicas frente a 383 SAD). Hay que tener en cuenta además que en Navarra este tipo de prestación es un 21% superior a la media estatal, y ésta es una cuestión que UPN debe aclarar, por qué en Navarra se dan más prestaciones económicas que servicios en comparación con otras comunidades autónomas.
Su gestión es más fácil y tienen buena acogida entre los familiares, pero esta política tiene más alto coste porque no genera empleo, dificulta la red de servicios y protección social, sigue afirmando el papel de las mujeres en el hogar familiar para el cuidado de sus allegados y no garantiza la calidad en la atención.
Además, la libertad de elección del usuario no está reñida con el desarrollo de la Atención a Domicilio de forma prioritaria y tiene importantes repercusiones de tipo social frente a las ayudas económicas. La política del Gobierno de Navarra en la atención a la dependencia está perpetuando a la mujer como cuidadora familiar. En Navarra, el 81,5% son cuidadoras frente al 18,5 de cuidadores.
Por otra parte, en el sector de cuidadoras de dependientes en el hogar, que se eleva a 7.158 trabajadoras, un 47,5% ni siquiera cotizan a la Seguridad Social. 1.556 personas empleadas de hogar se dedican exclusivamente al cuidado de personas dependientes y 5.602 compaginan ese servicio con las tareas domésticas. El 40,1% trabaja sin contrato y con jornadas que superan las 40 horas semanales.
Navarra, como lo indicaba el sociólogo Gabriel Hualde en un preciso informe, ofrece respecto a España diferencias, en este caso significativas, en cuanto al tipo de prestaciones concedidas a las personas beneficiarias. Además de no registrar ninguna prestación de Prevención de la Dependencia y Promoción de la Autonomía Personal, Navarra ofrece respecto al resto de comunidades autónomas de España índices significativamente bajos en la concesión de Teleasistencia (55,4% menos), Ayuda a Domicilio (72,8% menos), centros de día/noche (62,1% menos) y Atención Residencial (30,8% menos).
Al lado opuesto, Navarra ofrece índices más altos que en España en las prestaciones económicas. La prestación económica para cuidados familiares acapara el 62,33% de todas las prestaciones concedidas, y se concede en Navarra en 13,3 puntos porcentuales (21,3%) más que en España. La prestación económica vinculada al servicio se ha concedido en Navarra en el 16,49% de las prestaciones, 9,58 puntos porcentuales (58,1%) más que en España.
Por todo esto, es necesario que las luces de neón se apaguen para trabajar de verdad por la gente que menos tiene, para darle la vuelta a esta situación de muchos anuncios y más retrasos.
Fuente : noticiasdenavarra.com
EL ICTUS, PRIMERA CAUSA DE DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA EN ESPAÑA
Bernat Soria: "El ictus es la primera causa de discapacidad y dependencia en España"
Bernat Soria, ex ministro de Sanidad y actual director del Programa Andaluz de Investigación en Terapia Celular y Medicina Regenerativa, declaró ayer que “el ictus es la primera causa de discapacidad y dependencia en España” y aseguró que, aunque la gente de la calle no lo sabe “esta enfermedad es la responsable de 7% al 10% del gasto sanitario”.
Soria hizo estas declaraciones en el transcurso de los Cursos de Verano 2010, que organiza la Universidad Complutense de Madrid (UCM ), en la población madrileña de San Lorenzo del Escorial.
En este encuentro, el ex titular de la cartera de Sanidad subrayó que el ictus, una enfermedad cerebrovascular que afecta a los vasos sanguíneos que suministran sangre al cerebro, “es la segunda causa de muerte en España y la primera en las mujeres”.
Por ello, Soria animó a los ciudadanos a que adopten hábitos de vida saludable como método de prevención.
En este sentido, recordó que el ictus se constituye como la vía final de “una serie de procesos” ya que, según dijo, la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo o el colesterol elevado pueden provocar esta enfermedad.
“Dejar de fumar, llevar hábitos de vida saludable, cumplir con la dieta mediterránea y hacer algo de ejercicio son algunos de los aspectos sobre los que la población debería efectuar un mayor esfuerzo.
Soria hizo, además, mención a la Ley de Dependencia. Una norma que, en su opinión, se ha convertido en “el cuarto pilar del Estado de Bienestar ” y en la que, sin embargo, “Gobierno y CC.AA. tienen que trabajar más”.
El dato
El ictus es actualmente la primera causa de discapacidad permanente en la edad adulta, debido a las secuelas que deja en los afectados, que les limitan en sus actividades de la vida diaria, según se puso de manifiesto durante las ‘III Jornadas Nacionales de ICTUS en Atención Primaria’, que se celebraron en Murcia el pasado mes de abril.
Fuente : gestionresidencial.com
Bernat Soria, ex ministro de Sanidad y actual director del Programa Andaluz de Investigación en Terapia Celular y Medicina Regenerativa, declaró ayer que “el ictus es la primera causa de discapacidad y dependencia en España” y aseguró que, aunque la gente de la calle no lo sabe “esta enfermedad es la responsable de 7% al 10% del gasto sanitario”.
Soria hizo estas declaraciones en el transcurso de los Cursos de Verano 2010, que organiza la Universidad Complutense de Madrid (UCM ), en la población madrileña de San Lorenzo del Escorial.
En este encuentro, el ex titular de la cartera de Sanidad subrayó que el ictus, una enfermedad cerebrovascular que afecta a los vasos sanguíneos que suministran sangre al cerebro, “es la segunda causa de muerte en España y la primera en las mujeres”.
Por ello, Soria animó a los ciudadanos a que adopten hábitos de vida saludable como método de prevención.
En este sentido, recordó que el ictus se constituye como la vía final de “una serie de procesos” ya que, según dijo, la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo o el colesterol elevado pueden provocar esta enfermedad.
“Dejar de fumar, llevar hábitos de vida saludable, cumplir con la dieta mediterránea y hacer algo de ejercicio son algunos de los aspectos sobre los que la población debería efectuar un mayor esfuerzo.
Soria hizo, además, mención a la Ley de Dependencia. Una norma que, en su opinión, se ha convertido en “el cuarto pilar del Estado de Bienestar ” y en la que, sin embargo, “Gobierno y CC.AA. tienen que trabajar más”.
El dato
El ictus es actualmente la primera causa de discapacidad permanente en la edad adulta, debido a las secuelas que deja en los afectados, que les limitan en sus actividades de la vida diaria, según se puso de manifiesto durante las ‘III Jornadas Nacionales de ICTUS en Atención Primaria’, que se celebraron en Murcia el pasado mes de abril.
Fuente : gestionresidencial.com
CANARIAS - FRACASO DEL GOBIERNO
“Este gobierno y esta política autonómica han fracasado”
El presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Pérez ha denunciado este miércoles las políticas sociales que está llevando a cabo el Gobierno de Canarias y ha recordado que "estamos a la cola en los cuatro grandes niveles que demuestran cuál es el compromiso en justicia social del Gobierno de Canarias".
El presidente se refirió a su homólogo del Gobierno Canario, Paulino Rivero, al que le recordó que "éstas son las consecuencias de haberse pegado a la derechona, estar a la cola en las evaluaciones educativas, en las prestaciones sanitarias, en el cumplimiento de la ley de Dependencia y en las cifras del paro", algo que calificó como un "récord".
Con respecto al vicepresidente del Gobierno autonómico José Manuel Soria, Pérez aseguró "ha dejado de ser un interlocutor creíble para los cabildos" y que en la reunión que han pedido al Gobierno autonómico para tratar la distribución de los planes sectoriales, han solicitado que no acuda puesto que "él ha sido quien se los ha cargado".
Pérez, después de la recepción a los niños saharauis de Tinduf que pasan en la isla sus vacaciones, lamentó que "tras haber estado negando el pan y la sal en las negociaciones que hemos tenido para la distribución de los recursos del REF, para las propuestas de aplazamientos que se han hecho en Canarias de cara a las devoluciones, y sobre todo para cumplir con la ley de Financiación de Administraciones Públicas que nos ha obligado a hacer la reclamación en los tribunales, ahora venga a pedir que le perdonen en Madrid el cumplimiento de lo que tiene que devolver el año que viene", concluyó el presidente del Cabildo.
Fuente : canariasaldia.com
El presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Pérez ha denunciado este miércoles las políticas sociales que está llevando a cabo el Gobierno de Canarias y ha recordado que "estamos a la cola en los cuatro grandes niveles que demuestran cuál es el compromiso en justicia social del Gobierno de Canarias".
El presidente se refirió a su homólogo del Gobierno Canario, Paulino Rivero, al que le recordó que "éstas son las consecuencias de haberse pegado a la derechona, estar a la cola en las evaluaciones educativas, en las prestaciones sanitarias, en el cumplimiento de la ley de Dependencia y en las cifras del paro", algo que calificó como un "récord".
Con respecto al vicepresidente del Gobierno autonómico José Manuel Soria, Pérez aseguró "ha dejado de ser un interlocutor creíble para los cabildos" y que en la reunión que han pedido al Gobierno autonómico para tratar la distribución de los planes sectoriales, han solicitado que no acuda puesto que "él ha sido quien se los ha cargado".
Pérez, después de la recepción a los niños saharauis de Tinduf que pasan en la isla sus vacaciones, lamentó que "tras haber estado negando el pan y la sal en las negociaciones que hemos tenido para la distribución de los recursos del REF, para las propuestas de aplazamientos que se han hecho en Canarias de cara a las devoluciones, y sobre todo para cumplir con la ley de Financiación de Administraciones Públicas que nos ha obligado a hacer la reclamación en los tribunales, ahora venga a pedir que le perdonen en Madrid el cumplimiento de lo que tiene que devolver el año que viene", concluyó el presidente del Cabildo.
Fuente : canariasaldia.com
CANTABRIA - DICTÁMENES DE SOLICITUDES, EL 99,54%
Cantabria encabeza el porcentaje de dictámenes sobre solicitudes, el 99,54%
Cantabria es la comunidad autónoma con un mayor porcentaje de dictámanes emitidos con respecto a las solicitudes presentadas para obtener alguna de las prestaciones contempladas en el catálogo de servicios de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, el 99,54 por ciento, según datos del Ministerio de Sanidad y Política Social.
Según dichos datos, a los que tuvo acceso Europa Press, a fecha del 1 de julio de 2010 se habían presentado en Cantabria un total de 21.115 solicitudes, de la cuales se han resuelto ya el 99,54 por ciento, es decir, 21.017. Dichos dictámenes representan el 3,57 por ciento de la población de la comunidad autónoma, el tercer mayor porcentaje de toda España.
Actualmente, en la comunidad autónoma, un total de 12.157 personas son beneficiarias de algún tipo de prestación. De ellas, las más numerosas, 7.845, reciben prestaciones económicas para cuidados familiares.
Le siguen, con 2.677, las que tienen atención residencial y las que asisten a centros de día o noche, con algo más de mil, mientras 601 disfrutan de ayuda a domicilio.
De este modo, el 2,06 por ciento de la población de Cantabria es beneficiaria de alguna de las prestaciones de la Ley de Dependencia, lo que supone el segundo porcentaje más alto de todas las comunidades autónomas.
Fuente : 20minutos.es
Cantabria es la comunidad autónoma con un mayor porcentaje de dictámanes emitidos con respecto a las solicitudes presentadas para obtener alguna de las prestaciones contempladas en el catálogo de servicios de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, el 99,54 por ciento, según datos del Ministerio de Sanidad y Política Social.
Según dichos datos, a los que tuvo acceso Europa Press, a fecha del 1 de julio de 2010 se habían presentado en Cantabria un total de 21.115 solicitudes, de la cuales se han resuelto ya el 99,54 por ciento, es decir, 21.017. Dichos dictámenes representan el 3,57 por ciento de la población de la comunidad autónoma, el tercer mayor porcentaje de toda España.
Actualmente, en la comunidad autónoma, un total de 12.157 personas son beneficiarias de algún tipo de prestación. De ellas, las más numerosas, 7.845, reciben prestaciones económicas para cuidados familiares.
Le siguen, con 2.677, las que tienen atención residencial y las que asisten a centros de día o noche, con algo más de mil, mientras 601 disfrutan de ayuda a domicilio.
De este modo, el 2,06 por ciento de la población de Cantabria es beneficiaria de alguna de las prestaciones de la Ley de Dependencia, lo que supone el segundo porcentaje más alto de todas las comunidades autónomas.
Fuente : 20minutos.es
ORENSE - NUEVO MÓDULO INFORMÁTICO PARA AGILIZAR LA LEY
Nuevo módulo informático para agilizar la Ley de Dependencia
"Extranet a concellos" mejorará la coordinación entre la Consellería de Traballo e Benestar y las administraciones locales
La Consellería de Traballo e Benestar expuso ayer todos los detalles del nuevo sistema informático a los trabajadores sociales de la provincia ourensana y además, anunció que firmará convenios de colaboración con los concellos para la puesta a disposición de la aplicación, que funcionará a partir de octubre, tal y como señaló el subdirector xeral de Dependencia, Jorge Rubén Sampedro.
Fue él mismo quien expuso ante trabajadores y medios la doble finalidad de la aplicación para el óptimo desarrollo de las funciones que los concellos gallegos tienen encomendados dentro del Sistema Galego de atención á Dependencia (SIGAD).
Lo que se pretende con este nuevo sistema es que las administraciones locales puedan, entre otros avances, recibir en tiempo real la información del estado de tramitación de los expedientes de solicitudes de valoración y del reconocimiento de la situación de dependencia, así como del derecho a las prestaciones del sistema y del contenido de la resolución del Programa Individual de Atención (PIA).
La aplicación permitirá, a su vez, que los concellos puedan acceder al estado de la gestión del programa de asignación de recursos para el servicio de ayuda en el hogar, de competencia municipal.
El jefe territorial de Traballo, José Selas, también presente en el acto, hizo hincapié en la necesidad de que la colaboración de los concellos para "conseguir unha resposta áxil, pronta e eficaz" para mejorar la gestión del procedimiento utilizando los medios tecnológicos que en la actualidad están al alcance de una administración moderna.
Convenios previos
El subdirector xeral de Dependencia destacó el "papel fundamental" que juegan los concellos en la aplicación de esta normativa, ya que es desde las administraciones locales de donde preferentemente parten las distintas solicitudes de valoración.
Para dar este paso hacia adelante en la modernización de la administración es necesario que previamente cada concello firme el acuerdo correspondiente con Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Traballo e Benestar.
Sampedro se refirió a este nuevo sistema como un "vehículo de comunicación entre departamento e traballadores sociais que poña fin a unha relación un tanto caótica e rutinaria".
Por el momento, sólo existen esas dos funcionalidades pero el subdirector xeral de Dependencia manifestó que se está estudiando la implantación de nuevas herramientas, entre las que se encuentra un módulo estadístico que facilite el trabajo de la administración.
Fuente : farodevigo.es
"Extranet a concellos" mejorará la coordinación entre la Consellería de Traballo e Benestar y las administraciones locales
La Consellería de Traballo e Benestar expuso ayer todos los detalles del nuevo sistema informático a los trabajadores sociales de la provincia ourensana y además, anunció que firmará convenios de colaboración con los concellos para la puesta a disposición de la aplicación, que funcionará a partir de octubre, tal y como señaló el subdirector xeral de Dependencia, Jorge Rubén Sampedro.
Fue él mismo quien expuso ante trabajadores y medios la doble finalidad de la aplicación para el óptimo desarrollo de las funciones que los concellos gallegos tienen encomendados dentro del Sistema Galego de atención á Dependencia (SIGAD).
Lo que se pretende con este nuevo sistema es que las administraciones locales puedan, entre otros avances, recibir en tiempo real la información del estado de tramitación de los expedientes de solicitudes de valoración y del reconocimiento de la situación de dependencia, así como del derecho a las prestaciones del sistema y del contenido de la resolución del Programa Individual de Atención (PIA).
La aplicación permitirá, a su vez, que los concellos puedan acceder al estado de la gestión del programa de asignación de recursos para el servicio de ayuda en el hogar, de competencia municipal.
El jefe territorial de Traballo, José Selas, también presente en el acto, hizo hincapié en la necesidad de que la colaboración de los concellos para "conseguir unha resposta áxil, pronta e eficaz" para mejorar la gestión del procedimiento utilizando los medios tecnológicos que en la actualidad están al alcance de una administración moderna.
Convenios previos
El subdirector xeral de Dependencia destacó el "papel fundamental" que juegan los concellos en la aplicación de esta normativa, ya que es desde las administraciones locales de donde preferentemente parten las distintas solicitudes de valoración.
Para dar este paso hacia adelante en la modernización de la administración es necesario que previamente cada concello firme el acuerdo correspondiente con Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Traballo e Benestar.
Sampedro se refirió a este nuevo sistema como un "vehículo de comunicación entre departamento e traballadores sociais que poña fin a unha relación un tanto caótica e rutinaria".
Por el momento, sólo existen esas dos funcionalidades pero el subdirector xeral de Dependencia manifestó que se está estudiando la implantación de nuevas herramientas, entre las que se encuentra un módulo estadístico que facilite el trabajo de la administración.
Fuente : farodevigo.es
lunes, 26 de julio de 2010
ANDALUCÍA - 152.640 PERSONAS RECIBEN ALGUNA DE LAS PRESTACIONES CONTEMPLADAS EN EL CATÁLOGO
Un total de 152.640 personas en situación de dependencia reciben actualmente alguna de las prestaciones contempladas en el catálogo de servicios de la Ley de la Dependencia, tales como estancia en residencias, unidades de estancia diurna, teleasistencia o ayudas económicas, en Andalucía, lo que representa el 28 por ciento de las presentadas en el conjunto de España.
Según los datos facilitados a Europa Press por el Ministerio de Sanidad y Política Social, a fecha del 1 de julio de 2010, se habían presentado en Andalucía un total de 379.376 solicitudes, de la cuales, se han resuelto actualmente el 89 por ciento, es decir, 339.375.
Asimismo, de los 339.375 dictámenes emitidos, un 66,19 por ciento, es decir, 224.623 personas han recibido una resolución favorable que les reconoce su derecho a percibir algunas de las prestaciones recogidas en la Ley de la Dependencia. De ellas, 171.011 --76 por ciento-- están disfrutando actualmente de estos servicios.
Por otro lado, un 45,98 por ciento de las prestaciones concedidas del catálogo son económicas para el cuidado del dependiente en su hogar por parte de un familiar, de las que se benefician en la comunidad autónoma un total de 102.180 personas dependientes. Hay que recordar que, a pesar de estos elevados porcentajes de asignación, este recurso está contemplado como "excepcional" según la normativa.
Frente a ello, un 1,62 por ciento del total de las prestaciones asignadas son ayudas económicas para la asistencia de la persona dependiente por parte de un cuidador profesional, con lo que se benefician de este servicio en Andalucía 3.606 personas.
Por tipo de servicio recibido, a la prestación económica para el cuidado por parte de familiares en el hogar, le siguen los servicios de teleasistencia, que representan un 21,75 por ciento del total de las prestaciones concedidas (48.366 personas atendidas), y la ayuda a domicilio, que supone un 18,49 por ciento (41.106).
A continuación, se encuentra la atención residencial, un 8,03 por ciento (17.854); la atención en centros de día o de noche, un 4,13 por ciento (9.190) y un 0,02 por ciento la prestación económica para asistencia personal (34).
COMPARATIVA CON OTRAS CCAA
Las comunidades autónomas de Cantabria, Cataluña y La Rioja son las que tienen un mayor porcentaje de dictámenes emitidos con respecto a las solicitudes presentadas, con un 99,54, 99,12 por ciento y 98,64 por ciento respectivamente. No obstante, el numero de solicitudes es mucho menor en dicha regiones: en Cantabria apenas llegan a las 21.115; Cataluña registra 210.742 y en La Rioja se contabilizan 12.736.
Por otro lado, en Andalucía hay actualmente en vigor un total de 48.763 convenios especiales firmados con cuidadores no profesionales, 48.728 obligatorios y 35 voluntarios. Esta cifra supera con creces a los convenios firmados en otras CCAA, ya que a Andalucía le siguen en este listado Cataluña, con 16.400 acuerdos y la Comunidad Valenciana con 8.541.
El perfil de estos cuidadores no profesionales está integrado fundamentalmente por mujeres --122.605 en toda España, frente a 7.767 hombres--, la mayoría menores de 60 años.
PARA 2011, GRADO I EN NIVEL 1
Hasta el momento, pueden beneficiarse de los servicios ofrecidos por la Ley de la Dependencia las personas que sean reconocidas como dependientes en alguno de los siguientes grados y niveles: personas valoradas en el Grado III, niveles 2 y 1; personas valoradas en el Grado II, nivel 2; y personas valoradas en el Grado II, nivel 1.
El Grado III o gran dependencia se establece cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal.
Por su parte, el Grado II (dependencia severa) se dicta cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no requiere el apoyo permanente de un cuidador.
A partir del próximo año 2011 entrará en funcionamiento el Grado I en su nivel 2 y ya en el año 2013 el grado I en su nivel 1, el último peldaño del sistema. El Grado I (dependencia moderada) se determina cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades de la vida diaria al menos una vez al día o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal.
Fuente : que.es
Según los datos facilitados a Europa Press por el Ministerio de Sanidad y Política Social, a fecha del 1 de julio de 2010, se habían presentado en Andalucía un total de 379.376 solicitudes, de la cuales, se han resuelto actualmente el 89 por ciento, es decir, 339.375.
Asimismo, de los 339.375 dictámenes emitidos, un 66,19 por ciento, es decir, 224.623 personas han recibido una resolución favorable que les reconoce su derecho a percibir algunas de las prestaciones recogidas en la Ley de la Dependencia. De ellas, 171.011 --76 por ciento-- están disfrutando actualmente de estos servicios.
Por otro lado, un 45,98 por ciento de las prestaciones concedidas del catálogo son económicas para el cuidado del dependiente en su hogar por parte de un familiar, de las que se benefician en la comunidad autónoma un total de 102.180 personas dependientes. Hay que recordar que, a pesar de estos elevados porcentajes de asignación, este recurso está contemplado como "excepcional" según la normativa.
Frente a ello, un 1,62 por ciento del total de las prestaciones asignadas son ayudas económicas para la asistencia de la persona dependiente por parte de un cuidador profesional, con lo que se benefician de este servicio en Andalucía 3.606 personas.
Por tipo de servicio recibido, a la prestación económica para el cuidado por parte de familiares en el hogar, le siguen los servicios de teleasistencia, que representan un 21,75 por ciento del total de las prestaciones concedidas (48.366 personas atendidas), y la ayuda a domicilio, que supone un 18,49 por ciento (41.106).
A continuación, se encuentra la atención residencial, un 8,03 por ciento (17.854); la atención en centros de día o de noche, un 4,13 por ciento (9.190) y un 0,02 por ciento la prestación económica para asistencia personal (34).
COMPARATIVA CON OTRAS CCAA
Las comunidades autónomas de Cantabria, Cataluña y La Rioja son las que tienen un mayor porcentaje de dictámenes emitidos con respecto a las solicitudes presentadas, con un 99,54, 99,12 por ciento y 98,64 por ciento respectivamente. No obstante, el numero de solicitudes es mucho menor en dicha regiones: en Cantabria apenas llegan a las 21.115; Cataluña registra 210.742 y en La Rioja se contabilizan 12.736.
Por otro lado, en Andalucía hay actualmente en vigor un total de 48.763 convenios especiales firmados con cuidadores no profesionales, 48.728 obligatorios y 35 voluntarios. Esta cifra supera con creces a los convenios firmados en otras CCAA, ya que a Andalucía le siguen en este listado Cataluña, con 16.400 acuerdos y la Comunidad Valenciana con 8.541.
El perfil de estos cuidadores no profesionales está integrado fundamentalmente por mujeres --122.605 en toda España, frente a 7.767 hombres--, la mayoría menores de 60 años.
PARA 2011, GRADO I EN NIVEL 1
Hasta el momento, pueden beneficiarse de los servicios ofrecidos por la Ley de la Dependencia las personas que sean reconocidas como dependientes en alguno de los siguientes grados y niveles: personas valoradas en el Grado III, niveles 2 y 1; personas valoradas en el Grado II, nivel 2; y personas valoradas en el Grado II, nivel 1.
El Grado III o gran dependencia se establece cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal.
Por su parte, el Grado II (dependencia severa) se dicta cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no requiere el apoyo permanente de un cuidador.
A partir del próximo año 2011 entrará en funcionamiento el Grado I en su nivel 2 y ya en el año 2013 el grado I en su nivel 1, el último peldaño del sistema. El Grado I (dependencia moderada) se determina cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades de la vida diaria al menos una vez al día o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal.
Fuente : que.es
ARAGÓN - PRIORIDADES DE SERVICIOS SOCIALES SE MANTENDRÁN EN 2011
Fernández afirma que prioridades de Servicios Sociales se mantendrán en 2011La consejera de Servicios Sociales y Familia del Gobierno de Aragón, Ana Fernández, ha afirmado hoy que "las prioridades del departamento, dependencia e inclusión social, se mantendrán en 2011".
Así lo ha señalado la consejera tras reunirse con el alcalde de Huesca, Luis Felipe, para evaluar la colaboración entre ambas instituciones y coordinar las prioridades, dentro de esa colaboración.
Este es el primer encuentro de Felipe con una consejera del Gobierno de Aragón, tras su reciente incorporación a la Alcaldía de Huesca.
Tras la reunión, Fernández ha dicho que el Departamento de Servicios Sociales y Familia tiene dos prioridades fundamentales que se mantendrán en 2011, dependencia e inclusión social, es decir, la atención a las personas y familias con mayores dificultades.
Para hacerles frente el departamento trabaja en colaboración con el Ayuntamiento de Huesca. Este año, en concreto se destinarán al ayuntamiento unos 300.000 euros para servicios sociales, programas contra la violencia de género y proyectos de convivencia intercultural.
Fernández ha recordado que hasta ahora desde el departamento se ha trabajado directamente con las comarcas y que desde la entrada en vigor de la Ley de Servicios Sociales se ha abierto una vía de colaboración directa con los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes.
Con el Ayuntamiento de Huesca esta colaboración se plasmará en la firma del convenio con el IASS para los servicios sociales.
Por su parte el alcalde el alcalde de Huesca ha subrayado que si bien la colaboración con el departamento siempre ha sido buena, la ley de Servicios Sociales ha abierto un marco de financiación dentro del cual se profundiza en líneas prioritarias de trabajo: garantizar la subsistencia de familias con dificultades y la dependencia.
En cuanto a la implantación del Sistema Aragonés de Atención a la Dependencia, la consejera ha recordado que en la ciudad de Huesca, el 73 por ciento de las personas con derecho están recibiendo una prestación o servicio.
Fernández ha resaltado que el alto número de plazas para mayores en la ciudad de Huesca y el concierto de plazas con entidades sociales hacen que la atención a las personas en situación de dependencia sea elevada.
Fuente : abc.es
Así lo ha señalado la consejera tras reunirse con el alcalde de Huesca, Luis Felipe, para evaluar la colaboración entre ambas instituciones y coordinar las prioridades, dentro de esa colaboración.
Este es el primer encuentro de Felipe con una consejera del Gobierno de Aragón, tras su reciente incorporación a la Alcaldía de Huesca.
Tras la reunión, Fernández ha dicho que el Departamento de Servicios Sociales y Familia tiene dos prioridades fundamentales que se mantendrán en 2011, dependencia e inclusión social, es decir, la atención a las personas y familias con mayores dificultades.
Para hacerles frente el departamento trabaja en colaboración con el Ayuntamiento de Huesca. Este año, en concreto se destinarán al ayuntamiento unos 300.000 euros para servicios sociales, programas contra la violencia de género y proyectos de convivencia intercultural.
Fernández ha recordado que hasta ahora desde el departamento se ha trabajado directamente con las comarcas y que desde la entrada en vigor de la Ley de Servicios Sociales se ha abierto una vía de colaboración directa con los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes.
Con el Ayuntamiento de Huesca esta colaboración se plasmará en la firma del convenio con el IASS para los servicios sociales.
Por su parte el alcalde el alcalde de Huesca ha subrayado que si bien la colaboración con el departamento siempre ha sido buena, la ley de Servicios Sociales ha abierto un marco de financiación dentro del cual se profundiza en líneas prioritarias de trabajo: garantizar la subsistencia de familias con dificultades y la dependencia.
En cuanto a la implantación del Sistema Aragonés de Atención a la Dependencia, la consejera ha recordado que en la ciudad de Huesca, el 73 por ciento de las personas con derecho están recibiendo una prestación o servicio.
Fernández ha resaltado que el alto número de plazas para mayores en la ciudad de Huesca y el concierto de plazas con entidades sociales hacen que la atención a las personas en situación de dependencia sea elevada.
Fuente : abc.es
JAÉN - DIPUTACIÓN SUBRAYA ESFUERZO EN POLITICA SOCIAL
La Diputación subraya el refuerzo que ha realizado en las políticas sociales de apoyo a familias y ayuntamientos
El vicepresidente de Igualdad y Bienestar Social, Manuel Fernández, ha hecho balance de las actuaciones realizadas por la Diputación Provincial de Jaén en materia de servicios sociales durante estos tres años de mandato corporativo, en los que se ha trabajado por "conseguir un escenario con más y mejores derechos vinculados al cumplimiento de Ley de Dependencia y reforzar las políticas sociales dirigidas a la ciudadanía y a los ayuntamientos ante la situación económica actual".
Fernández ha hecho hincapié en el incremento de casi un 600 por ciento del presupuesto destinado al Servicio de Ayuda a Domicilio desde la aparición de la Ley de Dependencia, lo que ha supuesto pasar de los tres millones de euros de 2007 a los casi 25 millones de 2010 en esta materia. Esta cantidad ha permitido que actualmente haya más de 3.811 usuarios recibiendo atenciones y que se haya generado un "importante número" de empleos en el sector.
El vicepresidente de Igualdad y Bienestar Social también ha hecho referencia a los cerca de 4.700 usuarios del Servicio de Teleasistencia y a la "importante" concertación de plazas que se ha realizado con la Junta de Andalucía en los centros asistenciales con los que cuenta la Diputación.
Junto al refuerzo de la atención social, Fernández ha recalcado la importancia de "facilitar el aumento de la capacidad de los ayuntamientos para la prestación de servicios sociales", para lo que la Diputación ha puesto en marcha diversas convocatorias destinadas a la construcción, reforma y equipamiento de centros de carácter social, a lo que se han destinado más de 3,8 millones de euros, tal y como informa la Diputación.
Asimismo, incidió en que se han incrementado las cuantías destinadas al apoyo a familias para la atención a las necesidades básicas de hijas e hijos, se ha aumentado un 25 por ciento la asignación a cada ayuntamiento en el programa de emergencia social y se ha incrementado también un 25 por ciento la cuantía por plaza y centro en el marco del Programa de Atención a trabajadores temporeros. Además, se ha potenciado el papel de colectivos de la provincia con la financiación con cerca de 1,5 millones de euros de 179 iniciativas sociales impulsadas por distintas asociaciones jiennenses.
En este balance, Fernández también ha analizado las actuaciones relacionadas con la cooperación al desarrollo, una línea que ha permitido la financiación en este mandato corporativo de más de 130 proyectos de organizaciones no gubernamentales a través del Fondo Provincial de Cooperación y Ayuda al Desarrollo.
Con respecto a la labor realizada en materia de igualdad de oportunidades, ha recordado la próxima finalización del I Plan de Igualdad de la Diputación Provincial de Jaén y el aumento en un 64 por ciento del presupuesto para el apoyo técnico y económico a los municipios jiennenses para la elaboración y ejecución de sus planes municipales de igualdad. De igual forma, ha destacado la presencia de más de 70 empresas jiennenses en la Red Andaluza de Mujeres Empresarias, que trabajan en la mejora de su competitividad con la ayuda del programa Mercadeando.
Fuente : europapress.es
El vicepresidente de Igualdad y Bienestar Social, Manuel Fernández, ha hecho balance de las actuaciones realizadas por la Diputación Provincial de Jaén en materia de servicios sociales durante estos tres años de mandato corporativo, en los que se ha trabajado por "conseguir un escenario con más y mejores derechos vinculados al cumplimiento de Ley de Dependencia y reforzar las políticas sociales dirigidas a la ciudadanía y a los ayuntamientos ante la situación económica actual".
Fernández ha hecho hincapié en el incremento de casi un 600 por ciento del presupuesto destinado al Servicio de Ayuda a Domicilio desde la aparición de la Ley de Dependencia, lo que ha supuesto pasar de los tres millones de euros de 2007 a los casi 25 millones de 2010 en esta materia. Esta cantidad ha permitido que actualmente haya más de 3.811 usuarios recibiendo atenciones y que se haya generado un "importante número" de empleos en el sector.
El vicepresidente de Igualdad y Bienestar Social también ha hecho referencia a los cerca de 4.700 usuarios del Servicio de Teleasistencia y a la "importante" concertación de plazas que se ha realizado con la Junta de Andalucía en los centros asistenciales con los que cuenta la Diputación.
Junto al refuerzo de la atención social, Fernández ha recalcado la importancia de "facilitar el aumento de la capacidad de los ayuntamientos para la prestación de servicios sociales", para lo que la Diputación ha puesto en marcha diversas convocatorias destinadas a la construcción, reforma y equipamiento de centros de carácter social, a lo que se han destinado más de 3,8 millones de euros, tal y como informa la Diputación.
Asimismo, incidió en que se han incrementado las cuantías destinadas al apoyo a familias para la atención a las necesidades básicas de hijas e hijos, se ha aumentado un 25 por ciento la asignación a cada ayuntamiento en el programa de emergencia social y se ha incrementado también un 25 por ciento la cuantía por plaza y centro en el marco del Programa de Atención a trabajadores temporeros. Además, se ha potenciado el papel de colectivos de la provincia con la financiación con cerca de 1,5 millones de euros de 179 iniciativas sociales impulsadas por distintas asociaciones jiennenses.
En este balance, Fernández también ha analizado las actuaciones relacionadas con la cooperación al desarrollo, una línea que ha permitido la financiación en este mandato corporativo de más de 130 proyectos de organizaciones no gubernamentales a través del Fondo Provincial de Cooperación y Ayuda al Desarrollo.
Con respecto a la labor realizada en materia de igualdad de oportunidades, ha recordado la próxima finalización del I Plan de Igualdad de la Diputación Provincial de Jaén y el aumento en un 64 por ciento del presupuesto para el apoyo técnico y económico a los municipios jiennenses para la elaboración y ejecución de sus planes municipales de igualdad. De igual forma, ha destacado la presencia de más de 70 empresas jiennenses en la Red Andaluza de Mujeres Empresarias, que trabajan en la mejora de su competitividad con la ayuda del programa Mercadeando.
Fuente : europapress.es
TRINIDAD JIMENEZ GARANTIZA DESARROLLO E IMPLANTACIÓN
Jiménez garantiza que pese a los "ajustes" ni el desarrollo ni la implantación de la Ley se verán afectados
La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, aseguró este lunes que, aunque han tenido que hacer "algunos ajustes", no se va a ver afectado el desarrollo y la implantación de la Ley de Atención a la Dependencia.
En declaraciones a los periodistas en Jaén, Jiménez expuso que el objetivo del Gobierno es seguir adelante con el proyecto de desarrollo de la Ley, que es una de las "grandes conquistas" de los últimos años, "el cuarto pilar del Estado del Bienestar", apostilló. De hecho, remarcó que se trataba de una norma que el país necesitaba y que "ya se había puesto en marcha prácticamente en todos los países del entorno".
La ministra recalcó que esta Ley ha supuesto "un gran esfuerzo" que ha permitido que ahora esté el camino recorrido para "conseguir su implantación definitiva" y, a tal efecto, argumentó que son ya 618.000 las personas que forman parte del sistema de dependencia, "con el objetivo de que a principios de 2012 ya lleguemos al millón de personas, es un dato muy bueno, muy estimulante, para seguir trabajando", agregó.
Para concluir, no dejó pasar por alto que Andalucía ha hecho un esfuerzo "extraordinario" y es una de las comunidades "que mejor está desarrollando la Ley", de ahí que reconociera el esfuerzo que se está haciendo para su desarrollo e implementación en este territorio.
Fuente : europapress.es
La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, aseguró este lunes que, aunque han tenido que hacer "algunos ajustes", no se va a ver afectado el desarrollo y la implantación de la Ley de Atención a la Dependencia.
En declaraciones a los periodistas en Jaén, Jiménez expuso que el objetivo del Gobierno es seguir adelante con el proyecto de desarrollo de la Ley, que es una de las "grandes conquistas" de los últimos años, "el cuarto pilar del Estado del Bienestar", apostilló. De hecho, remarcó que se trataba de una norma que el país necesitaba y que "ya se había puesto en marcha prácticamente en todos los países del entorno".
La ministra recalcó que esta Ley ha supuesto "un gran esfuerzo" que ha permitido que ahora esté el camino recorrido para "conseguir su implantación definitiva" y, a tal efecto, argumentó que son ya 618.000 las personas que forman parte del sistema de dependencia, "con el objetivo de que a principios de 2012 ya lleguemos al millón de personas, es un dato muy bueno, muy estimulante, para seguir trabajando", agregó.
Para concluir, no dejó pasar por alto que Andalucía ha hecho un esfuerzo "extraordinario" y es una de las comunidades "que mejor está desarrollando la Ley", de ahí que reconociera el esfuerzo que se está haciendo para su desarrollo e implementación en este territorio.
Fuente : europapress.es
domingo, 25 de julio de 2010
C.VALENCIANA - EL "BOICOT" DE CAMPS HA COSTADO 20 MILLONES
PSPV denuncia "boicot de Camps" a Ley ha costado 20 millones a dependientes
Los responsables de Bienestar del PSPV han denunciado que el "boicot" del president de la Generalitat, Francisco Camps, y del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), a la Ley de Dependencia "ha costado a los dependientes la pérdida de veinte millones de euros" desde que la norma entró en vigor en 2007.
En un comunicado, el secretario de Políticas de Bienestar Social y Sanidad, José Ramón Mayans, ha criticado que el "boicot de Camps a la ley es de tal magnitud que sólo la mitad de las personas que deberían percibir una ayuda la reciben".
"Hace tiempo que los socialistas reclamamos a la Generalitat que se pusiera a trabajar para aplicar al mismo nivel que el resto de autonomías la Ley de Dependencia, pero no lo han hecho a causa de su ineficacia, un déficit cuyas consecuencias están pagando y las pagarán los dependientes valencianos", ha afirmado Mayans.
Según Mayans, con datos a fecha del mes de julio perciben la prestación 36.123 personas, cuando deberían estar recibiendo las ayudas un total de 67.007 personas para estar al nivel del resto de autonomías, por lo que son 30.884 valencianos y valencianas los que no perciben las ayudas por el boicot del PPCV y Camps a la ley".
Por su parte, el diputado socialista en Les Corts, Antonio Torres, ha indicado que "desde 2007 la Comunitat ha dejado de percibir 20 millones de euros por el empeño de Camps y el PPCV en boicotear la aplicación de la ley y no reconocer a los dependientes y sus familias el derecho que tienen".
La Comunitat Valenciana, según Torres, ha recibido en los últimos cuatro años más de 134 millones de euros para la aplicación de la Ley de Dependencia.
"Pero el PP ha preferido dejar de lado a los valencianos y a las valencianas en vez de utilizar de forma adecuada estos fondos para mejorar la calidad de vida de los dependientes y sus familias, y reconocerles un derecho y unas prestaciones recogidas en la ley".
Fuente : abc.es
Los responsables de Bienestar del PSPV han denunciado que el "boicot" del president de la Generalitat, Francisco Camps, y del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), a la Ley de Dependencia "ha costado a los dependientes la pérdida de veinte millones de euros" desde que la norma entró en vigor en 2007.
En un comunicado, el secretario de Políticas de Bienestar Social y Sanidad, José Ramón Mayans, ha criticado que el "boicot de Camps a la ley es de tal magnitud que sólo la mitad de las personas que deberían percibir una ayuda la reciben".
"Hace tiempo que los socialistas reclamamos a la Generalitat que se pusiera a trabajar para aplicar al mismo nivel que el resto de autonomías la Ley de Dependencia, pero no lo han hecho a causa de su ineficacia, un déficit cuyas consecuencias están pagando y las pagarán los dependientes valencianos", ha afirmado Mayans.
Según Mayans, con datos a fecha del mes de julio perciben la prestación 36.123 personas, cuando deberían estar recibiendo las ayudas un total de 67.007 personas para estar al nivel del resto de autonomías, por lo que son 30.884 valencianos y valencianas los que no perciben las ayudas por el boicot del PPCV y Camps a la ley".
Por su parte, el diputado socialista en Les Corts, Antonio Torres, ha indicado que "desde 2007 la Comunitat ha dejado de percibir 20 millones de euros por el empeño de Camps y el PPCV en boicotear la aplicación de la ley y no reconocer a los dependientes y sus familias el derecho que tienen".
La Comunitat Valenciana, según Torres, ha recibido en los últimos cuatro años más de 134 millones de euros para la aplicación de la Ley de Dependencia.
"Pero el PP ha preferido dejar de lado a los valencianos y a las valencianas en vez de utilizar de forma adecuada estos fondos para mejorar la calidad de vida de los dependientes y sus familias, y reconocerles un derecho y unas prestaciones recogidas en la ley".
Fuente : abc.es
MÄLAGA - ESTEPONA - LAS PETICIONES DE AYUDA SE DISPARAN
Las peticiones de ayuda a la dependencia se disparan y superan ya el nivel de 2009
Las peticiones para beneficiarse de las prestaciones que contempla la Ley de Dependencia no cesan en el Ayuntamiento de Estepona.
La delegación municipal de Bienestar Social ha resuelto de forma positiva en lo que va de año 245 propuestas del Programa Individual de Atención (PIA) para la aplicación de los servicios y ayudas que prevé esta norma. De estas resoluciones, la mayoría corresponde a mujeres (150).
Durante todo el año pasado, el Consistorio resolvió de forma positiva un total de 306 peticiones.
Las ayudas económicas más frecuentes concedidas por este programa estuvieron relacionadas con la obtención de un cuidador no profesional, seguidas de las prestaciones económicas para un cuidador no profesional con servicio de teleasistencia.
También destacan los servicios en Unidades de Estancia Diurna (algunas de ellas con teleasistencia y ayuda a domicilio).
Además, el Programa Individual de Atención -diseñado para establecer todo el conjunto de prestaciones de las que se beneficiará el solicitante- determinó el ingreso de una treintena de dependientes en centros residenciales, según los datos aportados por el Consistorio.
«La aplicación de esta ley supone una prioridad absoluta para el Ayuntamiento, ya que son muchos los ciudadanos de Estepona los que cuentan con estos nuevos recursos y prestaciones, de los que habían carecido durante toda la historia», señaló el alcalde de Estepona, David Valadez.
Los fondos económicos
Para financiar la atención a las personas en situación de dependencia, la Junta de Andalucía aportará este año al Ayuntamiento de Estepona un total de 137.345 euros.
Esta cuantía procede de los créditos habilitados por la Consejería de Asuntos Sociales de la administración autonómica y los fondos de la Ley de Dependencia.
El Consistorio esteponero dedica esta cantidad económica al refuerzo de personal de los servicios sociales comunitarios con la finalidad de que los mismos puedan asumir de forma conveniente sus atribuciones en cuanto al procedimiento destinado a reconocer la situación de dependencia y su valoración para determinar la cuantía de las ayudas correspondientes.
Así, con esta aportación se financia la contratación por parte del Ayuntamiento de asistentes sociales, trabajadores sociales y personal administrativo hasta el 31 de diciembre de este año.
Fuente : diariosur.es
Las peticiones para beneficiarse de las prestaciones que contempla la Ley de Dependencia no cesan en el Ayuntamiento de Estepona.
La delegación municipal de Bienestar Social ha resuelto de forma positiva en lo que va de año 245 propuestas del Programa Individual de Atención (PIA) para la aplicación de los servicios y ayudas que prevé esta norma. De estas resoluciones, la mayoría corresponde a mujeres (150).
Durante todo el año pasado, el Consistorio resolvió de forma positiva un total de 306 peticiones.
Las ayudas económicas más frecuentes concedidas por este programa estuvieron relacionadas con la obtención de un cuidador no profesional, seguidas de las prestaciones económicas para un cuidador no profesional con servicio de teleasistencia.
También destacan los servicios en Unidades de Estancia Diurna (algunas de ellas con teleasistencia y ayuda a domicilio).
Además, el Programa Individual de Atención -diseñado para establecer todo el conjunto de prestaciones de las que se beneficiará el solicitante- determinó el ingreso de una treintena de dependientes en centros residenciales, según los datos aportados por el Consistorio.
«La aplicación de esta ley supone una prioridad absoluta para el Ayuntamiento, ya que son muchos los ciudadanos de Estepona los que cuentan con estos nuevos recursos y prestaciones, de los que habían carecido durante toda la historia», señaló el alcalde de Estepona, David Valadez.
Los fondos económicos
Para financiar la atención a las personas en situación de dependencia, la Junta de Andalucía aportará este año al Ayuntamiento de Estepona un total de 137.345 euros.
Esta cuantía procede de los créditos habilitados por la Consejería de Asuntos Sociales de la administración autonómica y los fondos de la Ley de Dependencia.
El Consistorio esteponero dedica esta cantidad económica al refuerzo de personal de los servicios sociales comunitarios con la finalidad de que los mismos puedan asumir de forma conveniente sus atribuciones en cuanto al procedimiento destinado a reconocer la situación de dependencia y su valoración para determinar la cuantía de las ayudas correspondientes.
Así, con esta aportación se financia la contratación por parte del Ayuntamiento de asistentes sociales, trabajadores sociales y personal administrativo hasta el 31 de diciembre de este año.
Fuente : diariosur.es
C.VALENCIANA - ALARTE VISITARÁ TODOS LOS PUEBLOS
El secretario general del PSPV piensa recorrer toda la Comunitat para paliar su escasa popularidad.
El socialista recorrió ayer el Comtat, Alcoià y Vall d'Albaida
Alarte visitará todos los pueblos en «la campaña más larga»
El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, afirmó ayer que «es posible otro tiempo, otra política y un futuro mejor para la Comunitat Valenciana».
El líder socialista se comprometió a visitar «cada uno de los 541 municipios de la Comunitat para explicar nuestro proyecto político de cambio» y aseguró que hablará «con los cinco millones de valencianos, si es necesario, para escribir juntos una página de la historia que acabe con las políticas de los últimos 15 años».
Alarte dedicó toda la jornada de ayer a visitar las comarcas de El Comtat, l’Alcoià y la Vall d’Albaida, dentro de la «campaña más larga de la democracia valenciana».
A primera hora de la mañana, el socialista recorrió las instalaciones del Celler de la Muntanya, en Muro d’Alcoi, localidad donde pudo conocer los aceites y vinos que se elaboran en la zona.
Mantuvo un encuentro con la Plataforma en Defensa de las Personas con Dependencia de l’Alcoià-Comtat y con la presidenta de la Asociación de Familiares de personas con Alzheimer (AFA), y visitó el «Centro de Día Alzheimer i otras enfermedades». Jorge Alarte lamentó que el Gobierno encabezado por Francisco Camps «haya hecho con la Ley de Dependencia lo mismo que con las leyes que no le gustan: boicotearla».
Alarte continuó su jornada con una visita a la localidad de Banyeres, donde asistió a la inauguración de la nueva Casa del Pueblo, cita previa a un almuerzo que ha mantenido con militantes y simpatizantes de Banyeres.
Posteriormente, el máximo dirigente socialista se trasladó a la comarca de la Vall d’Albaida, en la que visitó los municipios de Montitxelvo, Otos, Carrícola y Atzeneta d’Albaida, donde y comprobó el estado de las obras financiadas a cargo del Fondo de Inversión Local.
Por último, antes de mantener una cena de trabajo en L’Olleria con militantes y simpatizantes de toda la comarca, el secretario general del PSPV se desplazó hasta Benissuera, donde asistió a la inauguración del nuevo polideportivo de la localidad.
Fuente : larazon.es
El socialista recorrió ayer el Comtat, Alcoià y Vall d'Albaida
Alarte visitará todos los pueblos en «la campaña más larga»
El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, afirmó ayer que «es posible otro tiempo, otra política y un futuro mejor para la Comunitat Valenciana».
El líder socialista se comprometió a visitar «cada uno de los 541 municipios de la Comunitat para explicar nuestro proyecto político de cambio» y aseguró que hablará «con los cinco millones de valencianos, si es necesario, para escribir juntos una página de la historia que acabe con las políticas de los últimos 15 años».
Alarte dedicó toda la jornada de ayer a visitar las comarcas de El Comtat, l’Alcoià y la Vall d’Albaida, dentro de la «campaña más larga de la democracia valenciana».
A primera hora de la mañana, el socialista recorrió las instalaciones del Celler de la Muntanya, en Muro d’Alcoi, localidad donde pudo conocer los aceites y vinos que se elaboran en la zona.
Mantuvo un encuentro con la Plataforma en Defensa de las Personas con Dependencia de l’Alcoià-Comtat y con la presidenta de la Asociación de Familiares de personas con Alzheimer (AFA), y visitó el «Centro de Día Alzheimer i otras enfermedades». Jorge Alarte lamentó que el Gobierno encabezado por Francisco Camps «haya hecho con la Ley de Dependencia lo mismo que con las leyes que no le gustan: boicotearla».
Alarte continuó su jornada con una visita a la localidad de Banyeres, donde asistió a la inauguración de la nueva Casa del Pueblo, cita previa a un almuerzo que ha mantenido con militantes y simpatizantes de Banyeres.
Posteriormente, el máximo dirigente socialista se trasladó a la comarca de la Vall d’Albaida, en la que visitó los municipios de Montitxelvo, Otos, Carrícola y Atzeneta d’Albaida, donde y comprobó el estado de las obras financiadas a cargo del Fondo de Inversión Local.
Por último, antes de mantener una cena de trabajo en L’Olleria con militantes y simpatizantes de toda la comarca, el secretario general del PSPV se desplazó hasta Benissuera, donde asistió a la inauguración del nuevo polideportivo de la localidad.
Fuente : larazon.es
CANARIAS - LLEVAN LA DEPENDENCIA A LOS TRIBUNALES
Dos mil afectados por el alzheimer llevan la Dependencia a los tribunales
La portavoz del colectivo de familiares de enfermos de alzheimer comunicó ayer su intención de denunciar al Gobierno de Canarias por la demora de hasta dos años que existe en el reconocimiento de la situación de dependencia. Ya han presentado reclamaciones y han solicitado amparo al Diputado del Común.
Familiares de aproximadamente 2.000 enfermos de alzheimer intentarán que el Gobierno regional se siente en el banquillo de los acusados por no cumplir con las exigencias que la Ley de Dependencia determina en lo que a ayudas se refiere.
La portavoz de este colectivo que agrupa fundamentalmente a enfermos de Gran Canaria, Josefa Afonso, acompañada por otros representantes y tutores, ya ha presentado una reclamación en la Consejería de Sanidad y en la Bienestar Social, Juventud y Vivienda. Igualmente ha comunicado la situación al Diputado del Común de la capital grancanaria
"Rechazamos la situación en la que se encuentran los mayores que padecen esta enfermedad y que actualmente están como usuarios de día en los centros de alzheimer Canarias", dijo Afonso antes de criticar "la tardanza del Gobierno regional en tramitar los expedientes para acceder a las correspondientes ayudas que contempla la Ley de Dependencia aprobada por el Gobierno central", resaltando que en algunos casos supera los dos años.
"Pedimos el amparo del Diputado del Común para que el Ejecutivo autonómico tramite de una vez estos expedientes y así los perjudicados pasen a recibir esa ayuda tan necesaria en la mayoría de los casos".
Asimismo, este colectivo quiso aclarar que en gran parte de los casos presentados ya se ha reconocido el grado y nivel de dependencia, pero no han sido iniciados los Planes Individualizados de Atención (PIA), que recoge la citada ley y que permiten que sea la familia la que decida lo más adecuado para su enfermo".
Fuente : eldia.es
La portavoz del colectivo de familiares de enfermos de alzheimer comunicó ayer su intención de denunciar al Gobierno de Canarias por la demora de hasta dos años que existe en el reconocimiento de la situación de dependencia. Ya han presentado reclamaciones y han solicitado amparo al Diputado del Común.
Familiares de aproximadamente 2.000 enfermos de alzheimer intentarán que el Gobierno regional se siente en el banquillo de los acusados por no cumplir con las exigencias que la Ley de Dependencia determina en lo que a ayudas se refiere.
La portavoz de este colectivo que agrupa fundamentalmente a enfermos de Gran Canaria, Josefa Afonso, acompañada por otros representantes y tutores, ya ha presentado una reclamación en la Consejería de Sanidad y en la Bienestar Social, Juventud y Vivienda. Igualmente ha comunicado la situación al Diputado del Común de la capital grancanaria
"Rechazamos la situación en la que se encuentran los mayores que padecen esta enfermedad y que actualmente están como usuarios de día en los centros de alzheimer Canarias", dijo Afonso antes de criticar "la tardanza del Gobierno regional en tramitar los expedientes para acceder a las correspondientes ayudas que contempla la Ley de Dependencia aprobada por el Gobierno central", resaltando que en algunos casos supera los dos años.
"Pedimos el amparo del Diputado del Común para que el Ejecutivo autonómico tramite de una vez estos expedientes y así los perjudicados pasen a recibir esa ayuda tan necesaria en la mayoría de los casos".
Asimismo, este colectivo quiso aclarar que en gran parte de los casos presentados ya se ha reconocido el grado y nivel de dependencia, pero no han sido iniciados los Planes Individualizados de Atención (PIA), que recoge la citada ley y que permiten que sea la familia la que decida lo más adecuado para su enfermo".
Fuente : eldia.es
viernes, 23 de julio de 2010
MALAGA - RINCÓN DE LA VICTORIA - TRAMITA 1.500 SOLICITUDES
Bienestar Social tramita unas 1.500 solicitudes de ayudas de la Ley de Dependencia en Rincón
El municipio se sitúa como uno de los que mejor ha desarrollado las peticiones de estas prestaciones sociales en la región andaluza. Actualmente se han distribuido más de 800 botones de teleasistencia, con la atención domiciliaria de unas 200 personas al año
La Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha tramitado unas 1.500 solicitudes para la prestación de ayudas de la Ley de Dependencia en el municipio, de las que ya más de 450 personas están percibiendo algún tipo de apoyo económico.
La alcaldesa de Rincón de la Victoria, Encarnación Anaya (PSOE), ha destacado la prioridad que supone para el Gobierno Local el "trabajar con celeridad para atender el número de demandas existentes para la ejecución de las prestaciones sociales públicas y ofrecer una asistencia que mejore la calidad de vida de las personas dependientes y sus familiares".
El concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, Ricardo Vivas (PSIRV), ha dicho que durante estos últimos tres años de Legislatura se ha realizado un excelente trabajo desde los Servicios Sociales que "nos sitúa como uno de los municipios que mejor ha avanzado en el desarrollado de la Ley de la Dependencia".
Vivas ha informado que más de 450 personas del municipio ya están recibiendo algún tipo de ayuda económica en el municipio. Además, el edil ha destacado que el 58 por ciento de las prestaciones recibidas mediante el Programa Individual de Atención a la Dependencia corresponden a la solicitud de ayudas económicas para el Cuidado en el Entorno Familiar que se conceden en función del grado y nivel del prestatario, de cantidades económicas que van desde los 70 hasta los 519 euros mensuales.
Asimismo, de las más de 1.500 solicitudes recibidas el 14 por ciento de las registradas corresponden al Servicio de Ayuda a Domicilio; el 16 por ciento obedecen a la Prestación Económica vinculada al Servicio (ayuda al pago del servicio residencial); el 9 por ciento a la concesión de una plaza pública en un centro residencial (que ha experimentando una aumento en los últimos meses), y el 3 va a destinada a recursos asistenciales tales como la Unidad de Estancia Diurna.
Por otro lado, cabe destacar la concesión de más de 800 botones para el Servicio de Teleasistencia y la atención de Ayuda a Domicilio de unos 200 usuarios al año, de los cuales el 50 por ciento reciben una ayuda económica municipal. La Concejalía de Bienestar Social tiene registrado cerca de 3.000 personas mayores que actualmente se benefician como usuarios de numerosas prestaciones sociales.
El Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria dispone de una plantilla compuesta por un Trabajador Social y un Auxiliar Administrativo que cuentan con la colaboración del resto de trabajadores sociales con el objetivo de informar y tramitar los recursos del Plan Individual de Atención a las Personas en situación de Dependencia.
Fuente : irincon.es
El municipio se sitúa como uno de los que mejor ha desarrollado las peticiones de estas prestaciones sociales en la región andaluza. Actualmente se han distribuido más de 800 botones de teleasistencia, con la atención domiciliaria de unas 200 personas al año
La Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha tramitado unas 1.500 solicitudes para la prestación de ayudas de la Ley de Dependencia en el municipio, de las que ya más de 450 personas están percibiendo algún tipo de apoyo económico.
La alcaldesa de Rincón de la Victoria, Encarnación Anaya (PSOE), ha destacado la prioridad que supone para el Gobierno Local el "trabajar con celeridad para atender el número de demandas existentes para la ejecución de las prestaciones sociales públicas y ofrecer una asistencia que mejore la calidad de vida de las personas dependientes y sus familiares".
El concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, Ricardo Vivas (PSIRV), ha dicho que durante estos últimos tres años de Legislatura se ha realizado un excelente trabajo desde los Servicios Sociales que "nos sitúa como uno de los municipios que mejor ha avanzado en el desarrollado de la Ley de la Dependencia".
Vivas ha informado que más de 450 personas del municipio ya están recibiendo algún tipo de ayuda económica en el municipio. Además, el edil ha destacado que el 58 por ciento de las prestaciones recibidas mediante el Programa Individual de Atención a la Dependencia corresponden a la solicitud de ayudas económicas para el Cuidado en el Entorno Familiar que se conceden en función del grado y nivel del prestatario, de cantidades económicas que van desde los 70 hasta los 519 euros mensuales.
Asimismo, de las más de 1.500 solicitudes recibidas el 14 por ciento de las registradas corresponden al Servicio de Ayuda a Domicilio; el 16 por ciento obedecen a la Prestación Económica vinculada al Servicio (ayuda al pago del servicio residencial); el 9 por ciento a la concesión de una plaza pública en un centro residencial (que ha experimentando una aumento en los últimos meses), y el 3 va a destinada a recursos asistenciales tales como la Unidad de Estancia Diurna.
Por otro lado, cabe destacar la concesión de más de 800 botones para el Servicio de Teleasistencia y la atención de Ayuda a Domicilio de unos 200 usuarios al año, de los cuales el 50 por ciento reciben una ayuda económica municipal. La Concejalía de Bienestar Social tiene registrado cerca de 3.000 personas mayores que actualmente se benefician como usuarios de numerosas prestaciones sociales.
El Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria dispone de una plantilla compuesta por un Trabajador Social y un Auxiliar Administrativo que cuentan con la colaboración del resto de trabajadores sociales con el objetivo de informar y tramitar los recursos del Plan Individual de Atención a las Personas en situación de Dependencia.
Fuente : irincon.es
C.VALENCIANA - LA COMUNITAT DEJARÁ DE COBRAR 6 MILLONES POR SU DEFICIENTE APLICACIÓN DE LA LEY
La Comunitat Valenciana dejará de percibir más de 6 millones de euros en la distribución de créditos para la aplicación de la Ley de la Dependencia por la "deficiente" aplicación de esta normativa en la Comunitat, según ha indicado este viernes el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta.
Peralta ha explicado que el Consejo de la Dependencia —del que forma parte el Ministerio y las comunidades autónomas— ha aprobado destinar a la Comunitat un total de 25.294.787 euros, una cifra que representa un porcentaje del total repartido "significativamente inferior" al que correspondería en función de la población "potencialmente dependiente". Esta cifra se establecería en más de 31 millones de euros.
El delegado del Gobierno ha aclarado que este porcentaje inferior no se debe a "ningún tipo de prejuicio", sino que "única y exclusivamente responde a la realidad de que en la Comunitat la aplicación de la Ley de Dependencia lleva un enorme retraso", por lo que considera "lógico" esta reducción de fondos al no haber "beneficiarios reconocidos".
Peralta ha añadido que la media de dictámenes de grado de nivel de dependencia, en programas individuales de atención, en prestaciones de servicio reconocidas y en formación de cuidadores no profesionales está "significativamente" por debajo de la media nacional.
Asimismo, ha señalado que "tienen razón los dependientes cuando reiteradamente se quejan de que por parte del Gobierno de la Generalitat existe una voluntad clara de obstaculizar la Ley de Dependencia".
Fuente : 20minutos.es
Peralta ha explicado que el Consejo de la Dependencia —del que forma parte el Ministerio y las comunidades autónomas— ha aprobado destinar a la Comunitat un total de 25.294.787 euros, una cifra que representa un porcentaje del total repartido "significativamente inferior" al que correspondería en función de la población "potencialmente dependiente". Esta cifra se establecería en más de 31 millones de euros.
El delegado del Gobierno ha aclarado que este porcentaje inferior no se debe a "ningún tipo de prejuicio", sino que "única y exclusivamente responde a la realidad de que en la Comunitat la aplicación de la Ley de Dependencia lleva un enorme retraso", por lo que considera "lógico" esta reducción de fondos al no haber "beneficiarios reconocidos".
Peralta ha añadido que la media de dictámenes de grado de nivel de dependencia, en programas individuales de atención, en prestaciones de servicio reconocidas y en formación de cuidadores no profesionales está "significativamente" por debajo de la media nacional.
Asimismo, ha señalado que "tienen razón los dependientes cuando reiteradamente se quejan de que por parte del Gobierno de la Generalitat existe una voluntad clara de obstaculizar la Ley de Dependencia".
Fuente : 20minutos.es
CANARIAS - FAMILIARES ENFERMOS ALZHEIMER ESTUDIAN LLEVAR AL GOBIERNO DE CANARIAS A LOS TRIBUNALES
Familiares de aproximadamente 2.000 enfermos de Alzheimer en Gran Canaria estudian llevar al Gobierno regional a los tribunales al no haber recibido la ayuda que aseguran que les corresponde contemplada en la Ley de Dependencia.
Así lo informó a Europa Press la portavoz de los familiares, Josefa Afonso, que, acompañada por otros representantes y tutores, presentó una reclamación en la Consejería regional de Sanidad y en el Diputado del Común en la capital grancanaria.
De este modo, rechazan la situación de los mayores enfermos que actualmente están como usuarios de día en los centros de Alzheimer Canarias. Critican la "tardanza" del Gobierno regional en tramitar los expedientes para acceder a las correspondientes ayudas que contempla la Ley de Dependencia aprobada por el Gobierno central y resaltaron que en algunos casos la demora es de "más de dos años".
De ahí que piden el "amparo" del Diputado del Común para que el Ejecutivo autonómico "tramite de una vez estos expedientes y así los perjudicados pasen a recibir esa ayuda tan necesaria en la mayoría de los casos".
"LO MÁS ADECUADO"
Asimismo, quisieron hacer "notorio que en gran parte de los casos presentados ya se les ha reconocido el grado y nivel de dependencia, pero no han sido iniciados los Planes Individualizados de Atención (PIA), que recoge la citada ley y que permiten que sea la familia la que decida lo más adecuado para su enfermo".
"Queremos hacer público nuestro rechazo a la tardanza del Gobierno de Canarias en tramitar esas ayudas, que a veces llegan cuando nuestros mayores ya no están", advierten.
Aseguran que esas ayudas son "una parte importante que para la economía de las familias llegan a hacerse imprescindibles para poder mantener a los mayores en el centro de día". "No es dinero que vaya a nuestros bolsillos, sino que va directamente al centro donde estos enfermos acuden diariamente a recibir atención especializada", insisten.
Josefa Afonso explicó que en "algunos" de los casos se solicitó la ayuda en 2007 y el Gobierno regional "contestó en su día que sí se concedía el grado máximo, pero de viva voz dice que como el centro tiene una subvención no se da la ayuda".
"EN TENERIFE SE ESTÁN COBRANDO"
Sin embargo, según la portavoz de los familiares, "la Ley de Dependencia dice que cada familiar tiene derecho a decidir dónde y cuándo cobra la ayuda, es independiente que el centro tenga una ayuda".
"Las ayudas dependen del grado del enfermo y del dinero que tenga el Gobierno de Canarias que en este caso debe ser cero porque no da ayuda ninguna, sí sabemos que en Tenerife se están cobrando, es ahí donde se agarra el Gobierno de Canarias para decir que se están dando ayudas a la dependencia en las islas", añadió Afonso.
Destacó que Canarias es la Comunidad Autónoma "más atrasada de España" en la aplicación de la ley. "Es un porcentaje bajísimo el que la cobra", comentó.
De ahí que reclamó la mediación del Diputado del Común ante "la callada por respuesta" de la administración regional a sus solicitudes.
La portavoz dijo que los familiares están "planteando ir a los tribunales si esto sigue adelante". "Son personas muy dependientes, esta enfermedad en muchos casos deriva en una agresividad o en el no reconocimiento de familiares ni del entorno y hay que estar muy pendientes de ellos porque son inhábiles para todos", justificó.
Fuente : europapress.es
Así lo informó a Europa Press la portavoz de los familiares, Josefa Afonso, que, acompañada por otros representantes y tutores, presentó una reclamación en la Consejería regional de Sanidad y en el Diputado del Común en la capital grancanaria.
De este modo, rechazan la situación de los mayores enfermos que actualmente están como usuarios de día en los centros de Alzheimer Canarias. Critican la "tardanza" del Gobierno regional en tramitar los expedientes para acceder a las correspondientes ayudas que contempla la Ley de Dependencia aprobada por el Gobierno central y resaltaron que en algunos casos la demora es de "más de dos años".
De ahí que piden el "amparo" del Diputado del Común para que el Ejecutivo autonómico "tramite de una vez estos expedientes y así los perjudicados pasen a recibir esa ayuda tan necesaria en la mayoría de los casos".
"LO MÁS ADECUADO"
Asimismo, quisieron hacer "notorio que en gran parte de los casos presentados ya se les ha reconocido el grado y nivel de dependencia, pero no han sido iniciados los Planes Individualizados de Atención (PIA), que recoge la citada ley y que permiten que sea la familia la que decida lo más adecuado para su enfermo".
"Queremos hacer público nuestro rechazo a la tardanza del Gobierno de Canarias en tramitar esas ayudas, que a veces llegan cuando nuestros mayores ya no están", advierten.
Aseguran que esas ayudas son "una parte importante que para la economía de las familias llegan a hacerse imprescindibles para poder mantener a los mayores en el centro de día". "No es dinero que vaya a nuestros bolsillos, sino que va directamente al centro donde estos enfermos acuden diariamente a recibir atención especializada", insisten.
Josefa Afonso explicó que en "algunos" de los casos se solicitó la ayuda en 2007 y el Gobierno regional "contestó en su día que sí se concedía el grado máximo, pero de viva voz dice que como el centro tiene una subvención no se da la ayuda".
"EN TENERIFE SE ESTÁN COBRANDO"
Sin embargo, según la portavoz de los familiares, "la Ley de Dependencia dice que cada familiar tiene derecho a decidir dónde y cuándo cobra la ayuda, es independiente que el centro tenga una ayuda".
"Las ayudas dependen del grado del enfermo y del dinero que tenga el Gobierno de Canarias que en este caso debe ser cero porque no da ayuda ninguna, sí sabemos que en Tenerife se están cobrando, es ahí donde se agarra el Gobierno de Canarias para decir que se están dando ayudas a la dependencia en las islas", añadió Afonso.
Destacó que Canarias es la Comunidad Autónoma "más atrasada de España" en la aplicación de la ley. "Es un porcentaje bajísimo el que la cobra", comentó.
De ahí que reclamó la mediación del Diputado del Común ante "la callada por respuesta" de la administración regional a sus solicitudes.
La portavoz dijo que los familiares están "planteando ir a los tribunales si esto sigue adelante". "Son personas muy dependientes, esta enfermedad en muchos casos deriva en una agresividad o en el no reconocimiento de familiares ni del entorno y hay que estar muy pendientes de ellos porque son inhábiles para todos", justificó.
Fuente : europapress.es
LA RIOJA - DISCAPACIDAD AUDITIVA
Un total de 962 personas en La Rioja padecían en 2009 discapacidad auditiva
En 2009, en La Rioja, el 5,75 por ciento de la población reconocida con discapacidad padecía deficiencia sensorial auditiva. En ese año, existían en La Rioja un total de 962 personas con discapacidad auditiva, de las cuales 32 personas estaban valoradas con un grado muy grave, 154 con un grado grave y 776 con un grado moderado. Además, 514 eran hombres y 448 eran mujeres; y 564 residían en Logroño, 148 en la Rioja Baja, 113 en Rioja Centro y 137 en la Rioja Alta.
Así lo ha anunciado la consejera de Servicios Sociales, Sagrario Loza, acompañada por el presidente de la Asociación de Personas Sordas de La Rioja, Francisco Javier Calderón, con el que ha firmado un convenio por el cual Servicios Sociales destina 70.304 euros a programas que promuevan la integración social de las personas sordas.
Calderón, que padece discapacidad auditiva ha estado acompañado por su traductora quien le ha indicado mediante el lenguaje de símbolos todo lo que la consejera hablaba durante la rueda de prensa.
Precisamente un traductor o traductora es una "una figura indispensable para alguien sordo, ya que sin ellos no podemos hacer gestiones básicas del día a día" sin embargo "muchas veces tenemos que posponer esas gestiones porque nuestro traductor no puede acudir ese día con nosotros, por lo que esta figura se hace indispensable".
En esta línea, el presidente ha abogado porque en el Servicio Público "se aprenda el lenguaje de signos, que no es difícil, y eso sería de gran ayuda para personas con esa deficiencia auditiva".
Por su parte, la consejera ha señalado que el programa de intérprete de lenguaje de signos, que cuenta con una subvención de 66.504 euros, es un recurso de apoyo a las personas sordas de La Rioja para facilitar su integración y su relación con los oyentes y con el entorno, que ayuda a la comunicación entre ambos.
Dentro de este programa se realizarán actividades como la "atención individual y familiar en asuntos relevantes para los beneficiarios; la atención grupal y comunitaria, en asuntos de interés general para el colectivo de personas sordas de La Rioja, como pueden ser cursos, jornadas, o congresos; o la intervención para la traducción simultánea en actos y programas de interés general".
Por otro lado, Servicios Sociales aporta 3.800 euros a la Asociación de Personas Sordas de La Rioja para que desarrolle un programa que engloba diversas actividades socio comunitarias para la integración social de las personas sordas de La Rioja.
Además de esta actuación, la protección pública del Gobierno de La Rioja beneficia también a las personas sordas a través de su sistema de atención temprana a niños de 0 a 6 años, estableciendo un nivel adicional respecto a lo determinado en la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personas y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.
Fuente : europapress.es
En 2009, en La Rioja, el 5,75 por ciento de la población reconocida con discapacidad padecía deficiencia sensorial auditiva. En ese año, existían en La Rioja un total de 962 personas con discapacidad auditiva, de las cuales 32 personas estaban valoradas con un grado muy grave, 154 con un grado grave y 776 con un grado moderado. Además, 514 eran hombres y 448 eran mujeres; y 564 residían en Logroño, 148 en la Rioja Baja, 113 en Rioja Centro y 137 en la Rioja Alta.
Así lo ha anunciado la consejera de Servicios Sociales, Sagrario Loza, acompañada por el presidente de la Asociación de Personas Sordas de La Rioja, Francisco Javier Calderón, con el que ha firmado un convenio por el cual Servicios Sociales destina 70.304 euros a programas que promuevan la integración social de las personas sordas.
Calderón, que padece discapacidad auditiva ha estado acompañado por su traductora quien le ha indicado mediante el lenguaje de símbolos todo lo que la consejera hablaba durante la rueda de prensa.
Precisamente un traductor o traductora es una "una figura indispensable para alguien sordo, ya que sin ellos no podemos hacer gestiones básicas del día a día" sin embargo "muchas veces tenemos que posponer esas gestiones porque nuestro traductor no puede acudir ese día con nosotros, por lo que esta figura se hace indispensable".
En esta línea, el presidente ha abogado porque en el Servicio Público "se aprenda el lenguaje de signos, que no es difícil, y eso sería de gran ayuda para personas con esa deficiencia auditiva".
Por su parte, la consejera ha señalado que el programa de intérprete de lenguaje de signos, que cuenta con una subvención de 66.504 euros, es un recurso de apoyo a las personas sordas de La Rioja para facilitar su integración y su relación con los oyentes y con el entorno, que ayuda a la comunicación entre ambos.
Dentro de este programa se realizarán actividades como la "atención individual y familiar en asuntos relevantes para los beneficiarios; la atención grupal y comunitaria, en asuntos de interés general para el colectivo de personas sordas de La Rioja, como pueden ser cursos, jornadas, o congresos; o la intervención para la traducción simultánea en actos y programas de interés general".
Por otro lado, Servicios Sociales aporta 3.800 euros a la Asociación de Personas Sordas de La Rioja para que desarrolle un programa que engloba diversas actividades socio comunitarias para la integración social de las personas sordas de La Rioja.
Además de esta actuación, la protección pública del Gobierno de La Rioja beneficia también a las personas sordas a través de su sistema de atención temprana a niños de 0 a 6 años, estableciendo un nivel adicional respecto a lo determinado en la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personas y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.
Fuente : europapress.es
MADRID - RESPONSABLES SERVICIOS SOCIALES DENUNCIAN: "GOBIERNO HA ESTANCADO LA FINANCIACIÓN DE LA LEY"
La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales denuncia que los fondos que aporta el Estado para la financiación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia están "estancados" cerca de los 2.000 millones de euros, el mismo presupuesto que el año pasado.
Esta organización ha analizado los nuevos criterios de créditos para la financiación de la Ley de Dependencia aprobados el pasado 9 de julio en Consejo de Ministros que publica este miércoles el Boletín Oficial del Estado para concluir que el Nivel Acordado es de 283,2 millones de euros, "de lo que se deduce un incremento cero en este año porque ni siquiera se ha incrementado el IPC interanual".
Según explican, la mayor parte del gasto para dependencia desde la Administración del Estado corresponde al Nivel Mínimo, que depende de los grados y niveles reconocidos por las comunidades autónomas y que "sólo en lo que va de año asciende a 791,7 millones de euros". "Si continua la tendencia a final de año supondrá 1.650 millones de euros", advierte la organización.
Por eso, concluyen que la financiación total (mínimo+acordado) "estaría estancada cerca de los 2.000 millones por parte del Estado para 2010, prácticamente igual que en 2009" porque los dependientes más graves y que suponen una mayor aportación del Estado (Grado III), van ocasionando bajas y están teniendo 'repuesto' a un ritmo muy bajo".
Además, los gerentes denuncian que si bien los acuerdos del Consejo Territorial de Dependencia avanzan en la línea de 'premiar' a las comunidades que mejor aplican la ley, el nuevo modelo de reparto para el Nivel Acordado "no penaliza" a los que peor están desarrollando la norma y tampoco "beneficia sustancialmente" a quienes mejor la aplican.
No obstante, señala "probable" que los territorios que más déficit de implantación tienen, Canarias, Madrid y Valencia, "sí empiecen a resultar más penalizados al ponderar más el criterio de las personas efectivamente atendidas (con PIA) en los años siguientes".
La organización explica que tanto las variaciones de la cantidad de dinero tanto en términos absolutos como porcentuales señalan como beneficiarias a Andalucía, que incrementa su financiación en 5,5 millones (un 1,91 por ciento) y Cataluña, que ganaría 2 millones, aunque "tan sólo" suponen un 0,7 por ciento más. También figuran en este apartado Cantabria, La Rioja y Castilla y León.
En cuanto a los "penalizados por el nuevo sistema", la organización destaca los casos de Galicia, que pierde 3 millones respecto a 2009, Valencia y Canarias (pierden mas de un millón de euros), mientras que el resto de comunidades penalizadas tendrán proporciones de reducción por debajo del millón de euros.
Fuente : noticias.lainformacion.com
Esta organización ha analizado los nuevos criterios de créditos para la financiación de la Ley de Dependencia aprobados el pasado 9 de julio en Consejo de Ministros que publica este miércoles el Boletín Oficial del Estado para concluir que el Nivel Acordado es de 283,2 millones de euros, "de lo que se deduce un incremento cero en este año porque ni siquiera se ha incrementado el IPC interanual".
Según explican, la mayor parte del gasto para dependencia desde la Administración del Estado corresponde al Nivel Mínimo, que depende de los grados y niveles reconocidos por las comunidades autónomas y que "sólo en lo que va de año asciende a 791,7 millones de euros". "Si continua la tendencia a final de año supondrá 1.650 millones de euros", advierte la organización.
Por eso, concluyen que la financiación total (mínimo+acordado) "estaría estancada cerca de los 2.000 millones por parte del Estado para 2010, prácticamente igual que en 2009" porque los dependientes más graves y que suponen una mayor aportación del Estado (Grado III), van ocasionando bajas y están teniendo 'repuesto' a un ritmo muy bajo".
Además, los gerentes denuncian que si bien los acuerdos del Consejo Territorial de Dependencia avanzan en la línea de 'premiar' a las comunidades que mejor aplican la ley, el nuevo modelo de reparto para el Nivel Acordado "no penaliza" a los que peor están desarrollando la norma y tampoco "beneficia sustancialmente" a quienes mejor la aplican.
No obstante, señala "probable" que los territorios que más déficit de implantación tienen, Canarias, Madrid y Valencia, "sí empiecen a resultar más penalizados al ponderar más el criterio de las personas efectivamente atendidas (con PIA) en los años siguientes".
La organización explica que tanto las variaciones de la cantidad de dinero tanto en términos absolutos como porcentuales señalan como beneficiarias a Andalucía, que incrementa su financiación en 5,5 millones (un 1,91 por ciento) y Cataluña, que ganaría 2 millones, aunque "tan sólo" suponen un 0,7 por ciento más. También figuran en este apartado Cantabria, La Rioja y Castilla y León.
En cuanto a los "penalizados por el nuevo sistema", la organización destaca los casos de Galicia, que pierde 3 millones respecto a 2009, Valencia y Canarias (pierden mas de un millón de euros), mientras que el resto de comunidades penalizadas tendrán proporciones de reducción por debajo del millón de euros.
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