MURCIA - LAMENTABLE ESTADO DE APLICACIÓN

Lamentable estado de aplicación

Somos la única comunidad sin desarrollo normativo de la Ley, aunque no sabemos qué es peor: que no se desarrolle o que se desarrolle como pretende el Gobierno regional

Leandro Sánchez Martínez, en representación de la Plataforma por la Ley de Dependencia de la Región de Murcia.

La Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud de 1999 concluye que un 9% de la población española presenta alguna discapacidad o limitación conducente a una dependencia para las actividades de la vida diaria o necesidades de apoyo para su autonomía personal. La población de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM), a 1 de abril de 2010, es de 1.463.869 habitantes, de las que 131.748 personas (el 9%) cabría esperar alguna situación de dependencia.

Es decir, la Ley de Dependencia (Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia) está más que justificada.

La Ley determina tres grados de dependencia -Gran Dependencia, Severa y Moderada- cada uno con dos niveles, en función de las necesidades de la persona para realizar las actividades básicas de la vida diaria, las cuales también quedan bien definidas. A final de 2007 todos los grandes dependientes deberían haber estado atendidos, los severos más afectados al término de 2009, los restantes severos en 2010, mientras que los grados de moderados esperarían hasta final de 2012 y 2014.

Establecido el marco general, y recordando que la Ley se aprobó en diciembre de 2006, veremos a continuación su grado de aplicación y desarrollo en la Región de Murcia.

En primer lugar, somos la única Comunidad sin desarrollo normativo de la Ley, aunque no sabemos qué es peor: que no se desarrolle o que se desarrolle como pretende el Gobierno regional, a través de los tres borradores de decretos, en los que, por ejemplo, el que trata del Copago puede conducir a que un dependiente murciano tenga que pagar más que los de cualquier otra Comunidad en España. Los tres borradores han recibido duros correctivos del CES (Consejo Económico y Social).

El Defensor del Pueblo, además, ha criticado la atención a los ciudadanos y lo confuso del sistema.

En segundo lugar, la Ley obliga a las administraciones a crear una Red de Servicios para atender a los dependientes, quienes -excepcionalmente- podrán recibir una prestación económica para ser atendido por cuidadores no profesionales. De nuevo aquí se da la espalda a la Ley, pues de los dependientes murcianos con derecho a prestaciones, el 84% de ellas, deliberadamente, son de ese tipo.

En tercer lugar, la Ley expresamente dice que la valoración de la dependencia deberá ser realizada por funcionarios públicos, pero aquí, infringiéndola flagrantemente, se hizo a través de un convenio con el Colegio de Fisioterapeutas, valoración que luego ratificaba el funcionario de turno.

Con más de tres años de retraso, el día 10 de febrero de 2010 se publicó en el BORM, la Orden de 29 de enero de 2010 por la que se configura la opción Técnico Valorador en Dependencia dentro del Cuerpo Técnico. Y mediante Orden de 12 de febrero se convoca el procedimiento extraordinario para la provisión de estas plazas.

En cuarto lugar, y por lo que se refiere a la financiación, hay que hablar de cifras, aunque a día de hoy nada sabemos de lo que aporta la Administración regional. En 2006, y para preparar la aplicación de la Ley, a Murcia llegaron 5,3 millones de euros, procedentes de la Administración General del Estado (AGE). En 2007, 6,4 para el nivel mínimo garantizado y 5,8 del nivel acordado.

En 2008 fueron 14,9 y 6,9, respectivamente. En 2009, a esos niveles correspondieron 39,5 y 8,6, más 11,6 del Plan E. Total recibido de la AGE: 99 millones de euros.

Finalmente, según los datos del Sistema de Información del SAAD de 1 de abril de 2010, en nuestra Región se han presentado 44.083 solicitudes de valoración de dependencia, se han dictaminado 42.179, hay 30.974 con derecho a prestación, mientras que son 20.642 las que reciben alguna.

La tasa de eficacia es presuntamente del 66%, cifra optimista tendente a la baja, ya que un dependiente puede recibir más de una prestación. No obstante, las cifras del IMAS (Instituto Murciano de Acción Social), también de 1 de abril de 2010, son otras: 54.104 solicitudes, 44.049 dictámenes, 32.804 con derecho a prestación y nada dice de los receptores de prestación, por lo que no se puede calcular su eficacia.

En todo caso, y hasta marzo, han fallecido 4.474 personas sin haber recibido sus prestaciones a pesar de tenerlas reconocidas.

A la vista del lamentable estado de aplicación y desarrollo de la Ley en nuestra Región, y la falta de voluntad institucional, ¿cree usted necesaria la creación de la Plataforma por la Ley de la Dependencia de la Región de Murcia?

Fuente : laverdad.es