La Ley de Dependencia ha dado 36 ayudas y recibido 63 solicitudes cada día en tres años
La tramitación se ha simplificado y es la región que más recurre a la concesión de dinero para pagar servicios
LAS POSTURAS
CÉSAR ANTÓN BELTRÁN CONSEJERO DE FAMILIA
«La gestión es ágil, en constante mejora y de gran calidad y los datos, transparentes»
FERNANDO RODERO GARCÍA PORTAVOZ SOCIALISTA
«Todavía hay personas que llevan dos años esperando una prestación a la que tienen derecho»
Las solicitudes, resoluciones y prestaciones son las que son, pero el análisis de los datos desde la mirada de la Junta -administración que aplica la normativa- y la socialista -defensora de una ley estatal- desbordan el debate, enfrentan cifras y dificultan comparaciones.
La Ley de la Dependencia nació con la confrontación política, se desarrolló con la misma pugna y cumple ahora sus tres primeros años con el mismo turbio balance. Ayer, la doble comparecencia del consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, César Antón Beltrán, para explicar la evolución de este nuevo reconocimiento del derecho a ser atendido cuando se carece de autonomía personal y su financiación no fue una excepción y cruzó más que palabras con la oposición defendida por Fernando Rodero García.
Volvió el responsable regional de los Servicios Sociales a echar en cara al Gobierno central el retraso del desarrollo normativo para poner en marcha una ley que, en Castilla y León, el primer año sólo dejó 267 solicitudes y ninguna prestación concedida; aunque en el resto de las comunidades españolas hubo miles de beneficiarios.
Desde entonces y hasta el pasado abril, mes en el que se cumple cada aniversario de la aplicación de la ley, la demanda de solicitudes ha crecido exponencialmente hasta sumar 69.433 en la actualidad y contabilizar este año una media mensual de 2.800 solicitudes, según los datos del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) citados por el consejero.
Significa este dato que, si en Castilla y León las estimaciones oficiales apuntan a 84.000 personas con problemas de discapacidad; el 83% ya ha presentado su solicitud. Otra cuestión es el grado de dependencia y si tienen derecho o no en la actualidad, o en los próximos años en que descienden las exigencias, a una prestación económica o de servicio. Supone, por lo tanto, una media diaria de 63 solicitudes en estos años (desde abril del 2007) y, de 93 en la actualidad.
Estas prestaciones que al principio llegaban tarde e, incluso, nunca porque según los datos del PSOE «cinco mil personas murieron sin lograr disfrutar de la ayuda reconocida», han crecido considerablemente y, mientras en el 2008, sumaban 2.783; un año más tarde ya eran 26.243.
En el actual ejercicio son 43.935 las prestaciones concedidas que corresponden a 39.846 personas porque algunas pueden recibir más de una para completar su atención. Suponen, por lo tanto, una media al día de 36 beneficiarios con ayuda percibida. La mejora en la tramitación de los expedientes ha sido considerable y mientras el plazo medio de resolución era de once meses, actualmente ha pasado a ocho e, incluso, a medio año.
Ayuda telefónica y en la red
Además de simplificar considerablemente la tramitación con la acumulación de documentos a presentar en un sólo encuentro, la Junta ha puesto en marcha un servicio de apoyo por teléfono para solucionar posibles dudas y un modelo de solicitud guiado por Internet.
Sin embargo, los socialistas advirtieron del «embudo que supone la Gerencia de Servicios Sociales frente a la rapidez demostrada por las corporaciones locales».
El enfrentamiento entre la Administración regional y el socialista Fernando Rodero lo protagonizaron sobre todo la interpretación de las cifras. El consejero Antón hizo sus análisis globales y se puso en los primeros puestos de las comunidades españolas en resultados de buena gestión. Su oponente separaba los datos de los mayores de 64 años porque suponen el 88% de los dependientes y, entonces, Castilla y León bajaba considerablemente de puesto.
No faltó el intercambio de acusaciones en cuanto a la interpretación interesada de los datos e incluso de su falsedad y, en consecuencia, el lanzamiento del reto mutuo de indicar un sólo dato falso. Fernando Rodero pidió incluso un debate fuera de las estrecheces parlamentarias, sin tiempos tan limitados de intervención, ante los medios de comunicación, que no fue aceptado.
Los altos porcentajes que Castilla y León registra en el tipo de prestaciones de prevención y en las de ayuda a pago de los servicios fueron otro importante punto de debate. El PSOE considera que recurrir a financiar una ayuda para costear un servicio se debe a la carencia del mismo. El 22,13% de la demanda opta por esta prestación en la región mientras que la media nacional está en el 6,76%. Los cuidados familiares es la otra gran opción para Castilla y León.
Fuente : nortecastilla.es
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