PSOE-A defenderá en el Parlamento que los fondos se distribuyan en función de las personas atendidas
El PSOE-A defenderá una proposición no de Ley en el Pleno del Parlamento de la próxima semana en la que demanda a la Junta que inste al Gobierno central a que, en los próximos ejercicios, la distribución de los fondos para la aplicación de la Ley de Dependencia en las comunidades autónomas se haga fundamentalmente en función de las personas realmente atendidas y no en función de la previsión de personas potencialmente dependientes, como se hace en la actualidad.
De igual manera, en la iniciativa, que fue presentada en rueda de prensa por el portavoz del PSOE en el Parlamento, Mario Jiménez, se plantea que, a su vez, prevalezca en los criterios de reparto de los fondos el hecho de que la persona sea atendida por un servicio sobre la prestación económica, y que para este ejercicio, el 50 por ciento del fondo se reparta entre las comunidades en función de las personas realmente atendidas.
Según expuso Jiménez, actualmente hay más de 155.000 personas beneficiarias de este derecho en Andalucía, lo que representa en torno al 30 por ciento de las personas que están recibiendo una prestación en España. Agregó que de esos andaluces, 48.400 reciben en la comunidad dos o más prestaciones incluidas en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, lo que supone que el 53 por ciento de las personas que están recibiendo dos o más prestaciones en España son de Andalucía.
En resumen, según agregó, Andalucía, con 204.400 prestaciones concedidas, aglutina el 31,6 por ciento del total de prestaciones concedidas a nivel nacional, porcentaje que casi duplica el peso poblacional de la comunidad, que es del 17 por ciento en el conjunto del Estado.
Confió en que la Junta de Andalucía, cuando aborde esta negociación con el Gobierno central y el resto de comunidades autónomas, sea apoyada por todos los partidos andaluces en sus reivindicaciones. Aludió a que hay algunas comunidades, principalmente la Valenciana y la de Madrid, gobernadas por el PP, que están intentando "hacer trampas" en la utilización de los recursos "y quieren ganar dinero a coste de los presupuesto de la comunidad en la distribución de esos recursos".
Jiménez mostró su preocupación por que Andalucía percibe actualmente por cada beneficiario de una prestación sólo 419 euros; frente a los 1.270 de Canarias; a los 950, de Comunidad de Madrid, o a los 868 euros de Comunidad Valenciana.
A su juicio, se está produciendo un "boicot activo en la aplicación y declaración de prestaciones a beneficiarios" en comunidades como la Valenciana y la de Madrid, "buscando quedarse con un reparto teórico que se hace por parte del Gobierno".
Asimismo, el portavoz socialista hizo alusión a los efectos sobre la economía y el empleo de la aplicación de la Ley de Dependencia. "El desarrollo de esta ley en Andalucía también está propiciando un impacto positivo en los sectores productivos directamente implicados", dijo Mario, quien expuso que, según datos de la Seguridad Social, durante 2009, la afiliación media en el sector de actividades sanitarias y de servicios sociales creció en la comunidad un 14 por ciento, el doble del crecimiento a nivel estatal.
Fuente : europapress.es
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