La paga al familiar cuidador se endurece
El Principado pone coto a la paga al cuidador familiar de personas dependientes.
Todas las comunidades autónomas acuerdan un nuevo sistema de valoración, que obliga a un nuevo curso de formación de 60 horas para los valoradores
El Principado no permitirá cobrar esa prestación cuando el dependiente ya utilice algún servicio
No podrán acceder a ella los parientes de quienes, en el momento de ser valorados, estén utilizando ya un servicio, ya sea de residencia, de centro de día o de cualquier otra variante asistencial.
La Consejería de Bienestar Social y Vivienda ha encontrado el apoyo del resto de comunidades a su ya conocida petición de frenar la concesión de esta prestación, que la Ley de la Dependencia considera 'excepcional', pero que en los tres primeros años de vigor de la norma se ha convertido en la práctica más habitual, hasta el punto de que en Asturias estas pagas son la mitad de todas las prestaciones concedidas.
A pesar de lo abultado del porcentaje, que supone más de 5.000 de estos nuevos salarios, Asturias es una de las comunidades con la más baja preferencia por esta prestación, que ahora será de más difícil acceso.
Porque, en el último Consejo Interterritorial del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), el Ministerio de Sanidad y Política Social decidió prohibir que pueda convertirse en cuidador familiar el pariente de un usuario de un servicio, además de limitar a familiares hasta en tercer grado los posibles candidatos a ejercer como trabajadores.
Sólo se hace excepción al parentesco en el caso de zonas rurales de difícil acceso, en el que los cuidadores habituales pueden ser personas que, de forma voluntaria, lleven ya años realizando esa tarea.
Cien PIAs paralizados
Además, se rechaza la posibilidad de que un dependiente sea cuidador familiar de otro y se endurecen más las condiciones de la vivienda, que tiene que cumplir, en la práctica, casi con el modelo residencial.
Para poder aceptar que el dependiente siga en su casa al cuidado de un familiar, éste tendrá que demostrar que el domicilio no sólo está en perfectas condiciones, sino que cumple con todas las normas de accesibilidad.
Con este respaldo oficial, que verá reflejado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Principado tiene más argumentos en su batalla legal contra un centenar de familias, que tienen paralizado el Plan Individual de Atención de su pariente al pretender sacarle de un centro de atención para que viva en casa a su cuidado.
No obstante, en los últimos meses, desde Bienestar Social ya se había apreciado un cambio de tendencia en el comportamiento de los beneficiarios, hasta el punto de que 35 decidieron dar marcha atrás en su PIA. Donde antes pedían cuidador familiar, ahora solicitan ayuda a domicilio o centro de día. O ambos, puesto que, desde el 1 de enero pasado, en Asturias se pueden compatibilizar dos prestaciones asistenciales.
Baremo rígido
En la reunión celebrada ayer, en la que estuvo presente el director general de Prestaciones y Servicios Sociales, Pedro Rodríguez, también se analizó la aplicación del baremo, ya que todas las comunidades han coincidido en que debe ser único y común en todo el país.
De hecho, desde la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, ya se había señalado entre los 'debe' de Asturias «un excesivo número de solicitantes de la Ley de la Dependencia que no llegan al grado y nivel requerido en este momento», es decir, los grados I y II en sus niveles 1 y 2. Esta circunstancia es, para la citada entidad, muestra de que «se puede hablar de cierta 'dureza' en la aplicación del baremo».
Aunque desde Bienestar Social se ha negado esa «dureza», ya que «aplicamos el baremo que ha sido aprobado para todos», ahora se han vuelto a perfilar los detalles del análisis al que debe ser sometido el usuario, así como la capacitación de los valoradores.
Todos ellos deberán hacer un curso de 60 horas, 45 lectivas y 15 de prácticas, de las que 20 estarán dedicadas a la aplicación del baremo en colectivos específicos por condiciones de salud y 12 a las prácticas in situ. Los primeros resultados, antes de seis meses.
Fuente: elcomerciodigital.com
viernes, 26 de marzo de 2010
MINI PAQUETE DE REFORMAS URGENTES
El Gobierno presenta un mini paquete de reformas urgentes
Tras casi un mes de negociaciones con los distintos partidos políticos la vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, ha presentado un documento sin muchas novedades y con medidas puntuales.
El Ejecutivo ha accedido a elevar el umbral de "inembargabilidad" en supuestos de ejecución hipotecaria sobre la vivienda habitual y a aplicar el tipo superreducido de IVA a los servicios de atención a la dependencia, según se recoge en el texto de nueve páginas enviado esta tarde a los partidos políticos.
El documento, además, incluye las medidas para favorecer el crédito, la rehabilitación de viviendas y el empleo ya expuestas el pasado 1 de marzo cuando comenzó la ronda de negociaciones para el pacto anticrisis.
El Gobierno propone iniciar con fecha efectiva anterior al 15 de junio por parte del ICO la actividad de préstamo directo a pequeñas y medianas empresas con importe máximo de 200.000 euros por operación, decidiendo y asumiendo el ICO el 100% del riesgo.
Apuesta también reducir el IVA para todo tipo de obras de mejora de vivienda, fijando el tipo reducido para las obras realizadas hasta 31 de diciembre de 2012 y ampliando el límite máximo del coste de materiales hasta el 30% del precio de la actuación.
Además, propone reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil para elevar el umbral de inembargabilidad en los supuestos de ejecución hipotecaria sobre su vivienda habitual, teniendo en cuenta la existencia de familiares a cargo del obligado.
El Gobierno incluye también en el documento la aplicación del tipo superreducido de IVA a los servicios de atención a la dependencia prestados por las empresas integradas en el sistema.
La demanda para aumentar el umbral del sueldo que no puede ser embargado había sido solicitada por IU-ICV, mientras que el IVA reducido para la dependencia lo había solicitado CiU.
Noticia completa y más información en Fuente : expansion.com
Tras casi un mes de negociaciones con los distintos partidos políticos la vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, ha presentado un documento sin muchas novedades y con medidas puntuales.
El Ejecutivo ha accedido a elevar el umbral de "inembargabilidad" en supuestos de ejecución hipotecaria sobre la vivienda habitual y a aplicar el tipo superreducido de IVA a los servicios de atención a la dependencia, según se recoge en el texto de nueve páginas enviado esta tarde a los partidos políticos.
El documento, además, incluye las medidas para favorecer el crédito, la rehabilitación de viviendas y el empleo ya expuestas el pasado 1 de marzo cuando comenzó la ronda de negociaciones para el pacto anticrisis.
El Gobierno propone iniciar con fecha efectiva anterior al 15 de junio por parte del ICO la actividad de préstamo directo a pequeñas y medianas empresas con importe máximo de 200.000 euros por operación, decidiendo y asumiendo el ICO el 100% del riesgo.
Apuesta también reducir el IVA para todo tipo de obras de mejora de vivienda, fijando el tipo reducido para las obras realizadas hasta 31 de diciembre de 2012 y ampliando el límite máximo del coste de materiales hasta el 30% del precio de la actuación.
Además, propone reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil para elevar el umbral de inembargabilidad en los supuestos de ejecución hipotecaria sobre su vivienda habitual, teniendo en cuenta la existencia de familiares a cargo del obligado.
El Gobierno incluye también en el documento la aplicación del tipo superreducido de IVA a los servicios de atención a la dependencia prestados por las empresas integradas en el sistema.
La demanda para aumentar el umbral del sueldo que no puede ser embargado había sido solicitada por IU-ICV, mientras que el IVA reducido para la dependencia lo había solicitado CiU.
Noticia completa y más información en Fuente : expansion.com
FORMENTERA - PROGRAMA DE APOYO AL CUIDADOR
Formentera y la Obra Social de La Caixa implantan un programa de apoyo al cuidador familiar de personas dependientes
El Consell de Formentera y la Obra Social de La Caixa suscribieron un programa de apoyo al cuidador familiar por el cual se potenciará la difusión de conocimientos prácticos que ayuden a mejorar la calidad de vida de los cuidadores y les ayude a realizar mejor su tarea, según explicó el presidente del Consell, Jaume Ferrer.
Por su parte, María José Gil, coordinadora del programa de Atención a la Dependencia de la Obra Social de La Caixa, aseguró que el 85 por ciento de los cuidadores que atienden a personas dependientes a pertenecen al entorno familiar y cerca del 80 por ciento son mujeres más granos de 50 años".
Asimismo, Gil afirmó que esta tarea, puede provocar diferentes afecciones sobre la persona cuidadora, puesto que "un 65 por ciento de ellos ven reducida su salud física o psíquica y un 20 por ciento desarrollan el síndrome del cuidador quemado".
Con este programa, La Caixa pretende reconocer de forma explícita la importante labor que llevan a cabo los cuidadores familiares, facilitando herramientas a los cuidadores para que puedan adaptarse a las diferentes situaciones que se les presentan.
Por esto motivo, este programa de apoyo a los cuidadores familiares pone a su disposición un teléfono de atención permanente, 900 220 000, así como materiales de apoyo como un DVD y guías de consulta que facilitan información y orientaciones para ayudarles a su tarea diaria con el objetivo de cuidarse y cuidar mejor a la persona a su cargo.
Fuente : europapress.es
El Consell de Formentera y la Obra Social de La Caixa suscribieron un programa de apoyo al cuidador familiar por el cual se potenciará la difusión de conocimientos prácticos que ayuden a mejorar la calidad de vida de los cuidadores y les ayude a realizar mejor su tarea, según explicó el presidente del Consell, Jaume Ferrer.
Por su parte, María José Gil, coordinadora del programa de Atención a la Dependencia de la Obra Social de La Caixa, aseguró que el 85 por ciento de los cuidadores que atienden a personas dependientes a pertenecen al entorno familiar y cerca del 80 por ciento son mujeres más granos de 50 años".
Asimismo, Gil afirmó que esta tarea, puede provocar diferentes afecciones sobre la persona cuidadora, puesto que "un 65 por ciento de ellos ven reducida su salud física o psíquica y un 20 por ciento desarrollan el síndrome del cuidador quemado".
Con este programa, La Caixa pretende reconocer de forma explícita la importante labor que llevan a cabo los cuidadores familiares, facilitando herramientas a los cuidadores para que puedan adaptarse a las diferentes situaciones que se les presentan.
Por esto motivo, este programa de apoyo a los cuidadores familiares pone a su disposición un teléfono de atención permanente, 900 220 000, así como materiales de apoyo como un DVD y guías de consulta que facilitan información y orientaciones para ayudarles a su tarea diaria con el objetivo de cuidarse y cuidar mejor a la persona a su cargo.
Fuente : europapress.es
NAVARRA - AFILIACIÓN DE CUIDADORES DE 369 A 1.055
La afiliación de cuidadores familiares de dependientes pasa de 369 a 1.055 en un año
Así lo anunció la consejera de Asuntos Sociales al comparecer en el Parlamento foral, García Malo defendió también que el sector de la dependencia y los servicios sociales está generando empleo
En enero de 2010 ya estaban afiliados a la Seguridad Social en Navarra 1.055 cuidadores familiares de personas dependientes, frente a los 369 de un año antes. Además, los servicios sociales y sanitarios constituyen "el único sector que está generando empleo" hoy en Navarra. Así lo afirmó ayer la consejera de Asuntos Sociales, Maribel García Malo, en comisión parlamentaria. Y una parte de ese empleo, 1.
181 puestos nuevos de trabajo entre enero de 2009 y enero de 2010, tienen que ver con el sector de la dependencia y otros servicios sociales. Se trata de datos de afiliaciones a la Seguridad Social, que en ese periodo crecieron un 5,4% frente a los descensos en otros sectores como industria, construcción, agricultura o servicios.
La consejera compareció para hablar del acuerdo firmado con los empresarios de la CEN y los sindicatos UGT y CC OO en materia de dependencia, a petición del PSN, y resaltó la importancia del "consenso" en esta materia, así como lo que consideró elementos claves del nuevo sistema de servicios sociales: "calidad en la atención, en la gestión y en el empleo". Desde la oposición, tanto PSN como NaBai, CDN e IU insistieron en la necesidad de impulsar "la calidad en el empleo", combatir "la precariedad" en el sector de servicios sociales y homogeneizar, regular y ordenar las condiciones laborales.
Ana Figueras (IU) se refirió en este sentido también a la necesidad de "conciertos más generosos" y a apostar más por la prevención y por los servicios de apoyo a domicilio. Por su parte, José Andrés Burguete (CDN) reclamó que se siga reivindicando ante la Administración estatal que "cumpla sus compromisos" en la financiación de la dependencia con el 33% estipulado.
Fuente : diariodenavarra.es
Así lo anunció la consejera de Asuntos Sociales al comparecer en el Parlamento foral, García Malo defendió también que el sector de la dependencia y los servicios sociales está generando empleo
En enero de 2010 ya estaban afiliados a la Seguridad Social en Navarra 1.055 cuidadores familiares de personas dependientes, frente a los 369 de un año antes. Además, los servicios sociales y sanitarios constituyen "el único sector que está generando empleo" hoy en Navarra. Así lo afirmó ayer la consejera de Asuntos Sociales, Maribel García Malo, en comisión parlamentaria. Y una parte de ese empleo, 1.
181 puestos nuevos de trabajo entre enero de 2009 y enero de 2010, tienen que ver con el sector de la dependencia y otros servicios sociales. Se trata de datos de afiliaciones a la Seguridad Social, que en ese periodo crecieron un 5,4% frente a los descensos en otros sectores como industria, construcción, agricultura o servicios.
La consejera compareció para hablar del acuerdo firmado con los empresarios de la CEN y los sindicatos UGT y CC OO en materia de dependencia, a petición del PSN, y resaltó la importancia del "consenso" en esta materia, así como lo que consideró elementos claves del nuevo sistema de servicios sociales: "calidad en la atención, en la gestión y en el empleo". Desde la oposición, tanto PSN como NaBai, CDN e IU insistieron en la necesidad de impulsar "la calidad en el empleo", combatir "la precariedad" en el sector de servicios sociales y homogeneizar, regular y ordenar las condiciones laborales.
Ana Figueras (IU) se refirió en este sentido también a la necesidad de "conciertos más generosos" y a apostar más por la prevención y por los servicios de apoyo a domicilio. Por su parte, José Andrés Burguete (CDN) reclamó que se siga reivindicando ante la Administración estatal que "cumpla sus compromisos" en la financiación de la dependencia con el 33% estipulado.
Fuente : diariodenavarra.es
CIUDAD REAL - SON YA 7.000 LOS BENEFICIARIOS DE LA LEY
7.000 ciudadrealeños son beneficiarios de la Ley de Dependencia
“No vamos a dar ni un paso atrás en la aplicación de la Ley de Dependencia a pesar de la crisis económica”. Con estas palabras, la senadora del PSOE Cristina Maestre afirmaba ayer que Castilla-La Mancha está dando un “paso de gigante” en este sentido y hacía un balance positivo de los tres años de vigencia de esta ley.
Maestre aseguraba que en la provincia de Ciudad Real 7.000 personas ya son beneficiarias de algunas de las prestaciones sociales que ofrece la Ley de Dependencia y, de éstas, 3.500 reciben ayudas económicas para que sean los familiares los que puedan atender a las personas dependientes.
En Castilla-La Mancha son más de 28.000 personas las que disfrutan de alguna recurso o servicio social y más de 35.000 de prestaciones económicas de entre 300 y 500 euros. De los solicitantes, un 20% son atendidos en recursos residenciales y un 10% recibe ayuda a domicilio o teleasistencia.
Maestre destacaba que en otras comunidades la aplicación de la ley están siendo más lenta puesto que no contaban con una red de protección social adecuada. “En Castilla-La Mancha habíamos hecho los deberes y hemos sido pioneros en unir la Consejería de Sanidad con la de Bienestar Social, dando ejemplo de austeridad en el Gobierno y de mejora de atención”, añadía.
Con el desarrollo de esta normativa, Maestre subrayaba que se crearán más de 15.000 puestos de trabajo en la región y 1.500 en la provincia de Ciudad Real.
Por último, recordaba que serán más de medio millón de personas las que podrán beneficiarse en España de la aplicación de la Ley de Dependencia, por ahora ya son 521.000. “Es una ley de gran envergadura no se puede aplicar de la noche a la mañana”, concluía.
Fuente : eldiadeciudadreal.com
“No vamos a dar ni un paso atrás en la aplicación de la Ley de Dependencia a pesar de la crisis económica”. Con estas palabras, la senadora del PSOE Cristina Maestre afirmaba ayer que Castilla-La Mancha está dando un “paso de gigante” en este sentido y hacía un balance positivo de los tres años de vigencia de esta ley.
Maestre aseguraba que en la provincia de Ciudad Real 7.000 personas ya son beneficiarias de algunas de las prestaciones sociales que ofrece la Ley de Dependencia y, de éstas, 3.500 reciben ayudas económicas para que sean los familiares los que puedan atender a las personas dependientes.
En Castilla-La Mancha son más de 28.000 personas las que disfrutan de alguna recurso o servicio social y más de 35.000 de prestaciones económicas de entre 300 y 500 euros. De los solicitantes, un 20% son atendidos en recursos residenciales y un 10% recibe ayuda a domicilio o teleasistencia.
Maestre destacaba que en otras comunidades la aplicación de la ley están siendo más lenta puesto que no contaban con una red de protección social adecuada. “En Castilla-La Mancha habíamos hecho los deberes y hemos sido pioneros en unir la Consejería de Sanidad con la de Bienestar Social, dando ejemplo de austeridad en el Gobierno y de mejora de atención”, añadía.
Con el desarrollo de esta normativa, Maestre subrayaba que se crearán más de 15.000 puestos de trabajo en la región y 1.500 en la provincia de Ciudad Real.
Por último, recordaba que serán más de medio millón de personas las que podrán beneficiarse en España de la aplicación de la Ley de Dependencia, por ahora ya son 521.000. “Es una ley de gran envergadura no se puede aplicar de la noche a la mañana”, concluía.
Fuente : eldiadeciudadreal.com
CiU PIDE COMPARECENCIA T. JIMENEZ PARA INFORMAR SOBRE AYUDAS
CiU pide comparecencia T.Jiménez para informar sobre ayudas ley dependencia
El grupo parlamentario de Convergencia i Unió (CiU) ha pedido la comparecencia de la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, para que informe sobre "cómo afectarán los recortes de gasto en servicios sociales planteados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera al desarrollo de la ley de dependencia".
El portavoz de Asuntos Sociales de la formación catalana en el Congreso, Carles Campuzano, recuerda que CiU ha venido planteando de forma reiterada desde hace tiempo que, tal y como está configurada dicha ley, no está garantizada la sostenibilidad del sistema de dependencia".
Campuzano cree necesario un debate en la Cámara Baja para aportar claridad en torno al desarrollo de la ley de dependencia y determinar en qué medida afectará el plan de austeridad que planea el Ejecutivo y el contexto de crisis actual a las prestaciones de atención a la dependencia.
La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, subrayó que el plan de austeridad no afectará a ninguna prestación de ningún derecho, ni de carácter sanitario ni de carácter social, incluida la aplicación de la Ley de Dependencia.
Fuente : larioja.com
El grupo parlamentario de Convergencia i Unió (CiU) ha pedido la comparecencia de la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, para que informe sobre "cómo afectarán los recortes de gasto en servicios sociales planteados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera al desarrollo de la ley de dependencia".
El portavoz de Asuntos Sociales de la formación catalana en el Congreso, Carles Campuzano, recuerda que CiU ha venido planteando de forma reiterada desde hace tiempo que, tal y como está configurada dicha ley, no está garantizada la sostenibilidad del sistema de dependencia".
Campuzano cree necesario un debate en la Cámara Baja para aportar claridad en torno al desarrollo de la ley de dependencia y determinar en qué medida afectará el plan de austeridad que planea el Ejecutivo y el contexto de crisis actual a las prestaciones de atención a la dependencia.
La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, subrayó que el plan de austeridad no afectará a ninguna prestación de ningún derecho, ni de carácter sanitario ni de carácter social, incluida la aplicación de la Ley de Dependencia.
Fuente : larioja.com
ASTURIAS - "PRIMERO LO IMPORTANTE, DESPUÉS, LO CONVENIENTE"
«Primero se atenderá lo importante, después lo conveniente», dice el PSOE
«No vamos a parar la ley», asegura el diputado socialista Fernando Lastra
Fernando Lastra, portavoz del Grupo Socialista en la Junta General del Principado, aseveró ayer que «primero se atenderá lo importante, después, lo conveniente», ante la posibilidad de que los recortes del gasto público afecten a las partidas destinadas a la aplicación progresiva del la ley de Dependencia, aunque el hombre fuerte de la FSA en la Junta aclaró que esto no supone paralizar su aplicación.
Lastra aseguró, ante las dudas de que las declaraciones del presidente, Vicente Álvarez Areces, sobre el «parón» de la ley de Dependencia han generado en distintos ámbitos, que «no vamos a parar la ley; no hemos planteado pararla».
Y añadió durante una tertulia en la Ser que «lo que ocurre es que como hay distintos grados, estableces un criterio de prioridades atendiendo a las necesidades en función de su importancia». Por su parte, Inmaculada González (PP) espera que el Gobierno explique a «cuántas personas» va a afectar el recorte y «hasta dónde va a llegar».
Fuente : lne.es
«No vamos a parar la ley», asegura el diputado socialista Fernando Lastra
Fernando Lastra, portavoz del Grupo Socialista en la Junta General del Principado, aseveró ayer que «primero se atenderá lo importante, después, lo conveniente», ante la posibilidad de que los recortes del gasto público afecten a las partidas destinadas a la aplicación progresiva del la ley de Dependencia, aunque el hombre fuerte de la FSA en la Junta aclaró que esto no supone paralizar su aplicación.
Lastra aseguró, ante las dudas de que las declaraciones del presidente, Vicente Álvarez Areces, sobre el «parón» de la ley de Dependencia han generado en distintos ámbitos, que «no vamos a parar la ley; no hemos planteado pararla».
Y añadió durante una tertulia en la Ser que «lo que ocurre es que como hay distintos grados, estableces un criterio de prioridades atendiendo a las necesidades en función de su importancia». Por su parte, Inmaculada González (PP) espera que el Gobierno explique a «cuántas personas» va a afectar el recorte y «hasta dónde va a llegar».
Fuente : lne.es
CANARIAS - "NO SE HAN INVERTIDO 132 MILLONES EN DEPENDENCIA"
Sostienen que no se han invertido 132 millones en Dependencia
El presidente del Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Las Palmas, Domingo Viera, afirmó ayer que "es mentira" que el Gobierno de Canarias haya invertido en 2009 aproximadamente 132,4 millones de euros para la atención de personas dependientes en las islas, tal como aseguró ayer la consejera regional de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, Inés Rojas.
"Eso es mentira y no ha dicho en ningún momento dónde está invertido ese dinero en la aplicación de la Ley de Dependencia", manifestó Viera en rueda de prensa, en la que exigió a Rojas que "deje de echar la culpa al Estado de todo lo que el Gobierno autónomo no hace, porque la ley dice bien claro que los responsables de la aplicación de la ley son las comunidades autónomas".
Instó a la consejera a "explicar por qué el dinero que ha recibido del Estado no lo ha invertido en la aplicación de la Ley de Dependencia y no se sabe dónde está".
El representante de los trabajadores sociales de la provincia oriental criticó que la Consejería de Bienestar Social empezó "tardíamente a desarrollar la ley y sólo ha dado ayudas económicas". De ahí que se pregunta "por qué la propia Consejería ha optado por el camino de la excepcionalidad de la ley que son las ayudas".
Viera resaltó que "el colmo es que, para la consejera, la culpa de la mala aplicación de la ley la tienen los usuarios porque están pidiendo dinero y no piden camas".
"Este Gobierno nos está tratando como a ignorantes y nos está tomando el pelo", señaló.
Recordó que en las islas el Ejecutivo regional "lleva años atendiendo a diversos sectores sociales", pero denunció que la administración "está ocultando detrás de los planes sectoriales la aplicación de la Ley de Dependencia".
Fuente : eldia.es
El presidente del Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Las Palmas, Domingo Viera, afirmó ayer que "es mentira" que el Gobierno de Canarias haya invertido en 2009 aproximadamente 132,4 millones de euros para la atención de personas dependientes en las islas, tal como aseguró ayer la consejera regional de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, Inés Rojas.
"Eso es mentira y no ha dicho en ningún momento dónde está invertido ese dinero en la aplicación de la Ley de Dependencia", manifestó Viera en rueda de prensa, en la que exigió a Rojas que "deje de echar la culpa al Estado de todo lo que el Gobierno autónomo no hace, porque la ley dice bien claro que los responsables de la aplicación de la ley son las comunidades autónomas".
Instó a la consejera a "explicar por qué el dinero que ha recibido del Estado no lo ha invertido en la aplicación de la Ley de Dependencia y no se sabe dónde está".
El representante de los trabajadores sociales de la provincia oriental criticó que la Consejería de Bienestar Social empezó "tardíamente a desarrollar la ley y sólo ha dado ayudas económicas". De ahí que se pregunta "por qué la propia Consejería ha optado por el camino de la excepcionalidad de la ley que son las ayudas".
Viera resaltó que "el colmo es que, para la consejera, la culpa de la mala aplicación de la ley la tienen los usuarios porque están pidiendo dinero y no piden camas".
"Este Gobierno nos está tratando como a ignorantes y nos está tomando el pelo", señaló.
Recordó que en las islas el Ejecutivo regional "lleva años atendiendo a diversos sectores sociales", pero denunció que la administración "está ocultando detrás de los planes sectoriales la aplicación de la Ley de Dependencia".
Fuente : eldia.es
jueves, 25 de marzo de 2010
C.VALENCIANA - PP, RECHAZA PAGO A FALLECIDOS
PP rechaza que la Conselleria haga las valoraciones y se pague a fallecidos
La moción pedía además que la Conselleria procediera al pago de las compensaciones a las familias de las personas dependientes fallecidas durante el proceso de resolución de las solicitudes, y estableciera un sistema de pago que posibilitara el ingreso mensual y puntual a los ciudadanos y asistentes de los dependientes.
La iniciativa ha sido defendida por el socialista Antonio Torres, quien ha explicado que, si la Generalitat "hubiera hecho su trabajo" y aplicado la ley de Dependencia, en estos momentos 30.000 personas que tienen el dictamen de valoración estarían cobrando "y no esperando a que la Generalitat se decida a pagar", y se habrían creado 20.000 empleos.
Torres ha lamentado que el Consell lleve tres años "de boicot" a la ley de Dependencia, poniendo "todo tipo de trabas" en la tramitación, y ha montado una estructura para "controlar" el proceso, con la empresa privada AVAPSA encargada de la valoración y unos servicios municipales de atención paralelos a los servicios de base.
Ha criticado que quienes han salido "beneficiadas de forma notable" de la aplicación de la ley son las residencias "de la familia del vicepresidente Juan Cotino", y ha reclamado que los Ayuntamientos tengan más competencias en esta materia y exista un sistema "más serio" para el pago de prestaciones.
La diputada del PP Marisol Linares ha asegurado que la Generalitat hace en esta materia "un esfuerzo superior al que la propia ley demanda", ya que es una cuestión "absolutamente prioritaria", mientras que el Gobierno central no cumple con su aportación del 50 por ciento.
Ha explicado que este año podrán beneficiarse más de 18.000 dependientes de la aplicación de la ley; ha asegurado que a día de hoy los expedientes de valoración están "prácticamente al día" y se espera valorar 28.000 nuevos informes durante este año, y ha dicho que está a punto de publicarse el decreto para acortar los plazos de resolución a seis meses.
Respecto a los fallecidos, ha dicho que cabe esperar a que se dicte una "norma homogénea" al respecto, y ha defendido que cuando hay una reclamación y se comprueba que ha habido un gasto y un alta en la Seguridad Social del cuidador, se hace el pago, igual que cuando los herederos legales de un fallecido demuestran legalmente que se ha hecho un desembolso.
El diputado de Compromís Josep Maria Pañella ha denunciado que la Comunitat Valenciana está "a la cola" en la aplicación de la ley de Dependencia, y Marina Albiol (EU) ha criticado que el PP usa la norma para que "algunas empresas hagan determinados negocios".
Por otra parte, el PP ha rechazado una propuesta de Compromís, respaldada por la oposición, que reclamaba que el Consell aprobara la Carta de servicios sociales, aumentara hasta los 75 millones de euros la dotación de la renta garantizada de ciudadanía, construyera residencias públicas y dedicara 90 millones a necesidades extraordinarias de Ayuntamientos.
El PP ha dicho que ya hay un borrador de Carta de derechos sociales, que convertirá a la Comunitat Valenciana en la primera autonomía en tenerla, y que las políticas sociales del Consell son "serias, eficaces y rigurosas". Compromís ha defendido la necesidad de "medidas extraordinarias" ante la crisis y atención para las personas más vulnerables del sistema.
Fuente : abc.es
La moción pedía además que la Conselleria procediera al pago de las compensaciones a las familias de las personas dependientes fallecidas durante el proceso de resolución de las solicitudes, y estableciera un sistema de pago que posibilitara el ingreso mensual y puntual a los ciudadanos y asistentes de los dependientes.
La iniciativa ha sido defendida por el socialista Antonio Torres, quien ha explicado que, si la Generalitat "hubiera hecho su trabajo" y aplicado la ley de Dependencia, en estos momentos 30.000 personas que tienen el dictamen de valoración estarían cobrando "y no esperando a que la Generalitat se decida a pagar", y se habrían creado 20.000 empleos.
Torres ha lamentado que el Consell lleve tres años "de boicot" a la ley de Dependencia, poniendo "todo tipo de trabas" en la tramitación, y ha montado una estructura para "controlar" el proceso, con la empresa privada AVAPSA encargada de la valoración y unos servicios municipales de atención paralelos a los servicios de base.
Ha criticado que quienes han salido "beneficiadas de forma notable" de la aplicación de la ley son las residencias "de la familia del vicepresidente Juan Cotino", y ha reclamado que los Ayuntamientos tengan más competencias en esta materia y exista un sistema "más serio" para el pago de prestaciones.
La diputada del PP Marisol Linares ha asegurado que la Generalitat hace en esta materia "un esfuerzo superior al que la propia ley demanda", ya que es una cuestión "absolutamente prioritaria", mientras que el Gobierno central no cumple con su aportación del 50 por ciento.
Ha explicado que este año podrán beneficiarse más de 18.000 dependientes de la aplicación de la ley; ha asegurado que a día de hoy los expedientes de valoración están "prácticamente al día" y se espera valorar 28.000 nuevos informes durante este año, y ha dicho que está a punto de publicarse el decreto para acortar los plazos de resolución a seis meses.
Respecto a los fallecidos, ha dicho que cabe esperar a que se dicte una "norma homogénea" al respecto, y ha defendido que cuando hay una reclamación y se comprueba que ha habido un gasto y un alta en la Seguridad Social del cuidador, se hace el pago, igual que cuando los herederos legales de un fallecido demuestran legalmente que se ha hecho un desembolso.
El diputado de Compromís Josep Maria Pañella ha denunciado que la Comunitat Valenciana está "a la cola" en la aplicación de la ley de Dependencia, y Marina Albiol (EU) ha criticado que el PP usa la norma para que "algunas empresas hagan determinados negocios".
Por otra parte, el PP ha rechazado una propuesta de Compromís, respaldada por la oposición, que reclamaba que el Consell aprobara la Carta de servicios sociales, aumentara hasta los 75 millones de euros la dotación de la renta garantizada de ciudadanía, construyera residencias públicas y dedicara 90 millones a necesidades extraordinarias de Ayuntamientos.
El PP ha dicho que ya hay un borrador de Carta de derechos sociales, que convertirá a la Comunitat Valenciana en la primera autonomía en tenerla, y que las políticas sociales del Consell son "serias, eficaces y rigurosas". Compromís ha defendido la necesidad de "medidas extraordinarias" ante la crisis y atención para las personas más vulnerables del sistema.
Fuente : abc.es
ALBACETE - S.SOCIALES. GARANTIZA PRESTACIONES
El Consorcio de Servicios Sociales garantiza todas sus prestaciones y llegará a un mayor número de usuarios
La diputada de Servicios Sociales, Concepción Vinader, ha asegurado esta mañana en rueda de prensa que el Consorcio de Servicios Sociales no sólo va a mantener todos los servicios que viene prestando, sino que este año llegará un mayor número de usuarios, disponiendo para ello de un presupuesto en 2010 que supera los 9 millones de euros (9.221.300), lo que supone un incremento de algo más del 3% respecto al año 2009.
Concepción Vinader ha destacado que el servicio estrella del Consorcio, como es la Ayuda a Domicilio (de lunes a viernes), dispondrá de un 20% más de presupuesto, superando los 7 millones de euros, con lo que se podrá atender a 2.200 usuarios y prestar 425.000 horas. Este programa, financiado entre la Consejería de Bienestar Social y los Ayuntamientos, está apoyado por la Diputación Provincial en un 19% de los costes que han de aportar los Ayuntamientos, lo que supone 1.062.500 euros de alivio a los ayuntamientos consorciados.
La diputada ha hecho referencia también a la ayuda a domicilio de los fines de semana, “una prestación de escasa implantación en los ayuntamientos hasta el momento, pero que va a permitir atender a alrededor de 150 usuarios de grado III de dependencia (gran dependencia según la ley) que no disponen de apoyos o son insuficientes durante los fines de semana y festivos”.
Continuando con otros servicios complementarios que el Consorcio viene impulsando desde hace varios años, la diputada ha significado el de comida a domiclio, iniciado desde 1999 y que pretende llegar este año a los 900 casos y facilitar más de 200.000 comidas en 2010. Respecto a los costes, Concha Vinader ha señalado que la aportación media por comida y usuario es de 2’71 euros (41%), aportando el resto el Consorcio. 3’89 euros (59%).
Otra prestación del Consorcio es el servicio de acompañamiento personal, que se circunscribe básicamente al ámbito sanitario y del que se benefician cada año en torno a 50 personas.
Por último, la diputada ha significado el programa de ayudas técnicas (grúas, camas articuladas, elementos de transferencia, ayudas técnicas para el baño y la ducha….), vinculadas al trabajo que realiza el personal del SAD y cuyo fin es facilitar la movilización de usuarios dependientes y evitar lesiones físicas a los profesionales del servicio de ayuda a domicilio.
“Este parque de recursos técnicos tiene una doble función: por un lado, el préstamo de las herramientas o ayuda técnica para su uso por la auxiliar del SAD y sus familiares, la cual será devuelta al Consorcio cuando cese la necesidad pasando a ser prestado a otros usuarios; y por otro, la recogida a título de donación o cesión de ayudas técnicas en posesión de los particulares que habiendo sido usadas por sus familiares fallecidos o recuperados ya no tienen utilidad”, ha explicado la diputada.
Fuente : lacerca.com
La diputada de Servicios Sociales, Concepción Vinader, ha asegurado esta mañana en rueda de prensa que el Consorcio de Servicios Sociales no sólo va a mantener todos los servicios que viene prestando, sino que este año llegará un mayor número de usuarios, disponiendo para ello de un presupuesto en 2010 que supera los 9 millones de euros (9.221.300), lo que supone un incremento de algo más del 3% respecto al año 2009.
Concepción Vinader ha destacado que el servicio estrella del Consorcio, como es la Ayuda a Domicilio (de lunes a viernes), dispondrá de un 20% más de presupuesto, superando los 7 millones de euros, con lo que se podrá atender a 2.200 usuarios y prestar 425.000 horas. Este programa, financiado entre la Consejería de Bienestar Social y los Ayuntamientos, está apoyado por la Diputación Provincial en un 19% de los costes que han de aportar los Ayuntamientos, lo que supone 1.062.500 euros de alivio a los ayuntamientos consorciados.
La diputada ha hecho referencia también a la ayuda a domicilio de los fines de semana, “una prestación de escasa implantación en los ayuntamientos hasta el momento, pero que va a permitir atender a alrededor de 150 usuarios de grado III de dependencia (gran dependencia según la ley) que no disponen de apoyos o son insuficientes durante los fines de semana y festivos”.
Continuando con otros servicios complementarios que el Consorcio viene impulsando desde hace varios años, la diputada ha significado el de comida a domiclio, iniciado desde 1999 y que pretende llegar este año a los 900 casos y facilitar más de 200.000 comidas en 2010. Respecto a los costes, Concha Vinader ha señalado que la aportación media por comida y usuario es de 2’71 euros (41%), aportando el resto el Consorcio. 3’89 euros (59%).
Otra prestación del Consorcio es el servicio de acompañamiento personal, que se circunscribe básicamente al ámbito sanitario y del que se benefician cada año en torno a 50 personas.
Por último, la diputada ha significado el programa de ayudas técnicas (grúas, camas articuladas, elementos de transferencia, ayudas técnicas para el baño y la ducha….), vinculadas al trabajo que realiza el personal del SAD y cuyo fin es facilitar la movilización de usuarios dependientes y evitar lesiones físicas a los profesionales del servicio de ayuda a domicilio.
“Este parque de recursos técnicos tiene una doble función: por un lado, el préstamo de las herramientas o ayuda técnica para su uso por la auxiliar del SAD y sus familiares, la cual será devuelta al Consorcio cuando cese la necesidad pasando a ser prestado a otros usuarios; y por otro, la recogida a título de donación o cesión de ayudas técnicas en posesión de los particulares que habiendo sido usadas por sus familiares fallecidos o recuperados ya no tienen utilidad”, ha explicado la diputada.
Fuente : lacerca.com
RECLAMAN QUE EXTIENDAN LA FIGURA DEL ASISTENTE
Petición a las Comunidades Autónomas
Los discapacitados reclaman que extiendan la figura del asistente personal
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha reclamado a las Comunidades Autónoma que extiendan la figura del asistente personal entre las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).
Como prestación que promueve la autonomía personal, el Cermi considera que la asistencia personal está muy lejos de alcanzar los niveles esperados, por lo que hay que fomentar su reconocimiento a las personas beneficiarias del SAAD.
A 1 de marzo de 2010, sólo había 698 prestaciones de asistente personal reconocidas, el 0,12% del total de prestaciones del Sistema, 540 de las cuales corresponden al País Vasco. Buen mayor parte de las Comunidades Autónomas no han reconocido ninguna prestación de este tipo.
Los servicios sociales autonómicos que proponen los programas individuales de atención deben disponer de un mayor conocimiento de esta figura y tenerla muy en cuenta a la hora de establecer las prestaciones más adecuadas para la persona.
Asimismo, el Cermi reclama que se creen oficinas de vida independiente por parte de cada Administración autonómica, ligadas con el movimiento asociativo de la discapacidad, para la gestión de estos servicios de asistencia personal y la difusión y el fomento de este estilo de vida.
Para ampliar el reconocimiento de esta figura, la prestación de asistencia personal ha de ser reforzada legalmente, por lo que en el momento de revisión del SAAD el Cermi plantea que esta figura pueda aplicarse a todas las personas en situación dependencia, al margen de su grado y nivel, y para todo tipo de actividades de la persona.
Fuente : solidaridaddigital.dicapnet.com
Los discapacitados reclaman que extiendan la figura del asistente personal
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha reclamado a las Comunidades Autónoma que extiendan la figura del asistente personal entre las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).
Como prestación que promueve la autonomía personal, el Cermi considera que la asistencia personal está muy lejos de alcanzar los niveles esperados, por lo que hay que fomentar su reconocimiento a las personas beneficiarias del SAAD.
A 1 de marzo de 2010, sólo había 698 prestaciones de asistente personal reconocidas, el 0,12% del total de prestaciones del Sistema, 540 de las cuales corresponden al País Vasco. Buen mayor parte de las Comunidades Autónomas no han reconocido ninguna prestación de este tipo.
Los servicios sociales autonómicos que proponen los programas individuales de atención deben disponer de un mayor conocimiento de esta figura y tenerla muy en cuenta a la hora de establecer las prestaciones más adecuadas para la persona.
Asimismo, el Cermi reclama que se creen oficinas de vida independiente por parte de cada Administración autonómica, ligadas con el movimiento asociativo de la discapacidad, para la gestión de estos servicios de asistencia personal y la difusión y el fomento de este estilo de vida.
Para ampliar el reconocimiento de esta figura, la prestación de asistencia personal ha de ser reforzada legalmente, por lo que en el momento de revisión del SAAD el Cermi plantea que esta figura pueda aplicarse a todas las personas en situación dependencia, al margen de su grado y nivel, y para todo tipo de actividades de la persona.
Fuente : solidaridaddigital.dicapnet.com
CÓRDOBA - 80% DE DISCAPACITADOS, EN PARO
El 80% de discapacitados cordobeses está en paro
Los sectores más afectados son la construcción, servicios e industria.
Córdoba ha tramitado 22.000 prestaciones por dependencia.
Ocho de cada diez personas discapacitadas, de las 70.000 que sufren alguna minusvalía psíquica o física en Córdoba, están en el paro, según datos del Instituto Nacional de Estadística recogidos por el Sindicato Independiente de Personas con Discapacidad (SID).
El presidente del SID, Antonio Jiménez, ha explicado que la coyuntura de crisis económica actual está afectando de forma directa e indirecta a las personas con discapacidad, siendo éste el grupo más perjudicado por el desempleo. Los sectores más afectados por la crisis, además del de la construcción, son servicios e industria, siendo éstos los que más contratos realizan a trabajadores con discapacidad.
Con la idea de combatir la situación laboral y el riesgo de exclusión social de estas personas, la Junta de Andalucía está elaborando el segundo Plan de Acción Integral para las Personas con Discapacidad que, según el director general del ramo, Gonzalo Rivas, "incluirá las trece estrategias fundamentales para la atención a este colectivo, entre las que destacan la mejora de la accesibilidad, la protección económica, la salud y la inserción laboral de las personas discapacitadas".
Este plan se desarrollará de aquí al 2013 y sustituirá al primero que, según Rivas, "ha permitido mejorar la calidad de vida de muchas personas, gracias a avances como el incremento del 5% en la reserva de puesto en la oferta pública de empleo o la extensión de la teleasistencia a menores de 65 años".
Entre los proyectos más importantes para este año, el director general subrayó la aprobación definitiva de la Ley de Lengua de Signos y Apoyo a los Medios de Comunicación Oral, que supondrá además la duplicación del número de intérpretes de lengua de signos.
Asimismo, está pendiente ampliar la tarjeta de aparcamiento para personas con problemas de movilidad a aquellos que tienen discapacidad visual. Por su parte, la delegada de Igualdad y Bienestar Social, Silvia Cañero, informó ayer de que en Córdoba 16.600 personas se benefician de las 22.000 prestaciones aprobadas hasta el momento por la Junta en base a la Ley de Dependencia.
Fuente : diariocordoba.com
Los sectores más afectados son la construcción, servicios e industria.
Córdoba ha tramitado 22.000 prestaciones por dependencia.
Ocho de cada diez personas discapacitadas, de las 70.000 que sufren alguna minusvalía psíquica o física en Córdoba, están en el paro, según datos del Instituto Nacional de Estadística recogidos por el Sindicato Independiente de Personas con Discapacidad (SID).
El presidente del SID, Antonio Jiménez, ha explicado que la coyuntura de crisis económica actual está afectando de forma directa e indirecta a las personas con discapacidad, siendo éste el grupo más perjudicado por el desempleo. Los sectores más afectados por la crisis, además del de la construcción, son servicios e industria, siendo éstos los que más contratos realizan a trabajadores con discapacidad.
Con la idea de combatir la situación laboral y el riesgo de exclusión social de estas personas, la Junta de Andalucía está elaborando el segundo Plan de Acción Integral para las Personas con Discapacidad que, según el director general del ramo, Gonzalo Rivas, "incluirá las trece estrategias fundamentales para la atención a este colectivo, entre las que destacan la mejora de la accesibilidad, la protección económica, la salud y la inserción laboral de las personas discapacitadas".
Este plan se desarrollará de aquí al 2013 y sustituirá al primero que, según Rivas, "ha permitido mejorar la calidad de vida de muchas personas, gracias a avances como el incremento del 5% en la reserva de puesto en la oferta pública de empleo o la extensión de la teleasistencia a menores de 65 años".
Entre los proyectos más importantes para este año, el director general subrayó la aprobación definitiva de la Ley de Lengua de Signos y Apoyo a los Medios de Comunicación Oral, que supondrá además la duplicación del número de intérpretes de lengua de signos.
Asimismo, está pendiente ampliar la tarjeta de aparcamiento para personas con problemas de movilidad a aquellos que tienen discapacidad visual. Por su parte, la delegada de Igualdad y Bienestar Social, Silvia Cañero, informó ayer de que en Córdoba 16.600 personas se benefician de las 22.000 prestaciones aprobadas hasta el momento por la Junta en base a la Ley de Dependencia.
Fuente : diariocordoba.com
ARAGÓN - DGA GARANTIZA PRESUPUESTO SUFICIENTE PARA ATENCIÓN
DGA garantiza que el presupuesto es suficiente para atender a dependientes
Fernández ha informado de que por parte del Gobierno de España "la financiación está garantizada" y "tampoco" habrá recortes presupuestarios desde la Comunidad autónoma en esa línea.
La consejera ha recordado que Aragón ha sido una de las Comunidades autónomas que desde el primer momento comenzó a aplicar la Ley de Dependencia y atendiendo las peticiones por orden de llegada.
El objetivo del Ejecutivo autonómico es seguir la misma línea de gestión para atender a las personas que lo necesiten con el reto de ir agilizando los plazos para el reconocimiento de las prestaciones.
Fuente : abc.es
Fernández ha informado de que por parte del Gobierno de España "la financiación está garantizada" y "tampoco" habrá recortes presupuestarios desde la Comunidad autónoma en esa línea.
La consejera ha recordado que Aragón ha sido una de las Comunidades autónomas que desde el primer momento comenzó a aplicar la Ley de Dependencia y atendiendo las peticiones por orden de llegada.
El objetivo del Ejecutivo autonómico es seguir la misma línea de gestión para atender a las personas que lo necesiten con el reto de ir agilizando los plazos para el reconocimiento de las prestaciones.
Fuente : abc.es
ASTURIAS - PARALIZAR LA LEY, NI ES POSIBLE NI SERÍA JUSTO
Suárez: paralizar la Ley de la Dependencia no es posible ni justo
El Director General de Mayores y Discapacidad, Alejandro Suárez no contempla esa paralización ni como hipótesis
El director General de Mayores y Discapacidad asegura que no tiene noticia alguna respecto a recortes o paralización de la Ley de Dependencia, Alejandro Suárez considera, como su partido, que es necesario establecer prioridades , mas en tiempos de penurias como los actuales; y convencido está también de que materias como la dependencia suponen unos derechos para quienes la padecen. Suárez no quiere hablar de falta de dinero y de recursos ni como hipótesis de trabajo.
El Director General de Mayores y Discapacidad participó en una jornada sobre el nuevo sistema de evaluación de los Centros de Apoyo a la Integración de Asturias, son unos 32, hay públicos y concertados, en total atienden a unas 3000 personas.
El nuevo sistema informático permitirá saber casi en tiempo real quien está en los centros y su evolución; centros de atención y formación a discapacitados con el objetivo de reinsertarlos en la sociedad y en el mercado laboral.
Fuente : cope.es
El Director General de Mayores y Discapacidad, Alejandro Suárez no contempla esa paralización ni como hipótesis
El director General de Mayores y Discapacidad asegura que no tiene noticia alguna respecto a recortes o paralización de la Ley de Dependencia, Alejandro Suárez considera, como su partido, que es necesario establecer prioridades , mas en tiempos de penurias como los actuales; y convencido está también de que materias como la dependencia suponen unos derechos para quienes la padecen. Suárez no quiere hablar de falta de dinero y de recursos ni como hipótesis de trabajo.
El Director General de Mayores y Discapacidad participó en una jornada sobre el nuevo sistema de evaluación de los Centros de Apoyo a la Integración de Asturias, son unos 32, hay públicos y concertados, en total atienden a unas 3000 personas.
El nuevo sistema informático permitirá saber casi en tiempo real quien está en los centros y su evolución; centros de atención y formación a discapacitados con el objetivo de reinsertarlos en la sociedad y en el mercado laboral.
Fuente : cope.es
CANARIAS - GOBIERNO CANARIO "CORTA" LAS AYUDAS
El Gobierno canario ´corta´ las ayudas a la dependencia
Los fondos directos se darán de forma "excepcional", prestando la atención en servicios especializados
El Gobierno de Canarias cerrará el grifo a las ayudas económicas a familiares que se hacen cargo de personas dependientes ante el uso generalizado de esta prestación por la que reciben entre 300 y 520 euros mensuales.
La denominada paga de la Ley de Dependencia, que ya cobran 5.000 personas en las Islas, se dará a partir de ahora de forma "excepcional" tal como dispone la propia normativa, remitiendo a los solicitantes a residencias y centros especializados.
La consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Ejecutivo canario, Inés Rojas, en rueda de prensa celebrada en la capital grancanaria, anunció ayer la aplicación de esta medida en todo el Estado tras el acuerdo tomado en el último Comité Territorial de la Dependencia, que reúne a la administración estatal y a comunidades autónomas.
Inés Rojas explicó que este escenario obedece a la "confusión" creada con la puesta en escena de la Ley de Dependencia en la que la "excepción se publicitó como la norma" lo que llevó a que "la gente creyese que la dependencia es una paga", cuando lo que pretende esta normativa es disponer servicios de calidad y especializados".
De esta forma, y "ante la situación de crisis, se recurre al cuidado de enfermos familiares en contra de la asistencia sanitaria", añadió la responsable autonómica.
El abuso de la denominada prestación económica en el entorno familiar, por la que han optado a su vez las comunidades autónomas, ha provocado entre otras "disfunciones" que las plazas vacantes en residencias en el territorio español asciendan a unas 60.000.
La consejera canaria señaló no tener datos oficiales, si bien expuso las quejas de ayuntamientos o que en los centros privados tengan la mitad de las camas vacías. Rojas llamó también la atención que las administraciones deben velar por el servicio que se presta ya que, en casos de Alzheimer, el familiar "no tiene la calidad profesional necesaria" ni "los medios de los que dispone un centro".
Fuente : laopinion.es
Los fondos directos se darán de forma "excepcional", prestando la atención en servicios especializados
El Gobierno de Canarias cerrará el grifo a las ayudas económicas a familiares que se hacen cargo de personas dependientes ante el uso generalizado de esta prestación por la que reciben entre 300 y 520 euros mensuales.
La denominada paga de la Ley de Dependencia, que ya cobran 5.000 personas en las Islas, se dará a partir de ahora de forma "excepcional" tal como dispone la propia normativa, remitiendo a los solicitantes a residencias y centros especializados.
La consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Ejecutivo canario, Inés Rojas, en rueda de prensa celebrada en la capital grancanaria, anunció ayer la aplicación de esta medida en todo el Estado tras el acuerdo tomado en el último Comité Territorial de la Dependencia, que reúne a la administración estatal y a comunidades autónomas.
Inés Rojas explicó que este escenario obedece a la "confusión" creada con la puesta en escena de la Ley de Dependencia en la que la "excepción se publicitó como la norma" lo que llevó a que "la gente creyese que la dependencia es una paga", cuando lo que pretende esta normativa es disponer servicios de calidad y especializados".
De esta forma, y "ante la situación de crisis, se recurre al cuidado de enfermos familiares en contra de la asistencia sanitaria", añadió la responsable autonómica.
El abuso de la denominada prestación económica en el entorno familiar, por la que han optado a su vez las comunidades autónomas, ha provocado entre otras "disfunciones" que las plazas vacantes en residencias en el territorio español asciendan a unas 60.000.
La consejera canaria señaló no tener datos oficiales, si bien expuso las quejas de ayuntamientos o que en los centros privados tengan la mitad de las camas vacías. Rojas llamó también la atención que las administraciones deben velar por el servicio que se presta ya que, en casos de Alzheimer, el familiar "no tiene la calidad profesional necesaria" ni "los medios de los que dispone un centro".
Fuente : laopinion.es
C. VALENCIANA - CADA MES, CONCENTRACIONES
La plataforma por la Ley de la Dependencia hará cada mes concentraciones
El colectivo decide seguir presionando a la Generalitat y prepara un gran acto lúdico y festivo para el 13 de junio
La Plataforma de la Ley de Dependencia se reunió anteayer para coordinar las actividades a llevar a cabo para presionar a la Generalitat a que desarrolle plenamente la Ley de la Dependencia en nuestra Comunidad.
En este sentido, se mostró la satisfacción por el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que ha dictado la primera sentencia reconociendo el derecho del dependiente a la retroactividad.
Además, se acordó realizar concentraciones mensuales, comenzando en el mes de abril, reivindicando todos aquellos asuntos que continúan pendientes, así como la organización de un día festivo-reivindicativo que llevará el nombre de "Gran Acto Naranja" y que se anuncia en la Rotonda del Parque Municipal el próximo día 13 de Junio.
Fuente : diarioinformacion.com
El colectivo decide seguir presionando a la Generalitat y prepara un gran acto lúdico y festivo para el 13 de junio
La Plataforma de la Ley de Dependencia se reunió anteayer para coordinar las actividades a llevar a cabo para presionar a la Generalitat a que desarrolle plenamente la Ley de la Dependencia en nuestra Comunidad.
En este sentido, se mostró la satisfacción por el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que ha dictado la primera sentencia reconociendo el derecho del dependiente a la retroactividad.
Además, se acordó realizar concentraciones mensuales, comenzando en el mes de abril, reivindicando todos aquellos asuntos que continúan pendientes, así como la organización de un día festivo-reivindicativo que llevará el nombre de "Gran Acto Naranja" y que se anuncia en la Rotonda del Parque Municipal el próximo día 13 de Junio.
Fuente : diarioinformacion.com
LAS CARGAS DEL AJUSTE Y LA LEY DE DEPENDENCIA
Las asimetrías del modelo
Esta declaración en contra del sistema de protección de la Dependencia, el llamado cuarto pilar del Estado de Bienestar, es, en los momentos actuales una impudicia que alcanza niveles inéditos en la deshonestidad pública de este país. La actual crisis económica tiene su origen más remoto en las prácticas fraudulentas y delictuosas de unos avariciosos agentes económicos que, con sus títulos que envolvían hipotecas basura, abocaron al sistema financiero internacional a una situación insostenible.
En nuestro caso, además, el error de una «intelligentzia» política que fue incapaz de advertir y controlar los riesgos de la burbuja inmobiliaria agravó el problema, que ha desembocado en la situación actual: la de una sociedad aterrorizada por las malas expectativas, y que ya alberga en su seno a más de cuatro millones de parados, un volumen que todavía irá a más antes de que comience la recuperación.
Pues bien: cuando llega la hora del ajuste, la opinión pública ya sabe que, como siempre en la historia de estos episodios cíclicos, el mayor sacrificio no corresponderá a los más directamente culpables de la crisis: todos, a escote, con las clases medias en primera fila, tendremos que cargar con el sacrificio de perder nivel de vida y bienestar.
Pero de ahí a sugerir siquiera que para recomponer la figura tenemos que postergar a los dependientes -es decir, a los ancianos inválidos, a los tullidos, a los enfermos crónicos, a los más infortunados de nosotros, a quienes no disfrutan del don de la autonomía personal- hay un abismo: el que media entre la razón y la sinrazón, entre el posibilismo y la indecencia.
Ya se sabe que la ley de Dependencia se elaboró y promulgó precipitadamente, sin haber previsto las vías de financiación adecuadas, pero hay asuntos en que, por pudor, no se puede permitir que la política concreta irrumpa para tomar en rehén a quienes más necesitan del Estado para no hundirse en el dolor y en la marginalidad.
Comentario de opinión - antonio papell
Fuente : diariodeleon.es
Esta declaración en contra del sistema de protección de la Dependencia, el llamado cuarto pilar del Estado de Bienestar, es, en los momentos actuales una impudicia que alcanza niveles inéditos en la deshonestidad pública de este país. La actual crisis económica tiene su origen más remoto en las prácticas fraudulentas y delictuosas de unos avariciosos agentes económicos que, con sus títulos que envolvían hipotecas basura, abocaron al sistema financiero internacional a una situación insostenible.
En nuestro caso, además, el error de una «intelligentzia» política que fue incapaz de advertir y controlar los riesgos de la burbuja inmobiliaria agravó el problema, que ha desembocado en la situación actual: la de una sociedad aterrorizada por las malas expectativas, y que ya alberga en su seno a más de cuatro millones de parados, un volumen que todavía irá a más antes de que comience la recuperación.
Pues bien: cuando llega la hora del ajuste, la opinión pública ya sabe que, como siempre en la historia de estos episodios cíclicos, el mayor sacrificio no corresponderá a los más directamente culpables de la crisis: todos, a escote, con las clases medias en primera fila, tendremos que cargar con el sacrificio de perder nivel de vida y bienestar.
Pero de ahí a sugerir siquiera que para recomponer la figura tenemos que postergar a los dependientes -es decir, a los ancianos inválidos, a los tullidos, a los enfermos crónicos, a los más infortunados de nosotros, a quienes no disfrutan del don de la autonomía personal- hay un abismo: el que media entre la razón y la sinrazón, entre el posibilismo y la indecencia.
Ya se sabe que la ley de Dependencia se elaboró y promulgó precipitadamente, sin haber previsto las vías de financiación adecuadas, pero hay asuntos en que, por pudor, no se puede permitir que la política concreta irrumpa para tomar en rehén a quienes más necesitan del Estado para no hundirse en el dolor y en la marginalidad.
Comentario de opinión - antonio papell
Fuente : diariodeleon.es
miércoles, 24 de marzo de 2010
ALMERÍA - 24 MILLONES PARA ATENDER A MAYORES
Almería recibirá 24 millones para atender a mayores
La Junta y la Diputación renuevan el convenio para la concertación de 177 plazas en la Residencia de Asistidos provincial
La Diputación de Almería recibirá hasta finales de año más de 24 millones de euros para diferentes actuaciones en materia de atención social, especialmente para mayores, tal y como apuntó ayer el delegado para la Igualdad y el Bienestar Social de la Junta, Luis López, durante la firma de la prórroga del convenio para la concertación de 177 plazas de mayores dependientes de la provincia en la Residencia de Asistidos.
La prórroga del convenio con la Junta para la concertación de las citadas plazas asciende a casi tres millones de euros e incluye un total de 117 plazas para mayores dependiente sin una problemática añadida.
El convenio, con una vigencia de un año, incluye 50 plazas en la residencia que gestiona la Diputación «para mayores con graves y continuados trastornos de conducta», que necesitan de atención especializada, explica López.
A las plazas anteriores se suman diez más, de respiro familiar, para estancias temporales de mayores que residen con sus familiares, con el fin de que sus cuidadores puedan disfrutar de varios días de descanso para poder atender otras obligaciones o realizar tareas que les permitan 'desconectar' del arduo trabajo diario.
Ayuda a domicilio
Luis López recordó ayer que la Junta de Andalucía, durante este primer semestre del año, ha adelantado a la Diputación para ayuda a domicilio casi 10,6 millones de euros «y vamos a terminar el año con más de 21 millones de euros más para ayuda a domicilio».
Unas ayudas que, según explica, «por encima del 90 por ciento» se destinan a personas mayores. Unos recursos éstos que hace tres años «no recibía la Diputación», recuerda, ya que son consecuencia de la aplicación de la Ley de Dependencia, que convierten en un derecho este tipo de prestaciones que reciben las personas dependientes para poder hacer frente a sus necesidades vitales.
Luis López asegura que desde hace tres años para acá han crecido de manera importante el número de plazas concertadas en residencias para personas mayores. Hace tres años había 850 en la provincia y ahora más de 2.000, lo que hace que en la actualidad «no haya listas de espera en las residencias».
Fuente : ideal.es
La Junta y la Diputación renuevan el convenio para la concertación de 177 plazas en la Residencia de Asistidos provincial
La Diputación de Almería recibirá hasta finales de año más de 24 millones de euros para diferentes actuaciones en materia de atención social, especialmente para mayores, tal y como apuntó ayer el delegado para la Igualdad y el Bienestar Social de la Junta, Luis López, durante la firma de la prórroga del convenio para la concertación de 177 plazas de mayores dependientes de la provincia en la Residencia de Asistidos.
La prórroga del convenio con la Junta para la concertación de las citadas plazas asciende a casi tres millones de euros e incluye un total de 117 plazas para mayores dependiente sin una problemática añadida.
El convenio, con una vigencia de un año, incluye 50 plazas en la residencia que gestiona la Diputación «para mayores con graves y continuados trastornos de conducta», que necesitan de atención especializada, explica López.
A las plazas anteriores se suman diez más, de respiro familiar, para estancias temporales de mayores que residen con sus familiares, con el fin de que sus cuidadores puedan disfrutar de varios días de descanso para poder atender otras obligaciones o realizar tareas que les permitan 'desconectar' del arduo trabajo diario.
Ayuda a domicilio
Luis López recordó ayer que la Junta de Andalucía, durante este primer semestre del año, ha adelantado a la Diputación para ayuda a domicilio casi 10,6 millones de euros «y vamos a terminar el año con más de 21 millones de euros más para ayuda a domicilio».
Unas ayudas que, según explica, «por encima del 90 por ciento» se destinan a personas mayores. Unos recursos éstos que hace tres años «no recibía la Diputación», recuerda, ya que son consecuencia de la aplicación de la Ley de Dependencia, que convierten en un derecho este tipo de prestaciones que reciben las personas dependientes para poder hacer frente a sus necesidades vitales.
Luis López asegura que desde hace tres años para acá han crecido de manera importante el número de plazas concertadas en residencias para personas mayores. Hace tres años había 850 en la provincia y ahora más de 2.000, lo que hace que en la actualidad «no haya listas de espera en las residencias».
Fuente : ideal.es
CANARIAS - APORTA 132 MILLONES, EL ESTADO 43.6
Rojas dice que Canarias aporta 132 millones a Dependencia mientras que el Estado da 43,6 millones a islas
Advierte de que familiares prefieren obtener una ayuda económica y sacar a las personas dependientes de los centros de día o residenciasEnviar
La consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, afirmó hoy que el Ejecutivo regional ha aportado 132,4 millones de euros para la atención de personas dependientes en las islas en 2009, mientras que el Estado transfirió al archipiélago un total de 43,6 millones para la aplicación de la Ley de Dependencia.
"No es de recibo seguir escuchando a entidades que no están legitimadas diciendo que Canarias no invierte" en dicha Ley, puesta en marcha en 2007, insistió la consejera en rueda de prensa en las Palmas de Gran Canaria.
Así, explicó que la financiación de la ley refleja que el pasado año el Estado destinó por nivel mínimo 21.851.873 euros, y, 9.791.944 euros por el nivel acordado, en virtud del convenio que firma cada año con las comunidades autónomas en función de sus habitantes, población dependiente y extensión territorial, criterio que Rojas consideró "injusto" para las islas. De este modo, señaló que el Gobierno central ha aportado 31.643.871 euros, a los que sumó más de 12 millones de euros para infraestructuras.
Por su parte, informó de que la Consejería regional de Bienestar Social ha aportado 36.720.025 euros en prestaciones económicas; además de 15.055.097 euros en prestaciones de servicio en centros de día y residencias; en gastos de gestión y valoración con más de cien trabajadores ha invertido 6.417.702 euros; 1,9 millones de euros inversiones en la construcción de plazas; y 35.637.860 euros para el mantenimiento y la creación de plazas.
Asimismo, añadió que la Consejería de Sanidad de Canarias ha invertido en servicios sanitarios para la atención de personas dependientes 12.164.581 euros y los cabildos aportan 24.541.147 euros en los servicios que tienen transferidos. De tal forma que defendió que el archipiélago ha invertido 132.436.411 euros.
Rojas recordó que a principios de 2008 por cada cien euros que se aportaba a la atención de los dependientes, Canarias invertía 95 euros y el Estado cinco, mientras que en la actualidad estos datos "han mejorado, pero es insuficiente" y se sitúa en "80 euros por el Gobierno regional y 20 el central", que denunció que "no ha construido ningún servicio para la Ley de Dependencia".
"la excepción se convirtió en norma"
La consejera expresó su preocupación por la "desinformación" y "confusión" sobre la aplicación de la Ley de Dependencia, que "nació creando bastantes expectativas". En su opinión, cuando el Estado publicitó dicha normativa en 2007 "no dijo que la ley era por fases hasta 2015 y toda la gente que tiene una situación de dependencia entendió que le tocaba desde ya recibir los servicios que propicia la Ley".
Asimismo, criticó que la ley no ha incidido en la prevención a fin de "lograr que la gente llegue lo más tarde posible a una situación de dependencia".
No obstante, a su juicio, "la mayor confusión de todas y que está generando mucha decepción a mucha gente es que la gente creyó que la ley era una paga, una prestación económica", pero precisó que esto se contempla "como una excepcionalidad del cuidado en el entorno familiar". Sin embargo, admitió que "ante la demanda, la excepción se convirtió en norma y se han desvirtuado absolutamente los principios de esta ley que es dar unos servicios especializados de calidad".
Ante todo esto, señaló que la inmensa mayoría de las comunidades autónomas han optado por prestación económica en el entorno familiar, lo que conlleva, según Rojas, "la pérdida de calidad en la atención de personas dependientes y la pérdida de empleos", ya que "la persona afectada o su familiar prefiere recibir la prestación económica y se va de la residencia o centro de día".
Cerca de 60.000 Plazas vacantes en españa
Eso ha motivado que en España existan 60.000 plazas que estaban ocupadas y ahora están vacantes porque "las familias han optado por cobrar de 300 a 510 euros y llevarse a su familiar a casa", arguyó. Además, indicó que, en el caso de Canarias, prácticamente el 50 por ciento de las plazas en residencias privadas están ocupadas concertadas mientras que la otra mitad están vacías.
Rojas también hizo especial hincapié en que en las islas los servicios para atender a las personas dependientes están descentralizados y los cabildos y ayuntamientos se encargan de ellos. Sin embargo, la ley "vuelve a centralizar todo" y otorga a las comunidades autónomas la responsabilidad, algo que, en su opinión, "crea una disfunción increíble" y "tira por la borda 10 años de experiencia de atención a estas personas" en el archipiélago.
Igualmente, planteó que el Gobierno central se ha dado cuenta de que la ley "se olvidó de atender a personas desde el servicio sanitario", por lo que apuntó que "las buenas prácticas" en Canarias en este sentido "va a servir de modelo del Libro Blanco en España para la política sanitaria" hacia los dependientes.
Más de 5.000 Personas reciben una ayuda económica
En el archipiélago hay más de 5.000 personas que reciben la prestación económica de cuidado en el entorno familiar, señaló Rojas, que insistió en la aplicación en Canarias del sistema canario de atención a la dependencia en colaboración con cabildos y ayuntamientos.
Rojas ofreció datos sobre los servicios de la Ley de Dependencia en las islas y, en el caso de los mayores dependientes, detalló que se atienden a más de 10.000 personas en prevención, alrededor de 3.000 en teleasistencia, más de 15.000 en ayuda a domicilio, 10.000 en centros residenciales y más de 5.000 reciben prestaciones económicas.
Asimismo, manifestó que existen 127 centros de atención a personas con discapacidad con más de 4.000 usuarios y más de 500 plazas de atención temprana.
Fuente : 20minutos.es
Advierte de que familiares prefieren obtener una ayuda económica y sacar a las personas dependientes de los centros de día o residenciasEnviar
La consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, afirmó hoy que el Ejecutivo regional ha aportado 132,4 millones de euros para la atención de personas dependientes en las islas en 2009, mientras que el Estado transfirió al archipiélago un total de 43,6 millones para la aplicación de la Ley de Dependencia.
"No es de recibo seguir escuchando a entidades que no están legitimadas diciendo que Canarias no invierte" en dicha Ley, puesta en marcha en 2007, insistió la consejera en rueda de prensa en las Palmas de Gran Canaria.
Así, explicó que la financiación de la ley refleja que el pasado año el Estado destinó por nivel mínimo 21.851.873 euros, y, 9.791.944 euros por el nivel acordado, en virtud del convenio que firma cada año con las comunidades autónomas en función de sus habitantes, población dependiente y extensión territorial, criterio que Rojas consideró "injusto" para las islas. De este modo, señaló que el Gobierno central ha aportado 31.643.871 euros, a los que sumó más de 12 millones de euros para infraestructuras.
Por su parte, informó de que la Consejería regional de Bienestar Social ha aportado 36.720.025 euros en prestaciones económicas; además de 15.055.097 euros en prestaciones de servicio en centros de día y residencias; en gastos de gestión y valoración con más de cien trabajadores ha invertido 6.417.702 euros; 1,9 millones de euros inversiones en la construcción de plazas; y 35.637.860 euros para el mantenimiento y la creación de plazas.
Asimismo, añadió que la Consejería de Sanidad de Canarias ha invertido en servicios sanitarios para la atención de personas dependientes 12.164.581 euros y los cabildos aportan 24.541.147 euros en los servicios que tienen transferidos. De tal forma que defendió que el archipiélago ha invertido 132.436.411 euros.
Rojas recordó que a principios de 2008 por cada cien euros que se aportaba a la atención de los dependientes, Canarias invertía 95 euros y el Estado cinco, mientras que en la actualidad estos datos "han mejorado, pero es insuficiente" y se sitúa en "80 euros por el Gobierno regional y 20 el central", que denunció que "no ha construido ningún servicio para la Ley de Dependencia".
"la excepción se convirtió en norma"
La consejera expresó su preocupación por la "desinformación" y "confusión" sobre la aplicación de la Ley de Dependencia, que "nació creando bastantes expectativas". En su opinión, cuando el Estado publicitó dicha normativa en 2007 "no dijo que la ley era por fases hasta 2015 y toda la gente que tiene una situación de dependencia entendió que le tocaba desde ya recibir los servicios que propicia la Ley".
Asimismo, criticó que la ley no ha incidido en la prevención a fin de "lograr que la gente llegue lo más tarde posible a una situación de dependencia".
No obstante, a su juicio, "la mayor confusión de todas y que está generando mucha decepción a mucha gente es que la gente creyó que la ley era una paga, una prestación económica", pero precisó que esto se contempla "como una excepcionalidad del cuidado en el entorno familiar". Sin embargo, admitió que "ante la demanda, la excepción se convirtió en norma y se han desvirtuado absolutamente los principios de esta ley que es dar unos servicios especializados de calidad".
Ante todo esto, señaló que la inmensa mayoría de las comunidades autónomas han optado por prestación económica en el entorno familiar, lo que conlleva, según Rojas, "la pérdida de calidad en la atención de personas dependientes y la pérdida de empleos", ya que "la persona afectada o su familiar prefiere recibir la prestación económica y se va de la residencia o centro de día".
Cerca de 60.000 Plazas vacantes en españa
Eso ha motivado que en España existan 60.000 plazas que estaban ocupadas y ahora están vacantes porque "las familias han optado por cobrar de 300 a 510 euros y llevarse a su familiar a casa", arguyó. Además, indicó que, en el caso de Canarias, prácticamente el 50 por ciento de las plazas en residencias privadas están ocupadas concertadas mientras que la otra mitad están vacías.
Rojas también hizo especial hincapié en que en las islas los servicios para atender a las personas dependientes están descentralizados y los cabildos y ayuntamientos se encargan de ellos. Sin embargo, la ley "vuelve a centralizar todo" y otorga a las comunidades autónomas la responsabilidad, algo que, en su opinión, "crea una disfunción increíble" y "tira por la borda 10 años de experiencia de atención a estas personas" en el archipiélago.
Igualmente, planteó que el Gobierno central se ha dado cuenta de que la ley "se olvidó de atender a personas desde el servicio sanitario", por lo que apuntó que "las buenas prácticas" en Canarias en este sentido "va a servir de modelo del Libro Blanco en España para la política sanitaria" hacia los dependientes.
Más de 5.000 Personas reciben una ayuda económica
En el archipiélago hay más de 5.000 personas que reciben la prestación económica de cuidado en el entorno familiar, señaló Rojas, que insistió en la aplicación en Canarias del sistema canario de atención a la dependencia en colaboración con cabildos y ayuntamientos.
Rojas ofreció datos sobre los servicios de la Ley de Dependencia en las islas y, en el caso de los mayores dependientes, detalló que se atienden a más de 10.000 personas en prevención, alrededor de 3.000 en teleasistencia, más de 15.000 en ayuda a domicilio, 10.000 en centros residenciales y más de 5.000 reciben prestaciones económicas.
Asimismo, manifestó que existen 127 centros de atención a personas con discapacidad con más de 4.000 usuarios y más de 500 plazas de atención temprana.
Fuente : 20minutos.es
ASTURIAS - BIENESTAR SOCIAL NO CONTEMPLA "PARALIZACIÓN"
Bienestar Social no contempla "ninguna paralización" de la Ley de Dependencia
La Consejería de Bienestar Social y Vivienda del Principado no contempla "ninguna paralización" de la Ley de Dependencia y considera que su implantación y desarrollo continúa siendo, junto a la Ley del Salario Social, "una prioridad en el actual contexto económico".
Del mismo modo, la consejera del área, Noemí Martín, quiso recordar que "Izquierda Unida está en el Gobierno de Asturias para garantizar las políticas sociales, a pesar de la crisis", según indicó la Consejería en nota de prensa.
"En este año, el tercero de implantación de la Ley, lo que se está llevando a cabo es un proceso de evaluación que permita mejorar su aplicación, pero en ningún caso esta evaluación supone una paralización", sostienen desde Bienestar Social.
Además, inciden en que la Ley fue aprobada en el Congreso y supuso "el reconocimiento de un nuevo derecho a los ciudadanos". "Cualquier paralización en su desarrollo debe ser aprobado en el Congreso, ninguna Comunidad Autónoma puede tomar esa decisión de forma unilateral", argumentan desde la Consejería.
"Aunque la consejería de Bienestar Social y Vivienda ya realizó un fuerte ajuste de su presupuesto para este año, en el que no caben más recortes. Desde la Consejería siempre ha tenido entres sus objetivos la necesidad constante de mejorar la eficiencia de los servicios públicos pero, no se puede olvidar que el desarrollo de esta Ley requiere crear nuevos servicios y el personal necesario para su funcionamiento", concluye el escrito de Bienestar Social y Vivienda.
Fuente : europapress.es
La Consejería de Bienestar Social y Vivienda del Principado no contempla "ninguna paralización" de la Ley de Dependencia y considera que su implantación y desarrollo continúa siendo, junto a la Ley del Salario Social, "una prioridad en el actual contexto económico".
Del mismo modo, la consejera del área, Noemí Martín, quiso recordar que "Izquierda Unida está en el Gobierno de Asturias para garantizar las políticas sociales, a pesar de la crisis", según indicó la Consejería en nota de prensa.
"En este año, el tercero de implantación de la Ley, lo que se está llevando a cabo es un proceso de evaluación que permita mejorar su aplicación, pero en ningún caso esta evaluación supone una paralización", sostienen desde Bienestar Social.
Además, inciden en que la Ley fue aprobada en el Congreso y supuso "el reconocimiento de un nuevo derecho a los ciudadanos". "Cualquier paralización en su desarrollo debe ser aprobado en el Congreso, ninguna Comunidad Autónoma puede tomar esa decisión de forma unilateral", argumentan desde la Consejería.
"Aunque la consejería de Bienestar Social y Vivienda ya realizó un fuerte ajuste de su presupuesto para este año, en el que no caben más recortes. Desde la Consejería siempre ha tenido entres sus objetivos la necesidad constante de mejorar la eficiencia de los servicios públicos pero, no se puede olvidar que el desarrollo de esta Ley requiere crear nuevos servicios y el personal necesario para su funcionamiento", concluye el escrito de Bienestar Social y Vivienda.
Fuente : europapress.es
ASTURIAS - IU RECHAZA APLICAR "PARÓN" EN LA LEY
IU rechaza la posibilidad de aplicar un parón en la Ley de Dependencia
El Coordinador General de IU de Asturias, Jesús Iglesias, rechazó hoy las declaraciones de la portavoz socialista del gobierno, Ana Rosa Migoya, sobre la posibilidad de aplicar un parón a la ley de Dependencia. "IU no acepta ninguna paralización de la Ley de Dependencia", afirmó el Coordinador de IU en una nota de prensa.
Según Iglesias, los presupuestos generales de Asturias para 2010 "son ya lo suficientemente ajustados" para el cumplimiento de la Ley del Salario Social y de la Dependencia, a las que "IU no va a renunciar".
El diputado regional recordó a Ana Rosa Migoya que la Ley de Dependencia sólo puede ser modificada por el congreso de los diputados y las comunidades autónomas no tienen potestad alguna para ello y aseguró que no es consecuente que Migoya realice estas declaraciones cuando a principios de marzo, IU-BA-Verdes y FSA-PSOE firmaron una declaración en las que se asegura: las políticas públicas dirigidas a reforzar la protección social frente a la crisis han sido la otra prioridad.
Iglesias reiteró que los ajustes que se puedan realizar en la comunidad autónoma no deben afectar a servicios públicos esenciales como, sanidad, educación y servicios sociales. Del mismo modo, sostuvo que las medidas de austeridad, aplicadas en una comunidad que ya ha ajustado su gasto, solo son parches que pueden deteriorar los servicios públicos.
"La única solución es abordar el verdadero debate que garantice los recursos necesarios: la aplicación de una verdadera reforma fiscal. Sin esa reforma fiscal el objetivo de reducir el déficit al 3% en 2013 resulta imposible de alcanzar", apuntó.
La propuesta de IU se basa en una revisión del tipo impositivo del IRPF a los contribuyentes de mayor capacidad económica , y aumentar el gravamen sobre las rentas de capital, la recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio para gravar a las grandes fortunas o la elaboración de un Plan de lucha contra el fraude fiscal que tenga como objetivo su reducción a los parámetros medios comunitarios.
Por ello, el Coordinador de IU emplazó al Gobierno de Asturias a que seguir exigiendo al Gobierno de la nación la aportación del pago del 50 por ciento de la Ley de Dependencia, porque hasta el momento la comunidad sólo recibe el 30 por ciento de lo invertido.
Del mismo modo, Iglesias aseguró que "el Presidente Zapatero no tiene derecho a frustrar de nuevo las expectativas de la mayoría de izquierdas, cuando su único logro real de la legislatura anterior fue la aprobación la Ley de Dependencia".
Fuente : europapress.es
El Coordinador General de IU de Asturias, Jesús Iglesias, rechazó hoy las declaraciones de la portavoz socialista del gobierno, Ana Rosa Migoya, sobre la posibilidad de aplicar un parón a la ley de Dependencia. "IU no acepta ninguna paralización de la Ley de Dependencia", afirmó el Coordinador de IU en una nota de prensa.
Según Iglesias, los presupuestos generales de Asturias para 2010 "son ya lo suficientemente ajustados" para el cumplimiento de la Ley del Salario Social y de la Dependencia, a las que "IU no va a renunciar".
El diputado regional recordó a Ana Rosa Migoya que la Ley de Dependencia sólo puede ser modificada por el congreso de los diputados y las comunidades autónomas no tienen potestad alguna para ello y aseguró que no es consecuente que Migoya realice estas declaraciones cuando a principios de marzo, IU-BA-Verdes y FSA-PSOE firmaron una declaración en las que se asegura: las políticas públicas dirigidas a reforzar la protección social frente a la crisis han sido la otra prioridad.
Iglesias reiteró que los ajustes que se puedan realizar en la comunidad autónoma no deben afectar a servicios públicos esenciales como, sanidad, educación y servicios sociales. Del mismo modo, sostuvo que las medidas de austeridad, aplicadas en una comunidad que ya ha ajustado su gasto, solo son parches que pueden deteriorar los servicios públicos.
"La única solución es abordar el verdadero debate que garantice los recursos necesarios: la aplicación de una verdadera reforma fiscal. Sin esa reforma fiscal el objetivo de reducir el déficit al 3% en 2013 resulta imposible de alcanzar", apuntó.
La propuesta de IU se basa en una revisión del tipo impositivo del IRPF a los contribuyentes de mayor capacidad económica , y aumentar el gravamen sobre las rentas de capital, la recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio para gravar a las grandes fortunas o la elaboración de un Plan de lucha contra el fraude fiscal que tenga como objetivo su reducción a los parámetros medios comunitarios.
Por ello, el Coordinador de IU emplazó al Gobierno de Asturias a que seguir exigiendo al Gobierno de la nación la aportación del pago del 50 por ciento de la Ley de Dependencia, porque hasta el momento la comunidad sólo recibe el 30 por ciento de lo invertido.
Del mismo modo, Iglesias aseguró que "el Presidente Zapatero no tiene derecho a frustrar de nuevo las expectativas de la mayoría de izquierdas, cuando su único logro real de la legislatura anterior fue la aprobación la Ley de Dependencia".
Fuente : europapress.es
ANDALUCÍA - SOLICITA REPARTO FONDOS A PERSONAS "REALMENTE ATENDIDAS"
Andalucía reclama al Estado que reparto de fondos se haga en función de las personas "realmente atendidas"
Navarro precisa que la comunidad andaluza sufraga más del 60 por ciento de la financiación de la Ley de la Dependencia en Andalucía
La consejera para la Igualdad y el Bienestar Social de la Junta de Andalucía, Micaela Navarro, reclamó hoy al Gobierno central que el reparto de fondos para la financiación de los servicios contemplados por la Ley de la Dependencia se haga en función de las personas "realmente atendidas" y no atendiendo a criterios de población o población potencialmente dependiente.
En declaraciones a los periodistas en Sevilla, Navarro dijo desconocer de que manera el plan de austeridad que llevará a cabo el Gobierno español puede afectar al desarrollo de la Ley de la Dependencia, pero sí hizo hincapié en que después de tres años de desarrollo de la normativa el reparto de fondos a las comunidades autónomas "no se puede hacer en función de la población, ni siquiera en función de las personas valoradas, sino bajo el criterio de las personas realmente atendidas".
Asimismo, la consejera desveló uno de los capítulos más opacos de la financiación de la ley, la aportación que hace la comunidad autónoma, que está obligada a confinanciarla con el Estado. Así, precisó que Andalucía sufraga el por más del 60 por ciento del coste total de los servicios de la Dependencia en Andalucía, mientras que el Gobierno central aporta aproximadamente el otro 40 por ciento.
Según recordó, el año pasado la Junta de Andalucía consiguió después de lograr el consenso del resto de los gobiernos de las CCAA que el reparto de fondos para financiar la Ley tuviera en cuenta en un 20 por ciento el número de personas valoradas en cada región. "Pero tres años después, no podemos seguir hablando de personas valoradas, sino atendidas", incidió.
Además, recordó que la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) determina que el criterio de población sólo ha de tenerse en cuenta en un 30 por ciento y no ser, por lo tanto, el de mayor peso para establecer la distribución de fondos como ocurre actualmente.
Incluso fue más allá y pidió que a la hora de establecer el reparto de fondos también se tenga en cuenta qué tipos de recursos se están prestando en cada región, es decir, si son prestaciones de residencias, ayuda a domicilio o unidades de estancia diurna, o bien, son ayudas económicas, porque, según dijo, "no tiene el mismo coste para la CCAA, a pesar de que la aportación del Estado es la misma".
También apostó porque se valore el retorno de estas prestaciones, ya que hay recursos como la ayuda a domicilio --Andalucía acapara el 54 por ciento de la ayuda a domicilio que se presta en España-- que suponen un "gasto para la comunidad autónoma pero un retorno que va a para a las arcas del Estado".
DESCENSO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS AL 45%
Además, insistió en que la mayoría de los servicios de la Ley de la Dependencia que se desarrollan en España se prestan en Andalucía, donde aseguró que "han bajado las ayudas económicas hasta un 45 por ciento", cuando es el recurso más demandado por las familias y reiteró la intención de la Junta de Andalucía de que se extiendan los servicios, ya que supone la "mejor forma de garantizar la atención especializada y también de generar empleo".
Así, consideró "gravísimo" que haya voces que digan que en Andalucía se está haciendo un nuevo PER, sobre todo, cuando hay CCAA en las que las ayudas económicas "superan el 80 por ciento".
En este sentido, destacó que "más de la mitad del empleo que la Ley de la Dependencia ha generado en España pertenece a Andalucía", según los datos del Imserso.
Fuente : europapress.es
Navarro precisa que la comunidad andaluza sufraga más del 60 por ciento de la financiación de la Ley de la Dependencia en Andalucía
La consejera para la Igualdad y el Bienestar Social de la Junta de Andalucía, Micaela Navarro, reclamó hoy al Gobierno central que el reparto de fondos para la financiación de los servicios contemplados por la Ley de la Dependencia se haga en función de las personas "realmente atendidas" y no atendiendo a criterios de población o población potencialmente dependiente.
En declaraciones a los periodistas en Sevilla, Navarro dijo desconocer de que manera el plan de austeridad que llevará a cabo el Gobierno español puede afectar al desarrollo de la Ley de la Dependencia, pero sí hizo hincapié en que después de tres años de desarrollo de la normativa el reparto de fondos a las comunidades autónomas "no se puede hacer en función de la población, ni siquiera en función de las personas valoradas, sino bajo el criterio de las personas realmente atendidas".
Asimismo, la consejera desveló uno de los capítulos más opacos de la financiación de la ley, la aportación que hace la comunidad autónoma, que está obligada a confinanciarla con el Estado. Así, precisó que Andalucía sufraga el por más del 60 por ciento del coste total de los servicios de la Dependencia en Andalucía, mientras que el Gobierno central aporta aproximadamente el otro 40 por ciento.
Según recordó, el año pasado la Junta de Andalucía consiguió después de lograr el consenso del resto de los gobiernos de las CCAA que el reparto de fondos para financiar la Ley tuviera en cuenta en un 20 por ciento el número de personas valoradas en cada región. "Pero tres años después, no podemos seguir hablando de personas valoradas, sino atendidas", incidió.
Además, recordó que la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) determina que el criterio de población sólo ha de tenerse en cuenta en un 30 por ciento y no ser, por lo tanto, el de mayor peso para establecer la distribución de fondos como ocurre actualmente.
Incluso fue más allá y pidió que a la hora de establecer el reparto de fondos también se tenga en cuenta qué tipos de recursos se están prestando en cada región, es decir, si son prestaciones de residencias, ayuda a domicilio o unidades de estancia diurna, o bien, son ayudas económicas, porque, según dijo, "no tiene el mismo coste para la CCAA, a pesar de que la aportación del Estado es la misma".
También apostó porque se valore el retorno de estas prestaciones, ya que hay recursos como la ayuda a domicilio --Andalucía acapara el 54 por ciento de la ayuda a domicilio que se presta en España-- que suponen un "gasto para la comunidad autónoma pero un retorno que va a para a las arcas del Estado".
DESCENSO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS AL 45%
Además, insistió en que la mayoría de los servicios de la Ley de la Dependencia que se desarrollan en España se prestan en Andalucía, donde aseguró que "han bajado las ayudas económicas hasta un 45 por ciento", cuando es el recurso más demandado por las familias y reiteró la intención de la Junta de Andalucía de que se extiendan los servicios, ya que supone la "mejor forma de garantizar la atención especializada y también de generar empleo".
Así, consideró "gravísimo" que haya voces que digan que en Andalucía se está haciendo un nuevo PER, sobre todo, cuando hay CCAA en las que las ayudas económicas "superan el 80 por ciento".
En este sentido, destacó que "más de la mitad del empleo que la Ley de la Dependencia ha generado en España pertenece a Andalucía", según los datos del Imserso.
Fuente : europapress.es
C. VALENCIANA - DOS SENTENCIAS OBLIGAN A PAGAR LA AYUDA
Dos sentencias obligan a pagar la ayuda de la Dependencia desde la solicitud
Dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) han dado la razón a dos personas dependientes y les han reconocido el derecho a percibir la prestación que establece la ley de Dependencia desde el momento de la solicitud y no desde la fecha en que la Administración resolvió su petición.
La Comunidad Valenciana es la única autonomía que no paga la ayuda económica con retroactividad desde la solicitud.
En un caso, la Generalitat pagará retroactivamente 15 meses
En un caso, se trata de una mujer de 38 años, con parálisis cerebral por un problema que tuvo en el nacimiento, a la que se reconoció el máximo nivel de dependencia. Sus familiares solicitaron las ayudas el 12 de febrero de 2007 y 15 meses después, el 14 de mayo de 2008, se le reconoció su estado y una prestación de 583 euros mensuales. Bienestar Social admite que existe otro caso más con una sentencia muy próxima y en sentido similar a la anterior.
No es demasiado frecuente que las familias o las personas que solicitan este tipo de ayudas recurran para poder percibirlas desde el momento en que presentaron la solicitud.
Fuentes de la Plataforma en Defensa de la Ley de la Dependencia de Valencia explican que, después de meses de espera, cuando los beneficiarios obtienen la resolución que les reconoce su situación de discapacidad y su derecho a percibir ayudas, se suelen dan por satisfechos. "En cuanto empieza a cobrar, la gente no se mete en más líos", comentan.
Además, un recurso contencioso administrativo implica acudir a un abogado "y gastarse un dinero que, en ocasiones, no están dispuestos a asumir". Por ello, destaca la dificultad de estimar un número de personas que hayan seguido el camino de las dos personas que han obtenido el reconocimiento en los tribunales.
El espaldarazo judicial que supone el reconocimiento de la retroactividad de las ayudas podría suponer un vuelco en esta situación y multiplicar las peticiones.
Bienestar Social informó ayer de que cumplirá estas sentencias, que no son recurribles, aunque indicó que no son situaciones que se puedan generalizar. "Se trata de dos casos concretos", informaron desde la consejería que dirige Angélica Such.
Las mismas fuentes destacan que la Generalitat reconoce la retroactividad cuando se puede demostrar que las personas ya percibían servicios desde la solicitud, como es el caso de las personas ingresadas en residencias. "Nuestro papel es el de hacer de filtro y evitar el enriquecimiento injusto", apuntan desde Bienestar Social. "La retroactividad no es para todos, sino para quienes demuestren que ya eran receptores de ayudas y evitar que haya gente que cobre por ayudas que no percibieron".
Las mismas fuentes añaden que una de las sentencias exige para poder cobrar las ayudas desde el principio que se aporte el alta de la Seguridad Social del cuidador familiar durante el periodo anterior al reconocimiento de la dependencia de forma que se demuestre que ya recibía asistencia.
Fuente : elpais.com
Dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) han dado la razón a dos personas dependientes y les han reconocido el derecho a percibir la prestación que establece la ley de Dependencia desde el momento de la solicitud y no desde la fecha en que la Administración resolvió su petición.
La Comunidad Valenciana es la única autonomía que no paga la ayuda económica con retroactividad desde la solicitud.
En un caso, la Generalitat pagará retroactivamente 15 meses
En un caso, se trata de una mujer de 38 años, con parálisis cerebral por un problema que tuvo en el nacimiento, a la que se reconoció el máximo nivel de dependencia. Sus familiares solicitaron las ayudas el 12 de febrero de 2007 y 15 meses después, el 14 de mayo de 2008, se le reconoció su estado y una prestación de 583 euros mensuales. Bienestar Social admite que existe otro caso más con una sentencia muy próxima y en sentido similar a la anterior.
No es demasiado frecuente que las familias o las personas que solicitan este tipo de ayudas recurran para poder percibirlas desde el momento en que presentaron la solicitud.
Fuentes de la Plataforma en Defensa de la Ley de la Dependencia de Valencia explican que, después de meses de espera, cuando los beneficiarios obtienen la resolución que les reconoce su situación de discapacidad y su derecho a percibir ayudas, se suelen dan por satisfechos. "En cuanto empieza a cobrar, la gente no se mete en más líos", comentan.
Además, un recurso contencioso administrativo implica acudir a un abogado "y gastarse un dinero que, en ocasiones, no están dispuestos a asumir". Por ello, destaca la dificultad de estimar un número de personas que hayan seguido el camino de las dos personas que han obtenido el reconocimiento en los tribunales.
El espaldarazo judicial que supone el reconocimiento de la retroactividad de las ayudas podría suponer un vuelco en esta situación y multiplicar las peticiones.
Bienestar Social informó ayer de que cumplirá estas sentencias, que no son recurribles, aunque indicó que no son situaciones que se puedan generalizar. "Se trata de dos casos concretos", informaron desde la consejería que dirige Angélica Such.
Las mismas fuentes destacan que la Generalitat reconoce la retroactividad cuando se puede demostrar que las personas ya percibían servicios desde la solicitud, como es el caso de las personas ingresadas en residencias. "Nuestro papel es el de hacer de filtro y evitar el enriquecimiento injusto", apuntan desde Bienestar Social. "La retroactividad no es para todos, sino para quienes demuestren que ya eran receptores de ayudas y evitar que haya gente que cobre por ayudas que no percibieron".
Las mismas fuentes añaden que una de las sentencias exige para poder cobrar las ayudas desde el principio que se aporte el alta de la Seguridad Social del cuidador familiar durante el periodo anterior al reconocimiento de la dependencia de forma que se demuestre que ya recibía asistencia.
Fuente : elpais.com
POSIBLE RECORTE DE LAS AYUDAS A DEPENDENCIA
Un posible recorte de las ayudas a la Dependencia divide a las autonomías
Responsables de Asuntos Sociales de las comunidades piden salvar la ley, ya demorada, frente a los ahorros planteados por los titulares de Economía
La Ley de Dependencia nació con una memoria económica para 2007, su primer año de aplicación, de 400 millones, justo los que se ejecutaron finalmente. Pero el resto de los ejercicios hubo que superar esa cantidad, porque las previsiones de los dependientes que entrarían en el sistema se vieron desbordadas, no tanto en número, cuando en grado de dependencia. Había que pagarles más porque eran grandes dependientes. En 2010, los 1.160 millones de la memoria económica han pasado a 1.671. Y las comunidades están obligadas a cofinanciar.
Los dirigentes de Andalucía, Cataluña y Extremadura guardan silencio.
La ley se redactó en un momento de superávit, pero la crisis se le ha echado encima y con ella, las críticas a su financiación. Los planes de recorte en servicios sociales planteados en el Consejo de Política Fiscal renuevan ese conflicto y encuentran enfrente la opinión de sus colegas de Asuntos Sociales.
Pero el debate volverá quizá a ser baldío, porque se desconocen datos básicos como son los recursos que cada comunidad ha aportado a este nuevo sistema de protección social desde su implantación.
No lo que ponían antes por las personas que ya estaban ingresadas en las residencias, ni lo que pagaban ya en 2005 por médicos y enfermeras en los geriátricos. Sino lo que han aportado de nuevo, a partir de enero de 2007, para sufragar los nuevos gastos que ha generado la ley. Sólo así podrá saberse cuánto dinero les ha costado poner en marcha el sistema.
A falta de datos, los cálculos aproximados que en su día efectuó la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, revelan que hay comunidades en las que se dedica menos dinero a la Ley de Dependencia que el que se destina a la televisión autonómica, por poner un ejemplo. Así que la pregunta quizá no es tanto si se debe recortar en una ley que atiende derechos básicos del ciudadano, sino si cabe recortar de presupuestos tan magros.
Hay comunidades, siguiendo este estudio, que recibieron el año pasado más dinero por parte del Estado de lo que repartieron para dependencia, atendiendo a los usuarios que tenían una prestación y al coste que ello suponía. En 2009, a Canarias, Baleares y Murcia les bastaba con el dinero que recibían del Estado y aún les sobraba. Y otras pocas no salían muy airosas.
Los retrasos para recibir las ayudas que proporciona esta ley son clamorosos, acercándose a los dos años en algunas comunidades.
Y la ayuda económica, la que sale más barata de todas a la Administración, es la que más se concede. Muchos ciudadanos podrían acudir a los tribunales porque el calendario previsto para implantar esta ley no se cumple.
Pero ir a los tribunales es caro y la esperanza de vida de miles de ancianos dependientes se agotaría antes de concluir el juicio. Así que 250.000 personas que tienen el derecho a una ayuda reconocido están aún esperando. Y miles más aguardan a ser evaluados.
Pero algunos consejeros de Economía no rechazaron el lunes la idea de demorar el ya demorado calendario de aplicación de la Ley de Dependencia. Para ello habría que modificar esta ley orgánica en el Parlamento.
Pero los consejeros de Economía son una cosa, y los de Asuntos Sociales, otra. Los responsables autonómicos de la ley no parecen dispuestos a que se recorte de esta partida para combatir la crisis, aunque algunos guardan silencio.
"Si hay que hacer recortes, habrá que hacerlos en otros sitios, no es voluntad del Gobierno de Murcia que los planes de austeridad afecten al gasto social", dijo ayer el secretario general de Política Social de esta región, Fernando Mateo. "Hacer recortes en esta área supondría quitar derechos que los ciudadanos tienen por ley", añadió la consejera de Servicios Sociales de La Rioja, Sagrario Loza. "Un no rotundo, bajo ningún concepto, y así lo defenderé en mi Gobierno", dijo la consejera de Galicia, Beatriz Mato.
Tampoco su colega en Castilla y León, César Antón, parece por la labor. Todos son del PP. Y todos se quejan de la financiación estatal.
Por parte de los gobiernos socialistas hay sonoros silencios, como el de Andalucía, Extremadura, o Cataluña. La voz socialista la puso el consejero de Salud y Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata. "No es el momento de hacer recortes en Dependencia, hablamos de las personas más frágiles. Antes hay que perseguir el fraude fiscal o gravar las rentas millonarias, dice. "Hay personas que se están jubilando con 40 millones de euros. Para que yo pueda explicar una moratoria de la ley a un dependiente mirándole a la cara, antes tendrían que haber hecho esas otras cosas", dijo ayer.
La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, recordó que la aplicación de la ley, "es una obligación que no puede verse alterada en ningún caso".
Fuente : elpais.com
Responsables de Asuntos Sociales de las comunidades piden salvar la ley, ya demorada, frente a los ahorros planteados por los titulares de Economía
La Ley de Dependencia nació con una memoria económica para 2007, su primer año de aplicación, de 400 millones, justo los que se ejecutaron finalmente. Pero el resto de los ejercicios hubo que superar esa cantidad, porque las previsiones de los dependientes que entrarían en el sistema se vieron desbordadas, no tanto en número, cuando en grado de dependencia. Había que pagarles más porque eran grandes dependientes. En 2010, los 1.160 millones de la memoria económica han pasado a 1.671. Y las comunidades están obligadas a cofinanciar.
Los dirigentes de Andalucía, Cataluña y Extremadura guardan silencio.
La ley se redactó en un momento de superávit, pero la crisis se le ha echado encima y con ella, las críticas a su financiación. Los planes de recorte en servicios sociales planteados en el Consejo de Política Fiscal renuevan ese conflicto y encuentran enfrente la opinión de sus colegas de Asuntos Sociales.
Pero el debate volverá quizá a ser baldío, porque se desconocen datos básicos como son los recursos que cada comunidad ha aportado a este nuevo sistema de protección social desde su implantación.
No lo que ponían antes por las personas que ya estaban ingresadas en las residencias, ni lo que pagaban ya en 2005 por médicos y enfermeras en los geriátricos. Sino lo que han aportado de nuevo, a partir de enero de 2007, para sufragar los nuevos gastos que ha generado la ley. Sólo así podrá saberse cuánto dinero les ha costado poner en marcha el sistema.
A falta de datos, los cálculos aproximados que en su día efectuó la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, revelan que hay comunidades en las que se dedica menos dinero a la Ley de Dependencia que el que se destina a la televisión autonómica, por poner un ejemplo. Así que la pregunta quizá no es tanto si se debe recortar en una ley que atiende derechos básicos del ciudadano, sino si cabe recortar de presupuestos tan magros.
Hay comunidades, siguiendo este estudio, que recibieron el año pasado más dinero por parte del Estado de lo que repartieron para dependencia, atendiendo a los usuarios que tenían una prestación y al coste que ello suponía. En 2009, a Canarias, Baleares y Murcia les bastaba con el dinero que recibían del Estado y aún les sobraba. Y otras pocas no salían muy airosas.
Los retrasos para recibir las ayudas que proporciona esta ley son clamorosos, acercándose a los dos años en algunas comunidades.
Y la ayuda económica, la que sale más barata de todas a la Administración, es la que más se concede. Muchos ciudadanos podrían acudir a los tribunales porque el calendario previsto para implantar esta ley no se cumple.
Pero ir a los tribunales es caro y la esperanza de vida de miles de ancianos dependientes se agotaría antes de concluir el juicio. Así que 250.000 personas que tienen el derecho a una ayuda reconocido están aún esperando. Y miles más aguardan a ser evaluados.
Pero algunos consejeros de Economía no rechazaron el lunes la idea de demorar el ya demorado calendario de aplicación de la Ley de Dependencia. Para ello habría que modificar esta ley orgánica en el Parlamento.
Pero los consejeros de Economía son una cosa, y los de Asuntos Sociales, otra. Los responsables autonómicos de la ley no parecen dispuestos a que se recorte de esta partida para combatir la crisis, aunque algunos guardan silencio.
"Si hay que hacer recortes, habrá que hacerlos en otros sitios, no es voluntad del Gobierno de Murcia que los planes de austeridad afecten al gasto social", dijo ayer el secretario general de Política Social de esta región, Fernando Mateo. "Hacer recortes en esta área supondría quitar derechos que los ciudadanos tienen por ley", añadió la consejera de Servicios Sociales de La Rioja, Sagrario Loza. "Un no rotundo, bajo ningún concepto, y así lo defenderé en mi Gobierno", dijo la consejera de Galicia, Beatriz Mato.
Tampoco su colega en Castilla y León, César Antón, parece por la labor. Todos son del PP. Y todos se quejan de la financiación estatal.
Por parte de los gobiernos socialistas hay sonoros silencios, como el de Andalucía, Extremadura, o Cataluña. La voz socialista la puso el consejero de Salud y Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata. "No es el momento de hacer recortes en Dependencia, hablamos de las personas más frágiles. Antes hay que perseguir el fraude fiscal o gravar las rentas millonarias, dice. "Hay personas que se están jubilando con 40 millones de euros. Para que yo pueda explicar una moratoria de la ley a un dependiente mirándole a la cara, antes tendrían que haber hecho esas otras cosas", dijo ayer.
La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, recordó que la aplicación de la ley, "es una obligación que no puede verse alterada en ningún caso".
Fuente : elpais.com
C. VALENCIANA - CONSELL HA BOICOTEADO LA LEY
PSPV: Consell ha boicoteado la Ley de Dependencia desde que se aprobó en 2007
En un comunicado, Torres ha lamentado que el conseller de Economía, Gerardo Camps, al que ha calificado de "indecente", proponga "una moratoria de dos años a la Ley de Dependencia para reducir el déficit".
El diputado socialista ha recordado que hay 36.500 valencianos "que si vivieran en otra comunidad autónoma recibirían las prestaciones sociales que no les proporciona el Consell".
Según Torres, en la Comunitat "solamente reciben prestaciones directas 29.109 personas cuando les deberían corresponder a 65.648 valencianos".
Torres ha comparado la situación de la Comunitat con otras autonomías como Castilla y León que "aunque tiene la mitad de habitantes y está gobernada por el PP, más de 42.000 personas reciben prestaciones de la Ley de Dependencia".
El parlamentario del PSPV-PSOE ha considerado una "desvergüenza" que Gerardo Camps "en lugar de aportar recursos para la aplicación efectiva de la Ley proponga una moratoria".
También ha denunciado que el Consell "ha estado aprovechando estos tres últimos años el dinero del Gobierno Central para refinanciar todos aquellos servicios que ya estaba prestando con anterioridad".
"Mientras que en otras comunidades han utilizado el dinero que proviene de la Ley para incrementar el número de personas que reciben servicios, en la Comunitat Valenciana el Consell ha utilizado este dinero para hacer caja y no ampliar derechos sociales", ha dicho.
En este sentido, Torres ha recordado que es la Generalitat "la que tiene competencias exclusivas en materia de atención a las personas dependientes".
Antonio Torres ha lamentado que el Gobierno de la Comunitat Valenciana "utilice a los dependientes en su lucha y enfrentamiento con el gobierno central".
"Lo hace con el agua, con las infraestructuras y también con los dependientes", ha insistido el diputado socialista, quien ha calificado de "injusto" el uso de los dependientes en la batalla política porque "están jugando con los derechos de los ciudadanos para el chantaje político".
Fuente : abc.es
En un comunicado, Torres ha lamentado que el conseller de Economía, Gerardo Camps, al que ha calificado de "indecente", proponga "una moratoria de dos años a la Ley de Dependencia para reducir el déficit".
El diputado socialista ha recordado que hay 36.500 valencianos "que si vivieran en otra comunidad autónoma recibirían las prestaciones sociales que no les proporciona el Consell".
Según Torres, en la Comunitat "solamente reciben prestaciones directas 29.109 personas cuando les deberían corresponder a 65.648 valencianos".
Torres ha comparado la situación de la Comunitat con otras autonomías como Castilla y León que "aunque tiene la mitad de habitantes y está gobernada por el PP, más de 42.000 personas reciben prestaciones de la Ley de Dependencia".
El parlamentario del PSPV-PSOE ha considerado una "desvergüenza" que Gerardo Camps "en lugar de aportar recursos para la aplicación efectiva de la Ley proponga una moratoria".
También ha denunciado que el Consell "ha estado aprovechando estos tres últimos años el dinero del Gobierno Central para refinanciar todos aquellos servicios que ya estaba prestando con anterioridad".
"Mientras que en otras comunidades han utilizado el dinero que proviene de la Ley para incrementar el número de personas que reciben servicios, en la Comunitat Valenciana el Consell ha utilizado este dinero para hacer caja y no ampliar derechos sociales", ha dicho.
En este sentido, Torres ha recordado que es la Generalitat "la que tiene competencias exclusivas en materia de atención a las personas dependientes".
Antonio Torres ha lamentado que el Gobierno de la Comunitat Valenciana "utilice a los dependientes en su lucha y enfrentamiento con el gobierno central".
"Lo hace con el agua, con las infraestructuras y también con los dependientes", ha insistido el diputado socialista, quien ha calificado de "injusto" el uso de los dependientes en la batalla política porque "están jugando con los derechos de los ciudadanos para el chantaje político".
Fuente : abc.es
CANTABRIA - RECHAZO A PARALIZACIÓN LEY
Gorostiaga rechaza la paralización de la Ley de Dependencia que pide el PP
Recuerda que esta atención es "un derecho de todo ciudadano que implica inversión pública y que genera empleo"
La vicepresidenta del Gobierno, Dolores Gorostiaga, mostró hoy su "rechazo absoluto" a la paralización por dos años de la Ley de Dependencia que pide el Partido Popular, y señaló que quienes exigen su suspensión son, además, los responsables políticos "que no han aplicado esta ley con rigor y seriedad, que no han asumido su responsabilidad sobre una política que acordamos entre todos y que propusimos nosotros".
En este sentido, afirmó que "están equivocados" los que piensan que en una situación de déficit público lo mejor es paralizar esta ley, y les instó a "tener en cuenta las dimensiones reales que se derivan de ella".
En su opinión, se está dejando que en el "ideario público se cree una especie de nebulosa porque cuando hay crisis todo el mundo arrima el ascua a su sardina". Al respecto, recordó que desde el PP se está diciendo que la Ley de Dependencia tiene un coste económico "brutal" cuando "no es cierto" porque, aunque implica un gasto "como la aplicación de todas las leyes", también "devuelve a la sociedad una parte importante de ese gasto en forma de empleo directo y de calidad".
En este sentido, subrayó que el empleo que ha generado la ley ha sido ocupado fundamentalmente por mujeres de mediana edad, uno de los colectivos "que más dificultad tiene" para acceder a un trabajo.
Por eso, declaró, "me cabrea enormemente que los que no creían en ese derecho, los que no lo quieren aplicar, los que no están asumiendo corresponsabilidades, estén intentando crear una especie de mala prensa sobre una ley que, además de otorgar derechos a los ciudadanos, está creando empleo", sentenció.
Igualmente recordó que otra "dimensión" de la aplicación de la ley es la participación público-privada, es decir, las "oportunidades para muchas empresas que han visto cómo se abría un campo importante en el que reinvertir".
Gorostiaga realizó estas declaraciones en la inauguración de las 'Jornadas sobre el pacto local por el empleo en Cantabria: Formación y empleo en el ámbito de la dependencia', una iniciativa, enmarcada en el Proyecto de Cooperación Local para el empleo en Cantabria (COLOCAN), que se celebran durante dos días en el Palacio de la Magdalena.
En este sentido, la vicepresidenta explicó que se ha querido comenzar las jornadas con la dependencia porque este campo tiene "inmensas posibilidades, la mayor parte de ellas no exploradas", concluyó.
Fuente : europapress.es
Recuerda que esta atención es "un derecho de todo ciudadano que implica inversión pública y que genera empleo"
La vicepresidenta del Gobierno, Dolores Gorostiaga, mostró hoy su "rechazo absoluto" a la paralización por dos años de la Ley de Dependencia que pide el Partido Popular, y señaló que quienes exigen su suspensión son, además, los responsables políticos "que no han aplicado esta ley con rigor y seriedad, que no han asumido su responsabilidad sobre una política que acordamos entre todos y que propusimos nosotros".
En este sentido, afirmó que "están equivocados" los que piensan que en una situación de déficit público lo mejor es paralizar esta ley, y les instó a "tener en cuenta las dimensiones reales que se derivan de ella".
En su opinión, se está dejando que en el "ideario público se cree una especie de nebulosa porque cuando hay crisis todo el mundo arrima el ascua a su sardina". Al respecto, recordó que desde el PP se está diciendo que la Ley de Dependencia tiene un coste económico "brutal" cuando "no es cierto" porque, aunque implica un gasto "como la aplicación de todas las leyes", también "devuelve a la sociedad una parte importante de ese gasto en forma de empleo directo y de calidad".
En este sentido, subrayó que el empleo que ha generado la ley ha sido ocupado fundamentalmente por mujeres de mediana edad, uno de los colectivos "que más dificultad tiene" para acceder a un trabajo.
Por eso, declaró, "me cabrea enormemente que los que no creían en ese derecho, los que no lo quieren aplicar, los que no están asumiendo corresponsabilidades, estén intentando crear una especie de mala prensa sobre una ley que, además de otorgar derechos a los ciudadanos, está creando empleo", sentenció.
Igualmente recordó que otra "dimensión" de la aplicación de la ley es la participación público-privada, es decir, las "oportunidades para muchas empresas que han visto cómo se abría un campo importante en el que reinvertir".
Gorostiaga realizó estas declaraciones en la inauguración de las 'Jornadas sobre el pacto local por el empleo en Cantabria: Formación y empleo en el ámbito de la dependencia', una iniciativa, enmarcada en el Proyecto de Cooperación Local para el empleo en Cantabria (COLOCAN), que se celebran durante dos días en el Palacio de la Magdalena.
En este sentido, la vicepresidenta explicó que se ha querido comenzar las jornadas con la dependencia porque este campo tiene "inmensas posibilidades, la mayor parte de ellas no exploradas", concluyó.
Fuente : europapress.es
lunes, 22 de marzo de 2010
GOBIERNO NEGOCIA BAJAR IVA AYUDA DEPENDENCIA
El Gobierno negocia bajar el IVA para ayuda a dependencia
Salgado planea pequeñas rebajas fiscales para lograr el apoyo de CiU
El Gobierno está dispuesto a ampliar el catálogo de medidas que presentó a los grupos políticos en el Palacio Zurbano de Madrid. De manera discreta, la vicepresidenta económica, Elena Salgado, ha debatido la semana pasada, y continuará a partir de hoy, nuevas demandas de los grupos políticos. Hasta ahora, la mayor concreción se ha alcanzado con Convergència i Unió.
El portavoz de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, ha conversado tanto con Salgado como con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a los que ha visto receptivos a reducir el IVA del 7% al 4% en la prestación de servicios de ayuda a la familia y de atención a la dependencia. En este paquete negociador se discute la prórroga del pago de los impuestos, fruto de inversiones productivas, para emplear esos recursos en generar actividad y empleo. Esto se conoce como "libertad de amortizaciones" y CiU pretende que se prorrogue el pago hasta 2012.
Más información y Noticia completa en Fuente : el pais.com
Salgado planea pequeñas rebajas fiscales para lograr el apoyo de CiU
El Gobierno está dispuesto a ampliar el catálogo de medidas que presentó a los grupos políticos en el Palacio Zurbano de Madrid. De manera discreta, la vicepresidenta económica, Elena Salgado, ha debatido la semana pasada, y continuará a partir de hoy, nuevas demandas de los grupos políticos. Hasta ahora, la mayor concreción se ha alcanzado con Convergència i Unió.
El portavoz de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, ha conversado tanto con Salgado como con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a los que ha visto receptivos a reducir el IVA del 7% al 4% en la prestación de servicios de ayuda a la familia y de atención a la dependencia. En este paquete negociador se discute la prórroga del pago de los impuestos, fruto de inversiones productivas, para emplear esos recursos en generar actividad y empleo. Esto se conoce como "libertad de amortizaciones" y CiU pretende que se prorrogue el pago hasta 2012.
Más información y Noticia completa en Fuente : el pais.com
ALMERIA - EL AYUNTAMIENTO SE DESDICE, NO HABRÁ INTEGRACIÓN
El Ayuntamiento de Almería se desdice y no integrará a las trabajadoras a domicilio en la Ley de Dependencia
'No nos jorobéis' o 'esto es una mazmorra, nada más', son algunos de los piropos con los que las trabajadoras del servicio a domicilio han regalado los oídos del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Almería (PP-GIAL) durante el pleno celebrado hoy.
Donde dije digo, digo Diego, el Consistorio se había comprometido a integrarlas en la Ley de Dependencia y ahora dice en base unos informes jurídicos que no ha visto ni la oposición, que esto supondría un coste inasumible en competencias que no le son propias.
Y es que el plenario ha rechazado una moción del Grupo Socialista que exigía que se cumpliese una moción previa presentada en mayo de 2009 que prometía a las trabajadoras la unificación de la gestión de ambos servicios.
Pablo Venzal (PP), portavoz municipal, asegura que si se hiciese esto habría que sufragar unos ‘seis millones de euros más de lo que paga la Junta’.Sólo cuando la Junta equipare los salarios – el Ayuntamiento paga la hora a 19,73 euros más IVA – ‘será sensato unificar y hasta entonces mantener los términos’, dice Venzal, el mismo concejal que defendió en su momento la integración para ahora desdecirse.
Por último, se ha aprobado una moción de carácter institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer para instar a Gobierno y Junta que apliquen la Ley de Igualdad Efectiva, se coordinen administraciones públicas, se vigile a las empresas que discrimen a las mujeres, potenciar el movimiento asociativo femenino, etc.
Más información y Noticia completa en Fuente : teleprensa.es
'No nos jorobéis' o 'esto es una mazmorra, nada más', son algunos de los piropos con los que las trabajadoras del servicio a domicilio han regalado los oídos del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Almería (PP-GIAL) durante el pleno celebrado hoy.
Donde dije digo, digo Diego, el Consistorio se había comprometido a integrarlas en la Ley de Dependencia y ahora dice en base unos informes jurídicos que no ha visto ni la oposición, que esto supondría un coste inasumible en competencias que no le son propias.
Y es que el plenario ha rechazado una moción del Grupo Socialista que exigía que se cumpliese una moción previa presentada en mayo de 2009 que prometía a las trabajadoras la unificación de la gestión de ambos servicios.
Pablo Venzal (PP), portavoz municipal, asegura que si se hiciese esto habría que sufragar unos ‘seis millones de euros más de lo que paga la Junta’.Sólo cuando la Junta equipare los salarios – el Ayuntamiento paga la hora a 19,73 euros más IVA – ‘será sensato unificar y hasta entonces mantener los términos’, dice Venzal, el mismo concejal que defendió en su momento la integración para ahora desdecirse.
Por último, se ha aprobado una moción de carácter institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer para instar a Gobierno y Junta que apliquen la Ley de Igualdad Efectiva, se coordinen administraciones públicas, se vigile a las empresas que discrimen a las mujeres, potenciar el movimiento asociativo femenino, etc.
Más información y Noticia completa en Fuente : teleprensa.es
GERIÁTRICOS PRIVADOS LLAMAN A CONCERTAR 42.500 PLAZAS VACIAS
Los geriátricos privados llaman a concertar 42.500 plazas vacías
El sector acusa la 'burbuja' inversora auspiciada por las expectativas de la Ley de Dependencia - La apuesta por residencias de lujo impide ajustar precios
En España hay miles de plazas vacías en los geriátricos y cientos de familias, quizá miles también, esperan por una de ellas. La Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED) calcula que sólo entre sus empresas 42.557 camas, de un total en España de 329.000, están libres, y piden a las administraciones que concierten esas plazas, es decir, que paguen la ocupación de esas residencias para que los ciudadanos puedan optar a ellas a precios públicos, como ocurre con los colegios concertados.
Pero el desajuste entre la oferta y la demanda no tiene tan fácil arreglo, porque hay ciudades donde faltan residencias mientras que en otros lugares están vacías. En ese caso no hay concertación que valga. La crisis tampoco lo pone fácil. Las comunidades están pagando entre 45 y 50 euros por día y persona a los empresarios por disponer de sus plazas, pero este precio no convence al sector, que aspira a obtener 60 euros. "Es lo que cuesta un hostal, y ahí la gente sólo va a dormir", defiende el presidente de la FED, José Alberto Echevarría. "O si no, que nos rebajen el IVA al 4%", dice.
Por último, la Ley de Dependencia manda que estos centros tengan unas condiciones mínimas de calidad, que muchos no cumplen. Sólo entre 2007 y 2008 se abrieron 30.000 nuevas plazas y la mayoría son públicas o concertadas. El problema es que había muchas que no cumplen los requisitos que ahora se exigen y eso impide concertar. El sector afronta una grave crisis.
"A muchos operadores no les conviene concertar por los precios que ofrece la Administración porque han construido residencias de lujo, pagando muy caro el suelo, y ahora no les sale a cuenta. Y hay muchas que, sencillamente, están llamadas a desaparecer porque son negocios antiguos sin las condiciones mínimas", dice un empresario del sector que quiere guardar su anonimato.
"Es cierto, se han construido muchas residencias de lujo, pero es que, hace unos años, no se oía otra cosa que le creciente necesidad de plazas. Los ayuntamientos regalaban terrenos, las comunidades animaban y muchos empresarios siguieron invirtiendo y los bancos se sentían cómodos financiando esos proyectos", reconoce el director del portal Inforesidencias.com, Josep Martí.
La burbuja, según Martí, se iba hinchando también porque "la ley generó unas expectativas de profesionalización que no se han cumplido, la mayoría de las ayudas que se están concediendo son económicas, para el cuidador familiar", critica Martí.
Ese extremo es también el caballo de batalla de los empresarios. "Concertar plazas de residencias cuesta más que dar ayudas económicas, pero se obtendrían millones en retornos", dicen en la FED. "Solo que esos retornos, vía IVA, impuesto de sociedades, IRPF, los recaudaría el Gobierno, mientras que las comunidades tendrían que poner dinero". "Esa diferencia entre lo que le supone a una y otra administración es lo que obstaculiza el concierto de las plazas", aseguran.
Pero la ocupación de las residencias no depende sólo de la economía, ni siquiera de la del usuario, sino de sus preferencias. Y hoy por hoy hay un sesgo claro hacia las atenciones en el domicilio propio, buscando la paga para que les cuide alguien de la familia. "Generalmente se están dando las ayudas que la gente pide", dice el secretario general de Política Social, Francisco Moza.
"Una de cada cinco personas atendidas bajo la Ley de Dependencia está en una residencia y más de 40.000 tienen una ayuda vinculada a la prestación de un servicio, que normalmente es también para una plaza residencial". Moza insiste en que el objetivo del ministerio es potenciar los servicios frente a las ayudas económicas, pero opina que no se pueden eludir las preferencias de los ciudadanos. "A lo largo de todo el año pasado, gracias al Plan E se aprobaron recursos para adaptar o construir hasta 50.000 plazas y hemos regulado que los usuarios no puedan cambiar el servicio que eligen".
Esto se ha hecho porque, debido también a la crisis, algunas personas sacaban a los ancianos de la residencia para tenerlos de nuevo en casa, con la ayuda económica y la pensión del abuelo.
En el mundo rural la ocupación de las residencias se resiste, entre otras cosas porque hay que desplazarse fuera del pueblo para ir a una de ellas. Pero también hay ciudades donde faltan plazas. "Es verdad que en algunas zonas con mucha población rural y dispersa, las residencias quedan alejadas del usuario", reconoce José Alberto Echevarría, de la FED. "Pero las bolsas de desocupación están en las grandes capitales y ciudades de Madrid, Valencia, Cataluña, Andalucía. Eso debería concertarse", insisten.
Muchos centros, sin embargo, están sin concertar porque no cumplen los requisitos exigidos. "A los geriátricos que asisten a grandes dependientes les exigen unas condiciones de calidad muy exhaustivas, mientras que se pide muy poco para atender a esos mismos dependientes en casa", afirma Josep Martí. En su afirmación radica, sin embargo, otro de los problemas: ¿cuántas de las plazas vacías están preparadas para atender a grandes dependientes? La FED dice que no disponen de esos datos.
El problema, apunta la responsable de Política Social de CC OO, Rosana Costa, es que la proliferación de residencias "no obedece a una planificación real de las necesidades, ni por el número de personas que las requieren ni por las instalaciones que realmente se necesitan. Si no se cumplen los requisitos no se pueden usar esas plazas", dice.
De parecida opinión es José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes: "Habría que analizar cuántas cumplen los requisitos mínimos exigidos por la ley para dar una atención de calidad, la ubicación rural o urbana, y sobre todo el precio de la plaza privada. Se impone una planificación que concilie la oferta y las necesidades. Se necesitan más plazas residenciales en las zonas urbanas y exigir la normativa de acreditación a todas las residencias. La Ley de Dependencia es un aliciente para la inversión en equipamiento residencial. Y las prestaciones económicas deben ser algo excepcional".
Fuente : elpais.com
El sector acusa la 'burbuja' inversora auspiciada por las expectativas de la Ley de Dependencia - La apuesta por residencias de lujo impide ajustar precios
En España hay miles de plazas vacías en los geriátricos y cientos de familias, quizá miles también, esperan por una de ellas. La Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED) calcula que sólo entre sus empresas 42.557 camas, de un total en España de 329.000, están libres, y piden a las administraciones que concierten esas plazas, es decir, que paguen la ocupación de esas residencias para que los ciudadanos puedan optar a ellas a precios públicos, como ocurre con los colegios concertados.
Pero el desajuste entre la oferta y la demanda no tiene tan fácil arreglo, porque hay ciudades donde faltan residencias mientras que en otros lugares están vacías. En ese caso no hay concertación que valga. La crisis tampoco lo pone fácil. Las comunidades están pagando entre 45 y 50 euros por día y persona a los empresarios por disponer de sus plazas, pero este precio no convence al sector, que aspira a obtener 60 euros. "Es lo que cuesta un hostal, y ahí la gente sólo va a dormir", defiende el presidente de la FED, José Alberto Echevarría. "O si no, que nos rebajen el IVA al 4%", dice.
Por último, la Ley de Dependencia manda que estos centros tengan unas condiciones mínimas de calidad, que muchos no cumplen. Sólo entre 2007 y 2008 se abrieron 30.000 nuevas plazas y la mayoría son públicas o concertadas. El problema es que había muchas que no cumplen los requisitos que ahora se exigen y eso impide concertar. El sector afronta una grave crisis.
"A muchos operadores no les conviene concertar por los precios que ofrece la Administración porque han construido residencias de lujo, pagando muy caro el suelo, y ahora no les sale a cuenta. Y hay muchas que, sencillamente, están llamadas a desaparecer porque son negocios antiguos sin las condiciones mínimas", dice un empresario del sector que quiere guardar su anonimato.
"Es cierto, se han construido muchas residencias de lujo, pero es que, hace unos años, no se oía otra cosa que le creciente necesidad de plazas. Los ayuntamientos regalaban terrenos, las comunidades animaban y muchos empresarios siguieron invirtiendo y los bancos se sentían cómodos financiando esos proyectos", reconoce el director del portal Inforesidencias.com, Josep Martí.
La burbuja, según Martí, se iba hinchando también porque "la ley generó unas expectativas de profesionalización que no se han cumplido, la mayoría de las ayudas que se están concediendo son económicas, para el cuidador familiar", critica Martí.
Ese extremo es también el caballo de batalla de los empresarios. "Concertar plazas de residencias cuesta más que dar ayudas económicas, pero se obtendrían millones en retornos", dicen en la FED. "Solo que esos retornos, vía IVA, impuesto de sociedades, IRPF, los recaudaría el Gobierno, mientras que las comunidades tendrían que poner dinero". "Esa diferencia entre lo que le supone a una y otra administración es lo que obstaculiza el concierto de las plazas", aseguran.
Pero la ocupación de las residencias no depende sólo de la economía, ni siquiera de la del usuario, sino de sus preferencias. Y hoy por hoy hay un sesgo claro hacia las atenciones en el domicilio propio, buscando la paga para que les cuide alguien de la familia. "Generalmente se están dando las ayudas que la gente pide", dice el secretario general de Política Social, Francisco Moza.
"Una de cada cinco personas atendidas bajo la Ley de Dependencia está en una residencia y más de 40.000 tienen una ayuda vinculada a la prestación de un servicio, que normalmente es también para una plaza residencial". Moza insiste en que el objetivo del ministerio es potenciar los servicios frente a las ayudas económicas, pero opina que no se pueden eludir las preferencias de los ciudadanos. "A lo largo de todo el año pasado, gracias al Plan E se aprobaron recursos para adaptar o construir hasta 50.000 plazas y hemos regulado que los usuarios no puedan cambiar el servicio que eligen".
Esto se ha hecho porque, debido también a la crisis, algunas personas sacaban a los ancianos de la residencia para tenerlos de nuevo en casa, con la ayuda económica y la pensión del abuelo.
En el mundo rural la ocupación de las residencias se resiste, entre otras cosas porque hay que desplazarse fuera del pueblo para ir a una de ellas. Pero también hay ciudades donde faltan plazas. "Es verdad que en algunas zonas con mucha población rural y dispersa, las residencias quedan alejadas del usuario", reconoce José Alberto Echevarría, de la FED. "Pero las bolsas de desocupación están en las grandes capitales y ciudades de Madrid, Valencia, Cataluña, Andalucía. Eso debería concertarse", insisten.
Muchos centros, sin embargo, están sin concertar porque no cumplen los requisitos exigidos. "A los geriátricos que asisten a grandes dependientes les exigen unas condiciones de calidad muy exhaustivas, mientras que se pide muy poco para atender a esos mismos dependientes en casa", afirma Josep Martí. En su afirmación radica, sin embargo, otro de los problemas: ¿cuántas de las plazas vacías están preparadas para atender a grandes dependientes? La FED dice que no disponen de esos datos.
El problema, apunta la responsable de Política Social de CC OO, Rosana Costa, es que la proliferación de residencias "no obedece a una planificación real de las necesidades, ni por el número de personas que las requieren ni por las instalaciones que realmente se necesitan. Si no se cumplen los requisitos no se pueden usar esas plazas", dice.
De parecida opinión es José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes: "Habría que analizar cuántas cumplen los requisitos mínimos exigidos por la ley para dar una atención de calidad, la ubicación rural o urbana, y sobre todo el precio de la plaza privada. Se impone una planificación que concilie la oferta y las necesidades. Se necesitan más plazas residenciales en las zonas urbanas y exigir la normativa de acreditación a todas las residencias. La Ley de Dependencia es un aliciente para la inversión en equipamiento residencial. Y las prestaciones económicas deben ser algo excepcional".
Fuente : elpais.com
C. VALENCIANA - TENDRÁN QUE ESPERAR CUATRO AÑOS A LAS AYUDAS
17.000 discapacitados tendrán que esperar hasta cuatro años para recibir sus ayudas
La mitad de los dependientes atendidos recibe apoyo económico, pese a ser una medida que la ley tilda de excepcional
La ley de Dependencia afronta su cuarto ejercicio en vigor con varios retos pendientes, principalmente, agilizar los plazos en la recepción de las ayudas (no más de seis meses) y cuadrar las dificultades financieras que alegan las comunidades autónomas.
En el caso de la Comunitat, con las cifras del Imserso, existen personas que ya deberían estar recibiendo las ayudas. Y el dato asciende a más de 30.000 en la región. La situación de otros 17.000 dependientes, valorados con un grado de dependencia moderada, es diferente. También tienen el derecho reconocido, pero deberán esperar hasta cuatro años para beneficiarse. Así lo establece la norma.
La ley de Dependencia nació con un calendario de aplicación asociado. Se priorizó la atención de aquellos más necesitados, los llamados grandes dependientes, que entraron en el sistema de ayudas en 2007.
En la actualidad se atiende a los severos, mientras que entre 2011 y 2014 se hará lo propio con los moderados, que mientras deben esperar. Se trata de personas que necesitan ayuda para realizar actividades básicas al menos una vez al día, o que tienen necesidades de apoyo intermitente para su autonomía personal.
Estos dependientes moderados presentaron su correspondiente solicitud y saben que serán beneficiados de las diferentes ayudas que contempla la ley. Eso sí, no están concretadas, y no se conocerán hasta que les llegue la fecha de ingreso en el sistema de la dependencia.
El proceso para acogerse a la ley de Dependencia es largo. En primer lugar, hay que superar una valoración, donde a través de una baremación por puntos se determina el grado de dependencia. Una vez conocido, comienza la elaboración del plan individualizado de atención, donde se incluirán aquellos servicios que mejor se adecúen a la persona discapacitada, un proceso donde también participa el usuario o sus representantes.
Según explican desde la Conselleria de Bienestar Social, el número de solicitudes tramitadas y con su correspondiente grado de dependencia supera el 90%, mientras que las que ya tienen la ayuda correspondiente llega al 50%. «La realidad es que 30.000 personas de la Comunitat ya se están beneficiando de las ayudas.
Sólo con estos datos ya se puede afirmar que la ley ha sido bienvenida y acertada, pero es necesario dejar un tiempo para ver cómo funciona y detectar carencias», señalaron. Respecto a la cantidad de dependientes a la espera de subvención (alrededor de 30.000), alegan que en muchos casos el programa de atención está ultimándose.
Desde la Plataforma por la ley de Dependencia de la Comunitat apuntan que más de medio millar de dependientes pidieron la ayuda en 2007 y todavía no tienen la resolución, según estima el coordinador de la agrupación, Jaime Esteban García. Esta situación afecta, sobre todo, a los grandes dependientes. «Se priorizaban los casos más severos. Por eso ellos iban a ser los primeros beneficiarios. Pero estamos en 2010 y muchos siguen sin lo que les toca por ley», sentencia.
Otra de las disfunciones detectadas han sido las diferencias existentes entre las previsiones de la normativa y la realidad. Es el caso de las ayudas incluidas que deben tener un carácter excepcional, y sólo se deben prestar en caso de no poder ofrecer al beneficiado los otros servicios.
Se trata de las prestaciones económicas (una subvención), por servicio, asistente personal o cuidados familiares. Y se da el caso de que este último recurso es el más solicitado en toda España, llegando en la Comunitat a 14.057 personas, el 48,2% de los que reciben ayudas. La explicación es sencilla. El beneficiario, si puede, prefiere ser atendido en un ambiente familiar.
Fuente : lasprovincias.es
La mitad de los dependientes atendidos recibe apoyo económico, pese a ser una medida que la ley tilda de excepcional
La ley de Dependencia afronta su cuarto ejercicio en vigor con varios retos pendientes, principalmente, agilizar los plazos en la recepción de las ayudas (no más de seis meses) y cuadrar las dificultades financieras que alegan las comunidades autónomas.
En el caso de la Comunitat, con las cifras del Imserso, existen personas que ya deberían estar recibiendo las ayudas. Y el dato asciende a más de 30.000 en la región. La situación de otros 17.000 dependientes, valorados con un grado de dependencia moderada, es diferente. También tienen el derecho reconocido, pero deberán esperar hasta cuatro años para beneficiarse. Así lo establece la norma.
La ley de Dependencia nació con un calendario de aplicación asociado. Se priorizó la atención de aquellos más necesitados, los llamados grandes dependientes, que entraron en el sistema de ayudas en 2007.
En la actualidad se atiende a los severos, mientras que entre 2011 y 2014 se hará lo propio con los moderados, que mientras deben esperar. Se trata de personas que necesitan ayuda para realizar actividades básicas al menos una vez al día, o que tienen necesidades de apoyo intermitente para su autonomía personal.
Estos dependientes moderados presentaron su correspondiente solicitud y saben que serán beneficiados de las diferentes ayudas que contempla la ley. Eso sí, no están concretadas, y no se conocerán hasta que les llegue la fecha de ingreso en el sistema de la dependencia.
El proceso para acogerse a la ley de Dependencia es largo. En primer lugar, hay que superar una valoración, donde a través de una baremación por puntos se determina el grado de dependencia. Una vez conocido, comienza la elaboración del plan individualizado de atención, donde se incluirán aquellos servicios que mejor se adecúen a la persona discapacitada, un proceso donde también participa el usuario o sus representantes.
Según explican desde la Conselleria de Bienestar Social, el número de solicitudes tramitadas y con su correspondiente grado de dependencia supera el 90%, mientras que las que ya tienen la ayuda correspondiente llega al 50%. «La realidad es que 30.000 personas de la Comunitat ya se están beneficiando de las ayudas.
Sólo con estos datos ya se puede afirmar que la ley ha sido bienvenida y acertada, pero es necesario dejar un tiempo para ver cómo funciona y detectar carencias», señalaron. Respecto a la cantidad de dependientes a la espera de subvención (alrededor de 30.000), alegan que en muchos casos el programa de atención está ultimándose.
Desde la Plataforma por la ley de Dependencia de la Comunitat apuntan que más de medio millar de dependientes pidieron la ayuda en 2007 y todavía no tienen la resolución, según estima el coordinador de la agrupación, Jaime Esteban García. Esta situación afecta, sobre todo, a los grandes dependientes. «Se priorizaban los casos más severos. Por eso ellos iban a ser los primeros beneficiarios. Pero estamos en 2010 y muchos siguen sin lo que les toca por ley», sentencia.
Otra de las disfunciones detectadas han sido las diferencias existentes entre las previsiones de la normativa y la realidad. Es el caso de las ayudas incluidas que deben tener un carácter excepcional, y sólo se deben prestar en caso de no poder ofrecer al beneficiado los otros servicios.
Se trata de las prestaciones económicas (una subvención), por servicio, asistente personal o cuidados familiares. Y se da el caso de que este último recurso es el más solicitado en toda España, llegando en la Comunitat a 14.057 personas, el 48,2% de los que reciben ayudas. La explicación es sencilla. El beneficiario, si puede, prefiere ser atendido en un ambiente familiar.
Fuente : lasprovincias.es
MADRID - 90 EXPERTOS PARA AGILIZAR TRÁMITES
90 expertos para agilizar trámites en dependencia
La Comunidad de Madrid ha debido contratar 90 nuevos expertos para dar salida al atasco en las valoraciones vinculadas a la aplicación de la ley de Dependencia.
Los valoradores se trasladarán a cualquier punto de la región para evaluar a las personas que han solicitado el reconocimiento de la situación de dependencia en su propio domicilio. El Gobierno regional asegura ahora que podrá realizar hasta 7.000 valoraciones de dependencia al mes.
Los retrasos en la tramitación de expedientes se habían situado con los medios anteriores en unos ocho meses, y este equipo compone un refuerzo para el personal que venía trabajando hasta la fecha en la Consejería de Familia y Asuntos Sociales.
Embudo en los programas
El embudo para obtener las ayudas se daba al necesitar cada dependiente una valoración previa de la actividades que realiza y sus capacidades en cuyas conclusiones se basaba un posterior Programa Individual de Atención (PIA), requisito indispensable para que el Gobierno central libere los fondos destinados a financiar las ayudas prescritas.
Fuente : adn.es
La Comunidad de Madrid ha debido contratar 90 nuevos expertos para dar salida al atasco en las valoraciones vinculadas a la aplicación de la ley de Dependencia.
Los valoradores se trasladarán a cualquier punto de la región para evaluar a las personas que han solicitado el reconocimiento de la situación de dependencia en su propio domicilio. El Gobierno regional asegura ahora que podrá realizar hasta 7.000 valoraciones de dependencia al mes.
Los retrasos en la tramitación de expedientes se habían situado con los medios anteriores en unos ocho meses, y este equipo compone un refuerzo para el personal que venía trabajando hasta la fecha en la Consejería de Familia y Asuntos Sociales.
Embudo en los programas
El embudo para obtener las ayudas se daba al necesitar cada dependiente una valoración previa de la actividades que realiza y sus capacidades en cuyas conclusiones se basaba un posterior Programa Individual de Atención (PIA), requisito indispensable para que el Gobierno central libere los fondos destinados a financiar las ayudas prescritas.
Fuente : adn.es
domingo, 21 de marzo de 2010
C. VALENCIANA - CUIDADORES, 87% DE ELLOS SON MUJERES
El 87 por ciento de los cuidadores no profesionales de personas con derecho reconocido a cobrar una prestación económica para cuidados familiares son mujeres y en el 24 por ciento de los casos los cuidadores son personas mayores de 65 años, según se desprende de un estudio elaborado por la Conselleria de Bienestar Social.
Actualmente, en la Comunitat Valenciana 14.057 personas con grado y nivel de dependencia en vigor, están cobrando una prestación económica para cuidados familiares.
Según el estudio realizado por la Conselleria, los cuidadores de estas personas tienen en el 55 por ciento de los casos entre 45 y 65 años de edad, seguidos de los que tienen más de 65 años, y por último, en el 21 por ciento de los casos los cuidadores son menores de 45 años.
La consellera de Bienestar Social, Angélica Such, explicó en un comunicado que este tipo de prestación tiene como principal finalidad "contribuir a los gastos que la familia destina a la atención específica que requiere la persona dependiente" y puntualizó que de este modo "se consigue su permanencia en el núcleo familiar, evitando su internamiento".
La prestación económica para cuidados en el entorno familiar es de carácter nominativo y la recibe la persona en situación de dependencia para los gastos derivados de su atención. La cuantía de la misma puede oscilar entre 300,90 y 520,69 euros, dependiendo del grado y nivel de dependencia reconocido.
Está regulado que el cuidador no profesional deberá ser cónyuge o pariente por consaguinidad, afinidad o adopción hasta el tercer grado de la persona dependiente que atiende, y deberá cumplir las condiciones de afiliación, alta y cotización a la Seguridad Social. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales reguló un convenio especial para la inclusión en la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales de las personas en situación de dependencia.
En estos momentos, en la Comunitat Valenciana un total de 8.084 personas se han dado de alta en este tipo de convenio, "cifra que nos sitúa como la cuarta autonomía con mayor número de altas en el convenio especial regulado para estos casos", señaló la consellera de Bienestar Social.
La ley establece que solo será compatible ser cuidador con trabajar como máximo cuatro horas diarias, encontrarse en situación de desempleo percibiendo subsidio familiar, aunque no es compatible con aquellas personas que perciban prestación por desempleo. Asimismo, podrán ser cuidadores las personas pensionistas por incapacidad permanente, y pensionistas de jubilación y viudedad.
Excepcionalmente, se puede autorizar como cuidador a una persona aunque no haya parentesco, por circunstancias especiales del entorno de residencia de la persona en situación de dependencia.
Fuente : que.es
Actualmente, en la Comunitat Valenciana 14.057 personas con grado y nivel de dependencia en vigor, están cobrando una prestación económica para cuidados familiares.
Según el estudio realizado por la Conselleria, los cuidadores de estas personas tienen en el 55 por ciento de los casos entre 45 y 65 años de edad, seguidos de los que tienen más de 65 años, y por último, en el 21 por ciento de los casos los cuidadores son menores de 45 años.
La consellera de Bienestar Social, Angélica Such, explicó en un comunicado que este tipo de prestación tiene como principal finalidad "contribuir a los gastos que la familia destina a la atención específica que requiere la persona dependiente" y puntualizó que de este modo "se consigue su permanencia en el núcleo familiar, evitando su internamiento".
La prestación económica para cuidados en el entorno familiar es de carácter nominativo y la recibe la persona en situación de dependencia para los gastos derivados de su atención. La cuantía de la misma puede oscilar entre 300,90 y 520,69 euros, dependiendo del grado y nivel de dependencia reconocido.
Está regulado que el cuidador no profesional deberá ser cónyuge o pariente por consaguinidad, afinidad o adopción hasta el tercer grado de la persona dependiente que atiende, y deberá cumplir las condiciones de afiliación, alta y cotización a la Seguridad Social. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales reguló un convenio especial para la inclusión en la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales de las personas en situación de dependencia.
En estos momentos, en la Comunitat Valenciana un total de 8.084 personas se han dado de alta en este tipo de convenio, "cifra que nos sitúa como la cuarta autonomía con mayor número de altas en el convenio especial regulado para estos casos", señaló la consellera de Bienestar Social.
La ley establece que solo será compatible ser cuidador con trabajar como máximo cuatro horas diarias, encontrarse en situación de desempleo percibiendo subsidio familiar, aunque no es compatible con aquellas personas que perciban prestación por desempleo. Asimismo, podrán ser cuidadores las personas pensionistas por incapacidad permanente, y pensionistas de jubilación y viudedad.
Excepcionalmente, se puede autorizar como cuidador a una persona aunque no haya parentesco, por circunstancias especiales del entorno de residencia de la persona en situación de dependencia.
Fuente : que.es
LA GOMERA - LOS CUIDADORES RECIBIRÁN FORMACIÓN GRATUITA
Los cuidadores de dependientes recibirán formación gratuita
Gracias a un convenio entre la Corporación insular y la Asociación Solidaridad Intergeneracional, quienes deseen adquirir formación en el cuidado de personas dependientes podrán recibir un curso sin ningún coste económico.
El Cabildo de La Gomera y la Organización No Gubernamental (ONG) Solidaridad Intergeneracional desarrollarán desde mañana una campaña gratuita de formación básica para cuidadores no profesionales de personas dependientes. El área insular de Asuntos Sociales subraya que la finalidad clave de la iniciativa pasa por mejorar las condiciones de vida en el medio rural.
La acción formativa, que se prolongará hasta mediados del mes de abril, se llevará a cabo en la Casa Cultural de Vallehermoso en horario de tarde para evitar los problemas de asistencia de quienes trabajen por la mañana. De esta forma, se intenta facilitar la participación del mayor número posible de ciudadanos.
La propuesta va dirigida a todas las personas interesadas en el cuidado de mayores. Además de la organización por parte del Cabildo y Solidaridad Intergeneracional, el proyecto cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Vallehermoso, el Servicio Canario de Empleo y la Unión Europea.
"Queremos facilitar a la población rural las mismas oportunidades con las que se cuenta en el medio urbano en relación con los servicios sociales", señala Ventura del Carmen Rodríguez, consejera socialista de Asuntos Sociales del Cabildo insular gomero. Para inscribirse o solicitar información sobre esta iniciativa, se puede llamar al Ayuntamiento de Vallehermoso o al Departamento de Servicios Sociales de la Corporación de la Isla.
El curso permitirá sensibilizar a los cuidadores de personas en situación de dependencia de la importancia de una formación adecuada, formarlos en cuestiones relativas al envejecimiento; dotarlos de recursos y habilidades básicas para el cuidado de sus familiares, así como de estrategias para planificar la atención a los dependientes.
La representante insular aprovecha para recordar la necesidad de mejorar tanto la formación como la información que se ofrece a los cuidadores y personas susceptibles de recibir las ayudas contempladas en la Ley de Dependencia.
Además, le preocupa la falta de infraestructuras, de la que ha informado el presidente insular, Casimiro Curbelo, en repetidas ocasiones. Ante esto, el Cabildo diseñó un plan de residencias de mayores en todos los municipios y puso a disposición del Ejecutivo canario proyectos y terrenos, que no han obtenido respuesta.
Fuente : eldia.es
Gracias a un convenio entre la Corporación insular y la Asociación Solidaridad Intergeneracional, quienes deseen adquirir formación en el cuidado de personas dependientes podrán recibir un curso sin ningún coste económico.
El Cabildo de La Gomera y la Organización No Gubernamental (ONG) Solidaridad Intergeneracional desarrollarán desde mañana una campaña gratuita de formación básica para cuidadores no profesionales de personas dependientes. El área insular de Asuntos Sociales subraya que la finalidad clave de la iniciativa pasa por mejorar las condiciones de vida en el medio rural.
La acción formativa, que se prolongará hasta mediados del mes de abril, se llevará a cabo en la Casa Cultural de Vallehermoso en horario de tarde para evitar los problemas de asistencia de quienes trabajen por la mañana. De esta forma, se intenta facilitar la participación del mayor número posible de ciudadanos.
La propuesta va dirigida a todas las personas interesadas en el cuidado de mayores. Además de la organización por parte del Cabildo y Solidaridad Intergeneracional, el proyecto cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Vallehermoso, el Servicio Canario de Empleo y la Unión Europea.
"Queremos facilitar a la población rural las mismas oportunidades con las que se cuenta en el medio urbano en relación con los servicios sociales", señala Ventura del Carmen Rodríguez, consejera socialista de Asuntos Sociales del Cabildo insular gomero. Para inscribirse o solicitar información sobre esta iniciativa, se puede llamar al Ayuntamiento de Vallehermoso o al Departamento de Servicios Sociales de la Corporación de la Isla.
El curso permitirá sensibilizar a los cuidadores de personas en situación de dependencia de la importancia de una formación adecuada, formarlos en cuestiones relativas al envejecimiento; dotarlos de recursos y habilidades básicas para el cuidado de sus familiares, así como de estrategias para planificar la atención a los dependientes.
La representante insular aprovecha para recordar la necesidad de mejorar tanto la formación como la información que se ofrece a los cuidadores y personas susceptibles de recibir las ayudas contempladas en la Ley de Dependencia.
Además, le preocupa la falta de infraestructuras, de la que ha informado el presidente insular, Casimiro Curbelo, en repetidas ocasiones. Ante esto, el Cabildo diseñó un plan de residencias de mayores en todos los municipios y puso a disposición del Ejecutivo canario proyectos y terrenos, que no han obtenido respuesta.
Fuente : eldia.es
CATALUÑA - MONTILLA PIDE EL APOYO DE LOS MAYORES
Montilla pide el apoyo de los mayores para mantener un gobierno "de progreso"
El presidente de la Generalitat, José Montilla, pidió este sábado el apoyo de las personas mayores para mantener en Catalunya un gobierno "de progreso", y agradeció los "esfuerzos" de la ciudadanía para conseguirlo, en el marco de la primera Gran Festa de la Gent Gran del PSC que reunió a 3.000 personas.
Afirmó que el Govern se preocupa de la gente y convierte en el centro de sus políticas a los más desfavorecidos, y manifestó su deseo de continuar haciéndolo "de la mano de la mayoría de la población".
El presidente se comprometió a mejorar las condiciones de vida de los mayores, a cuidarlos y a escuchar sus necesidades y propuestas para hacer que contribuyan "activamente" en el futuro de la sociedad, asegurando que son uno de los "grandes activos" de Catalunya.
Entre algunas medidas, avanzó que habrá una ampliación del programa de ayuda a cuidadores no profesionales, previendo la formación de 2.400 personas este año; confirmó la construcción en 2010 de cinco nuevos centros de autonomía personal; una mejora de los centros de día; y un incremento de plazas de residencia y atención a domicilio para los mayores.
En este sentido, también recordó las labores del Ejecutivo catalán realizadas hasta el momento, resaltando la contribución de la Ley de la Dependencia, que ha permitido que más de 100.000 catalanes hayan recibido servicios o prestaciones.
"Trabajo y trabajaremos cada día por el futuro del conjunto del país", añadió, y aseveró que una sociedad "avanzada" tiene la obligación de cuidar de los mayores y aprovechar su capital de conocimiento y de experiencia para "enriquecer" la sociedad.
Fuente : europapress.es
El presidente de la Generalitat, José Montilla, pidió este sábado el apoyo de las personas mayores para mantener en Catalunya un gobierno "de progreso", y agradeció los "esfuerzos" de la ciudadanía para conseguirlo, en el marco de la primera Gran Festa de la Gent Gran del PSC que reunió a 3.000 personas.
Afirmó que el Govern se preocupa de la gente y convierte en el centro de sus políticas a los más desfavorecidos, y manifestó su deseo de continuar haciéndolo "de la mano de la mayoría de la población".
El presidente se comprometió a mejorar las condiciones de vida de los mayores, a cuidarlos y a escuchar sus necesidades y propuestas para hacer que contribuyan "activamente" en el futuro de la sociedad, asegurando que son uno de los "grandes activos" de Catalunya.
Entre algunas medidas, avanzó que habrá una ampliación del programa de ayuda a cuidadores no profesionales, previendo la formación de 2.400 personas este año; confirmó la construcción en 2010 de cinco nuevos centros de autonomía personal; una mejora de los centros de día; y un incremento de plazas de residencia y atención a domicilio para los mayores.
En este sentido, también recordó las labores del Ejecutivo catalán realizadas hasta el momento, resaltando la contribución de la Ley de la Dependencia, que ha permitido que más de 100.000 catalanes hayan recibido servicios o prestaciones.
"Trabajo y trabajaremos cada día por el futuro del conjunto del país", añadió, y aseveró que una sociedad "avanzada" tiene la obligación de cuidar de los mayores y aprovechar su capital de conocimiento y de experiencia para "enriquecer" la sociedad.
Fuente : europapress.es
LAS TASAS DE DESEMPLEO SE DUPLICAN ENTRE JOVENES DISCAPACITADOS
Las tasas de desempleo se duplican entre los jóvenes discapacitados
Las tasas de desempleo se duplican entre los jóvenes con discapacidad, según se recoge en el primer estudio sociológico general soble la juventud con discapacidad en España publicado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).
Bajo el título "Los jóvenes con discapacidad en España. Informe de situación 2010", el informe analiza la situación de las más de 160.000 personas de entre 15 y 30 años que hay en España con discapacidad.
Según subraya el Cermi, la tasa de paro es prácticamente el doble entre las personas con discapacidad, y mientras la tasa de actividad de los jóvenes en España es del 66,2%, la de los jóvenes con discapacidad no llega al 50%.
Estos jóvenes con discapacidad, añade, constituyen un grupo social que en general se encuentra en una situación similar a las del resto de jóvenes, pero con condicionantes especiales añadidos en multitud de contextos que generan espacios de desigualdad.
Fuente : eleconomista.es
Las tasas de desempleo se duplican entre los jóvenes con discapacidad, según se recoge en el primer estudio sociológico general soble la juventud con discapacidad en España publicado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).
Bajo el título "Los jóvenes con discapacidad en España. Informe de situación 2010", el informe analiza la situación de las más de 160.000 personas de entre 15 y 30 años que hay en España con discapacidad.
Según subraya el Cermi, la tasa de paro es prácticamente el doble entre las personas con discapacidad, y mientras la tasa de actividad de los jóvenes en España es del 66,2%, la de los jóvenes con discapacidad no llega al 50%.
Estos jóvenes con discapacidad, añade, constituyen un grupo social que en general se encuentra en una situación similar a las del resto de jóvenes, pero con condicionantes especiales añadidos en multitud de contextos que generan espacios de desigualdad.
Fuente : eleconomista.es
¿RESPETA LA LEY LA CONVENCIÓN DE LA ONU SOBRE DISCAPACIDAD?
La universidad carlos III estudia si la ley de dependencia respeta la convención de la onu sobre discapacidad
El Instituto de Derechos Humanos "Bartolomé de Las Casas" de la Universidad Carlos III de Madrid está llevando a cabo un estudio para determinar si la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia respeta los principios, valores y mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
El estudio, encargado por el Cermi, persigue disponer de "un de informe objetivo y científico que señale con claridad el grado de correspondencia entre la ley y el tratado internacional", vigente en España desde 2008.
Según informó este sábado el Cermi, el estudio contendrá un capítulo final con las propuestas de cambios "que sería conveniente introducir" en la norma que regula la autonomía personal, "aprovechando que en el año 2010 tiene que procederse a la evaluación y, en su caso, a su revisión".
Fuente : lainformacion.com
El Instituto de Derechos Humanos "Bartolomé de Las Casas" de la Universidad Carlos III de Madrid está llevando a cabo un estudio para determinar si la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia respeta los principios, valores y mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
El estudio, encargado por el Cermi, persigue disponer de "un de informe objetivo y científico que señale con claridad el grado de correspondencia entre la ley y el tratado internacional", vigente en España desde 2008.
Según informó este sábado el Cermi, el estudio contendrá un capítulo final con las propuestas de cambios "que sería conveniente introducir" en la norma que regula la autonomía personal, "aprovechando que en el año 2010 tiene que procederse a la evaluación y, en su caso, a su revisión".
Fuente : lainformacion.com
viernes, 19 de marzo de 2010
EXTREMADURA - LA JUNTA ADMITE QUE 5.500 DEPENDIENTES ESPERAN AYUDA
El Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad) desmintió ayer la estimación de 6.000 personas que están a la espera de recibir una ayuda que realizó el PP. Sin embargo, admitió una cifra de 5.590 solicitudes, apenas 410 menos de las que señalaba la oposición.
La Junta afirmó en un comunicado de prensa que la argumentación de la portavoz del PP-EU en la Asamblea de Extremadura en temas de Dependencia, Cristina Herrera, sobre los dependientes que esperan una ayuda «es siempre el mismo y es equivocado», recoge Europa Press.
También recordó a la 'popular' que el número de beneficiarios «no irá disminuyendo de forma proporcional a las cuentas que realiza todos los meses», porque «a medida que va pasando el tiempo se van incorporando nuevos ciudadanos que solicitan que se les reconozca su situación de dependencia».
Así respondió la Junta a la diputada, quien aseguró en Don Benito que en la región hay más de 6.000 personas esperando recibir la prestación que les corresponde al amparo de la Ley de la Dependencia. Además, según Herrera, actualmente hay un «retraso importante» en el pago de las prestaciones por asistencia personal.
En concreto, dice que estas personas llevan más de dos meses y medio sin cobrar.
Según el gobierno regional, «a todos queda claro, excepto a la propia diputada, que la aplicación de esta ley puede considerarse como una fuente abierta», de manera que «a medida que se van resolviendo expedientes irán solicitando revisiones o irán entrando nuevos que se incorporarán a las cifras, por lo que le recomendamos que deje trabajar a los profesionales».
También dijo «jamás se le ha negado ninguna solicitud» de información.
Fuente : hoy.es
La Junta afirmó en un comunicado de prensa que la argumentación de la portavoz del PP-EU en la Asamblea de Extremadura en temas de Dependencia, Cristina Herrera, sobre los dependientes que esperan una ayuda «es siempre el mismo y es equivocado», recoge Europa Press.
También recordó a la 'popular' que el número de beneficiarios «no irá disminuyendo de forma proporcional a las cuentas que realiza todos los meses», porque «a medida que va pasando el tiempo se van incorporando nuevos ciudadanos que solicitan que se les reconozca su situación de dependencia».
Así respondió la Junta a la diputada, quien aseguró en Don Benito que en la región hay más de 6.000 personas esperando recibir la prestación que les corresponde al amparo de la Ley de la Dependencia. Además, según Herrera, actualmente hay un «retraso importante» en el pago de las prestaciones por asistencia personal.
En concreto, dice que estas personas llevan más de dos meses y medio sin cobrar.
Según el gobierno regional, «a todos queda claro, excepto a la propia diputada, que la aplicación de esta ley puede considerarse como una fuente abierta», de manera que «a medida que se van resolviendo expedientes irán solicitando revisiones o irán entrando nuevos que se incorporarán a las cifras, por lo que le recomendamos que deje trabajar a los profesionales».
También dijo «jamás se le ha negado ninguna solicitud» de información.
Fuente : hoy.es
LEÓN - MÁS DE 400 LEONESES AGUARDAN DESDE ENERO LA AYUDA
Más de 400 leoneses aguardan desde enero la ayuda de la Ley de Dependencia
La Junta espera que el Gobierno publique los dos reales decretos que actualizan la cuantía económica para realizar el último trámite de los nuevos expedientes
Casi quinientas familias de León -”480, una media de 160 expedientes al mes de los 800 de toda la comunidad-” tienen paralizado el último trámite de su expediente para recibir la prestación de ayuda económica para el cuidado de una persona dependiente en el entorno familiar, según confirmó a este periódico el director general de Política Social y Atención a la Dependencia, Jesús Fuertes.
Fuertes atribuye esta paralización desde el mes de enero al retraso que este año lleva el Ministerio de Sanidad y Política Social en la publicación de los dos reales decretos, aprobados desde enero por el Consejo Territorial para la Dependencia, en el que están representadas todas las comunidades autónomas, para la actualización de las cuantías económicas de las prestaciones que recibe el cuidador o cuidadora principal, que para este año supone una subida del 0,3%.
La Junta también espera la publicación del decreto de las cuantías mínimas, es decir, el dinero que reciben las comunidades autónomas desde el Gobierno como cofinanciación de las prestaciones. «En los tres años de aplicación de la Ley de Dependencia es la primera vez que pasa algo así. Otros años estos decretos están publicados a principios de febrero».
Fuertes asegura que este año «la tramitación del acuerdo del consejo territorial está siendo más larga y complicada que otras veces» y «supone un grave problema de gestión para los servicios sociales de la Junta, con la acumulación de expedientes».
Fuertes asegura que los servicios sociales de la Junta han llegado a un acuerdo con Intervención para actualizar la subida de las prestaciones de las personas que ya las venían recibiendo las ayudas de otros años, para no complicar más los trámites, «las nuevas no podemos pagarlas hasta que no se publique el decreto que se renueva cada año».
El cuidador
El Gobierno publicó ayer el decreto que regula la figura del cuidador o cuidadora principal de la persona dependiente, acuerdos consensuados por las comunidades autónomas en las reuniones de la Comisión Interterritorial.
Entre las medidas está de la formar a las personas cuidadoras para una mejor atención del dependiente. «En Castilla y León llevamos un año organizando cursos para los cuidadores y cuidadoras, y este año vamos a ampliar estos talleres». En la provincia de León se formaron 270 personas en los dieciocho cursos organizados.
Fuente : diariodeleon.es
La Junta espera que el Gobierno publique los dos reales decretos que actualizan la cuantía económica para realizar el último trámite de los nuevos expedientes
Casi quinientas familias de León -”480, una media de 160 expedientes al mes de los 800 de toda la comunidad-” tienen paralizado el último trámite de su expediente para recibir la prestación de ayuda económica para el cuidado de una persona dependiente en el entorno familiar, según confirmó a este periódico el director general de Política Social y Atención a la Dependencia, Jesús Fuertes.
Fuertes atribuye esta paralización desde el mes de enero al retraso que este año lleva el Ministerio de Sanidad y Política Social en la publicación de los dos reales decretos, aprobados desde enero por el Consejo Territorial para la Dependencia, en el que están representadas todas las comunidades autónomas, para la actualización de las cuantías económicas de las prestaciones que recibe el cuidador o cuidadora principal, que para este año supone una subida del 0,3%.
La Junta también espera la publicación del decreto de las cuantías mínimas, es decir, el dinero que reciben las comunidades autónomas desde el Gobierno como cofinanciación de las prestaciones. «En los tres años de aplicación de la Ley de Dependencia es la primera vez que pasa algo así. Otros años estos decretos están publicados a principios de febrero».
Fuertes asegura que este año «la tramitación del acuerdo del consejo territorial está siendo más larga y complicada que otras veces» y «supone un grave problema de gestión para los servicios sociales de la Junta, con la acumulación de expedientes».
Fuertes asegura que los servicios sociales de la Junta han llegado a un acuerdo con Intervención para actualizar la subida de las prestaciones de las personas que ya las venían recibiendo las ayudas de otros años, para no complicar más los trámites, «las nuevas no podemos pagarlas hasta que no se publique el decreto que se renueva cada año».
El cuidador
El Gobierno publicó ayer el decreto que regula la figura del cuidador o cuidadora principal de la persona dependiente, acuerdos consensuados por las comunidades autónomas en las reuniones de la Comisión Interterritorial.
Entre las medidas está de la formar a las personas cuidadoras para una mejor atención del dependiente. «En Castilla y León llevamos un año organizando cursos para los cuidadores y cuidadoras, y este año vamos a ampliar estos talleres». En la provincia de León se formaron 270 personas en los dieciocho cursos organizados.
Fuente : diariodeleon.es
jueves, 18 de marzo de 2010
A CORTO PLAZO, LA ATENCION DEPENDENCIA SE RESENTIRÁ
El IVA paradójico
por Dr. Boi Ruiz
Son muchos quienes auguran que, a corto plazo, el Sistema Nacional de Salud y la atención a la dependencia se resentirán de las derivadas del actual ciclo económico.
La disminución de los ingresos por recaudación fiscal de las comunidades autónomas y los límites a su endeudamiento, dicen que pasarán factura.
Si tenemos en cuenta que las grandes partidas del gasto son las inversiones, el gasto corriente y los gastos financieros, habrá que ver cómo hacer frente a la situación en éste y en los próximos años.
La atención sanitaria, como todos bien sabemos, precisa de profesionales a quienes retribuimos y que aspiran siempre a mejorar su situación. La atención a sus expectativas será limitada. El gasto en recursos humanos es la mayor partida del gasto corriente.
Pero precisamos también de medicamentos (4% IVA); material sanitario (8% IVA a partir de julio); comprar bienes de todo tipo; contratar suministros de energía y agua; hacer obras, o comprar todo tipo de servicios (18% de IVA a partir de julio). Los servicios de salud están exentos de IVA, lo cual convierte en sujetos finales de este impuesto a las entidades y empresas prestatarias de los servicios, públicos o privados.
Al no poder aplicar el IVA a las facturas que se emiten, les resulta imposible recuperar el impuesto que pagan por las compras de los medicamentos, bienes y servicios antes referidos. Además cualquier incremento de este impuesto les supone un grave perjuicio en sus economías. Inversiones y gasto corriente conllevan un IVA que, en situación de déficit, genera gasto financiero a cada comunidad autónoma. Parece razonable pensar que el Estado debería eliminar el IVA para los proveedores públicos, pues de facto él mismo debe financiarlo.
Vemos como se toman medidas para aplicar el IVA superreducido del 4% para la rehabilitación de viviendas y estimular esa actividad. En este caso, la reducción aparece como estimuladora de una actividad y lo que se pierde reduciendo el tipo a aplicarse se gana presuntamente con el aumento del número de obras.
En el caso de nuestro Sistema Nacional de Salud y ante la necesidad de recortar inversiones y no incrementar el caso corriente aunque incrementen las demandas, el endeudamiento destinado a financiar los costes del IVA de las prestaciones sanitarias se podría destinar en la actual coyuntura a mejor fin.
También el sector privado se verá afectado. Actúa indirectamente como copagador del sistema público al librar a éste de presión asistencial y de gasto directo, sin que, por ello, sus usuarios dejen de contribuir solidariamente en la forma progresiva de nuestro IRPF.
El coste actual del IVA y su incremento a partir del próximo mes de julio va a suponer una repercusión en los precios de los servicios a las aseguradoras y de éstas en las primas a sus asegurados. Esperemos que no lo haga significativamente en el número de pólizas y no traslade más presión a la pública.
Sostenimiento del modelo
En la situación actual, la única preocupación debe ser sostener un modelo nacional de salud como el que disponemos. Todo argumento que, inspirado en pensamientos liberales o estatalistas, lo ponga en peligro queda invalidado per se. Podríamos posibilitar con menor coste (el 14% menos) inversiones en equipamientos u obras necesarias con la participación del sector privado y un IVA superreducido del 4% ¿Por qué sólo la rehabilitación de viviendas? ¿Y la de equipamientos sanitarios y de atención a la dependencia?.
La construcción de los nuevos equipamientos necesarios, o sustitución de los más antiguos y mejora de otros, también palia la crisis del sector de la construcción. Seguramente más. Si lo valoramos a nivel local, estimula la cadena obra-empleo- impuestos directos-cotizaciones a la Seguridad Social-menos prestaciones por desempleo/subsidio-consumo-impuestos indirectos-cohesión social.
Qué decir tiene que los incrementos de la demanda y el incremento del gasto con más personal y consumo tendrían mejor solución si el IVA fuera superreducido y no le afectara el incremento. Mención especial merecería el impacto en la tesorería y la mejora en los plazos de pago a proveedores.
Las comunidades autónomas ya tienen su gasto y déficit presupuestados. Proponemos esta medida como de financiación extraordinaria en la actual situación, y a revisar en el futuro, para mantener la respuesta a la demanda pública y ayudar a la demanda privada. Es del todo necesaria a corto plazo para minimizar efectos sobre las listas de espera, calidad de los servicios, gestión de plantillas, entre otras posibles repercusiones de la insuficiencia financiera.
Otro aspecto de la repercusión del incremento del IVA lo encontramos en los servicios de atención a la dependencia, en este caso no exentos. La carga fiscal de estos servicios supone para las familias un 1% de desembolso más y a la Administración pública cuando financia los servicios disponer de un 1% menos, pues se ha incrementado a sí misma el gasto. La tendencia al subsidio en lugar de a la prestación de servicios puede acentuarse.
Por otro lado, el incremento de los ingresos por vía de la subida del IVA no equilibra con el aumento del gasto con el incremento de los tipos a aplicar en la compra de bienes, suministros y servicios. ¿Dónde puede radicar la dificultad para no incrementar el IVA o aplicar el IVA superreducido? En que el 100% del gasto en IVA que tienen los servicios es financiado por las comunidades autónomas, mientras que sólo recuperan la mitad, de acuerdo con la vigente financiación autonómica. El 50% restante va a la Hacienda Pública del Estado. Ello supone un conflicto de intereses difícil de resolver sin acuerdo político.
Pero podemos mantener la situación, no modificar la actual forma de impactar el IVA en el gasto de los servicios si ese 50% destinado a la Hacienda Pública del Estado y procedente de la actividad sanitaria y de atención a la dependencia sirviera para dotar de verdad un fondo de cohesión sanitaria que, de una vez por todas, cubra el coste real de los desplazados y la atención a los extranjeros, otros gastos que soportan las CCAA. No sería la mejor de las soluciones, pero ahí está. Dirán que el IVA no es finalista, siendo así, nos atreveríamos a decir que lo único finalista son las políticas presupuestarias.
Presidente de la Unión Catalana de Hospitales
Fuente : expansion.com
por Dr. Boi Ruiz
Son muchos quienes auguran que, a corto plazo, el Sistema Nacional de Salud y la atención a la dependencia se resentirán de las derivadas del actual ciclo económico.
La disminución de los ingresos por recaudación fiscal de las comunidades autónomas y los límites a su endeudamiento, dicen que pasarán factura.
Si tenemos en cuenta que las grandes partidas del gasto son las inversiones, el gasto corriente y los gastos financieros, habrá que ver cómo hacer frente a la situación en éste y en los próximos años.
La atención sanitaria, como todos bien sabemos, precisa de profesionales a quienes retribuimos y que aspiran siempre a mejorar su situación. La atención a sus expectativas será limitada. El gasto en recursos humanos es la mayor partida del gasto corriente.
Pero precisamos también de medicamentos (4% IVA); material sanitario (8% IVA a partir de julio); comprar bienes de todo tipo; contratar suministros de energía y agua; hacer obras, o comprar todo tipo de servicios (18% de IVA a partir de julio). Los servicios de salud están exentos de IVA, lo cual convierte en sujetos finales de este impuesto a las entidades y empresas prestatarias de los servicios, públicos o privados.
Al no poder aplicar el IVA a las facturas que se emiten, les resulta imposible recuperar el impuesto que pagan por las compras de los medicamentos, bienes y servicios antes referidos. Además cualquier incremento de este impuesto les supone un grave perjuicio en sus economías. Inversiones y gasto corriente conllevan un IVA que, en situación de déficit, genera gasto financiero a cada comunidad autónoma. Parece razonable pensar que el Estado debería eliminar el IVA para los proveedores públicos, pues de facto él mismo debe financiarlo.
Vemos como se toman medidas para aplicar el IVA superreducido del 4% para la rehabilitación de viviendas y estimular esa actividad. En este caso, la reducción aparece como estimuladora de una actividad y lo que se pierde reduciendo el tipo a aplicarse se gana presuntamente con el aumento del número de obras.
En el caso de nuestro Sistema Nacional de Salud y ante la necesidad de recortar inversiones y no incrementar el caso corriente aunque incrementen las demandas, el endeudamiento destinado a financiar los costes del IVA de las prestaciones sanitarias se podría destinar en la actual coyuntura a mejor fin.
También el sector privado se verá afectado. Actúa indirectamente como copagador del sistema público al librar a éste de presión asistencial y de gasto directo, sin que, por ello, sus usuarios dejen de contribuir solidariamente en la forma progresiva de nuestro IRPF.
El coste actual del IVA y su incremento a partir del próximo mes de julio va a suponer una repercusión en los precios de los servicios a las aseguradoras y de éstas en las primas a sus asegurados. Esperemos que no lo haga significativamente en el número de pólizas y no traslade más presión a la pública.
Sostenimiento del modelo
En la situación actual, la única preocupación debe ser sostener un modelo nacional de salud como el que disponemos. Todo argumento que, inspirado en pensamientos liberales o estatalistas, lo ponga en peligro queda invalidado per se. Podríamos posibilitar con menor coste (el 14% menos) inversiones en equipamientos u obras necesarias con la participación del sector privado y un IVA superreducido del 4% ¿Por qué sólo la rehabilitación de viviendas? ¿Y la de equipamientos sanitarios y de atención a la dependencia?.
La construcción de los nuevos equipamientos necesarios, o sustitución de los más antiguos y mejora de otros, también palia la crisis del sector de la construcción. Seguramente más. Si lo valoramos a nivel local, estimula la cadena obra-empleo- impuestos directos-cotizaciones a la Seguridad Social-menos prestaciones por desempleo/subsidio-consumo-impuestos indirectos-cohesión social.
Qué decir tiene que los incrementos de la demanda y el incremento del gasto con más personal y consumo tendrían mejor solución si el IVA fuera superreducido y no le afectara el incremento. Mención especial merecería el impacto en la tesorería y la mejora en los plazos de pago a proveedores.
Las comunidades autónomas ya tienen su gasto y déficit presupuestados. Proponemos esta medida como de financiación extraordinaria en la actual situación, y a revisar en el futuro, para mantener la respuesta a la demanda pública y ayudar a la demanda privada. Es del todo necesaria a corto plazo para minimizar efectos sobre las listas de espera, calidad de los servicios, gestión de plantillas, entre otras posibles repercusiones de la insuficiencia financiera.
Otro aspecto de la repercusión del incremento del IVA lo encontramos en los servicios de atención a la dependencia, en este caso no exentos. La carga fiscal de estos servicios supone para las familias un 1% de desembolso más y a la Administración pública cuando financia los servicios disponer de un 1% menos, pues se ha incrementado a sí misma el gasto. La tendencia al subsidio en lugar de a la prestación de servicios puede acentuarse.
Por otro lado, el incremento de los ingresos por vía de la subida del IVA no equilibra con el aumento del gasto con el incremento de los tipos a aplicar en la compra de bienes, suministros y servicios. ¿Dónde puede radicar la dificultad para no incrementar el IVA o aplicar el IVA superreducido? En que el 100% del gasto en IVA que tienen los servicios es financiado por las comunidades autónomas, mientras que sólo recuperan la mitad, de acuerdo con la vigente financiación autonómica. El 50% restante va a la Hacienda Pública del Estado. Ello supone un conflicto de intereses difícil de resolver sin acuerdo político.
Pero podemos mantener la situación, no modificar la actual forma de impactar el IVA en el gasto de los servicios si ese 50% destinado a la Hacienda Pública del Estado y procedente de la actividad sanitaria y de atención a la dependencia sirviera para dotar de verdad un fondo de cohesión sanitaria que, de una vez por todas, cubra el coste real de los desplazados y la atención a los extranjeros, otros gastos que soportan las CCAA. No sería la mejor de las soluciones, pero ahí está. Dirán que el IVA no es finalista, siendo así, nos atreveríamos a decir que lo único finalista son las políticas presupuestarias.
Presidente de la Unión Catalana de Hospitales
Fuente : expansion.com
Suscribirse a:
Entradas (Atom)