Las CC.AA. caminan a distintas velocidades, mientras que Galicia pide más medios económicos
La Ley de Dependencia es percibida por los partidos políticos como una buena iniciativa, pero los grupos de la oposición creen que no ha sido dotada con la financiación suficiente. Lo cierto es que las CC.AA. piden más dinero y que cada una pretende aplicarla a su manera.
El pasado 26 de enero la ministra de Sanidad se reunía con todas las CC.AA. para abordar el funcionamiento de la Ley de Dependencia.
De esta reunión salieron algunos acuerdos, como el compromiso de dictaminar en un plazo no superior a los seis meses las posibles ayudas que le corresponden a cada afectado. Lo cierto es que cada CC.AA. va por libre y mientras en algunas los grandes dependientes consiguen las ayudas en menos de tres meses, como por ejemplo La Rioja, en comunidades como Madrid los plazos se dilatan o incluso se opta por una cantidad fija cerrada.
Para los diputados y senadores gallegos esta Ley es buena porque reconoce los derechos de un colectivo que precisa de atención especializada. Para el diputado socialista Alberto Fidalgo la ley es un gran avance después de la educación, la sanidad y las pensiones, la Ley de Dependencia reconoce un nuevo derecho y es el cuarto paso puesto en marcha por los gobiernos socialistas para la cobertura, el bienestar y la seguridad de las personas en España. Añade que desde la aprobación de la Ley hace tres años 743.000 personas tienen este derecho reconocido por Ley, mientras que 485.000 están recibiendo ya las ayudas.
La senadora del PP Carmen Leyte asegura que la Ley supone un gran avance, pero el problema es que ha nacido sin presupuesto. El Gobierno Central lanzó una estrella sin recursos y como dijo la conselleira en el Parlamento sonaba bien la música pero no le acompañaba la letra. Leyte lamenta que el Estado no esté aportando la financiación necesaria.
La Xunta implementó dos planes especiales, incrementando el presupuesto para atención a la dependencia con 27,7 millones en junio y 60 millones en diciembre, con los que se atendió a diez mil nuevos dependientes más siete mil pagos de atrasos de personas que causarán alta en la nómina mensual el primer trimestre de 2010.
Por su parte, la diputada del BNG Olaia Fernández Davila cree que es una Ley que ha nacido sin los fondos necesarios para su puesta en marcha y que su complejidad está retrasando la percepción de las ayudas por parte de los afectados.
Una de las organizaciones que trabaja con grandes dependientes es ASEM Galicia, la Asociación Gallega contra las Enfermedades Neuromusculares, ya que los afectados por este tipo de enfermedad pierden progresivamente las fuerzas hasta acabar en una situación de gran dependencia. Su presidente, Juan Luis Bouvy, asegura que queda un amplio camino por recorrer por parte de la administración para compensar plenamente la discapacidad y optimizar el uso de los recursos existentes para apoyar a este colectivo. Bouvy afirma que la Ley se cumple poco a poco, pero lamenta que las ayudas tarden en hacerse efectivas y por eso asegura que hay quien incluso muere antes de recibir apoyo.
Respecto a la atención que reciben en Galicia los afectados, el presidente de ASEM expone que son críticos con la tardanza en los tiempos para la valoración y también con el tiempo en hacer efectivas las ayudas además existen desacuerdos por parte de los usuarios sobre el grado de valoración que les dan y las ayudas que les prescriben dice el presidente de ASEM.
Sin embargo, consideran que con esta Ley nace también un derecho para los afectados por alguna enfermedad.
Alberto Fidalgo (diputado del PSOE): ’El PP aplica la Ley al ralentí’
El diputado Alberto Fidalgo asegura que los retrasos que se han producido en la aplicación de la Ley vienen de su propia complejidad pero también por el desigual compromiso de las diferentes Comunidades autónomas. Señala que estas diferencias se acentúan en las CC.AA. donde gobierna el PP. Expone el caso de Murcia, Valencia, Madrid y Galicia que parecen consolidar un sistema al ralentí caracterizado por las privatizaciones y el acotamiento y limitación de los servicios ofrecidos. Véanse en Galicia los evidentes retrasos en la ejecución de la prestación, la privatización del SOGASERSO, o Valencia y Madrid con el cheque asistencial limitado y cerrado.
Carmen Leyte (senadora del PP): ’24.000 expedientes agochados nun caixón’
La senadora Carmen Leyte defiende el papel que está jugando el PP en Galicia y descalifica el trabajo del bipartito cuyo trabajo lo considera desastroso para la Ley. Asegura que la Xunta está haciendo un gran esfuerzo por disminuir los plazos de las ayudas y siendo muy austero con el fin de conseguir el máximo presupuesto para las personas que lo precisan. ‘A conselleira de Traballo, Beatriz Mato, está pondo a funcionar a pleno rendemento todos os recursos. Cando entrou o goberno atopouse con máis de 24000 expedientes agochados nun caixón. Pero segundo o informe do Valedor do Pobo, Benigno López, estase a avanzar no bo camiño’ indicó Leyte.
Olaia Fernández Davila (diputada del BNG): ’A Xunta está privatizando un servizo público’
La diputada del BNG, Olaia Fernández Davila, defiende el trabajo realizado por el bipartito. Explica que cuando se promulga la Ley de Dependencia en Galicia existía una enorme carencia de plazas. Considera que ‘tras la salida del Gobierno no se están gestionando correctamente las cosas. A Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, dirixida polo BNG, traballou para incrementar o número de prazas en residencias e dotou de centros de día a todas as cidades e vilas do país. Lamentabelmente, a Xunta non só está a frear a creación destes servizos públicos senón que os está privatizando’.
Fuente : atlantico.net
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