La Ley de Dependencia reconoce en Castellón a 389 cuidadores no profesionales
La provincia está entre las 10 con menos prestaciones admitidas para la atención de familiares dependientes
El Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia ha incorporado a la Seguridad Social a un total de 389 castellonenses como cuidadores no profesionales, es decir, para atender a personas en situación de dependencia normalmente vinculadas a su entorno familiar.
Los últimos datos elaboradoras por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) revelan que, con esta cifra de cuidadares, Castellón se sitúa en el vagón de cola de las 10 provincias españolas con menor número de prestaciones reconocidas para atender a familiares dependientes.
En total, en toda la Comunitat Valenciana se han reconocido 3.994 prestaciones y en toda España la cifra de cuidadores no profesionales asciende en la última semana de agosto a 83.297.
La inmensa mayoría de ellos (en torno al 94%) son mujeres, con 78.715 cuidadoras frente a los apenas 4.582 varones que se hacen cargo de sus mayores o familiares con algún grado de dependencia en el ámbito nacional.
Aunque no existen datos desagregados por provincias o autonomías en este aspecto, la enorme distancia de género en las funciones de atención a la dependencia se aplica también a las comarcas castellonenses.
También resulta significativa la distribución por edades de los cuidadores no profesionales. Aproximadamente la mitad de ellos tienen menos de 50 años, mientras que el resto se divide a partes prácticamente iguales para los tramos de 51 a 55 años; entre 56 y 60 años; y los mayores de 60 años.
El número de cuidadores reconocidos en Castellón apenas supone, sin embargo, supone un 30% de los 'no profesionales' que, según señaló recientemente el PSPV, se han considerado necesarios en la provincia para atender a los dependientes en el ámbito doméstico, ya que, en datos del Ministerio de Sanidad y Política Social algo más del 34% de los beneficiarios del Sistema de Dependencia son cuidados por sus familias o por cuidadores no profesionales.
Para ellos, la ley reconoce una serie de prestaciones económicas que permitan afrontar la atención a los dependientes.
Fuente: lasprovincias.es
lunes, 31 de agosto de 2009
MURCIA. LORCA ACOGE UNAS JORNADAS SOBRE LA LEY DE DEPENDENCIA
El encuentro, destinado a profesionales, cuidadores y beneficiarios, se celebra el miércoles en el centro social del barrio de Los Ángeles
El Consejo Municipal de Servicios Sociales de Lorca y el Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de la Región han organizado para el próximo miércoles 2 de septiembre las I Jornadas de Información, Formación y Asesoramiento sobre la Ley de Dependencia en la Región.
La edil de Servicios Sociales, Eulalia Ibarra, ha manifestado que a través de estas jornadas se pretende "sensibilizar a la población y ofrecer información, así como orientar tanto a los profesionales que atienden a personas en situación de dependencia como a sus cuidadores".
El objetivo, asimismo, es "ayudar y orientar, en la medida de lo posible, a los propios beneficiarios, sujetos a los derechos reconocidos de promoción de la autonomía personal y atención en situación de dependencia", señaló la edil.
El encuentro se realizará en el centro de acción social polivalente del barrio de Los Ángeles y se programará en dos sesiones de dos horas cada una.
Se desarrollará en horario de tarde, de 16.00 a 18.00 horas para los profesionales relacionados con la atención a las personas en situación de dependencia, y de las 18.15 a 20.15 horas para el resto de interesados, afectados y población en general.
Las jornadas están cofinanciadas y colaboran en ellas la consejería de Política Social, Mujer e Inmigración y la dirección general de Personas con Discapacidad.
Fuente: laopiniondemurcia.es
El Consejo Municipal de Servicios Sociales de Lorca y el Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de la Región han organizado para el próximo miércoles 2 de septiembre las I Jornadas de Información, Formación y Asesoramiento sobre la Ley de Dependencia en la Región.
La edil de Servicios Sociales, Eulalia Ibarra, ha manifestado que a través de estas jornadas se pretende "sensibilizar a la población y ofrecer información, así como orientar tanto a los profesionales que atienden a personas en situación de dependencia como a sus cuidadores".
El objetivo, asimismo, es "ayudar y orientar, en la medida de lo posible, a los propios beneficiarios, sujetos a los derechos reconocidos de promoción de la autonomía personal y atención en situación de dependencia", señaló la edil.
El encuentro se realizará en el centro de acción social polivalente del barrio de Los Ángeles y se programará en dos sesiones de dos horas cada una.
Se desarrollará en horario de tarde, de 16.00 a 18.00 horas para los profesionales relacionados con la atención a las personas en situación de dependencia, y de las 18.15 a 20.15 horas para el resto de interesados, afectados y población en general.
Las jornadas están cofinanciadas y colaboran en ellas la consejería de Política Social, Mujer e Inmigración y la dirección general de Personas con Discapacidad.
Fuente: laopiniondemurcia.es
NAVARRA. PSN EXIGIRA LA APLICACION DE LAS AYUDAS
PSN exigirá la aplicación de las ayudas a la dependencia con diligencia
El portavoz socialista en la Comisión de Asuntos Sociales, José Javier Monzón, exigirá en el Parlamento que las ayudas a la dependencia en Navarra que el Gobierno ha adoptado o piensa adoptar para solventar inmediatamente estas situaciones "se ejecuten con total diligencia pública".
De esta forma, "se evitarían retrasos injustificados que pueden provocar problemas importantes sobre todo a familias necesitadas de recursos", según explica Monzón en una pregunta oral formulada a la consejera de Asuntos Sociales, Maribel García Malo, ante la Comisión Parlamentaria sobre esta materia, según ha informado hoy el partido en un comunicado.
Monzón pone como ejemplo de esta cuestión "el de una joven que denunció recientemente mediante una carta al director la problemática de su abuela ingresada en una residencia desde el mes de enero, sin que todavía se le haya reconocido su derecho a la prestación por dependencia, lo que les está generando una importante deuda económica".
En este sentido, el portavoz socialista quiere saber "las razones extraordinarias, de ser ciertos los hechos públicamente relatados y denunciados, que pueden justificar el retraso en la concesión de los servicios o de las ayudas económicas derivadas de la Ley de la Dependencia y qué medidas se han adoptado o se pretenden adoptar".
Monzón recuerda que el Grupo Socialista "viene mostrando constantemente su preocupación y ocupación por la aplicación en Navarra de esta ley estatal, y que dicha preocupación se ha materializado en compromisos concretos, tanto en apoyo parlamentario al desarrollo foral normativo como apoyo presupuestario".
El parlamentario del PSN-PSOE insiste en que "a la vez de prestar dichos apoyos parlamentarios, también se han materializado las precisas exigencias, con el objeto de que dicha aplicación legal en Navarra se realice con generosidad y diligencia públicas".
Monzón espera que, "en sede parlamentaria, se nos expliquen las razones que pueden justificar estos posibles retrasos y, sobre todo, deseando que iniciativas como las presentadas hoy sirvan de acicate al Gobierno de UPN y CDN para resolver estas posibles incidencias en la aplicación de la Ley de la Dependencia".
Fuente: EFE
El portavoz socialista en la Comisión de Asuntos Sociales, José Javier Monzón, exigirá en el Parlamento que las ayudas a la dependencia en Navarra que el Gobierno ha adoptado o piensa adoptar para solventar inmediatamente estas situaciones "se ejecuten con total diligencia pública".
De esta forma, "se evitarían retrasos injustificados que pueden provocar problemas importantes sobre todo a familias necesitadas de recursos", según explica Monzón en una pregunta oral formulada a la consejera de Asuntos Sociales, Maribel García Malo, ante la Comisión Parlamentaria sobre esta materia, según ha informado hoy el partido en un comunicado.
Monzón pone como ejemplo de esta cuestión "el de una joven que denunció recientemente mediante una carta al director la problemática de su abuela ingresada en una residencia desde el mes de enero, sin que todavía se le haya reconocido su derecho a la prestación por dependencia, lo que les está generando una importante deuda económica".
En este sentido, el portavoz socialista quiere saber "las razones extraordinarias, de ser ciertos los hechos públicamente relatados y denunciados, que pueden justificar el retraso en la concesión de los servicios o de las ayudas económicas derivadas de la Ley de la Dependencia y qué medidas se han adoptado o se pretenden adoptar".
Monzón recuerda que el Grupo Socialista "viene mostrando constantemente su preocupación y ocupación por la aplicación en Navarra de esta ley estatal, y que dicha preocupación se ha materializado en compromisos concretos, tanto en apoyo parlamentario al desarrollo foral normativo como apoyo presupuestario".
El parlamentario del PSN-PSOE insiste en que "a la vez de prestar dichos apoyos parlamentarios, también se han materializado las precisas exigencias, con el objeto de que dicha aplicación legal en Navarra se realice con generosidad y diligencia públicas".
Monzón espera que, "en sede parlamentaria, se nos expliquen las razones que pueden justificar estos posibles retrasos y, sobre todo, deseando que iniciativas como las presentadas hoy sirvan de acicate al Gobierno de UPN y CDN para resolver estas posibles incidencias en la aplicación de la Ley de la Dependencia".
Fuente: EFE
CADIZ. LA LETRA PEQUEÑA DE LA LEY DE DEPENDENCIA
Muchos vieron en la nueva norma un filón para hacer negocio, aunque no previeron las condiciones de la ayuda
Hace una década, cuando todavía no se hablaba de Ley de Dependencia y los niveles de desempleo empezaban a recuperarse después de varios annus horibilis, nada parecía indicar que fuese el momento preciso para arriesgarse a crear un negocio basado en la asistencia a domicilio.
Algunos de los que lo asumieron entonces han conseguido llegar a los umbrales del segundo decenio del siglo XXI con éxito.
Pero las cosas han cambiado demasiado desde entonces, quizá esas oportunidades ya existían entonces, sólo que ahora se han descubierto totalmente: el envejecimiento progresivo de la población, la incorporación de la mujer al mercado laboral y el aumento de la esperanza de vida son los principales condicionantes que obligan a las familias a delegar el cuidado de sus mayores en otras personas.
La iniciativa privada apenas encuentra resquicios en esta norma para lucrarse.
Los casos de ancianos y enfermos que precisan atención completa deben pasar el examen de la Junta de Andalucía.
Es la institución la que dirime la prestación, ya sea económica o en servicios.
Si se dictamina la ayuda en servicios, son los propios ayuntamientos los que la acometen a través de sus programas de asistencia.
En el caso contrario, es el cuidador o familiar el que recibe la paga por atender al paciente, por lo que las empresas privadas quedan al margen de este negocio.
Fuente: lavozdigital.es cadiz
Hace una década, cuando todavía no se hablaba de Ley de Dependencia y los niveles de desempleo empezaban a recuperarse después de varios annus horibilis, nada parecía indicar que fuese el momento preciso para arriesgarse a crear un negocio basado en la asistencia a domicilio.
Algunos de los que lo asumieron entonces han conseguido llegar a los umbrales del segundo decenio del siglo XXI con éxito.
Pero las cosas han cambiado demasiado desde entonces, quizá esas oportunidades ya existían entonces, sólo que ahora se han descubierto totalmente: el envejecimiento progresivo de la población, la incorporación de la mujer al mercado laboral y el aumento de la esperanza de vida son los principales condicionantes que obligan a las familias a delegar el cuidado de sus mayores en otras personas.
La iniciativa privada apenas encuentra resquicios en esta norma para lucrarse.
Los casos de ancianos y enfermos que precisan atención completa deben pasar el examen de la Junta de Andalucía.
Es la institución la que dirime la prestación, ya sea económica o en servicios.
Si se dictamina la ayuda en servicios, son los propios ayuntamientos los que la acometen a través de sus programas de asistencia.
En el caso contrario, es el cuidador o familiar el que recibe la paga por atender al paciente, por lo que las empresas privadas quedan al margen de este negocio.
Fuente: lavozdigital.es cadiz
domingo, 30 de agosto de 2009
COMUNIDAD VALENCIANA. ANGELICA SUCH AL FRENTE DE BIENESTAR SOCIAL
´Mantendré un clima de diálogo con los afectados por la Ley de Dependencia´
Angélica Such asume una cartera de gran calado social y presupuesto tras su paso de dos años por Turismo.
Ahora, en Bienestar Social, afronta un nuevo reto con la aplicación de la Ley de Dependencia como principal escollo, aunque con la mano abierta al diálogo.
¿Cómo afronta el nuevo reto en Bienestar Social?
Con mucho interés, ilusión y responsabilidad. Contenta de la confianza que el presidente deposita en mí para asumir esta nueva competencia y con mi total disposición para continuar con una labor que entiendo que se ha hecho bien y que, si es posible, intentaré mejorar.
Las críticas por la aplicación de la Ley de Dependencia en la Comunitat Valenciana han sido muy numerosas. ¿Va a iniciar algún cambio?
Creo que las cosas se han hecho bien. Ya he empezado a tener algún contacto, pero iniciaremos la andadura a partir de lunes.
¿Nuevos proyectos?
Continuaremos con los ya diseñados en un clima de colaboración y trabajo conjunto con los afectados y los interesados.
Es una conselleria de mayor presupuesto y calado social. ¿Cree que su nombramiento puede considerarse como una segunda oportunidad?
No, no lo creo. El nombramiento se debe a que el presidente ha considerado conveniente que me hiciera cargo de esta responsabilidad.
A lo largo de mi vida profesional he ejercido la rama del Derecho de Familia durante 18 años, y he estado 8 años trabajando en la Concejalía de Bienestar Social y de la Mujer del Ayuntamiento de Benidorm, por lo que conozco este trabajo y la importancia del mismo.
¿Espera que el enfrentamiento con el Ejecutivo central sea menor?
Las administraciones tenemos la obligación de trabajar de una manera coordinada con independencia del color político. Y yo voy a estar ahí, pero creo que es la obligación también de cada administración asumir sus responsabilidades, y el Gobierno central debe tratar a la Comunitat Valenciana como trata a las demás. Defenderé los intereses de mi Comunitat todo lo que pueda, y -ojalá- en un clima de cordialidad.
El vicepresidente Cotino seguirá siendo el coordinador de las políticas sociales tras la remodelación del Consell. ¿Significa que se va a primar este ámbito?
Es una manera de plantear un trabajo conjunto. Todos somos parte del mismo gobierno y con el mismo proyecto. Me parece muy positivo que, además de las competencias que asume, sea el coordinador de las políticas sociales.
Su paso por la Conselleria de Turismo estuvo empañado por el caso Gürtel. ¿Cree que ha influido en su relevo en la conselleria?
No. Creo que la Conselleria de Turisme ha llevado a cabo su labor desde todos los puntos de vista. Ha ocurrido este asunto, pero no creo que haya empañado la labor del departamento ni que tenga nada que ver con el ajuste en el Consell, que desgraciadamente se produce por el fallecimiento de un compañero, José Ramón García Antón.
Fuente: levante-emv.com
Angélica Such asume una cartera de gran calado social y presupuesto tras su paso de dos años por Turismo.
Ahora, en Bienestar Social, afronta un nuevo reto con la aplicación de la Ley de Dependencia como principal escollo, aunque con la mano abierta al diálogo.
¿Cómo afronta el nuevo reto en Bienestar Social?
Con mucho interés, ilusión y responsabilidad. Contenta de la confianza que el presidente deposita en mí para asumir esta nueva competencia y con mi total disposición para continuar con una labor que entiendo que se ha hecho bien y que, si es posible, intentaré mejorar.
Las críticas por la aplicación de la Ley de Dependencia en la Comunitat Valenciana han sido muy numerosas. ¿Va a iniciar algún cambio?
Creo que las cosas se han hecho bien. Ya he empezado a tener algún contacto, pero iniciaremos la andadura a partir de lunes.
¿Nuevos proyectos?
Continuaremos con los ya diseñados en un clima de colaboración y trabajo conjunto con los afectados y los interesados.
Es una conselleria de mayor presupuesto y calado social. ¿Cree que su nombramiento puede considerarse como una segunda oportunidad?
No, no lo creo. El nombramiento se debe a que el presidente ha considerado conveniente que me hiciera cargo de esta responsabilidad.
A lo largo de mi vida profesional he ejercido la rama del Derecho de Familia durante 18 años, y he estado 8 años trabajando en la Concejalía de Bienestar Social y de la Mujer del Ayuntamiento de Benidorm, por lo que conozco este trabajo y la importancia del mismo.
¿Espera que el enfrentamiento con el Ejecutivo central sea menor?
Las administraciones tenemos la obligación de trabajar de una manera coordinada con independencia del color político. Y yo voy a estar ahí, pero creo que es la obligación también de cada administración asumir sus responsabilidades, y el Gobierno central debe tratar a la Comunitat Valenciana como trata a las demás. Defenderé los intereses de mi Comunitat todo lo que pueda, y -ojalá- en un clima de cordialidad.
El vicepresidente Cotino seguirá siendo el coordinador de las políticas sociales tras la remodelación del Consell. ¿Significa que se va a primar este ámbito?
Es una manera de plantear un trabajo conjunto. Todos somos parte del mismo gobierno y con el mismo proyecto. Me parece muy positivo que, además de las competencias que asume, sea el coordinador de las políticas sociales.
Su paso por la Conselleria de Turismo estuvo empañado por el caso Gürtel. ¿Cree que ha influido en su relevo en la conselleria?
No. Creo que la Conselleria de Turisme ha llevado a cabo su labor desde todos los puntos de vista. Ha ocurrido este asunto, pero no creo que haya empañado la labor del departamento ni que tenga nada que ver con el ajuste en el Consell, que desgraciadamente se produce por el fallecimiento de un compañero, José Ramón García Antón.
Fuente: levante-emv.com
MALLORCA. EL GRUPO MUNICIPAL UM RECLAMA CELERIDAD
UM reclama una mayor celeridad en la dotación de la Ley de Dependencia
El grupo municipal de UM en el ayuntamiento de Muro, que gobierna junto a PP-CDM, elevó una moción en el último pleno mediante la que reclama a las administraciones la "inmediata dotación presupuestaria" y un "desarrollo eficaz y total" de la Ley de Dependencia.
El texto fue aprobado por unanimidad.
La moción de los regionalistas lamenta que en la actualidad la aplicación y la dotación de la Ley, "es muy deficiente" y acumula un "importante retraso en las prestaciones y derechos de las personas beneficiarias de la Ley", lo que "supone un grave perjuicio para muchas familias de Muro, que no pueden disfrutar de las ayudas solicitadas hace muchos meses".
Fuente: diariodemallorca.es
El grupo municipal de UM en el ayuntamiento de Muro, que gobierna junto a PP-CDM, elevó una moción en el último pleno mediante la que reclama a las administraciones la "inmediata dotación presupuestaria" y un "desarrollo eficaz y total" de la Ley de Dependencia.
El texto fue aprobado por unanimidad.
La moción de los regionalistas lamenta que en la actualidad la aplicación y la dotación de la Ley, "es muy deficiente" y acumula un "importante retraso en las prestaciones y derechos de las personas beneficiarias de la Ley", lo que "supone un grave perjuicio para muchas familias de Muro, que no pueden disfrutar de las ayudas solicitadas hace muchos meses".
Fuente: diariodemallorca.es
jueves, 27 de agosto de 2009
ASTURIAS. CCOO Y UGT PIDEN AL PRINCIPADO MAYOR IMPLICACION Y COORDINACION
CCOO y UGT piden al Principado una mayor implicación y coordinación en la Ley de Dependencia
CCOO y UGT advirtieron hoy de la actual situación de la Ley de Dependencia en el Principado de Asturias y solicitaron de los poderes públicos "una mayor implicación y coordinación de la misma".
Los sindicatos, en una nota de prensa, destacaron "la situación de precariedad en la que se encuentran los trabajadores de Ayuda a Domicilio, ante la gestión que se esta haciendo de la Ley de Atención a las personas Dependientes"
En opinión de la Federación de Actividades Diversas de CCOO, esta ley es "un gran avance en lo social", pero su aplicación esta siendo muy "desorganizada, por falta de entendimiento entre las instituciones implicadas y los escasos recursos económicos".
Para CCOO "lo que se iba a convertir en un gran yacimiento de empleo, se termina convirtiendo en destrucción del mismo, para tener mano de obra mas barata y poco organizada".
La aplicación de servicio referente a la Ley de dependencia en el sector de ayuda a domicilio, según los sindicatos, "quedó transformada en contratos precarios, que en pocos cubren toda la jornada laboral, permiten modificaciones sustanciales de jornada al supeditar el contrato al usuario, no habiendo posibilidad de conciliar la vida familiar y la profesional".
Para poner fin a esa situación, CCOO y UGT, pidieron a las instituciones implicadas que actúen de manera coordinada en el desarrollo de la Ley, que permitan mantener el sector con las condiciones laborales conseguidas, que se mantenga el empleo creado, no permitir la explotación de los trabajadoras de Ayuda a Domicilio, y fomentar la profesionalidad de todo el personal que presta el servicio a través de la formación.
Fuente: Europa Press
CCOO y UGT advirtieron hoy de la actual situación de la Ley de Dependencia en el Principado de Asturias y solicitaron de los poderes públicos "una mayor implicación y coordinación de la misma".
Los sindicatos, en una nota de prensa, destacaron "la situación de precariedad en la que se encuentran los trabajadores de Ayuda a Domicilio, ante la gestión que se esta haciendo de la Ley de Atención a las personas Dependientes"
En opinión de la Federación de Actividades Diversas de CCOO, esta ley es "un gran avance en lo social", pero su aplicación esta siendo muy "desorganizada, por falta de entendimiento entre las instituciones implicadas y los escasos recursos económicos".
Para CCOO "lo que se iba a convertir en un gran yacimiento de empleo, se termina convirtiendo en destrucción del mismo, para tener mano de obra mas barata y poco organizada".
La aplicación de servicio referente a la Ley de dependencia en el sector de ayuda a domicilio, según los sindicatos, "quedó transformada en contratos precarios, que en pocos cubren toda la jornada laboral, permiten modificaciones sustanciales de jornada al supeditar el contrato al usuario, no habiendo posibilidad de conciliar la vida familiar y la profesional".
Para poner fin a esa situación, CCOO y UGT, pidieron a las instituciones implicadas que actúen de manera coordinada en el desarrollo de la Ley, que permitan mantener el sector con las condiciones laborales conseguidas, que se mantenga el empleo creado, no permitir la explotación de los trabajadoras de Ayuda a Domicilio, y fomentar la profesionalidad de todo el personal que presta el servicio a través de la formación.
Fuente: Europa Press
VALENCIA. PSPV EXIGE A CAMPS "QUE EMPIECE A DESTITUIR A COTINO"
El diputado del PSPV y coordinador del área de Políticas Sociales del grupo parlamentario socialista en las Corts Valencianes, Antonio Torres, exigió hoy al presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, que "empiece por destituir al conseller de Bienestar Social, Juan Cotino, en la futura remodelación del Consell, por el boicot a las ayudas a los dependientes y por su excesiva hipocresía paternalista".
Así lo indicó en referencia a las declaraciones realizadas esta semana por el conseller y vicepresidente tercero, en las que pedía a las madres embarazadas que no pudieran mantener a sus hijos que dieron a los recién nacidos "una segunda oportunidad" y los entregaran a la Generalitat para su acogida en lugar de abandonarlos.
"Nosotros lo que le pedimos al presidente Camps es que destituya al conseller Cotino y así les dé la oportunidad a las personas sin recursos de recibir las ayudas que les pertenecen por ley", afirmó Torres, quien añadió que la "principal razón por las que esas madres no pueden tener a sus hijos es una situación económica difícil, por la que también pasan las familias con algún miembro en situación de dependencia".
Torres señaló que en la Comunitat Valenciana "todavía hay 25.000 familias que siguen sin recibir las ayudas de la Ley de la Dependencia" y agergó que "seguimos siendo la comunidad que peor ha aplicado este derecho, según las estadísticas oficiales". El diputado recalcó que "son 25.000 perjudicados por la incompetencia y la mala fe del señor Cotino y de un Consell que se ha dedicado a boicotear la ley".
El diputado socialista criticó que la Conselleria de Bienestar Social "sigue sin reconocer los derechos retroactivos de las ayudas y tampoco las concede a las familias de las personas fallecidas, que ya son más de 6.500 desde que se aprobó la Ley".
"Y ahora, tras la inhibición de los juzgados ordinarios en este tema, la conselleria les obliga a presentar las demandas ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que tarda dos años de media en dictar sentencia y les plantea aún más dificultades a las personas de las provincias de Castellón y Alicante".
Además, subrayó que los costes de estas demandas "son más elevados". Para el portavoz de Políticas Sociales del grupo socialista, "no sólo estamos a la cola, sino que además retrocedemos, porque constituyendo el 10,9% de todos los dependientes españoles, en enero tramitamos el 4,72% de las solicitudes presentadas y ahora el 4,51%".
Asimismo, incidió en que "pese a las plataformas creadas en defensa de la Ley de la Dependencia, los dictámenes por los que se conceden las ayudas también han caído de un 4,9 a un 4,4%.
Torres añadió que la ayuda más demandada por los dependientes valencianos es la de los cuidadores y señaló que un total de 13.000 dependientes "carecen de un profesional que les ayude". "Si el Consell fuera competente y tuviera algo de iniciativa, podría crear 13.000 nuevos puestos de empleo que beneficiarían sobre todo a mujeres", manifestó.
Para Torres, "los dos años de media que tarda un dependiente de la Comunitat en recibir las ayudas que le corresponden responden a que el señor Cotino se dedica más a otros asuntos que nada tienen que ver con su conselleria y sí con el caso Gürtel".
Fuente: Europa Press
Así lo indicó en referencia a las declaraciones realizadas esta semana por el conseller y vicepresidente tercero, en las que pedía a las madres embarazadas que no pudieran mantener a sus hijos que dieron a los recién nacidos "una segunda oportunidad" y los entregaran a la Generalitat para su acogida en lugar de abandonarlos.
"Nosotros lo que le pedimos al presidente Camps es que destituya al conseller Cotino y así les dé la oportunidad a las personas sin recursos de recibir las ayudas que les pertenecen por ley", afirmó Torres, quien añadió que la "principal razón por las que esas madres no pueden tener a sus hijos es una situación económica difícil, por la que también pasan las familias con algún miembro en situación de dependencia".
Torres señaló que en la Comunitat Valenciana "todavía hay 25.000 familias que siguen sin recibir las ayudas de la Ley de la Dependencia" y agergó que "seguimos siendo la comunidad que peor ha aplicado este derecho, según las estadísticas oficiales". El diputado recalcó que "son 25.000 perjudicados por la incompetencia y la mala fe del señor Cotino y de un Consell que se ha dedicado a boicotear la ley".
El diputado socialista criticó que la Conselleria de Bienestar Social "sigue sin reconocer los derechos retroactivos de las ayudas y tampoco las concede a las familias de las personas fallecidas, que ya son más de 6.500 desde que se aprobó la Ley".
"Y ahora, tras la inhibición de los juzgados ordinarios en este tema, la conselleria les obliga a presentar las demandas ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que tarda dos años de media en dictar sentencia y les plantea aún más dificultades a las personas de las provincias de Castellón y Alicante".
Además, subrayó que los costes de estas demandas "son más elevados". Para el portavoz de Políticas Sociales del grupo socialista, "no sólo estamos a la cola, sino que además retrocedemos, porque constituyendo el 10,9% de todos los dependientes españoles, en enero tramitamos el 4,72% de las solicitudes presentadas y ahora el 4,51%".
Asimismo, incidió en que "pese a las plataformas creadas en defensa de la Ley de la Dependencia, los dictámenes por los que se conceden las ayudas también han caído de un 4,9 a un 4,4%.
Torres añadió que la ayuda más demandada por los dependientes valencianos es la de los cuidadores y señaló que un total de 13.000 dependientes "carecen de un profesional que les ayude". "Si el Consell fuera competente y tuviera algo de iniciativa, podría crear 13.000 nuevos puestos de empleo que beneficiarían sobre todo a mujeres", manifestó.
Para Torres, "los dos años de media que tarda un dependiente de la Comunitat en recibir las ayudas que le corresponden responden a que el señor Cotino se dedica más a otros asuntos que nada tienen que ver con su conselleria y sí con el caso Gürtel".
Fuente: Europa Press
ASTURIAS. ESTAREMOS MUY ATENTOS PARA QUE SE CUMPLA LA LEY DE DEPENDENCIA
«Si los asturianos nos transmiten sus preocupaciones, colaboraremos para mejorar los servicios públicos»
«Estaremos muy atentos para que se cumpla la ley de Dependencia» María Antonia Fernández Felgueroso nació el 13 de junio de 1944 en Gijón y es licenciada en Derecho y diplomada en Trabajo Social. Su último cargo político fue el de concejala de Asuntos Sociales en el Ayuntamiento de Gijón por el Partido Socialista. En junio de 2006 dimitió de este cargo tras ser nombrada por la Junta General del Principado procuradora general de Asturias (el equivalente a Defensora del Pueblo), cargo del que tomó posesión el 3 de julio de 2006.
La procuradora general del Principado, María Antonia Fernández Felgueroso, es la primera Defensora del Pueblo asturiana, institución que se creó hace ahora tres años. Hace pocos meses se inauguró la nueva sede de la Procuraduría en el número seis de la ovetense plaza de Riego. En los vinilos que decoran el moderno edificio se puede ver a una mujer sentada en una silla cosiendo. No cose un vestido sino una casa. Al lado se ha grabado un mensaje para que los visitantes se hagan una idea de para qué sirve esta institución: «La casa tejida: tejer, construir, proteger».
-¿Cómo han sido estos tres primeros años de Procuradoría?
-Somos conscientes de que llevamos poco tiempo. Existe un déficit de conocimiento de la institución. Nuestro trabajo fundamental ha sido darnos a conocer.
-¿Qué retos se plantea de ahora en adelante?
-Son muchos los retos y el trabajo por hacer. De lo realizado en 2008 destacaría el trabajo hecho para que las administraciones públicas fueran más eficientes.
-Además de las quejas, ¿qué otras actividades desempeñan?
-Son muy variadas. Tratamos de que las quejas sean el trabajo principal porque son la expresión de la conciencia ciudadana. Otras veces, cuando la situación lo requiere, actuamos de oficio. También mantenemos relaciones periódicas con entidades que trabajan en diferentes ámbitos de la realidad social y del movimiento asociativo. Sobre la ley de Dependencia hemos creado una comisión especial de seguimiento.
-¿Cómo va la ley de Dependencia en Asturias?
-Todos mis colegas de las defensorías y yo misma hacemos un seguimiento y sabemos que es una ley complicada y de difícil aplicación. Hemos hecho una resolución conjunta para hacer más fuerza. Creo que se está haciendo un gran esfuerzo, al principio hubo un poco de colapso porque llegaron todas las reclamaciones a la vez. Nosotros recordamos a la Administración que hay que dotarse de más medios. Pedimos que se abriese una línea de urgencia para atender a personas con enfermedades urgentes y con la mayor rapidez posible. La Administración hace poco me ha contestado que está de acuerdo y que está redactando el informe. La comisión estará muy vigilante.
-¿Responde la Administración a sus llamadas de atención?
-De las resoluciones que dictamos el noventa y dos por ciento no fueron rechazadas. Un cuarenta por ciento fueron aceptadas formalmente y el resto estaban en trámite. Sólo se rechazó un ocho por ciento. Esto significa eficacia. A veces hay actividades entorpecedoras que proceden de la burocracia. Nos preocupa porque entendemos que esto tiene un efecto negativo sobre la participación ciudadana en los asuntos públicos. Nosotros les decimos: usted tiene que contestar al ciudadano. Es frecuente que las administraciones no respondan a la ciudadanía.
-¿Colaboran con el Defensor del Pueblo a nivel nacional?
-Hay un convenio de colaboración, él resuelve las cosas que no son de nuestra competencia para que no haya duplicidad. Hay muy buena relación, cada año se hacen jornadas de coordinación de defensores. Ponemos en común cuestiones que nos preocupan, que siempre tienen que ver con los derechos de los más vulnerables de la sociedad.
-¿Cuándo actúan y cuándo no?
-Actuamos cuando hay cualquier duda en relación a las administraciones públicas asturianas. También la gente con conflictos con los colegios profesionales o la Universidad puede dirigirse, pueden hacerlo personas de cualquier nacionalidad y edad. No actuamos cuando se trata de un conflicto entre particulares o cuando ya hay un proceso judicial en marcha.
-¿Cómo ha sido la relación con su adjunto Noel Zapico?
-Muy buena. Hay un equipo directivo: procuradora, adjunto y secretario general con los que estoy muy satisfecha. Hasta ahora hemos trabajado muy bien. Tenemos claro que somos independientes y que nos debemos a los ciudadanos.
-¿Qué casos destacaría de los resueltos en estos tres años?
-Me quedaría con tres ámbitos en los que hemos centrado nuestra actuación: ley de Dependencia, educación y discapacidad.
-¿Qué cuentas pendientes tiene de ahora en adelante?
-El gran reto son los derechos humanos porque entiendo que es un pilar básico de la convivencia, que es frágil y tiene que ser cuidado. La no discriminación, la no violencia, asuntos que tienen que ser un compromiso de los poderes públicos pero también de toda la sociedad asturiana. Mi máximo deseo es que el sistema de derechos humanos sea reforzado. En ese sentido sería un deseo muy especial y permanente.
-¿Cómo convencer a los asturianos para que se acerquen a la Procuradora si sus resoluciones no son vinculantes?
-Les diría que confíen en nosotros, que se acerquen a conocernos y decirles que las administraciones están respondiendo cuando se ha demostrado que ha habido una vulneración de derechos. Si los asturianos nos transmiten sus preocupaciones nosotros podemos colaborar en mejorar el servicio público y aumentar la calidad de atención. En definitiva, las quejas son la expresión de la conciencia ciudadana.
-¿Qué diferencias hay entre ser política y ser procuradora?
-Este trabajo es un lujo y un honor el poder poner en marcha una institución como esta. Se vigila que se cumpla con los ciudadanos, somos independientes del Ejecutivo. Nuestra relación es con el Parlamento, rendimos cuentas de nuestras actuaciones directamente al Parlamento. La diferencia es que tu misión es garantizar derechos y no poner en marcha proyectos políticos.
Fuente: lne.es
«Estaremos muy atentos para que se cumpla la ley de Dependencia» María Antonia Fernández Felgueroso nació el 13 de junio de 1944 en Gijón y es licenciada en Derecho y diplomada en Trabajo Social. Su último cargo político fue el de concejala de Asuntos Sociales en el Ayuntamiento de Gijón por el Partido Socialista. En junio de 2006 dimitió de este cargo tras ser nombrada por la Junta General del Principado procuradora general de Asturias (el equivalente a Defensora del Pueblo), cargo del que tomó posesión el 3 de julio de 2006.
La procuradora general del Principado, María Antonia Fernández Felgueroso, es la primera Defensora del Pueblo asturiana, institución que se creó hace ahora tres años. Hace pocos meses se inauguró la nueva sede de la Procuraduría en el número seis de la ovetense plaza de Riego. En los vinilos que decoran el moderno edificio se puede ver a una mujer sentada en una silla cosiendo. No cose un vestido sino una casa. Al lado se ha grabado un mensaje para que los visitantes se hagan una idea de para qué sirve esta institución: «La casa tejida: tejer, construir, proteger».
-¿Cómo han sido estos tres primeros años de Procuradoría?
-Somos conscientes de que llevamos poco tiempo. Existe un déficit de conocimiento de la institución. Nuestro trabajo fundamental ha sido darnos a conocer.
-¿Qué retos se plantea de ahora en adelante?
-Son muchos los retos y el trabajo por hacer. De lo realizado en 2008 destacaría el trabajo hecho para que las administraciones públicas fueran más eficientes.
-Además de las quejas, ¿qué otras actividades desempeñan?
-Son muy variadas. Tratamos de que las quejas sean el trabajo principal porque son la expresión de la conciencia ciudadana. Otras veces, cuando la situación lo requiere, actuamos de oficio. También mantenemos relaciones periódicas con entidades que trabajan en diferentes ámbitos de la realidad social y del movimiento asociativo. Sobre la ley de Dependencia hemos creado una comisión especial de seguimiento.
-¿Cómo va la ley de Dependencia en Asturias?
-Todos mis colegas de las defensorías y yo misma hacemos un seguimiento y sabemos que es una ley complicada y de difícil aplicación. Hemos hecho una resolución conjunta para hacer más fuerza. Creo que se está haciendo un gran esfuerzo, al principio hubo un poco de colapso porque llegaron todas las reclamaciones a la vez. Nosotros recordamos a la Administración que hay que dotarse de más medios. Pedimos que se abriese una línea de urgencia para atender a personas con enfermedades urgentes y con la mayor rapidez posible. La Administración hace poco me ha contestado que está de acuerdo y que está redactando el informe. La comisión estará muy vigilante.
-¿Responde la Administración a sus llamadas de atención?
-De las resoluciones que dictamos el noventa y dos por ciento no fueron rechazadas. Un cuarenta por ciento fueron aceptadas formalmente y el resto estaban en trámite. Sólo se rechazó un ocho por ciento. Esto significa eficacia. A veces hay actividades entorpecedoras que proceden de la burocracia. Nos preocupa porque entendemos que esto tiene un efecto negativo sobre la participación ciudadana en los asuntos públicos. Nosotros les decimos: usted tiene que contestar al ciudadano. Es frecuente que las administraciones no respondan a la ciudadanía.
-¿Colaboran con el Defensor del Pueblo a nivel nacional?
-Hay un convenio de colaboración, él resuelve las cosas que no son de nuestra competencia para que no haya duplicidad. Hay muy buena relación, cada año se hacen jornadas de coordinación de defensores. Ponemos en común cuestiones que nos preocupan, que siempre tienen que ver con los derechos de los más vulnerables de la sociedad.
-¿Cuándo actúan y cuándo no?
-Actuamos cuando hay cualquier duda en relación a las administraciones públicas asturianas. También la gente con conflictos con los colegios profesionales o la Universidad puede dirigirse, pueden hacerlo personas de cualquier nacionalidad y edad. No actuamos cuando se trata de un conflicto entre particulares o cuando ya hay un proceso judicial en marcha.
-¿Cómo ha sido la relación con su adjunto Noel Zapico?
-Muy buena. Hay un equipo directivo: procuradora, adjunto y secretario general con los que estoy muy satisfecha. Hasta ahora hemos trabajado muy bien. Tenemos claro que somos independientes y que nos debemos a los ciudadanos.
-¿Qué casos destacaría de los resueltos en estos tres años?
-Me quedaría con tres ámbitos en los que hemos centrado nuestra actuación: ley de Dependencia, educación y discapacidad.
-¿Qué cuentas pendientes tiene de ahora en adelante?
-El gran reto son los derechos humanos porque entiendo que es un pilar básico de la convivencia, que es frágil y tiene que ser cuidado. La no discriminación, la no violencia, asuntos que tienen que ser un compromiso de los poderes públicos pero también de toda la sociedad asturiana. Mi máximo deseo es que el sistema de derechos humanos sea reforzado. En ese sentido sería un deseo muy especial y permanente.
-¿Cómo convencer a los asturianos para que se acerquen a la Procuradora si sus resoluciones no son vinculantes?
-Les diría que confíen en nosotros, que se acerquen a conocernos y decirles que las administraciones están respondiendo cuando se ha demostrado que ha habido una vulneración de derechos. Si los asturianos nos transmiten sus preocupaciones nosotros podemos colaborar en mejorar el servicio público y aumentar la calidad de atención. En definitiva, las quejas son la expresión de la conciencia ciudadana.
-¿Qué diferencias hay entre ser política y ser procuradora?
-Este trabajo es un lujo y un honor el poder poner en marcha una institución como esta. Se vigila que se cumpla con los ciudadanos, somos independientes del Ejecutivo. Nuestra relación es con el Parlamento, rendimos cuentas de nuestras actuaciones directamente al Parlamento. La diferencia es que tu misión es garantizar derechos y no poner en marcha proyectos políticos.
Fuente: lne.es
miércoles, 26 de agosto de 2009
DOS VISIONES. LA JUNTA DE EXTREMADURA Y EL PP
DOS VISIONES SOBRE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE LA DEPENDENCIA EN LA REGION.
Dependencia... del color político
El PP denuncia que 10.000 extremeños tienen congelado el acceso a la Ley de la Dependencia La Junta replica que solo 2.000 de los 30.000 expedientes están sin valorar y garantiza que todos los beneficiarios empezarán a recibir la ayuda en septiembre.
La Ley de Dependencia es una norma universal a la que tienen derecho todas las personas que no pueden valerse por sí mismas. Aprobada en el año 2006, pretendía convertirse en el cuarto pilar del Estado del Bienestar a través del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia. Pero ahora, simplemente es un arma más de la contienda política regional.
La responsable de Asuntos Sociales y Dependencia del PP en Extremadura, Cristina Herrera, afirmó ayer que la Junta mantiene "paralizada, congelada", la atención a las personas dependientes, ya que hay unas 10.000 personas con derecho a percibir las prestaciones que aún no disfrutan de ellas. Sin embargo, desde la Junta se defienden diciendo que "el procedimiento es lento, ya que se trata de reconocer un derecho que es de por vida y que garantiza una situación de protección permanente".
La Consejería de Sanidad y Dependencia contrarrestó las declaraciones del PP alegando que de los 30.000 expedientes presentados a día de ayer, solo 2.000 están pendientes de valoración, aunque se calcula que a lo largo de septiembre se irán resolviendo todas las solicitudes. Por tanto, "no hay paralización ni congelación en los procedimientos y en la atención a las personas" susceptibles de recibir cobertura.
Pero lo cierto es que en una rueda de prensa realizada ayer en Mérida, la responsable popular analizó el "retraso" en el pago de las prestaciones derivadas de la Ley de la Dependencia. Y señaló que, según datos del Ministerio de Sanidad y Política Social, el pasado día uno de agosto se habían recibido un total de 29.947 solicitudes, de las cuales se han emitido 22.992 dictámenes. De ellos, se había reconocido a 18.995 personas como beneficiarias de la prestación, y solamente la están recibiendo 8.708.
Y parece que este es el único dato en el que las versiones de gobierno y oposición coinciden. La Junta ha reconocido que "desde la puesta en marcha de la ley, más de 9.000 servicios han atendido a algo más de 8.000 ciudadanos en la comunidad, una cifra que sigue creciendo cada día". Los 10.827 expedientes restantes, (que son los que según el PP están congelados), "se encuentran dentro del proceso para poder acceder a las prestaciones a las que tienen derecho".
Además, Sanidad afirma que muchos de ellos ya están recibiendo algún tipo de servicio análogo a los que la Ley de Dependencia garantiza, y que se conceden a través medidas como el Plan Concilia, la ayuda a domicilio, los centros de día, las residencias de mayores y toda la red de atención a las personas con discapacidad.
Por tanto, según la Junta, "se hace necesario que, de una vez por todas, los portavoces populares diferencien entre atención y prestación", y asegura además, que "la atención llega a muchos ciudadanos que por sus condiciones de dependencia, no estarían dentro del sistema de protección".
Para el equipo de gobierno, no existe inactividad, sino "un gran esfuerzo extraordinario, tanto humano como económico, para que, en el menor tiempo posible, las personas con derecho estén atendidas y queden bajo la cobertura de la ley". Y es que, pese a la crisis, la Junta ha reafirmado la ampliación de las partidas presupuestarias de 44 millones de euros, tal y como lo anunció el presidente Vara en el debate sobre el estado de la región el pasado junio.
Pero la responsable popular no se deja convencer por estas promesas y asegura que incluso "es posible que la situación se agrave a medida que se amplíe el abanico de potenciales de las políticas sociales de la administración autonómica", ya que como anunció el propio Vara en su discurso de investidura, la ayuda a las personas dependientes es el pilar fundamental de estas.
Fuente: elperiodicoextremadura.com
Dependencia... del color político
El PP denuncia que 10.000 extremeños tienen congelado el acceso a la Ley de la Dependencia La Junta replica que solo 2.000 de los 30.000 expedientes están sin valorar y garantiza que todos los beneficiarios empezarán a recibir la ayuda en septiembre.
La Ley de Dependencia es una norma universal a la que tienen derecho todas las personas que no pueden valerse por sí mismas. Aprobada en el año 2006, pretendía convertirse en el cuarto pilar del Estado del Bienestar a través del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia. Pero ahora, simplemente es un arma más de la contienda política regional.
La responsable de Asuntos Sociales y Dependencia del PP en Extremadura, Cristina Herrera, afirmó ayer que la Junta mantiene "paralizada, congelada", la atención a las personas dependientes, ya que hay unas 10.000 personas con derecho a percibir las prestaciones que aún no disfrutan de ellas. Sin embargo, desde la Junta se defienden diciendo que "el procedimiento es lento, ya que se trata de reconocer un derecho que es de por vida y que garantiza una situación de protección permanente".
La Consejería de Sanidad y Dependencia contrarrestó las declaraciones del PP alegando que de los 30.000 expedientes presentados a día de ayer, solo 2.000 están pendientes de valoración, aunque se calcula que a lo largo de septiembre se irán resolviendo todas las solicitudes. Por tanto, "no hay paralización ni congelación en los procedimientos y en la atención a las personas" susceptibles de recibir cobertura.
Pero lo cierto es que en una rueda de prensa realizada ayer en Mérida, la responsable popular analizó el "retraso" en el pago de las prestaciones derivadas de la Ley de la Dependencia. Y señaló que, según datos del Ministerio de Sanidad y Política Social, el pasado día uno de agosto se habían recibido un total de 29.947 solicitudes, de las cuales se han emitido 22.992 dictámenes. De ellos, se había reconocido a 18.995 personas como beneficiarias de la prestación, y solamente la están recibiendo 8.708.
Y parece que este es el único dato en el que las versiones de gobierno y oposición coinciden. La Junta ha reconocido que "desde la puesta en marcha de la ley, más de 9.000 servicios han atendido a algo más de 8.000 ciudadanos en la comunidad, una cifra que sigue creciendo cada día". Los 10.827 expedientes restantes, (que son los que según el PP están congelados), "se encuentran dentro del proceso para poder acceder a las prestaciones a las que tienen derecho".
Además, Sanidad afirma que muchos de ellos ya están recibiendo algún tipo de servicio análogo a los que la Ley de Dependencia garantiza, y que se conceden a través medidas como el Plan Concilia, la ayuda a domicilio, los centros de día, las residencias de mayores y toda la red de atención a las personas con discapacidad.
Por tanto, según la Junta, "se hace necesario que, de una vez por todas, los portavoces populares diferencien entre atención y prestación", y asegura además, que "la atención llega a muchos ciudadanos que por sus condiciones de dependencia, no estarían dentro del sistema de protección".
Para el equipo de gobierno, no existe inactividad, sino "un gran esfuerzo extraordinario, tanto humano como económico, para que, en el menor tiempo posible, las personas con derecho estén atendidas y queden bajo la cobertura de la ley". Y es que, pese a la crisis, la Junta ha reafirmado la ampliación de las partidas presupuestarias de 44 millones de euros, tal y como lo anunció el presidente Vara en el debate sobre el estado de la región el pasado junio.
Pero la responsable popular no se deja convencer por estas promesas y asegura que incluso "es posible que la situación se agrave a medida que se amplíe el abanico de potenciales de las políticas sociales de la administración autonómica", ya que como anunció el propio Vara en su discurso de investidura, la ayuda a las personas dependientes es el pilar fundamental de estas.
Fuente: elperiodicoextremadura.com
martes, 25 de agosto de 2009
VALENCIA. REUNION DE EMPRESARIOS PARA EL IMPULSO Y ORDENACION DE LA LEY
Más de 200 empresarios se reunirán en septiembre en Valencia para estudiar medidas de impulso al empleo y la ordenación del sector de la dependencia, según ha avanzado hoy el presidente de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat (AERTE), Alberto Giménez.
El encuentro, previsto para el próximo 17 de septiembre, pretende determinar los criterios que debe seguir la aplicación de la ley de Dependencia, con el fin de "atender adecuadamente a las personas en situación de dependencia con criterios de profesionalidad y calidad", según ha explicado Giménez en un comunicado.
El portavoz de AERTE, quien también forma parte de la Junta Directiva de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), ha señalado que existen "plazas suficientes" para atender a las personas en situación de dependencia.
De esta manera, "se garantiza la cobertura de las necesidades de los dependientes", tanto las residenciales para casos graves o severos como las relativas a servicios complementarios, como centros de día, ayuda a domicilio o tele asistencia.
Asimismo, el presidente de la patronal autonómica se ha mostrado "muy satisfecho" con la puesta en marcha de una comisión específica de Sanidad y Política social en la CEOE, cuyo propósito esencial es consolidar el avance de la ley de Dependencia.
Según ha apuntado, la creación de este órgano, con representación valenciana, "demuestra la importancia del sector en cuanto a la creación de empleo y la generación de riqueza en la sociedad española".
Por otra parte, Giménez ha recordado que, con la adecuación entre oferta y demanda, se crearían en España cerca de 300.000 puestos de trabajo, de los que un 11 por ciento de ellos estarían en la Comunitat Valenciana.
La jornada, que se celebrará en el complejo de La Petxina de Valencia, contará, además de con los 200 empresarios de Alicante, Castellón y Valencia, con la presencia de diversos representantes autonómicos y nacionales del mundo empresarial, los sindicatos, la administración y el sector asociativo.
Entre los participantes confirmados se encuentran, según las fuentes, el presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (Fed), Alberto Echevarría, el presidente Nacional de Lares-Federación de Residencias y Servicios de Atención a Mayores, José Ignacio Santaolalla y el Conseller de Bienestar Social, Juan Cotino.
Fuente: adn.es valencia
El encuentro, previsto para el próximo 17 de septiembre, pretende determinar los criterios que debe seguir la aplicación de la ley de Dependencia, con el fin de "atender adecuadamente a las personas en situación de dependencia con criterios de profesionalidad y calidad", según ha explicado Giménez en un comunicado.
El portavoz de AERTE, quien también forma parte de la Junta Directiva de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), ha señalado que existen "plazas suficientes" para atender a las personas en situación de dependencia.
De esta manera, "se garantiza la cobertura de las necesidades de los dependientes", tanto las residenciales para casos graves o severos como las relativas a servicios complementarios, como centros de día, ayuda a domicilio o tele asistencia.
Asimismo, el presidente de la patronal autonómica se ha mostrado "muy satisfecho" con la puesta en marcha de una comisión específica de Sanidad y Política social en la CEOE, cuyo propósito esencial es consolidar el avance de la ley de Dependencia.
Según ha apuntado, la creación de este órgano, con representación valenciana, "demuestra la importancia del sector en cuanto a la creación de empleo y la generación de riqueza en la sociedad española".
Por otra parte, Giménez ha recordado que, con la adecuación entre oferta y demanda, se crearían en España cerca de 300.000 puestos de trabajo, de los que un 11 por ciento de ellos estarían en la Comunitat Valenciana.
La jornada, que se celebrará en el complejo de La Petxina de Valencia, contará, además de con los 200 empresarios de Alicante, Castellón y Valencia, con la presencia de diversos representantes autonómicos y nacionales del mundo empresarial, los sindicatos, la administración y el sector asociativo.
Entre los participantes confirmados se encuentran, según las fuentes, el presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (Fed), Alberto Echevarría, el presidente Nacional de Lares-Federación de Residencias y Servicios de Atención a Mayores, José Ignacio Santaolalla y el Conseller de Bienestar Social, Juan Cotino.
Fuente: adn.es valencia
ANDALUCIA. SE AMPLIA EL PRESUPUESTO EN MAS DE 200 MILLONES DE EUROS
La Junta amplía en más de 200 millones de euros el presupuesto destinado a los servicios de Dependencia para 200923 de agosto de 2009.
La Junta de Andalucía ha realizado una ampliación del presupuesto destinado al desarrollo de la Ley de la Dependencia en la comunidad autónoma para 2009 de 200 millones de euros, con lo que la partida dedicada por el Gobierno andaluz a financiar la red de servicios prevista en la normativa para el presente año pasa de los 530 millones de euros iniciales a más de 730.
No obstante, según informó a Europa Press la consejera para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta, Micaela Navarro, es muy probable que esta ampliación no sea la última que se realice durante el presente ejercicio, ya que, tal y como subrayó, el sistema "sigue avanzando" y se realizarán los ajustes presupuestarios "que sean necesarios", como corresponde a una ley que "reconoce un catálogo de derechos".
En este sentido, quiso lanzar un mensaje de "tranquilidad" a la población ya que, según afirmó, "no existe ningún tipo de inquietud sobre el desarrollo de la Ley de la Dependencia".
Así, aseguró que, a pesar de la crisis económica, el fondo destinado por el Gobierno a la red de servicios de la Dependencia "no se congelará" para el próximo año 2010, sino que "se ajustará en función de las necesidades".
Además, recordó que hasta el próximo año 2011 no se reconocerá grados nuevos --en este caso personas valoradas con un Grado I de dependencia moderada, nivel 2--, según marca el calendario de aplicación de la ley.
RETROACTIVIDAD DE LA LEY
Por otro lado, la consejera insistió en que la Junta de Andalucía seguirá aplicando la Ley de la Dependencia con efecto retroactivo cuando se produzcan retrasos en el disfrute de las prestaciones sólo en aquellos casos en los que la persona dependiente tenga aprobado el Plan de Atención Individual (PIA) y a través de éste se le haya asignado una prestación económica.
De este modo, Navarro afirmó que, con este criterio, la Junta "se limita a aplicar lo que recoge la normativa" y destacó que, además, el mismo ha sido ratificado por una reciente sentencia judicial y es el que ejercitan el resto de comunidades autónomas. Según la titular del ramo, "la retroactividad sólo es posible con el PIA ya resuelto, pues, de lo contrario, es imposible saber que tipo de prestación le correspondía por ley".
Asimismo, rechazó una posible modificación de la normativa en este sentido e hizo hincapié en que ésta reconoce derechos "individuales", de modo que el PIA "prevé ayudas al individuo y para establecer el copago se tiene en cuenta los ingresos del posible beneficiario, no del entorno".
Fuente: Europa Press
La Junta de Andalucía ha realizado una ampliación del presupuesto destinado al desarrollo de la Ley de la Dependencia en la comunidad autónoma para 2009 de 200 millones de euros, con lo que la partida dedicada por el Gobierno andaluz a financiar la red de servicios prevista en la normativa para el presente año pasa de los 530 millones de euros iniciales a más de 730.
No obstante, según informó a Europa Press la consejera para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta, Micaela Navarro, es muy probable que esta ampliación no sea la última que se realice durante el presente ejercicio, ya que, tal y como subrayó, el sistema "sigue avanzando" y se realizarán los ajustes presupuestarios "que sean necesarios", como corresponde a una ley que "reconoce un catálogo de derechos".
En este sentido, quiso lanzar un mensaje de "tranquilidad" a la población ya que, según afirmó, "no existe ningún tipo de inquietud sobre el desarrollo de la Ley de la Dependencia".
Así, aseguró que, a pesar de la crisis económica, el fondo destinado por el Gobierno a la red de servicios de la Dependencia "no se congelará" para el próximo año 2010, sino que "se ajustará en función de las necesidades".
Además, recordó que hasta el próximo año 2011 no se reconocerá grados nuevos --en este caso personas valoradas con un Grado I de dependencia moderada, nivel 2--, según marca el calendario de aplicación de la ley.
RETROACTIVIDAD DE LA LEY
Por otro lado, la consejera insistió en que la Junta de Andalucía seguirá aplicando la Ley de la Dependencia con efecto retroactivo cuando se produzcan retrasos en el disfrute de las prestaciones sólo en aquellos casos en los que la persona dependiente tenga aprobado el Plan de Atención Individual (PIA) y a través de éste se le haya asignado una prestación económica.
De este modo, Navarro afirmó que, con este criterio, la Junta "se limita a aplicar lo que recoge la normativa" y destacó que, además, el mismo ha sido ratificado por una reciente sentencia judicial y es el que ejercitan el resto de comunidades autónomas. Según la titular del ramo, "la retroactividad sólo es posible con el PIA ya resuelto, pues, de lo contrario, es imposible saber que tipo de prestación le correspondía por ley".
Asimismo, rechazó una posible modificación de la normativa en este sentido e hizo hincapié en que ésta reconoce derechos "individuales", de modo que el PIA "prevé ayudas al individuo y para establecer el copago se tiene en cuenta los ingresos del posible beneficiario, no del entorno".
Fuente: Europa Press
LA JUNTA DE EXTREMADURA RESPONDE A LA RESPONSABLE DE ASUNTOS SOCIALES DEL PP
Junta afirma que de 30.000 expedientes presentados para prestaciones por dependencia, 2.000 están pendientes de valorar
La Consejería de Sanidad y Dependencia de la Junta de Extremadura afirmó hoy que de los "30.000 expedientes" presentados a fecha del pasado 1 de agosto para recibir prestaciones de la Ley de Dependencia, "solamente 2.000 están pendientes de valoración".
La Adminstración regional respondió así en nota de prensa a las declaraciones efectuadas sobre la Ley de Dependencia por la responsable de Asuntos Sociales del PP de Extremadura y diputada en la Asamblea autonómica, Cristina Herrera, y quiso dejar "claro" que "no hay paralización ni congelación en los procedimientos y en la atención a las personas susceptibles de recibir cobertura por la Ley 39/2006".
"El procedimiento de por si es lento dado que se trata de reconocer un derecho que es de por vida y garantiza una situación de protección permanente", explicó el Gobierno regional. Y es que, "tal y como ya viene siendo costumbre", añadió, el PP "utiliza la demagogia para confundir a la ciudadanía y emitir interesadamente datos erróneos" relacionados con la puesta en marcha de la Ley de Dependencia en la comunidad autónoma.
Así, explicó que "de los 30.000 expedientes presentados por los ciudadanos a la fecha marcada por el PP, solamente 2.000 están pendientes de valoración y se calcula que a lo largo del mes de septiembre estas valoraciones estarán al día".
La Administración regional indicó que "desde la puesta en marcha de la ley, más de 9.000 servicios han atendido a algo más de 8.000 ciudadanos" en la comunidad extremeña, cifra que "sigue creciendo día a día".
El resto de expedientes de ciudadanos con derecho se encuentran "dentro del proceso para que puedan acceder a las prestaciones, si bien conviene aclarar que muchos de ellos ya están recibiendo algún tipo de servicio o prestación análogos a los que la Ley de la Dependencia garantiza" como "Plan Concilia, ayuda a domicilio, centros de día, residencias de mayores y toda la red de atención a las personas con discapacidad".
La Junta explicó que "se hace necesario, por tanto, que, de una vez por todas, los portavoces 'populares' diferencien entre atención y prestación". "La atención llega, en nuestra comunidad autónoma, incluso a muchos ciudadanos que no estarían, por sus condiciones de dependencia, dentro del sistema de protección que la ley garantiza", apuntó al respecto.
Por último, el Ejecutivo regional negó que, "en absoluto", se encuentren "paralizadas" las políticas sociales de la Junta de Extremadura, y añadió que, "pese a la situación de crisis, la Administración regional reafirma su compromiso con la puesta en marcha de la ley a través de la ampliación de las partidas presupuestarias de 44 millones de euros, como así lo anunció el propio presidente de la Junta en la Asamblea de Extremadura, en el transcurso del debate sobre el Estado de la región celebrado en el pasado mes de junio".
"No existe, por tanto, inactividad, sino todo lo contrario; existe un esfuerzo extraordinario, tanto humano como económico, para que, en el menor tiempo posible, las personas con derecho estén atendidas y queden bajo la cobertura de la Ley 39/2006", concluyó.
Fuente: europapress.es
La Consejería de Sanidad y Dependencia de la Junta de Extremadura afirmó hoy que de los "30.000 expedientes" presentados a fecha del pasado 1 de agosto para recibir prestaciones de la Ley de Dependencia, "solamente 2.000 están pendientes de valoración".
La Adminstración regional respondió así en nota de prensa a las declaraciones efectuadas sobre la Ley de Dependencia por la responsable de Asuntos Sociales del PP de Extremadura y diputada en la Asamblea autonómica, Cristina Herrera, y quiso dejar "claro" que "no hay paralización ni congelación en los procedimientos y en la atención a las personas susceptibles de recibir cobertura por la Ley 39/2006".
"El procedimiento de por si es lento dado que se trata de reconocer un derecho que es de por vida y garantiza una situación de protección permanente", explicó el Gobierno regional. Y es que, "tal y como ya viene siendo costumbre", añadió, el PP "utiliza la demagogia para confundir a la ciudadanía y emitir interesadamente datos erróneos" relacionados con la puesta en marcha de la Ley de Dependencia en la comunidad autónoma.
Así, explicó que "de los 30.000 expedientes presentados por los ciudadanos a la fecha marcada por el PP, solamente 2.000 están pendientes de valoración y se calcula que a lo largo del mes de septiembre estas valoraciones estarán al día".
La Administración regional indicó que "desde la puesta en marcha de la ley, más de 9.000 servicios han atendido a algo más de 8.000 ciudadanos" en la comunidad extremeña, cifra que "sigue creciendo día a día".
El resto de expedientes de ciudadanos con derecho se encuentran "dentro del proceso para que puedan acceder a las prestaciones, si bien conviene aclarar que muchos de ellos ya están recibiendo algún tipo de servicio o prestación análogos a los que la Ley de la Dependencia garantiza" como "Plan Concilia, ayuda a domicilio, centros de día, residencias de mayores y toda la red de atención a las personas con discapacidad".
La Junta explicó que "se hace necesario, por tanto, que, de una vez por todas, los portavoces 'populares' diferencien entre atención y prestación". "La atención llega, en nuestra comunidad autónoma, incluso a muchos ciudadanos que no estarían, por sus condiciones de dependencia, dentro del sistema de protección que la ley garantiza", apuntó al respecto.
Por último, el Ejecutivo regional negó que, "en absoluto", se encuentren "paralizadas" las políticas sociales de la Junta de Extremadura, y añadió que, "pese a la situación de crisis, la Administración regional reafirma su compromiso con la puesta en marcha de la ley a través de la ampliación de las partidas presupuestarias de 44 millones de euros, como así lo anunció el propio presidente de la Junta en la Asamblea de Extremadura, en el transcurso del debate sobre el Estado de la región celebrado en el pasado mes de junio".
"No existe, por tanto, inactividad, sino todo lo contrario; existe un esfuerzo extraordinario, tanto humano como económico, para que, en el menor tiempo posible, las personas con derecho estén atendidas y queden bajo la cobertura de la Ley 39/2006", concluyó.
Fuente: europapress.es
JAEN. LA LEY DE DEPENDENCIA GENERA 700 EMPLEOS
La Ley de Dependencia genera 700 empleos en la provincia en los peores años de la crisis
Dejando aparte los retrasos y otra serie de críticas, la Ley de Dependencia ha supuesto un antes y un después en la calidad de vida, no sólo de las personas incapaces de valerse por si mismas, sino, y sobre todo, de sus cuidadores.
Con el dinero que les llega de la Junta de Andalucía pueden permitirse contratar a una persona durante unas horas para que les ayude o simplemente contar con un dinero para productos necesarios en ese cuidado o como recompensa por el trabajo diario que realizan.
Pero esta Ley también ha marcado un cambio de importancia en la vida de aproximadamente un millar de personas en toda la provincia de Jaén a las que ha dado un puesto de trabajo, coincidiendo, además, con los años de mayor dificultad económica. El balance al ecuador del mandato, realizado por el área de Igualdad y Bienestar Social de la Diputación Provincial (encargada de la contratación de ese personal en los 86 municipios de la provincia con menos de 20.000 habitantes) así lo demuestra.
En los presupuestos de la Diputación para 2007, justo antes de la entrada en vigor de la Ley de Dependencia, se contemplaba una partida de ayuda a domicilio de 4 millones de euros para dar servicio a 1.481 personas, con lo que se requería de 280 puestos de trabajo.
En estos dos años esa partida ha aumentado un 450 por ciento y en 2009 suma 23,5 millones de euros. Con ese dinero se presta atención a 2.971 dependientes en la provincia y se ha contratado a 835 personas. Una cifra que seguirá creciendo y que llegará al millar de empleos antes de que finalice este año, según ha explicado el diputado de Igualdad y Bienestar Social, Manuel Fernández.
Pero el trabajo de este área en los últimos dos años no se ha centrado sólo en la dependencia. «Hemos tenido otra prioridad, dar la máxima cobertura a los servicios sociales para que puedan atender a las familias que se encuentran en una situación de dificultad debido a la crisis».
En este sentido, se ha aumentado el apoyo a las familias para que cubran las necesidades básicas de sus hijos. Se ha ampliado el umbral de acceso a una prestación económica. Ahora las familias que tengan hasta un máximo de 800 euros de ingresos pueden acogerse a esta ayuda.
También las cuantías de las ayudas se han subido. Los beneficiarios cobrarán un 25 por ciento más de lo que les corresponda, en función de sus ingresos y el número de hijos.
La Diputación, según explicaba Fernández, ha suscrito un convenio con el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Jaén para dar más calidad al programa de alimentación infantil.
Alzheimer
Y en relación con el alzheimer, han trabajado en la implantación de un nuevo programa para familiares y personas enfermas (Alexia) con un presupuesto de 160.000 euros para 2008 y 2009. Esto ha estado acompañado de la realización de talleres de memoria, estimulación cognitiva y apoyo a los cuidadores de estos enfermos.
Fuente: ideal.es
Dejando aparte los retrasos y otra serie de críticas, la Ley de Dependencia ha supuesto un antes y un después en la calidad de vida, no sólo de las personas incapaces de valerse por si mismas, sino, y sobre todo, de sus cuidadores.
Con el dinero que les llega de la Junta de Andalucía pueden permitirse contratar a una persona durante unas horas para que les ayude o simplemente contar con un dinero para productos necesarios en ese cuidado o como recompensa por el trabajo diario que realizan.
Pero esta Ley también ha marcado un cambio de importancia en la vida de aproximadamente un millar de personas en toda la provincia de Jaén a las que ha dado un puesto de trabajo, coincidiendo, además, con los años de mayor dificultad económica. El balance al ecuador del mandato, realizado por el área de Igualdad y Bienestar Social de la Diputación Provincial (encargada de la contratación de ese personal en los 86 municipios de la provincia con menos de 20.000 habitantes) así lo demuestra.
En los presupuestos de la Diputación para 2007, justo antes de la entrada en vigor de la Ley de Dependencia, se contemplaba una partida de ayuda a domicilio de 4 millones de euros para dar servicio a 1.481 personas, con lo que se requería de 280 puestos de trabajo.
En estos dos años esa partida ha aumentado un 450 por ciento y en 2009 suma 23,5 millones de euros. Con ese dinero se presta atención a 2.971 dependientes en la provincia y se ha contratado a 835 personas. Una cifra que seguirá creciendo y que llegará al millar de empleos antes de que finalice este año, según ha explicado el diputado de Igualdad y Bienestar Social, Manuel Fernández.
Pero el trabajo de este área en los últimos dos años no se ha centrado sólo en la dependencia. «Hemos tenido otra prioridad, dar la máxima cobertura a los servicios sociales para que puedan atender a las familias que se encuentran en una situación de dificultad debido a la crisis».
En este sentido, se ha aumentado el apoyo a las familias para que cubran las necesidades básicas de sus hijos. Se ha ampliado el umbral de acceso a una prestación económica. Ahora las familias que tengan hasta un máximo de 800 euros de ingresos pueden acogerse a esta ayuda.
También las cuantías de las ayudas se han subido. Los beneficiarios cobrarán un 25 por ciento más de lo que les corresponda, en función de sus ingresos y el número de hijos.
La Diputación, según explicaba Fernández, ha suscrito un convenio con el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Jaén para dar más calidad al programa de alimentación infantil.
Alzheimer
Y en relación con el alzheimer, han trabajado en la implantación de un nuevo programa para familiares y personas enfermas (Alexia) con un presupuesto de 160.000 euros para 2008 y 2009. Esto ha estado acompañado de la realización de talleres de memoria, estimulación cognitiva y apoyo a los cuidadores de estos enfermos.
Fuente: ideal.es
EXTREMADURA. EL PP AFIRMA QUE LA LEY DE DEPENDENCIA ESTA PARALIZADA
Los populares denuncian que la paralización del Gobierno regional en la adjudicación de las ayudas de esta normativa evidencia que la política social del Ejecutivo de Fernández Vara “es un fracaso en todos sus aspectos”.
La Responsable de Asuntos Sociales y Dependencia del PP regional, Cristina Herrera Santa Cecilia, ha denunciado este martes que los datos hechos públicos por el Ministerio de Sanidad y Política Social el pasado 1 de agosto, revelan que en Extremadura hay alrededor de 10.000 personas con derecho a prestación que todavía no reciben ayudas por parte de la Junta.
En este sentido, durante una rueda de prensa celebrada en Mérida, la diputada popular ha dado a conocer que los datos del Ministerio de Sanidad establecen que de las 18.955 personas a las cuales se les ha concedido el derecho a recibir las ayudas establecidas en la Ley de Dependencia, sólo 8.708 personas están recibiendo a día de hoy tales ayudas.
Por otro lado, la Responsable de Dependencia del PP ha hecho hincapié en que si bien la Junta de Extremadura creó en noviembre de 2008 el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD) para gestionar la Dependencia, lejos de agilizar el proyecto, se están incrementado las solicitudes sin resolver.
A su vez, la diputada popular ha manifestado que los problemas de la Ley de Dependencia se irán agravando, ya que cuando se creó esta normativa sólo debían atenderse las personas dependientes de segundo y tercer grado, pero con el paso del tiempo dicha ley ofrece cobertura a personas con dependencia moderadas.
Por ello, desde el Partido Popular consideran que cuando en 2012 la Junta de Extremadura deba prestar coberturas a todos los beneficiarios se producirá una situación de "caos".
Finalmente, bajo el punto de vista del PP de Extremadura, esta congelación de la Ley de la Dependencia trae consigo una serie de "resultados inactivos" como la creación de muchos puestos de trabajo.
Fuente: regionaldigital.com
La Responsable de Asuntos Sociales y Dependencia del PP regional, Cristina Herrera Santa Cecilia, ha denunciado este martes que los datos hechos públicos por el Ministerio de Sanidad y Política Social el pasado 1 de agosto, revelan que en Extremadura hay alrededor de 10.000 personas con derecho a prestación que todavía no reciben ayudas por parte de la Junta.
En este sentido, durante una rueda de prensa celebrada en Mérida, la diputada popular ha dado a conocer que los datos del Ministerio de Sanidad establecen que de las 18.955 personas a las cuales se les ha concedido el derecho a recibir las ayudas establecidas en la Ley de Dependencia, sólo 8.708 personas están recibiendo a día de hoy tales ayudas.
Por otro lado, la Responsable de Dependencia del PP ha hecho hincapié en que si bien la Junta de Extremadura creó en noviembre de 2008 el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD) para gestionar la Dependencia, lejos de agilizar el proyecto, se están incrementado las solicitudes sin resolver.
A su vez, la diputada popular ha manifestado que los problemas de la Ley de Dependencia se irán agravando, ya que cuando se creó esta normativa sólo debían atenderse las personas dependientes de segundo y tercer grado, pero con el paso del tiempo dicha ley ofrece cobertura a personas con dependencia moderadas.
Por ello, desde el Partido Popular consideran que cuando en 2012 la Junta de Extremadura deba prestar coberturas a todos los beneficiarios se producirá una situación de "caos".
Finalmente, bajo el punto de vista del PP de Extremadura, esta congelación de la Ley de la Dependencia trae consigo una serie de "resultados inactivos" como la creación de muchos puestos de trabajo.
Fuente: regionaldigital.com
sábado, 22 de agosto de 2009
MELILLA. "LA LEY DE DEPENDENCIA GENERA EMPLEO Y RIQUEZA"
“La Ley de Dependencia es una herramienta para hacer frente a la actual coyuntura económica, por su capacidad para generar empleo y crear riqueza”. Así de contundente se mostró ayer la diputada del Grupo Socialista, Celia Sarompas, que aseveró que, en situación de crisis, es “aún más necesaria” la Ley de Dependencia porque ayuda a “activar la economía y el empleo”.
La diputada del Grupo Socialista, Celia Sarompas, destacó ayer que la aplicación de la Ley de la Dependencia, además de dar respuesta a las demandas de los ciudadanos en la prestación de servicios, "es también una herramienta para hacer frente a la actual coyuntura económica, por su capacidad para generar empleo y para crear riqueza".
En este sentido, la socialista abogó por un "cambio de cultura económica" y por pensar en el desarrollo de las políticas sociales como políticas productivas y no como gasto, "que es como son consideradas por la derecha", subrayó.
Al hilo, Sarompas defendió que la actual situación de crisis "hace aún más necesaria la Ley de Dependencia", porque es buena para las personas en situación de dependencia y sus familias, así como "para activar la economía y el empleo".
De hecho, a través de una nota de prensa, argumentó que los países que apuestan por el fortalecimiento de sus políticas sociales y del Estado del Bienestar "resisten mejor las crisis", poniendo en valor el "esfuerzo inversor" del Gobierno central, señalando que en 2009, el Ejecutivo va a destinar casi 2.000 millones de euros a la Ley de Dependencia, un 124% más que en 2008.
Fuente: melillahoy.es
La diputada del Grupo Socialista, Celia Sarompas, destacó ayer que la aplicación de la Ley de la Dependencia, además de dar respuesta a las demandas de los ciudadanos en la prestación de servicios, "es también una herramienta para hacer frente a la actual coyuntura económica, por su capacidad para generar empleo y para crear riqueza".
En este sentido, la socialista abogó por un "cambio de cultura económica" y por pensar en el desarrollo de las políticas sociales como políticas productivas y no como gasto, "que es como son consideradas por la derecha", subrayó.
Al hilo, Sarompas defendió que la actual situación de crisis "hace aún más necesaria la Ley de Dependencia", porque es buena para las personas en situación de dependencia y sus familias, así como "para activar la economía y el empleo".
De hecho, a través de una nota de prensa, argumentó que los países que apuestan por el fortalecimiento de sus políticas sociales y del Estado del Bienestar "resisten mejor las crisis", poniendo en valor el "esfuerzo inversor" del Gobierno central, señalando que en 2009, el Ejecutivo va a destinar casi 2.000 millones de euros a la Ley de Dependencia, un 124% más que en 2008.
Fuente: melillahoy.es
viernes, 21 de agosto de 2009
CASTILLA Y LEON. "EN LA FINANCIACION DE LA LEY DEBEN PRIMAR LOS SERVICIOS A LAS PRESTACIONES"
La Junta de CyL dice que en la financiación de la ley deben primar los servicios a las prestaciones
La gerente de Servicios Sociales de Castilla y León, Milagros Marcos, incidió en la importancia de los distintos servicios de ayuda para "aliviar" a las personas, en la mayoría de los casos familiares, que se dedican a atender a ciudadanos en situación de dependencia, por lo que consideró que la financiación de la norma deberían primar los servicios a las prestaciones.
Así lo señaló la gerente en Santander, donde participó en las Jornadas 'Género, envejecimiento y autonomía personal' dentro de los Cursos de la Universidad Internacional 'Menéndez Pelayo. "El actual sistema de financiación de la Ley de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia no contribuye a la conciliación de la vida laboral y familiar puesto que no contempla el coste de los servicios necesarios para apoyar a los cuidadores familiares", manifestó.
Para la gerente de Servicios Sociales de Castilla y León, los servicios sociales de proximidad, como ayuda a domicilio, la 'teleasistencia' o los centros de día, suponen una herramienta "muy eficaz" porque, a su juicio, "se alivian notablemente las situaciones de cansancio de las personas cuidadoras y generan puestos de trabajo permanentes".
Asimismo, Marcos señaló que la prestación de servicios adicionales de formación y respiro, junto a la investigación e innovación en nuevas tecnologías, también ayudan a conciliar la vida laboral y familiar de los cuidadores familiares".
Fuente: europapress.es
La gerente de Servicios Sociales de Castilla y León, Milagros Marcos, incidió en la importancia de los distintos servicios de ayuda para "aliviar" a las personas, en la mayoría de los casos familiares, que se dedican a atender a ciudadanos en situación de dependencia, por lo que consideró que la financiación de la norma deberían primar los servicios a las prestaciones.
Así lo señaló la gerente en Santander, donde participó en las Jornadas 'Género, envejecimiento y autonomía personal' dentro de los Cursos de la Universidad Internacional 'Menéndez Pelayo. "El actual sistema de financiación de la Ley de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia no contribuye a la conciliación de la vida laboral y familiar puesto que no contempla el coste de los servicios necesarios para apoyar a los cuidadores familiares", manifestó.
Para la gerente de Servicios Sociales de Castilla y León, los servicios sociales de proximidad, como ayuda a domicilio, la 'teleasistencia' o los centros de día, suponen una herramienta "muy eficaz" porque, a su juicio, "se alivian notablemente las situaciones de cansancio de las personas cuidadoras y generan puestos de trabajo permanentes".
Asimismo, Marcos señaló que la prestación de servicios adicionales de formación y respiro, junto a la investigación e innovación en nuevas tecnologías, también ayudan a conciliar la vida laboral y familiar de los cuidadores familiares".
Fuente: europapress.es
COMUNIDAD VALENCIANA. LAS QUEJAS SATURAN AL SINDIC
Las quejas por el retraso en la Ley de Dependencia saturan al Síndic
Las trabas del Consell a aplicar la Ley de Dependencia, aprobada en diciembre de 2006, ha tenido hasta ahora su correlato en protestas y movilizaciones de los colectivos de afectados y denuncias de la oposición.
La estadística de la Sindicatura de Greuges da ahora la razón a este movimiento social que ha clamado contra de la pasividad de la Generalitat al ejecutar la norma. Entre enero y julio de este año el 72% de las quejas resueltas por este organismo hacen referencia al incumplimiento de la citada ley, según denunció ayer la sección de CC OO en L'Alacantí-Les Marines de acuerdo con los datos oficiales de la Sindicatura.
El sindicato considera un "escándalo" que de las 982 recomendaciones emitidas en los siete primeros meses de 2009 a diferentes instituciones públicas, 706 refieran directamente al incumplimiento de una aplicación que es responsabilidad de la Consejería de Bienestar Social que dirige Juan Cotino.
"Los datos reflejan de forma muy evidente la situación de miles de personas con algún tipo de dependencia, que teniendo derecho a una serie de prestaciones que faciliten su autonomía personal, no pueden acceder a las mismas de manera ágil por la lentitud y la inoperancia de la consejería a la hora de gestionar en tiempo y formas las solicitudes registradas desde la entrada en vigor de la nueva ley", lamenta Salvador Roig, responsable de Comunicación y Formación de este sindicato en la comarca.
El análisis de las quejas resueltas por la institución, que ocupa desde marzo de este año José Cholbi, indica que la mayoría de reclamaciones de las personas dependientes obedecen al retraso de las prestaciones contempladas en la cartera de servicios de la norma, explica Roig.
El dirigente sindical destaca que otra casuística habitual es la de personas que habiendo solicitado las ayudas han fallecido sin recibir respuesta de la Generalitat, y también "existen decenas" de reclamaciones relativas al pago retroactivo de las ayudas económicas.
En sus resoluciones, el Síndic reclama el pago de las prestaciones solicitadas por los dependientes fallecidos a los familiares.
Así, por ejemplo, en una de las respuestas de mayo de este año, Cholbi refiere a una queja iniciada por una mujer que en mayo de 2007 solicitó su propia valoración y que falleció a finales del año 2008 sin haber recibido las correspondientes prestaciones.
Y en su resolución recomienda a la Consejería de Bienestar Social que "a la mayor brevedad posible" resuelva el expediente en cuestión "reconociendo las prestaciones económicas que hubieran correspondido a la persona dependiente, desde el día siguiente al de la solicitud hasta la fecha del fallecimiento, y se notifique a los familiares posibles causahabientes a fin de que ejerzan lo que a su derecho convenga".
Roig, en cualquier caso, lamenta que a pesar de que los expedientes resueltos por Cholbi y previamente por su predecesora Emilia Caballero sobre los "diferentes incumplimientos" de la norma y a la "gran cantidad" de resoluciones en las que "se pone en evidencia" el incumplimiento de la misma por parte de la Generalitat, "Bienestar Social sigue obviando las recomendaciones de la Sindicatura". El responsable sindical valenciano califica esta actitud de "inadmisible" por parte del ejecutivo autonómico.
Y a renglón seguido exige un cambio de actitud al Consell. Roig reclama otra forma de gestionar una materia tan sensible "que está vulnerando un derecho esencial para las personas mayores o con discapacidad que necesitan ayuda para realizar las actividades básicas de la vida diaria".
46.689 solicitudes
En la Comunidad Valenciana había a fecha 1 de agosto de este año un total de 46.689 solicitudes de ayuda cursadas por dependientes, cifra que supone el 4,51% de todas las peticiones de apoyo económico realizadas en España, según los últimos datos del Imserso. Y 34.558 de estos peticionarios son beneficiarios que tienen derecho a recibir prestación. Pese a ello, 13.245 dependientes que ya han sido evaluados están pendientes en la actualidad de recibir las ayudas correspondientes por parte del Consell.
La mayor línea de ayudas a los dependientes en la Comunidad Valenciana se canaliza a través de los cuidados familiares y, en segundo lugar, a la atención residencial, siempre según las mismas fuentes.
Fuente: elpais.com
Las trabas del Consell a aplicar la Ley de Dependencia, aprobada en diciembre de 2006, ha tenido hasta ahora su correlato en protestas y movilizaciones de los colectivos de afectados y denuncias de la oposición.
La estadística de la Sindicatura de Greuges da ahora la razón a este movimiento social que ha clamado contra de la pasividad de la Generalitat al ejecutar la norma. Entre enero y julio de este año el 72% de las quejas resueltas por este organismo hacen referencia al incumplimiento de la citada ley, según denunció ayer la sección de CC OO en L'Alacantí-Les Marines de acuerdo con los datos oficiales de la Sindicatura.
El sindicato considera un "escándalo" que de las 982 recomendaciones emitidas en los siete primeros meses de 2009 a diferentes instituciones públicas, 706 refieran directamente al incumplimiento de una aplicación que es responsabilidad de la Consejería de Bienestar Social que dirige Juan Cotino.
"Los datos reflejan de forma muy evidente la situación de miles de personas con algún tipo de dependencia, que teniendo derecho a una serie de prestaciones que faciliten su autonomía personal, no pueden acceder a las mismas de manera ágil por la lentitud y la inoperancia de la consejería a la hora de gestionar en tiempo y formas las solicitudes registradas desde la entrada en vigor de la nueva ley", lamenta Salvador Roig, responsable de Comunicación y Formación de este sindicato en la comarca.
El análisis de las quejas resueltas por la institución, que ocupa desde marzo de este año José Cholbi, indica que la mayoría de reclamaciones de las personas dependientes obedecen al retraso de las prestaciones contempladas en la cartera de servicios de la norma, explica Roig.
El dirigente sindical destaca que otra casuística habitual es la de personas que habiendo solicitado las ayudas han fallecido sin recibir respuesta de la Generalitat, y también "existen decenas" de reclamaciones relativas al pago retroactivo de las ayudas económicas.
En sus resoluciones, el Síndic reclama el pago de las prestaciones solicitadas por los dependientes fallecidos a los familiares.
Así, por ejemplo, en una de las respuestas de mayo de este año, Cholbi refiere a una queja iniciada por una mujer que en mayo de 2007 solicitó su propia valoración y que falleció a finales del año 2008 sin haber recibido las correspondientes prestaciones.
Y en su resolución recomienda a la Consejería de Bienestar Social que "a la mayor brevedad posible" resuelva el expediente en cuestión "reconociendo las prestaciones económicas que hubieran correspondido a la persona dependiente, desde el día siguiente al de la solicitud hasta la fecha del fallecimiento, y se notifique a los familiares posibles causahabientes a fin de que ejerzan lo que a su derecho convenga".
Roig, en cualquier caso, lamenta que a pesar de que los expedientes resueltos por Cholbi y previamente por su predecesora Emilia Caballero sobre los "diferentes incumplimientos" de la norma y a la "gran cantidad" de resoluciones en las que "se pone en evidencia" el incumplimiento de la misma por parte de la Generalitat, "Bienestar Social sigue obviando las recomendaciones de la Sindicatura". El responsable sindical valenciano califica esta actitud de "inadmisible" por parte del ejecutivo autonómico.
Y a renglón seguido exige un cambio de actitud al Consell. Roig reclama otra forma de gestionar una materia tan sensible "que está vulnerando un derecho esencial para las personas mayores o con discapacidad que necesitan ayuda para realizar las actividades básicas de la vida diaria".
46.689 solicitudes
En la Comunidad Valenciana había a fecha 1 de agosto de este año un total de 46.689 solicitudes de ayuda cursadas por dependientes, cifra que supone el 4,51% de todas las peticiones de apoyo económico realizadas en España, según los últimos datos del Imserso. Y 34.558 de estos peticionarios son beneficiarios que tienen derecho a recibir prestación. Pese a ello, 13.245 dependientes que ya han sido evaluados están pendientes en la actualidad de recibir las ayudas correspondientes por parte del Consell.
La mayor línea de ayudas a los dependientes en la Comunidad Valenciana se canaliza a través de los cuidados familiares y, en segundo lugar, a la atención residencial, siempre según las mismas fuentes.
Fuente: elpais.com
GALICIA. PPdeG ANALIZARA LAS CARENCIAS APLICACION LEY DEPENDENCIA
Comité de Ciudades de PPdeG analizará "carencias" aplicación Ley Dependencia
El portavoz del PPdeG, Antonio Rodríguez Miranda, ha anunciado hoy una reunión del Comité de Ciudades de este partido a comienzos de septiembre, para tratar, entre otras cuestiones, las "carencias y deficiencias" existentes en la aplicación de la Ley de Dependencia en Galicia.
Entre estas "carencias", Rodríguez Miranda hizo hincapié, en rueda de prensa, en la "insuficiencia financiera" motivada porque el Gobierno central no tuvo en cuenta el envejecimiento y la dispersión de la población gallega en el reparto de fondos.
El diputado del PPdeG también destacó la necesidad de una "altísima implicación" de los ayuntamientos en la aplicación de esta Ley, y criticó que el anterior Ejecutivo de la Xunta, la coalición PSdeG-BNG, "dejó de lado" a los gobiernos municipales, lo que impidió "conseguir una mayor rapidez" en la gestión de estas ayudas.
El Comité de Ciudades del PPdeG está formado por representantes de este partido en los ayuntamientos de las siete principales ciudades gallegas, y, en lo que será su segunda reunión, planteará una serie de propuestas relativas a la movilidad sostenible, al Xacobeo 2010 y a políticas sociales.
Este grupo abordará los "problemas" existentes en las infraestructuras gallegas y planteará propuestas para mejorar el transporte público, cuyo "deterioro" achacó Rodríguez Miranda a la "parálisis" del Gobierno bipartito.
El portavoz del PPdeG también anunció que el comité estudiará la situación del tren de cercanías en Galicia, y planteará la creación de un órgano gestor de cercanías.
Asimismo, el diputado destacó que hay "muchas expectativas" puestas en el Xacobeo 2010, y subrayó que "con esta situación económica" deben convertirse en realidad e implicar a todas las ciudades gallegas.
En la reunión también se abordará la creación de una "auténtica red cultural" para la promoción del Año Santo y el fomento de la participación de los jóvenes y escolares en la promoción del Xacobeo como "elemento unificador de Galicia".
Fuente: EFE
El portavoz del PPdeG, Antonio Rodríguez Miranda, ha anunciado hoy una reunión del Comité de Ciudades de este partido a comienzos de septiembre, para tratar, entre otras cuestiones, las "carencias y deficiencias" existentes en la aplicación de la Ley de Dependencia en Galicia.
Entre estas "carencias", Rodríguez Miranda hizo hincapié, en rueda de prensa, en la "insuficiencia financiera" motivada porque el Gobierno central no tuvo en cuenta el envejecimiento y la dispersión de la población gallega en el reparto de fondos.
El diputado del PPdeG también destacó la necesidad de una "altísima implicación" de los ayuntamientos en la aplicación de esta Ley, y criticó que el anterior Ejecutivo de la Xunta, la coalición PSdeG-BNG, "dejó de lado" a los gobiernos municipales, lo que impidió "conseguir una mayor rapidez" en la gestión de estas ayudas.
El Comité de Ciudades del PPdeG está formado por representantes de este partido en los ayuntamientos de las siete principales ciudades gallegas, y, en lo que será su segunda reunión, planteará una serie de propuestas relativas a la movilidad sostenible, al Xacobeo 2010 y a políticas sociales.
Este grupo abordará los "problemas" existentes en las infraestructuras gallegas y planteará propuestas para mejorar el transporte público, cuyo "deterioro" achacó Rodríguez Miranda a la "parálisis" del Gobierno bipartito.
El portavoz del PPdeG también anunció que el comité estudiará la situación del tren de cercanías en Galicia, y planteará la creación de un órgano gestor de cercanías.
Asimismo, el diputado destacó que hay "muchas expectativas" puestas en el Xacobeo 2010, y subrayó que "con esta situación económica" deben convertirse en realidad e implicar a todas las ciudades gallegas.
En la reunión también se abordará la creación de una "auténtica red cultural" para la promoción del Año Santo y el fomento de la participación de los jóvenes y escolares en la promoción del Xacobeo como "elemento unificador de Galicia".
Fuente: EFE
martes, 18 de agosto de 2009
MURCIA. PSOE CRITICA EL RETRASO DEL GOBIERNO REGIONAL
PSOE critica el retraso del Gobierno regional en aplicación de la ley de Dependencia
La diputada regional socialista Lola Hernández ha criticado hoy que el Gobierno regional "va muy retrasado" en la gestión del sistema de atención a la dependencia y que aún "no ha regulado la ayuda a domicilio" que deben recibir los beneficiarios de esa ley estatal.
En un comunicado, ha señalado que ninguna de las 9.083 personas beneficiarias del sistema de atención a la dependencia en la Región "reciben ayuda a domicilio".
Asimismo, ha indicado que las prestaciones básicas del plan concertado de la Comunidad, que gestionan las entidades locales y entre las que se encuentra la atención a domicilio, tienen el grado de intensidad horaria mensual que marca la ley.
"Los horarios de estos servicios deben de estar en función del programa individual de atención, dentro de los intervalos que marca la ley, según el grado y el nivel de dependencia", ha explicado.
La diputada ha concluido que los posible beneficiarios de este servicio que acuden a la consejería de Política Social, Mujer e Inmigración a pedir la ayuda a domicilio "pasan meses sin obtener respuesta".
Fuente: soitu.es
La diputada regional socialista Lola Hernández ha criticado hoy que el Gobierno regional "va muy retrasado" en la gestión del sistema de atención a la dependencia y que aún "no ha regulado la ayuda a domicilio" que deben recibir los beneficiarios de esa ley estatal.
En un comunicado, ha señalado que ninguna de las 9.083 personas beneficiarias del sistema de atención a la dependencia en la Región "reciben ayuda a domicilio".
Asimismo, ha indicado que las prestaciones básicas del plan concertado de la Comunidad, que gestionan las entidades locales y entre las que se encuentra la atención a domicilio, tienen el grado de intensidad horaria mensual que marca la ley.
"Los horarios de estos servicios deben de estar en función del programa individual de atención, dentro de los intervalos que marca la ley, según el grado y el nivel de dependencia", ha explicado.
La diputada ha concluido que los posible beneficiarios de este servicio que acuden a la consejería de Política Social, Mujer e Inmigración a pedir la ayuda a domicilio "pasan meses sin obtener respuesta".
Fuente: soitu.es
NI BASURA NI LA GRAN PANACEA
«La ley no es una basura, pero tampoco es la gran panacea»
La dura experiencia familiar de Concha Cuesta y su hija dependiente
«Todo es mejorable. La ley de Dependencia no es una basura, pero tampoco la gran panacea». Es la opinión de Concha Cuesta Iglesias, de 49 años.
Concha es la madre de una joven de 21, que hace seis fue atropellada por un coche. Tras un traumatismo craneoencefálico severo y cinco meses en coma, «a partir de ahí trabajo, trabajo y más trabajo», afirma Concha.
El accidente de su hija cambió la vida de Concha radicalmente. Su marido empezó a recibir una pensión por tener un hijo a cargo que no puede trabajar. Una cantidad de 500 euros. Sin embargo, Concha se vio obligada a dejar su trabajo para atender a su hija.
Cuando se anunció la aprobación de la ley de Dependencia se hablaba de que los beneficiarios percibirían entre 700 y 800 euros, y ahí está el problema.
«Esta ley se vendió muy bien y había gente que esperaba mucho. Otros no esperábamos nada porque nos dábamos cuenta de que la Seguridad Social no tiene dinero».
Tras la valoración efectuada a su hija para determinar el nivel de dependencia, a Concha le ofrecieron una ayuda económica como cuidadora de su hija. Le asignaron 168 euros mensuales: «La cantidad es irrisoria, pero menos es nada».
La explicación para esta cifra es que cuando una persona solicita esta ayuda no se tiene en cuenta el nivel económico de la familia, sino el grado de dependencia de la persona a la que se le concede. Por eso, «sumando los 500 euros de mi marido, más los 168 que yo recibo, más lo que están pagando por mi cotización a la Seguridad Social, salen 700 u 800 euros, la cantidad de la que se hablaba cuando la ley salió a la luz», explica Concha.
La ley de Dependencia es la única ayuda que existe para las personas que viven una situación similar a la de Concha. « En el momento en que mi hija tuvo el accid
ente, nos dijeron lo que tenía y a partir de ahí búscate la vida», recuerda Concha. Fue su familia la que se encargó de buscar un fisioterapeuta y un logopeda para que vinieran a su casa. Después, desde hace tres años, la hija de Concha hace rehabilitación en «Neurocrea». «Todos los días cinco horas, excepto una tarde a la semana que nos la tomamos de descanso», explica Concha. Además, por las tardes su hija realiza actividades que en algunos aspectos son lúdicas, como pintura o Pilates. Todo buscado y pagado por ella.
Concha pide eliminar barreras arquitectónicas, que se respeten las plazas para minusválidos o que se habiliten los centros de ocio. «Hay que pensar en ellos, porque aunque estén limitados no se les acabó la vida».
Fuente: sociedad. La Nueva España lne.es
La dura experiencia familiar de Concha Cuesta y su hija dependiente
«Todo es mejorable. La ley de Dependencia no es una basura, pero tampoco la gran panacea». Es la opinión de Concha Cuesta Iglesias, de 49 años.
Concha es la madre de una joven de 21, que hace seis fue atropellada por un coche. Tras un traumatismo craneoencefálico severo y cinco meses en coma, «a partir de ahí trabajo, trabajo y más trabajo», afirma Concha.
El accidente de su hija cambió la vida de Concha radicalmente. Su marido empezó a recibir una pensión por tener un hijo a cargo que no puede trabajar. Una cantidad de 500 euros. Sin embargo, Concha se vio obligada a dejar su trabajo para atender a su hija.
Cuando se anunció la aprobación de la ley de Dependencia se hablaba de que los beneficiarios percibirían entre 700 y 800 euros, y ahí está el problema.
«Esta ley se vendió muy bien y había gente que esperaba mucho. Otros no esperábamos nada porque nos dábamos cuenta de que la Seguridad Social no tiene dinero».
Tras la valoración efectuada a su hija para determinar el nivel de dependencia, a Concha le ofrecieron una ayuda económica como cuidadora de su hija. Le asignaron 168 euros mensuales: «La cantidad es irrisoria, pero menos es nada».
La explicación para esta cifra es que cuando una persona solicita esta ayuda no se tiene en cuenta el nivel económico de la familia, sino el grado de dependencia de la persona a la que se le concede. Por eso, «sumando los 500 euros de mi marido, más los 168 que yo recibo, más lo que están pagando por mi cotización a la Seguridad Social, salen 700 u 800 euros, la cantidad de la que se hablaba cuando la ley salió a la luz», explica Concha.
La ley de Dependencia es la única ayuda que existe para las personas que viven una situación similar a la de Concha. « En el momento en que mi hija tuvo el accid
ente, nos dijeron lo que tenía y a partir de ahí búscate la vida», recuerda Concha. Fue su familia la que se encargó de buscar un fisioterapeuta y un logopeda para que vinieran a su casa. Después, desde hace tres años, la hija de Concha hace rehabilitación en «Neurocrea». «Todos los días cinco horas, excepto una tarde a la semana que nos la tomamos de descanso», explica Concha. Además, por las tardes su hija realiza actividades que en algunos aspectos son lúdicas, como pintura o Pilates. Todo buscado y pagado por ella.
Concha pide eliminar barreras arquitectónicas, que se respeten las plazas para minusválidos o que se habiliten los centros de ocio. «Hay que pensar en ellos, porque aunque estén limitados no se les acabó la vida».
Fuente: sociedad. La Nueva España lne.es
ALMERIA. AUTOBUS RECORRE LA PROVINCIA PARA INFORMAR LEY DEPENDENCIA
Un autobús recorre la provincia para informar sobre la ley de la dependencia
El programa 'Cuidabús' asesora sobre el cuidado en el entorno familiar de personas en situación dependiente · Esta campaña ofrece las claves y estrategias para prestar apoyo a los cuidadores
Manuela es una mujer consumida, carcomida por la depresión, angustiada por la vida misma. Ella es la menor de ocho hermanos -los otros siete son varones-, se casó enamorada de un buen hombre, tiene dos hijos, y una madre que padece la enfermedad de Alzheimer a la que cuida las veinticuatro horas del día trescientos sesenta y cinco días al año. Manuela siempre va con prisa: al supermercado, cuando acude al médico con alguno de los hijos, siempre.
Apenas le quedan amigas, apenas le queda tiempo para ella misma. Acaso en la noche, mientras escucha por la radio 'Hablar por hablar'. Una vez llamó al programa, por eso, por hablar, por prender en el aire sus agonías, y desde el transistor supo que más personas con nombre sin rostro, pero reales, estaban como ella estaba: sola, con miedos, con hartura. Una voz anónima le habló de que en su Comunidad Autónoma existían planes de ayuda para Cuidadores de personas dependientes, como era su caso. Manuela tomó buena nota de aquello y se enteró de que, aparte otras prestaciones, en la Junta había un plan de formación para todas aquellas personas que atienden a personas dependientes.
Pasito a paso, Manuela dio con la Delegación de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. Y allí, pasito a paso, se lo explicaron todo. Lo primero era saber si Manuela quería ser Cuidadora de su madre, o bien permitir que la atiendan cuidadores externos a través de la Ayuda a Domicilio o en una Residencia en la Unidad de Estancias Diurnas. A Manuela le entró un ahogo cuando se lo preguntaron. Lo consultó con la familia antes de tomar la decisión. El marido le dijo que lo que ella hiciera estaba bien; los hijos, bueno, los hijos a lo suyo, vale, lo que tu quieras pero yo no me quedo con la abuela los fines de semana, además tengo exámenes, ¿y si un día se pierde?
La mujer volvió a la Junta: que mientras me queden fuerzas mi madre se queda en mi casa, total llevo años cuidándola. La funcionaria clavó su mirada en la cara de la mujer que aún conserva rasgos de una olvidada hermosura a la que un lifting inverso con el bisturí del padecimiento estropeó la lozanía del cutis de las ilusiones. Usted, le explicó la funcionaria, ha de estar fuerte, ha de cuidarse también de usted misma, a valorar el trabajo que hace. Y Manuela se preguntaba en sus adentros ¿y eso cómo se hace?, si no puedo con mi alma.
Quería cuidar de su madre y ya dudaba si lo hacía bien, no sabía cómo conciliar el atenderla con la vida familiar que se le escapaba, ¡lo que daría por sentarse tranquilamente a tomar un helado con su marido! Al poco le llegó una carta de la Junta, le comunicaban que tras la valoración efectuada podía acceder a servicios y prestaciones, entre ellos apoyo a cuidadores no profesionales.
Manuela recibió el aviso de que había una campaña de formación e información "Cuidabús. El cuidado en el entorno familiar de personas en situación de dependencia". Una campaña en la que se imparten talleres formativos, a través de un aula móvil que recorre la geografía andaluza, con el objetivo de proporcionar técnicas y estrategias que sirven de apoyo a las personas cuidadoras en la importante tarea de cuidar a su familiar. De esta manera, se mejora la calidad de vida tanto de la persona en situación de dependencia, como del familiar que le atiende.
Manuela subió al Cuidabús cuando pasó cerca de su municipio. Conoció a personas en sus mismas circunstancias y por primera vez se sintió comprendida, valorada. También supo que a pesar de todo siempre hay alguien en peor situación, que la autocompasión es mala compañera. Pero sobre todo, adquirió conocimientos útiles para su madre y para ella misma, para la misma Manuela que tenía la muleta de las pastillas. Obtuvo respuestas a ¿cómo tengo que darle la comida? ¿cómo tengo que bañarla? ¿cómo tengo que levantarla de la cama? Y a tantas y tantas preguntas que la atormentaban.
Recibió formación, aprendió a cuidarse, a saber y a valorarse. Aprendió que los Cuidadores de familiares en situación de dependencia acaban siendo dependientes, bien porque se hacen daño físico, bien porque se dañan emocionalmente, si no aprenden a cuidar. Así, en el Cuidabús, Manuela recibió una guía práctica de cuidados para el Cuidador. Ambas personas, la cuidada y la cuidadora, han de estar en condición excelente. Manuela ha tomado de nuevo contacto con el mundo.
Fuente: elalmeria.es
El programa 'Cuidabús' asesora sobre el cuidado en el entorno familiar de personas en situación dependiente · Esta campaña ofrece las claves y estrategias para prestar apoyo a los cuidadores
Manuela es una mujer consumida, carcomida por la depresión, angustiada por la vida misma. Ella es la menor de ocho hermanos -los otros siete son varones-, se casó enamorada de un buen hombre, tiene dos hijos, y una madre que padece la enfermedad de Alzheimer a la que cuida las veinticuatro horas del día trescientos sesenta y cinco días al año. Manuela siempre va con prisa: al supermercado, cuando acude al médico con alguno de los hijos, siempre.
Apenas le quedan amigas, apenas le queda tiempo para ella misma. Acaso en la noche, mientras escucha por la radio 'Hablar por hablar'. Una vez llamó al programa, por eso, por hablar, por prender en el aire sus agonías, y desde el transistor supo que más personas con nombre sin rostro, pero reales, estaban como ella estaba: sola, con miedos, con hartura. Una voz anónima le habló de que en su Comunidad Autónoma existían planes de ayuda para Cuidadores de personas dependientes, como era su caso. Manuela tomó buena nota de aquello y se enteró de que, aparte otras prestaciones, en la Junta había un plan de formación para todas aquellas personas que atienden a personas dependientes.
Pasito a paso, Manuela dio con la Delegación de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. Y allí, pasito a paso, se lo explicaron todo. Lo primero era saber si Manuela quería ser Cuidadora de su madre, o bien permitir que la atiendan cuidadores externos a través de la Ayuda a Domicilio o en una Residencia en la Unidad de Estancias Diurnas. A Manuela le entró un ahogo cuando se lo preguntaron. Lo consultó con la familia antes de tomar la decisión. El marido le dijo que lo que ella hiciera estaba bien; los hijos, bueno, los hijos a lo suyo, vale, lo que tu quieras pero yo no me quedo con la abuela los fines de semana, además tengo exámenes, ¿y si un día se pierde?
La mujer volvió a la Junta: que mientras me queden fuerzas mi madre se queda en mi casa, total llevo años cuidándola. La funcionaria clavó su mirada en la cara de la mujer que aún conserva rasgos de una olvidada hermosura a la que un lifting inverso con el bisturí del padecimiento estropeó la lozanía del cutis de las ilusiones. Usted, le explicó la funcionaria, ha de estar fuerte, ha de cuidarse también de usted misma, a valorar el trabajo que hace. Y Manuela se preguntaba en sus adentros ¿y eso cómo se hace?, si no puedo con mi alma.
Quería cuidar de su madre y ya dudaba si lo hacía bien, no sabía cómo conciliar el atenderla con la vida familiar que se le escapaba, ¡lo que daría por sentarse tranquilamente a tomar un helado con su marido! Al poco le llegó una carta de la Junta, le comunicaban que tras la valoración efectuada podía acceder a servicios y prestaciones, entre ellos apoyo a cuidadores no profesionales.
Manuela recibió el aviso de que había una campaña de formación e información "Cuidabús. El cuidado en el entorno familiar de personas en situación de dependencia". Una campaña en la que se imparten talleres formativos, a través de un aula móvil que recorre la geografía andaluza, con el objetivo de proporcionar técnicas y estrategias que sirven de apoyo a las personas cuidadoras en la importante tarea de cuidar a su familiar. De esta manera, se mejora la calidad de vida tanto de la persona en situación de dependencia, como del familiar que le atiende.
Manuela subió al Cuidabús cuando pasó cerca de su municipio. Conoció a personas en sus mismas circunstancias y por primera vez se sintió comprendida, valorada. También supo que a pesar de todo siempre hay alguien en peor situación, que la autocompasión es mala compañera. Pero sobre todo, adquirió conocimientos útiles para su madre y para ella misma, para la misma Manuela que tenía la muleta de las pastillas. Obtuvo respuestas a ¿cómo tengo que darle la comida? ¿cómo tengo que bañarla? ¿cómo tengo que levantarla de la cama? Y a tantas y tantas preguntas que la atormentaban.
Recibió formación, aprendió a cuidarse, a saber y a valorarse. Aprendió que los Cuidadores de familiares en situación de dependencia acaban siendo dependientes, bien porque se hacen daño físico, bien porque se dañan emocionalmente, si no aprenden a cuidar. Así, en el Cuidabús, Manuela recibió una guía práctica de cuidados para el Cuidador. Ambas personas, la cuidada y la cuidadora, han de estar en condición excelente. Manuela ha tomado de nuevo contacto con el mundo.
Fuente: elalmeria.es
CANTABRIA. SE TRIPLICA EN UN AÑO EL NUMERO DE BENEFICIARIOS
Cantabria triplica en un año los beneficiarios de la Ley de Dependencia
Gorostiaga informó ayer en la UIMP que más de 8.200 familias reciben ayuda y hay 19.174 solicitudes presentadas
En España, el 65% de quienes reciben algún tipo de prestación son mujeres y
Cantabria ha triplicado en un año los beneficiarios de la Ley de Dependencia, y quienes en 2008 eran poco más de 2.500 llegan en la actualidad a 8.269.
Así lo puso ayer de relieve la vicepresidenta regional y consejera de Bienestar Social, Dolores Gorostiaga, que participó en el curso que la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) dedica a 'Género, envejecimiento y autonomía personal' junto a la directora del Imserso, Pilar Rodríguez.
Gorostiaga afirmó que no ha sido algo fácil para una comunidad como Cantabria y apuntó que se ha logrado gracias al trabajo y al esfuerzo de los servicios sociales y los centros de atención primaria. «Estamos cumpliendo nuestro compromiso con la ley con trabajo e inversión», sentenció.
En total, en Cantabria casi se ha llegado a las 20.000 solicitudes de valoración. En concreto, a 31 de julio sumaban 19.174. Es decir, 3 de cada 100 cántabros han solicitado los servicios públicos para atender su dependencia, lo que hace de Cantabria la sexta región con más demandas.
El 89% del total de solicitudes ya ha sido valorado y el 78% de las personas valoradas lo son en un grado y nivel (2 y 3) que les da derecho a la protección.
Gorostiaga destacó ayer que la Ley de Dependencia, además de garantizar el derecho a la protección de quienes no pueden valerse por si mismo, es «una apuesta por la igualdad» ya que pretende el reconocimiento de la labor del cuidador y busca la profesionalización del ciudadano».
Sobre todo, mujeres
Y es que el perfil del cuidador en España es principalmente femenino. El 95% de los casos que reciben prestaciones de la ley en concepto de cuidadores formales o informales, son mujeres. Y también son mujeres el 65% de las personas que han solicitado u obtenido prestaciones o servicios. Estos datos fueron aportados por Gorostiaga y también por la directora del Imserso.
Pilar Rodríguez explicó, además, que las mujeres en España tienen mayor esperanza de vida (84,4 años frente a 77,7 de los varones) y son las que más sufren la soledad, como lo demuestra el hecho de que un 34% de las mayores de 80 años vivan solas, frente al 16% de los hombre de ese grupo de edad.
Además, más de la mitad de las mujeres mayores de 65 años son viudas o solteras, mientras que el 80% de los hombres en esa edad están casados, y sus pensiones son un 50% inferiores a las de los varones. También se ven más afectadas por las enfermedades.
La directora del Imserso resaltó el «firme» compromiso del Gobierno de España con la Ley de Dependencia, que según ha señalado, atiende a más de 400.000 personas en todo el país, 32.000 nuevas cada mes, y ha creado más de 100.000 empleos desde su puesta en marcha en 2007.
Entre las comunidades se han repartido 2.000 millones de euros
Fuente: eldiariomontañes.es
Gorostiaga informó ayer en la UIMP que más de 8.200 familias reciben ayuda y hay 19.174 solicitudes presentadas
En España, el 65% de quienes reciben algún tipo de prestación son mujeres y
Cantabria ha triplicado en un año los beneficiarios de la Ley de Dependencia, y quienes en 2008 eran poco más de 2.500 llegan en la actualidad a 8.269.
Así lo puso ayer de relieve la vicepresidenta regional y consejera de Bienestar Social, Dolores Gorostiaga, que participó en el curso que la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) dedica a 'Género, envejecimiento y autonomía personal' junto a la directora del Imserso, Pilar Rodríguez.
Gorostiaga afirmó que no ha sido algo fácil para una comunidad como Cantabria y apuntó que se ha logrado gracias al trabajo y al esfuerzo de los servicios sociales y los centros de atención primaria. «Estamos cumpliendo nuestro compromiso con la ley con trabajo e inversión», sentenció.
En total, en Cantabria casi se ha llegado a las 20.000 solicitudes de valoración. En concreto, a 31 de julio sumaban 19.174. Es decir, 3 de cada 100 cántabros han solicitado los servicios públicos para atender su dependencia, lo que hace de Cantabria la sexta región con más demandas.
El 89% del total de solicitudes ya ha sido valorado y el 78% de las personas valoradas lo son en un grado y nivel (2 y 3) que les da derecho a la protección.
Gorostiaga destacó ayer que la Ley de Dependencia, además de garantizar el derecho a la protección de quienes no pueden valerse por si mismo, es «una apuesta por la igualdad» ya que pretende el reconocimiento de la labor del cuidador y busca la profesionalización del ciudadano».
Sobre todo, mujeres
Y es que el perfil del cuidador en España es principalmente femenino. El 95% de los casos que reciben prestaciones de la ley en concepto de cuidadores formales o informales, son mujeres. Y también son mujeres el 65% de las personas que han solicitado u obtenido prestaciones o servicios. Estos datos fueron aportados por Gorostiaga y también por la directora del Imserso.
Pilar Rodríguez explicó, además, que las mujeres en España tienen mayor esperanza de vida (84,4 años frente a 77,7 de los varones) y son las que más sufren la soledad, como lo demuestra el hecho de que un 34% de las mayores de 80 años vivan solas, frente al 16% de los hombre de ese grupo de edad.
Además, más de la mitad de las mujeres mayores de 65 años son viudas o solteras, mientras que el 80% de los hombres en esa edad están casados, y sus pensiones son un 50% inferiores a las de los varones. También se ven más afectadas por las enfermedades.
La directora del Imserso resaltó el «firme» compromiso del Gobierno de España con la Ley de Dependencia, que según ha señalado, atiende a más de 400.000 personas en todo el país, 32.000 nuevas cada mes, y ha creado más de 100.000 empleos desde su puesta en marcha en 2007.
Entre las comunidades se han repartido 2.000 millones de euros
Fuente: eldiariomontañes.es
EL 65% DE LOS BENEFICIARIOS SON MUJERES
El 65 por ciento de los beneficiarios de la Ley de Dependencia son mujeres, al igual que el 95 por ciento de las personas que reciben prestaciones en concepto de cuidadoras, según datos facilitados hoy por la directora general del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), Pilar Rodríguez.
Según estos datos, las mujeres tienen mayor esperanza de vida (84,4 años frente a 77,7 de los varones) y son las que más sufren la soledad, como lo demuestra el hecho de que un 34 por ciento de las mayores de 80 años vivan solas, frente al 16 por ciento de los hombre de ese grupo de edad.
Además, más de la mitad de las mujeres mayores de 65 años son viudas o solteras, mientras que el 80 por ciento de los hombres en esa edad están casados, y sus pensiones son un 50 por ciento inferiores a las de los varones.
También se ven más afectadas por las enfermedades y, mayoritariamente, ejercen de cuidadoras de los nietos y de las personas en situación de dependencia.
'Las mujeres españolas tienen la mayor esperanza de vida de la UE, junto a las francesas, y la segunda del mundo, pero peor calidad de vida que los hombres', ha resaltado Rodríguez en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, donde participa en el curso 'Género, envejecimiento y autonomía personal'.
En una rueda de prensa, en la que ha estado acompañada por la vicepresidenta de Cantabria, Dolores Gorostiaga, la responsable del IMSERSO ha abogado por poner en marcha programas que mejoren la calidad de vida de las mujeres y ha destacado la Ley de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia (LAPAD) como un 'potente pilar' en su beneficio.
Además, ha resaltado el 'firme' compromiso del Gobierno de España en esta materia, con el reparto de 2.000 millones de euros entre todas las comunidades autónomas para la aplicación de una ley, que según ha señalado, atiende a más de 400.000 personas en todo el país, 32.000 nuevas cada mes, y ha creado más de 100.000 empleos desde su puesta en marcha en 2007.
Rodríguez ha repasado también algunos de los programas e iniciativas puestas en marcha por su departamento con el objetivo de combatir el aislamiento, promocionar la salud, apoyar el envejecimiento activo, la formación de cuidadoras y la elaboración de guías de autoayuda.
Entre estas iniciativas ha destacado el programa 'Cerca de ti', que pretende dar respuesta a las más de 1.300.000 personas en España que superan los 65 años de edad, de las cuales el 60 por ciento declaran sentirse solas o aisladas, según ha señalado la directora del IMSERSO.
También se ha referido al portal de internet 'ENclaveRural.es', que tiene como objetivo promover iniciativas relacionadas con el envejecimiento en el entorno rural, donde vive el 27,4 por ciento de las personas mayores españolas, y al programa 'Juntos en Navidad'.
Esta última iniciativa, que se aplicará en el ámbito de los programas de vacaciones para personas mayores del IMSERSO, busca romper la soledad de las personas mayores mediante viajes en la época navideña.
Fuente: actualidad.orange.es
Según estos datos, las mujeres tienen mayor esperanza de vida (84,4 años frente a 77,7 de los varones) y son las que más sufren la soledad, como lo demuestra el hecho de que un 34 por ciento de las mayores de 80 años vivan solas, frente al 16 por ciento de los hombre de ese grupo de edad.
Además, más de la mitad de las mujeres mayores de 65 años son viudas o solteras, mientras que el 80 por ciento de los hombres en esa edad están casados, y sus pensiones son un 50 por ciento inferiores a las de los varones.
También se ven más afectadas por las enfermedades y, mayoritariamente, ejercen de cuidadoras de los nietos y de las personas en situación de dependencia.
'Las mujeres españolas tienen la mayor esperanza de vida de la UE, junto a las francesas, y la segunda del mundo, pero peor calidad de vida que los hombres', ha resaltado Rodríguez en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, donde participa en el curso 'Género, envejecimiento y autonomía personal'.
En una rueda de prensa, en la que ha estado acompañada por la vicepresidenta de Cantabria, Dolores Gorostiaga, la responsable del IMSERSO ha abogado por poner en marcha programas que mejoren la calidad de vida de las mujeres y ha destacado la Ley de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia (LAPAD) como un 'potente pilar' en su beneficio.
Además, ha resaltado el 'firme' compromiso del Gobierno de España en esta materia, con el reparto de 2.000 millones de euros entre todas las comunidades autónomas para la aplicación de una ley, que según ha señalado, atiende a más de 400.000 personas en todo el país, 32.000 nuevas cada mes, y ha creado más de 100.000 empleos desde su puesta en marcha en 2007.
Rodríguez ha repasado también algunos de los programas e iniciativas puestas en marcha por su departamento con el objetivo de combatir el aislamiento, promocionar la salud, apoyar el envejecimiento activo, la formación de cuidadoras y la elaboración de guías de autoayuda.
Entre estas iniciativas ha destacado el programa 'Cerca de ti', que pretende dar respuesta a las más de 1.300.000 personas en España que superan los 65 años de edad, de las cuales el 60 por ciento declaran sentirse solas o aisladas, según ha señalado la directora del IMSERSO.
También se ha referido al portal de internet 'ENclaveRural.es', que tiene como objetivo promover iniciativas relacionadas con el envejecimiento en el entorno rural, donde vive el 27,4 por ciento de las personas mayores españolas, y al programa 'Juntos en Navidad'.
Esta última iniciativa, que se aplicará en el ámbito de los programas de vacaciones para personas mayores del IMSERSO, busca romper la soledad de las personas mayores mediante viajes en la época navideña.
Fuente: actualidad.orange.es
viernes, 14 de agosto de 2009
MELILLA IMPARTE CURSOS SOBRE LEY DEPENDENCIA COMO "SALIDA LABORAL"
La Ciudad Autónoma ha decidido apostar por el cuidado de personas mayores y dependientes que serán beneficiarios de la Ley de Dependencia como una salida laboral para los desempleados mayores de 25 años que hay en Melilla, a los que se impartirá un curso del Taller de Empleo sobre esta materia.
Según ha informado la Consejería de Economía, Empleo y Turismo, desde diciembre del año pasado se está impartiendo un curso de ayuda a domicilio, cuidado, apoyo y acompañamiento a personas mayores e incapacitados dependientes asistenciales, que terminará a finales de este año y cuenta con un total de 18 alumnos.
Dado el éxito del curso y las probabilidades de salida laboral que tiene debido a la reciente aprobación de la Ley de Dependencia, la Consejería de Economía ha decidido realizar una nueva convocatoria para poner en marcha otro curso cuando finalice el que está vigente actualmente.
Para ello, el Consejo de Gobierno de Melilla ha aprobado la propuesta de la Consejería de Economía, Empleo y Turismo para presentarse a la convocatoria de subvenciones del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), con el objeto de percibir una ayuda económica que permita desarrollar el nuevo curso.
En este sentido, la Ciudad Autónoma ha solicitado al SPEE una subvención de 410.000 euros, a los que se sumarán los 210.000 euros financiados con fondos propios, de modo que el próximo curso contará con un presupuesto de 620.000 euros para sufragar los gastos de contratación del personal administrativo del Taller de Empleo, los monitores y la retribución que percibirán los alumnos.
Además, el objetivo de la Consejería de Economía es aumentar el número de alumnos, que será de 10 para el curso de ayuda a domicilio y otros 10 para el de atención geriátrica.
Este curso irá destinado a desempleados mayores de 25 años, a los que se pretende buscar una salida laboral en el "nuevo yacimiento de empleo" que, según la Ciudad Autónoma, supone la ayuda y asistencia a personas dependientes tras la aprobación de la Ley de Dependencia.
Fuente: EFE
Según ha informado la Consejería de Economía, Empleo y Turismo, desde diciembre del año pasado se está impartiendo un curso de ayuda a domicilio, cuidado, apoyo y acompañamiento a personas mayores e incapacitados dependientes asistenciales, que terminará a finales de este año y cuenta con un total de 18 alumnos.
Dado el éxito del curso y las probabilidades de salida laboral que tiene debido a la reciente aprobación de la Ley de Dependencia, la Consejería de Economía ha decidido realizar una nueva convocatoria para poner en marcha otro curso cuando finalice el que está vigente actualmente.
Para ello, el Consejo de Gobierno de Melilla ha aprobado la propuesta de la Consejería de Economía, Empleo y Turismo para presentarse a la convocatoria de subvenciones del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), con el objeto de percibir una ayuda económica que permita desarrollar el nuevo curso.
En este sentido, la Ciudad Autónoma ha solicitado al SPEE una subvención de 410.000 euros, a los que se sumarán los 210.000 euros financiados con fondos propios, de modo que el próximo curso contará con un presupuesto de 620.000 euros para sufragar los gastos de contratación del personal administrativo del Taller de Empleo, los monitores y la retribución que percibirán los alumnos.
Además, el objetivo de la Consejería de Economía es aumentar el número de alumnos, que será de 10 para el curso de ayuda a domicilio y otros 10 para el de atención geriátrica.
Este curso irá destinado a desempleados mayores de 25 años, a los que se pretende buscar una salida laboral en el "nuevo yacimiento de empleo" que, según la Ciudad Autónoma, supone la ayuda y asistencia a personas dependientes tras la aprobación de la Ley de Dependencia.
Fuente: EFE
jueves, 13 de agosto de 2009
MURCIA. LA CONSEJERIA CIFRA EN 12.000 LOS BENEFICIARIOS DE LEY DEPENDENCIA
La Consejería cifra ya en 12.000 los beneficiarios de la Ley de Dependencia en la Comunidad
El consejero de Política Social, Joaquín Bascuñana , cifró en 12.000 el número de beneficiarios confirmados de la Ley de Dependencia en la Región que están recibiendo la prestación o asistencia derivada del cumplimiento de esta norma estatal, al tiempo que atribuyó a la necesidad de criticarle el que la oposición diga que sólo han 9.000 dependientes en esta situación.
Las críticas del PSOE señalan no sólo que las ayudas están llegando únicamente a 9.000 de las 27.000 personas que deberían recibirlas, sino que se está primando que en lugar de asistencia, reciban prestaciones económicas. «Yo soy partidario de que los dependientes de grado 3 tengan una plaza residencial, pero no puedo obligarles si solicitan una prestación económica, porque sus familias pueden cuidarles», advirtió.
En cuanto al desfase entre beneficiarios actuales y personas que tiene derecho a recibir la ayuda, Bascuñana subrayó la complejidad que supone recabar y confirmar los datos.
Fuente: laverdad.es
El consejero de Política Social, Joaquín Bascuñana , cifró en 12.000 el número de beneficiarios confirmados de la Ley de Dependencia en la Región que están recibiendo la prestación o asistencia derivada del cumplimiento de esta norma estatal, al tiempo que atribuyó a la necesidad de criticarle el que la oposición diga que sólo han 9.000 dependientes en esta situación.
Las críticas del PSOE señalan no sólo que las ayudas están llegando únicamente a 9.000 de las 27.000 personas que deberían recibirlas, sino que se está primando que en lugar de asistencia, reciban prestaciones económicas. «Yo soy partidario de que los dependientes de grado 3 tengan una plaza residencial, pero no puedo obligarles si solicitan una prestación económica, porque sus familias pueden cuidarles», advirtió.
En cuanto al desfase entre beneficiarios actuales y personas que tiene derecho a recibir la ayuda, Bascuñana subrayó la complejidad que supone recabar y confirmar los datos.
Fuente: laverdad.es
CEUTA Y MELILLA. EL PSOE DESTACA LOS 17 MILLONES APROBADOS PARA LEY DEPENDENCIA
El PSOE destaca los 17 millones aprobados por Zapatero para la Ley de Dependencia
La diputada del Grupo Socialista Celia Sarompas valoró la partida de 17 millones de euros aprobada por el Consejo de Ministros respecto al Fondo para la promoción y el desarrollo de las infraestructuras y servicios del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, una partida que servirá, según dijo, para “apoyar” a las empresas que inviertan en la creación de herramientas que faciliten las prestaciones recogidas en la Ley.
Esta partida, explicó la dirigente socialista, se gestionará mediante un convenio de colaboración suscrito por el Ministerio de Economía y Hacienda, el de Sanidad y Política Social y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.
“Este dinero que aportará íntegramente el Ministerio de Sanidad y Política Social servirá para establecer diferentes tipos de crédito –préstamos participativos o créditos a largo plazo– que permitan a los empresarios impulsar infraestructuras y servicios orientados a cubrir las necesidades de las personas dependientes”, aseveró Sarompas.
En opinión de la representante de la Ejecutiva del PSOE melillense, esta nueva partida es una muestra más de que para el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero, “la atención a los dependientes es una cuestión prioritaria”, dado que este Gobierno “piensa y se preocupa por los ciudadanos”.
Atención a los dependientes
La dirigente socialista recordó que, desde la aprobación de la Ley de Dependencia –cuarto pilar del bienestar social de este país– el Gobierno Socialista no ha dejado de desarrollarla y de dotarla de medios y recursos.
“Es una ley nueva y necesita desarrollarse, pero el Ejecutivo Socialista no ha cejado ni un segundo en esta cuestión”, apuntó la diputada del Grupo Municipal del PSOE. Una política, agregó, que no sólo beneficia a las personas dependientes y a sus cuidadores, sino que implica “una fuente de creación de empleo y de riqueza”.
En palabras de Sarompas, desde hace cinco años, momento en el que José Luís Rodríguez Zapatero llegó a la Moncloa, “España ha sido un ejemplo a seguir en lo que a servicios de Bienestar Social se refiere y en lo que a avance de derechos sociales”.
Un avance, añadió, que “se ha notado en los ámbitos”, y que los ciudadanos han experimentado en una mejora de su calidad de vida y de servicios. “Lo que resta de legislatura, a pesar de la situación económica actual, va a seguir en esta línea”, adelantó.
Fuente: elfaroceutamelilla.es
La diputada del Grupo Socialista Celia Sarompas valoró la partida de 17 millones de euros aprobada por el Consejo de Ministros respecto al Fondo para la promoción y el desarrollo de las infraestructuras y servicios del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, una partida que servirá, según dijo, para “apoyar” a las empresas que inviertan en la creación de herramientas que faciliten las prestaciones recogidas en la Ley.
Esta partida, explicó la dirigente socialista, se gestionará mediante un convenio de colaboración suscrito por el Ministerio de Economía y Hacienda, el de Sanidad y Política Social y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.
“Este dinero que aportará íntegramente el Ministerio de Sanidad y Política Social servirá para establecer diferentes tipos de crédito –préstamos participativos o créditos a largo plazo– que permitan a los empresarios impulsar infraestructuras y servicios orientados a cubrir las necesidades de las personas dependientes”, aseveró Sarompas.
En opinión de la representante de la Ejecutiva del PSOE melillense, esta nueva partida es una muestra más de que para el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero, “la atención a los dependientes es una cuestión prioritaria”, dado que este Gobierno “piensa y se preocupa por los ciudadanos”.
Atención a los dependientes
La dirigente socialista recordó que, desde la aprobación de la Ley de Dependencia –cuarto pilar del bienestar social de este país– el Gobierno Socialista no ha dejado de desarrollarla y de dotarla de medios y recursos.
“Es una ley nueva y necesita desarrollarse, pero el Ejecutivo Socialista no ha cejado ni un segundo en esta cuestión”, apuntó la diputada del Grupo Municipal del PSOE. Una política, agregó, que no sólo beneficia a las personas dependientes y a sus cuidadores, sino que implica “una fuente de creación de empleo y de riqueza”.
En palabras de Sarompas, desde hace cinco años, momento en el que José Luís Rodríguez Zapatero llegó a la Moncloa, “España ha sido un ejemplo a seguir en lo que a servicios de Bienestar Social se refiere y en lo que a avance de derechos sociales”.
Un avance, añadió, que “se ha notado en los ámbitos”, y que los ciudadanos han experimentado en una mejora de su calidad de vida y de servicios. “Lo que resta de legislatura, a pesar de la situación económica actual, va a seguir en esta línea”, adelantó.
Fuente: elfaroceutamelilla.es
ANDALUCIA. HUELVA. TRABAJADORES SOCIALES CRITICAN CARENCIAS LEY DEPENDENCIA
Trabajadores sociales critican las carencias de la Ley de Dependencia
El colectivo denuncia el retraso de los salarios desde que se privatizó el servicio ·
La implantación de la ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia para la optimización de los recursos públicos y privados disponibles está siendo criticada en la Cuenca Minera de Riotinto. Los trabajadores de ayuda a domicilio de la localidad se han reunido para tratar los asuntos relativos a la puesta en práctica de esta ley en la comarca, con la que se sienten insatisfechos y disconformes.
Aun reconociendo el gran avance social que ha supuesto la aplicación de la Ley de Dependencia, los trabajadores han querido manifestarse en contra del uso que se está haciendo en la Cuenca Minera, lo cual supone un gran inconveniente tanto para los que realizan dicho servicio así como para todas aquellas personas que lo reciben, lo que conlleva, a su juicio, un descenso en la calidad de la ayuda prestada a aquellas personas para las que ha sido creada dicha ley.
Los trabajadores coincidieron al explicar que la Diputación de Huelva tomó la decisión hace un año de contratar empresas privadas para cubrir la prestación de dicho servicio, siendo la Sociedad Cooperativa Andaluza de Ayuda a Domicilio de Moguer, la encargada de realizar dicha labor.
Los problemas de los trabajadores de ayuda con el colectivo laboral llegaron a raíz de los continuos retrasos en los cobros, así como el impago de las horas extras y de la paga extra de junio. La empresa contratista culpa a Diputación de no pagar debidamente, a lo que la Cámara Provincial ha contestado que sí está pagando a tiempo y que de hecho ayer mismo hizo la transferencia bancaria a la empresa encargada de remitir el pago de los salarios que se adeudan.
Ante esta situación y dudas, el colectivo de trabajadores se ha visto obligado a anunciar medidas de presión para solucionar el problema económico que están sufriendo así como la carencia y la falta de calidad en el servicio prestado por esta empresa para la atención a las personas mayores, que, al fin y al cabo, son los que más perjudicados salen de esta situación que parece haberse estabilizado con la respuesta de la Diputación.
Fuente: huelvainformacion.es
El colectivo denuncia el retraso de los salarios desde que se privatizó el servicio ·
La implantación de la ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia para la optimización de los recursos públicos y privados disponibles está siendo criticada en la Cuenca Minera de Riotinto. Los trabajadores de ayuda a domicilio de la localidad se han reunido para tratar los asuntos relativos a la puesta en práctica de esta ley en la comarca, con la que se sienten insatisfechos y disconformes.
Aun reconociendo el gran avance social que ha supuesto la aplicación de la Ley de Dependencia, los trabajadores han querido manifestarse en contra del uso que se está haciendo en la Cuenca Minera, lo cual supone un gran inconveniente tanto para los que realizan dicho servicio así como para todas aquellas personas que lo reciben, lo que conlleva, a su juicio, un descenso en la calidad de la ayuda prestada a aquellas personas para las que ha sido creada dicha ley.
Los trabajadores coincidieron al explicar que la Diputación de Huelva tomó la decisión hace un año de contratar empresas privadas para cubrir la prestación de dicho servicio, siendo la Sociedad Cooperativa Andaluza de Ayuda a Domicilio de Moguer, la encargada de realizar dicha labor.
Los problemas de los trabajadores de ayuda con el colectivo laboral llegaron a raíz de los continuos retrasos en los cobros, así como el impago de las horas extras y de la paga extra de junio. La empresa contratista culpa a Diputación de no pagar debidamente, a lo que la Cámara Provincial ha contestado que sí está pagando a tiempo y que de hecho ayer mismo hizo la transferencia bancaria a la empresa encargada de remitir el pago de los salarios que se adeudan.
Ante esta situación y dudas, el colectivo de trabajadores se ha visto obligado a anunciar medidas de presión para solucionar el problema económico que están sufriendo así como la carencia y la falta de calidad en el servicio prestado por esta empresa para la atención a las personas mayores, que, al fin y al cabo, son los que más perjudicados salen de esta situación que parece haberse estabilizado con la respuesta de la Diputación.
Fuente: huelvainformacion.es
CASTILLA Y LEON. LOS SERVICIOS DERIVADOS LEY DEPENDENCIA
Los servicios y prestaciones derivados de la implantación de la Ley de Dependencia benefician a 3.781 personas en la provincia.
Esta cifra representa que, a 31 de julio, el 79,8 por ciento de las personas calificadas de grandes dependientes o dependientes severos en la provincia ya reciben una contrapartida por el reconocimiento que se ha extendido a un total de 4.741 individuos, según datos facilitados desde la Consejería de Familia y Oportunidades de la Junta de Castilla y León.
De las más de 3.700 personas que perciben actualmente las prestaciones, 1.875, un 56,8 por ciento, están recibiendo asistencia en residencias, en centros de día, ayuda a domicilio, teleasistencia o bien prestaciones vinculadas a un servicio. Sin embargo, sólo 1.425, 43 de cada cien, han optado por requerir ayudas de carácter económico para atención en su vivienda por parte de su entorno familiar, entre otras posibilidades.
En un desglose de los servicios más demandados destaca que 1.424 ciudadanos, casi la mitad, en concreto un 43,15 por ciento, han elegido la prestación económica, para que los cuidados se los dispense personas de su entorno familiar, mientras que sólo un individuo ha optado por la subvención para sufragar a un asistente personal.
Asimismo, 708 han optado por exigir una atención en residencias, lo que supone que 21 de cada cien optan por trasladarse a un centro para mayores. La tercera posibilidad más solicitada pasa por la prestación vinculada a la adquisición de servicios, con 634 beneficiarios. A ella le siguen 241 dependientes que están recibiendo ayuda en sus domicilios y 161 que la perciben en un centro de día, mientras que 34 personas se benefician del servicio de teleasistencia.
En otro orden de cosas, según detallan fuentes de la Administración regional, un total de 605 personas «están eligiendo las prestaciones según el Programa Individualizado de Atención o bien se les solicitado completar datos para el cálculo de su capacidad económica».
Peticiones
En la región se han presentado un total de 57.088 peticiones, destacando las 11.906 de la provincia de León o las 9.189 de Valladolid.
Concedidas
De las 39.943 solicitudes con derecho a prestación, 7.870 corresponden a centro residencial, 2.013 a centro de día, 2.509 a ayuda a domicilio, 6.627 a prestación vinculada a servicio, mientras que 1.579 a prevención y promoción de la autonomía personal.
Atención domicilio
Las prestaciones económicas para atención al domicilio en la región ascienden a 12.792, de las cuales 12.760 son para cuidados en el entorno familiar y 32 para contratar a un asistente.
Fuente: laopiniondezamora.es
Esta cifra representa que, a 31 de julio, el 79,8 por ciento de las personas calificadas de grandes dependientes o dependientes severos en la provincia ya reciben una contrapartida por el reconocimiento que se ha extendido a un total de 4.741 individuos, según datos facilitados desde la Consejería de Familia y Oportunidades de la Junta de Castilla y León.
De las más de 3.700 personas que perciben actualmente las prestaciones, 1.875, un 56,8 por ciento, están recibiendo asistencia en residencias, en centros de día, ayuda a domicilio, teleasistencia o bien prestaciones vinculadas a un servicio. Sin embargo, sólo 1.425, 43 de cada cien, han optado por requerir ayudas de carácter económico para atención en su vivienda por parte de su entorno familiar, entre otras posibilidades.
En un desglose de los servicios más demandados destaca que 1.424 ciudadanos, casi la mitad, en concreto un 43,15 por ciento, han elegido la prestación económica, para que los cuidados se los dispense personas de su entorno familiar, mientras que sólo un individuo ha optado por la subvención para sufragar a un asistente personal.
Asimismo, 708 han optado por exigir una atención en residencias, lo que supone que 21 de cada cien optan por trasladarse a un centro para mayores. La tercera posibilidad más solicitada pasa por la prestación vinculada a la adquisición de servicios, con 634 beneficiarios. A ella le siguen 241 dependientes que están recibiendo ayuda en sus domicilios y 161 que la perciben en un centro de día, mientras que 34 personas se benefician del servicio de teleasistencia.
En otro orden de cosas, según detallan fuentes de la Administración regional, un total de 605 personas «están eligiendo las prestaciones según el Programa Individualizado de Atención o bien se les solicitado completar datos para el cálculo de su capacidad económica».
Peticiones
En la región se han presentado un total de 57.088 peticiones, destacando las 11.906 de la provincia de León o las 9.189 de Valladolid.
Concedidas
De las 39.943 solicitudes con derecho a prestación, 7.870 corresponden a centro residencial, 2.013 a centro de día, 2.509 a ayuda a domicilio, 6.627 a prestación vinculada a servicio, mientras que 1.579 a prevención y promoción de la autonomía personal.
Atención domicilio
Las prestaciones económicas para atención al domicilio en la región ascienden a 12.792, de las cuales 12.760 son para cuidados en el entorno familiar y 32 para contratar a un asistente.
Fuente: laopiniondezamora.es
GALICIA. BNG CRITICA PASIVIDAD DE XUNTA ANTE LEY DEPENDENCIA Y PIDE TRANSPARENCIA
La coordinadora ejecutiva del BNG, Teresa Táboas, ha criticado hoy lo que considera pasividad de la Xunta respecto a la Ley de Dependencia, ya que ni siquiera ha actualizado la web que informa sobre las ayudas y tramitaciones desde el pasado mes de febrero, ante lo que ha pedido "transparencia" y "responsabilidad".
Táboas señaló en rueda de prensa que el Gobierno gallego no ha informado desde la campaña electoral ni sobre el número de personas que pueden optar a las ayudas de la Ley, ni sobre su cobro, por lo que consideró que esta norma "simplemente sirve para utilizar de forma demagógica".
La diputada nacionalista pidió a la Xunta que "trabaje" y agilice las tramitaciones, además de "compromiso con los gallegos que esperan y quieren saber cuál es la situación y no simplemente anuncios demagógicos".
Asimismo, también exigió información sobre las 4.400 personas que, según había valorado el anterior Gobierno autonómico, tenían derecho a recibir prestaciones de la Ley de Dependencia, y que "han desaparecido de la lista" del Ministerio de Asuntos Sociales.
Añadió que el Ejecutivo autonómico "tendrá que explicar por qué dejan fuera a estas 4.400 personas" y también quienes son, porque "tienen derecho a reclamar".
La coordinadora ejecutiva del BNG señaló que "los superdelegados de la Xunta tienen mucho que ver en esto" por su "falta de eficiencia", ya que "las Delegaciones del Gobierno son en el Gobierno autonómico lo más cercano al ciudadano y una sola persona no puede asumir tantas y tan diferentes tareas".
A su juicio, "eso se nota en la tramitación de expedientes como los de la Ley de Dependencia".
Táboas denunció que la Xunta "no respondió" a ninguna de las preguntas del BNG sobre estos asuntos durante el periodo de sesiones del Parlamento, y criticó que, "ahora que terminó, comienzan a revelar su proyecto de país: la deconstrucción de Galicia".
La portavoz del Bloque aludió a los anuncios realizados por el Gobierno gallego durante el verano, como la posibilidad de "segregación por razón de sexo o lengua, o la encuesta" sobre la utilización del castellano y gallego en la educación.
Táboas calificó estas medidas de "muy preocupantes" y se preguntó "cuál será el siguiente motivo de segregación" para la Xunta.
El BNG, según explicó, está "analizando y estudiando" estos anuncios del Gobierno y "tratará de evitar y luchar" con iniciativas parlamentarias contra "estos tipos de segregación".
La diputada nacionalista apuntó que el PPdeG "continúa con la demagogia de la campaña electoral" y criticó su "cinismo político" por "ser capaz" de homenajear a Castelao y después "anunciar la posibilidad de segregar a los alumnos por lengua y apoyar los colegios que separan por sexo".
Fuente: EFE
Táboas señaló en rueda de prensa que el Gobierno gallego no ha informado desde la campaña electoral ni sobre el número de personas que pueden optar a las ayudas de la Ley, ni sobre su cobro, por lo que consideró que esta norma "simplemente sirve para utilizar de forma demagógica".
La diputada nacionalista pidió a la Xunta que "trabaje" y agilice las tramitaciones, además de "compromiso con los gallegos que esperan y quieren saber cuál es la situación y no simplemente anuncios demagógicos".
Asimismo, también exigió información sobre las 4.400 personas que, según había valorado el anterior Gobierno autonómico, tenían derecho a recibir prestaciones de la Ley de Dependencia, y que "han desaparecido de la lista" del Ministerio de Asuntos Sociales.
Añadió que el Ejecutivo autonómico "tendrá que explicar por qué dejan fuera a estas 4.400 personas" y también quienes son, porque "tienen derecho a reclamar".
La coordinadora ejecutiva del BNG señaló que "los superdelegados de la Xunta tienen mucho que ver en esto" por su "falta de eficiencia", ya que "las Delegaciones del Gobierno son en el Gobierno autonómico lo más cercano al ciudadano y una sola persona no puede asumir tantas y tan diferentes tareas".
A su juicio, "eso se nota en la tramitación de expedientes como los de la Ley de Dependencia".
Táboas denunció que la Xunta "no respondió" a ninguna de las preguntas del BNG sobre estos asuntos durante el periodo de sesiones del Parlamento, y criticó que, "ahora que terminó, comienzan a revelar su proyecto de país: la deconstrucción de Galicia".
La portavoz del Bloque aludió a los anuncios realizados por el Gobierno gallego durante el verano, como la posibilidad de "segregación por razón de sexo o lengua, o la encuesta" sobre la utilización del castellano y gallego en la educación.
Táboas calificó estas medidas de "muy preocupantes" y se preguntó "cuál será el siguiente motivo de segregación" para la Xunta.
El BNG, según explicó, está "analizando y estudiando" estos anuncios del Gobierno y "tratará de evitar y luchar" con iniciativas parlamentarias contra "estos tipos de segregación".
La diputada nacionalista apuntó que el PPdeG "continúa con la demagogia de la campaña electoral" y criticó su "cinismo político" por "ser capaz" de homenajear a Castelao y después "anunciar la posibilidad de segregar a los alumnos por lengua y apoyar los colegios que separan por sexo".
Fuente: EFE
sábado, 8 de agosto de 2009
RECONOCIDOS MAS DE 80.000 CUIDADORES NO PROFESIONALES
El sistema de Dependencia reconoce más de 80.000 cuidadores no profesionales
Más de 80.000 personas han firmado convenios con las Comunidades Autónomas como "cuidadores no profesionales" de personas en situación de dependencia desde que se puso en marcha el nuevo Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
De hecho, algo más del 34 por ciento de los beneficiarios que reciben prestaciones contempladas por la Ley de dependencia son cuidados por sus propias familias o por cuidadores no profesionales, revelan datos del Ministerio de Sanidad y Política Social.
Así lo reflejan las últimas cifras elaboradas por el Imserso a 1 de agosto, que revelan también que la inmensa mayoría de los nuevos cuidadores son mujeres: 75.586 frente a tan sólo 4.396 hombres.
La Comunidad Autónoma con más cuidadores no profesionales es Andalucía, donde hay 35.277 registrados, seguido de Cataluña con 8.571, muestran las cifras oficiales aportadas por las autoridades autonómicas, encargadas del desarrollo final de la Ley de Dependencia.
En el otro extremo, sin contar con Ceuta y Melilla, destacan Navarra con 462 cuidadores y Madrid, con sólo 592.
De hecho en Madrid, reciben cuidados no profesionales sólo el 6,54 por ciento de los dependientes, mientras que prima la atención residencial,donde están atendidos el 36 por ciento de los beneficiarios reconocidos.
El informe, que se puede consultar en la página web del Ministerio de Sanidad y Políticas Sociales, desvela también los datos históricos acumulados desde el 1 de enero de 2007 cuando entró en funcionamiento el nuevo sistema diseñado en la Ley de Dependencia.
Así, según datos oficiales, frente a las 1.052.367 solicitudes presentadas en toda España, a fecha de hoy hay 714.564 personas cuyo nivel de dependencia se ha acreditado y tienen oficialmente derecho a percibir una prestación.
De éstas, 466.937 están recibiendo ayudas ya, informa Inmerso.
Andalucía es, una vez más la Comunidad Autónoma con más solicitudes (321.956) y más personas beneficiarias que reciben ayuda: 155.436, lo que supone un 33 por ciento del total para toda España.
El sistema de evaluación establece tres grados de dependencia en función del cual se establecen las prestaciones.
A fecha de hoy, los 1.558 millones de euros aportados por el Gobierno para el sistema de dependencia en 2009 suponen un total de 206 euros por persona y mes.
Aunque no todos reciben tanto.
Así, el Grado III, el de los "grandes dependientes" que sufren pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, y necesitan el apoyo "indispensable y continuo", está integrado por 406.529 personas que reciben entre 264 y 180 euros mensuales.
El Grado II, que implica "dependencia severa" y son personas que precisan ayuda dos o tres veces al día para actividades básicas, está formado por 230.504 personas, que reciben entre 102 y 70 euros mensuales.
El Grado I, las personas con dependencia "moderada" que necesitan ayuda "al menos una vez al día", engloba a 135.692 personas que aún no tienen derecho a prestación alguna del sistema de Dependencia que, según el Ministerio, se irá ampliando en el futuro.
Fuente: EFE - 8 de agosto
Más de 80.000 personas han firmado convenios con las Comunidades Autónomas como "cuidadores no profesionales" de personas en situación de dependencia desde que se puso en marcha el nuevo Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
De hecho, algo más del 34 por ciento de los beneficiarios que reciben prestaciones contempladas por la Ley de dependencia son cuidados por sus propias familias o por cuidadores no profesionales, revelan datos del Ministerio de Sanidad y Política Social.
Así lo reflejan las últimas cifras elaboradas por el Imserso a 1 de agosto, que revelan también que la inmensa mayoría de los nuevos cuidadores son mujeres: 75.586 frente a tan sólo 4.396 hombres.
La Comunidad Autónoma con más cuidadores no profesionales es Andalucía, donde hay 35.277 registrados, seguido de Cataluña con 8.571, muestran las cifras oficiales aportadas por las autoridades autonómicas, encargadas del desarrollo final de la Ley de Dependencia.
En el otro extremo, sin contar con Ceuta y Melilla, destacan Navarra con 462 cuidadores y Madrid, con sólo 592.
De hecho en Madrid, reciben cuidados no profesionales sólo el 6,54 por ciento de los dependientes, mientras que prima la atención residencial,donde están atendidos el 36 por ciento de los beneficiarios reconocidos.
El informe, que se puede consultar en la página web del Ministerio de Sanidad y Políticas Sociales, desvela también los datos históricos acumulados desde el 1 de enero de 2007 cuando entró en funcionamiento el nuevo sistema diseñado en la Ley de Dependencia.
Así, según datos oficiales, frente a las 1.052.367 solicitudes presentadas en toda España, a fecha de hoy hay 714.564 personas cuyo nivel de dependencia se ha acreditado y tienen oficialmente derecho a percibir una prestación.
De éstas, 466.937 están recibiendo ayudas ya, informa Inmerso.
Andalucía es, una vez más la Comunidad Autónoma con más solicitudes (321.956) y más personas beneficiarias que reciben ayuda: 155.436, lo que supone un 33 por ciento del total para toda España.
El sistema de evaluación establece tres grados de dependencia en función del cual se establecen las prestaciones.
A fecha de hoy, los 1.558 millones de euros aportados por el Gobierno para el sistema de dependencia en 2009 suponen un total de 206 euros por persona y mes.
Aunque no todos reciben tanto.
Así, el Grado III, el de los "grandes dependientes" que sufren pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, y necesitan el apoyo "indispensable y continuo", está integrado por 406.529 personas que reciben entre 264 y 180 euros mensuales.
El Grado II, que implica "dependencia severa" y son personas que precisan ayuda dos o tres veces al día para actividades básicas, está formado por 230.504 personas, que reciben entre 102 y 70 euros mensuales.
El Grado I, las personas con dependencia "moderada" que necesitan ayuda "al menos una vez al día", engloba a 135.692 personas que aún no tienen derecho a prestación alguna del sistema de Dependencia que, según el Ministerio, se irá ampliando en el futuro.
Fuente: EFE - 8 de agosto
ANDALUCIA. HUELVA MAS DEL 50% DE LAS PRESTACIONES SON PARA CUIDADOS ENTORNO FAMILIAR
Más del 50 por ciento de las prestaciones y servicios que ofrece la Ley de Dependencia, tramitadas por el Ayuntamiento de Huelva hasta el momento, se refieren a ayudas económicas para cuidados en el entorno familiar.
Estas ayudas pueden variar en función del grado dependencia, necesidades e ingresos de las familias, desde un máximo de 831,47 euros a 70 euros al mes.
Según informó el Ayuntamiento de Huelva en un comunicado, ha habido una clara tendencia en este año a favor del Servicio de Ayuda a Domicilio. Hasta el año 2008, la prestación mayoritariamente prescrita y reconocida fueron las ayudas económicas para cuidados en el entorno familiar, superando el 64%, seguida del servicio de ayuda a domicilio con un 14,22%, mientras que en 2009, las prestaciones económicas se sitúan en el 50,23%, aumentando los casos de Ayuda a Domicilio hasta el 24,08%.
Según el ayuntamiento, esta variación resulta lógica, debido a que los primeros en poder acogerse a la Ley de Dependencia, desde abril de 2007 y durante 2008, fueron las personas afectadas por grandes dependencias que requieren en su mayoría cuidados y atención durante las 24 horas al día y por ello la prestación más adecuada para responder a sus necesidades son las ayudas económicas. Sin embargo, a partir de 2009, cuando se han ido acogiendo a la Ley personas con dependencias más moderadas se han abierto las posibilidades a nuevos recursos, algunos desconocidos para la población, que responden de manera más concreta a sus necesidades, según indicó.
En este sentido, destacó los Centros de Día, apuntando que excepto para las personas afectadas de alzheimer, "están poco instaurados en la cultura de usos públicos de la población onubense". Por ello, según añadió el consistorio, las prescripciones de estos servicios son más difíciles a la hora de llegar a acuerdos con personas en situación de dependencia y sus familiares.
Sin embargo, consideró que esta tendencia debe ir cambiando, ya que supone una atención especializada, con terapias profesionalizadas, que además incluyen higiene personal y todo tipo de atenciones de 9,00 a 17,00 horas, todos los días laborables, dando un importante respiro a los cuidadores para que puedan desarrollar su vida laboral y personal.
De otro lado, explicó que el proceso de tramitación de dependencia establece tres momentos clave en la intervención y gestión de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Huelva.
En primer lugar, la presentación de solicitudes se realiza en los distintos centros sociales municipales, repartidos en seis zonas de la capital. Ello implica una primera intervención en cuanto a la información, asesoramiento e inicio de la instrucción de expediente. A partir de ahí, la Junta de Andalucía debe reconocer el derecho, con las consiguientes resoluciones de grado y nivel de dependencia, que dan acceso a unos u otros servicios o prestaciones.
Por último, son los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Huelva los que a partir de esta valoración deben elaborar el Informe Social y Propuesta Individual de Atención mediante entrevistas con los Centros Sociales, visitas domiciliarias y elaboración completa de la propuesta de intervención. A partir de ahí, concedida la prestación o el servicio, el seguimiento y la revisión de los casos es una tarea continua que también coordina el Ayuntamiento de Huelva.
En este sentido, desde la puesta en marcha de la Ley de Dependencia, en abril de 2007, el Ayuntamiento de Huelva ha tramitado un total de 5.154 expedientes, de los que 3.258 ya han sido valorados y reconocidos, aunque de momento son 2.233 las familias que están ya disfrutando de las prestaciones y servicios que ofrece la Ley.
De ellas, las zonas de trabajo dependientes de los Centros Sociales del Centro de la Capital, ubicado en el edificio de la Gota de Leche y del Cristina Pinedo, acumulan más del 57 por ciento de las solicitudes de dependencia, al ser las zonas con una mayor densidad de población y, a su vez, más envejecida. Esta tendencia en cuanto al número de solicitudes atendidas es seguida por las zonas correspondientes a los Centros Sociales de La Orden, Torrejón y Lazareto, siendo la zona dependiente del Centro Social de Marismas del Odiel, la de menor número de solicitudes, quizás justificado por ser una de las zonas con menor densidad de población y con una población más joven.
Asimismo, destacó que si se comparan los periodos estudiados de los años 2007 y 2009 (el primero durante 8 meses, porque se inició en abril y el segundo durante 6 meses, ya que los datos están actualizados a junio de 2009) y con el número total de solicitudes tramitadas en 2008, se pone de manifiesto que la tendencia del número de solicitudes por año se mantiene prácticamente igual, no siendo observable el decrecimiento del número de demandas por año que se podía esperar en nuestro servicio. El Ayuntamiento de Huelva tramitó en 2007, 1.434 expedientes; en 2008, 2.606 expedientes; y hasta junio de 2009, 1.114 expedientes, lo que supone el total antes mencionado de 5.154 expedientes.
Fuente: Europa Press - 8 de agosto
Estas ayudas pueden variar en función del grado dependencia, necesidades e ingresos de las familias, desde un máximo de 831,47 euros a 70 euros al mes.
Según informó el Ayuntamiento de Huelva en un comunicado, ha habido una clara tendencia en este año a favor del Servicio de Ayuda a Domicilio. Hasta el año 2008, la prestación mayoritariamente prescrita y reconocida fueron las ayudas económicas para cuidados en el entorno familiar, superando el 64%, seguida del servicio de ayuda a domicilio con un 14,22%, mientras que en 2009, las prestaciones económicas se sitúan en el 50,23%, aumentando los casos de Ayuda a Domicilio hasta el 24,08%.
Según el ayuntamiento, esta variación resulta lógica, debido a que los primeros en poder acogerse a la Ley de Dependencia, desde abril de 2007 y durante 2008, fueron las personas afectadas por grandes dependencias que requieren en su mayoría cuidados y atención durante las 24 horas al día y por ello la prestación más adecuada para responder a sus necesidades son las ayudas económicas. Sin embargo, a partir de 2009, cuando se han ido acogiendo a la Ley personas con dependencias más moderadas se han abierto las posibilidades a nuevos recursos, algunos desconocidos para la población, que responden de manera más concreta a sus necesidades, según indicó.
En este sentido, destacó los Centros de Día, apuntando que excepto para las personas afectadas de alzheimer, "están poco instaurados en la cultura de usos públicos de la población onubense". Por ello, según añadió el consistorio, las prescripciones de estos servicios son más difíciles a la hora de llegar a acuerdos con personas en situación de dependencia y sus familiares.
Sin embargo, consideró que esta tendencia debe ir cambiando, ya que supone una atención especializada, con terapias profesionalizadas, que además incluyen higiene personal y todo tipo de atenciones de 9,00 a 17,00 horas, todos los días laborables, dando un importante respiro a los cuidadores para que puedan desarrollar su vida laboral y personal.
De otro lado, explicó que el proceso de tramitación de dependencia establece tres momentos clave en la intervención y gestión de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Huelva.
En primer lugar, la presentación de solicitudes se realiza en los distintos centros sociales municipales, repartidos en seis zonas de la capital. Ello implica una primera intervención en cuanto a la información, asesoramiento e inicio de la instrucción de expediente. A partir de ahí, la Junta de Andalucía debe reconocer el derecho, con las consiguientes resoluciones de grado y nivel de dependencia, que dan acceso a unos u otros servicios o prestaciones.
Por último, son los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Huelva los que a partir de esta valoración deben elaborar el Informe Social y Propuesta Individual de Atención mediante entrevistas con los Centros Sociales, visitas domiciliarias y elaboración completa de la propuesta de intervención. A partir de ahí, concedida la prestación o el servicio, el seguimiento y la revisión de los casos es una tarea continua que también coordina el Ayuntamiento de Huelva.
En este sentido, desde la puesta en marcha de la Ley de Dependencia, en abril de 2007, el Ayuntamiento de Huelva ha tramitado un total de 5.154 expedientes, de los que 3.258 ya han sido valorados y reconocidos, aunque de momento son 2.233 las familias que están ya disfrutando de las prestaciones y servicios que ofrece la Ley.
De ellas, las zonas de trabajo dependientes de los Centros Sociales del Centro de la Capital, ubicado en el edificio de la Gota de Leche y del Cristina Pinedo, acumulan más del 57 por ciento de las solicitudes de dependencia, al ser las zonas con una mayor densidad de población y, a su vez, más envejecida. Esta tendencia en cuanto al número de solicitudes atendidas es seguida por las zonas correspondientes a los Centros Sociales de La Orden, Torrejón y Lazareto, siendo la zona dependiente del Centro Social de Marismas del Odiel, la de menor número de solicitudes, quizás justificado por ser una de las zonas con menor densidad de población y con una población más joven.
Asimismo, destacó que si se comparan los periodos estudiados de los años 2007 y 2009 (el primero durante 8 meses, porque se inició en abril y el segundo durante 6 meses, ya que los datos están actualizados a junio de 2009) y con el número total de solicitudes tramitadas en 2008, se pone de manifiesto que la tendencia del número de solicitudes por año se mantiene prácticamente igual, no siendo observable el decrecimiento del número de demandas por año que se podía esperar en nuestro servicio. El Ayuntamiento de Huelva tramitó en 2007, 1.434 expedientes; en 2008, 2.606 expedientes; y hasta junio de 2009, 1.114 expedientes, lo que supone el total antes mencionado de 5.154 expedientes.
Fuente: Europa Press - 8 de agosto
viernes, 7 de agosto de 2009
ARAGON. ZARAGOZA ACUMULA CASI 66% SOLICITUDES PRESENTADAS
La provincia de Zaragoza acumula el 65,7 por ciento de las solicitudes de valoración de dependencia presentadas hasta finales de 2008, seguida por la de Huesca, con el 22 por ciento, y por la de Teruel, con el 12,3 por ciento.
De las 28.721 solicitudes presentadas en todo Aragón, desde mayo de 2007 y hasta el 31 de diciembre de 2008, 18.857 lo fueron en la provincia de Zaragoza, 6.302 en la de Huesca y 3.541 en la de Teruel, según el estudio "La Dependencia en Aragón" presentado hoy.
Tan solo en la capital de Zaragoza se habían realizado 11.460 peticiones, lo que significa el 39,9 por ciento de todas las hechas en la Comunidad Autónoma.
Sin embargo y aunque se podría esperar que la distribución de solicitudes de valoración de dependencia se correspondiese con la distribución total de la población residente (17 por ciento Huesca, 11 por ciento Teruel y 72 por ciento Zaragoza), el documento matiza que no ocurre así debido a que la dependencia y las edades avanzadas están muy relacionadas.
La edad media de los residentes de la provincia zaragozana, en concreto la de la capital, es menor que la de Huesca y Teruel, dando lugar a una población más joven, se afirma en el informe.
Por comarcas, son precisamente en las que se sitúan las tres capitales de provincia las que reúnen el 55,4 por ciento de las solicitudes (44,8 por ciento en la delimitación comarcal de Zaragoza, 6,2 por ciento la de Hoya de Huesca y 4,4 por ciento en la de Teruel).
Si se exceptúan esas comarcas, la distribución de peticiones de valoración de dependencia es similar a la distribución de la población por comarcas, agrega el estudio.
Así, la Comunidad de Calatayud, que cuenta con el 4,1 por ciento de las solicitudes, y Ribera Alta del Ebro y Cinco Villas, con el 3,1 por ciento cada una, son las que más han presentado.
En el extremo opuesto se sitúa Maestrazgo, con 0,3 por ciento, Sierra de Albarracín, con 0,4 por ciento, y Ribera Baja del Ebro y Gúdar-Javalambre, con 0,6 por ciento cada una de ellas, prácticamente en coincidencia con el menor número de habitantes.
La distribución de solicitudes por grupos de edad es similar en todo Aragón y en las tres provincias y el 85 por ciento aproximadamente de las personas que han pedido valoración de dependencia tiene una edad superior a 65, de los que más de un 66,7 por ciento supera los 81.
Sin embargo, el municipio de Zaragoza capital engloba el 40 por ciento de las solicitudes, aunque la distribución por edades no se comporta de forma similar a la de Aragón y sus provincias, ya que el porcentaje de solicitantes de más de 65 años se reduce a un 33 por ciento.
En los más jóvenes, entre 0 y 17 años, los porcentajes también son similares en todo el territorio aragonés: 1,5 por ciento de Huesca, 1,8 por ciento de Teruel y 2,3 por ciento de Zaragoza, aunque en la capital aragonesa asciende hasta el 2,6 por ciento.
En las comarcas, son las de Ribera Alta del Ebro y Gúdar-Javalambre las que tienen menor número de solicitudes de personas de más de 65 años, con un 78 por ciento aproximadamente, mientras que las de Jiloca y Sierra de Albarracín son las que presentaron mayor número de peticiones de dependientes mayores de 65, aproximadamente un 93 por ciento.
Respecto a las solicitudes resueltas a 31 de diciembre de 2008 en Aragón, un total de 25.472, es decir, el 88,7 por ciento, más de la mitad correspondía a grandes dependientes.
Por encima de esta media se encontraban veinte comarcas, entre ellas La Jacetania y Cuencas Mineras (62,7 por ciento); La Litera (61,3 por ciento); Hoya de Huesca, Tarazona y el Moncayo, Campo de Borja y Maestrazgo (en torno al 60 por ciento).
Los porcentajes más bajos de grandes dependientes se encontraban en las comarcas de Comunidad de Calatayud (43,7 por ciento); Gúdar-Javalambre (41,9 por ciento) y Campo de Belchite (38,2 por ciento).
Respecto a la dependencia severa, con una media en Aragón del 19,2 por ciento, destacan Gúdar-Javalambre (28,1 por ciento); Comunidad de Calatayud (28,1 por ciento) y Sobrarbe (23,7 por ciento), frente a La Litera (14,6 por ciento), Tarazona y el Moncayo (14,4 por ciento) y La Jacetania (12,2 por ciento).
Fuente: EFE
De las 28.721 solicitudes presentadas en todo Aragón, desde mayo de 2007 y hasta el 31 de diciembre de 2008, 18.857 lo fueron en la provincia de Zaragoza, 6.302 en la de Huesca y 3.541 en la de Teruel, según el estudio "La Dependencia en Aragón" presentado hoy.
Tan solo en la capital de Zaragoza se habían realizado 11.460 peticiones, lo que significa el 39,9 por ciento de todas las hechas en la Comunidad Autónoma.
Sin embargo y aunque se podría esperar que la distribución de solicitudes de valoración de dependencia se correspondiese con la distribución total de la población residente (17 por ciento Huesca, 11 por ciento Teruel y 72 por ciento Zaragoza), el documento matiza que no ocurre así debido a que la dependencia y las edades avanzadas están muy relacionadas.
La edad media de los residentes de la provincia zaragozana, en concreto la de la capital, es menor que la de Huesca y Teruel, dando lugar a una población más joven, se afirma en el informe.
Por comarcas, son precisamente en las que se sitúan las tres capitales de provincia las que reúnen el 55,4 por ciento de las solicitudes (44,8 por ciento en la delimitación comarcal de Zaragoza, 6,2 por ciento la de Hoya de Huesca y 4,4 por ciento en la de Teruel).
Si se exceptúan esas comarcas, la distribución de peticiones de valoración de dependencia es similar a la distribución de la población por comarcas, agrega el estudio.
Así, la Comunidad de Calatayud, que cuenta con el 4,1 por ciento de las solicitudes, y Ribera Alta del Ebro y Cinco Villas, con el 3,1 por ciento cada una, son las que más han presentado.
En el extremo opuesto se sitúa Maestrazgo, con 0,3 por ciento, Sierra de Albarracín, con 0,4 por ciento, y Ribera Baja del Ebro y Gúdar-Javalambre, con 0,6 por ciento cada una de ellas, prácticamente en coincidencia con el menor número de habitantes.
La distribución de solicitudes por grupos de edad es similar en todo Aragón y en las tres provincias y el 85 por ciento aproximadamente de las personas que han pedido valoración de dependencia tiene una edad superior a 65, de los que más de un 66,7 por ciento supera los 81.
Sin embargo, el municipio de Zaragoza capital engloba el 40 por ciento de las solicitudes, aunque la distribución por edades no se comporta de forma similar a la de Aragón y sus provincias, ya que el porcentaje de solicitantes de más de 65 años se reduce a un 33 por ciento.
En los más jóvenes, entre 0 y 17 años, los porcentajes también son similares en todo el territorio aragonés: 1,5 por ciento de Huesca, 1,8 por ciento de Teruel y 2,3 por ciento de Zaragoza, aunque en la capital aragonesa asciende hasta el 2,6 por ciento.
En las comarcas, son las de Ribera Alta del Ebro y Gúdar-Javalambre las que tienen menor número de solicitudes de personas de más de 65 años, con un 78 por ciento aproximadamente, mientras que las de Jiloca y Sierra de Albarracín son las que presentaron mayor número de peticiones de dependientes mayores de 65, aproximadamente un 93 por ciento.
Respecto a las solicitudes resueltas a 31 de diciembre de 2008 en Aragón, un total de 25.472, es decir, el 88,7 por ciento, más de la mitad correspondía a grandes dependientes.
Por encima de esta media se encontraban veinte comarcas, entre ellas La Jacetania y Cuencas Mineras (62,7 por ciento); La Litera (61,3 por ciento); Hoya de Huesca, Tarazona y el Moncayo, Campo de Borja y Maestrazgo (en torno al 60 por ciento).
Los porcentajes más bajos de grandes dependientes se encontraban en las comarcas de Comunidad de Calatayud (43,7 por ciento); Gúdar-Javalambre (41,9 por ciento) y Campo de Belchite (38,2 por ciento).
Respecto a la dependencia severa, con una media en Aragón del 19,2 por ciento, destacan Gúdar-Javalambre (28,1 por ciento); Comunidad de Calatayud (28,1 por ciento) y Sobrarbe (23,7 por ciento), frente a La Litera (14,6 por ciento), Tarazona y el Moncayo (14,4 por ciento) y La Jacetania (12,2 por ciento).
Fuente: EFE
COMUNIDAD VALENCIANA. COTINO PIDE 394 MILLONES AL GOBIERNO
Cotino pide 394 millones al Gobierno para financiar el sistema de atención y subsanar el déficit acumulado
El vicepresidente tercero del Gobierno valenciano y conseller de Bienestar Social, Juan Cotino, reclamó hoy un total de 393,85 millones de euros al Ejecutivo estatal para financiar el coste de la atención a los dependientes que tienen grado y nivel en vigor en la Comunitat y subsanar el "déficit económico" que "acumula" la región desde la puesta en marcha de la Ley de Dependencia en 2007.
Cotino se pronunció así en declaraciones a los periodistas tras reunirse con el equipo directivo de su departamento para analizar la repercusión del nuevo modelo de financiación autonómica sobre el sistema de atención a la dependencia en la Comunitat, acto en el que recalcó que "es necesario y urgente" que la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, reúna "en este mismo mes de julio" a los consejeros de las comunidades autónomas para abordar la financiación de la Ley de Dependencia.
El vicepresidente social del Consell destacó, en este sentido, que "es esencial" que Jiménez "explique las cuentas" a los responsables autonómicos y les comunique "qué va a ocurrir con la financiación de la Dependencia", cuestión sobre la que dijo haber "intercambiado impresiones" con otros consejeros como el de Galicia.
Cotino acusó al Gobierno central de haber "querido tapar con la financiación autonómica el problema de fondo, que es entrar en profundidad en la financiación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia" y recalcó que, pese a "no hay un dato concreto y firme" sobre la cantidad que percibirán, "el dato es insuficiente de todas, todas", según las informaciones conocidas hasta el momento.
En concreto, precisó que los 393,85 millones de euros que exige al Gobierno central corresponden a la deuda generada en la Comunitat "al no haber llegado a aportar el 50 por ciento del coste previsto en la propia Ley", y a la que se unen "los más de 200 millones que debería aportar el año próximo para financiar la mitad del coste previsto", que asciende a un total de 450 millones en 2010 para atender a las 70.000 personas con grado y nivel de dependencia en vigor.
Cotino criticó "los últimos cambios de criterio para el reparto de fondos para la dependencia" llevados a cabo por el Ministerio y sostuvo que "el mayor error de los nuevos criterios establecidos es que el Gobierno central no va a tener en cuenta a los dependientes incorporados al sistema a partir del 1 de abril de este año", con lo que "ignora a las personas dependientes reconocidas en los últimos nueve meses del año" y a "los reconocidos el próximo año".
Por ello, exigió al Ejecutivo estatal que "tenga en cuenta a todos y cada uno de los dependientes que así sean reconocidos a partir del 1 de abril", puesto que, a su juicio, el hecho de que "nadie que entra en la dependencia a partir del mes de abril no tenga financiación del Estado" constituye "una barbaridad".
Además, Cotino denunció que "el Gobierno ha actuado un poco de trilero" en esta cuestión al "dar una especie de información privilegiada hace cuatro meses a Andalucía y Cataluña", de modo que "esas dos comunidades autónomas han dado de alta a una serie de personas en los últimos dos meses para que ahora en el reparto saliesen más beneficiadas que el resto de comunidades autónomas".
TRES CAMBIOS EN UN AÑO
Indicó que el Gobierno central ha cambiado tres veces los criterios para calcular su aportación a las comunidades autónomas para financiar la Ley de Dependencia "en el plazo de un año, y parece que ahora se avecina otro cambio", y criticó que "esos cambios, como un guante, se van adecuando a la mano de aquellos que tienen la información privilegiada".
Al respecto, censuró que el Ejecutivo estatal no haya "solucionado definitivamente el problema de falta de fondos" ni haya "tenido en cuenta las peticiones de la mayoría de las comunidades", que le reclamaron "en reiteradas ocasiones" que adoptara "un sistema de financiación estable que permita la sostenibilidad del sistema de atención a la dependencia".
Por último, recordó que el Consell lleva "dos años reclamando esta necesidad urgente de un cambio del modelo de financiación, suficiente para garantizar la financiación de la atención a los dependientes del mismo modo que funciona el fondo de pensiones de la seguridad social". "Debe de haber una revisión", concluyó.
Fuente: adn.es - 7 de agosto
El vicepresidente tercero del Gobierno valenciano y conseller de Bienestar Social, Juan Cotino, reclamó hoy un total de 393,85 millones de euros al Ejecutivo estatal para financiar el coste de la atención a los dependientes que tienen grado y nivel en vigor en la Comunitat y subsanar el "déficit económico" que "acumula" la región desde la puesta en marcha de la Ley de Dependencia en 2007.
Cotino se pronunció así en declaraciones a los periodistas tras reunirse con el equipo directivo de su departamento para analizar la repercusión del nuevo modelo de financiación autonómica sobre el sistema de atención a la dependencia en la Comunitat, acto en el que recalcó que "es necesario y urgente" que la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, reúna "en este mismo mes de julio" a los consejeros de las comunidades autónomas para abordar la financiación de la Ley de Dependencia.
El vicepresidente social del Consell destacó, en este sentido, que "es esencial" que Jiménez "explique las cuentas" a los responsables autonómicos y les comunique "qué va a ocurrir con la financiación de la Dependencia", cuestión sobre la que dijo haber "intercambiado impresiones" con otros consejeros como el de Galicia.
Cotino acusó al Gobierno central de haber "querido tapar con la financiación autonómica el problema de fondo, que es entrar en profundidad en la financiación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia" y recalcó que, pese a "no hay un dato concreto y firme" sobre la cantidad que percibirán, "el dato es insuficiente de todas, todas", según las informaciones conocidas hasta el momento.
En concreto, precisó que los 393,85 millones de euros que exige al Gobierno central corresponden a la deuda generada en la Comunitat "al no haber llegado a aportar el 50 por ciento del coste previsto en la propia Ley", y a la que se unen "los más de 200 millones que debería aportar el año próximo para financiar la mitad del coste previsto", que asciende a un total de 450 millones en 2010 para atender a las 70.000 personas con grado y nivel de dependencia en vigor.
Cotino criticó "los últimos cambios de criterio para el reparto de fondos para la dependencia" llevados a cabo por el Ministerio y sostuvo que "el mayor error de los nuevos criterios establecidos es que el Gobierno central no va a tener en cuenta a los dependientes incorporados al sistema a partir del 1 de abril de este año", con lo que "ignora a las personas dependientes reconocidas en los últimos nueve meses del año" y a "los reconocidos el próximo año".
Por ello, exigió al Ejecutivo estatal que "tenga en cuenta a todos y cada uno de los dependientes que así sean reconocidos a partir del 1 de abril", puesto que, a su juicio, el hecho de que "nadie que entra en la dependencia a partir del mes de abril no tenga financiación del Estado" constituye "una barbaridad".
Además, Cotino denunció que "el Gobierno ha actuado un poco de trilero" en esta cuestión al "dar una especie de información privilegiada hace cuatro meses a Andalucía y Cataluña", de modo que "esas dos comunidades autónomas han dado de alta a una serie de personas en los últimos dos meses para que ahora en el reparto saliesen más beneficiadas que el resto de comunidades autónomas".
TRES CAMBIOS EN UN AÑO
Indicó que el Gobierno central ha cambiado tres veces los criterios para calcular su aportación a las comunidades autónomas para financiar la Ley de Dependencia "en el plazo de un año, y parece que ahora se avecina otro cambio", y criticó que "esos cambios, como un guante, se van adecuando a la mano de aquellos que tienen la información privilegiada".
Al respecto, censuró que el Ejecutivo estatal no haya "solucionado definitivamente el problema de falta de fondos" ni haya "tenido en cuenta las peticiones de la mayoría de las comunidades", que le reclamaron "en reiteradas ocasiones" que adoptara "un sistema de financiación estable que permita la sostenibilidad del sistema de atención a la dependencia".
Por último, recordó que el Consell lleva "dos años reclamando esta necesidad urgente de un cambio del modelo de financiación, suficiente para garantizar la financiación de la atención a los dependientes del mismo modo que funciona el fondo de pensiones de la seguridad social". "Debe de haber una revisión", concluyó.
Fuente: adn.es - 7 de agosto
ASTURIAS ROZA LAS 30.000 SOLICITUDES PARA RECIBIR AYUDAS
Asturias roza las 30.000 solicitudes para recibir ayudas de la Ley de la Dependencia
Asturias sumó hasta el pasado 1 de agosto 29.847 peticiones de ayuda con cargo a la Ley de la Dependencia, lo que supone que cerca del 3% de la población asturiana sufre, en algún grado, falta de autonomía personal.
La cifra, facilitada por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), demuestra que la demanda «ha superado todas las previsiones», tal y como reconocieron ayer fuentes de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda.
Y es que el Libro Blanco de la Dependencia, realizado antes de la puesta en marcha de la Ley (que en Asturias, la pionera del país, fue el 23 de abril de 2007), hablaba de una demanda inicial de 6.000 asturianos.
Sin embargo, sólo en los niveles más altos de dependencia se superan ya los 10.000 beneficiarios.
Por ese motivo, desde Bienestar Social se insistió ayer en exigir «un sistema de financiación estable que garantice la correcta implantación de la Ley de la Dependencia», a la vez que reclamaba al Gobierno central que «empiece a cumplir con el 50% de financiación» que recoge la norma, un apoyo que, hasta ahora, no se cumple, ya que 2 de cada 10 euros destinados a las personas con dependencia salen de las arcas regionales.
La falta de financiación estatal está provocando colapsos en la aplicación de la ley, puesto que tal y como la propia consejería asume, «las personas tardan un año en poder ver reconocido su derecho y tenemos que acortar los plazos de tramitación».
5.155 salarios
El otro caballo de batalla del Gobierno regional es equilibrar la balanza entre servicios y prestaciones, que ahora mismo se vuelca mayoritariamente hacia las pagas, ya que los usuarios optan de forma masiva porque les cuide su familiar.
En estos momentos son ya 4.530 los asturianos que perciben esta paga, mientras que otros 625 cobran para pagarse en la red privada el servicio que no encuentran en la oferta pública.
Esta prevalencia de las pagas está dañando, directamente, a servicios como el centro de día, el más demandado antes de la aplicación de la ley y que ahora mismo se ha quedado sin usuarios, hasta el punto de que el Principado aún no ha podido abrir en Gijón los dos habilitados en la Residencia Mixta y la ampliación del de La Camocha.
Para cambiar las tornas, ha iniciado el reparto de 7.000 trípticos publicitando el servicio, una campaña que ya ha tenido su primer éxito: 10 usuarios estrenan el centro de día San Agustín dotado con 28 plazas.
Fuente: lavozdeaviles.es - 7 de agosto
Asturias sumó hasta el pasado 1 de agosto 29.847 peticiones de ayuda con cargo a la Ley de la Dependencia, lo que supone que cerca del 3% de la población asturiana sufre, en algún grado, falta de autonomía personal.
La cifra, facilitada por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), demuestra que la demanda «ha superado todas las previsiones», tal y como reconocieron ayer fuentes de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda.
Y es que el Libro Blanco de la Dependencia, realizado antes de la puesta en marcha de la Ley (que en Asturias, la pionera del país, fue el 23 de abril de 2007), hablaba de una demanda inicial de 6.000 asturianos.
Sin embargo, sólo en los niveles más altos de dependencia se superan ya los 10.000 beneficiarios.
Por ese motivo, desde Bienestar Social se insistió ayer en exigir «un sistema de financiación estable que garantice la correcta implantación de la Ley de la Dependencia», a la vez que reclamaba al Gobierno central que «empiece a cumplir con el 50% de financiación» que recoge la norma, un apoyo que, hasta ahora, no se cumple, ya que 2 de cada 10 euros destinados a las personas con dependencia salen de las arcas regionales.
La falta de financiación estatal está provocando colapsos en la aplicación de la ley, puesto que tal y como la propia consejería asume, «las personas tardan un año en poder ver reconocido su derecho y tenemos que acortar los plazos de tramitación».
5.155 salarios
El otro caballo de batalla del Gobierno regional es equilibrar la balanza entre servicios y prestaciones, que ahora mismo se vuelca mayoritariamente hacia las pagas, ya que los usuarios optan de forma masiva porque les cuide su familiar.
En estos momentos son ya 4.530 los asturianos que perciben esta paga, mientras que otros 625 cobran para pagarse en la red privada el servicio que no encuentran en la oferta pública.
Esta prevalencia de las pagas está dañando, directamente, a servicios como el centro de día, el más demandado antes de la aplicación de la ley y que ahora mismo se ha quedado sin usuarios, hasta el punto de que el Principado aún no ha podido abrir en Gijón los dos habilitados en la Residencia Mixta y la ampliación del de La Camocha.
Para cambiar las tornas, ha iniciado el reparto de 7.000 trípticos publicitando el servicio, una campaña que ya ha tenido su primer éxito: 10 usuarios estrenan el centro de día San Agustín dotado con 28 plazas.
Fuente: lavozdeaviles.es - 7 de agosto
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