miércoles, 23 de diciembre de 2009

MADRID - CONVENIOS SERVICIOS SOCIALES...SIN ENVIAR

Denuncian que Aguirre no ha enviado aún los convenios de servicios sociales

"Es inconcebible que a fecha 23 de diciembre no se hayan enviado estos convenios para que los municipios puedan atender a los mayores, las familias con dificultades o las personas en situación de dependencia", ha criticado la portavoz socialista de Familia y Asuntos Sociales, Pilar Sánchez Acera.

Según Sánchez Acera, sin estos convenios los municipios no pueden desarrollar sus políticas sociales, ni aplicar correctamente la Ley de Dependencia.

Tras recordar que esta situación ya se produjo en 2009, ha acusado a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, de hacer "peligrar la continuidad" de los servicios municipales.

El convenio que suscriben los ayuntamientos y la Comunidad de madrid para la prestación de estos servicios, llamado Plan Concertado de Servicios Sociales, incluye la financiación y fuentes de recursos de dichos servicios, ha explicado la diputada.

En un comunicado, asegura que la consejera de Familia y Asuntos Sociales, Engracia Hidalgo, se comprometió el pasado 10 de noviembre, en una reunión con concejales de servicios sociales, a enviar una propuesta lo más pronto posible, pero insiste en que "aún no hay nada sobre la mesa de los ayuntamientos".

Además, señala "ya se había solicitado un incremento de estos convenios, teniendo en cuenta que ni en 2008 ni en 2009 -y parece que tampoco para 2010- se había aumentado el presupuesto que destina la Comunidad de Madrid".

"También se había solicitado un nuevo convenio para que se aplicara correctamente la Ley de Dependencia, pero parece que una vez más el Gobierno regional no considera la atención a nuestros mayores ni a los dependientes una prioridad", continúa la parlamentaria.

Para Sánchez Acera, los ayuntamientos están siendo "asfixiados" por el Gobierno de Aguirre, "y ahora además quiere que sean los ayuntamientos quienes financien la teleasistencia y ayuda a domicilio de los dependientes, mientras se quedan con el dinero transferido por el Ministerio de Sanidad y Políticas Sociales destinado a ese fin".


Fuente : abc.es

ALICANTE - PP Y PSOE PRESENTARÁN MOCIÓN CONJUNTA

PP y PSOE presentarán una moción conjunta sobre aplicación de Ley Dependencia

El equipo de Gobierno (PP) y el grupo socialista en el Ayuntamiento de Alicante se han comprometido hoy a presentar en el próximo pleno una moción conjunta referida a la aplicación de la Ley de Dependencia.

El anuncio, realizado hoy por la alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo, durante el pleno municipal correspondiente al mes de diciembre, se ha producido tras el debate de una moción presentada por los socialistas y en la que se exigía al Consell la "máxima prioridad política" en la aplicación de esta normativa.

La propuesta socialista ha sido defendida por la concejal Laura Soler, quien ha asegurado que han sido las plataformas en defensa de la citada ley en la ciudad las que han solicitado la presentación de la moción y las encargadas de redactar el texto de la misma.

En este sentido, Soler ha afirmado que le da "tristeza" tener que realizar por tercer año consecutivo alguna intervención en pleno sobre este tema, ya que los afectados son "personas que están sufriendo dificultades".

Por ello, ha pedido un "esfuerzo" a la corporación municipal para "pedir a la Generalitat que se solucionen los problemas de estas personas".

En respuesta a la petición, Castedo ha asegurado que han sido los socialistas los que no han querido aceptar la moción conjunta al respecto que se les ha ofrecido antes del comienzo del pleno, por lo que la sesión se ha interrumpido durante unos minutos para que el asunto fuera discutido de nuevo por ambos grupos municipales.

Finalmente, la moción de los socialistas no ha sido aprobada por los votos en contra del PP, pero ambos grupos se han comprometido a presentar una propuesta conjunta en el próximo pleno de enero.


Fuente : adn.es

martes, 22 de diciembre de 2009

CADIZ - EL CUIDADO DEPENDIENTES SIGUE EN MANOS FAMILIARES

Son las esposas, hijas o nueras que dedican tiempo y esfuerzo a la atención de sus mayores. Fueron educadas en otra época, con valores y cargos de conciencia que hoy cuesta entender. Ahora, mantienen el peso de la dependencia dentro de los hogares.

La ley, aprobada por unanimidad hace tres años, venía a cambiar esta realidad perpetuada durante décadas.

El texto habla de modernos recursos que favorecen la autonomía del beneficiario y mejoran su calidad de vida.
A los cuidadores también les reconoce su labor con un alta laboral de la Seguridad Social.
Según datos del desarrollo de la norma en la provincia, la percepción de la mayoría de los solicitantes es la posibilidad de obtener una 'paguita' que suman a la pensión del mayor , o en ocasiones, a los ingresos del familiar. La mitad de los gaditanos prefieren el dinero a cualquier otro servicio. Esa ha sido la elección de los casi 12.000 dependientes que han recibido la ayuda económica para la atención en el domicilio.

Esta situación se repite en toda España, y Andalucía -modelo de aplicación de la norma- no es la excepción. La dirección que está tomando no sigue los objetivos con los que nació. Esta ayuda al cuidador familiar es un recurso excepcional para realizar una adaptación a la vivienda o para proporcionarle una atención que el resto de servicios no contempla.

Una salida
La tendencia se repite desde que se aprobaron las primeras prestaciones y la crisis sólo ha venido a consolidarla. Carmen Almadema conoce la situación de primera mano. Es jefa de programas de mayores del Ayuntamiento de Cádiz y trabaja directamente con las familias. Cuenta que cuando empiezan con el papeleo sólo piensan en pedir la ayuda económica. «Nuestra tarea es informarles y aconsejarles que el recurso más adecuado no siempre es el dinero», reconoce.

El aumento del paro y la falta de perspectivas laborales han puesto a los hogares en situaciones límite. En algunas ocasiones, la pensión del anciano es el único ingreso que entra en la casa. «Pero la Ley de Dependencia no nació para hacer favores ni solucionar la crisis», explica la técnico municipal. Carmen se pone seria con este asunto e insiste en que «nunca se prescribe un recurso que no es idóneo a pesar de la decisión del cuidador». En la capital se han concedido 917 pagas familiares frente a las 376 de ayuda a domicilio y las 225 de residencia. Todas son incompatibles entre sí, por lo que el beneficiario sólo puede acceder a una de ellas.

La experiencia de Margarita Castilla, trabajadora social del Ayuntamiento de Chiclana, es parecida. Confía en que este desvío de la norma sea sólo al principio y, poco a poco, se vayan extendiendo el resto de prestaciones. De momento, se repite la tendencia. Margarita explica que la ayuda económica es a lo que están más acostumbrados. «No es sólo por coger el dinero, a muchas hijos les cuesta trabajo asumir que otra persona ajena colabore en el cuidado de su familiar». Ven los centros de día como una guardería sin reparar en los beneficios que pueden suponer para la mejora de su calidad de vida.

En el caso de la residencia, otros sienten que lo están abandonando. «La tradición sigue muy arraigada en nuestra provincia, especialmente en las zonas rurales. Aún es difícil asumirlo; sin embargo, la plaza en geriátrico es la segunda opción más demandada en nuestro municipio», aclara la trabajadora social.

La situación cambia cuando el dependiente necesita cuidados especiales por alguna patología. Es el caso de los enfermos de alzhéimer. Roberto Suárez, director técnico de la unidad de día AFA Vitae de San Fernando, asegura que son ellos los principales beneficiarios de estos recursos y no siempre acuden a centros específicos.

La crisis sí ha sido determinante para estos dispositivos y tiene conocimiento de que muchos han sacado a sus familiares para tenerlos en casa y cambiar la plaza por la prestación económica. «Entendemos que hay situaciones complicadas, pero para el afectado resulta perjudicial porque parte de su tratamiento es la estimulación cognitiva».

El especialista asegura que también se dan casos contrarios: Pacientes que han permanecido en casa porque se encontraban bien al cuidado de sus familias y luego son éstas las que solicitan el centro cuando es demasiado tarde.
Roberto Suárez considera fundamental un reajuste de la ley para que prime más el consejo del que realiza la valoración que la decisión del familiar y con toda probabilidad los tiros irán por ahí con el fin de devolver a la norma al camino para la que fue ideada.

Fuente : diariosur.es

MADRID - PSOE PIDE DESTINAR 30 MILLONES A LOS AYUNTAMIENTOS

La portavoz socialista de Familia y Asuntos Sociales en la Asamblea de Madrid, Pilar Sánchez Acera, reclamó hoy destinar a los ayuntamientos 30 millones de euros de los presupuestos regionales para la aplicación de la Ley de Dependencia.

Con esta enmienda los socialistas pretenden que en seis meses se produzca la aplicación plena de la Ley de Dependencia en la región donde, según aseguró la diputada, hay personas valoradas desde 2007 que todavía no están recibiendo las prestaciones de la Ley de Dependencia.

Sánchez Acera indicó que hay 100.000 personas en la Comunidad de Madrid que han solicitado ayudas en virtud de la Ley de Dependencia y sólo hay 50.000 valorados y 20.000 atendidos, y afirmó que la apuesta de los socialistas en materia de Dependencia es que quien solicite la prestación "en seis meses" tenga la valoración y el PIA realizado.

"No lo queremos. Quiere reproducir en la Comunidad de Madrid el modelo andaluz", espetó a las bancadas socialistas el portavoz del PP en la materia Jesús Fermosel, que dijo que no van a pedir al Ejecutivo central el cambio de la Ley de Servicios Sociales.

En este sentido, explicó que el modelo andaluz se basa en que los consistorios hacen el PIA y dan las prestaciones vinculadas al entorno familiar, hecho que ellos no aprueban.

Asimismo, el 'popular' indicó que las prestaciones vinculadas al servicio que se perciben en función de la Ley de Dependencia son "una copia" de la prestación cofinanciada que contempla la Ley de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid del año 2003 pero con nombre diferente.


Fuente : europapress.es

LA RIOJA - APROBADA LEY DE SERVICIOS SOCIALES

El Parlamento de La Rioja aprobó hoy, con los votos mayoritarios del Grupo Parlamentario Popular, la Ley de Servicios Sociales de la región, que "garantiza los derechos subjetivos" para los riojanos, según afirmó antes de la votación del Proyecto de Ley, la consejera de Servicios Sociales, Sagrario Loza.

Antes de que saliera adelante la nueva norma, el pleno de la Cámara riojana debatió las 108 enmiendas parciales presentadas por los Grupos Parlamentarios Socialista y Mixto -éste último que integra al Partido Riojano en el Parlamento regional. La totalidad de las propuestas fue rechazada por la mayoría del Partido Popular.

En relación a la Ley de Servicios Sociales, la consejera indicó que se ha elaborado bajo el objeto de que tenga "como eje vertebrador, el reconocimiento de los derechos subjetivos" a los ciudadanos, así como que supone el "cuarto pilar en el Estado del Bienestar para La Rioja".

Indicó que la Ley "regula los derechos de las personas usuarias, respondiendo a las demandas del sector, destacando el derecho al acceso universal, a la igualdad de oportunidades, acceso a su expediente personal, a tener una asistencia individualizada, a recibir servicios y prestaciones contemplados en la cartera de servicios y el derecho a tener asignado un trabajador social como profesional de referencia".

Loza destacó que la norma aumenta la ratio de trabajadores sociales, uno por cada cuatro mil habitantes, frente a la anterior de uno por cada cinco mil, así como se crean unidades específicas en las áreas de infancia, mujer, familia e inclusión social. Apuntó que ofrece 49 servicios y 11 prestaciones económicas.

"OLVIDO DE LA PERSONA"
Por su parte, el portavoz del Grupo Mixto, José Toledo, en la defensa de sus enmiendas, que indicó fueron rechazadas en Comisión "sin ningún argumento", señaló que es una Ley "con mayor preferencia para la Administración que para el ciudadano", en la que "se olvida de la persona".

Aseguró que además la nueva norma de Servicios Sociales "se olvida de los profesionales" y es una Ley en la que "priman aspectos económicos", en la que incluso "los profesionales no tienen reconocidos el derecho a ser respetados".

Parecidos argumentos ofreció el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Gustavo Gauthier, quien indicó que el texto "es la muestra evidente de la cojera del Estado de Bienestar de La Rioja", en el que "no se reconocen nuevos derechos" para las personas.

Precisó que en una Ley "tan tacaña" que "no es un avance en los sino que es una reordenación de los Servicios Sociales", al tiempo que apuntó que "no se hace una reforma de calado, sino una adaptación de las exigencias de la Ley de Dependencia".

Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Ana Lourdes González, afirmó que la oposición "sólo pretende empeorar con unas nefastas enmiendas una buena Ley que crea más derechos y nuevas prestaciones a los riojanos".

La parlamentaria popular reseñó que la Ley "supone cumplir con los riojanos" y es una "muestra del compromiso del Gobierno regional del Partido Popular con los más necesitados, con las personas que más dificultades tienen, y esto no lo puede soportar el PSOE".

RECHAZO PROPOSICIONES NO DE LEY
Antes del debate de las enmiendas parciales de la Ley de Servicios Sociales, el Parlamento rechazó dos Proposiciones No de Ley del Grupo Parlamentario Socialista.

Una de ellas referente a que "el Gobierno de La Rioja proceda a regular mediante decreto la inclusión, dentro de los distintos procedimientos administrativos destinados a la contratación de medios ajenos al Servicio Riojano de Salud o a la Administración Pública sanitaria en prestaciones sanitarias, de un informe previo de optimización de recursos sanitarios públicos".

La siguiente, también rechazada por la mayoría del PP, y que contó con el apoyo de socialistas y regionalistas, pretendía que "el Parlamento inste al Gobierno de La Rioja a que destine 420 euros al mes durante seis meses a los desempleados que se encuentren sin ningún subsidio desde el 1 de enero de 2008 hasta el 1 de enero de 2009".

Fuente : europapress.es

CASTILLA LA MANCHA - NUEVO MODELO DE FINANCIACIÓN

Araújo ha explicado hoy en una rueda de prensa en Toledo el nuevo modelo de financiación ratificado ayer en la reunión de la Comisión Mixta de Transferencias Estado-Comunidad Autónoma, y las ventajas que supone para Castilla-La Mancha.

Aporta más igualdad, que se consigue con la financiación garantizada para los servicios esenciales en términos de población ajustada y proporciona más estabilidad en la medida en que los recursos y las variables de distribución se actualizan anualmente.

Además de ser un sistema oportuno, porque el anterior no recogía el aumento de población experimentado desde 1999 y en este periodo se han recibido nuevas transferencias, se ha elaborado con un método participativo.

La consejera ha resaltado que a Castilla-La Mancha le benefician tanto las variables anteriores que se tenían en cuenta para establecer la financiación como las nuevas.

En el caso de las primeras, la población y el territorio, los castellano-manchegos son el 4,5 por ciento de la población española, pero ha sido una de las comunidades autónomas que más ha crecido, un 20,5 por ciento frente al 16,1 por ciento de media española; y en el caso del territorio, es la tercera región más extensa.

Pero sobre todo, ha continuado Araújo, a Castilla-La Mancha le benefician las variables nuevas, porque se tiene en cuenta la población mayor de 65 años y a los menores de 16 años; la población sanitaria protegida dividida en siete tramos de edad; y el nuevo cálculo de la baja densidad de población sin limitarla a una determinada extensión territorial.

Asimismo, le beneficia la aplicación efectiva de la Ley de Dependencia para distribuir recursos adicionales, puesto que "el haber sido diligentes" en la aplicación de esta norma permite pasar de tener una población potencialmente dependiente del 4,74 por ciento del total al 6,47 por ciento de los dependientes con derecho a prestación.

La vicepresidenta ha subrayado que el nuevo sistema incorpora propuestas de Castilla-La Mancha, de hecho, los fondos de convergencia se inspiran en su propuesta de reforma de Estatuto de Autonomía.

Los fondos de convergencia son el 3,5 por ciento de los recursos y se dividen en el fondo de competitividad para evitar las diferencias excesivas en financiación per cápita y el fondo de cooperación, que se destina a la convergencia de las regiones con menor nivel de renta o menos dinamismo demográfico.

Además de estos fondos de convergencia, el sistema se basa en el fondo de garantía de los servicios públicos fundamentales, que representa el 80 por ciento de los recursos y sirve para garantizar igual financiación para todos los ciudadanos en los servicios públicos fundamentales, y el fondo de suficiencia global, que es el 16,5 por ciento del sistema y garantiza la financiación del resto de competencias transferidas.

El nuevo sistema también establece más autonomía financiera, que se recibe a partir de la cesión del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y el de sucesiones y donaciones, los tributos sobre el juego y las tasas de servicios transferidos, que siguen en el cien por cien.

El IRPF aumenta su volumen de cesión del 33 al 50 por ciento; el IVA del 35 al 50 por ciento; el impuesto sobre venta minorista de determinados hidrocarburos, el de determinados medios de transporte y el de electricidad siguen en el cien por cien; y el resto de impuestos especiales (alcohol, tabaco e hidrocarburos) pasa del 40 al 58 por ciento de cesión.

El impuesto sobre el patrimonio que antes estaba cedido al cien por cien ahora desaparece y se integra en el fondo de suficiencia.

La consejera ha resaltado que el nuevo sistema es bueno para España pero beneficia singularmente a Castilla-La Mancha.

Fuente : abc.es

ANDALUCÍA - DIPUTACIÓN APRUEBA PRESUPUESTOS PARA 2010

Diputación aprueba los presupuestos para 2010 con el apoyo de PSOE e IU, que rechazan las 525 enmiendas del PP

La Diputación de Granada aprobó hoy en pleno ordinario sus presupuestos para 2010 con los votos a favor del PSOE e IU, que gobiernan en coalición, y el rechazo del grupo 'popular', después de que ninguna de sus 525 enmiendas hayan sido incorporada al documento.

Durante el debate, el PP lamentó que el equipo de gobierno "no haya tenido en ningún momento" la intención de escuchar sus propuestas y criticó el escaso tiempo que a su juicio han tenido sus diputados para estudiar el documento, que asciende a 212,8 millones de euros y supone un descenso del tres por ciento respecto al año pasado.

El portavoz del equipo de gobierno, José María Aponte (PSOE), defendió durante su intervención estos presupuestos porque mantienen las inversiones "prácticamente intactas" respecto al año pasado y aumentan en un 50 por ciento las partidas para la aplicación de la Ley de la Dependencia.

En el mismo sentido se pronunció el vicepresidente de la institución provincial, Julio Bernardo (IU), quien justificó el descenso de un tres por ciento de las partidas en una menor aportación de ingresos por parte del Estado y de la Junta y opinó que las cuentas "están bien hechas y aseguran las prestaciones" en este contexto de crisis internacional.

Por su parte, el portavoz del PP, José Antonio Robles, valoró el descenso de las partidas destinadas a gastos corrientes, protocolo y publicidad, aunque lo consideró insuficiente y advirtió de que la capacidad de financiación de la institución --sin recursos externos-- no supera los 1,7 millones de euros.

NUEVOS CRÉDITOS
Asimismo, Robles reprochó al equipo de gobierno que prevea pedir nuevos créditos por valor de 6,5 millones de euros hasta alcanzar los 28,5 millones acumulados en préstamos, pese a que "hace dos años se comprometió a reducir la deuda de forma progresiva".

Así, se mantuvo en su posición de que estos presupuestos cargarán la crisis en las espaldas de los ayuntamientos, puesto que se reduce en un 80 por ciento el Plan de Caminos Rurales y en un 50 por ciento los de obras y servicios.

Por ello, Robles apostó por eliminar la partida de 40.000 euros destinada a la puesta en marcha de la sociedad anónima unipersonal 'Granada Desarrolla Innova', cuya memoria y estatutos se aprobaron hoy de forma definitiva, para que se destine a proyectos para los ayuntamientos y opinó que debería rebajarse de 400.000 euros a 50.000 las partidas destinadas a la Conmemoración del Milenio de la Fundación del Reino de Granada.

En respuesta a esta exposición, Aponte acusó en tono irónico a los populares de haber confeccionado sus enmiendas con la "Wii Presupuestos" --en referencia a una conocida videoconsola-- y antes de la votación ya le advirtió que no se incorporarían ninguna de sus enmiendas "ficticias".

CONSEJEROS EN CAJAGRANADA
Por otra parte, el pleno de la Diputación también aprobó por una unanimidad el listado de las 21 personas designadas por el PSOE, PP e IU como candidatos a consejeros generales de CajaGranada en representación de la institución.

Así, desde el grupo socialista se ha designado a una decena de personas entre las que se encuentran el diputado José María Aponte, Jesús Quero, María Elena Martín Vivaldi o Carolina Fraguas, entre otros.

En el listado del PP aparecen nombres como el de César Ruiz, Víctor Morales o María Medina Navarro, mientras que los dos candidatos de IU son Julio Miguel Bernardo y Angélica Carmenate.


Fuente : europapress.es

C.VALENCIANA - "CUELLO DE BOTELLA" EN LA DEPENDENCIA"

El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta, aseguró hoy que se produce un "cuello de botella" en la aplicación de la ley de la Dependencia en la autonomía no por un "problema de financiación" sino porque la competencia autonómica correspondiente no se desarrolla con la "diligencia y corresponsabilidad necesarias".

Así lo indicó, en declaraciones a los medios, tras recibir a representantes de las Federaciones de Pensionistas de CCOO y UGT, a quienes les trasladó algunas informaciones sobre la política del Gobierno en relación con este sector.

Peralta indicó que en el encuentro les informó de la situación de la aplicación de la ley de la Dependencia en la Comunitat. "El gobierno aprueba la ley, consensúa con las comunidades autónomas su desarrollo normativo y ha puesto el dinero oportuno para la aplicaicón". No obstante, subrayó que el problema reside en que se "necesita una actuación individual en relación con cada dependiente, que es competencia autonómica".

"Ahí se produce el cuello de botella porque Madrid o la Comunitat Valenciana no reconocen el número de dependientes que tienen otras comunidades" y no por un "problema de financiación" sino porque "la competencia autonómica no se desarrolla con la diligencia y corresponsabilidad necesarias".

En esta línea, afirmó que otras comunidades "reconocen la dependencia a un número normalizado de ciudadanos" cuando en la Comunitat y Madrid "el número es notoriamente inferior, lo que provoca reiteradas denuncias ante el Defensor del Pueblo, que se ha hecho eco de las quejas y ha pedido que cumplan en condiciones normales". No obstante, lamentó que en ambos casos "no hemos conseguido que se haga realidad", por lo que "tendremos que seguir trabajando para que los dependientes vean reconocidos sus derechos".

Durante el encuentro, Peralta hizo referencia también el incremento de las pensiones, que en 2009 fue un 1,7% por encima de la subida del coste de la vida, según dijo, por lo que constató que se ha producido "un incremento real en una cifra signiticativa", siempre en relación con la "generalidad de las pensiones porque las mínimas subieron más".

Sobre el próximo año, indicó que el incremento se hará "en los términos tradicionales" de un aumento inicial del 1% "con la garantía de que si la inflación fuera superior a esa cifra se haría una revisión final que la ajustara". En este sentido, precisó que en este año no se va a hacer "porque han subido más que la inflación y el incrmeneto queda consolidado, y a partir de ahí se hará el aumento del 1% el año que viene".

Asimismo, destacó los incrementos registrados en las personas beneficiadas de los programas de vacaciones y termalismo para pensionistas --con 125.000 y 20.000 asistentes--, lo que supone un aumento del 22% en este año

Fuente : europapress.es

EXTREMADURA - PATICIPACIÓN EN CURSOS DE FORMACIÓN

Alrededor de 1.400 extremeños participarán en cursos de formación para el empleo en la atención a la dependencia

La Junta de Extremadura y las Diputaciones Provinciales de Cáceres y Badajoz firmaron hoy un convenio para la colaboración en programas de orientación y formación para el empleo y en la implantación del sistema para la autonomía y atención a la dependencia, y que gracias al cual alrededor de 1.400 extremeños se formarán en esta área, consiguiendo así un certificado de cualificación profesional, expedido por la Administración regional, que les permitirán su inserción en el mercado laboral.


El objetivo del convenio, firmado entre las Consejerías de Igualdad y Empleo, y Sanidad y Dependencia y las Diputaciones Provinciales de Cáceres y Badajoz, es contribuir al adecuado desarrollo de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia, además de actuar de manera coordinada y colaborar en el desarrollo de las acciones necesarias para garantizar la calidad de los servicios prestados.

En otras palabras, se trata de que Extremadura cuente con los profesionales mejor formados para que los servicios que se presten a las personas se encuentran en situación de dependencia tengan la calidad necesaria.

En la firma del convenio estuvieron presentes las consejeras de Igualdad y Empleo, Pilar Lucio, y de Sanidad y Dependencia, María Jesús Mejuto, y los presidentes de las Diputaciones de Cáceres, Juan Andrés Tovar, y de Badajoz, Valentín Cortés.

Según explicó Mejuto, las acciones recogidas en el convenio estarán orientadas a adecuar la oferta formativa a las verdaderas necesidades del sector; la realización de acciones de orientación y formación para mejorar la cualificación de familiares, cuidadores y profesionales; y a hacer posible la acreditación de las competencias profesionales en el ámbito de la atención a la dependencia, de tal manera que esta formación sea acreditada y reconocida por la autoridad laboral, y cualifique a las personas para su plena participación en el mercado de trabajo.

Para ello, las Administraciones implicadas en la firma de este convenio colaborarán con el Instituto Extremeño de las Cualificaciones y Acreditaciones (dependiente de la Consejería de Igualdad y Empleo) en la identificación, definición de las cualificaciones profesionales de las familias profesionales de Sanidad y Servicios Socioculturales a la región.

COMPROMISOS DE LAS PARTES

La consejeras de Sanidad y Empleo firman con los presidentes de las diputaciones provinciales convenio para la colaboración en programas de empleo y atención a la dependenciaEn base a dicho convenio, la Consejería de Sanidad y Dependencia facilitará información sobre programas y acciones formativas necesarias y adecuadas para la implantación de los servicios en el ámbito de la promoción de la autonomía y atención a la dependencia; colaborará en la realización de prácticas no laborales en los centros de gestión directa del SEPAD, de las personas participantes en las acciones de formación para el empleo programadas por alguna de las entidades firmantes.

Por su parte, la Consejería de Igualdad y Empleo, a través del Sexpe, se compromete a facilitar información disponible sobre el mercado de trabajo, con objeto de apoyar los estudios que se efectúen a nivel provincial; apoyar a las diputaciones para la realización de trabajos de redacción de módulos de formación y de actualización de la formación on line, y tutorado de cursos; la acreditación de centros de formación para el desarrollo de las acciones formativas promovidas por los Organismos Autónomos de Desarrollo Local de las Diputaciones, dirigidas a la obtención de los correspondientes certificados de profesionalidad.

Y finalmente, el compromiso de las Diputaciones Provinciales es el de comunicar al Sexpe las acciones ejecutadas y los resultados de las mismas; informar e integrar al Sexpe, a la Dirección General de Inclusión Social y al SEPAD en cuantas acciones se emprendan para la creación de empresas o para la articulación local de instituciones y empresas con fines de innovación, mejora de la actividad y de la generación de empleo.

PROGRAMAS ACTUALES

En la misma rueda de prensa, los presidentes de las Diputaciones Provinciales informaron de los planes de formación comarcal que en la actualidad están desarrollando, y que están dirigidos a personas que desean trabajar en servicios de proximidad y atención a las personas mediante itinerarios integrados de inserción sociolaboral.

De este modo, el proyecto de la Diputación de Badajoz se denomina ‘DELOSS CONSTELACION', y el de Cáceres se llama proyecto ‘ISLA 2011'. El primero de ellos cuenta con un importe de 3,5 millones de euros, y el segundo proyecto dispone de algo más de cuatro millones de euros repartidos en tres anualidades.

Fuente : extremaduraaldia.com

ASTURIAS - MÁS DE 100 DEPENDIENTES, USUARIOS DE CENTROS SIN ACREDITACIÓN

De los 800 usuarios de centros geriátricos privados afectados por la acreditación que exige la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, alrededor de un 12% -entre 100 y 120 mayores a decir del viceconsejero- se verán en la tesitura de cambiar de residencia.

Son aquellas personas que perciben prestaciones derivadas de la Ley de la Dependencia y que ocupan plazas concertadas con el Principado en una residencia privada que no ha solicitado la acreditación de calidad.

El plazo de entrada en vigor del sello comenzó el 7 de diciembre, si bien los servicios técnicos de la consejería tienen hasta el 7 de junio para ratificarlo. Hasta entonces, el mero hecho de haberlo solicitado les confiere marchamo de centro acreditado.

A ese centenar largo de personas es al que ha querido tranquilizar Ángel González al asegurar que «el cambio no se producirá de un día para otro. Cada caso se estudiará de forma individualizada, se revisará el Plan Individual de Atención con el usuario o con su familia y buscaremos la solución más adecuada. Hay que entender que estamos en un periodo de transición».

El viceconsejero no obvió, sin embargo, que el mayor número de centros geriátricos se encuentra en el centro de Asturias. «Es un número pequeño y no habrá dificultades», añadió.

No obstante, el resultado de esta primera parte del proceso ha sido altamente satisfactorio.

A pesar de la alarma generada entre las residencias privadas por la aplicación de esta parte de la Ley de la Dependencia, y tras haber fallado el Tribunal Superior de Justicia de Asturias en su contra, los días previos al 7 de diciembre se produjo una auténtica avalancha de solicitudes, que hicieron que el número de las presentadas sumara entre un 85 y un 90% del total de los casi 250 centros existentes. De hecho, las aproximadamente 220 residencias que se han sometido al control de calidad suman más de 8.000 plazas.

Hasta seis meses de plazo
Desde el pasado 7 de diciembre, el Principado cuenta con tres meses de plazo para comprobar la documentación presentada y realizar las inspecciones correspondientes que conviertan en definitivo el sello de calidad provisional del que ahora disponen. «Los servicios de inspección aplicarán criterios de rigor y flexibilidad.

Se valorarán, además de la documentación presentada, las instalaciones, las salas de trabajo y de terapia, el personal y su formación, la ratio en función del grado de dependencia, la participación de pacientes y familiares, y el respeto a los derechos de los usuarios», manifestó Ángel González, quien añadió que, ante el volumen de las solicitudes, los tres meses de plazo para la resolución administrativa podrían verse ampliados en otros tres, lo que dejaría en el 7 de junio la fecha final de la regularización de los centros geriátricos privados asturianos.

No desperdició la ocasión el viceconsejero de Bienestar Social y Vivienda para resaltar que Asturias es la única comunidad autónoma que ha ejecutado esta acreditación de calidad que recoge la Ley de la Dependencia y Autonomía Personal «tres años después de haberse aprobado».

La resolución afecta a los centros privados porque los de titularidad pública «cumplen los requisitos reconocidos en la resolución», señaló Ángel González, quien, no obstante, señaló que «se les realizará un examen más profundo» con el fin de acometer «las actuaciones puntuales que fueran necesarias». Pero son menos centros, aunque afectan a más usuarios: una media de entre 100 y 120 plazas por residencia. Todo lo contrario que los privados, de los que el 60% cuenta con menos de 50 plazas.

Fuente : elcomerciodigital.com

domingo, 20 de diciembre de 2009

C. VALENCIANA - MARCHA NARANJA

Marcha naranja para exigir la aplicación de la ley de Dependencia


Alrededor de 500 personas -300 según la Policía Local, 800 según la organización- formaron parte de la marcha naranja que ayer por la mañana recorrió las calles de Valencia para reivindicar "la reactivación" de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en Situación de Dependencia, norma aprobada hace ya 3 años.

La protesta, que fue convocada por diversas plataformas de dependientes de toda la Comunitat, se realizó simultáneamente en las tres capitales de provincia: Alicante, Castelló y Valencia. En ella, participaron personas en situación de discapacidad y familiares de las mismas, vestidos con camisetas naranjas y entonando villancicos adaptados. "Ande, ande, ande, ley de dependencia; ande, ande, ande, esto es una vergüenza", pudo escucharse.

El coordinador de la Plataforma en Valencia, Jaime Esteban García, indicó que el motivo de la queja es "la lentitud y confusión" en el proceso de aplicación de la ley. "La valoración y resolución de los grandes dependientes debería haberse concluido en el 2007, y a finales de 2009 sigue pendiente", denunció. "La responsabilidad es de la Generalitat", señaló el portavoz, quien por esta misma razón exigió al Gobierno valenciano "una aplicación acelerada de la norma, lo antes posible"".

"La Comunitat es una de las peores autonomías en la aplicación de esta norma; hay ciudadanos dependientes que ha venido de fuera y han perdido las prestaciones con las que contaban", aseguró Amparo, una de las afectadas por esta situación, cuya hermana de 40 años padece parálisis cerebral.

"Yo tengo que elegir entre tener a mi hermana encerrada en casa y que me den una prestación, o trasladarla a un centro de día y que entonces me la retiren", criticó. "El sentimiento general es de frustración, porque no se han cumplido las esperanzas de mucha gente", lamentó.

Al evento se unieron diversas personalidades políticas. Entre ellas, el secretario general del PSPV, Jorge Alarte, la portavoz municipal de los socialistas, Carmen Alborch, o la protavoz de Compromís y diputada de Inciativa, Mónica Oltra.

La marcha, que partió de la calle Colón a las 12 horas, concluyó frente al Palau de la Generalitat, donde los protestantes leyeron un manifiesto denunciando los "tres años de olvido, de excusas y de ocultación de datos" que el colectivo de personas dependientes y sus familias han sufrido en la Comunitat.

"Camps deja a los más débiles en la estacada"
Entre las personalidades políticas que se unieron a la marcha naranja se encontró el secretario general del PSPV, Jorge Alarte. El líder socialista insistió en la necesidad de que la Generalitat "abandone las instituciones" y explicó que debe hacerlo "por dignidad hacia los más de 13.000 solicitantes de la Ley de Dependencia que han muerto en la Comunitat sin atención".

"El Presidente de la Generalitat, Francisco, Camps deja en la estacada a los valencianos más débiles", concluyó.
Por su parte, el secretario general del PPCV, Antonio Clemente, respondió a estas declaraciones en un comunicado y calificó de "inmoral" que Alarte "utilice a los valencianos dependedientes para obtener beneficio electoral". En su opinión, el líder de los socialistas valencianos "debería enfocar su pancarta hacia Moncloa, para que allí cumplan con sus compromisos".

Fuente : levante-emv.com

viernes, 18 de diciembre de 2009

COCEMFE HACE BALANCE DEL AÑO 2009

Como objetivos para 2010 se tratará de que la Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia desarrolle de una vez los servicios destinados a la primera parte de la Ley.

COCEMFE celebró ayer la reunión del Órgano de Representantes Autonómicos (O.R.C.A.) y del Órgano de Representantes de Entidades Estatales (O.R.E.E.) de la entidad. Durante el encuentro se analizaron los temas más relevantes de la actualidad referentes al colectivo de personas con discapacidad, se hizo un repaso del trabajo realizado durante el año y se consideraron nuevas estrategias de trabajo para el año que comienza en breve.

Los presidentes de las entidades autonómicas y estatales de COCEMFE expusieron su creciente preocupación ante los recortes de las subvenciones para programas específicos de las comunidades autónomas hacia las personas con discapacidad.

Muchas Comunidades Autónomas donde se daban ayudas y subvenciones para las organizaciones de la discapacidad están recortando dichas ayudas amparándose en que no son situaciones de dependencia. Es decir, cualquier problema o necesidad o planteamiento del sector de la discapacidad quieren hacerlo pasar por la Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Lo que implica que si no hay situación de dependencia es como si no hubiera discapacidad.

Según Mario García, presidente de COCEMFE, “estas administraciones están haciendo recortes profundos en las subvenciones que están dando a las organizaciones para programas y actividades que no vayan a dependencia. Por ejemplo, en Andalucía y Asturias el recorte se ha quedado en algo más del 30%. Son datos muy preocupantes”.

“Si no se frena esta situación tendremos que volver a reconquistar lo que habíamos conseguido hace 10 o 15 años. Y esto es mucho tiempo perdido”, añade García.

Otro de los temas que se analizó fue la necesaria reforma de la Ley de Propiedad Horizontal para hacer recaer los costes de las actuaciones de accesibilidad colectivamente, en todos los vecinos del inmueble, y no, como ocurre ahora, en exclusiva sobre el vecino con discapacidad o mayor de 70 años.

Esta reivindicación fue atendida por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien el pasado 3 de diciembre, se comprometió a modificar la Ley en un plazo de seis meses. “Cada vez estamos más cerca de conseguir una demanda largamente reivindicada desde el colectivo de la discapacidad. Esperamos que se den los pasos necesarios para que efectivamente la norma esté modificada en el plazo anunciado por el presidente del Gobierno”, afirmó el presidente de la entidad.

La Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia también estuvo en el centro del debate. Según Mario García, “por delante y como objetivos para el próximo año queda por conseguir que verdaderamente se atienda a la primera parte de esta Ley, la `Autonomía personal’”.

Aprovechando que la norma cumple tres años en vigor y que dentro de la propia Ley se establece que transcurrido este plazo hay que realizar una revisión de la misma, Mario García apuntó también “que en este próximo año se deberá aprovechar para realizar una revisión exhaustiva del texto, y de esta forma intentar enmendar aquellas cuestiones que no están funcionando como debieran en el desarrollo de la ley”.

“Necesitamos una ley de servicios sociales que ampare y cubra las necesidades de las personas con discapacidad que no son dependientes pero tienen unas necesidades específicas. Será la única forma de que no perdamos el trabajo hecho hasta ahora”, concluyó el presidente de COCEMFE.

La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) es una Organización no Gubernamental sin ánimo de lucro que se constituyó en 1980. Su objetivo es aglutinar, fortalecer, formar y coordinar los esfuerzos y actividades de las entidades que trabajan a favor de las personas con discapacidad física y orgánica para defender sus derechos y mejorar su calidad de vida. La Entidad congrega a más de 1.500 organizaciones divididas en Confederaciones Autonómicas, Entidades Nacionales y Federaciones Provinciales que a su vez, agrupan a las diferentes asociaciones locales.


Fuente : discapnet.es

C. VALENCIANA - BAIX VINALOPÓ - CONCENTRACIÓN

Medio centenar de personas exigen la aplicación de la Ley de Dependencia

La Plaza del Ayuntamiento, congregó anoche a medio centenar de personas que respaldaron con su presencia la convocatoria realizada por la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia para exigir la aplicación de la ley.

El motivo de la concentración, según hizo constar en un comunicado la portavoz de la Plataforma, Trinidad Candela, era el de pedir a la Generalitat Valenciana, la aplicación de la Ley de Dependencia "puesto que la Comunidad, está a la cola de concesiones, tan sólo alcanzan un 5%, cuando lo normal debería ser el doble".

Tras la concentración, la Casa Municipal de Cultura, acogió un homenaje a las personas que han fallecido esperando poder beneficiarse de esta ley.

En concreto, según explicó Trinidad Candela, "trece mil personas han fallecido en la Comunidad Valenciana, esperando poder disfrutar de un derecho reconocido por ley".

Además, se dio lectura a una carta a los Reyes Magos, escrita por una niña de Catral, con problemas de habla y movilidad, en la que pide "la resolución definitiva de su expediente como dependiente". El acto finalizó con la proyección de la película "Las alas de la vida".

Fuente : diarioinformacion.com

jueves, 17 de diciembre de 2009

APROBADOS 85 MILLONES PARA LEY DE DEPENDENCIA EN 2010

Aprobados 85 millones para la Ley de Dependencia en 2010

El Consejo de Gobierno aprobó hoy un gasto de 85 millones de euros para garantizar el próximo año las prestaciones económicas derivadas de la aplicación de la Ley de Dependencia, que suponen un incremento del 74% respecto a la destinada en 2009.


Más información en Fuente : www.adn.es

CANARIAS - PSOE ACUSA A GOBIERNO CANARIO DE "HACER CAJA"

PSOE acusa a Gobierno canario de "hacer caja" a cuenta de Ley Dependencia

Rojas, en una comparecencia parlamentaria sobre el procedimiento centralizado del reconocimiento del derecho en el Sistema de Promoción y Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, instada por el grupo Socialista, afirmó que el mencionado grupo desconocía la Ley a pesar de tener una antigüedad de tres años.

Rojas aseguró que la Ley de Dependencia era una buena Ley antes de aplicarse, pero una vez aplicada "nos dimos cuenta de las dificultades que tiene hasta el punto que el propio Ministerio ha dicho que va a modificarla porque se vuelve en contra de los dependientes".

La consejera recordó a la diputada Socialista Francia Luengo que en sede parlamentaria dijo que la Ley pagaba una prestación a las mujeres que atendían a los dependientes y no es así, "la Ley paga a los dependientes para que esta personas reciba prestación".

"También dijo en el Parlamento que la Ley pagaba 1.000 euros y tampoco es verdad, ahora reconoce que son 300 euros y yo le digo que son entre 300 y 500 euros", subrayó.

Sobre la afirmación de Canarias está a la cola de la aplicación de la Ley de Dependencia, Inés Rojas aseveró que "esa es la foto que el Estado pone de Canarias pero la realidad es que Canarias es la comunidad que más servicios presta de toda España".

La consejera insistió en que la Ley de Dependencia no ha creado ningún servicio en Canarias; "ningún centro de día ninguna residencia".

Señaló que en la actualidad los cabildos tienen un equipo para valorar a los dependientes y que el Gobierno canario tiene otro, pero para 2010 "tendremos un único sistema de valoración".

Francisca Luengo, diputada Socialista, instó a la consejera a cambiar de rumbo respecto a la aplicación de la Ley de Dependencia "porque los canarios no nos merecemos estar a la cola en su aplicación".

Señaló que el pasado 10 de diciembre se reunión el Observatorio de la Dependencia y que entre sus conclusiones afirmó que en Canarias falta voluntad institucional para la aplicación de la Ley.

El Observatorio también señaló entre sus conclusiones que las comunidades que cuentan con las corporaciones locales para su aplicación, la Ley se cumple mejor, y en Canarias la ley no está descentralizada.

Aseguró que hay comunidades autónomas que aportan el 50 por ciento para la aplicación de la Ley y otras, como la canaria, "no aporta su 50 por cinto y lo que recibe del Estado no se aplica en la ley de Dependencia".

"A uno de diciembre de 2009, Canarias tiene un total de 26.000 solicitudes para beneficiarse de la Ley; de ellas, 19.000 están valoradas pero la prestación de los valorados sólo la perciben 5.748 canarios, no más del 20 por ciento de las solicitudes, por eso estamos en la cola de España", aseguró Luego.

"Si se han valorado a 19.000 dependientes y sólo 5.748 reciben prestación, 12.000 dependientes canarios están en el limbo, no reciben nada, pueden estar algunos valoradas, pero no reciben nada", subrayó.

"El tercer aniversario de la Ley de Dependencia es muy triste para las personas en situación de dependencia en Canarias; la cuestión es muy grave y la consejera tiene la responsabilidad de que las cosas cambien, debe cambiar el rumbo obligatoriamente", agregó Luengo.

Flora Marrero, diputada de CC, recordó que en un informe del Secretario General de Política Social, Francisco Mozas, se señala que la ley de Dependencia se aprobó sin ficha financiera adecuada y resaltó que para poder aplicarla es necesaria la colaboración de las comunidades autónomas.

Marrero recordó además que para 2010 el 72 por ciento de los presupuestos autonómicos van dirigidos al gasto social y que se ha incrementado la partida para el Sistema Canario de Dependencia.

Fuente : EFE

miércoles, 16 de diciembre de 2009

60.000 ENFERMOS MENTALES "ABANDONADOS" POR LA ADMINISTRACIÓN

Denuncian el abandono de 60.000 enfermos mentales en la C. Valenciana

“De la indigencia al retroceso”. Así ven las organizaciones de familiares y enfermos mentales la evolución de este colectivo en la Comunitat Valenciana. Pese a que la aprobación de la Ley de Dependencia, hace ya tres años, fue un rayo de esperanza, en la actualidad 60.000 enfermos mentales crónicos valencianos sufren el “abandono” de la Administración.

Esos son los cálculos de la Plataforma en Defensa de la Salud Mental, que ha hecho piña con los colectivos que abogan por una mejor gestión del sistema de Dependencia para hacer oír sus reivindicaciones. De este volumen total, unos 35.000 pacientes reciben tratamiento, “aunque tienen que cuidarlos los familiares en el 85% de los casos”, aseguró el portavoz de esta plataforma, Julián Marcelo. Además, denunció la a su juicio “deleznable atención del Consell” para estos enfermos, que están “en tierra de nadie”.

Según Marcelo, si la Generalitat no les abona los cuatro millones de euros que les debe en Prestaciones Económicas Individuales (PEI), con las que los enfermos copagan la hospitalización en sus centros específicos, éstos “pondrán en la calle a 700 enfermos que no pueden pagar y suprimirán 450 puestos de trabajo” el 1 de enero.

De las 13.000 plazas necesarias para estos enfermos, actualmente apenas existen 2.135 funcionando.

La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia volvió a acusar a la Conselleria de Bienestar Social de realizar una privatización encubierta del sistema valenciano de atención a este colectivo y denunció que apenas se conceden ayudas de cuidadores, para potenciar así la atención en residencias.

La portavoz de la Asociación Valenciana de Dependientes y Cuidadores (Avadec), Palmira Castellano, reveló que la crisis está provocando que muchas familias “saquen a ancianos de residencias porque así recogen la pensión y la ayuda a la dependencia, pero se abocan a una situación insostenible”.

Manifestación por la Dependencia
Las diferentes plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia de la Comunitat han convocado para este sábado tres “marchas naranjas” en las capitales de provincia. Quieren llamar la atención sobre la “mala aplicación” de la Ley de Dependencia en su tercer aniversario y la “discriminación que sufren los valencianos” por parte de la Generalitat. Los convocantes se darán cita a las 12.00 horas en la calle Colón de Valencia y a las 18.00 h frente a la Delegación del Consell en Alicante. “Han pasado tres años y estamos peor, tanto los interesados como los familiares y los propios trabajadores del sector”, añaden.

Fuente : 20minutos.es

C. VALENCIANA - LOS DEPENDIENTES ACUSAN AL CONSELL DE HABER EMPEORADO LA LEY

Todas las normas que el Consell ha elaborado para aplicar la ley de Dependencia "no la han mejorado, sino que la han empeorado, y mucho". Y el borrador del decreto que prepara Bienestar Social sigue el mismo camino: "no mejora el procedimiento, sino todo lo contrario".

La Plataforma en Defensa de la Ley de la Dependencia aprovechó ayer el inminente tercer aniversario de la puesta en marcha de esta medida -que se cumplirá en enero- para mirar atrás. Y la conclusión que saca esta entidad difícilmente puede ser más negativa: los dependientes "están peor que hace tres años" y existe un "gran retraso" en la aplicación de esta medida que se traduce en la "discriminación" que sufren los beneficiarios de la Comunidad Valenciana.

El coordinador de la plataforma, Jaime García, explicó que esta valoración no sólo se basa en la percepción de las asociaciones, que están en contacto con los dependientes y sus familias, sino también en datos objetivos. Así, recordó que tanto la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales como el Ministerio de Sanidad y Política Social sitúan a la Comunidad Valenciana en la cola de la clasificación autonómica en cuanto a aplicación de la norma.

Pero, además, puso diversos ejemplos para ilustrar esta situación. "Al Consell se le han acabado los recursos económicos para aplicar la ley, por lo que a los dependientes a quienes se reconocieron las ayudas antes de verano se les remite a 2010 para cobrar", indicó García. Han muerto "cerca de 13.000 personas" esperando las ayudas o las "innumerables solicitudes presentadas en el año 2007 sin respuesta", apuntó Palmira Castellano, presidenta de la Asociación Valenciana de Dependientes y Cuidadores.

Las dos plataformas aprovecharon el acto de ayer para anunciar para el próximo sábado una marcha naranja de protesta en Valencia, Castellón y Alicante para reclamar la aplicación de la Dependencia.

Estas manifestaciones coinciden con la ronda de contactos que mantiene Bienestar Social con entidades que representan a dependientes, como Cocemfe o Cermi, para perfilar la normativa destinada a agilizar la tramitación de ayudas. "Cualquier propuesta que sirva para mejorar el decreto será acogida con agrado", indicaron fuentes del departamento.

Fuente : elpais.com

C. VALENCIANA - NUEVAS PROTESTAS POR LA DEPENDENCIA

La Plataforma en defensa de la Ley de la Dependencia valoró ayer la aplicación de la ley tras tres años de su puesta en marcha.

Han sido constantes las protestas a lo largo de este periodo porque la resolución de expedientes se ha eternizado en muchos casos.

"Han pasado tres años y estamos peor", aseguró Jaime García, coordinador de la plataforma. La presidenta, Palmira Castellano, denunció que "hay innumerables solicitudes hechas en 2007 sin respuesta".

Por eso, la plataforma ha convocado una 'Marcha naranja' en las tres capitales de provincia para el próximo sábado. En Valencia, la manifestación saldrá de la calle Colón a las 12.00 horas.

Esperan que estas protestas sirvan para abrir un canal de comunicación con la Administración autonómica porque "la interlocución es nula".

Fuente : adn.es

martes, 15 de diciembre de 2009

ASTURIAS - PP "LA LEY LLEVA UN AÑO DE RETRASO"

El PP afirma que la ley de Dependencia lleva un año de retraso en Asturias

El PP cuestiona «la transparencia» del presupuesto de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda para 2010 y afirma que los seis mil asturianos que se prevé incorporar al Sistema Nacional de Dependencia a lo largo del año que viene deberían haber recibido ya su prestación. «Se vienen arrastrando desde 2009», denunció la portavoz popular de Bienestar Social, Inmaculada González, durante el debate del presupuesto en la comisión correspondiente de la Junta General del Principado.

La consejera Noemí Martín presentó unos presupuestos «ajustados», de 377 millones de euros -de ellos, 267 son para políticas de Dependencia-. «La columna vertebral de esta Consejería es la ley de Dependencia y el salario social», subrayó Jesús Iglesias, portavoz de IU, el partido que gestiona Bienestar Social.

La portavoz del PP criticó la escasa aportación del Estado a la financiación de la Dependencia en Asturias -en 2010 sólo está previsto que subvencione el 20 por ciento del gasto-, un hecho que la Consejera reconoció. «Nuestro objetivo es lograr el reequilibrio de las aportaciones», indicó.

La portavoz socialista, Clara Costales, respondió a las críticas sobre la financiación acusando a las comunidades gobernadas por el PP de «hacer caja» con el dinero de la Dependencia. «El PP está muy incómodo hablando de Bienestar Social y sus críticas no van más allá de la comida que se sirve en las residencias», objetó.

Fuente : lne.es

C. VALENCIANA - JJ SS ACUDIRÁ A LA PROTESTA EN ALICANTE

JJ SS irá a la protesta por la Ley de la Dependencia en Alicante

Juventudes Socialistas de la Vega Baja apoya la movilización provincial de defensa de la Ley de la Dependencia y llama a la población de toda la provincia a participar masivamente «para exigir al Gobierno de Camps un cambio radical en su actitud y que comience a trabajar en pro de los derechos de las personas dependientes».

En un comunicado el secretario general comarcal, Gabriel Estañ, afirma que «tres años después de la aprobación de esta Ley fundamental para nuestra sociedad, en la Comunidad Valenciana y gracias al Partido Popular los ciudadanos dependientes todavía no tienen sus derechos reconocidos».

Estañ recordó la propuesta que Jorge Alarte, secretario general del PSPV, ha lanzado a la sociedad valenciana anunciando que «si él es presidente de la Generalitat, se responderán todas las solicitudes de la Ley de Dependencia en 30 días, aunque tengamos que poner a todos los funcionarios a trabajar en ello».

Asimismo recuerda el responsable de Juventudes Socialistas que la movilización se hace cada vez más necesaria «ante el abandono que sufren las personas dependientes en nuestra Comunidad» y por eso los colectivos más directamente implicados en la defensa de sus derechos han considerado necesario salir a las calles para exigir al Consell de Camps que actúe para que la llamada Ley de Dependencia sea una realidad.

Fuente : laverdad.es

C. VALENCIANA - ZEROLO LLAMA A MOVILIZACIÓN

Zerolo llama a la movilización por la Ley de Dependencia

El secretario de Movimientos Sociales de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Pedro Zerolo, hizo ayer un llamamiento a «la movilización ciudadana» frente al «boicot» que, como aseguró, está ejerciendo la Generalitat sobre la Ley de Dependencia.

Zerolo se pronunció en estos términos en la rueda de prensa que ofreció en Elche junto al secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, y el vicesecretario del PSPV-PSOE y alcalde de Elche, Alejandro Soler, momentos antes de pronunciar la conferencia 'La diversidad como motor de progreso' que impartió en el Centro Cultural de la CAM.

En referencia al tercer aniversario de la entrada en vigor de la citada ley, criticó la gestión del Consell e indicó que «su misión se ha centrado desde el principio en ralentizar los trámites necesarios para su aplicación, de modo que cientos de ciudadanos están perdiendo el derecho a una serie de prestaciones públicas ligadas a su situación de dependencia».

Asimismo, mencionó los datos aportados por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Centros de Servicios Sociales, según los cuales «la Comunidad Valenciana, junto a Madrid y Canarias, se encuentra en los tres últimos puestos en cuanto a la aplicación y efectividad de la ley», sobre lo que precisó que «casualmente se trata de tres comunidades autónomas gobernadas por el PP».

Por ello, sentenció que «no es de extrañar que los ciudadanos se movilicen creando plataformas en defensa de la aplicación efectiva de la ley». Respecto a la puesta en marcha del servicio jurídico por parte del Ayuntamiento de Elche para tramitar las demandas de los afectados, Zerolo lamentó «la falta de respuesta» de la administración autonómica valenciana.

Más información en Fuente : laverdad.es

lunes, 14 de diciembre de 2009

C. VALENCIANA - ELCHE - DECLARACIONES DE ZEROLO

Zerolo asegura que el sistema nacional de dependencia es un derecho "subjetivo, ciudadano y denunciable"

El secretario de Movimientos Sociales y Relaciones ONG, Pedro Zerolo, aseguró hoy que el sistema nacional de dependencia "es un derecho subjetivo, un derecho de ciudadanía y, por tanto, es denunciable y, desde luego, demandable".

Pedro Zerolo hizo estas declaraciones hoy en una rueda de prensa en Elx (Alicante) antes de participar en una conferencia en el Centro de Congresos ilicitano, en la que señaló que "la ciudadanía tiene todo el derecho y más a construir las plataformas y las redes necesarias para hacer las denuncias oportunas por la ralentización y el boicot que el PP está haciendo a este sistema nacional de dependencia".

En este sentido, destacó que en diferentes comunidades autónomas como la de Madrid "la ciudadanía empieza a organizarse en plataformas, porque lo que no se puede hacer es ralentizar la entrada en vigor de un sistema nacional", como el de Dependencia.

Asimismo, el secretario recordó que "el gobierno de José María Aznar, siendo ministro Eduardo Zaplana, intentó poner en marcha un sistema nacional de dependencia privado y un seguro privado de dependencia".

Por ello, resaltó que "construir el Estado de Bienestar no es fácil y que apostar por políticas públicas no es fácil". Desde ayuntamientos como el de Elx se "hace todo lo posible por hacer lo que le corresponde a los ayuntamientos, recibir las peticiones de valoración y remitirlas a las comunidades autónomas, en este caso a la Comunitat Valenciana", añadió.

Zerolo remarcó que "de los que se trata es que todas las administraciones colaboren y hagan un ejercicio de responsabilidad, la responsabilidad que no ha tenido en esta cuestión el PP".

Así, animó a la ciudadanía a "denunciar esta situación", al tiempo que añadió que la ciudadanía "tiene todo el derecho y más a construir las plataformas y las redes necesarias para hacer las denuncias oportunas por la ralentización y el boicot que el PP está haciendo a este sistema nacional de dependencia".

Por último, Zerolo detalló que la Asociación Nacional de directores y Gerentes de Centros Municipales de Servicios Sociales estableció una clasificación y "las tres peores comunidades autónomas de toda España son Madrid, Valencia y Canarias".

Fuente : europapress.es

C. VALENCIANA - ELCHE - AYUNTAMIENTO EXIGE "GESTIÓN PÚBLICA"

Elche exige a Generalitat gestión pública en tramitación de Ley Dependencia

El Ayuntamiento de Elche ha exigido hoy a la Generalitat "la gestión pública" de la tramitación y aplicación de la Ley de Dependencia con el fin de que la Comunidad Valenciana "deje de estar a la cola" en cuanto al desarrollo de esta normativa se refiere.

La edil de Bienestar Social, Vicenta Pérez, ha reclamado al Consell "más coordinación con los ayuntamientos, que son los verdaderos gestores de los servicios sociales".

Pérez, acompañada por la abogada de la Oficina de Atención de Dependencia de Elche, ha asegurado que, desde que esta ley entrara en funcionamiento hace ahora tres años, "no se ha producido ninguna mejora debido a la dejadez del gobierno del PP".

"Hay un auténtico boicot contra la Ley de Dependencia por parte del Gobierno de Camps, según recoge el Observatorio Estatal de la Dependencia, que da la peor nota a la Comunidad Valenciana", ha añadido la edil.

Pérez, además de reclamar la gestión pública de la ley "y no a través de una empresa privada", exige la retroactividad de las resoluciones y la eliminación del silencio administrativo negativo.

"Es inadmisible que mientras que la media de tiempo entre la tramitación y la resolución de los casos es de casi dos años y medio en la Comunidad Valenciana, en Murcia, Andalucía o Castilla la Mancha es de cuatro meses", ha apuntado.

Fuente : EFE

ASTURIAS - PP ACUSA AL GOBIERNO DE FALSEAR LOS DATOS

PP acusa al Gobierno de ´falsear´ los datos de Ley de Dependencia

Acusan al Gobierno de actuar de forma poco transparente "para que no se sepa lo que invierte" y no reconocer el déficit en la aportación del Estado

El Grupo parlamentario Popular en la Junta General del Principado ha acusado hoy al Gobierno regional de "falsear" los datos sobre la aplicación de la Ley de Dependencia en Asturias, que prevé incorporar a seis mil nuevos beneficiarios en 2010, porque los datos sobre el gasto que genera "no cuadran"

La diputada del PP Inmaculada González ha hecho estas afirmaciones durante la comparecencia ante la Comisión de Economía de la Cámara regional de la consejera de Bienestar Social y Vivienda, Noemí Martín, para informar del presupuesto de su departamento para el próximo ejercicio.

Según González, las seis mil personas que la Consejería prevé incorporar al sistema de ayudas y prestaciones de la Ley de Dependencia "se arrastran desde 2009" y ha acusado al Gobierno de actuar de forma poco transparente "para que no se sepa lo que invierte" y no reconocer el déficit en la aportación del Estado.

Esta circunstancia ha sido reconocida por el portavoz de IU, Jesús Iglesias, quien ha subrayado que la falta de una financiación adecuada para aplicar esta ley "no es responsabilidad de los dependientes" y que, por solidaridad, comunidades autónomas como Asturias "hacen un esfuerzo por encima del que les corresponde".

Según el coordinador general de IU, el Principado debe exigir una mayor colaboración del Gobierno central aunque ha advertido que las dificultades para que Asturias perciba más fondos se deriva de la práctica habitual de las comunidades autónomas gobernadas por el PP de "hacer caja" con los fondos que aporta el Estado en esta materia.

El presupuesto de Bienestar Social y Vivienda, una de las dos consejerías que gestiona IU en el Gobierno, se elevará en 2010 a 377 millones, lo que supone un incremento del 2,5 por ciento respecto a 2009, casi el triple de la subida que registra en términos globales las cuentas públicas del Principado para el próximo año.

Para Martín, se trata de un presupuesto "ajustado, no el ideal y seguramente ni siquiera el necesario" en un momento de crisis y "transparente" en lo relativo a la gestión de la Ley de Dependencia para cuyas ayudas y prestaciones se han recibido 28.246 solicitudes en Asturias, de las que 6.188 están pendientes de valoración.

Del resto, un total de 15.183 personas han visto ya reconocidos sus derechos y 4.654 están esperando que se les elabore el plan de atención personalizado, un colectivo que Martín espera que se incorpore durante 2010 al grupo de beneficiarios de esta normativa junto a aproximadamente otros 1.400 solicitantes.

La principal partida se destinará a la Vicenconsejería de Bienestar Social -299 millones de euros, 18 más que en 2009- que aportará 216,8 millones al desarrollo de la Ley de Dependencia y contará para su financiación con una partida aportada por la administración central de 42 millones de euros.

Este incremento de fondos permitirá, según Martín, que en 2010 se pase de los más de 1.000 usuarios del Servicio de Ayuda a Domicilio para dependientes a 2.500 al cierre de 2010 y garantizará que todas de las personas solicitantes de estas prestaciones que cumplan los requisitos puedan acceder a las mismas.

Esta circunstancia, ha subrayado, se producirá también en el Salario Social, al que se destinarán 27,19 millones de euros, un 19,5 por ciento más, y ha recordado que hasta noviembre de este año se aprobaron 7.792 solicitudes, un 19 por ciento más que en 2008, de una prestación que llega a 16.831 personas que perciben entre 458 euros para una persona hasta 756 para familias de seis miembros.

Más información en Fuente : EFE

TRES AÑOS DE PROTECCIÓN DE LA DEPENDENCIA

Una ley para mejorar la vida

La norma que protege a los dependientes cumple hoy tres años y tiene reconocidas a casi medio millón de personas - Algunas cuentan su experiencia

Una norma necesaria que va a distinta velocidad

La Ley de Dependencia cumple hoy tres años y en España hay ya 463.303 personas que están disfrutando de una de las ayudas previstas. Más de la mitad (54,57%) son mayores de 80 años y un 21% pasan de los 65.

Las mujeres beneficiarias de una prestación suponen el 67% del total de los atendidos. Y son también mujeres las que están ayudando a que la ley funcione, porque son la inmensa mayoría de los cuidadores, una actividad que ahora se reconoce con una paga que ronda los 300 euros, en función del grado de dependencia del solicitante.

La ayuda económica para el cuidador familiar es la prestación más extendida, y en algunas comunidades es prácticamente la única ayuda existente. Pero hay también miles de personas en residencias o en centros de día. Un 8% de los solicitantes de una prestación que han sido valorados no ha obtenido la puntuación suficiente para tener derecho a una ayuda.

La Ley de Dependencia está llamada a ser también una formidable cantera de creación de empleo cuando alcance su velocidad de crucero. En estos tres años son alrededor de 100.000 los puestos de trabajo que se han generado, sobre todo vinculados a las residencias geriátricas y centros de día.

Y falta aún por desarrollarse a fondo la atención profesionalizada a domicilio. Éstas son algunas personas que han mejorado su vida gracias a esta ley cuya implantación completa se prevé para 2015.

REPORTAJE: Tres años de protección de la dependencia

Más información en Fuente : elpais.com

domingo, 13 de diciembre de 2009

C. VALENCIANA - EU DENUNCIA EL "BOICOT" A LA LEY DE DEPENDENCIA

Albiol asegura que el Consell "está poniendo obstáculos al cumplimiento de esta ley ya la tramitación de ayudas".

La diputada autonómica del grupo de no adscritos y miembro de EUPV, Marina Albiol, afirmó que los resultados del último dictamen del Observatorio Estatal para la Dependencia en el que la Comunitat obtiene "la peor calificación en aplicación de la normativa y está a la cola del Estado, demuestran que el Gobierno valenciano está poniendo obstáculos al cumplimiento de esta ley y a la tramitación de ayudas, porque de otra manera no se entiende la diferencia tan abismal entre la Comunitat y otras dónde sí se cumple, como por ejemplo Andalucía o Euskadi".

Esquerra Unida recordó que ha denunciado "en reiteradas ocasiones" que la Generalitat Valenciana "boicotea de manera muy seria el cumplimiento de esta ley", según informó el grupo político.

El propio Observatorio Estatal "deja patente la carencia de voluntad institucional a nuestra comunidad", señalaron las mismas fuentes, quienes criticaron que "lo más grave no es sólo la elevadísima cifra de personas que esperan la llegada de las ayudas que los atañen por ley, sino todas aquellas que ya han muerto mientras lo estaban esperando".

En este sentido, la diputada señaló que EUPV "volverá a llevar esta cuestión" a Les Corts, y confirmó que exigirá a la consellera de Bienestar Social, Angélica Such, "que tome buena nota del resultado de este dictamen y agilice, de una vez por todas, la aplicación de la ley para que no exista ningún agravio comparativo" entre la Comunitat Valenciana y el resto que sí cumplen la normativa.

Fuente : diariocriticocv.com

CERMI RECLAMA MÁS PROTAGONISMO DEL TERCER SECTOR

Cermi reclama más protagonismo del tercer sector para aplicar Ley Dependencia

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha reclamado hoy más protagonismo del tercer sector social en el despliegue de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y atención a la Dependencia, y en la implantación del nuevo sistema de protección social.

Con este fin, ha propuesto al Gobierno que impulse la constitución de un grupo de trabajo, de nueva creación, que tuviera por objeto analizar y promover la participación del tercer sector social -organizaciones de la sociedad civil sin ánimo de lucro- en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

En este grupo tendrían presencia las Administraciones competentes y los sectores sociales concernidos -personas mayores, personas con discapacidad y ONG, entre otros colectivos-, y se uniría a los varios que ya existen y que vienen desplegando su labor desde la puesta en marcha del SAAD.

Con la creación de este foro, según el Cermi, se "colmaría una laguna" y se daría satisfacción a las aspiraciones de los sectores sociales no lucrativos de implicarse y participar más activamente en todas estas iniciativas.

A juicio del Cermi, sería una forma de fraguar una línea de acción "constante, sostenida e inequívoca" en materia de participación de los sectores sociales, que contribuiría a la construcción y ampliación armónicas del sistema de dependencia.

Fuente : EFE

ASTURIAS - 10.083 EUROS POR DEPENDIENTE AL AÑO

La atención a la dependencia tiene un precio. En Asturias, el coste por dependiente y año es de 10.083 euros, lo que convierte al Principado en la cuarta región del país que más invierte en la atención a personas con discapacidad.

Sólo Madrid (16.750 euros por persona y año), Valencia (11.729 euros) y Extremadura (11.187 euros) gastan más, ya que Asturias supera, incluso, en 816 euros anuales a la media nacional, fijada en 9.267 euros.

La diferencia es aún más abultada si se compara el esfuerzo regional con comunidades muy cercanas, como Galicia, donde se gasta 1.883 euros menos que en el Principado, o con Murcia, donde la diferencia roza los 4.000 euros. En pesetas, hay más de 665.000 de diferencia al año entre la atención que recibe un asturiano con dependencia y un murciano en igual situación. Y más de 300.000 si se compara con la que recibe un gallego. A favor del asturiano.

Y es que, atender a las 10.529 personas que, actualmente, se benefician en Asturias de la Ley de la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia supone un desembolso mensual, ya sea en forma de servicios (centro de día, residencia, ayuda a domicilio o teleasistencia) o de pagas (para buscar un servicio en la red privada o como sueldo de un familiar)de 840,27 euros. El gallego se conforma con 687 euros. Y el murciano, con 512.

Aprobado de los expertos
Así lo refleja el último informe que sobre financiación y costes de la conocida popularmente como la Ley de la Dependencia, que está en vigor desde 2007, ha realizado la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. En el documento, presentado ayer en unas jornadas en Ciudad Real, los expertos dan un simple aprobado al Principado en el cumplimiento de esta ley, en un examen en el que suspenden Madrid, Valencia, Canarias, Murcia, Baleares y Extremadura. Incluso el propio Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), por su gestión de la ley en Ceuta y Melilla.

No obstante, el cinco 'pelao' otorgado a la región llega por aspectos más burocráticos, como carecer de nuevas leyes de servicios sociales o de un modelo de seguimiento, que de atención, ya que en cuestiones claves como el equilibrio entre prestaciones y servicios o la aportación efectiva de la comunidad autónoma recibe la máxima puntuación.

Porque la asociación de directores y gerentes de servicios sociales señala lo ya adelantado por EL COMERCIO, y es que en el último año la Consejería de Bienestar Social y Vivienda ha dado un impulso al atasco de expedientes registrado en 2008, hasta incrementar en un 112,8% el número de personas que, con derecho a beneficiarse de la ley, realmente lo hacen.

También refleja el estudio que, aunque las pagas a familiares, de las que ya se benefician más de 5.000 asturianos, suponen 24 millones de euros al año, el peso de la atención en Asturias descansa en los servicios. Así, las plazas de residencia, en la que viven 2.804 asturianos con dependencia, suponen un coste anual de casi 58 millones de euros; los centros de día, a los que acuden 854 beneficiarios de la ley, rondan los 6,5 millones de euros al año, y tener atención en casa, de la que disfrutan 1.010 dependientes, supera los 8 millones de euros al año.

Un ministerio moroso
En suma, más de 100 millones de euros al año que, según las cuentas de los expertos, son aportados casi equitativamente por las administraciones estatal y regional, con un pequeño porcentaje, del 18,6%, de los usuarios.

Y en este punto, el informe choca, frontalmente, con las tesis defendidas durante los dos últimos años por el Principado y, repetidas, ayer mismo, durante la presentación de los presupuestos para 2010 de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda.

Y es que el documento de la asociación de directores y gerentes en servicios sociales asegura que de esos más de 100 millones de euros, 41 los pone el Ministerio de Sanidad y Política Social; 18, los usuarios, y 39,8, el Principado. Es decir, ambas administraciones aportan el 41,7 y el 39,6%, respectivamente.
Sin embargo, la consejera asturiana, Noemí Martín, volvió a repetir ayer que «el propio ministerio reconoce que no aporta ni el 30%, cuando el reparto entre ambas tenía que ser al 50%».

Lo dijo la titular de Bienestar Social y Vivienda en la presentación de sus presupuestos, que ascenderán a 423 millones, incluyendo a su organismo autónomo, Establecimientos Residenciales de Ancianos (ERA) y de los que 267,5 serán, exclusivamente, para dependencia y discapacidad.
Es decir, el 63% de toda la disponibilidad económica de la consejería para 2010, en un montante al que el Ministerio de Sanidad y Política Social sólo aporta 42 millones. Poco más del 15%.

Esta circunstancia, aseguró Noemí Martín, «debe ser corregida», ya que «el propio ministerio reconoce que no llega al porcentaje pactado». Además de exigir que cumpla con lo que ya dice la ley, que ambas administraciones se repartirán a partes iguales el coste, Martín apuntó que «lo que debe cambiar es la aportación que realiza el ministerio por la atención a cada dependiente», que, en el denominado nivel mínimo, «ahora se diferencia por grados, pero no por servicios o prestaciones». Es decir, el Gobierno central aporta, actualmente, entre 263,93 euros y 70 por persona dependiente, entre el máximo grado y el mínimo, «pero tanto como si es para pagar a un cuidador familiar, como si es para que utilice una plaza residencial, cuando es mucho más cara la plaza», aseguró.

Fuente : elcomerciodigital.com

EL ABUSO DE LOS POBRES - ARTICULO

El abuso de los pobres

EMILIO ALFARO 13/12/2009



La fiesta ha durado poco.

Apenas ha comenzado a desplegarse en nuestro país una política integral de servicios sociales -el cuarto pilar del Estado del bienestar se le ha denominado, junto a la sanidad, la educación y la Seguridad Social-, cuando la corneta toca retirada. "Si no se toman medidas urgentes, será imposible mantener en el futuro el actual nivel de prestaciones sociales", advirtió tajante la semana pasada el diputado general de Vizcaya, José Luis Bilbao, y a partir de ahí se abrió una discusión general sobre la (in)sostenibilidad financiera del gasto social contraído y las posibles fórmulas para costearlo.

Por supuesto que hay que revisar y afinar políticas cuando cambian las circunstancias; y resulta evidente que la recesión económica ha alterado muy profundamente los presupuestos anteriores, hundiendo la recaudación fiscal mientras multiplica las necesidades de atención a los parados, excluidos y dependientes.

Sin embargo, sería conveniente un debate abierto, que abarcara todos los ángulos de la cuestión, y no únicamente los dos puntos en los que las diputaciones están haciendo hincapié: la financiación de ese gasto y el supuesto fraude generado por unas prestaciones sociales ofrecidas con la generosidad del tiempo de rosas anterior a la crisis.

Existe, ciertamente, el riesgo de que la discusión sobre cómo mantener, y con qué amplitud, el andamiaje de los servicios sociales se aborde con el desorden y la improvisación con que se ha puesto éste en pie, tanto en Euskadi como en el resto de España. Recuérdese cómo hubo, antes de que la crisis se pusiera seria, una alegre carrera entre administraciones a ver cuál era más progresista y reconocía la prestación más avanzada y vistosa, sin importar mucho que así se descuadrara la oferta del sistema general ni calibrar demasiado las cargas comprometidas para el futuro. Quedaba bien.

Cuando el presidente Rodríguez Zapatero se sacó de la chistera la ley de Dependencia, que tantas repercusiones está teniendo en la atención de ancianos y discapacitados y en las finanzas públicas, no estuvo acompañada de la paralela reflexión sobre los cambios en el sistema fiscal que debían sostenerla.

Y lo mismo cabe decir de la dadivosa ley vasca de Servicios Sociales de diciembre de 2008, gestada por el socio minoritario del Gobierno tripartito, Javier Madrazo (EB), a cuya aprobación consintió de mala gana el PNV más que nada para no incomodar a Ibarretxe.

Con ambas normas se ha terminado de dibujar un modelo de bienestar social a la escandinava, pero con un mercado de trabajo, una disciplina social y un soporte tributario nada parecidos a los de Europa del Norte. Mientras en Dinamarca o Suecia el peso de los impuestos y cotizaciones sociales (lo que se considera presión fiscal total) superaba en 2007 el 48% del PIB, en España se quedaba en el 37,1% y en Euskadi bajaba al 33,7%.

Hasta cierto punto, resulta comprensible que las advertencias sobre la inestabilidad de los servicios sociales provengan de las diputaciones. De la función recaudatoria que les asigna el Concierto Económico los entes forales han extrapolado el sentimiento de que los impuestos que pagan los ciudadanos son suyos y no disimulan su desagrado por el hecho de que otras instituciones más soberanas (las Cortes Españolas o el Parlamento vasco) establezcan derechos que ellas deben financiar y ejecutar en parte. Y, seguramente, el sostenimiento del sistema social obligará al final a crear un nuevo impuesto o a incrementar los ya existentes, como sugirió José Luis Bilbao. Sin embargo, antes sería conveniente debatir con amplitud sobre el conjunto del sistema.

Un enfoque de totalidad implica evitar la peligrosa deriva de señalar como causa principal de las grietas en los servicios sociales el fraude de algunos colectivos en algunas prestaciones.

Claro que hay que atajar los abusos y revisar incluso ayudas de inserción social que por sus condiciones pueden estimular a lo contrario, a permanecer bajo asistencia.

La quiebra del sistema, sin embargo, no está ahí, aunque pueda resultar muy rentable políticamente señalar a los inmigrantes. Ya decía el humorista Chumy Chúmez en uno de sus viñetas de potentados e indigentes que los pobres suelen ser muy abusones.

El desarrollo pendiente de la ley vasca de 2008 brinda a las instituciones vascas y a los demás agentes sociales la oportunidad de abordar en su integridad el problema, puesto que todavía deben aprobarse los planes estratégicos de servicios sociales con su mapa y la correspondiente memoria económica. Además, debe establecerse la cartera de prestaciones y servicios que garantizan las administraciones y la cuota de participación (copago) de los beneficiarios del sistema.

El marco de los servicios sociales se definió en la cresta de la ola de la exuberancia económica, en una alegre puja de ayudas, sin tener en cuenta que todo gasto debe ser financiado y que la oferta de servicios asimétricos no sólo rompe la deseable homogeneidad básica de ese cuarto pilar del Estado del bienestar, sino que causa indeseables carreras de emulación y molestos efecto llamada.

Y, sobre todo, el marco se dibujó sin preguntar a los ciudadanos cuánto están dispuestos a pagar por ellos y de qué forma. El debate hay que afrontarlo ahora a contrapelo, cuando los recursos escasean y el populismo actúa a la inversa, pero eso no impide que se pongan sobre la mesa todas las cartas de los servicios sociales y todas las opciones que existen para financiarlos. No sólo las más directas y cómodas.

Fuente : elpais.com

MURCIA - PSOE PIDE EXPLICACIONES DEL GASTO

PSOE pregunta en Asamblea cómo ha gastado la Comunidad los ingresos del Estado para atender la Ley

Afirma que la Consejería se ha visto obligada a resolver expedientes porque si no el Imserso no le hará las transferencias mensuales


La responsable de Política Social del Grupo Parlamentario Socialista, Lola Hernández va a presentar una iniciativa en la Asamblea Regional para que el Gobierno regional explique cómo se ha realizado el gasto de los ingresos recibidos por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para atender la Ley de Dependencia, informaron fuentes del partido.

Hernández señaló que la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración, después de dos años sin poner en marcha el Sistema de Atención a la Dependencia, ha comenzado en 2009 a resolver los expedientes.

Según Hernández, la Consejería se ha visto obligada a no seguir "boicoteando la aplicación de esta ley porque si no, el Imserso no hará las transferencias mensuales para pagar el mínimo garantizado por la Administración Central".

El Gobierno de España ha estado enviando durante los dos años anteriores el dinero aunque no estuviera la resolución de los expedientes. En este sentido, aclaró que la Administración General del Estado "ha cumplido, ingresando un 200 por ciento por encima de lo que el Gobierno regional contempló en sus presupuestos para 2009 y ahora falta saber qué ha hecho el Ejecutivo autónomo".

Por ello, Lola Hernández quiere saber cuánto ha puesto el Gobierno regional; a qué prestaciones o servicios ha ido destinado el dinero que ha venido del Gobierno de Zapatero y qué ha financiado el Gobierno regional con el dinero de la Dependencia.

"No queremos que haya ninguna duda para todos los ciudadanos que siguen esperando la resolución de sus expedientes y por eso vamos a pedir explicaciones", concluyó la parlamentaria socialista.

Fuente : europapress.es

sábado, 12 de diciembre de 2009

LA DEPENDENCIA ENCALLA EN SEIS AUTONOMÍAS

Valencia y Canarias son los gobiernos que peor están implantando la Ley

Para una persona dependiente del País Valenciano o de Canarias es mucho más arduo recibir las ayudas que establece la Ley de Dependencia que si viviera, por ejemplo, en el País Vasco.

Es la conclusión a la que ha llegado la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que este fin de semana se ha reunido en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) para evaluar la implantación de la norma y puntuar las actuaciones de las autonomías.

El País Valenciano y Canarias obtienen una puntuación de apenas un 0,5 sobre 10. Y otras cuatro comunidades también suspenden: Murcia obtiene un 1; Madrid, un 2; Baleares, un 3, y Extremadura, un 4. Además, Ceuta y Melilla donde el Imserso gestiona la aplicación de la Ley de Dependencia sólo obtienen un 4,5.

Es la cuarta ocasión en que el Observatorio de la Dependencia, formado por miembros de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, elabora un dictamen sobre la implantación de la Ley de Dependencia. Mañana se cumplirán tres años de su aprobación. La norma entró en vigor el 1 de enero de 2010.

Las autonomías que mejor aplican la norma son Andalucía, Castilla-La Mancha y el País Vasco, que tienen una puntuación de 8. La Rioja y Castilla y León reciben un 7,5; Aragón y Navarra, un 7; Cantabria, un 6,5; y Catalunya, Galicia y Asturias aprueban justo, con un 5.

Parámetros básicos
Para puntuar la labor de las autonomías han tenido en cuenta parámetros como el número de solicitudes sobre el total de la población de cada territorio, las personas con derecho reconocido pero pendientes de recibir la prestación, el equilibrio entre prestaciones económicas y servicios, y la aportación económica de las autonomías.

El presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, destaca que "las comunidades que han integrado la dependencia en su red de Servicios Sociales [otro de los parámetros que se han evaluado] y que han contado con las entidades locales de su territorio tienen mejores resultados que las que optan por modelos de gestión centralizados".

Con derecho a ayuda, pero todavía sin recibirla
El estudio del Observatorio de la Dependencia también denuncia la diferencia abismal entre las cantidades que aportan las autonomías a financiar la ley. Ramírez incluso apunta que Canarias "podría estar generando ingresos extraordinarios" ya que, explica, recibe dinero para aplicar la Ley y luego no lo destina a ello.

El Estado aporta a las autonomías una cantidad de dinero por cada dependiente que hayan evaluado. Otra cosa es que el dependiente esté recibiendo la ayuda que le pertenece. De las 717.044 personas con derecho a una ayuda, 253.71 aún no la reciben.

El informe también insiste en que dos de cada tres ayudas son económicas, para el cuidador familiar, cuando la Ley estableció que estas debían ser excepcionales. Pese a las críticas, Ramírez apunta que "en la mayor parte de las autonomías se constata como el Sistema se va consolidando, una vez superadas las dificultades de su fase inicial".

Fuente : publico.es

SUSPENSO A SEIS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

La aplicación de la Ley de Dependencia suspende en seis comunidades, Ceuta y Melilla

La Comunidad Valenciana, Canarias, Murcia, Madrid, Baleares, Extremadura y el IMSERSO (en Ceuta y Melilla) suspenden en la aplicación de la Ley de Dependencia, frente a Andalucía, Castilla-La Mancha y País Vasco, que obtienen un notable alto, según el IV dictamen del Observatorio Estatal para la Dependencia.

En la escala de evaluación de datos oficiales disponibles el 1 de diciembre pasado sobre la aplicación de la ley, la Comunidad Valenciana y Canarias obtienen 0,5 puntos; Murcia, 1; Madrid, 2; Baleares, 3; Extremadura, 4, y el IMSERSO (dependiente del Ministerio de Sanidad y Política Social), 4,5.

Aprueban con 5 Asturias, Cataluña y Galicia; Cantabria consigue 6,5; Navarra y Aragón, 7, y Castilla y León y La Rioja, 8,5.

La Asociación Estatal de Directores Gerentes de Servicios Sociales, el Observatorio de la Dependencia, reunido en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), indica que 565.218 personas han recibido en los tres primeros años de la ley alguno de los servicios y prestaciones económicas de su catálogo, y 463.303 siguen percibiéndolos ahora.

Fuente : EFE

ASTURIAS - "PAGAR A FAMILIARES CUESTA MÁS QUE TODO EL SALARIO SOCIAL"

Pagar a los familiares de personas con dependencia, para que ejerzan de cuidadores, sale más caro que todo un año de salario social.

Asturias destinará en 2009 más de 24 millones de euros a hacer frente a estas pagas para asistentes no profesionales, auspiciadas por la Ley de la Dependencia.

A pesar de que la norma las considera 'excepcionales', lo cierto es que, entre enero y diciembre, estos sueldos superarán en un millón de euros a la cuantía anual reservada para el salario social: 23 millones.

Así lo evidencia el informe que sobre financiación y costes de la Ley de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia ha elaborado la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, que ayer y hoy celebran unas jornadas en Ciudad Real.

Los expertos han utilizado datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) para calcular que en Asturias el salario medio de los cuidadores familiares asciende a 413,24 euros, en un abanico que oscila entre los 519,13 euros que puede cobrar la persona que atiende a un pariente con el mayor grado y nivel de dependencia (grado III, nivel 2), y los 300 euros que percibe quien cuida a un familiar con dependencia en grado II y nivel 1.

5.239 frente a 14.928
Con esos parámetros, la nómina mensual en Asturias ronda los 2 millones de euros. De hecho, en noviembre, 5.239 asturianos se repartieron más de 2,1 millones de euros. Como nada hace prever que la cifra de asalariados disminuya, los responsables de los servicios sociales en todo el país dan por hecho que el Principado superará los 24 millones de euros en 2009.

Frente a esta cantidad, que tiene como únicos beneficiarios a los que cobran la nómina, 5.239 en noviembre, aparecen los 23 millones de euros que el Principado ha puesto sobre la mesa para hacer frente a la demanda de salario social.

A mitad de año, eran 6.911 los asturianos con sueldo a cargo de la renta mínima, la que se concede a quienes ingresan menos de 527 euros al mes. El sueldo medio mensual son 553,51 euros, que es lo que cobra una mujer con dos hijos a su cargo, el perfil mayoritario del volumen total de perceptores.

La diferencia con las pagas a familiares es que la cifra total de beneficiarios es la misma que de nóminas, en el salario social del sueldo de estos 6.911 asturianos se beneficiaron 14.928 personas, ya que la mayoría de los perceptores de esta paga, implantada en Asturias en 2005 a instancias de IU, vive con familiares que dependen de ellos.

«Que cumplan la ley»
No obstante, el informe de los expertos corrobora lo adelantado ayer por EL COMERCIO, respecto a que las pagas a familiares que cuidan de personas con dependientes se han estabilizado y que Asturias es la sexta región con menor prevalencia de esta prestación.

Sin embargo, para el Partido Popular que más de 5.000 personas la cobren en Asturias y, sobre todo, que 150 familias intenten sacar a sus parientes con discapacidad de centros para cobrar por cuidarles, es motivo de «enfado, porque lo que tiene que hacer el Principado es obligar a cumplir la ley: esas pagas son excepcionales, no la norma».

Así lo aseguró la diputada Inmaculada González, que recordó que «nosotros ya advertimos de que las familias estaban optando por la paga y dejando vacías residencias y, sobre todo, centros de día». En su opinión, «hay que pensar , únicamente, en el dependiente».

Fuente : elcomerciodigital.com

C. VALENCIANA - ALARTE PROMETE APLICAR LA LEY DE DEPENDENCIA

La visita del secretario general de los socialistas valencianos a Petrer tuvo otro de sus puntos álgidos en la reunión que mantuvo por la tarde con colectivos comarcales relacionados con la Ley de Dependencia.

La promesa que Alarte trasladó a los colectivos ayer en Petrer pasa por la aprobación de una ley que establezca la aplicación inmediata de la Ley de Dependencia, en un máximo de 30 días. "Pondremos a trabajar a todos los funcionarios del Gobierno valenciano para que se reconozca hasta la última petición".

Los datos proporcionados a Jorge Alarte por la agrupación local de Petrer sitúa en un 16% las peticiones de Petrer que han obtenido resolución firme, dejando a más de 600 personas fuera, más, como comentaba el líder socialista, "aquellos que están en su casa y no han solicitado una ayuda porque las desconocen".

Más información en Fuente : diarioinformación.com

GRANADA - "LA PAGA" DE DEPENDENCIA LLEGA A 9.000 FAMILIAS

La 'paga' de la dependencia llega a nueve mil familias granadinas

Esta opción, prevista inicialmente como una excepción, la solicitan casi la mitad de los beneficiarios de la Ley · Las asignaciones oscilan entre los 250 y los 500 euros al mes · Le sigue la prestación de ayuda a domicilio

Tres años después de la entrada en vigor de la Ley de Dependencia -en enero de 2007- los responsables de la Delegación de Igualdad ven cómo una prestación concreta de las ofertadas a los beneficiarios de la ley y que, inicialmente, estaba contemplada sólo como una "excepcionalidad" en el texto, está siendo la opción más elegida por los dependientes y sus familias.

Se trata de la "prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales", en su acepción oficial, y que supone que el familiar que se encarga a diario de los cuidados de la persona dependiente, impidiéndole el trabajo fuera de casa, reciba una pequeña paga, sin derecho a paro, pero con la que se le da de alta en la Seguridad Social con un convenio que puede ayudarle a cobrar una pensión tras su jubilación.

En la actualidad, hay 8.909 personas dependientes y, por ende sus cuidadores, que están acogidos a la misma en la provincia de Granada. Una cifra que supone el 46% del total de las personas que ya disfrutan de servicios por la Ley de Dependencia en la provincia, más de 19.000.

En Andalucía hay algo más de 40.200 personas acogidas a esta prestación y la provincia de Sevilla es en la que más dependientes la han solicitado, casi 12.700.

Pero la relevancia del dato confirma que la normativa ha servido para hacer aflorar o para hacer más visible aún una realidad social extensible a toda Andalucía: la de que la familia es aún el principal soporte de las personas con algún grado de discapacidad y éstas prefieren, cuando le es posible, permanecer en su casa o, al menos, con su entorno más cercano.

La ayuda que reciben los cuidadores es muy pequeña y en función siempre de los ingresos que tiene la persona dependiente de la que se encarga. No depende de su propio patrimonio. Oscila entre los 250 y los 500 euros al mes. Y no se aceptan todas las peticiones. Sólo en las que se acredita una vinculación muy estrecha -cónyuges, padres, hermanos, sobrinos- y a propuesta del trabajador social del ayuntamiento al que pertenecen, que generalmente conoce de cerca cada caso y familia.

No se suelen aceptar propuestas, por ejemplo, de personas que ya están ingresadas en un centro y algún pariente se ofrece a hacerse cargo de repente. Prima -insisten las fuentes consultadas- el criterio del profesional.

Aunque no se ha estudiado el perfil, por separado, de estos cuidadores, prácticamente el 90% son mujeres con una edad media de algo más de 49 años. El 80% ha tenido algún trabajo remunerado a lo largo de su vida y el 37%, además de cuidar a la persona que les necesita casi las 24 horas del día, se hacen cargo del resto de la familia. Sólo el 11,11% tiene estudios universitarios, frente a un 26,67% que se quedó en los estudios primarios o un 15,56% que no posee ninguno.

Conscientes del peso que tienen estos cuidadores familiares -y conscientes, también, de que el trabajo que hacen sería mucho más costoso si lo ejerciese un profesional o requiriese el ingreso en un centro- las administraciones han hecho un esfuerzo por reforzarlos con formación -como atender mejor, sanar o mover a una persona dependiente- y apoyo psicológico.

Según informó la delegada provincial de Igualdad, Magdalena Sánchez, aunque la prestación económica por cuidado en el entorno familiar supone casi la mitad de las resoluciones atendidas ya, "el resto de prestaciones también son bien acogidas aunque en menor número pero todo depende de cada familia". Según los datos de la Delegación Provincial, a la prestación económica por cuidado le sigue la ayuda a domicilio con 4.467 beneficiarios a través de la Ley de Dependencia (23% del total de las resoluciones); las plazas en centro residencial, con 2.257 dependientes (11,5%) y los centros de día, con 1.222 beneficiarios (6,31%).

Frente al éxito de la prestación de cuidado en el entorno familiar, la Ley de Promoción de la Autonomías Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia contempla otras ayudas aún con pocas solicitudes como la de la ayuda económica para un asistente personal, quizá porque está concebida para dependientes moderados que necesitan apoyo para una acción puntual, pero que podría incrementarse en los próximos años, cuando la aplicación del derecho llegue también a ellos. En la actualidad, en Granada hay sólo dos personas dependientes acogidas a este servicio.

Cualquiera de estas prestaciones son compatibles con otras -ayuda a domicilio, teleasistencia, unidades de día-. La única que no se puede combinar con otras es la del ingreso en un centro residencial.

Desde que entró en vigor la Ley en 2007, se han emitido ya 23.743 resoluciones con derecho a recibir alguna de las opciones de ayuda ofertadas por la ley. De estas, 19.371 personas ya están recibiendo alguna prestación.

Fuente : granadahoy.com