viernes, 30 de octubre de 2009

EXTREMADURA - SERVICIOS SOCIALES AL MARGEN DE LA DEPENDENCIA ES "DISFUNCIONAL"

El secretario regional de CC.OO, Julián Carretero, ha asegurado hoy que plantear los servicios sociales al margen de la Ley de Dependencia provoca una "disfuncionalidad" que impide una concepción integral del sistema.

Así se ha expresado Carretero en la inauguración de unas jornadas organizadas por su sindicato en Mérida para analizar la futura Ley de Servicios Sociales de Extremadura, que se celebran hoy en Mérida con la participación de 40 trabajadores sociales.

Según Carretero, el objetivo de este encuentro es recoger la problemática del día a día de estos profesionales para, después, trasladar sus propuestas al proyecto de Ley de Servicios Sociales, fruto del acuerdo entre el Gobierno regional, la patronal y los sindicatos.

"El proyecto de ley sigue planteando unos servicios sociales al margen del sistema de dependencia", ha indicado Carretero, quien estima "perjudicial que no haya una concepción integral en Extremadura".

De igual modo, ha reivindicado que la gestión de los servicios sociales sea transferida a la Junta, puesto que, a su juicio, "recaer la responsabilidad de los servicios sociales en los ayuntamientos hace que haya una inseguridad clara".

En esta línea, ha denunciado que la gestión de este sistema por los entes locales "no garantiza una igualdad ni una homogeneidad en el conjunto de la prestación de esos servicios a la ciudadanía".

En su opinión, si se desvinculan estas cuestiones y el Gobierno regional no asume una competencia directa "seguirán cayendo en error" por lo que, ha añadido, su sindicato pondrá "todos los medios para que esto no sea así".

Además ha criticado que la norma regional no concreta cuáles son los servicios a los que se puede acceder, no concibe el sistema de servicios sociales como una red de establecimientos y no determina el contenido de la cartera de servicios ni el derecho a la participación cívica.


Fuente : EFE

CASTILLA Y LEON - LA MITAD DE LOS RECURSOS DE FAMILIA IRAN DESTINADOS A LA DEPENDENCIA

La atención a los dependientes será el principal reto de la Consejería de Familia para el año 2010.

Así de rotundo se mostraba el consejero del ramo, César Antón, durante su comparecencia en las Cortes de Castilla y León para explicar los Presupuestos de su departamento para el próximo año.

Un montante que se incrementa en un 1,76 por ciento respecto a las cuentas del pasado año, al alcanzar en éste los 878 millones de euros, que suponen el 8,31 por ciento del presupuesto global de Castilla y León.

Las ayudas para 2010 seguirán avanzando en medidas que apuesten por fomentar la natalidad entre castellanos y leoneses, la conciliación de la vida familiar y laboral, la igualdad entre hombres y mujeres, el Plan de Drogas, la emancipación juvenil, la exclusión social, así como el ya menciaonado anteriormente atención a la dependencia, que contará con una inversión de 486 millones de euros.

Nuevos programas
Además, para la atención a las víctimas de violencia doméstica se destinarán 4,7 millones de euros y se implantará un protocolo de intervenciones breves frente al abuso de alcohol y un consejo sanitario antitabaco en los servicios de prevención de riesgos laborales.

También anunció la puesta en marcha de otras 1.200 nuevas plazas infantiles (de cero a tres años), hasta alcanzar las 15.000. Asimismo se convertirán 45 centros educativos sujetos al programa «Crecemos» en instalaciones educativas.

En definitiva, según señalaba el consejero César Antón, unas cuentas «austeras», «realistas» y «comprometidas con los castellanos y leoneses», que incorporarán 47 millones de euros para dar respuesta a las situaciones de exclusión social derivadas de la crisis económica.

En total desacuerdo con estos presupuestos se mostraban los procuradores del Partido Socialista, cuyo portavoz en la Comisión, Fernando Rodero, manifestaba que el consejero había «mezclado todo» en sus cifras. Rodero señalaba que el 80 por ciento del presupuesto de la Consejería se encuentra «sin provincializar y sin destino concreto», y acusó a Antón de falta de planificación, informa Efe.

Especialmente crítico se mostró el portavoz socialista en lo que se refiere a las cifras para la dependencia y a su gestión, sin olvidarse de sus discrepancias con Antón en cuanto a los «decrecimientos en temas de mujer, empleo, juventud e infancia.
Por su parte, la portavoz del Grupo Popular en la Comisión, Paloma San Jerónimo, aplaudía estas cuentas de la Consejería de Familia y destacó que suponen un «compromiso con las políticas sociales» en todas las áreas; natalidad, violencia de género, plazas residenciales, prevención de drogas, dependencias y las necesidades más básicas de las familias castellano y leonesas.

Fuente : larazon.es

COMUNIDAD VALENCIANA - ELDA - CHARLA SOBRE LA LEY DEPENDENCIA

El PSOE de Elda celebra hoy viernes una Charla Informativa sobre el desarrollo
de la Ley de Dependencia en la Comunidad Valencia que correrá a cargo del diputado
Antonio Torres, portavoz socialista en la Comisión de Bienestar Social de las Cortes
Valencianas.


Clemen Torrado, secretaria de Bienestar Social de la dirección socialista eldense, ha manifestado que “el motivo de la organización de esta charla es que nuestra Comunidad es la que peor aplicación de la Ley ha tenido en todo el país, y eso es por la nefasta gestión llevada a cabo por el PP, que ha puesto impedimentos constantes a un derecho que tienen las personas reconocido en la Ley

En este sentido, el PSOE local espera que, a través del diputado responsable de la materia en el parlamento valenciano, los ciudadanos tengan una información pormenorizada sobre la cuestión.

Torrado ha expuesto que “desgraciadamente el nulo interés del PP por aplicar
eficazmente la Ley ha producido que muchas personas hayan fallecido esperando ver
reconocida la prestación, lo que resulta un hecho lamentable


La charla tendrá lugar en el Salón de Actos de la Fundación Paurides hoy viernes
a las ocho de la tarde.

Fuente : intercomarcal.com

CASTILLA Y LEON - EL PROCURADOR DEL COMÚN PIDE QUE LA LEY NO TENGA INCOMPATIBILIDADES

Insta a que se permita la ayuda a domicilio y la prestación económica de cuidados en la familia

El Procurador del Común de Castilla y León, Javier Amoedo, ha instado a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades para que, a través de las modificaciones normativas oportunas, posibilite la compatibilidad entre el servicio de ayuda a domicilio y la prestación económica de cuidados en el entorno familiar del Sistema para la Autonomía Personal y la Atención a la Dependencia.

Se trataría de evitar así una desigual e inferior protección de las personas en situación de dependencia en Castilla y León, comunidad en que ese servicio es incompatible con la ayuda económica, frente a los ciudadanos de otras comunidades que reconocen dicho régimen de compatibilidades.

Fuente : diariodeleon.es

LA RIOJA - LA LEY DEPENDENCIA SE LLEVA "EL GRUESO" DEL PRESUPUESTO

La Ley de Dependencia se lleva el grueso del presupuesto de Servicios Sociales

Las ayudas económicas que establece la ley para el próximo año son de 20.200.000 euros de los más de 100 millones que gestiona la Consejería con la mayor partida presupuestaria de todos los PG de La Rioja para 2010.

La Ley de Dependencia es la 'niña bonita' de los Presupuestos Generales de La Rioja para 2010. Se lleva 102.132.137 millones de euros, el 76,78% de la Consejería de Servicios Sociales, la cartera más beneficiada en el reparto presupuestario del Ejecutivo y que consigue un incremento del 14,55% con respecto al año anterior, cuando el resto de consejerías han sufrido un recorte.

La Dirección General de Atención a la Dependencia que gestiona todo el contante económico destina unos 5.284.974 millones de euros a los Centros de Día para personas mayores. Además de mantenerse las 305 plazas públicas ya existentes se crearán a partir del año que viene 120 nuevas en Logroño, Calahorra, Anguiano y Fuenamayor. También se construirán tres nuevos Centros de Día en Badarán, Casalarreina y Cirueña.

Además se crearán 300 plazas públicas en residencias de personas mayores en las diferentes cabeceras de comarca. La creación de nuevas plazas además del mantenimiento de las 1.179 ya existentes genera un gasto de 28.297.843 euros. Ese prespuesto también contempla la ampliación o reforma de centros y residencias de personas mayores, además de la construccion de una nueva residencia para personas mayores en Logroño.

En cuanto a la Discapacidad, la Consejería incrementa la financiación para las 652 plazas públicas ya existentes en residencias, centros de día y centros ocupacionales. Además, el año que viene se crearán otras 52 plazas públicas dirigidas preferentemente a la enfermedad mental y a la esclerosis múltiple.

Dentro de la Dirección General de Atención a la Dependencia, existe el Centro de Valoración de la Discapacidad y Dependencia que recibe casi un millón de euros de presupuesto, la Fundación Tutelar que vela por los derechos de las personas tuteladas y que cuenta con una finaciación de 700.000 euros.

Las ayudas económicas que otorga la Consejería para las familias que atienden a personas dependientes son de 20.200.000 euros para 2010, lo que representa un incremento de 92,38%.

LEY DE PROTECCIÓN DE LA FAMILIA RIOJANA
Sagrario Loza ha anunciado que la futura Ley de Protección de la Familia Riojana será presentada en el Parlamento el próximo año aunque no ha dado más detalles. La Protección y Promoción de la Infancia cuenta con un presupuesto de 4.604.409 euros que se destinarán a mantener las 733 plazas públicas de guardería, reformar y adaptar varios centros así como las ayudas económicas a familias con menores en riesgo de exclusión social o la creación del teléfono del menor.

La Consejería cuenta con la ayuda de los Ayuntamientos y Mancomunidades para que las ayudas a domicilio lleguen a toda la región. Por ello, invertirá 9.286.000 euros, un 10,3% más que en 2009, para incrementar un 20% las horas de ayuda a domicilio con previsión de alcanzar 941.021 horas y de atender a 4.300 personas. También se incrementará en un 3,5% el precio financiado por hora de ayuda a domicilio.

Servicios Sociales pondrá en marcha dos experiencias piloto: apoyo psicológico en el domicilio y programas de terapia ocupacional y fisioterapia para personas dependientes.


Fuente : rioja2.com

jueves, 29 de octubre de 2009

COMUNIDAD VALENCIANA - LA CIERVAL APOYA PROPUESTA APLICAR IVA "SUPERREDUCIDO"

La Cierval, apoya la propuesta de la CEOE de aplicar el Impuesto de Valor Añadido (IVA) "superreducido" al sector de la dependencia y trasladar el ahorro al usuario para "agilizar" la implantación de la Ley de Dependencia.

Según un comunicado de la Confederación de organizaciones empresariales de la Comunidad Valenciana, el objetivo final de esta propuesta es dinamizar el acceso de las personas dependientes a los recursos profesionales.

La medida planteada por el presidente de Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE) y presidente de la comisión de trabajo sobre Sanidad y Bienestar Social de Cierval, Alberto Giménez, pretende reducir el IVA del sector al 4% y abaratar así las plazas para las personas en situación de dependencia.

El objetivo es, "además de dinamizar un sector con importantes retornos económicos y sociales, repercutir el ahorro al usuario final favoreciendo la implantación de la Ley de Dependencia y facilitando la financiación de las prestaciones sociosanitarias a las personas dependientes", según las fuentes.

La propuesta encajaría con las directivas europeas que establecen la posibilidad de aplicar un tipo de IVA reducido a los servicios intensivos en mano de obra, los prestados directamente a los consumidores finales o los que utilizan mano de procedencia local, especialmente personal femenino.

La Comisión de Trabajo de Sanidad y Bienestar Social reúne a representantes de hospitales, centros de dependencia, empresas de tecnología sanitaria, farmacéuticas y de sectores relacionados con la salud, con el objetivo de coordinar las actuaciones empresariales en esta materia.

Fuente : EFE

GOBIERNO QUIERE QUE LOS CIUDADANOS CON DISCAPACIDAD CUENTEN CON UN GESTOR PERSONAL

Será una persona que les informe de todas las ayudas y recursos existentes que puedan interesarles, según explicó Jiménez en el Congreso

El Gobierno creará próximamente y de momento sólo como experiencia piloto la figura del referente o gestor personal para las personas con discapacidad, concebida para ofrecer a los ciudadanos con problemas físicos, psíquicos o sensoriales toda la información disponible en las distintas instituciones que pueda interesarles y potenciar así la autonomía personal tan demandada por el sector de la discapacidad.

Así lo anunció la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, en la Comisión de Discapacidad del Congreso de los Diputados, donde compareció por primera vez desde que tomó posesión de su cargo para dar cuenta de las políticas de su departamento referidas a la discapacidad.

La creación de este "gestor personal", explicó, se hará con la colaboración del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y en principio llegará sólo a las ciudades que cuentan con centros de referencia del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Madrid, Salamanca y Burgos) y a Ceuta y Melilla.

Con esta iniciativa, subrayó la ministra, se quiere potenciar la parte de autonomía personal de la que habla también la Ley de Dependencia.

La norma sobre la dependencia fue objeto del comentario de los distintos grupos parlamentarios presentes en la Comisión de Discapacidad de la Cámara Baja, que, en general, consideraron que no está dando los frutos que se esperaba. Francisco Vañó, del PP, señaló que su desarrollo "tiene problemas pendientes, como el de la financiación, que no es la óptima para que sea sostenible".

En la misma línea se manifestó Rosa Díez, del Grupo Mixto, quien apuntó que la implantación de la norma sobre la dependencia y la autonomía personal "no está siendo ejemplar", pues, entre otros problemas, se enfrenta a retrasos en las resoluciones que hacen que algunas personas hayan fallecido cuando se conceden las ayudas que les corresponde.

A este respecto, la titular de Política Social reconoció que todavía "queda mucho por hacer", si bien agregó que se está trabajando con rigor y se están consiguiendo logros que no siempre se reconocen. "Me incomoda", finalizó, que sólo se hable "de la parte que queda por hacer" de la Ley de Dependencia.

Fuente : servimedia

MURCIA - CCOO DENUNCIA LA FALTA DE DESARROLLO LEY DEPENDENCIA

CCOO denuncia la falta de desarrollo de la Ley de Dependencia en la Región de Murcia a los tres años de su implantación

CCOO denuncia la falta de inversión en nuevos servicios y centros por parte de las Administraciones Públicas con el riesgo de no crear nuevos puestos de trabajo. El sindicato manifiesta su más absoluta oposición con las fórmulas de privatización que la Administración regional está poniendo en práctica.

La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, Ley de Dependencia, como todos la conocemos, nació fruto del Acuerdo de Diálogo Social previo que en diciembre de 2005 alcanzamos CCOO junto con el Gobierno, las organizaciones empresariales y sindicales.

Tras casi tres años de la puesta en marcha de la Ley, nos encontramos con una paradoja peculiar en la Región de Murcia, porque no existe, de momento, ningún decreto que desarrolle esta Ley que tantas expectativas ha generado.

CCOO denuncia que la diferencia de signo político entre administración central y autonómica es responsable del retraso la implantación de la Ley en la Región de Murcia. Todo esto perjudica esencialmente a las personas en situación de dependencia y a sus familiares que en algunos casos incluso tardan casi dos años en reconocer la prestación correspondiente, llegando a veces, cuando la persona ha fallecido.

En octubre de 2009, tenemos en la Región de Murcia según el SISAAD (Sistema de información para la Autonomía y Atención a la Dependencia), un total de 20.692 solicitudes registradas, de las que 10.363 son el total de personas beneficiarias de prestaciones y 10.329 solicitudes están pendientes de reconocer la prestación correspondiente.

Nos encontramos con la mitad de las personas con derecho a una prestación sin reconocerla, muy por encima del resto del país. Es decir, nuestras personas en situación de dependencia tardan más en tener reconocido el tipo de prestación (atención residencial, prestación económica, hospital de día, ayuda a domicilio…) que le corresponde mucho más tarde que alguien que viva fuera de la Región.

En la Región de Murcia más del 83% de las prestaciones que se han reconocido corresponden a la prestación económica de cuidado familiar, más de 30 puntos por encima de la media nacional (51,36%).

Y ante esto corremos el riesgo por un lado de que el resto de servicios no se potencie lo suficiente, así como la activación y el desarrollo de nuevos servicios sociales que la ley prevé, con el agravante de no crear nuevos puestos de trabajo, que desde CCOO se preveía en torno a los 300.000 empleos directos.

Además, existe en la Región de Murcia una falta de inversión en nuevos servicios y centros por parte de las Administraciones Públicas. Y por otro lado, que se cree una perversión al utilizar la prestación económica para contratar apoyos fuera del mercado de trabajo regulado, aumentando así formas de empleo sumergido.

Desde CCOO se manifiesta la más absoluta disconformidad y oposición con algunas tendencias de financiación que pretenden introducir fórmulas de privatización de la Dependencia en nuestra Región, lo cual confronta con la filosofía acordada en la Ley 39/2006.

Los Presupuestos Generales de la Región de Murcia deben priorizar aquellas inversiones que empujen a la inversión en infraestructura social pública, para garantizar un despliegue real de todo el catálogo de prestaciones de la Ley de Dependencia, en el marco de una Red de servicios sociales donde la provisión y gestión de servicios tenga mayoritariamente un carácter público. Por lo tanto, la titularidad de la gestión de los servicios de dependencia, debe ser gestión pública directa, ya que la naturaleza de las prestaciones es de carácter estrictamente público (art. 3.a).

Desde CCOO se exige al Gobierno regional y al Gobierno de la nación el cumplimiento estricto de lo establecido en la Ley en aras de conseguir una atención de nuestras personas dependientes de calidad y en las mejores condiciones posibles.

Fuente : teleprensa.es

CANTABRIA - CONSEJO APROBARA HOY PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS

El Consejo de Gobierno aprobará hoy jueves, en su reunión semanal, el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Cantabria (PGC) para 2010.

Las cuentas públicas rondarán los 2.400 millones de euros lo que supone, por primera vez, una caída interanual de los recursos presupuestarios.

Posteriormente, a las 11 horas, la vicepresidenta del Gobierno regional, Dolores Gorostiaga, y el consejero de Economía y Hacienda, Ángel Agudo, presentarán en rueda de prensa el proyecto de Ley de Presupuestos, que será registrado, por el titular de Economía, a las 12.30, en el Parlamento de Cantabria.

Los presupuestos generales de Cantabria para 2010 se acompañarán además de un plan de choque que pretende movilizar inversiones extrapresupuestarias por valor de unos 200 millones de euros a lo largo de los dos próximos años, plan que también será trasladado a la Cámara.

El titular de Economía ha reconocido que elaborar las cuentas del próximo año ha sido "complicado", por el recorte de ingresos. Se trata, por tanto, de un presupuesto "austero", porque reduce el gasto público, pero al mismo tiempo "fortalece la cohesión social" y se acompaña de medidas complementarias que permiten mirar al futuro con optimismo.

Aunque en líneas generales el presupuesto de 2010 estará marcado por el descenso, hay políticas que lejos de seguir esa tendencia verán incrementadas sus partidas el próximo año, esencialmente el gasto relacionado con políticas sociales, en especial las de aplicación de la Ley de Dependencia y las de atención a los desempleados. También se incrementará el gasto en política educativa y se mantendrá un crecimiento -aunque moderado- del gasto sanitario.

Fuente : europapress.es

CASTILLA Y LEON - AVILA - GOTARRENDURA

Gotarrendura se interesa por la Ley de la Dependencia

La localidad abulense de Gotarrendura ha acogido una charla informativa sobre la Ley de la Dependencia organizada por la Asociación de Personas Mayores y Familiares Solidaridad Intergeneracional.

La conferencia ha estado dirigida a personas mayores, discapacitados, cuidadores y población en general y a ella asistieron 14 personas, todos ellos de avanzada edad y residentes en el municipio, que pudieron consultar sus dudas sobre esta ley e informarse de cómo presentar las solicitudes en caso de que lo necesiten.

La charla informativa se ha realizado con el fin principal de prestar atención integral a las personas mayores del medio rural y apoyo a los familiares comprometidos con el cuidado de los mayores, para que puedan acceder en condiciones de igualdad a los servicios, recursos y prestaciones, sin discriminación, por razones de edad, lugar de residencia, o género.

Fuente : aviladigital.com

martes, 27 de octubre de 2009

COMUNIDAD VALENCIANA - CUATRO AÑOS PARA COBRAR LAS AYUDAS

Los pleitos ante el TSJ indican que pasan 2 años en reconocer la ayuda y dos más en determinarla y pagarla

El grupo socialista en Les Corts ha denunciado que los dependientes valencianos tardan más cuatro años en empezar a percibir las ayudas que les otorga la Ley de Dependencia, debido al retraso en la aplicación de esta norma por parte del Consell.

Así lo ha afirmado el diputado Manuel Mata, quien asesora legalmente a un grupo de dependientes en la consecución de las ayudas reconocidas por la ley.

El pleito iniciado por quince personas ante del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana les ha permitido constatar que el Consell tarda más de dos años en reconocer la dependencia, otro año en establecer qué tipo de ayuda corresponde, y otro en dar la prestación.

Estos retrasos, al tratarse de personas con enfermedades gravísimas, hacen que muchos de los posibles beneficiarios fallezcan antes de poder percibirlas.

Manuel Mata ha considerado que serán los tribunales "los que determinen que la gente es dependiente a los seis meses de haber hecho la solicitud, que tiene derecho a la prestación desde esa fecha, y que debe ser indemnizada por los daños morales que eso supone".

La presidenta de la Asociación Valenciana de Dependientes y Cuidadores (AVADEC), Palmira Castellano, por su parte, se ha mostrado "indignada" por la forma la que se está aplicando la ley en la Comunitat, donde a su juicio, "se están cometiendo una serie de escándalos" que hacen que este colectivo "tenga menos derechos que en otros sitios".

Incumplimiento de los plazos
"Se incumple la ley de plazos del procedimiento administrativo, no se está haciendo caso de la retroactividad, y no tenemos compatibilidad de recursos", ha denunciado Castellano, quien ha afirmado que los dependientes valencianos no quieren sentirse "ciudadanos de segunda".

Asimismo, ha criticado que desde el Consell "se está creando un servicio doble, que en vez de beneficiar al usuario y a la persona que lo necesita, está haciendo que se despilfarren los recursos y que el dinero que hay no llegue a las personas necesitadas".

Bienestar Social reducirá los trámites
La consellera de Bienestar Social, Angélica Such, reconoció ayer en Alicante que "las dificultades en la tramitación llevan a esperas indebidas" en la resolución de solicitudes presentadas por la Ley de Dependencia y anunció la elaboración de un nuevo decreto que reduzca el tiempo de respuesta, tras admitir que "la tramitación es excesivamente larga". Such indicó que la puesta en marcha de este decreto se prevé para enero del próximo año y con ello se pretende reducir a seis meses el tiempo de resolución de las solicitudes, "trataremos de cumplir lo que marca la ley". Esta revisión de la normativa se produce, cabe recordar, casi tres años después de que se aprobara la Ley de Dependencia, en diciembre de 2006, aunque la norma comenzó su desarrollo a mediados de 2007.

La titular del departamento, que sólo lleva dos meses en el cargo, se reunió ayer con el Síndic de Greuges, José Cholbi, que valoró el interés de la consellera en resolver este asunto, ya que a esta institución han llegado 2.000 quejas por los retrasos en aplicar la ley, lo que supone aproximadamente el 50% del total de reclamaciones. Such consideró "importante" esta cifra, aunque "no excesiva", y apuntó que agilizar la ley de Dependencia "en el menor tiempo posible es y será uno de los objetivos en el tiempo que resta de legislatura". La consellera, no obstante, recordó las dificultades de aplicación de la ley.

Fuente : levante-emv.com

COMUNIDAD VALENCIANA - ADMITEN "ESPERAS INDEBIDAS" EN LA TRAMITACIÓN

Such admite ´esperas indebidas´ en la tramitación de la Ley de Dependencia

La consellera anuncia un nuevo decreto para reducir los plazos de respuesta a las solicitudes y cumplir los seis meses que marca la norma

La consellera de Bienestar Social, Angélica Such, reconoció ayer en Alicante que "las dificultades en la tramitación llevan a esperas indebidas" en la resolución de solicitudes presentadas por la Ley de Dependencia y anunció la elaboración de un nuevo decreto que reduzca el tiempo de respuesta, tras admitir que "la tramitación es excesivamente larga".

Such indicó que la puesta en marcha de este decreto se prevé para enero del próximo año y con ello se pretende reducir a seis meses el tiempo de resolución de las solicitudes, "trataremos de cumplir lo que marca la ley". Esta revisión de la normativa se produce, cabe recordar, casi tres años después de que se aprobara la Ley de Dependencia, en diciembre de 2006, aunque la norma comenzó su desarrollo a mediados de 2007.

La titular del departamento, que sólo lleva dos meses en el cargo, se reunió ayer con el Síndic de Greuges, José Cholbi, que valoró el interés de la consellera en resolver este asunto, ya que a esta institución han llegado 2.000 quejas por los retrasos en aplicar la ley, lo que supone aproximadamente el 50% del total de reclamaciones.

Such consideró "importante" esta cifra, aunque "no excesiva", y apuntó que agilizar la ley de Dependencia "en el menor tiempo posible es y será uno de los objetivos en el tiempo que resta de legislatura".

La consellera, no obstante, recordó que el informe del comité de expertos del Congreso de los Diputados sobre la aplicación de dicha ley "establece las dificultades de llevarla a la práctica y su inestabilidad, ya que las comunidades autónomas financian el 70% de su coste" y no al 50%, como contempla la ley.

Por ello, reclamó financiación "adecuada y suficiente" al Gobierno central, y que ésta se realice "en función, no sólo del número de personas, sino de los recursos con los que se atienden".

Añadió que en el último año la cifra de resoluciones en la Comunidad se ha incrementado en un 60% "y cada vez irá a más" tras indicar que en la Comunidad Valenciana hay 57.000 personas que tienen reconocido sus derechos como dependientes y 26.000 de ellos reciben alguna prestación o servicio. Respecto al desajuste en la contabilización de expedientes entre el Gobierno central y el autonómico, la consellera apuntó que "el sistema estadístico del Gobierno no respondía a las cifras que teníamos" y, tras la aprobación de un sistema homogéneo el pasado 22 de septiembre, "no creo que estemos a la cola en aplicar la ley, eso lo veremos en breve".

Such afirmó que el presupuesto del Consell en 2010 para dependencia aumentará un 22% con respecto al año anterior y, en términos generales, el presupuesto de Bienestar Social crecerá un 13%.

Por otra parte, el grupo socialista en las Cortes denunció ayer que los dependientes tardan más cuatro años en empezar a percibir las ayudas que les otorga la Ley de Dependencia, debido al retraso en la aplicación de esta norma por parte del Gobierno valenciano. Así lo afirmó el diputado Manuel Mata, quien asesora legalmente a un grupo de dependientes en la consecución de las ayudas.

Fuente : diarioinformacion.com

ANDALUCIA - CADIZ - JORNADA SOBRE DEPENDENCIA

La Ley de Dependencia será motivo mañana de una jornadaEl

Ayuntamiento y Faecta la celebrarán en el centro de visitantes de Bajo de Guía

Mañana se celebrará en el Centro de Interpretación de la Naturaleza de Bajo de Guía una jornada sobre "la Ley de Dependencia y la idoneidad del modelo cooperativo de trabajo asociado", organizada por el Ayuntamiento y la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo Asociado (Faecta).

El encuentro, que comenzará a las diez y media de la mañana, abordará "la oportunidad que representa la Ley de Dependencia tanto para las personas dependientes y sus familias como para todas aquellas personas que quieran dedicarse a profesiones como trabajadores sociales, ayudantes de enfermería, auxiliares de geriatría, auxiliares de ayuda a domicilio y otras relacionadas con los servicios a personas dependientes", han explicado los concejales de Servicios Sociales y de Formación y Empleo, José Luis Alhambra y Antonio Reyes.

Han subrayado que "el Ayuntamiento está apostando por orientar a los ciudadanos ante el potencial de creación de empleo que va a suponer a corto plazo la progresiva aplicación de esta ley y su repercusión positiva en el mercado de trabajo". Asimismo, prevé "poner en marcha y mejorar ciertos servicios de ayuda a las familias".

Fuente : diariodecadiz.es

lunes, 26 de octubre de 2009

ANDALUCIA - JAEN - EL CUIDADO DE MAYORES EN EL HOGAR SE ACENTUA CON LA LEY DE DEPENDENCIA

Más de la mitad de las ayudas concedidas son pagas para que las mujeres asistan a los ancianos, guiadas muchas veces por la tradición familiar

La prestación por ayuda familiar supone el mayor porcentaje de todas las ayudas concedidas, con el 51 por ciento, lejos de ayuda a domicilio o residencias.

Cuando apareció la Ley de la Dependencia, se planteó que la prestación económica por cuidados familiares sería excepcional.

Es decir, los casos en los que los familiares (principalmente hijas, esposas y nueras, ya que el sexo femenino predomina en el 83 por ciento de los casos) percibieran una paga por cuidar a la persona dependiente serían muy contados, ya que lo que se intenta potenciar es el bienestar de las personas dependientes, pero también la generación de empleo.

Sin embargo, cuando han transcurrido dos años de la puesta en marcha de la normativa, la realidad de la provincia jienense -y la que se puede comprobar en la región andaluza e incluso en todo el país- es que una gran parte de familiares optan por la ayuda económica cuando el enfermo es valorado.

Así, el 51 por ciento de las ayudas concedidas hasta el momento, se refieren a prestaciones por el cuidado de familiares, lo que supone un total de 8.900 ayudas. La paga media que cobra el cuidador es de unos 300 euros, lo que supone un montante de 2,7 millones de euros sólo en la provincia de Jaén. Es evidente que este tipo de ayudas lo que hace es perpetuar en la mayoría de las ocasiones el cuidado del familiar en el propio domicilio, aunque contando ahora, eso sí, con una prestación económica.

Se deduce de este modo que en la práctica el gobierno autonómico está incumpliendo en su mayoría el espíritu de la norma tal y como se concibió. Aunque el texto legal establece que los servicios sociales deben dar prioridad a las prestaciones asistenciales como son la residencia, centro de día o de noche, teleasistencia, ayuda a domicilio, protección económica vinculada al servicio, protección económica de asistencia personal y prevención de la dependencia, así como promoción de la autonomía personal, la mayoría asignan a los dependientes una prestación económica, a pesar de que la ley la contemple como una excepción.

Tradición
Las causas de que mayoritariamente se prefiera la prestación económica son dos principalmente. Por un lado, a la comunidad autónoma le resulta más barato esta prestación, ya que el coste en una plaza de un geriátrico es mucho más elevada.

Sin embargo, también pesa mucho la tradición familiar del cuidado en casa del anciano o enfermo. En muchos casos, ni siquiera se plantean esta posibilidad.

Por su parte, también la ayuda a domicilio supone un importante porcentaje dentro de la Ley de Dependencia, aunque muy lejos de la anterior.

En la provincia 3.242 personas reciben este tipo de prestación. En Andalucía, se invierten dos millones de euros diarios en la aplicación de la Ley de Dependencia, haciendo uso de los 530 millones que puso la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social al comenzar a aplicarse la normativa, a lo que hay que sumar 200 millones posteriores.

De este importe, el dinero transferido para la ayuda a domicilio es de 244 millones en 2009, con el que se atiende a 31.800 personas en Andalucía en este apartado de las ayudas. Ello representa un tiempo de 1,8 millones de horas sólo en ayudas a domicilio y la generación de 11.300 puestos de trabajo en la comunidad autónoma andaluza.

La Consejería estima que para finales de año cerca de 4.500 personas recibirán asistencia a domicilio en Jaén (en estos momentos lo hacen 3.242 personas). Para ello, ha transferido a la Diputación y los ayuntamientos de la provincia de más de 20.000 habitantes un total de 25.361.000 euros a lo largo de este año.

Más residencias
De la misma forma, la Administración autonómica está llevando a cabo un plan extraordinario con una inversión de siete millones de euros con el fin de proveer a la provincia de 600 plazas más en centros de día y residencias geriátricas. El objetivo es poder atender la demanda de aquellos dependientes que necesiten ocupar estos puestos.

Además, se espera generar 600 puestos de trabajo. Así, se está trabajando en un centro de psicodeficientes y ocupacional en Torredelcampo o en un centro de estancia diurna en Quesada. Otras localidades en las que se están haciendo obras con este mismo objetivo son Cabra de Santo Cristo, Jabalquinto, Santiago Pontones, Vilches, Villacarrillo o Segura de la Sierra, en donde se construye una residencia de unas cincuenta plazas.

En cuanto a los beneficiarios de la Ley de Dependencia, en la provincia de Jaén, hasta el pasado 18 de septiembre de 2009, habían sido valoradas 29.627 personas por alguno de los 62 equipos de valoración que existen. De los análisis realizados, se ha concluido que 21.438 jienenses pueden ser consideradas como dependientes severos, por lo que tienen derecho a una prestación en estos momentos. De ellos, alrededor de 17.000 reciben ahora mismo algún tipo de ayuda.

Fuente : ideal.es

ACUERDO EN EL CONGRESO PARA EMPLEAR A MUJERES MAYORES DE 45 AÑOS EN DEPENDENCIA Y GUARDERIAS

El PSOE se ha garantizado los apoyos suficientes en el Congreso de los Diputados para sacar adelante una proposición de ley para instar al Gobierno a poner en marcha un plan de impulso del empleo de mujeres mayores de 45 años, "o con especiales dificultades" de acceso al mercado laboral, en colaboración con las comunidades autónomas, según informaron a Europa Press en fuentes socialistas.

Estas medidas beneficiarán a las 150.000 mujeres desempleadas mayores de 45 años sin estudios o con estudios primarios, así como a las mujeres inmigrantes o gitanas, a las que propone "habilitar" para realizar labores de atención a personas dependientes o al cuidado de niños de entre 0 y 3 años.

Aunque la iniciativa, que defenderá la diputada Arritxu Marañón, no se debatirá hasta mañana en el Pleno, el PSOE da por sentado ya que contará con el visto bueno de la Cámara Baja, si bien sigue negociando con la oposición para introducir posibles modificaciones a su texto inicial. "ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA".

En él, se reclama la puesta en marcha "a la mayor brevedad" de desarrollos normativos sobre el procedimiento para la acreditación de las competencias profesionales adquiridas por estas mujeres "a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación" y disponiendo las medidas necesarias para su rápida implantación.

Asimismo, plantea que las beneficiarias del plan puedan acceder a la formación y "especialización complementaria requerida" para lograr una capacitación adecuada en la atención de personas dependientes, niñas y niños menores de tres años, personas mayores, personas enfermas y discapacitadas.

Por último, especifica que se promueva la inserción laboral de colectivos de mujeres con especiales dificultades, como gitanas o inmigrantes, permitiendo su "incorporación efectiva" al mercado de trabajo.

Fuente : invertia.com

ASTURIAS - LA PAGA PARA FINANCIARSE EL SERVICIO, GRAN PROTAGONISTA

El mayor crecimiento lo protagoniza la paga para financiarse el servicio, aunque los sueldos a los familiares se duplicaron y rozan los 5.000 Bienestar frena el colapso en la asistencia, pero aún hay 5.634 casos pendientes

Por primera vez, el ritmo de entrada de peticiones es inferior al de valoraciones

El plan de choque continúa para que el proceso completo se haga en seis meses

Asturias paga la Ley de la Dependencia.
No sólo porque tiene que hacer frente al 70% del coste total, ya que el Gobierno central sigue sin aportar la totalidad de su parte -la mitad, según la propia ley-, sino porque en la región, la prestación protagonista es la económica.

En los últimos doce meses, las pagas, ya sean para financiarse un servicio, ya para dar un sueldo a un familiar, se dispararon un 156%.

Así se refleja del estudio realizado por EL COMERCIO de las estadísticas de la Consejería de Bienestar Social correspondientes a los meses de octubre de 2008 y 2009.

Los datos evidencian que, en doce meses, el volumen de personas que cobran con cargo a la Ley de la Dependencia supera ya las 5.500 (concretamente, 5.518) cuando sólo hace un año eran 2.148 los que tenían un cheque oficial.

Aunque el mayor crecimiento en porcentaje en cuanto a la demanda de dinero contante y sonante se centra en los expedientes en los que el beneficiario debe buscarse en la red privada el servicio que no encuentra en la pública, que subieron un 266,8% más, lo cierto es que en volumen la estrella absoluta es el salario para el familiar cuidador, que se ha duplicado y roza ya los 5.000 casos.

Espíritu vulnerado
La situación asturiana no es única en el país, puesto que hay comunidades donde el volumen de 'asalariados' de la ley es aún mayor. Tan común es el problema, que en la evaluación que un grupo de expertos ha hecho de la aplicación de la norma se evidencia que se «deben mejorar los sistemas de valoración» y, sobre todo, «la información al beneficiario de todos los servicios que tiene a sus disposición».

Porque, aunque los expertos, cuyo trabajo fue presentado esta semana en el Congreso de los Diputados, defienden que es el beneficiario quien tiene «la última palabra», por lo que si opta por una paga nadie puede obligarle a acudir, por ejemplo, a un centro de día, lo cierto es que el grupo coincide en que la red de servicios debe ser más amplia y que la norma «se debe flexibilizar» para que el usuario pueda combinar opciones.

La idea es que, tal como se aplica ahora la norma, se está «vulnerando su espíritu», que considera «excepcionales» las pagas al cuidador familiar. El informe de los expertos coincide, en algunos puntos casi exactamente, con la línea de actuación aplicada por la Consejería de Bienestar Social, que no sólo exige al Gobierno central que aporte su parte de la financiación, la mitad, sino que quiere que la relación entre el beneficiario y el beneficio sea más directa.

Por ello, continúan con el plan de choque, que no sólo ha logrado reducir el tiempo de espera, sino que, por primera vez desde la entrada en vigor de la norma, en abril de 2007, el ritmo de entrada de solicitudes, del 30% en el último año, es inferior al de valoraciones, del 64,2%. La consejera, Noemí Martín, anunció a mediados de año su compromiso de que la ley se cumpliera, de forma que todo el proceso, desde que se presenta la solicitud hasta que se firma el Plan Individual de Actuación (PIA) «se realice en seis meses»,

Un 20% menos a la espera
Por el momento, no hay cifras de espera, pero sí consta que ya no se alargar el proceso más de un año, como ocurría en 2008. De hecho, las estadísticas evidencian que hay un 20% menos de personas que, con el derecho ya reconocido a una prestación, aún no la reciben.

A fecha 1 de octubre eran 15.309 los asturianos con derecho a percibir un servicio de la Ley de la Dependencia y 9.675 los que ya la recibían. Los 5.634 casos pendientes serán «agilizados» al máximo, aseguran desde Bienestar, porque «el plan de choque continúa».

Como continúa la creación de plazas públicas, para que los servicios se conviertan, como dice la ley, en la prestación protagonista. Por el momento, con las campañas de promoción se ha logrado que la petición de centros de día creció un 138,5%, porcentaje mucho más aparente que la cifra real: 761 personas han apostado por esa opción.

Fuente : elcomerciodigital.com

domingo, 25 de octubre de 2009

GALICIA - BENESTAR NECESITARÍA LA MITAD DEL PRESUPUESTO ESTATAL PARA OCUPARSE DE LOS BENEFICIARIOS DE LA DEPENDENCIA

La Xunta de Galicia precisaría 440 millones de euros para atender debidamente a los beneficiados reconocidos por la Ley de Dependencia, casi la mitad del presupuesto total del Estado destinado a este fin, afirmó ayer la conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, en la presentación de los presupuestos de su departamento.

El desembolso del Gobierno central en esta materia es, según informó la conselleira, de unos 1.000 millones de euros, por lo que manifestó que no podía precisar en concreto el número de dependientes que se beneficiarán en el 2010 de las ayudas correspondientes, aunque afirmó que su departamento «dará lo máximo que pueda dar en materia de dependencia».

La titular del ramo reveló que el monto total de su departamento para 2010 será superior a los 1.000 millones de euros, un 5,1% más que el año anterior, lo que la conselleira valoró especialmente «debido al contexto restrictivo» en el que se han elaborado los presupuestos.

«Siete de cada diez euros irán destinados al gasto social», apuntó Mato, que afirmó además que las líneas que marcan los presupuestos son «la apuesta por las inversiones productivas, reducir las que no son eficaces, y el ahorro en publicidad y gastos corrientes».

En cuanto al desglose por áreas, Mato destacó «el importante aumento en el área de bienestar», cuya adjudicación cifró en 230 millones, un 45% más que en el ejercicio anterior.

Fuente : abc.es

CASTILLA Y LEON - PSOE CRITICA QUE LA JUNTA "ENGORDA ARTIFICIALMENTE" LOS PRESUPUESTOS

El Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León defendió que el Gobierno de España aporta "tres de cada cuatro euros" destinados a la atención de la dependencia en la Comunidad mientras que criticó que la Junta "engorda artificialmente" los presupuestos para esta materia.

En este sentido, según informaron fuentes socialistas mediante un comunicado recogido por Europa Press, el secretario de Políticas Sociales de la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE, Jorge Félix Alonso, señaló que el Gobierno regional "está incluyendo" en los presupuestos para la aplicación de la Ley de la Dependencia "gastos que con anterioridad a la aprobación de ésta ya se estaban realizando".

En concreto, entre estos gastos Alonso destacó el pago de los trabajadores sociales de los CEAS, que se incorporaron a raíz de la aprobación de la Ley de Servicios Sociales hace ahora 20 años, o la financiación de los Centros de Personas Mayores que el Estado transfirió a la Junta hace más de trece años.

"La Junta engorda artificialmente los presupuestos para la Dependencia con el único objetivo de aparentar un compromiso social que no se traduce en los presupuestos", continuó Alonso, para quien la aportación de la Junta a la aplicación de la Ley de la Dependencia "debería subir en la misma cuantía que lo hace la aportación del Gobierno de España".

En este sentido, insistió en que la aportación del Gobierno central para esta materia en 2010 y para la Comunidad asciende a 96.307.457 euros, lo que "supone un incremento" respecto de este año de 15.020.194 de euros.

Sin embargo, el aumento total de la aportación para la Dependencia que consta en los presupuestos de la Consejería de Familia es de 4.401.534. Esto supone que en 2010, la "Junta de Castilla y León sólo aportará uno de cada cuatro euros al incremento del gasto para la Dependencia".

Por todo esto, a próxima semana en la comparecencia en la Cortes del Consejero de Familia, César Antón, para explicar el presupuesto de su Consejería y de la Gerencia de Servicios Sociales el Grupo Socialista solicitará explicaciones sobre el incremento de las aportaciones de la Junta de Castilla y León para financiar la Ley de la Dependencia.

Fuente : europapress.es

CASTILLA Y LEON - PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD PARA 2010


El Gobierno central aporta el 75% de la financiación de la Dependencia en Castilla y Léon


La próxima semana en la comparecencia en la Cortes del Consejero de Familia para explicar el presupuesto de su Consejería y de la Gerencia de Servicios Sociales el Grupo Socialista solicitará a Cesar Antón explicaciones sobre el incremento de las aportaciones de la Junta de Castilla y León para financiar la Ley de la Dependencia.

La aportación del Gobierno de España para la financiación de la Dependencia en 2010 a Castilla y León asciende a 96.307.457 euros, lo que supone un incremento respecto de este año de 15.020.194 de euros, mientras el incremento total de la aportación para la Dependencia que consta en los presupuestos de la Consejería de Familia es de 4.401.534.

Esto supone que en 2010, la Junta de Castilla y León sólo aportará 1 de cada 4 euros al incremento del gasto para la Dependencia.

Jorge Félix Alonso, secretario de Políticas Sociales de la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE, denuncia que "la Junta está incluyendo en los presupuestos para la aplicación de la Ley de la Dependencia, gastos que con anterioridad a la aprobación de ésta ya se estaban realizando, como el pago de los trabajadores sociales de los CEAS, que se incorporaron a raíz de la aprobación de la Ley de Servicios Sociales hace ahora 20 años, o la financiación de los Centros de Personas Mayores que les transfirió el Estado a la Junta en más de 13 años.

"La Junta engorda artificialmente los presupuestos para la Dependencia con el único objetivo de aparentar un compromiso social que no se traduce en los presupuestos", señala Alonso, para quien la aportación de la Junta a la aplicación de la Ley de la Dependencia debería subir en la misma cuantía que lo hace la aportación del Gobierno de España.

Fuente : gentedigital.es

ENTREVISTA TRINIDAD JIMENEZ

Trinidad Jiménez, ministra de Sanidad, habla sobre la Ley del Aborto y sobre la Ley de Dependencia, dos proyectos que le tocan muy de cerca

Entre junio y septiembre, cuando la alarma sanitaria por la gripe A parecía incontenible, manejó la situación con mano firme, sin plegarse a las demandas de noticias de los medios, a la necesidad de certezas de la ciudadanía acongojada, a las críticas oportunistas de la oposición.

Por eso sorprende que ahora que ha amainado la preocupación, la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, justifique el retraso en el inicio de la campaña de vacunación precisamente en el hecho de que ya no haya un clamor popular que exija medidas contundentes. Como si antes hubiera actuado para dar respuesta a ese clamor. Como si en caso de haberlo, las vacunas fueran a llegar antes. En la misma semana que tomó esta decisión, se reavivaron los debates sobre la Ley del Aborto y sobre el retraso en el desarrollo de la Ley de Dependencia, dos proyectos estrella del segundo proyecto Zapatero que le tocan muy de cerca.

Va el Ministerio a ponerse firme y señalar a las comunidades autónomas que no cumplen la Ley de Dependencia?
No es más firme quien más alto grita, sino quien consigue los objetivos para los cuales ha sido propuesto. Busco el entendimiento con las autonomías para que, en un periodo de recursos escasos como el que vivimos, se haga un esfuerzo por seguir con el desarrollo de la ley.

Y esto se está haciendo, y el compromiso es claro por parte de todos, más allá de las diferencias. Puedo asegurar que el Estado, al poner más de 3.000 millones de euros al sistema en los últimos dos años, ha hecho ejercicio de un compromiso claro, firme y decidido de seguir adelante con el desarrollo de esta ley.

Vamos a ayudar a las comunidades, porque algunas sí que están haciendo un esfuerzo paralelo. Aunque no todas, vamos a seguir insistiendo. El hecho de que se hayan encontrado diferencias no nos va a disuadir de seguir adelante con el modelo que en un momento dado decidimos adoptar. Más bien es un estímulo, es un reto. Y me gustan los retos.

¿Cómo piensa evitar que las familias prefieran cuidar de sus dependientes y optar a cambio por recibir ayudas económicas?
En España hay una cultura familiar consolidada, en el sentido de que las personas mayores prefieren ser cuidadas por un familiar. Esto también ocurrió al principio en Alemania.
Pero al cabo de tres o cuatro años comenzó a cambiar la tendencia, cuando los dependientes vieron que la ayuda se consolidaba, prefirieron solicitar una asistencia especializada.

¿Qué actuaciones baraja para frenar la privatización de la sanidad pública que impulsan Madrid o Valencia?
La gestión privada se ha incorporado muy recientemente al sistema nacional de salud, no tengo datos sobre su calidad. Lo que sí he observado es que, aunque en un principio la prestación resulta menos gravosa a la comunidad, a la larga hay que hacer un mayor esfuerzo presupuestario. Nosotros tratamos de hacer un seguimiento para que no distorsione el carácter público, universal y gratuito que tenemos que garantizar por encima de todo.

¿Qué tiene previsto para que España deje de estar a la cola en atención a la salud mental?
Necesitamos terminar de completar el cuadro de necesidades. A pesar de la escasez de recursos, seguimos avanzando. Queremos aprovechar el desarrollo de la Ley de Dependencia y la puesta en marcha de la estrategia de salud mental para introducir las mejoras que piden los profesionales y los pacientes.

Según los últimos datos de Eurostat, España sigue a la cola de Europa en gasto per cápita en Sanidad y Política Social. ¿Cómo piensan solucionar esto?
En Sanidad, hay que llamar la atención sobre la eficiencia de la utilización de los recursos, porque Estados Unidos gasta el 14% de su PIB en Sanidad y no cubre ni siquiera al 40% de la población; y España gasta aproximadamente la mitad y cubre al 100%.

En Política Social nos queda mucho por hacer. Nos ha tocado además empezar el desarrollo de la Ley de Dependencia en un momento de crisis económica, con una bajada de ingresos de las comunidades autónomas y del Estado, y eso tiene que repercutir en un retraso que nos gustaría poder superar cuanto antes. Los datos que da Eurostat son de antes de la Ley de Dependencia.

Ahora, en estos últimos años, hemos conseguido incorporar al sistema más de 3.000 millones de euros. Esa contabilización nos permitiría subir algún puesto.

Fuente : entrevista completa en publico.es

C. VALENCIANA - CASTELLON - EL PSPV DICE QUE "EL CONSELL OBVIA LA LEY DE DEPENDENCIA"

La secretaria de Políticas Sociales de la comisión ejecutiva provincial del PSPV-PSOE, Rosa Marco, criticó las declaraciones que realizó la consellera de Bienestar Social, Angélica Such, respecto a que el 80% de las solicitudes de beneficiarios de la ley de dependencia en la provincia de Castellón ya habían sido valoradas por los técnicos.

Marco aseguró que el Consell es incapaz de aplicar la ley "y se ha convertido en un grave problema, más si tenemos en cuenta que ese órgano ha falseado las cifras, un hecho con el que deducimos que nada va a cambiar, porque el boicot a la ley es una consigna del Partido Popular a la que la consellera ya ha dado muestras de acatar".

Según Marco, la "incapacidad" del Consell ha provocado "que solo 3.200 de las 23.000 personas beneficiarias estén recibiendo ayudas".

Fuente : elperiodicomediterraneo.com

ANDALUCIA - CORDOBA - IGUALDAD REFUERZA LA INSPECCION PERO NO EVITA FRAUDES

Igualdad refuerza la inspección pero no evita los fraudes en la Dependencia

La Delegación ha hecho 133 controles en centros y 120 visitas a domicilios. Sin embargo, la falta de seguimiento a los beneficiarios de las prestaciones y los servicios continua dejando un vacío en la atención a los dependientes

La Consejería de Igualdad y Bienestar Social tiene la obligación de controlar que el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) responda a las necesidades y ofrezca la calidad suficiente para garantizar una atención correcta a sus usuarios.

Sin embargo, cuando están a punto de cumplirse tres años de la implantación de la Ley de Dependencia, la Consejería de Igualdad y Bienestar Social aún no ha desarrollado la fase de la norma que contempla el seguimiento periódico del estado de los beneficiarios una vez que ya están recibiendo las prestaciones o disfrutando de los servicios asistenciales, y por tanto, la puerta a los fraudes y a la desprotección que sufren muchas personas dependientes continúa abierta de par en par.

Como ha confirmado el presidente del Colegio de Trabajadores Sociales de Córdoba, José María Romero, el desarrollo de esta fase de la Ley que debiera partir de una colaboración de la Junta de Andalucía con los Servicios Sociales Comunitarios de los Ayuntamientos, es una de las principales reivindicaciones que reclaman los profesionales a nivel andaluz pues de momento, “no existen garantías de que las prestaciones y los servicios que se están prestando cumplen las finalidades con las que fueron prescritos a los dependientes”.

La Consejería de Igualdad ha intentado sin éxito cubrir este vacío en el desarrollo de la Ley de Dependencia a través del Servicio de Inspección de los Servicios Sociales y del plan de actuación que se llevará a cabo hasta 2012. Dentro de él, la Delegación de Igualdad y Bienestar Social de Córdoba, al igual que han hecho sus homólogas andaluzas, ha empezado por reforzar los controles que han realizado este año.

De hecho, los datos facilitados a El Semanario por la Delegación reflejan que a lo largo de 2009 ya se han inspeccionado 133 centros incluídos dentro del catálogo de servicios de la Ley de Dependencia, de los que 13 son centros ocupacionales, 64 centros residenciales para personas mayores, 17 son residencias para personas que sufren discapacidad y 39 unidades de estancia diurna.

Además, aunque en principio el plan contemplaba 25 inspecciones por cada una de las prestaciones económicas vinculadas al sistema de atención a personas dependientes, fuentes de Igualdad aseguran que desde el servicio de inspección se han ampliado a 40 supervisiones en domicilios de personas con prestación económica en el entorno familiar, 40 en domicilios de personas que reciben ayuda a domicilio y 40 en personas que tienen en sus casas el servicio de teleasistencia.

Sin embargo, y aunque las intervenciones del servicio de inspección se realizaran con cada una de las personas que tienen reconocido el derecho como dependientes, en ningún momento podrían sustituir la utilidad y el rigor que la norma da al seguimiento del estado en que se encuentran los beneficiarios de las ayudas y las prestaciones.

La prueba es que la inspección se limita básicamente a verificar que la ratio de personal o el estado de las instalaciones en los centros son los correctos conforme a la normativa; que los fondos provenientes de las prestaciones económicas se destinan al derecho de la persona de estar asistida; que la teleasistencia realiza su trabajo o que la ayuda a domicilio cumple las horas de atención estipuladas por la ley.

En ningún momento, añade una de las trabajadoras sociales consultadas, “esto podrá detectar si las actuaciones que tienen que desempeñar los cuidadores sean familiares o no, las está haciendo correctamente o si la persona dependiente ha sufrido algún tipo de evolución en su estado que recomiende una revisión en el programa de intervención que se le realizó al reconocerle el derecho como beneficiario de la Ley.

De hecho, Romero asegura que en el refuerzo de la inspección Igualdad está priorizando sobre todo aquellos casos en que detectan que una persona beneficiaria de una prestación económica para cuidados en el entorno familiar ha sido ingresado en un centro de mayores, pues dicho fraude conllevará una reclamación de la cantidad que la familia ha recibido en concepto de prestación por atender a su dependiente.

Así, a día de hoy sólo en el servicio de ayuda a domicilio el Sistema de Atención a la Dependencia puede garantizar que se esté realizando cierto control a sus profesionales pues de hecho, es el único que tiene relación directa con la administración. Además, es en el caso de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar -que aglutina el 62 por ciento de las ayudas a dependientes concedidas sólo en Córdoba-, donde existe una mayor deficiencia en el seguimiento y por tanto, donde mayores fraudes y deficiencias de atención a los dependientes se están produciendo.



La desprotección se mantiene
Aún es demasiado habitual el que haya familiares que pese a haberse comprometido a asumir el cuidado de sus dependientes, no desempeñan todas las funciones que debieran y por tanto, los enfermos acaban sufriendo una auténtica falta de atención que incluso acelera su deterioro y empeora su estado.

Además, según confirma una trabajadora social destinada en la zona de Peñarroya-Pueblo Nuevo, se siguen detectando a familiares que sacan a los ancianos del geriátrico o a las personas discapacitadas de los centros especiales para optar a la ayuda por atenderlos en casa aunque luego, terminan pagando a una persona “inmigrante y sin formación por lo general, para que asuma su responsabilidad”.

Para los profesionales que están trabajando a diario con la aplicación y los resultados de la ley de Dependencia resulta del todo sorprendente que la única forma que tiene la administración de saber que una persona está sufriendo carencias en su atención, aún teniendo un derecho reconocido, es que el propio afectado denuncie a su familia o que alguien dé la voz de alarma en algún momento.

La solución a estas situaciones, insiste Romero, vendría porque la Consejería se sentara de una vez por todas para planificar y firmar con los ayuntamientos el acuerdo que desarrolle el seguimiento de los beneficiarios de la Ley. Si bien, añade, para eso harían falta disponer de personal de refuerzo a los Servicios Sociales Comunitarios. Un gasto y una apuesta que, como ya demostró la administración autonómica en la puesta en marcha del sistema, no es ni ha sido prioritario.




Un avance hacia la calidad
La Consejería de Igualdad y Bienestar Social y los colegios de trabajadores sociales de toda Andalucía se reunirán en un plazo máximo de un mes para analizar los vacíos que está dejando la Ley de Dependencia en su desarrollo y encontrar las fórmulas más eficaces para llenarlos.

El presidente del Colegio de Trabajadores Sociales de Córdoba, José María Romero, ha explicado que los profesionales que están en contacto con los dependientes se han ido encontrando con realidades que no están incluidas dentro de la normativa, ante esto, “la Consejería ha mostrado su disposición a que trabajemos de la mano y podremos dar respuesta a todas las deficiencias que ahora detectamos”, añade. Además, los profesionales propondrán a Igualdad una mayor inversión en formación y la creación del obeservatorio andaluz de la dependencia como un paso más hacia la calidad del sistema.

Fuente : lacalledecordoba.com

GOBIERNO CANARIO Y CABILDOS - PRINCIPIO DE ACUERDO

El Gobierno de Canarias y los cabildos insulares han llegado a un principio de acuerdo para poner en marcha el Sistema Canario de la Dependencia mediante la puesta en marcha de un protocolo de actuación que diseña la organización de las infraestructuras actuales y de nueva creación, el acceso, los procedimientos, las ratios y que incluye el sistema de financiación.

"Tanto el Gobierno como los cabildos insulares a nivel político han valorado muy positivamente el documento presentado por la Comisión Técnica creada desde el mes de enero, en el cual se organiza todos los recursos que ahora se incorporarán al nuevo Sistema de la Dependencia de Canarias" apuntó la directora general de Bienestar Social, Araceli Sánchez, informa la Consejería en un comunicado de prensa.

"Cabe señalar que así lo expusieron todos los consejeros de los cabildos insulares en el marco de la reunión celebrada este jueves en Santa Cruz de Tenerife", señaló la directora.

La consejera del Cabildo de la Gomera no se encontraba presente al término de dicha reunión. Araceli Sánchez expuso que "hemos acordado llevar a cabo un protocolo de actuación acompañado de un sistema de financiación que será aprobado mediante convenio y que se incorporará en los presupuestos generales de la Comunidad autónoma".

"El protocolo --prosiguió Sánchez-- estructura todo el nuevo sistema, incorporando las buenas prácticas experimentadas en los planes sociosanitarios de mayores dependientes y de personas con discapacidad, la normativa, las ratios, la fórmula de acceso, el sistema de módulos, en el que se incluye el sanitario, y por supuesto la financiación, que incluye la subida del IPC como demandaban los Cabildos Insulares".

Cabe recordar que en Canarias a diferencia de otros territorios continentales los Cabildos Insulares gestionan los recursos de atención especializada como son los centros residenciales y de estancia diurna mediante transferencias delegadas o transferidas, con una financiación de al menos el 50 por ciento del Gobierno de Canarias.

PLANES SOCIOSANITARIOS
"Debido al nuevo marco normativo, con la entrada en vigor de la Ley de Dependencia, los Cabildos y el Gobierno hemos venido trabajando, desde el mes de enero en el marco de una Comisión Técnica, en la elaboración de un documento conjunto consensuado para así poder aunar los planes sociosanitarios tanto de mayores dependientes como de personas con discapacidad en el nuevo ámbito de la ley, una vez se ha venido clarificando poco a poco la normativa a nivel estatal, lo que nos ha ido permitiendo a su vez elaborar la normativa autonómica", señaló Sánchez.

"Los cabildos y el Gobierno hemos decidido que no debemos renunciar a un sistema sociosanitario, que ha venido obteniendo estupendos resultados por la calidad de los servicios mediante la atención no sólo social sino también a nivel sanitario y lo que haremos es incorporar nuestra experiencia de buenas prácticas al marco de la ley, priorizando el servicio de calidad a las prestaciones económicas".

"En este sentido --continuó Sánchez-- hemos venido trabajando a nivel técnico desde el mes de enero de este año para elaborar un documento consensuado entre los siete cabildos y el Gobierno de Canarias, una vez que se ha ido clarificando poco a poco la normativa a nivel estatal" declaró Sánchez.

REUNIÓN "ALTAMENTE POSITIVA"
"La reunión celebrada a nivel político fue altamente positiva ya que incluso se llegó a un principio de acuerdo en lo que se refiere a la financiación que se realizará a cuatro bandas: la administración general del Estado que financiará el nivel mínimo, la Comunidad autónoma a través de la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda que financiará el módulo social y la de Sanidad que financiará el módulo sanitario, los Cabildos insulares y el propio usuario".

"Llevamos seis meses trabajando en un documento de consenso donde el Gobierno se compromete a financiar nuevas plazas tanto de día como de residencia, así como una cartera de servicios e ir desconcentrando paulatinamente el procedimiento de la ley de dependencia".

El Gobierno creará un registro único de centros y servicios al que podrán acceder todas las administraciones gestoras de recursos, con la necesaria colaboración de los cabildos y ayuntamientos para la gestión de la disponibilidad de plazas, mediante esta fórmula "y con un aplicativo informático común, unificaremos la financiación que se realizará mediante un protocolo y convenio que se ratificará con los Cabildos Insulares y se incorporará en los Presupuestos Generales de la Comunidad autónoma" concluyó Sánchez.

Fuente : canariasahora.es

C. VALENCIANA - PLATAFORMA EN DEFENSA LEY DEPENDENCIA

La Plataforma de la Ribera en defensa de la Llei de Dependència que se presentó ayer en Villanueva de Castellón exige la correcta aplicación de la ley que reconoce el derecho de autonomía personal y la atención a todas las personas en situación de dependencia.

Asimismo, critican «la nula voluntad de nuestra administración autonómica en la aplicación correcta de la ley, la falta de transparencia y de sensibilidad ante la ciudadanía que necesita los servicios que vienen marcados en la ley y la escasa dotación de recursos.

Por todo ello, la plataforma continuará velando por el cumplimiento de esta ley.

«No sólo vamos a hacer un seguimiento de la implantación de la ley sino que además, vamos a realizar actos de sensibilización social y movilizaciones ciudadanas, en el caso de que se incumpla lo que está establecido en la ley.

Es necesario que las administraciones públicas garanticen los servicios sociales necesarios», concluyen.


Fuente : lasprovincias.es

viernes, 23 de octubre de 2009

EL GOBIERNO DESCARTA EL COPAGO

El Gobierno descarta el copago para financiar la ley de Dependencia

El Gobierno sostiene que el 50% los costes derivados de la aplicación de la ley de Dependencia que deben ser sufragados por las autonomías pueden ser cubiertos de manera suficiente con la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), que entrará en vigor en 2010 y que contempla un aumento del 33% al 50% del IVA, idéntico incremento en el IRPF y del 38 al 58% en los impuestos especiales.

Para el Ejecutivo central, está meridianamente claro que los gastos que origine el Sistema de Dependencia pueden sufragarse con parte de estos impuestos. Además, descartan otras vías complementarias de financiación, como las planteadas en el informe de cinco expertos independientes elaborado a petición del Congreso de los Diputados.

El estudio mencionado aboga, para asegurar la suficiente financiación de la Dependencia, por el uso de «primas regulares», a partir de una cierta edad, a un seguro obligatorio de dependencia (equivalentes a cotizaciones).

Además, los expertos defienden el establecimiento de una prima única a los 65 años (o antes) para un seguro de dependencia y, lo más llamativo, apuestan por «eliminar la exención del copago sanitario (farmacéutico)» a cambio de aumentar los recursos financieros para los futuros dependientes de cada generación.

Por último, apuestan por integrar la financiación privada de la dependencia en el conjunto del sistema y poder optar hacia instrumentos privados.

Fuente : eldiariomontanes.es

MADRID - PSOE CRITICA QUE LA COMUNIDAD NO HA COMUNICADO 40.000 SOLICITUDES

PSOE critica que la Comunidad no ha comunicado al Ministerio "casi 40.000" solicitudes de Dependencia

La portavoz socialista de Familia y Asuntos Sociales en la Asamblea de Madrid, Pilar Sánchez Acera, criticó que la Comunidad de Madrid no ha comunicado al Ministerio de Sanidad y Políticas Sociales 40.000 solicitudes de Dependencia.

La diputada, que preguntó ayer en pleno "qué ocurre con los casi 40.000 expedientes de dependencia que los servicios sociales de los ayuntamientos de la región tramitaban y a los que la Comunidad no daba respuesta".

"Sólo en el Ayuntamiento de Madrid se han tramitado más 55.000 solicitudes según reconoció el Gobierno municipal del PP, si a esto le sumamos las solicitudes de los demás ayuntamientos de la Comunidad podemos hablar de más de 85.000 ciudadanos y ciudadanas de Madrid que han solicitado la aplicación de la ley", defendió la parlamentaria socialista.

A renglón seguido, indicó que "de estas solicitudes sólo se han comunicado al Ministerio 46.000 a 1 de octubre de 2009, y de estos 46.000 son sólo 20.000 los que están recibiendo algún tipo de prestación a través de la Ley de Dependencia". "¿Qué pasa con los 40.000 ciudadanos restantes que han presentado sus papeles y no están registrados en ningún sitio?", preguntó la diputada.

El Grupo Socialista considera "lamentable que casi la mitad de las personas dependientes en la Comunidad de Madrid estén aún sin valorar, y que más de la mitad de los dependientes valorados estén esperando su Programa Individual de Atención".

Para la diputada Sánchez Acera "el que sólo el 25 por ciento de las personas dependientes en Madrid esté recibiendo las prestaciones y derechos de la Ley 39/2006, casi tres años después de su aprobación, merecería la dimisión de algún responsable político".

Fuente : europapress.es

ENTREVISTA A D. LUIS ALBERTO BARRIGA - MIEMBRO OBSERVATORIO NACIONAL DEPENDENCIA

Luis Alberto Barriga estuvo ayer en Santiago para participar en una jornadas sobre ayuda en el hogar dentro de la ley de dependencia que organizó el Colexio de Traballadores Sociais de Galicia y la empresa Socyser. Barriga forma parte del Observatorio Nacional de la Dependencia (www.ondep.es), además de ser trabajador social en Valladolid y miembro de la asociación de gerentes y directores de servicios sociales.

-El observatorio es muy crítico con el desarrollo de la ley.
-Hay desigualdad en las autonomías, el coste por plaza que contempla el Estado no es real, la iniciativa privada se ha retraído porque no cubre costes y el servicio público no crea infraestructuras. A eso hay que sumarle factores culturales y todo ha hecho que más del 50% de las prestaciones sean pagos a cuidadores informales, lo que tiene un efecto perverso.
-¿Por qué?
-Se puede sacar a personas de residencias para ser atendidas en casa, pero no en buenas condiciones. Más de la mitad de los cuidadores no están dados de alta en la Seguridad Social, bien porque trabajan fuera o porque ya están jubilados; se puede generar un empleo subterráneo peligroso y se potencia el deterioro de los cuidadores.
-Pero las Administraciones prefieren pagar al cuidador informal porque sale más barato que construir residencias y centros de día...
-Sin duda. En esta situación todos tenemos culpa. El hombre catalán casi ciego que cobraba un céntimo de prestación y fue noticia por eso tenía como cuidadora a su mujer, de 74 años y con la cadera rota. Quien autorizó a esa mujer para ser cuidadora también tiene responsabilidad, ¿no? Los profesionales tenemos que escuchar a la familia, pero la familia no puede ser la única que decida, como no decide un tratamiento médico.
-¿Qué le parece la propuesta de los expertos de crear un impuesto para pagar la dependencia?
-La idea de la cotización es muy interesante, y sería bueno para la dependencia, pero es un debate que se planteó al principio de la ley y se descartó.
-¿La cotización es buena?
-Sí, como la que se hace para la Seguridad Social. Implicaría a los empresarios y sería solidaria, como la sanidad. Lo que está claro es que, si queremos una ley de dependencia de calidad, no hay financiación suficiente, ahora no es sostenible.
-¿Cuándo funcionará de verdad la ley?
-¡Uf! Es imposible saberlo. Si no se interviene, puede quedarse como está, con pagas de 500 euros y poco más. Eso sería lo peor, pero yo creo que va a mejorar.
-Y tendremos unos servicios sociales para todos...
-Es interesante que todos se acojan a los servicios sociales, la gente de dinero también, porque si no acabaremos teniendo servicios sociales para pobres.
-¿Es partidario de parar el calendario de aplicación?
-Personalmente, no. Creo que tendría que cambiar la ley.

Fuente : lavozdegalicia.es

CANARIAS - LOS CABILDOS NOS ASUMIRÁN MÁS PLAZAS DE DEPENDENCIA

Los cabildos no asumirán más plazas de dependencia si no sube la financiación

Durante el primer encuentro entre los representantes de Bienestar Social de las siete islas y el Gobierno autonómico en materia de dependencia se acordó la integración en el nuevo sistema de los recursos ya existentes, pero las instituciones insulares no se harán cargo de nuevas plazas salvo que les den más fondos.

Aunque la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia y a las familias de España, más conocida como Ley de Dependencia, entró en vigor en 2007, ayer se celebró la primera reunión entre el Gobierno de Canarias y los cabildos para determinar la implantación efectiva de la norma y la aplicación de los recursos.

Durante el encuentro, los responsables de las consejerías insulares de Bienestar Social se mostraron conformes con la propuesta de que los recursos ya existentes en el Plan Sociosanitario de Mayores se vayan integrando en el sistema nacional de dependencia y así comiencen a ser financiados entre el Estado, la comunidad autónoma, los cabildos y el propio beneficiario y no como hasta ahora, que eran sufragados al 50% por el Ejecutivo autonómico y las corporaciones insulares.

Sin embargo, en lo referente a la creación de nuevos centros, servicios y recursos no hubo ese clima de entendimiento y los cabildos manifestaron su rechazo a hacerse cargo de la gestión de las nuevas plazas que se tengan que crear conforme a la nueva ley, si no se aumentan los fondos económicos, aludiendo a la carga de trabajo que ya soportan y a que es una institución que no tiene un sistema de recaudación.

"Se pretende que nos hagamos cargo de la gestión, que se creen cada vez más recursos, pero sin que se nos den las competencias, y eso es algo que no vamos a aceptar, porque sería convertirnos en meros gestores del Gobierno autonómico, así que incluso me planteo devolverles la gestión y que la realicen ellos con el mismo dinero con que nos dicen que lo hagamos nosotros", explica la consejera de Asuntos Sociales del Cabildo La Gomera, Ventura del Carmen Rodríguez.

Para los cabildos no es lógico que Bienestar Social trate de delegar la gestión a la vez que tiene previsto congelar el presupuesto en esta materia, por lo que se muestran contrarios. "Si el presupuesto se congela, los nuevos servicios también, porque ya no podemos hacernos con más cosas de las que ya tenemos", mantuvieron varios consejeros.

No obstante, la consejera de Bienestar Social de El Hierro, Milagros del Valle Padrón, valoró positivamente el acuerdo alcanzado y recordó que "se trata sólo de un comienzo, y tendremos que continuar negociando, sobre todo para después de 2010, porque con la crisis todas las instituciones tienen problemas".

En este sentido, la consejera del Cabildo de Tenerife, Cristina Valido, ha manifestado en varias ocasiones que "conseguir que las administraciones canarias encajemos en este sistema nacional de dependencia va a ser muy complicado, porque además de la crisis económica hay que tener en cuenta el esfuerzo que hemos hecho los cabildos en materia social y que antes de la ley ya contábamos con un modo de operar insular que ahora se ha visto alterado desde el momento en el que la consejería autonómica de Bienestar Social ha centralizado las solicitudes, los reconocimientos y las resoluciones".

Fuente : eldia.es

ASTURIAS - RECONOCE "DESEQUILIBRIO" FINANCIACIÓN LEY DEPENDENCIA

Areces reconoce un «desequilibrio» en la financiación de la Ley de la Dependencia

Areces respaldó su incorporación a la Ley de Financiación Autonómica«El acuerdo era pagarlo 'fifty-fifty' entre el Gobierno central y las autonomías, pero es verdad que hay un desequilibrio la financiación».

El presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, reiteró ayer la idea defendida hasta ahora por la Consejería de Bienestar Social y Vivienda: que Asturias paga el 70% del coste de la Ley de la Dependencia porque el Ministerio de Sanidad y Política Social no paga lo que debe.

Sus palabras tenían lugar un días después de que el secretario general de Política Social, Fernando Moza, reconociese la necesidad de destinar más dinero para hacer frente al colapso generado por la aplicación de la ley y anunciase una partida específica en los presupuestos.

El jefe del Ejecutivo asturiano explicó en Onda Cero que el motivo del «desequilibrio» entre lo aportado por el Principado y por el ministerio es que «el número de beneficiarios ha superado a lo esperado». Un argumento utilizado también por Moza el pasado miércoles para explicar el colapso que se registra tras cumplirse tres años de aplicación de la norma.

En cualquier caso, Álvarez Areces confió en la capacidad del Gobierno central para afrontar y resolver la situación. «Estoy convencido de que el Gobierno lo va a reequilibrar, porque así se ha comprometido a ello la ministra de Sanidad». Y dicho esto expresó su confianza en que «tal y como dijo a principios de año se revise la ley y el sistema de financiación».

Crear empleo
En su intervención en el programa radiofónico, el presidente del Principado no dejó escapar la ocasión para aseverar que la Ley de la Dependencia «está creando y va a crear mucho empleo», aunque obvió cualquier referencia a la primera huelga registrada en Asturias por la aplicación de la norma, la de ayuda a domicilio, que podría volver a repetirse la próxima semana.

Por último, Álvarez Areces respaldó la incorporación de la dependencia a la Ley de Financiación Autonómica, actualmente en debate, «ya que así lo hemos solicitado», y reiteró su defensa de primar los criterios del envejecimiento de la población asturiana y de la dispersión geográfica del Principado.

Fuente : elcomerciodigital.com

jueves, 22 de octubre de 2009

MADRID - MÁS DE 10.000 EXPEDIENTES EN "EL LIMBO"

Más de 10.000 expedientes remitidos por el Ayuntamiento sobre valoración de dependencia están en el limbo, según PSOE

Un total de 10.677 expedientes sobre valoración de la dependencia remitidos por el Ayuntamiento de la capital al Gobierno regional se encuentran en el limbo, como expuso hoy el concejal socialista Pedro Zerolo en la comisión ordinaria de Familia y Servicios Sociales.


Zerolo reclamó a la delegada del área, Concepción Dancausa, una mayor "preocupación" por esos más de 10.000 expedientes, de los que dijo no conocer su paradero.

Esa cifra es la resultante de las 53.775 solicitudes que el Consistorio confirma que ha remitido a la Comunidad y las 43.098 que el Gobierno autonómico reconoce, con fecha de octubre de 2009, procedentes de los 179 municipios madrileños.


El socialista, tras tachar la situación de "escandalosa", expuso que esa cifra de expedientes de los que se desconoce su ubicación podría multiplicarse si se tiene en cuenta que no todos los recibidos por el Ejecutivo autonómico corresponden a la capital. "Algún dependiente habrá en Getafe", comentó el edil a Europa Press al térmimo de la comisión.


"¿Dónde están los expedientes que no aparecen, que no han llegado a la Comunidad?", preguntó Zerolo tras reprochar a la delegada que en cuestiones como la Ley de Dependencia el equipo de Gobierno no se muestra tan "vehemente" con la Comunidad de Madrid como en otros asuntos, como el de Caja Madrid.


En cuanto a la "discrepancia" apuntada por el PSOE entre el número de expedientes facilitamos por el Ayuntamiento, los recibidos por la Comunidad y los registrados en el Sistema de Dependencia, Dancausa instó a los socialistas a plantear esta pregunta en la Asamblea de Madrid o en el Congreso de los Diputados.


Dancausa puntualizó que, a fecha de 15 de octubre, el número de solicitudes de dependencia presentadas al Ayuntamiento ascendía a 56.280. De ellas, se remitieron a la Comunidad 53.775 expedientes. El resto están en tramitación, de acuerdo con las competencias que tiene asignadas el Consistorio. "Las razones sobre la disparidad en la información debe preguntárselas a la Comunidad de Madrid, que es quien recibe la información de todos los municipios", argumentó la popular.


"En todo caso no a nosotros. No nos traslade a nosotros esa responsabilidad", manifestó tras recordar que el Gobierno central tuvo en su momento la oportunidad de asignar más competencias a los ayuntamientos pero no lo hicieron.


Por su parte, Dancausa recordó que las competencias que tiene el Ayuntamiento en materia de dependencia pasan por la recepción de los expedientes, la elaboración del informe social del entorno y su envío a la Comunidad de Madrid. "Aquellas (competencias) que por el convenio tengo que prestar las presto e, incluso, la Ordenanza prevé el seguimiento de las prestaciones, incluso sin haber obtenido el reconocimiento, y la atención a esas personas mientras están pendientes de recibir la dependencia", expuso.


Asimismo puso en el punto de mira el sistema informático que recoge toda la información sobre las solicitudes de dependencia, perteneciente a la Administración General del Estado. "De momento no se ha demostrado un sistema muy eficiente. En su momento recibió quejas de todas las comunidades autónomas por las dificultades de coordinación con los sistemas informáticos regionales", argumentó la edil.


Por su parte, Zerolo hizo hincapié sobre los datos aportados por la Comunidad de Madrid, los 43.098 expedientes que dice que ha valorado en su mayoría positivamente. "De ellos, uno de cada dos no han recibido todavía prestación ni ayuda alguna, por lo que el 51 por ciento de los valorados positivamente por la Comunidad aún no recibido ayuda del Sistema Nacional de Dependencia", aseguró el edil socialista.

Fuente : que.es

EL GOBIERNO RECHAZA COTIZACION NUEVA PARA ATENDER DEPENDENCIA

La atención a las personas dependientes es un servicio básico, como el sanitario, del Estado del bienestar.

Partiendo de esta premisa, el Ministerio de Sanidad y Política Social rechazó ayer implantar una cotización adicional a la que existe para las pensiones para dotar de una financiación más sólida al Sistema Nacional de la Dependencia.

Esta medida, mediante la cual los trabajadores irían financiando durante su vida laboral las atenciones que tal vez requieran de mayores, era una de las propuestas formuladas por un grupo de expertos en un informe encargado por el Congreso de los Diputados. Su diagnóstico, presentado en la Comisión de Sanidad, alerta de que el gasto por esta prestación se disparará del 0,6% del PIB al 1,5% en el 2015, cuando se complete el sistema.

El Ejecutivo, según explicó ayer el secretario general de Política Social y Consumo, Francisco Moza, considera que, además de ir contra la filosofía de la ley, esta cotización o impuesto adicional supondría una carga difícilmente soportable para los asalariados, teniendo en cuenta que la fiscalidad ya es elevada y la actual precariedad laboral.

Tampoco es partidario de otra medida en esa línea, ligada al sector privado, como un seguro obligatorio mediante el abono de primas (equivalentes a cotizaciones) a partir de una cierta edad o una prima única a partir de los 65 años.

COPAGO FARMACÉUTICO

Los expertos que han elaborado el informe, entre los que figuran los catalanes Montserrat Cervera, exdirectora general del Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS), y Guillem López Casasnovas, catedrático de la Pompeu Fabra, también han planteado otra medida rechazada una vez más por el Gobierno: eliminar la gratuidad farmacéutica para los jubilados y que continúen con la formula de copago habitual antes del retiro laboral. Proponen que esos recursos vayan destinados a atender a futuros discapacitados.

Los expertos y algunos portavoces parlamentarios denunciaron que la financiación al 50% por parte de las autonomías prevista en la ley no se corresponde con la práctica, en la que cargan con hasta el 70%, como es el caso de Catalunya, según el portavoz de ERC, Joan Tardá.

FONDOS FISCALES

Moza eludió hablar de porcentajes, pero consideró «inasumibles» algunas propuestas de los expertos y defendió que la viabilidad del sistema está asegurada con la financiación adicional que supondrá la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas (LOFCA).

En la futura norma, que entrará en vigor el próximo 1 de enero, se incluye la prestación de servicios sociales y de la dependencia por parte de las comunidades autónomas, que –según Moza– dispondrán de una «sustanciosa cesión de impuestos» por parte del Gobierno central, con los que hacer frente a la mitad de la financiación de la dependencia.

La recaudación del IVA por las comunidades será elevada del 30% actual al 50%; la del IRPF, del 33% al 50%, y la de los impuestos especiales, del 40% al 58%, en virtud del nuevo modelo de financiación autonómica.

El secretario general de Política Social también anunció que el Gobierno creará una partida específica dentro de los presupuestos general del Estado para el 2010, que agrupará todo el gasto estatal en la materia e incluirá otros fondos del Plan E y de inversión local.

CiU y el PNV dudaron de que esta partida de la LOFCA sea suficiente para financiar un sistema en constante crecimiento, mientras parece seguro que la crisis económica disminuirá los fondos obtenidos por la recaudación fiscal en general .

RECHAZO DE CIU

Carlos Campuzano, portavoz de CiU, anunció que su grupo no apoyará la financiación de la atención a la dependencia a través de la LOFCA. Propuso un amplio acuerdo político para revisar la ley, que no votó cuando se puso en marcha hace tres años, y garantizar la sostenibilidad del sistema.

Fuente : elperiodico.com

CANARIAS - CABILDOS RECHAZAN RECORTES SOCIALES

Los cabildos canarios rechazan los recortes sociales que plantea el Gobierno canario y demandan una postura clara y unitaria sobre los servicios relacionados con la Ley de Dependencia.

Así lo informó hoy en un comunicado la consejera de Asuntos Sociales de La Gomera, Ventura del Carmen Rodríguez, tras la reunión que han mantenido los representantes insulares.

La Gomera ostenta actualmente la presidencia de la Federación Canaria de Islas (Fecai) y la consejera de esta isla explica que "nos hemos reunido para analizar las propuestas del Gobierno canario de cara al próximo ejercicio, que determinará, además, cuál es el papel de los cabildos en el sistema canario de dependencia".

Precisa que los cabildos estudiaron la documentación facilitada por el Gobierno de Canarias y añade que "comprendemos las dificultades económicas, pero tenemos que subrayar la necesidad de mantener los servicios sociales, que cobran aún más importancia en estos momentos de crisis".

Los consejeros insulares recordaron que los cabildos son las administraciones más castigadas presupuestariamente con competencias deficitarias "inasumibles" en este momento.

La representante de La Gomera insiste en que es necesaria una mayor implicación del Ejecutivo que, según su criterio, debe, además, consensuar los criterios para que no se planteen contradicciones entre los servicios vinculados al área de Sanidad y los que se relacionan con Bienestar Social.

"La atención a los dependientes debe ser una e igualitaria para todos, por eso tampoco nos parece oportuno que se planté un acuerdo para discapacidad y se deje pendiente a los mayores", indica.

Comenta que también resulta "decepcionante" que se deje fuera las plazas residenciales de los ayuntamientos o que no se planifiquen nuevas infraestructuras.

Asegura que los cabildos no tienen claro que el convenio propuesto por el Gobierno de Canarias para gestionar los servicios sociales en los próximos años sea el más adecuado desde el punto de vista jurídico.

"Hay un cambio de modelo que debe estudiarse en profundidad, pues requiere una mayor concreción y sobre todo un mayor compromiso financiero, cuando lo que se hace es recortar fondos", concluye.

La Fecai trasladará todos estos planteamientos al Gobierno canario con el que confía llegar finalmente a un entendimiento.

Fuente : abc.es

miércoles, 21 de octubre de 2009

LOS "EXPERTOS" PROPONEN CREAR UN NUEVO IMPUESTO PARA FINANCIAR LA DEPENDENCIA

El Grupo de expertos creado para analizar el sistema de Atención a la Dependencia proponen crear un nuevo impuesto sobre el patrimonio o establecer un seguro obligatorio como medidas para garantizar la financiación de los servicios.

Eliminar el copago del gasto farmacéutico o vincular los servicios de dependencia a las pensiones son otras de las propuestas incluidas en el informe que está estudiando el Ministerio de Sanidad.

El estudio ha sido presentado hoy en el Congreso de los Diputados por el secretario general de Política Social y Consumo, Francisco Moza, quien ha considerado que el texto es "extraordinariamente positivo" como herramienta de evaluación de los casi tres primeros años de funcionamiento del sistema.

El informe, que no es vinculante, contiene muchas recomendaciones "algunas en las que estamos todos de acuerdo, otras con las que seguro todos estamos en desacuerdo", ha subrayado Moza.

Creado a propuesta del Congreso de los Diputados, el Grupo de expertos ha analizado la aplicación de la Ley de Dependencia y los principales pasos del despliegue del sistema y ha presentado un informe con recomendaciones para un mejor funcionamiento del sistema.

El grupo ha estado integrado por una experta en Servicios Sociales de la empresa Antares Consulting, Montserrat Cervera; el catedrático de Sociología de la Universidad de Alcalá de Henares, Gregorio López Cabrero y los economistas José Antonio Herce, de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, y Simón Sosvilla, catedrático de la Universidad Complutense.

El informe está estructurado en cuatro grandes áreas: entrada al sistema y definición de los servicios que corresponden a cada paciente; análisis de los servicios y prestaciones; coordinación entre administraciones, y financiación.


Es este último apartado en el que los expertos más cuestionan el sistema actual y proponen fórmulas para garantizar y ampliar la financiación, muchas de las cuales el Ministerio de Sanidad descarta de entrada.

Los expertos consideran que la financiación del sistema es "sin lugar a dudas la parte menos desarrollada y una de las más problemáticas".

Aseguran que las estimaciones de costes "han quedado por debajo de la realidad" hasta el punto de que las previsiones financieras disponibles "son manifiestamente inferiores" a lo que calculan estimaciones académicas.

Es entonces cuando los expertos argumentan que los servicios sociales a la dependencia "deberían formar parte de los servicios esenciales junto a la educación y la sanidad" por lo que deberían integrarse en el paquete de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).

Además considera imprescindible clarificar los distintos niveles de financiación que actualmente "es todo muy confuso", especialmente en el "nivel acordado" cuyo objetivo es desarrollar la oferta de las estructuras de servicios en todas las Comunidades Autónomas sin producir agravios comparativos.

Los expertos consideran que el sistema debe contar con una parte de financiación pública de "suficiente solidez", complementada con la financiación privada por medio del copago.

Es a la hora de garantizar la financiación pública de un servicio que ha desbordado las previsiones y que aún debe crecer más, cuando los expertos empiezan a plantear propuestas como la de vincular el sistema de dependencia con el de pensiones.


Entre las recomendaciones del informe también cabe destacar la de establecer presupuestos cerrados para cada nivel de dependencia, crear un impuesto subyacente sobre el patrimonio o establecer una cotización social adicional.

La posibilidad de establecer un seguro obligatorio de dependencia, eliminar la exención del copago farmacéutico, son otras de las propuestas que defienden los expertos para garantizar la financiación del sistema.

Por otra parte, en cuanto al funcionamiento del sistema de valoración de las solicitudes y la concesión de servicios, el informe destaca la necesidad de unificar los "baremos" por los que se mide el nivel de dependencia y de mejorar su precisión por ejemplo en casos de enfermedad mental.

Los expertos también consideran necesario que la valoración la realicen profesionales y que se establezca una clara diferenciación entre el equipo de valoración y el equipo de asignación de recursos.

La mayor preocupación de los expertos en este apartado es sin embargo los plazos de resolución y concesión de servicios, que actualmente pueden durar hasta un año, y la falta de un sistema homologado para la recogida de datos entre las Comunidades Autónomas.

En el apartado dedicado al análisis de los servicios y prestaciones, los expertos cuestionan también las importantes variaciones entre los servicios ofrecidos por cada Comunidad Autonoma y considera imprescindible unificar al menos las prestaciones básicas.

Cuestiona también el elevado número de prestaciones económicas que se han concedido para el cuidado en familia, cuando la Ley establece que se trata de un servicio que debe ser excepcional para potenciar la profesionalización de los cuidados.

También subraya la importancia de establecer una mayor coordinación entre los servicios sociales y los servicios sanitarios, dado que el sistema actual duplica los procedimientos y el trámite burocrático y el gasto.

Fuente : adn.es

ANDALUCIA - MALAGA - TRAMITACION DE 1.200 SOLICITUDES

Bienestar Social tramita 1.200 solicitudes de ayudas a la Ley de Dependencia en Rincón, Málaga

La Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha tramitado un total de 1.200 solicitudes para acogerse a las ayudas económicas que ofrece la Ley de Dependencia, teniendo a día de hoy actualizado el registro de llegada de las peticiones recibidas en el municipio.

La alcaldesa de Rincón de la Victoria, Encarnación Anaya (PSOE), ha destacado el excelente trabajo realizado por parte de los Servicios Sociales “que han actuado con celeridad al objeto de poner en marcha el mayor número posible de ayudas y cubrir la elevada demanda de solicitudes que existen en el municipio”.

El concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, Ricardo Vivas (PSIRV), ha informado que 326 familias del municipio ya están recibiendo algún tipo de ayuda económica en el municipio. Además, el edil ha destacado que más del 50 por ciento de las prestaciones recibidas mediante el Programa Individual de Atención a la Dependencia corresponden a la solicitud de ayudas económicas para el Cuidado en el Entorno Familiar que se conceden en función del grado y nivel del prestatario, de cantidades económicas que van desde los 70 hasta los 519 euros mensuales.

Asimismo, de las más de mil solicitudes recibidas el 13 por ciento de las registradas corresponden al Servicio de Ayuda a Domicilio; el 12 por ciento obedecen a la Prestación Económica vinculada al Servicio (ayuda al pago del servicio residencial); el 12 por ciento a la concesión de una plaza pública en un centro residencial (que ha experimentando una aumento en los últimos meses), y el 5 va a destinada a recursos asistenciales tales como la Unidad de Estancia Diurna.

El Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria dispone de una plantilla compuesta por un Trabajador Social y un Auxiliar Administrativo que cuentan con la colaboración del resto de trabajadores sociales con el objetivo de informar y tramitar los recursos del Plan Individual de Atención a las Personas en situación de Dependencia. Cabe destacar que actualmente la Concejalía de Bienestar Social tiene registrado cerca de 3.000 personas mayores que actualmente se benefician como usuarios de numerosas prestaciones sociales: se han distribuido casi 700 botones para el Servicio de Teleasistencia, y se ha aumentado la cobertura de los servicios de ayuda a domicilio para los usuarios, conservando la cooperación social, y la gestión y comprensión de programas de ayuda locales, regionales o estatales.

El Área de Bienestar Social situada en la Avenida del Mediterráneo número 31 en la localidad de Rincón de la Victoria y se informe de los recursos económicos disponibles. Para más información pueden llamar al teléfono 952978294.

Fuente : malagaes.eu