sábado, 18 de enero de 2014

CATALUÑA - LAS PRESTACIONES BAJAN UN 5%

Las prestaciones por la ley de la dependencia en Catalunya bajan un 5%

La Generalitat atribuye el descenso a las muertes y a las reformas legislativas


El número de beneficiarios catalanes de la Ley de la dependencia se ha reducido un 1,4% en un año, al pasar de 158.589 en diciembre de 2012 a 156.333 en diciembre de 2013, y la cifra de prestaciones ha caído un 5,5% --han pasado de 122.011 a 115.656 en un año--.

La directora del Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (Icass), Carmela Fortuny, ha atribuido el descenso de beneficiarios y prestaciones a dos factores: a la muerte de una media de 2.200 usuarios al mes --más de la mitad superan los 80 años-- y a las reformas del Estado, que ha obligado a aplazar hasta 2015 los pagos a los dependientes moderados.

La reducción de prestaciones se contrapone al aumento de los servicios, teniendo en cuenta que "el Estado paga menos a las comunidades si no priorizan ofrecer servicios antes que pagar ayudas", ha recordado Fortuny. 

Ha recordado que, al margen de los dependientes moderados que no pueden entrar en el sistema, en Catalunya "ya están resueltos el 96,4% de los casos", y ha recordado que la mayor afluencia de solicitudes para cobrar la dependencia se produjo en los primeros años de la ley.

"Ahora lo que más hay son revisiones porque el estado de la gente con dependencia empeora con los años", ha dicho, y ha recordado que el Estado también ha endurecido los criterios de concesión de los grados, por lo que muchos evitan solicitar revisiones por miedo a perder su nivel.

Derecho reconocido

Los datos también revelan que 66.887 catalanes no recibirán ninguna ayuda hasta julio de 2015 porque su grado de discapacidad es moderado, una catalogación a la que el Estado pospuso del cobro por la falta de recursos económicos.

La cifra supone un 15% más que hace un año, cuando el Gobierno central decretó que los dependientes moderados deberían esperar al menos 36 meses para recibir alguna ayuda económica y eliminó la retroactividad, por lo que los afectados nunca recuperarán el dinero que no han percibido durante el tiempo de espera. 

Entre los dependientes moderados hay personas que necesitan ayuda para algunas actividades básicas --comer, ir al baño o vestirse-- y tienen necesidades de apoyo intermitente.

Fortuny ha recordado que estos usuarios "están atendidos a través de otros sistemas de ayudas de la Generalitat", como el apoyo a la acogida residencial, las prestaciones a discapacitados y las subvenciones a programas de autonomía en la propia vivienda. 

Al aplazamiento hasta julio de 2015 del pago a los dependientes moderados, se suma el recorte del 15% en la prestación de los cuidadores familiares que el Estado decretó en paralelo.

Cuidador familiar

En Catalunya hay ahora 161.436 dependientes que se benefician de algún tipo de prestación o servicio, de los que 109.600 tienen un cuidador familiar, figura que desempeñan principalmente mujeres, por las cuales el Estado ha dejado de cotizar.

"Si una familia quiere cuidar a un dependiente no vamos a negarle esta opción, pero la figura está mutilada por los recortes estatales", ha lamentado Fortuny, que ha recordado que la Generalitat cuenta con programas propios de formación y apoyo a los cuidadores no profesionales.

Fuente  :   elperiodico.com/es


CATALUÑA - LAS PRESTACIONES BAJAN UN 5%

Las prestaciones por la ley de la dependencia en Catalunya bajan un 5%

La Generalitat atribuye el descenso a las muertes y a las reformas legislativas


El número de beneficiarios catalanes de la Ley de la dependencia se ha reducido un 1,4% en un año, al pasar de 158.589 en diciembre de 2012 a 156.333 en diciembre de 2013, y la cifra de prestaciones ha caído un 5,5% --han pasado de 122.011 a 115.656 en un año--.
La directora del Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (Icass), Carmela Fortuny, ha atribuido el descenso de beneficiarios y prestaciones a dos factores: a la muerte de una media de 2.200 usuarios al mes --más de la mitad superan los 80 años-- y a las reformas del Estado, que ha obligado a aplazar hasta 2015 los pagos a los dependientes moderados.
La reducción de prestaciones se contrapone al aumento de los servicios, teniendo en cuenta que "el Estado paga menos a las comunidades si no priorizan ofrecer servicios antes que pagar ayudas", ha recordado Fortuny. 

Ha recordado que, al margen de los dependientes moderados que no pueden entrar en el sistema, en Catalunya "ya están resueltos el 96,4% de los casos", y ha recordado que la mayor afluencia de solicitudes para cobrar la dependencia se produjo en los primeros años de la ley.
"Ahora lo que más hay son revisiones porque el estado de la gente con dependencia empeora con los años", ha dicho, y ha recordado que el Estado también ha endurecido los criterios de concesión de los grados, por lo que muchos evitan solicitar revisiones por miedo a perder su nivel.

Derecho reconocido

Los datos también revelan que 66.887 catalanes no recibirán ninguna ayuda hasta julio de 2015 porque su grado de discapacidad es moderado, una catalogación a la que el Estado pospuso del cobro por la falta de recursos económicos.
La cifra supone un 15% más que hace un año, cuando el Gobierno central decretó que los dependientes moderados deberían esperar al menos 36 meses para recibir alguna ayuda económica y eliminó la retroactividad, por lo que los afectados nunca recuperarán el dinero que no han percibido durante el tiempo de espera. Entre los dependientes moderados hay personas que necesitan ayuda para algunas actividades básicas --comer, ir al baño o vestirse-- y tienen necesidades de apoyo intermitente.
Fortuny ha recordado que estos usuarios "están atendidos a través de otros sistemas de ayudas de la Generalitat", como el apoyo a la acogida residencial, las prestaciones a discapacitados y las subvenciones a programas de autonomía en la propia vivienda. 

Al aplazamiento hasta julio de 2015 del pago a los dependientes moderados, se suma el recorte del 15% en la prestación de los cuidadores familiares que el Estado decretó en paralelo.

Cuidador familiar

En Catalunya hay ahora 161.436 dependientes que se benefician de algún tipo de prestación o servicio, de los que 109.600 tienen un cuidador familiar, figura que desempeñan principalmente mujeres, por las cuales el Estado ha dejado de cotizar.
"Si una familia quiere cuidar a un dependiente no vamos a negarle esta opción, pero la figura está mutilada por los recortes estatales", ha lamentado Fortuny, que ha recordado que la Generalitat cuenta con programas propios de formación y apoyo a los cuidadores no profesionales.


Fuente  :   elperiodico.com



martes, 14 de enero de 2014

AVILA - SENTENCIA PARA APLICAR LA LEY A INTERNOS CENTRO RESIDENCIAL

Los afectados se agrupan en una plataforma

Nueva sentencia para aplicar la Ley de Dependencia a internos en el Centro Residencial

Tras una tercera sentencia a favor de los residentes, familiares de personas que se encuentran en el Centro Residencial Infantas Elena y Cristina han creado una plataforma para exigir el cumplimiento de la Ley de Dependencia por parte de la Junta. 

Y es que las sentencias les dan la razón a quienes habían denunciado que están pagando una residencia pública como si fuera privada.

La plataforma ha dado a conocer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que considera “improcedente” que los residentes de este centro, con los beneficios reconocidos de la Ley de Dependencia, paguen su plaza íntegramente como si fuera privada.

Se trata de una sentencia del mes de octubre, que se une a otra similar de mayo, en la que se falló de manera similar a favor de una persona interna en la residencia, y a otra en el mismo sentido de 2012.


Sentencia para todos

En la nueva sentencia se fija un criterio “extensible” a todos los afectados, que en Ávila podrían ser más de 40, por lo que algunos familiares han decidido adoptar las medidas necesarias para que la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León garantice el cumplimiento de la Ley de Dependencia.

Las medidas incluirán el requerimiento para que se deje de cobrar como si estas plazas fueran privadas y se cobre únicamente el precio de referencia en cada caso.

Los promotores de la plataforma reclamarán la totalidad de las cantidades que cada residente ha abonado sin tener obligación a ello.

Según han asegurado en un comunicado, tienen constancia de que las administraciones central y autonómica han ingresado a la Diputación de Ávila “toda o parte” de las cantidades que correspondían a los residentes por aplicación de la Ley de Dependencia, aunque institución provincial no ha transferido esas cuantías a los beneficiarios ni se han aplicado a financiar el precio de la plaza residencial.

Consideran que, “de ser así, se habría producido un hecho gravísimo”, ante lo que consideran una posible “indebida retención”.

La Plataforma de Afectados por el Incumplimiento de la Ley de Dependencia del Centro Residencial Infantas Elena y Cristina anuncia denuncias ante los organismos e instancias judiciales, y han invitado a todos los afectaos a agruparse para “depurar responsabilidades”.
 
Fuente  :  avilared.com
 
 

Junta critica "la falta de financiación" del Gobierno a la Ley de Dependencia que beneficia a 28.300 onubenses

La delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Huelva, Lourdes Martín, ha criticado "la falta de financiación" por parte del Gobierno central a la Ley de Dependencia que beneficia a 28.300 onubenses en sus distintas prestaciones.
  • Junta critica "la falta de financiación" del Gobierno a la Ley de Dependencia que beneficia a 28.300 onubenses
En una entrevista concedida a Europa Press, la delegada ha señalado que la Ley de Dependencia establecía que las administraciones central y autonómica se hicieran cargo de los recursos al 50 por ciento, pero en la actualidad "la Junta asume el 72 por ciento y el Gobierno tan sólo el 28".
Por ello, a su juicio, "el problema principal es la falta de financiación porque desde que se aprobó la Ley de Dependencia en 2007 esto era un recurso que se pagaba a partes iguales entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía, pero en los últimos años hemos dejado de percibir 314 millones de euros" en Andalucía.
"Esto nos complica la vida a la hora de solucionar esa demanda de personas, sobre todo mayores que solicitan ayudas", según ha remarcado la delegado. Hay que recordar que la ley ofrece distintas prestaciones como ayudas económicas personales, para el cuidado en el ámbito personal, servicio de ayuda a domicilio, centros de día, atención residencial y teleasistencia.
En Huelva, Martín ha señalado que, si se cuentan todos los recursos de los que dispone la Ley de Dependencia, "hay 28.300 beneficiarios de esta ley", lo que supone "una cifra muy importante", pero "lamentablemente no podemos seguir incrementando el número de usuarios debido a la falta de financiación" dado que "ahora es la comunidad autónoma la que hace frente al coste del mantenimiento de la red de usuarios".
Pese a ello, la delegada ha remarcado que para el Gobierno andaluz "la Ley de Dependencia es un pilar básico" y por tanto, aboga por "el mantenimiento de la red de beneficiarios" de la misma. De hecho, en el presupuesto autonómico para esta política social en 2014 se destinarán 1.115 millones a nivel andaluz.
De otro lado, la delegada ha asegurado la incorporación al sistema de dependencia de nuevos usuarios, que se encuentran actualmente en lista de espera, para intentar "poco a poco" ir incorporando a personas a estos servicios, puesto que debido a los "recortes" desde hace dos años no era posible nuevas incorporaciones, a excepción de situaciones de emergencia social importantes.
Así, ha dejado claro que "son pocos los que se suman no por la falta de recursos humanos, sino por la falta de financiación y el déficit tan importante" que padece por parte, a su juicio, del Gobierno central. El pasado año 2013 la administración regional invirtió en Huelva un total de 40 millones de euros en los distintos recursos y prestaciones de la ley.


Leer más:  Junta critica "la falta de financiación" del Gobierno a la Ley de Dependencia que beneficia a 28.300 onubenses  http://www.teinteresa.es/andalucia/huelva/Junta-financiacion-Gobierno-Ley-Dependencia_0_1064293708.html#WaQ1eiMY9pX32mkJ
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INICIATIVA PARLAMENTO

Presentan 250.000 firmas en defensa de la ley de dependencia

La Coordinadora Estatal de las Plataforma defensa de ley de la dependencia (Lapad) y la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales van a presentar en el Parlamento más de 250.000 firmas recogidas a través en una iniciativa ciudadana en defensa del cumplimiento de la ley.

Con esta iniciativa, ambas organizaciones reclaman al Congreso de los Diputados una resolución que obligue al Gobierno a dotar al Sistema de la Dependencia de la partida presupuestaria suficiente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la ley.

Cuando se cumplen siete años de la entrada en vigor de la ley, la iniciativa ciudadana pretende denunciar "la demolición controlada del Sistema de Atención a la Dependencia tras las tres reformas que ha sufrido la ley por el Gobierno de Rajoy que ha impactado de manera cruel en las personas en situación de dependencia", explican en un comunicado.

Consideran que la política del Gobierno "impide el acceso al sistema de nuevos dependientes o expulsa a los que ya estaban -más de 200.000 se encuentran en el limbo de la dependencia".

Fuente  :   elmundo.es/espana


miércoles, 11 de diciembre de 2013

JAEN - DEPENDIENTES O REHENES POLÍTICOS?

¿Dependientes o rehenes políticos?

La decisión del Ayuntamiento de Jaén de renunciar a la ley de dependencia por los impagos de la Junta de Andalucía abre un camino a imitar por otros municipios

La cuidadora Ana María López atiende a Antonia Carrasco en su casa de Jaén. 



Una ley que gozaba de un amplio consenso político y social aunque la actual crisis económica la ha puesto en la picota. 

Meter la tijera en las políticas sociales parecía una línea roja infranqueable, pero la decisión del Ayuntamiento de Jaén (PP) de renunciar a prestar la dependencia acordada con la Junta de Andalucía parece que ha enseñado el camino a otros municipios.

El Ayuntamiento de Jaén denunció el pasado 1 de octubre el convenio que le vinculaba con la Junta hasta el 3 de diciembre para la prestación de la ayuda a domicilio, la más significativa incluida en el catálogo de la ley de dependencia. 

Según esta norma, la financiación de este servicio corresponde a la Junta, que recibe a su vez parte de los fondos del Estado, mientras que la prestación corresponde a los Ayuntamientos (como es el caso de Jaén) o las Diputaciones en los municipios de menos de 20.000 habitantes.

El Consistorio jiennense, sumido desde hace tiempo en una grave crisis financiera —los empleados aún no han cobrado la nómina de noviembre—, venía demorando, un mes sí y otro también, los pagos a la empresa concesionaria, Multiservicios Jabalcuz. Sus 200 trabajadoras han protagonizado en los últimos meses varias protestas por el impago de sus salarios, la última de ellas con una sonora pitada al alcalde durante el pregón de la feria de octubre.

El alcalde jiennense, el popular José Enrique Fernández de Moya, justificó la denuncia del convenio en la deuda de dos millones de euros que mantenía la Junta con la dependencia, deuda que la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales dice haber rebajado la última semana a 400.000 euros. 

“Hasta aquí hemos llegado”, espetó el regidor jiennense para avalar una decisión que no tiene precedentes en el país. 

El Consistorio jiennense ha presentado ante el TSJA un recurso contencioso-administrativo para reclamar la deuda de la Junta, aunque el conflicto tiene visos de enquistarse judicialmente. “Si hay que ir a los tribunales se va”, avisa Fernández de Moya.

“Si quitan la ayuda me parten”

Antonia Carrasco Gómez vive sola en su piso de la avenida de Andalucía de Jaén. 

Tiene 73 años y padece numerosas dolencias físicas que le reducen su movilidad a lo más mínimo. 

Por eso recibe cada día, durante dos horas, la ayuda domiciliaria de una trabajadora de la empresa concesionaria de la dependencia en Jaén. 

“Por Dios, que no me quiten la ayuda porque si no me parten”, exclama esta anciana, a quien una cuidadora ayuda en las tareas básicas del hogar y la acompaña a realizar las compras. 

Antonia, que también es usuaria de la teleasistencia, es una de las 422 personas dependientes que están amenazadas por la continuidad del servicio en Jaén. Detrás de cada una de ellas hay un drama familiar. 

Alguno tan extremo como el de Manuel Ortega, de 86 años y que, pese a su menguada movilidad, tiene a su cargo a dos personas dependientes: su esposa, de 81 años y enferma de Alzheimer, y su hijo, de 43 años, con síndrome de Down. 
“Que se lo piensen antes de quitar el servicio, para mucha gente la ayuda a domicilio es indispensable”, proclama Manuel. 
Como vital resulta la ayuda a domicilio que recibe a diario Rafaela Castro, otra anciana jiennense considerada gran dependiente por su escasa movilidad. “A muchos usuarios del servicio este clima de inquietud e incertidumbre les está afectando a su salud”, indica María del Carmen García, una de las cuidadoras y presidenta del comité de empresa de la concesionaria. 
Cada una de las 200 cuidadoras tiene a su cargo, al menos, dos familias dependientes. 
Es el caso de Ana María López que, como el resto de compañeras, no oculta su nerviosismo por su incierto futuro laboral. “Nos deben dos nóminas pero seguimos acudiendo a nuestro trabajo porque no podemos abandonar a los usuarios”, comenta. 

Las trabajadoras celebraron el pasado miércoles, primer día de inactividad municipal, una asamblea para valorar el nuevo escenario creado.

De entrada, indicaron que su prioridad es cobrar lo que se les adeuda y lograr una situación de estabilidad laboral. “Todo el mundo seguirá trabajando hasta nueva orden”, indicó la presidenta del comité de empresa. 
A su juicio, entrar a valorar de quién es la competencia para prestar el servicio no es algo que incumba a la plantilla, cuyo único interlocutor no es otro que la empresa que las contrató, Multiservicios Jabalcuz.

La Junta de Andalucía, por su parte, ha cargado contra la “falta de sensibilidad” del alcalde jiennense por haber traspasado una barrera que nadie creía que se atrevería a cruzar. 

La consejera de Salud, María José Sánchez Rubio, puso un ejemplo muy gráfico para ilustrar la gravedad de la decisión del alcalde jiennense: “Imaginen ustedes que nosotros nos desentendemos de los enfermos de la UCI porque el Estado no nos paga”, dijo el pasado miércoles durante una visita al hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

La Administración andaluza ha admitido los retrasos en los pagos a los Ayuntamientos, algo que achaca en buena medida al recorte en las aportaciones que le corresponden al Estado. 

Si hasta hace dos años, la cofinanciación era del 50% entre las dos Administraciones, ahora la Junta aporta el 78% frente al 22% del Gobierno de la nación. Con todo, la consejería se ha comprometido a que antes de fin de año se reduzcan a dos las mensualidades pendientes por la dependencia. 

“Ahora mismo, pagar por adelantado, como se hacía antes, es muy difícil”, indicó la consejera sin ocultar los problemas de liquidez de la Junta.

Pero más allá del debate de los números y del pulso competencial, lo que parece que subyace detrás de este conflicto es una cuestión ideológica. 

“El PP ha convertido al Ayuntamiento de Jaén en banco de pruebas de la derecha radical de este país y en laboratorio de las políticas antisociales”, ha declarado el presidente de la Diputación de Jaén, el socialista Francisco Reyes.

Lejos de desmentir las críticas socialistas, el Partido Popular en Andalucía ha salido en tromba  a apoyar al alcalde jiennense

“Nos ha marcado el rumbo a seguir”, declaró el portavoz parlamentario del PP, Carlos Rojas, en una frase que augura cuál puede ser la postura de los municipios gobernados por los populares en esta materia. 

Y el alcalde jiennense, también presidente provincial del PP, vaticina una “cascada de denuncias de convenios” por parte de otros Ayuntamientos a los que la Junta adeuda dinero.

Los populares, que han presentado una iniciativa parlamentaria para exigir los fondos de la dependencia, estiman que la Junta debe a los Ayuntamientos más de 100 millones por este servicio y critican que el gasto se haya recortado casi a la mitad en los dos últimos años. 

En torno a 20 millones es la deuda con el Ayuntamiento de Sevilla, cuyo alcalde, el también presidente andaluz del PP Juan Ignacio Zoido, ha indicado que sí seguirán prestando la dependencia. 

“Cada Ayuntamiento, según sus posibilidades económicas, tomará el rumbo que estime oportuno”, precisó Carlos Rojas.

Pero el órdago del alcalde jiennense ha ido tan lejos que incluso ha hecho caso omiso de las indicaciones de la Fiscalía de Jaén que, tras abrir diligencias informativas, concluyó que el responsable de la prestación es el Ayuntamiento, aunque también apremia a la Junta a pagar las cantidades que adeuda. 

“El incumplimiento por parte de la Junta en el pago de las transferencias no puede suponer en ningún caso la dejación del servicio por la entidad responsable, sin perjuicio de que esta realice las denuncias políticas y las acciones jurídicas que considere convenientes para su cobro”, se dice en el decreto elaborado por el fiscal encargado de la protección a las personas con discapacidad, Cristóbal Fábregas.

La fiscalía ha aclarado, no obstante, que solo actuará jurídicamente en caso de tener constancia de que se vean conculcados derechos fundamentales entre los beneficiarios de la ayuda a domicilio, algo que todavía no ha sucedido porque las trabajadoras de la empresa concesionaria siguen cuidando a los dependientes pese al limbo legal generado.

Sorprendentemente, la interpretación que Fernández de Moya ha hecho del decreto de la fiscalía no hace albergar demasiadas esperanzas para atisbar una rápida solución al conflicto. 

Tras congratularse de que el fiscal “enmienda la plana” a la Junta al apremiarle a pagar, el alcalde jiennense entiende que la indicación del Ministerio Público tan solo vincula al Ayuntamiento con las 179 personas que reciben la ayuda a domicilio que se presta a nivel municipal, pero no así con relación a los 422 dependientes atendidos dentro del convenio suscrito con la Junta de Andalucía. El PSOE de Jaén ha pedido la dimisión de Fernández de Moya por desoír a la fiscalía.

También sorprende la posición un tanto ambigua que adoptará a partir de ahora el Ayuntamiento jiennense. Por un lado, se desvincula de la prestación del servicio acordado con la Junta pero, al mismo tiempo, asegura que seguirá realizando la tramitación de nuevos expedientes y el seguimiento y valoración de los dependientes. 

“Lo que queremos es dejar de actuar como meros intermediarios en el pago entre la Junta y la empresa concesionaria”, ha indicado la concejala de Asuntos Sociales, Reyes Chamorro.

Lo peor, en todo caso, es que el alcalde de Jaén ha sugerido que, tras la dependencia, vendrán otros servicios sociales que el Ayuntamiento no podrá seguir prestando. 

Es el caso, por ejemplo, de las cuatro guarderías o escuelas infantiles municipales, cuyas trabajadoras han anunciado una huelga indefinida a partir del día 13 de este mes para reclamar las cuatro nóminas que se les adeudan. 

“A pesar de que el Ayuntamiento culpa constantemente a la Junta, las escuelas infantiles constituyen un servicio municipal desde hace 30 años, y están recogidas en los presupuestos”, señaló María José Ortega, delegada de Personal de Ceian, la cooperativa encargada de gestionar estas escuelas infantiles.

La amenaza pende también sobre el centro especial de empleo, con 85 trabajadores de los que 65 tienen algún tipo de discapacidad. El centro se financia a medias por el Ayuntamiento y el Gobierno andaluz, que debe su parte desde hace dos años. El alcalde ha dicho que el Ayuntamiento ya no tiene dinero para pagar las nóminas de este centro, equivalentes al 50% del Salario Mínimo Interprofesional en el caso de los discapacitados.

En su espiral de enfrentamiento con las instituciones ajenas al PP, Fernández de Moya ha desafiado a la Junta instándole a abonar el millón de euros que debe al centro especial de empleo para así transferir él las cantidades adeudadas a la empresa concesionaria de la dependencia.

En cualquier caso, son muchos los colectivos y las instituciones que apremian al Ayuntamiento de Jaén y a la Junta de Andalucía a ponerse de acuerdo. El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, se ha ofrecido para mediar en el enconado conflicto. “El enfrentamiento político entre dos Administraciones no debe afectar a los usuarios más desfavorecidos”, comenta Miguel Ángel Cazalilla, de UGT.

Por su parte, el sindicato CC OO dice no haberse sorprendido por la decisión del Ayuntamiento jiennense. “El PP lleva detrás de ello mucho tiempo, como un objetivo que tiene que cumplir. 

Y este alcalde ya lo ha cumplido: empezó con la disminución de calidad de la atención en domicilio, rebajando horas de atención a los usuarios, obligando de esta manera a que las únicas personas que pudieran acceder a estos cuidados fueran aquellas que lo puedan pagar”, indicó el sindicato en un comunicado.

El incierto futuro laboral para 200 cuidadoras

El Ayuntamiento de Jaén adjudicó en 2011 el servicio de la dependencia a la empresa Multiservicios Jabalcuz. 

Lo hizo por un periodo de cuatro años aunque renovables hasta los 24. 

El alcalde jiennense, José Enrique Fernández de Moya, presume de que la licitación y adjudicación del servicio se hizo en un tiempo récord, en apenas dos semanas, tras la renuncia unilateral de la anterior empresa, Macrosad, también acuciada por los impagos. 

Un tiempo que le sirve al regidor jiennense para apremiar a la Junta de Andalucía a asumir la prestación de la dependencia de manera directa. 

“Ha tenido dos meses, desde que denunciamos el convenio, para reestructurar el servicio”, indica De Moya, convencido de que la futura Ley de Administración local que prepara el Gobierno de la nación clarificará las competencias de cada organismo en políticas sociales. 

Sin embargo, el alcalde de Jaén sigue sin definir en qué situación queda ahora la empresa concesionaria una vez que el Ayuntamiento ha denunciado el convenio con la Junta. 

Si no hay prestación del servicio, no se entiende muy bien cuál es el papel que desempeña la concesionaria. Un limbo legal que ha generado la lógica zozobra entre las 200 trabajadoras de la empresa. 

“Claro que hay mucha inquietud por nuestro futuro laboral”, admite Mari Carmen García, presidenta del comité de empresa.

Al igual que piensa la oposición municipal, las trabajadoras sostienen que detrás de los impagos de sus nóminas se encuentra el desvío de fondos que hace el equipo de gobierno para pagar otros gastos con el dinero que le llega de la dependencia. 

El alcalde niega la mayor y dice que todo el dinero que reciben de la Junta lo transfieren a la empresa concesionaria, pero lo cierto es que entre lo que el Consistorio adeuda a Multiservicios Jabalcuz —en torno a dos millones y medio—, y lo que la Junta adeuda a la ciudad —400.000 euros, según el último dato ofrecido por la Administración autonómica— hay un desfase que supera los dos millones. 

“El PSOE también ocultó un desvío de fondos por más de tres millones en el anterior mandato municipal”, se defiende Fernández de Moya. 

Mientras tanto, el sindicato Comisiones Obreras ha alertado que la polvareda creada en torno a la dependencia en Jaén “está tapando todos los despidos que la empresa Multiservicios Jabalcuz lleva realizando desde hace dos meses y que ha ocasionado un cese del 10% de la plantilla”. 

El sindicato pide la readmisión de todos los despedidos, muchos de ellos afiliados a CC OO.

Fuente  :   elpais.com/ccaa

¿ES UN DERECHO SOCIAL EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES?

¿Es un derecho social el sistema público de Servicios Sociales?


En el marco general de los derechos humanos, uno de los principales valores de referencia sería el de la igualdad de oportunidades y de trato y, consiguientemente, la no discriminación y la inclusión.

Dentro de ese marco los derechos sociales subrayarían la necesidad de unos recursos y atenciones que nos debemos proporcionar recíprocamente en un determinado contexto y que se consideran especialmente protegibles. 

Estos derechos vendrían a garantizar la cobertura de esas necesidades especialmente valiosas para los miembros de la colectividad.
Jurídicamente hablando los Servicios Sociales forman parte de los sistemas de protección social que desarrollan los derechos sociales. 

Se insertan tanto en el marco legislativo internacional como nacional, que reconoce a la población los derechos sociales universales. 

La selectividad o la focalización en determinados colectivos no contradicen el carácter universal de los derechos sociales, sino todo lo contrario, son un instrumento redistributivo que centra su actuación en la satisfacción de un derecho social a quienes se ven más privados de su ejercicio efectivo.
Sin embargo, en el Estado español los Servicios Sociales adolecen de un marco legal general para toda la población residente, a diferencia de los sistemas sanitario y educativo y la Seguridad Social. 

La prestación de los Servicios Sociales básicos corresponde a las Corporaciones Locales pero las competencias de los mismos son de las Comunidades Autónomas

El Plan Concertado de Prestaciones Básicas para los Servicios Sociales de las Corporaciones Locales establece las prestaciones básicas, que serán desarrollados por  las leyes de las Comunidades Autónomas, y que incluyen compromisos de gestión, económicos, de información y de asistencia técnica.  

Esas han sido las fuentes fundamentales para la construcción de las estructuras básicas del sistema de servicios sociales 

Por lo tanto, los Servicios Sociales no son derechos subjetivos reclamables judicialmente y la satisfacción de la demanda de los mismos es  discrecional y se ve supeditada a que exista presupuesto.
El sistema se encuentra en plena crisis por la decisión unilateral del actual gobierno del partido popular de reducir las transferencias y dotaciones a las comunidades autónomas para su desarrollo. 

Según el Consejo General del Trabajo Social, el Plan Concertado para el ejercicio 2012 ha sufrido un recorte del 42,4 %, ha pasado de 86.633.150 € a 49.913.840 €. 

Esto ha supuesto la desaparición de 12.265 puestos de trabajo del Sistema de Servicios Sociales, la eliminación de 582 Centros y  la consiguiente minoración en la prestación de servicios sociales a la población.
En el proyecto de los presupuestos generales del estado para 2014, dicho Plan Concertado tendrá una minoración adicional del 36,4%. 

Asimismo la dotación para la aplicación de la Ley de Dependencia -según Ley 39/2006- sufre una minoración del 46,8%. 

Reducción que se añade a la sufrida en el presente año, que supuso la supresión de una partida 283.000.000 €.
Asistimos así al proceso de desmantelamiento de un sistema que siempre ha estado infradotado financieramente para su desarrollo, con poca capacidad de adaptación de nuevos recursos en función de las necesidades sociales emergentes y con un gran número de servicios privatizados desde los años ochenta, como pueden ser los destinados al tratamiento y rehabilitación en materia de adicciones, residencias para personas asistidas, programas de acogimiento familiar y un largo etcétera.
Para hacer efectiva la universalización de los derechos  en materia de servicios sociales es necesario que exista una partida presupuestaria que garantice el acceso a los recursos necesarios y una gestión pública total y de calidad.


La atención a las dependencias
En particular, en lo relativo a la atención de las dependencias, la actual Reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, en trámite parlamentario, viene a poner también en peligro el principio de proximidad de los Servicios Sociales. 

Pretenden con esta reforma que las administraciones locales tengan competencias exclusivamente en la atención de situaciones de riesgo social, reforzando el sentido discrecional y asistencialista de las prestaciones del sistema y con un cariz de estigmatización de la población que acuda a los servicios sociales públicos. 

Los presupuestos del 2014 vienen a respaldar dicha reforma, haciendo recaer la totalidad de las competencias en esta materia a las Comunidades Autonómicas, que hasta la fecha se han limitado a mantener la misma partida presupuestaria que se asignaba antes de los recortes estatales.
La Ley de Autonomía Personal y Atención a las Dependencias -Ley 39/2006- nació con pretensiones de universalidad y de reconocimiento de derechos subjetivos, justificada en la competencia del Estado para regular las condiciones básicas en aquellas materias que guardan una relación directa o indirecta con los derechos reconocidos en la Constitución en su artículo 149. 

De modo que estamos ante el único derecho social subjetivo y universal junto con las pensiones no contributivas, que puede ser reclamado en instancias judiciales y que se atiende para toda la población residente en el Estado español.
Se trata de la atención a personas que por diversos motivos y, a cualquier edad, puedan ver limitadas sus capacidades físicas, psíquicas y sociales en su autonomía para un desenvolvimiento independiente en la atención a sus necesidades personales, sociales o domésticas.
La ley se ha aplicado con recursos insuficientes y poco adaptados a la realidad heterogénea y cambiante en los medios urbanos y rurales, de las composiciones de las unidades de convivencia y la autonomía de sus miembros. 

Las plazas en residencia, el servicio de ayuda a domicilio (prestación básica de los Servicios Sociales Comunitarios o de Base) y el servicio de teleasistencia ya eran recursos que existían previamente a la ley. 

A estos se incorpora la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y la prestación económica vinculada al servicio. 

Esta Ley introdujo como elemento a destacar la cotización en un régimen especial de la seguridad social de las cuidadoras informales. 

Sin embargo, con las llamadas “medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad” se hace un recorte sustancial en la Ayuda a Domicilio y Prestaciones Económicas, dejando que sea la cuidadora quien pague la cotización mensual que se convierte en el 50% aproximadamente de la cuantía de la prestación (según Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio de 2012) que percibe la persona dependiente, no la cuidadora.
Así, con la reducción drástica de la financiación estatal del sistema de dependencia y con el recorte en la cartera de servicios y endurecimiento en el baremo para la valoración de dependencia, han paralizado la incorporación de nuevas personas dependientes al sistema. 

En Andalucía, por ejemplo, la administración autonómica no resuelve expedientes desde julio de 2012, excepto en casos relacionados con la protección del mayor por motivos de maltrato o desamparo que requieran ingreso en Residencia.
Estamos ante una parte de la población poco organizada y que no se está movilizando para reivindicar sus derechos sociales, que nunca ha contado con un derecho subjetivo relacionado con los cuidados y que cubría históricamente sus necesidades con la familia, fundamentalmente la mujer.
Con más de 6 millones de personas sin empleo, son los sistemas públicos de protección social los que han de mantenerse y dotarse económicamente para, precisamente, minimizar los efectos de la crisis. 

La educación, la sanidad, los servicios sociales y la seguridad social forman parte de un entramado redistributivo de nuestra sociedad, que nos ha de igualar y que ha de compensar las perversiones de un sistema capitalista excluyente. 

La solidaridad entre iguales y las situaciones personales, familiares y sociales de desamparo han de tener una respuesta organizada y colectiva en una sociedad que se defina justa, igualitaria y horizontal.

La constante privatización de estos servicios, que han de ser públicos, la pérdida de empleos y el deterioro de la calidad de la prestación de los mismos requieren de la organización y reivindicación permanentes en este ámbito. 

Debemos exigir no sólo los derechos que tenemos reconocidos sino qué sistema queremos y cómo lo queremos. 

Los Servicios Sociales públicos deben ser universales y reclamables, para no generar indefensión. 

Por todo esto, incorporar el sistema público de servicios sociales como un elemento en la defensa de los derechos sociales conseguidos se hace necesario hoy más que nunca.

Fuente  :  kaosenlared.net


martes, 3 de diciembre de 2013

LEY DEPENDENCIA, DE PANACEA A GRAN ESTAFA



“La ley de dependencia era la panacea y se ha convertido en una gran estafa”

Luis Cayo Pérez Bueno. | F. P.


Abogado especialista en Filosofía Moral y Jurídica y máster en Gestión de Empresas, Luis Cayo Pérez Bueno (Calasparra, Murcia, 1967) trabaja desde 1995 en el sector de la discapacidad, y desde 2008 es presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi)

Además, es vicepresidente del Consejo Nacional de la Discapacidad y vocal del Real Patronato sobre Discapacidad y del Consejo Estatal de ONG de Acción Social. 

Escritor y traductor, es autor de múltiples análisis y estudios sobre los derechos y la protección jurídica de este colectivo, motivo por el cual en 2011 recibió la Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social. Esta semana participó en Tenerife en el IX Congreso Estatal de Cermi autonómicos, donde se abordó la situación y la gestión del cambio en la discapacidad, temas sobre los que dialogó con el DIARIO.


-¿Cuál es la actual situación de la discapacidad en nuestro país?
 
“La discapacidad siempre ha estado mal, aunque la crisis ha agudizado una situación que de partida era penosa. Pero no se puede decir que en época de bonanza no hubiera problemas, porque las personas con discapacidad estamos estructuralmente excluidas de los bienes sociales básicos; no tenemos el mismo nivel de renta ni parecido de la ciudadanía; estamos a cuarenta puntos de diferencia en tasas de actividad y con unos alarmantes datos de empleo; tenemos más tasas de pobreza y exclusión social, etc.; y eso cuando la economía crecía al 3 o 4% y había superávit, hace solo cinco años”.
La crisis ha agudizado los problemas de un colectivo que ya estaba en precario”


-Y frente a toda esa problemática, las administraciones siguen sin ofrecerles soluciones…
 
“La protección, el acompañamiento, los recursos que desde los poderes públicos se dan a esta situación de partida tan injusta es frágil y discontinua, porque para la discapacidad y el resto de sectores en exclusión nunca ha habido estado de bienestar en España. Y lo que estamos viendo ahora es esa agudización de todos esos problemas, porque muchos de los servicios públicos han sido delegados por las administraciones en las propias organizaciones de la discapacidad; se ha delegado una gestión y una función pública, y se financia a través de convenios y subvenciones, la mayor parte de ellos con carácter anual, que no se pagan en tiempo y forma, y todo eso hace que estemos en una situación de precariedad absoluta”. 


-¿Por dónde pasan pues las posibles soluciones?
 
“Nosotros venimos analizando todos estos problemas durante los años que llevamos de crisis, y ante eso no solo basta con criticar y denunciar; debemos ser creativos y propositivos, y ante los problemas hemos planteado soluciones. La panorámica en todas las comunidades, con sus particularidades, es muy similar y comparable, y el 60% de nuestra propuesta política no tiene que ver siquiera con ampliar el presupuesto, porque hay muchas medidas que no requieren de impacto económico, sino de voluntad política y de cierta creatividad y audacia, a pesar de que nos sigan diciendo que ‘no’ y se vuelve la vista hacia otro lado”.


-Uno de los instrumentos que se desarrolló para intentar mejorar las cosas era la ley de dependencia, que al final se ha demostrado que de partida era una ley que nació sin desarrollar ni dotación…
 
“A nosotros nos gusta llamarla ley de autonomía personal y que dependencia quede de segundo apellido. Se nos vendió como la cuarta pata del estado de bienestar, como la panacea, porque iba a resolver todos los problemas de las personas con discapacidad. 

Sin embargo, solo el 20% de las personas que tienen reconocida una discapacidad en España tienen a su vez una dependencia reconocida. 

El resto está fuera y lo van a seguir estando, no solo por un problema económico, sino de modelo, porque se trata de una ley que solo estaba pensada para resolver los problemas de un segmento mínimo de la discapacidad. 

Además, esa ley tuvo problemas de modelo, porque estaba más volcada en la dependencia que genera la edad avanzada, y no en personas que tienen necesidad de apoyo desde que nacen, como son muchos discapacitados. 

Y es una ley que se ha desarrollado desigualmente en todas las comunidades autónomas, lo que ha hecho que haya 19 sistemas distintos y encima la ha desarbolado la crisis económica. Todo se ha conjurado para que todas esas expectativas de cambio se vean como una estafa”.

El 80% de los discapacitados no perciben ayudas porque el sistema no los reconoce”


-Por tanto, la problemática de la discapacidad va mucho más allá de la ley de dependencia, ¿no es así?
 
“Sin duda. Ya no podemos hablar de la discapacidad como un rostro único, sino de muchas discapacidades, tantas como personas y segmentos hay. 

Hasta hace muy poco, y gracias a la presión que se ha hecho empiezan a cambiar, eran una especie de ‘café para todos’, y una vez que tenías una discapacidad reconocida el repertorio de ayudas y ventajas era el mismo, tuvieras más o menos grado de discapacidad; o no tenían en cuenta el factor de género, o el factor de ruralidad, cuando hay más de un millón de personas discapacitadas en el ámbito rural; o no tenían en cuenta la insularidad, como el caso de Canarias, o los problemas de Ceuta y Melilla; o pertenecer a una minoría o ser inmigrante. 

Por eso, creo que tenemos que avanzar hacia políticas más versátiles, porque no puede haber una regla común. 

El núcleo duro de la exclusión de la discapacidad hoy en día no está por tanto en ese rostro único, y hay que actuar desde políticas más amplias y junto al resto de políticas sociales. 

Todo eso forma parte de esa reinvención hacia la que deben caminar las políticas de discapacidad en las que estamos inmersos en estos momentos, tanto los gobiernos como el movimiento asociativo”. 


-Estos días ha tenido la oportunidad de conocer de primera mano los problemas y demandas de las entidades y el colectivo de discapacitados del Archipiélago. ¿Qué situación se ha encontrado en Canarias?
 
“Me he encontrado una situación muy precaria, aunque hay que tener en cuenta que la situación de la discapacidad también participa de los rasgos del problema que presenta Canarias en estos momentos. 

No hay que juzgar por la parte, sino por el todo. Es un situación, en cualquier caso, que se ha precarizado en los últimos años, como en toda España, pero aquí con unas peculiaridades que hacen que la fragilidad sea mayor. 

He detectado que el movimiento asociativo necesita una renovación, aunque he visto un grado de interlocución amplio con las administraciones, a las que se le dicen las cosas con claridad, incluso en tono crítico. 

Creo que se deberían reforzar las políticas canarias de discapacidad, para atender a su singularidad sin excudarse en ella. 

Canarias necesita una renovación del marco normativo y es importante que se apruebe una Ley General Canaria de Derechos de las Personas con Discapacidad, de acuerdo a la Convención de la ONU, y que eso lleve la ley de Accesibilidad, la de Servicios Sociales, etc., que aquí se han quedado un poco ancladas”.

Fuente  :   diariodeavisos.com